Maracena: El Supremo ´entierra´ el antiguo proyecto residencial en Jimesa

LAOPINIÓN/Granada* : El Tribunal Supremo ha vuelto a dar la razón a la Junta de Andalucía en su conflicto con el Ayuntamiento de Maracena, entonces gobernado por el PP, en torno a la polémica operación de cambio de uso, de suelo industrial a residencial, en los terrenos de Jimesa, casi 60.000 metros cuadrados donde está previsto proyectar una gran urbanización de viviendas.

Al igual que hiciera la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Supremo, en una sentencia con fecha de 18 de diciembre, se inclina por impedir, por la vía de la suspensión cautelar, el desarrollo urbanístico en los términos previstos por el anterior gobierno municipal, que optó por clasificar el suelo como urbano consolidado, lo que incrementaba la edificabilidad y posibilitaba construir un mayor número de viviendas.

Lo cierto es que, a efectos prácticos, la decisión del Supremo no altera el presente convenio urbanístico, que fue corregido por el actual gobierno local, la coalición PSOE e IU, adaptándolo a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Dicha coalición, a su llegada al poder, logró desatascar y legalizar un macroproyecto urbanístico que ha pasado de 638 viviendas a 450, de las que 135 serán de protección oficial, según el compromiso establecido en el nuevo convenio donde se clasifica el suelo como urbano no consolidado.

El origen del conflicto se remonta al acuerdo del pleno municipal, celebrado el 25 de septiembre de 2005, que aprobó el cambio de uso de suelo industrial a residencial por un procedimiento administrativo incorrecto, según denunció la Junta de Andalucía que procedió a impugnarlo en los tribunales. Un auto del TSJA, con fecha del 30 de marzo de 2007, daba la razón a la Junta pues consideraba que la modificación aprobada suponía una reforma estructural del planeamiento general y alteraba el uso del suelo previsto.

El tribunal optó en dicha ocasión por suspender cautelarmente el desarrollo urbanístico ante la posibilidad de que se llevasen a cabo actuaciones urbanísticas con una mayor edificabilidad y luego se consideraran ilegales. Hace unos días, el Supremo, ajeno a la decisión de la nueva corporación local de corregir el convenio, se pronunció en la misma línea y confirmaba la sentencia del TSJA, al tiempo que ordenaba el pago de las costas procesales a la parte recurrente, en esta caso, al Ayuntamiento de Maracena.

Con ello se cierra el capítulo referido al primero de los convenios aunque queda pendiente de desarrollo el nuevo proyecto urbanístico que el actual gobierno quería hacerlo realidad en el actual mandato. Los problemas laborales surgidos en la empresa propietaria de dichos terrenos y la crisis económica, que se ha cebado especialmente en el sector de la construcción, han dejado en el aire el proyecto de zona residencial. Tanto es así que ayer el alcalde maracenero condicionaba el desarrollo del convenio al mantenimiento de los puestos de trabajo en la empresa de pavimento.






* La Opinión de Granada - A.C. - 20.01.2009
Foto: Maracena (Granada) - Jessica Mur (Ideal)