La alcaldesa de Alzira declara ante el juez imputada por vertidos de aguas residuales

ABC/Valencia* : La alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas, declaró ayer en el Juzgado de Instrucción nº6 de la localidad imputada por un presunto delito contra el medio ambiente. La comparecencia de Bastidas, también presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, se produjo a petición del fiscal en el marco de unas diligencias abiertas en 2006 como consecuencia de una denuncia interpuesta por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

La edil de Alzira está siendo investigada por vertidos de aguas sin depurar en el río Júcar entre 2004 y 2006. Los hechos supuestamente delictivos se concretan en el colector que daba servicio al polígono industrial del Tulell y que vertía directamente en el citado río sin que antes mediara ningún proceso de depuración de las aguas residuales. «No existía sistema de tratamiento de residuos y todo llegaba directamente al cauce del Júcar», explican fuentes del Ministerio Público.
La Confederación Hidrográfica del Júcar alertó de los hechos al Ayuntamiento, pero éste delegó la responsabilidad de solucionar el problema en el Ministerio de Medio Ambiente. Fue entonces cuando la CHJ acudió al juzgado ante la persistencia del problema. El instructor ordenó que se tomaran muestras y requirió un informe al Instituto de Medicina Legal para determinar la toxicidad de los vertidos. El forense ecotoxicólogo confirmó que los vertidos «podían causar grave daño al medio ambiente».
Ayer, en su declaración, que se prolongó durante una hora, la alcaldesa dijo conocer la existencia de esos vertidos. En su descargo, volvió a esgrimir la tesis que ya había utilizado para responder a los requerimientos de la Confederación Hidrográfica del Júcar para que adoptara medidas: insistió en que las competencias para sanear las aguas y evitar los vertidos en el caude del río eran del Ministerio de Medio Ambiente. La normativa es clara al determinar las competencias municipales en el tratamiento de las aguas residuales, señalan desde la Fiscalía, en alusión a la Ley de Bases de Régimen Local, de ámbito estatal, y la Ley de Saneamiento de Aguas Residuales, aprobada por la Cortes Valencianas.
Medidas correctoras
La alcaldesa de Alzira, la primera persona que declara como imputada en este procedimiento pese a que las diligencias se incoaron en 2006, explicó ayer al juez instructor y al fiscal que el Consistorio llegó incluso a excederse en sus atribuciones adoptando algunas medidas, como la aprobación de unas ordenanzas sobre vertidos, para resolver el problema. Estas medidas, con todo, serían posteriores a la comisión del presunto delito.





* ABC - SABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE - 16.01.2009
Foto: Río Júcar a su paso por la comarca de la Ribera, en Valencia - abc.es