La Fiscalía también llevará al juez las ilegalidades urbanísticas que no sean delito

ABC* : La persecución por parte de la Fiscalía de las infracciones urbanísticas y otros atentados contra el medio ambiente no se agotará, como venía ocurriendo hasta ahora, en la vía penal. La Sección de Medio Ambiente del Ministerio Público en Valencia llevará a los juzgados de lo Contencioso Administrativo aquellas ilegalidades -licencias, planes urbanísticos- que, siendo contrarias a la normativa, no son perseguibles por la vía penal porque no alcanzan la categoría de delito.

Se trata de una estrategia legal novedosa, en la medida en que en los procedimientos contencioso-administrativos -aquellos en los que se dirimen conflictos entre dos administraciones o entre la administración y los particulares- el fiscal sólo es parte cuando hay derechos fundamentales en juego. Y esto ocurre las menos de las veces.
La nueva vía de persecución de las infracciones urbanísticas y medioambientales ha sido estrenada ya por las Fiscalías de Cantabria -en defensa del Parque Natural de Oyambre, donde el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera otorgó licencia para construir más de un centenar de viviendas contraviniendo la ley de usos de este espacio protegido-, y también por la Fiscalía de León -contra el Ayuntamiento de Carucedo en defensa de Las Médulas, yacimiento arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad-.

Los civilistas discrepan
La estrategia se basa en la atribución al Ministerio Público de un margen de maniobra mayor para intervenir en el orden Contencioso Administrativo, jurisdicción en la que hasta ahora tenía muy restringida su participación.
Esta nueva forma de actuar, que Valencia pondrá en práctica por recomendación del fiscal de Sala del Tribunal Supremo coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, supondrá una vuelta de tuerca más a aquellos alcaldes y administraciones más díscolos con la normativa y menos respetuosos con el medio ambiente y el urbanismo.
Vercher ha dado instrucciones a todas las Secciones de Medio Ambiente de las Fiscalías españolas para que sigan la estela de Cantabria y León «si así se considera procedente» en «defensa del bien público» y considerando el «medio ambiente» en sentido amplio.
La propuesta, con todo, genera una importante controversia, especialmente entre los expertos en Derecho Civil, en la medida en que en el orden Contencioso los plazos para recurrir las resoluciones son muy reducidos y esto dificulta la intervención de la Fiscalía ya que las administraciones no están obligadas a comunicarle sus resoluciones. En Valencia, según Joaquín Baños, coordinador de Medio Ambiente, no se recurrirá a esta estrategia de manera indiscriminada; solo se aplicará en casos concretos y con una importante incidencia medioambiental.

Aunque no exista dolo
La intervención del fiscal en lo Contencioso Administrativo para estos casos encuentra amparo en la Ley de Responsabilidad Ambiental aprobada en octubre de 2007. En su disposición adicional octava abre un resquicio a la participación del fiscal en procedimientos en los que hasta ahora no intervenía. Dice este precepto que «el Ministerio Fiscal estará legitimado» para intervenir en «cualesquiera procesos contencioso-administrativos que tengan por objeto la aplicación» de la citada Ley. Añade que las Administraciones han de comunicar al fiscal aquellas infracciones perseguibles por esta norma y, además, poner a su personal al servicio del Ministerio Público para que le preste «auxilio técnico, material o de cualquier otra naturaleza para el ejercicio de sus funciones en los procesos contencioso-administrativos».
La ley, según recoge el artículo 3, «se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran» cuando hayan sido causados por determinadas actividades económicas o profesionales, «aunque no exista dolo, culpa o negligencia».





* ABC - Valencia - ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE - 19.01.2009