ElCorreoGallego* : "El Consello de Contas detecta que el suelo municipal se ha utilizado como vía de financiación de las haciendas locales ·· Esta práctica ha contribuido al incremento de los precios y la especulación ·· La mitad de los concellos sigue sin presentar el balance de su gestión. La liquidez ha primado sobre el interés de la vivienda social a la hora de gestionar los suelos municipales que los ayuntamientos reciben con cargo al 10% de aprovechamiento urbanístico.
La "monetarización" de ese patrimonio público ha sido detectada por el Consello de Contas en un estudio realizado con diez ayuntamientos sobre el ejercicio de 2004, donde el órgano fiscalizador de la comunidad autónoma concluye que hasta la modificación de la ley autonómica en ese mismo año, ha sido "práctica general de los ayuntamientos sustituir el aprovechamiento municipal por su equivalente en metálico".
Desde el Consello de Contas se advierte de que esta fórmula, además de desvirtuar el fin original de este suelo, "impidió utilizar aprovechamientos que podrían haber sido destinados a vivienda protegida, por lo menos en un 50%, que es lo que fija la ley en caso de que exista demanda de vivienda de protección pública".
Para el órgano fiscalizador, la utilización del patrimonio municipal del suelo como fuente de financiación municipal ha llevado a que "los ayuntamientos no contribuyan a contener la subida de precios del suelo". A pesar de que los ingresos procedentes de las plusvalías que los propietarios del suelo han de ceder a la colectividad se reinviertan en otras infraestructuras de carácter social, el Consello cuestiona la "alteración" de un instrumento pensado para "intervenir en el mercado del suelo y luchar contra la especulación", que ha quedado reducido a "una fuente de financiación más de las haciendas locales".
Obras diversas
Tras analizar cada uno de los concellos, en el estudio ha quedado de manifiesto que, durante el ejercicio de 2004, los recursos, bienes y derechos del suelo municipal fueron utilizados en todos los casos, salvo en una actuación del Ayuntamiento de A Coruña, para fines diferentes al de la construcción de viviendas de protección pública. Incluso aparece un grupo importante de actuaciones financiadas durante ese periodo, con cargo a los recursos obtenidos de ese patrimonio municipal, que no están contempladas en ninguno de los fines permitidos por la norma gallega. Acudiendo a esta fórmula los ayuntamientos pagaron asistencias técnicas para la redacción del PGOM, obras de reparación diversas e incluso subvenciones a los vecinos para la realización de obras.
El mismo estudio de Consello de Contas, realizado con los municipios de A Coruña, Ames, Arteixo, Cambre, Culleredo, Lugo, Ourense, Ponteareas, Pontevedra y Vigo, puso de relieve la falta de un inventario o de un registro específico de suelo municipal que permita conocer la aplicación y el destino de estos bienes públicos. ".
Falta de control
El Consello de Contas ha llamado la atención sobre la "debilidad en el control" de este tipo de suelos que provoca la falta de unidades y técnicos específicos dedicados a esa función.
El órgano fiscalizador apunta la necesidad de contar con instrumentos de control del suelo municipal para garantizar su correcta gestión y la conciliación de los saldos contables. Recomienda también la creación de un registro del suelo público.
RENDIR CUENTAS
Incumplimientos reiterados
La mitad de los concellos gallegos, el 49 por ciento del total, siguen sin presentar sus cuentas ante el Consello de Contas en plazo e incluso no llegan a entregarlas. Aunque el porcentaje de municipios que no rinden a tiempo se redujo algo en los últimos años, el nivel de cumplimiento sigue "preocupando especialmente" al organismo fiscalizador.
Según los datos provisionales de 2005, el último sobre el que los concellos han tenido que rendir cuentas, un total de 155 no cumplieron en plazo con la rendición de cuentas. Así, sólo el 51 por ciento del total, en concreto 160 municipios, entregaron los documentos pertinentes dentro de la fecha prevista.
Un total de 67 municipios entregaron los documentos después del plazo establecido, del 15 de octubre de 2006, lo que supone el 21 por ciento del total. Pero además otros 88, el 28 por ciento de los 315, no rindieron cuentas, al no haber entregado las de 2005 al finalizar el ejercicio siguiente, el 31 de diciembre de 2006.
Entre los concellos con incumplimientos reiterados en la rendición de cuentas destacan los de Antas de Ulla, Barreiros, A Fonsagrada, As Nogais Pol y Triacastela (Lugo); y Bande y Cortegada (Ourense) que no presentaron los documentos pertinentes ante el Consello de Contas durante los seis últimos años, desde 2000 a 2005. También están los concellos de Cospeito, Viveiro (Lugo), Ribadumia, Silleda (Pontevedra), y Valdoviño (A Coruña).
GARANTÍAS
Necesario ajuste de la normativa
El Consello de Contas, en las recomendaciones que acompañan a su informe, se posiciona a favor de un "mejor ajuste" de la normativa autonómica para que el patrimonio municipal del suelo se ajuste a su finalidad original de intervenir en el mercado inmobiliario. En los ayuntamientos fiscalizados para el estudio se recomienda la adaptación de sus normas urbanísticas a la ley autonómica vigente.
Creación de un inventario específico
En caso de recibir el 10% del aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria mediante parcelas, el órgano fiscalizador de la comunidad autónoma considera que éstas deberán quedar registradas en la contabilidad financiera de la corporación, en el Registro de la Propiedad y en un inventario o registro específico que debe quedar constituido a esos efectos.
Más superficie y más protección oficial
A la espera de que se modifique la legislación, el Consello de Contas apunta a que el destino de los bienes y derechos derivados de la gestión del patrimonio municipal del suelo deberían destinarse a "la compra de más suelo o la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública" y, en todo caso, cumplir con la reserva del 50% para ese mismo fin.
Escaso interés en los ayuntamientos
La falta de interés por parte de los municipios en utilizar el suelo municipal como instrumento de intervención en el mercado inmobiliario queda de manifiesto ante la ausencia generalizada de una regulación interna. Sólo el Ayuntamiento de A Coruña cuenta con bases de ejecución y el de Vigo con una Gerencia de Urbanismo .
* El Correo Gallego - Santiago - 03.08.2007
Foto: Santiago, ciudad de la cultura /cidadedacultura.es
La financiación en los municipios gallegos se apoya demasiado en el suelo urbanizable
Sanxenxo desafía a la Xunta y da luz verde a 161 chalés
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N.Soto/LaVozdeGalicia* : "El Concello de Sanxenxo desafió ayer a la Xunta al dar otro paso en firme para la construcción de una urbanización de 161 chalés en los aledaños de la playa de Major. La Consellería de Medio Ambiente requirió en junio al Ayuntamiento la paralización de la obra situada en unos terrenos dentro de la franja de protección de los 500 metros. Ayer, la Xerencia Municipal de Urbanismo de Sanxenxo dio luz verde a la aprobación inicial del proyecto y bases de actuación del suelo urbanizable 22 de Major, localizado en la parroquia de Noalla.
El complejo de viviendas unifamiliares en una superficie de 69.186 metros cuadrados está siendo promovido por la inmobiliaria de Nino Mirón, presidente del Pontevedra CF, y los dueños del circuito de karts Paris Dakart Área Recreativa.
La postura del gobierno municipal de Sanxenxo de hacer caso omiso a la demanda del departamento autonómico que dirige Manuel Vázquez sorprendió tanto en la consellería que la maquinaria jurídica de la misma se puso manos a la obra para preparar el contencioso-administrativo que interpondrán para impugnar el proyecto de Major, localizado a pocos metros del arenal de bandera azul. De hecho, fuentes de Medio Ambiente afirmaron ayer que están ultimando el escrito de demanda que enviarán a la asesoría jurídica de la Consellería de Presidencia.
Decisión de Presidencia
Una vez remitido a los servicios jurídicos del departamento del que es responsable José Luis Méndez Romeu, «será Presidencia a que teña a última palabra e decida se se interpón ou non o contencioso-administrativo», señalaron fuentes autonómicas conocedoras del expediente de la construcción de la urbanización de Major, uno de los complejos residenciales más grandes que prevé acometer el Concello.
La Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible de la Consellería de Medio Ambiente apuntó que el plan parcial de Major «podería ter efectos significativos sobre a auga, residuos, natureza e emisións de contaminantes», de ahí la petición de anular la obra y someter la misma a la evaluación ambiental estratégica que requiere la ley. Además, el proyecto de urbanización recibió el visto bueno en un pleno de la corporación de Sanxenxo celebrado en la víspera de la aprobación de la ley de protección del litoral.
Sin embargo, el Ayuntamiento que lidera la popular Catalina González sigue en sus trece y en abril de este año optó por la aprobación definitiva del complejo «posto que o proxecto non infrinxe a legalidade». En este sentido, fuentes municipales indicaron hace unos días que Medio Ambiente remitió un escrito al Concello subrayando que para desarrollar el suelo urbanizable 22 no era necesario someter el plan «ao trámite de avaliación ambiental».
Además, la Xunta ordenó el pasado mes la paralización de un proyecto para edificar otros 40 chalés próximos a la playa de Montalvo y cuyo plan de urbanización también fue aprobado en el pleno que dio la luz verde al plan parcial de Major.
* La Voz de Galicia - 2/8/2007
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) /mma.es
"Ha habido una política urbanística depredadora"
G.Donaire.- El País/Entrevista* : "El juez Baltasar Garzón (Torres-Jaén, 1955) ha dirigido en su pueblo natal un curso sobre seguridad y crimen organizado promovido por la Universidad de Jaén. Otro de los temas que se han analizado es la corrupción urbanística.
Pregunta. ¿A qué achaca la fiebre constructora de los últimos años?
Respuesta. El urbanismo ha sido un sector un poco abandonado y se ha ido generando un magma que ha estallado en un momento determinado, entre otras causas, porque ha habido una supervaloración del suelo, una política de recalificaciones y una política urbanística muy depredadora y porque no se ha considerado un tema prioritario la lucha contra la corrupción, no ha estado en primera línea. Cualquier punto donde haya dinero y haya falta de control hay riesgo de corrupción. Tenga en cuenta que el sector de la construcción mueve cada año en el mundo la friolera de tres a cuatro trillones de dólares.
P. ¿Hay instrumentos legales adecuados para combatir esa corrupción? ¿Qué le parecen medidas como el POTA (Plan de Ordenación del Territorio) aprobado por la Junta de Andalucía para limitar los crecimientos urbanísticos?
R. Creo que los instrumentos que ya hay y los que se están desarrollando con carácter general, y otros como el POTA en Andalucía, son adecuados. Es preciso que se mantenga el equilibrio entre lo que es el desarrollo sostenido, el respeto al propio entorno y el ecosistema y a la ganancia desmesurada por parte de los dueños del suelo y del sector inmobiliario. Desde el punto de vista de la justicia social y desde la perspectiva de quienes quieren incorporarse al mercado de trabajo (los jóvenes, especialmente) no es entendible ni es ético ni moral que los precios del suelo y de la vivienda sean los que son.
P. ¿Es partidario de las penas de prisión en los casos de condenas por construcciones ilegales?
R. Yo soy partidario de la proporcionalidad de las penas. El Estado de Derecho está para que todos los respetemos. Hay que proteger la propiedad privada y poner coto a la depredación de aquellos que tratan de conseguir dinero fácil a costa de los demás, y que respondan en la justa medida. Si la infracción urbanística es grave, como lo estamos viendo en estos días con los incendios forestales, pues máxima dureza porque la agresión a la sociedad general es muy grave. Y si la obra es ilegal, la casa debe ser derribada, es la única forma de reparar el daño.
P. ¿Qué pensó al conocer que su nombre estaba en la lista de los jueces que fueron espiados por el servicio secreto italiano?
R. Fue un poco sorprendente que me incluyeran en esa lista de jueces espiados. Lo que yo puedo decir es que si lo que buscan o persiguen es tratar de amedrentar a alguna persona en la investigación que desarrollen, en mi caso lo tienen muy difícil, pues en ningún modo nos vamos a sentir intimidados y lo que tenemos que hacer lo vamos a hacer exactamente igual, con mayor razón ahora. Pero bueno, eso son las deformaciones que a veces se producen en un Estado democrático, donde individuos se consideran autorizados a invadir el espacio privado de una persona porque de esa manera creen que van a conseguir que modifique su criterio. En mi caso no me preocupa demasiado.
* ELPAIS.com - Jaén - 03/08/2007
El precio de los alquileres y de las VPO expulsa a los jóvenes de Valencia
D.Barcala/El País* : "La Copa del América ha roto el mercado del alquiler en Valencia en el último año. "Lo que antes valía 500, ahora vale 800". Es el diagnóstico de las inmobiliarias y la percepción de los jóvenes y los inmigrantes, los más perjudicados por la permanencia de la renta fuera de la órbita. Los datos del último censo municipal muestran la huida de 30.000 personas hacia el área metropolitana. Las escasas viviendas protegidas terminadas en la capital (Aumsa crea 20 anuales) y su elevado precio (un 45% más caro que en los alrededores) complican aún más la independencia juvenil.
"Ya no quedan alquileres baratos, ahora la mayoría van de 1.000 a 1.500 euros", analiza Soledad de Checa, propietaria de un agencia inmobiliaria Porfinalquilo, en el centro de la ciudad. Esta empresa colabora con la agencia estatal del Ministerio de Vivienda. En su opinión, la promoción pública del alquiler es "el mejor método" para acabar con otra de las claves del encarecimiento de los pisos: las viviendas vacías. 60.000 sólo en la ciudad.
"Me piden por el alquiler de un piso 600 euros y a mí me da la risa". Paula, de 32 años, cobra por su trabajo de diseñadora 800 euros. Los fines de semana aprovecha para ganar un dinero extra como cocinera, camarera, e incluso, cantante. Aún así, con dos hijas, no ha podido aguantar el tirón de la subida de las rentas y se ha visto obligada a volver a casa con su madre. "Es fuerte ¿No?", resume. Desde hace tres años lleva buscando un piso protegido en Valencia sin éxito. "He ido al Ivvsa (Instituto Valenciano de la Vivienda), Aumsa (Sociedad Municipal de Actuaciones Urbanas), Infovivienda solidaria, hasta con la concejal de Bienestar Social", describe. "Sólo me dan palmaditas", subraya.
Vicente González Móstoles, edil socialista en Valencia y arquitecto municipal de profesión, calcula que en los últimos años han emigrado 30.000 personas, "en su mayoría jóvenes", hacia el área metropolitana, según los datos del padrón. El concejal achaca al Ayuntamiento la falta de políticas de vivienda protegida. Aumsa, empresa pública dedicada a esa tarea, apenas crea VPO: tan solo 20 anuales. Los socialistas creen que la huida juvenil está apoyada en un encarecimiento de la vivienda protegida en la capital. Mientras que en Valencia el precio del metro cuadrado construido de VPO cuesta 1.630 euros, en los alrededores roza los 1.000.
Cuando algún afortunado encuentra un alquiler accesible, también se topa con otra explicación al sobreprecio del metro cuadrado: la mayoría de las casas de menor tamaño están vacías. En toda la provincia de Valencia hay 200.000 pisos deshabitados a pesar de que en la comunidad valenciana se han construido 300.000 viviendas nuevas en los últimos años.
Muchas parejas jóvenes han optado por cejar en su empeño de buscar casa en Valencia. Verónica, tiene 27 años y vive con su novio de 32 en Torrent. Entre los dos cobran 1.700 euros y la hipoteca les absorbe 800. Viven con lo justo para pagar un piso de más de 50 años de antigüedad, que no alcanza los 70 metros cuadrados y no dispone de garaje ni trastero. La independencia soñada se acabó al poco tiempo, cuando tuvieron que pedir ayuda a sus padres "para cubrir los gastos de comida, gasolina...", explican.
"Los propietarios se empeñan en poner alquileres altos y nosotros les avisamos: estáis provocando que realquilen las habitaciones", explica De Checa. Patricia Peiró, de 32 años, paga a medias con dos estudiantes chilenas 500 euros de alquiler. "El problema es que ellas se marchan en octubre y no sé qué voy a hacer", lamenta. Después del verano, Peiró hará frente al alquiler con 1.000 euros de sueldo. Para ella, el diagnóstico es claro: "La culpa es de la alcaldesa, que no da terreno para cooperativas de VPO".
El Ayuntamiento ha sido condenado por el Tribunal Supremo a reingresar en VPO 14 millones que obtuvo de la venta de suelo municipal y dedicó a otros equipamientos. A pesar de la condena, el mes pasado volvió a subastar patrimonio municipal del suelo por valor de siete millones de euros. Las leyes que regulan el urbanismo de las ciudades obliga a dedicar el patrimonio municipal del suelo a viviendas protegidas de manera directa o indirecta.
* ELPAIS.com - Valencia - 03/08/2007
Foto: Valencia, Palau_les_Arts - EFE (El País)
Una de cada seis viviendas en Andalucía está desocupada
EFE* : "El número de viviendas protegidas terminadas en Andalucía ha caído el 50 por ciento en la última década y se situó en 9.000 en 2006, mientras que el de las libres se ha multiplicado por cuatro y alcanzó la cifra de 120.000 ese mismo año, según un informe elaborado por el Centro de Estudios Andaluces. Sin embargo, el 45 por ciento de los andaluces que se disponen a comprar una vivienda buscan primero en la oferta de vivienda pública que ofrecen las distintas administraciones ya que, entre otros aspectos, el precio por metro cuadrado se ha triplicado durante la pasada década.
Estas son algunas de las conclusiones del informe sobre la situación jurídica y sociológica de la vivienda en Andalucía que presentó ayer el director del Centro de Estudios Andaluces, Alfonso Yerga, acompañado por las investigadoras Inmaculada Zambrano y Susana Mérida.
Andalucía es la primera comunidad autónoma en número total de viviendas, con más de cuatro millones, de las cuales 2.721.866 son consideradas domicilios habituales y el resto, 1.310.398 no principales.
De estas últimas, 630.301 son viviendas vacías que suponen el 48,1 por ciento del total de domicilios no habituales que existen en la Comunidad -dos puntos por encima de la media nacional- y que una de cada seis viviendas esté desocupada en Andalucía .
Este dato significa que existen más viviendas vacías que segundas residencias, ya que éstas suman 621.128 y las clasificadas de otros tipos no llegan a las 59.000, algo que no ocurre en el resto de España donde las segundas residencias superan en 3,9 puntos porcentuales a las desocupadas.
Málaga, en cabeza
El estudio destaca que las provincias con mayor número de viviendas vacías son Sevilla, con el 20,6 por ciento del total, y Málaga, con el 19,74 por ciento. Además, Málaga es la provincia que concentra el mayor número de segundas viviendas en Andalucía, con un 31,4 por ciento del total, casi siete veces más que la provincia de Jaén.
Respecto a las 2.721.866 viviendas principales que existen en Andalucía, 2.291.267 (el 84,1%) son en propiedad; 289.334 en alquiler (el 10,6 %) y 141.265 (5,3 %) tienen un régimen distinto, cifras similares a las del resto del país.
Por otra parte, el 50,3% de los andaluces que buscan una vivienda en propiedad pretenden emanciparse de sus familias, mientras que el 52,6 por ciento consideran que adquirir una vivienda supone una «carga pesada» para su economía.
La vivienda fue la tercera preocupación de los andaluces en 2005, por detrás de la sanidad y la educación, mientras que en 1997 era la quinta, según el informe.
* SUR - 02.08.2007
Foto: Vdevivienda, manifestación Andalucía /indymedia.org
La corrupción cotidiana
Eugenia JIMÉNEZ GALLEGO* : "EL fraude y la corrupción urbanística se han convertido en algo familiar de tan comentado en los medios, y trivializado desde que los trata no sólo el telediario, sino los programas del corazón. Es decir, desde que la operación Malaya se convirtió en un reality show con formato de serie en el que se han ido desgranando capítulos melodramáticos con aire folclórico. ¡Qué país! Sin embargo, no se ha valorado suficientemente el impacto sobre la cultura popular de todo este desaguisado. Yo empecé a tomar conciencia de ello la primera vez que unos alumnos de bachillerato acudieron a pedirme orientación, y me preguntaron con desparpajo qué tenían que estudiar para conseguir un buen puesto en un Ayuntamiento “como el de Marbella”, con el fin de enriquecerse con rapidez.
Desde entonces observé cuál estaba siendo la reacción del ciudadano de pie ante el escándalo, y cuál fue mi sorpresa al constatar que la emoción que embargaba a la mayoría no era la indignación hacia los que roban a un pueblo, sino la envidia –el famoso pecado nacional–.
En la cultura actual, dominada por el consumismo, la búsqueda obsesiva del placer individual y la imagen, el medrar sin esfuerzo termina siendo la máxima aspiración, y ante ello sobran lo que parecen ser trasnochados escrúpulos morales. Además, ni siquiera la cárcel resulta ejemplarizante, porque la opinión popular es que estarán libres en poco tiempo, y entonces seguirán disfrutando de las riquezas que se da por sentado que tendrán a buen recaudo, a nombre de algún testaferro. Sin contar con la fama televisiva que han alcanzado, que aún efímera y negativa, no deja de ser tremendamente atrayente para muchos.
Hablemos claro, lo terrible de esta situación es que los españoles no creen que se trate de casos puntuales, sino que presuponen directamente que la concejalía de Urbanismo de cada localidad se dedica al enriquecimiento de particulares. Es más, predomina la idea de que la clase política en su conjunto carece de honradez por definición. Hasta el punto de que se vota a determinados candidatos, aún a sabiendas de que se enriquecen ilegalmente a costa de las arcas municipales, con el siguiente terrible argumento: “Si todos van a robar, al menos que sea uno que también haga algo por el pueblo”.
En este contexto ¿quién puede sorprenderse de que la implicación de los ciudadanos en la vida política sea cada vez menor? Y la de los jóvenes, que han crecido ya dando esta idea por supuesta, roza la indiferencia más absoluta. No sólo eso, sino que este clima termina afectando gravemente los niveles de conciencia moral, hasta el punto de que el mandamiento de “no robarás” parece haber quedado desfasado, si lo robado es un bien colectivo. Es decir, que atracar a la vecina del quinto nos daría cierto apuro, pero no nos asaltan escrúpulos morales al traernos como recuerdo el albornoz del hotel de vacaciones, cobrar el subsidio de desempleo mientras trabajamos, enchufar a un conocido poco competente, falsificar facturillas, llevarnos a casa materiales de la empresa en la que trabajamos o rendir en ella lo mínimo posible.
Claro, si partimos de que los demás nos roban de una manera u otra, empezando por los que están más arriba, esta pequeña corrupción cotidiana parece casi un ejercicio de legítima autodefensa, para… equilibrar las cuentas. Ante esta situación, demandamos más control y penas más severas cuando somos nosotros los perjudicados o son muy ambiciosos los delincuentes, mientras mantenemos una sonrisa cómplice para las irregularidades propias y cercanas. Sin recordar que, desde que los hombres se organizaron para cazar el primer mamut, las comunidades humanas han progresado mediante la cooperación, aunando esfuerzos por un proyecto común. Porque no es cuestión de autoexigirnos honestidad sin tacha –ya se sabe, aquello de “…que tire la primera piedra…”–, sino de supervivencia, pues este individualismo nuestro tan feroz, que dilapida lo comunitario, es un tremendo lastre para el progreso de cada empresa, de cada ciudad, de todo el país. Y es importante que se endurezcan los controles y las leyes, pero nunca serán suficientes si no recuperamos también principios éticos que frenen esas tentaciones, tan humanas también.Los políticos corruptos, que debían velar por nuestros intereses, tienen la grave responsabilidad de haber cometido este delito no sólo contra los bienes, sino además contra las conciencias ajenas. Pero nosotros tenemos también la responsabilidad individual de decidir nuestro papel en esta obra: ciudadanos exigentes con sus gobernantes y cooperadores con su comunidad, o bien imitadores de segunda de esos cacos de altos vuelos.
* Eugenia Jiménez Gallego. Psicóloga
* Huelva Información - 3 de Agosto de 2007
El ex alcalde de Sant Josep absuelto de prevaricación al prescribir el delito
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C.Roig.- ÚltimaHora/Ibiza* : "Los magistrados consideran que la concesión de la licencia urbanística «espeluzna y horripila» y evidencia una «clara» vulneración de la legalidad. La sentencia recoge que la licencia que se otorgó en 1992 no podía concederse por varias razones: la edificación estaba en Área Natural de Especial Interés, no se dio traslado a la Comisión Insular de Urbanismo pese a ser preceptivo, la parcela tenía 20.000 metros cuadrados cuando se precisaban 30.000, la cota era de 300 metros sobre el nivel del mar cuando el máximo permitido era 200 y Puig den Serra es el segundo pico más alto de Eivissa, con lo que se vulnera la Ley de Espacios Naturales.
En el fallo judicial también se recoge que los acusados «eran conocedores» de que existían dos informes, uno emitido por el aparejador municipal y otro por la secretaria, en los que se desaconsejaba el otorgamiento del permiso. Además, también sabían que la licencia previa de 1984 había caducado. De hecho, en el texto se recuerda que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma la declaró nula y ordenó la demolición de la construcción.
Los magistrados sostienen así que los concejales dieron la licencia «contraviniendo» los informes técnicos y jurídicos, en una «ilegalidad manifiesta y evidente». Además, consideran que los acusados no se pueden escudar en el desconocimiento o la ignorancia pese a que durante el juicio se defendieron de esta forma.
Otro punto abordado es que lo que se aprobó como una ampliación de la licencia de 1984 era enrealidad una nueva, «siendo un auténtico fraude». «Los acusados sabían que otorgarla era manifiesta y clamorosamente injusto, arbitrario, ilegal y antijurídico, amén de nulo de pleno derecho», dice la Sala, que añade que «cualquiera» puede apreciar que estaba fuera de la legalidad y más los concejales, siendo vecinos del municipio y responsables de la gestión pública.
Pese a todo ello, no se presentó una denuncia penal hasta mucho después, por lo que el delito ha prescrito. En este sentido, rechazan que se haya producido un delito continuado, como mantenía el fiscal, que consideraba que era prevaricación por omisión la pasividad de los acusados ante las denuncias del GEN y los requerimientos del Consell.
* Última Hora Digital - 2 de agosto de 2007
Foto: Sant Josep (Ibiza), edificio de Es Puig d'en Serra /libertadbalear.com
Diversos colectivos advierten de otro «caso Algarrobico» en Cabo de Gata
J.N.A.- ABC/Almería* : "Diversos colectivos ecologistas de la provincia de Almería han denunciado que el caso del hotel Algarrobico, construido en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Nijar en el término de Carboneras, podría repetirse dentro del mismo espacio protegido, pero esta vez en una zona del municipio de Níjar, donde una constructora tiene previsto llevar a cabo en la zona de La Fabriquilla una urbanización de 150 viviendas, valiéndose para ello de permisos concedidos antes de que el entorno fuese declarado espacio protegido.
La Junta de Andalucía ya intentó paralizar este proyecto, pero los propietarios llevaron el asunto hasta el Tribunal Supremo y obtuvieron una sentencia que reconocía que su derecho a edificar había sido obtenido con anterioridad a la catalogación del mismo como espacio protegido, por estar incluido en la delimitación del Parque Cabo de Gata-Níjar.
En la actualidad, el proyecto se encuentra en la fase administrativa de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de los Estatutos de la Junta de Compensación, que resulta un trámite necesario para la ejecución del Plan Parcial al que corresponde este proyecto.
La Junta no se da por vencida y desde la Delegación de Medio Ambiente se considera que la mejor forma de paralizarlo es que el Ayuntamiento de Níjar incluya los terrenos como no urbanizables en el Plan General de Ordenación Urbana. Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Níjar, gobernado desde mayo por el PP, se ha informado de que van a respetar la tramitación del proyecto, teniendo en cuenta sobre todo la existencia de una sentencia del TS que avala a los promotores.
* ABC - Andalucía - 2 de agosto de 2007
Foto: Cabo de Gata, urbanización la Fabriquilla /cabodegata.net
Noticia relacionada: Proyecto de urbanización en La Fabriquilla /Amigos Parque Cabo de Gata-Níjar
El ayuntamiento de Lisboa obligará a vender el 25% de viviendas nuevas a un precio por debajo del mercado
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EuropaPress* : "Lisboa tras el escándalo urbanístico que provocó elecciones anticipadas... El socialista Antonio Costa es desde este miércoles el nuevo alcalde de Lisboa después de tomar posesión del cargo y alcanzar un pacto con el Bloco de Esquerda que puso como condición que fuese obligatorio que el 25% de las nuevas viviendas en la capital lusa se vendiesen a un precio controlado. Ahora la polémica está abierta, ya que los constructores tachan de ilegal esta medida.
Los socialistas aceptaron todas las condiciones impuestas por el independiente apoyado por el Bloco de Esquerda, José Sá Fernandes, lo que permitió que hoy Antonio Costa asumiese la alcaldía y le ayudará a gobernar, aunque con mayoría simple, a no ser que logre que la candidata independiente y ex militante socialista Helena Roseta suscriba también un pacto postelectoral.
Pero nada más llegar a la Cámara Municipal, Antonio Costa ya tiene la polémica sobre la mesa. El nuevo alcalde aceptó una de las condiciones más polémicas de Sá Fernandes que busca ayudar a habitar Lisboa, ya que la capital lusa está prácticamente deshabitada, en especial su casco histórico, que sólo cuenta con medio millón de personas residentes.
Por ello, se ha optado por obligar a los constructores y promotores inmobiliarios de la ciudad a vender o alquilar, al menos el 25% de sus nuevas promociones a costes controlados, es decir, por debajo del precio del mercado.
Esta medida ya ha sido contestada por los constructores civiles de Lisboa que han amenazado con recurrir a los tribunales si el Ayuntamiento lisboeta avanza con esta idea. El presidente de la Asociación de Empresas de Construcción y Obras Públicas (AECOP), Joaquim Carlos Fortunato, indicó que "esta política sólo tiene sentido en un régimen como el que existe en Cuba".
"Una medida como ésta contraría todas las reglas de la economía de mercado, de transparencia, de competencia y por eso no creemos que eso sea posible", afirmó el responsable que se mostró incrédulo con la aprobación de esta medida, pero, de ser así amenaza con llegar a los tribunales.
LOS CONSTRUCTORES DICEN QUE LISBOA NO ES LA HABANA
El presidente de la AECOP recordó a los responsables municipales que "nosotros estamos en la ciudad de Lisboa, no estamos en La Habana, no estamos en Cuba, y si eso avanza recurriremos a los tribunales porque no nos parece legal cualquier medida que fije los precios de las casas".
Esta política de control de los precios de las viviendas también fue contestada por el concejal electo socialdemócrata, el principal partido de la oposición municipal, Fernando Negrao. En su opinión la intervención del Ayuntamiento en este asunto solamente puede realizarse a través de la Empresa Pública de Urbanización de Lisboa (EPUL) y no a través de los constructores privados.
Además, del precio controlado de las viviendas, en el acuerdo político alcanzado entre socialistas y Bloco también está la garantía de que no habrá nuevas construcciones en la ribera del río, la cancelación de la permuta sobre Bragaparques --el escándalo urbanístico que provocó las elecciones anticipadas y que fue destapado por Sá Fernandes, quien fue objeto de un intento de soborno--.
El concejal del bloco también rechaza gobernar si forman parte del gobierno municipal algún miembro del antiguo equipo, es decir, del grupo de tres concejales del PSD o de los tres del independiente Carmona Rodrigues. Sá Fernandes también exigió la aplicación en Lisboa del Plan Verde elaborado por el arquitecto Ribeiro Telles, así como la reestructuración del universo empresarial de la cámara municipal.
A pesar de este acuerdo, Antonio Costa no tuvo el mismo éxito con la candidata independiente Helena Roseta, que fue su compañera de partido durante más de 25 años. Aunque ésta aseguró de que no será un bloqueo a la gobernación.
El gobierno municipal de la capital portuguesa quedó hoy constituido. Antonio Costa será el alcalde los próximos dos años aunque no gobernará con mayoría absoluta, ya que sólo logró seis de los 17 concejales que forman la asamblea municipal.
* Europa Press - Patricia Ferro - 01/08/2007
Foto: Lisboa_-_Expo98 /António M.L. Cabral (Wikipedia.org)
Santiago: "La Ciudad de la Cultura... del despilfarro"
Roberto L. BLANCO VALDÉS* : "El informe del Consello de Contas para el año 2004 ha confirmado lo que era de esperar: que la gestación, ejecución y gestión de la Ciudad de la Cultura llevada a cabo por la Xunta del PP ha constituido una mezcla de pueblerinismo, desmesura, desidia y despilfarro. El pueblerinismo y la desmesura son, en realidad, las dos caras de una misma moneda, que sirve a los políticos para comprar, con dinero ajeno, su absurda pretensión de inmortalidad. El presidente Fraga tuvo un día malhadado tal empeño y pronto aparecieron para hacerlo realidad una legión de listillos dispuestos a venderle las maravillas de este mundo.
Es cierto que entre ellos había profesionales de prestigio, pero tal cosa no elimina los hechos de los que el Consello informa ahora: que esos profesionales se portaron como el vendedor avispado que pilla a un nuevo rico con ganas de darse pote y aprovecha para colocarle su mercancía a un precio desorbitado y abusivo. El resultado está bien a la vista: la Xunta pagó por los proyectos del Gaiás ¡el doble del precio de mercado!
Más allá de la sinvergonzonería de arquitectos y técnicos de apoyo, todo ello hubiera tenido una importancia relativa si tales proyectos se hubieran abonado con dinero de quien realiza los encargos. Ahora bien, cuando el dinero que paga los delirios del poder es el de todos -es decir, el que los Gobiernos han de administrar con buen sentido- la desmesura pueblerina se convierte en otra cosa: en desidia administrativa y despilfarro público.
El informe del Consello demuestra una y otra cosa, lo que, además de las responsabilidades del Gobierno del PP -ya depuradas en el plano político, tras su derrota electoral- suscita muchas dudas sobre la eficacia de los mecanismos de control. Entre ellos, el que supone el propio Consello, de quien habría sido de esperar una vigilancia desde el inicio de la obra que quizá podría haber corregido muchas de las prácticas irregulares que ahora se denuncian. ¿Qué hacía el Consello mientras mandaba quien había nombrado a la mayoría sus miembros?
Y todo esto -¿cómo no subrayarlo nuevamente?- al servicio de una obra cuya finalidad se desconocía cuando el proyecto se puso a andar y sigue desconociéndose hoy en día, cuando quizá otro presidente esté también soñando ya con ese mausoleo que antes le parecía una auténtica locura.
No todo el mundo en Galicia se ha comportado, en todo caso, de ese modo. Este periódico, por ejemplo, lleva mucho tiempo denunciando el absurdo que supone hacer una obra faraónica sin objeto conocido cuando hay muchas más necesidades. Por eso se le ha tratado tantas veces como al mensajero que se empeña en traer malas noticias. Aun cuando, pese a ser malas, sean verdad.
* La Voz de Galicia - 31 de julio de 2007
Asociaciones y vecinos reclaman la reducción de las zonas urbanizables de Portocolom
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J.Sitges/G.Julià.- ÚltimaHora/Mallorca* : "La plataforma «QuinPortVolem?», junto con el GOB, la Federació de Veïns de Felanitx, el Grup Airós, la Associació de Veïns de Portocolom y ARCA han iniciado una campaña de recogida de firmas para pedir al Ajuntament de Felanitx, al Consell de Mallorca y al Govern de les illes Balears la desclasificación del polígono 16, llamado Can Marçal Vell y «la reducción de la exagerada previsión de nuevo suelo urbano y urbanizable en Portocolom». Según las asociaciones implicadas, «el núcleo de Portocolom tiene graves problemas de saturación, de agua potable, de falta de servicios, etcétera y no puede permitirse este crecimiento excesivo, ni degradar el mejor producto turístico que tiene: el paisaje».
Jaume Adrover, miembro de la plataforma «QuinPortVolem?» ha explicado a este periódico la situación actual de la campaña: «Aunque todavía no hemos hecho ningún paso para la difusión del manifiesto, ya contamos con cerca de 400 firmas. La intención es hacer la máxima difusión posible. La fiesta del próximo viernes será un punto en el que confiamos aumentar mucho el número de firmantes».
Actualmente, la población residente en Portocolom es de 4.200 habitantes y durante el verano supera los 6.500. Pero añadiendo la previsión del nuevo suelo urbanizable se permitiría residir a 14.500, multiplicando así por cuatro la población actual.
Según las asociaciones, «se trata de una planificación absurda y favorecedora del desarrollo, propia de los años 60, que tan sólo favorece a un determinado sector inmobiliario que nunca tiene suficiente y se aleja así de un urbanismo sostenible y razonable».
El proyecto urbanístico se sitúa en la zona colindante al núcleo turístico de Portocolom y supone que un total de 8 hectáreas se verían afectadas, todas situadas entre las zonas de Cala Marçal y Cala Brafi.
* Última Hora Digital - 1 de agosto de 2007
Foto: Esta zona de Can Marçal Vell es suelo urbanizable según las NNSS. /G. JULIÀ (Última Hora)
Un alcalde de Guadalajara "pillado" por una cámara oculta
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ElDigitalCastillaLaMancha* : "El alcalde de Almoguera, Luis Padrino (PSOE), aparece en un reportaje de Intereconomía como protagonista de una presunta operación urbanística que le compromete seriamente. Según publica La Crónica de Guadalajara de manos de su director, Padrino aparece en la grabación animando a la venta de una finca rústica de 300 hectáreas sobre la que se querrían construir miles de chalets tras su recalificación. Pese al revuelo, el alcalde le ha quitado importancia al asunto y ha insistido a La Crónica en que en ningún caso da en sus declaraciones grabadas por la periodista Eugenia Viñes ninguna seguridad de recalificación o de que se pueda conseguir nada fuera de lo administrativamente usual: "Yo no prometo nada, porque yo no soy el que recalifica".
Padrino ha negado cualquier relación mercantil con los propietarios de la finca involucrada en la investigación periodística, pese a que es él personalmente el que actúa como vendedor: "Yo me llevo bien con ellos, pero no tengo ninguna relación que vaya más allá de haber ido a cazar allí alguna vez".
Relación con la trama de Marbella
Luis Padrino aparece en la información "como diligente y entusiasta intermediario en la venta de la finca, sobre la que habían puesto los ojos los periodistas de Intereconomía no por sus posibilidades urbanísticas sino por la más que posible relación con Roca y la "Operación Malaya". Uno de los caballos del principal encausado por la corrupción marbellí ha terminado apareciendo en las caballerizas de esa finca alcarreña, siempre según estas mismas fuentes, y a pesar de que en teoría debería estar bajo custodia judicial, como todos los bienes del actualmente encarcelado Juan Antonio Roca.
Toda la operación de la compraventa que se plantea de forma ficticia en el reportaje de Intereconomía gira sobre la finca de "Los Castillejos", para una superficie de cerca de 300 hectáreas de suelo rústico, y de la que consta como propietaria la empresa "Construcciones Salamanca", de la que es responsable Emilio Rodríguez, imputado en la "Operación Malaya". El precio de la finca sería de doce millones de euros.
Un alcalde efusivo
El asunto es claro. Según los periodistas, se trataría de aprovechar esos terrenos para, previa recalificación, construir en ellos una macrourbanización de 3.000 chalets. Padrino se explica en el reportaje de cámara oculta con su habitual efusividad y alienta a la "compradora", a la que insiste en que la finca se vendería con todas las garantías de no estar gravada por ninguna especial protección paisajística o medioambiental.
El alcalde, según sus propias palabras grabadas, estaría actuando en nombre de los propietarios, quienes le habrían pedido incluso que se encargue del cambio de calificación de los terrenos.
"Se acojonan; si lo pido yo se acojonan"
Padrino se muestra seguro de que no habría tampoco problema alguno para surtir de agua la futura urbanización y sus 3.000 viviendas: "Se acojonan, si lo pido yo se acojonan; lo tengo dicho, que a mi no me quieren en ningún sitio porque yo miro por mi pueblo (...) ni el partido, ni el entero ni la puta madre que lo parió", llega a exclamar Padrino a medida que transcurre la conversación.
Yendo más allá, Padrino aporta un nuevo argumento de venta, al animar a la supuesta empresaria para que compre terrenos colindantes a la finca (los mismos que hubieran servido para construir la frustrada cementera que quiso levantar en el municipio) y "a precio de cementera" que sería "a millón y medio la hectárea", notoriamente inferior al de la finca objeto de la operación. El fin de todo ello sería, según la interpretación de la periodista, suavizar el impacto económico de la obligatoria cesión al Ayuntamiento del 10 por ciento.
Llegó a exigir a la Junta de Comunidades 500 millones de pesetas por el retraso en la aprobación de la cementera, que no prosperó por la oposición de Medio Ambiente y de los pueblos de la zona.
* El Digital de Castilla La Mancha - 31 de julio de 2007
Foto: La finca Los Castillejos pertenece a una empresa de un promotor imputado en la trama marbellí. /EFE
El balón en una mano y un ladrillo en la otra
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D.Verdú/S.Hidalgo.- El País* : "La operación del Calderón añade sustancia a la indisoluble relación entre el fútbol español y el mundo del ladrillo. RTM Desarrollos Urbanísticos y Sociales, empresa vinculada al directivo rojiblanco Pablo Jiménez de Parga, explotará parte de los terrenos de la operación Calderón tras el derribo del estadio para la construcción de viviendas. Jiménez de Parga ostenta el cargo de secretario del Consejo de Administración de RTM y del club rojiblanco. Pero la entidad deportiva no considera que ambos cargos sean incompatibles para la transparencia de la operación. El Ayuntamiento de Madrid recalificará los terrenos del estadio Vicente Calderón (31.046 metros cuadrados) y los de la antigua fábrica Mahou (61.251 metros cuadrados) en los próximos meses.
La operación se realiza de forma conjunta entre el club y la cervecera. Del total de los 175.000 metros cuadrados que se podrán edificar en el solar, el Atlético tiene derecho sobre el 45%; Mahou, sobre otro 45%, y el Consistorio, sobre el 10% restante.
La operación por la cual RTM podría explotar hasta el total de ese 45% de terrenos pertenecientes al Atlético empezó en el año 2004. Entonces, el club creó División Inmobiliaria, una empresa que pasaba a ser la propietaria del suelo del Calderón por un valor de 226 millones de euros. Ahogado por su deuda (que el club estima en unos 130 millones y que otras fuentes fijan en 440), el Atlético de Madrid otorgó a RTM una opción por los futuros derechos urbanísticos equivalente al 10%, e hizo lo mismo con otro 5% a Caja Madrid.
El convenio firmado por el club, por RTM y Caja Madrid establecía que ambas entregaban en total al Atlético de Madrid 33,9 millones de euros (22,6, RTM, y el resto, la entidad bancaria). A cambio del "préstamo" -avalado con los derechos televisivos de los partidos del Atlético-, y si finalmente los terrenos del Calderón llegaban un día a recalificarse, RTM podría explotar la parte del suelo que le toca al club rojiblanco y Caja Madrid tendría un derecho preferencial sobre la financiación de la edificación de todo el ámbito. Si no prosperaba la operación urbanística, el club tendría que devolver el dinero a ambas entidades.
Cuando culmine la operación de recalificación, tres sociedades de tasación establecerán el precio medio del suelo del Calderón. "Si éste no supera el 80% del total del valor del estadio (226 millones de euros), el Atlético de Madrid no realizará la operación con RTM. Eso, si el contrato que firmaron ambas entidades no ha cambiado", afirmó Enrique Ventero, uno de los administradores del club.
La empresa RTM es un consorcio urbanístico constituido por las empresas Andria y Martinsa. Entre sus directivos están el empresario Marc Rich, el ex presidente del Real Madrid Fernando Martín o el propio Pablo Jiménez de Parga, que es secretario del consejo de RTM y de Andria.
Fuentes del Atlético de Madrid restaron importancia a que una empresa directamente vinculada a uno de sus directivos vaya a beneficiarse con la operación Calderón. "Jiménez de Parga está en siete u ocho consejos de administración de empresas. No es raro que haya coincidido. Además, él no ha sido el que ha llevado el peso de la negociación", afirmaron dichas fuentes.
"Además, con todas las particiones que se harán, al final RTM es probable que no explote más del 20% del total de los 175.000 metros cuadrados. Seguramente, el otro 25% que pertenece al club rojiblanco se saque a subasta para cubrir los gastos de remodelación de La Peineta", afirmaron dichas fuentes.
Este periódico intentó ayer, sin éxito, recabar la opinión de Pablo Jiménez de Parga. "Está de vacaciones y no se ha llevado el teléfono móvil", afirmó uno de sus colaboradores.
Por esta operación, el club espera obtener unas plusvalías de, al menos, unos 260 millones de euros. Lo mismo que los propietarios de la cervecera Mahou.
* ELPAIS.com - Madrid - 01/08/2007
Foto: Obras de acondicionamiento de la ribera del Manzanares- GORKA LEJARCEGI /ELPAIS.com
La sindicatura emplaza a los ayuntamientos a constituir el patrimonio del suelo
EuropaPress*/Com.Valenciana : "La Sindicatura de Comptes ha detectado en el informe sobre la gestión y control de los recursos del patrimonio municipal del suelo que ninguno de los ayuntamientos analizados ha constituido formalmente ese patrimonio municipal del suelo y tampoco ha fiscalizado, a través de de su Intervención, proyectos de reparcelación y convenios urbanísticos, por lo que emplaza a las instituciones locales a hacerlo. La fiscalización del patrimonio municipal del suelo se ha realizado en coordinación con el Tribunal de Cuentas y el resto de los órganos de control externo de España y tiene como objetivo verificar la constitución y el adecuado control del patrimonio municipal.
El informe se elaborado a partir de una encuesta a los ayuntamientos de las capitales de provincia, aquellos con más de 100.000 habitantes y los mayores de 20.000 habitantes que mayor crecimiento poblacional han registrado en los últimos cuatro años.
El órgano fiscalizador, que ha entregado a las Corts el informe de fiscalización de la Gestión y Control de Recursos Integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo correspondiente al ejercicio 2004, concluye que "existe un incumplimiento relevante de la normativa aplicable de aquellos ayuntamientos que no llevan un inventario o registro específico de los bienes y derechos que integran el patrimonio municipal del suelo, lo que impide su control".
La Sindicatura de Comptes detecta, como "debilidades significativas", que el 100 por ciento de los ayuntamientos "no distingue, dentro de su inventario contable, los bienes que integran el patrimonio municipal del suelo". Además, estima que "no se tiene constancia de que, en ningún ayuntamiento, la Intervención fiscalice los convenios urbanísticos ni los proyectos de reparcelación".
Los consistorios seleccionados en la Comunitat han sido Alicante, Calp, Castellón de la Plana, Dénia, Santa Pola, Elx, Orihuela, Torrevieja y Valencia. En una segunda fase, se ha analizado en profundidad la situación del patrimonio municipal de suelo en Elx y Torrevieja.
El informe señala que "todos los ayuntamientos disponían del plan general, pero formalmente no habían constituido el patrimonio municipal del suelo (PMS)". Pese a ello, "en el 56 por ciento de los casos se ha podido considerar que su sistema de registro permite identificarlo o controlarlo, si bien integrado en el inventario general".
DESTINO DE LOS BIENES
El 78 por ciento de los ayuntamientos encuestados no está en condiciones de facilitar información sobre las altas de los bienes incorporados al patrimonio municipal del suelo. Del mismo modo, un 67 por ciento no ha facilitado datos sobre el destino dado a estos bienes. Sólo tres contestaron sobre el número de operaciones relacionadas con la promoción pública de viviendas.
El órgano fiscalizador recomienda a los ayuntamientos acordar la constitución del patrimonio del suelo, regular su funcionamiento, determinar la unidad o unidades encargadas del mismo, llevarlo de forma separada e independiente del resto de los bienes municipales, controlar las adquisiciones y destinos de los bienes y proporcionar la información al registro autonómico.
Respecto a las fiscalizaciones específicas, la sindicatura destaca que, en el caso del Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante), a pesar de preverse en el Plan General de Ordenación Urbana, "no se han aplicado las áreas de reparto ni los aprovechamientos tipo, sin que exista un acuerdo o resolución que ampare esta inaplicación".
"La única explicación a esta práctica contraria al plan general ha sido un informe del servicio de urbanismo que se basa en la falta de homogeneidad de las áreas de reparto en suelo urbano", y, en consecuencia, "el Ayuntamiento ha dejado de percibir en suelo urbano las cesiones de terrenos o los abonos en metálico que, de acuerdo con el plan general, debían realizar los propietarios de terrenos para poder adquirir los excedentes de aprovechamiento, que tendrían que constituir" el patrimonio municipal del suelo.
Además, también destaca que la fiscalización "ha puesto de manifiesto el uso frecuente de las reparcelaciones para que el Ayuntamiento adquiriera bienes externos al sector de la reparcelación, en lugar de los que en principio le correspondían por ésta, tratándose de verdaderas permutas de bienes".
El informe reseña que "un terreno de 3.862 metros cuadrados, permutado al ayuntamiento y destinado a dotación pública, podía haberse obtenido gratuitamente de haberse aplicado las áreas de reparto y el aprovechamiento tipo previsto en el plan general para suelo urbano". También subraya que en el proyecto de reparcelación y en el convenio urbanístico de plaza de toros "no se justifica el interés inicial del Ayuntamiento en la adjudicación de la citada plaza de toros, cuando posteriormente es permutada por otros bienes".
Igualmente, estima que "en general, los bienes adquiridos por el ayuntamiento no se han destinado a los fines que son propios" del patrimonio municipal del suelo, aunque "constituye una excepción la cesión al Instituto Valenciano de la Vivienda de unos terrenos de 4.836 metros cuadrados, destinados a la construcción de viviendas protegidas". También remarca que no se fiscalizan por la Intervención los convenios urbanísticos y los proyectos de reparcelación.
La sindicatura constata, por otro lado, que el Ayuntamiento de Elx (Alicante) "no siempre ha destinado a los fines que son propios" del patrimonio municipal del suelo los bienes que lo integran y que "el ejercicio de la función interventora presenta debilidades relevantes al no tenerse constancia de que se fiscalicen previamente los hechos relacionados" con el patrimonio municipal del suelo.
* Levante-EMV - 31 de julio de 2007
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat /wikipedia.org
Ávila construye más viviendas por cada mil habitantes que Estados Unidos
F.Martín/ElConfidencial* : "El dinero de la burbuja inmobiliaria de Irlanda ha permitido a este país izarse al primer rango europeo en Investigación y Desarrollo. En España, en cambio, se ha enladrillado no sólo la periferia, sino también la Meseta, lo que ha convertido a nuestro país en la primera potencia mundial en edificación desde 1999, con más de 600.000 viviendas al año y más de 800.000 en 2005 y 2006. Esta es sólo una de las ideas que se desprenden del último informe del arquitecto y catedrático de economía inmobiliaria, Ricardo Vergés.
“El recurso al mercado monetario de Frankfurt a partir de 2003 ha relanzado la burbuja inmobiliaria en Irlanda y en España. Los otros países no han tenido burbuja porque sólo han recurrido al mercado financiero habitual. Pero Irlanda ha utilizado los fondos monetarios para salir de la penuria (en 1991 había más familias que viviendas) y, sobre todo, para I + D. No ha sucedido lo mismo aquí”, afirma Vergés.
La exuberancia irracional de la construcción española continúa hasta nuestros días, tal y como pone de manifiesto sorprendentemente el informe, que desglosa por provincias el número de viviendas visadas por mil habitantes a partir de los datos de proyectos de ejecución de los arquitectos.
Así, las modestas provincias de Castellón, Toledo o Ávila, construyen más viviendas por mil habitantes que la media de Irlanda. Da la casualidad de que este país ha protagonizado, junto al nuestro, la burbuja inmobiliaria más inflada de la zona euro.
El furor constructor de los alrededores de la Comunidad de Madrid
Para hacernos una idea de las magnitudes, basta comparar los mercados más avanzados con el de España e Irlanda. Por ejemplo, Alemania no llega a las cuatro viviendas por cada mil habitantes, Holanda supera las cinco, EEUU arroja una media de nueve mientras que Francia no llega a las diez. España en conjunto construye 20 e Irlanda nos supera con 22 unidades.
Pues bien. En 2007, Castellón construye más de 60 viviendas por mil habitantes y Murcia excede las 40. Almería, por su parte, se ha estabilizado en alrededor de 38. En torno a 35 es la cifra de Tarragona. Pero este fenómeno no es exclusivo del Mediterráneo. La Rioja, por ejemplo, sobrepasa las 32 unidades; Cantabria y Lugo se acercan a las 28; y Álava tocó el año pasado las 20.
Llama la atención, con todo, el furor constructor de las provincias limítrofes de los alrededores de la Comunidad de Madrid. Toledo, por ejemplo, supera las 56 viviendas por mil habitantes y la curva no aprecia descenso. Guadalajara se acerca a las 50. Ávila rozó las 40 y Segovia construye más de 30.
* El Confidencial - 30/07/2007
Foto: Obras /elconfidencial.com
La ética de los edificios
J.A.Aunión/El País* : "En un mundo tan vilipendiado como el de la construcción, a veces los criterios medioambientales y sociales pesan más que los económicos. La IX Bienal Española de Arquitectura presta por primera vez atención a estas tendencias. La poética es estética y también ética. "Los pepinos de colores están bien, son muy interesantes, y cumplen su función. Pero no pueden tapar todo lo demás". Santiago Cirugeda, arquitecto sevillano de 36 años, habla de obras como la Torre Agbar de Barcelona, del francés Jean Nouvel, y se refiere, por supuesto, a que el gran valor de este edificio es la parte estética; se trata de una gran escultura que, además, alberga a gente.
Y lo que dice Cirugeda también tiene que ver con un movimiento que cada vez gana más fuerza dentro del mundo de la arquitectura, más preocupado por la parte ética de la construcción, y que rechaza los criterios puramente económicos cuyos resultados se pueden ver en cualquier parte de la costa española, en cualquier ciudad, de hecho, de pisos y chalés construidos en serie, sin ningún respeto al medioambiente y muy poca atención a las necesidades de la gente que los va a habitar. Se trata de dar un paso atrás, de preguntarle a esa gente qué necesita y adaptarse a ello, de alzar la vista y conectar de una manera mucho más estrecha la arquitectura con el urbanismo.
Una preocupación que está llegando, al menos sobre el papel, a los organismos oficiales, como demuestra el hecho de que en la IX Bienal Española de Arquitectura se hayan incluido por primera vez premios a las viviendas colectivas, a los proyectos de accesibilidad y a los de integración. El pasado jueves, cuando se entregaban estos premios en Comillas (Cantabria), el presidente de los colegios de arquitectos, Carlos Hernández Pezzi, habló de una nueva concepción de la belleza, sobre bases diferentes. "A veces, lo que no se considera arquitectura es lo que más lo es", dijo.
Procesos de participación en los que los vecinos dicen cómo quieren que sea el sitio donde viven -sus calles, sus plazas, sus casas-, viviendas que les salen a los edificios en sus fachadas, en las azoteas, que tienen en cuenta tareas espacialmente marginadas, las que han hecho tradicionalmente las mujeres, el respeto al medioambiente... Respuestas distintas en un mundo globalizado que tiende a homogeneizarlo todo.
Todas estas formas de repensar la arquitectura, ligada al urbanismo, se han repasado esta semana en un curso, paralelo a la Bienal, celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, y dirigido por la arquitecta Zaida Muxí. Por ejemplo, se pudo ver a la urbanista Isabela Velázquez esmerarse en explicar cómo para los técnicos es enriquecedor un proceso de participación con los vecinos para redactar un proyecto. "Te aportan un sentido común y una visión global que a veces nos falta".
Los procesos de participación están empezando a incluirse en las políticas europeas, y Velázquez ha dirigido algunos, en Lorca, para la construcción de un parque, o en la remodelación del barrio de Trinitat Nova, en Barcelona. Más o menos sofisticada, con juegos cooperativos o fiestas, la participación consiste simplemente en consultar (los vecinos sólo proponen, los técnicos siguen siendo los técnicos) desde el principio a los habitantes en su barrio, en su ciudad. Aunque, de momento, no hay muchos políticos que se atrevan a impulsar esta ideas, asegura Velázquez.
Plazas, parques, todos estos movimientos tienen mucho que ver con los espacios públicos, con la idea de que los habitantes hagan suya la ciudad. Pero también con los espacios compartidos dentro de los bloques de pisos, que ahora se llaman viviendas colectivas porque tratan de potenciarse estas ideas. Los patios interiores, la conexión entre las viviendas, con lugares de paso que se puedan compartir, en los que sea agradable estar, son algunos de los elementos de la arquitectura de Javier Terrados, y, sobre todo, dar soluciones concretas pensando en quién va a vivir allí. Justo lo que busca Santiago Cirugeda. Con particulares o administraciones, dentro, en el borde o completamente al margen de la legalidad, ofrece soluciones "a gente para la que no tiene respuestas la arquitectura oficial". "En la ciudad hay situaciones temporales que hay que empezar a articular". O lo que es lo mismo, los solares, mientras no se construyen, se pueden usar para albergar una casa prefabricada (como la de la página anterior) o, si te pones de acuerdo con los vecinos, se puede construir una casa en un andamio junto a la fachada o en una azotea. Cirugeda ofrece asesoramiento para instalar estas casas en las azoteas (se puede ver un curioso vídeo descriptivo si se busca "alquiler de azoteas" en Youtube.com). Por el momento, hay pocas y, al ser alegales, no le gusta decir dónde están, pero asegura que le han ofrecido más de 60 azoteas para instalarlas. Este sevillano combina como nadie esta sensibilidad social con la facilidad que empieza a haber en Europa para absorber tranquilamente como arte los movimientos alternativos, jurando según le convenga que es arquitecto o artista. Le encanta la construcción, y también le preocupa el resultado estético de sus obras, pero prefiere no hablar de ello, porque lo importante, dice, es todo el proceso previo.
Un proceso, volvemos otra vez al mismo sitio, que empieza con lo que necesita la gente. Cada vez se habla más de la arquitectura y el urbanismo con perspectiva de género (se menciona en la Ley de Igualdad), aunque aún hay pocos ejemplos. Cómo se pueden hacer las casas para que puedan vivirlas plenamente mayores, discapacitados, para que las ciudades no sean monstruos deshumanizados, para que respeten el medio ambiente. El proceso también termina planteándose qué necesita la gente.
De la belleza moral a la estética
"La belleza moral y la belleza estética van casi siempre unidas". Hay que "acabar con la fealdad" y "reivindicar el derecho a la belleza". Toda una declaración de intenciones la que hizo con estas palabras el presidente de la asociación de colegios de arquitectos, Carlos Hernández Pezzi, en la entrega de premios y la inauguración de la exposición de la IX Bienal Española de Arquitectura, que estará hasta el próximo 8 de septiembre en el Palacio de Sobrellano, en Comillas (Cantabria).
Se presentaron 300 obras de arquitectos españoles o extranjeros que trabajan en España, hechas durante los dos últimos años, de las que se han elegido 31. Entre ellas, las ganadoras, que representan esa forma de ver la arquitectura de la que habló Hernández Pezzi. Por ejemplo, los dos premios a la accesibilidad.
El primero, los andenes móviles de Vitoria, son unas cintas mecánicas que suben a los viandantes las cuestas del casco antiguo de la ciudad, cubiertas por una superficie que da la sensación de fuelle desde el exterior. El otro premio a la accesibilidad ha sido para la pasarela para peatones en el parque de Vallparadís, en Terrasa, un puente colgante de 90 metros que une el barrio que se llama como el parque con el pueblo de Sant Pere.
La exposición viajará a la Universidad de Alcalá de Henares en el mes de octubre y se podrá ver en los arcos de los Nuevos Ministerios, en Madrid, en noviembre.
* ELPAIS.com - Madrid - 29/07/2007
Foto: Barcelona, torre_agbar /wikipedia.org
397 municipios salpican el mapa de las irregularidades urbanísticas
P.Carrión/CincoDías* : "La corrupción urbanística se ha convertido en los últimos años en uno de los problemas que más preocupa a los españoles, según las últimas encuestas del CIS. Un informe que acaba de elaborar la Fundación Alternativas con el título Urbanismo y democracia. Alternativas para evitar la corrupción se hace eco de 397 municipios repartidos por todo el país en donde se han denunciado casos de presuntas irregularidades urbanísticas en los últimos seis años, desde 2000 hasta 2006. Se trata de irregularidades nacidas de un incumplimiento sistemático de la normativa municipal o autonómica.
En el mapa que aquí se presenta se exponen todos estos casos, que afectan a todas las comunidades autónomas en mayor o menor medida, desde el interior hasta la costa. Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Madrid se llevan la palma. Los municipios citados sólo son los que han aparecido en los medios de comunicación, que la Fundación ha ido recopilando pacientemente. Es de prever que haya muchos más que no han salido aún a la luz pública pero que se están investigando.
La tipología de irregularidades es muy variada. Va desde reclasificaciones de suelos no urbanizables a urbanizables, a modificaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), pasando por actuaciones irregulares en el marco de la gestión de los proyectos de compensación. En algunos casos, las denuncias han sido objeto ya de sentencia condenatoria por los tribunales; en otros, está en trámite de comprobación administrativa o judicial.
El caso más emblemático de irregularidades urbanísticas que degeneró en corrupción generalizada es el del Ayuntamiento de Marbella. El juez Miguel Ángel Torres, que instruye el caso (operación Malaya), acaba de procesar a 86 personas a las que ha fijado una responsabilidad civil conjunta por daños a las arcas públicas de 5.200 millones. La recién aprobada Ley de Suelo estatal intenta acabar 'radicalmente' con este tipo de fenómenos, según se recalca desde el Ministerio de Vivienda.
* Cinco Días - 30-07-2007
Foto: Viñeta de CUTTLAS /20minutos- abril 06
Marbella: Las "magistrales jugadas" de Roca
D.Narváez/El País* : "En los años en los que el ex gerente de Urbanismo de Marbella y principal cerebro de la trama de corrupción municipal, Juan Antonio Roca, ejerció su inmenso poder en la ciudad no se limitó a actuar como benefactor, sino que se hizo principal beneficiario de ese poder. Roca implantó un sistema de soborno a los constructores, pero también él mismo fue promotor inmobiliario a través de sociedades que nunca aparecen a su nombre -el juez ha llegado a atribuir a Roca 44 sociedades- e intermediario de transacciones y jugó con la enorme ventaja de que era él quien tomaba las decisiones sobre el urbanismo en la ciudad. Sociedades controladas por él, por ejemplo se hacían con suelo rústico, que luego permutaba con el Ayuntamiento por parcelas urbanas, causando a éste importantes pérdidas patrimoniales, o procuraba que se recalificaran y las vendía revalorizadas. Cuando no, según el juez, "se imponía a los promotores operaciones urbanísticas en las que se veían obligados a hacer negocios con Roca".
Ello, y no los cohechos cobrados y repartidos con los concejales, explica el inmenso patrimonio que amasó, que el propio Roca cifra en 120 millones de euros, pero que según indica el juez en el auto de procesamiento no se ha calculado todavía de forma objetiva, y que se haya fijado la fianza por su responsabilidad civil en el caso en 1.000 millones de euros.
En el auto de procesamiento dictado por el juez contra los 86 inculpados el el caso Malaya, se contienen detalles de algunas de estas operaciones urbanísticas. Especialmente significativa de la avidez de Roca son unos convenios firmados con Aifos, en los que Roca cobró de dos partes diferentes, en lo que el juez califica de "una magistral jugada tan brillante como aparentemente constitutiva de delito". Se trataba de un convenio en el que el Ayuntamiento vendía a la promotora unos aprovechamientos urbanísticos en Guadaiza, que se valoraron en 4.829.131 euros. Roca pidió dos millones para él, e "impuso" a Aifos que en vez de pagar entregara al consistorio unos locales en los que tenía interés. Aifos tuvo que comprar los locales a una sociedad de Carlos Sánchez y Andrés Liétor, socios de Roca imputados en la causa, y a quienes el presunto cerebro de la trama cobró por ello una comisión de 928.000 euros.
Técnicos de Hacienda han estimado el valor real de los locales en dos millones, la mitad de lo pagado por Aifos. Pero además, los aprovechamientos que entregaba el Ayuntamiento estaban embargados, por lo que el juez sostiene que "la jugada de Roca era redonda pues en definitiva ofrecía a Aifos unos terrenos que no iba a poder entregar".
Por los convenios para otorgar más edificabilidad a los hoteles Guadalpín, Roca pidió cuatro millones de euros, según el juez.
También con Sánchez y Liétor de socios, Roca intervino en la permuta de unos locales de éstos por un edificio municipal en Puerto Banús de más valor real que aquellos por los que cobró 1.200.000 euros. El edificio luego fue vendido a Tomás Olivo, que pagó a Roca 1.800.000 euros en efectivo -la compra le costó siete millones-, según el juez.
Olivo obtuvo del Ayuntamiento varias parcelas como dación de pagos de unas supuestas obras que, según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, no están justificadas. Según el juez, una de estas parcelas Olivo la entregó a Roca, quien la vendió al promotor José María Enríquez, que levantó una promoción con licencia municipal concedida por silencio administrativo. Para obtener el permiso de primera ocupación, el promotor tuvo que pagar a Roca un presunto cohecho de 288.500 euros.
Roca además ha sido socio del promotor granadino José Ávila Rojas, hasta el punto de que el juez ha llegado a señalar en uno de sus autos que ambos eran "uno en Marbella". Ávila Rojas ha sido uno de los constructores más activos en Marbella durante el gilismo, y de los promotores imputados procesados en el caso Malaya es al que mayor fianza por responsabilidad se ha fijado, 50 millones de euros. Según el juez, sólo entre 2003 y 2006, años a los que se ciñe la investigación de la Operación Malaya, pagó cohechos a Roca por más de cinco millones de euros. Pero además, Roca ha propiciado a Ávila Rojas parcelas municipales para construcciones de al menos cuatro promociones con las que según el juez, el cerebro de la trama habría ganado 17 millones de euros, que en parte habría cobrado con la entrega de pisos.
También otra sociedad de Roca, Vanda Agropecuaria, vendió a José María González de Caldas propiedades por 1,6 millones de euros en el edificio Golden que previamente había adquirido por 384.000 euros, y que el conocido empresario sevillano entregó después al Ayuntamiento en un convenio de permuta de inmuebles. También González de Caldas está imputado de cohecho por haber pagado a Roca 60.000 euros para la obtención de una licencia de primera ocupación de una promoción de 18 viviendas.
Cobros según caja
El reparto del dinero cobrado como presunto cohecho a los promotores urbanísticos que Roca hacía entre los concejales de la corporación no seguía unas reglas fijas, ni una periodicidad concreta. Simplemente dependían de la disponibilidad de caja. "El reparto de los sobres se produce cuando existen fondos suficientes en la caja única de Roca y no son un pago por cada acto concreto sino que de alguna manera, los concejales están en nómina y cada cierto tiempo tienen que ser agradecidos con alguna cantidad por su fidelidad y subordinación del cerebro pensante que obtiene los fondos", relata el juez en el auto de procesamiento.
En la resolución, el juez relaciona con detallecomo los pagos a ediles coincidían con las fechas en que se produjeron entregas de los promotores a Roca.
Roca digiría su imperio con el principio de caja única, establecida en la sede de Mara Asesores. En ella apuntaba las entradas y salidas de dinero, con iniciales que el juez ha identificado con los promotores, en el primer caso, y con concejales y toda una serie de testaferros, proveedores y suministradores de Roca en el caso de las segundas. Una contabilidad muy minuciosa, en la que Roca llegaba a anotar hasta los gastos de la celebración del cumpleaños de su hija, o de sus vacaciones.
Para los concejales fue la menor parte del pastel. Según el juez, entre 2003 y 2006 Roca pudo recaudar unos 30 millones de euros en presuntos cohechos, de los que repartió cinco millones en sobres entre los ediles. Según el juez éstos "se limitan en todo momento a aprobar lo que viene de Planeamiento, sin mayores problemas ni cuestionarse los convenios o las licencias sobre las que Roca negocia". La alcaldesa Marisol Yagüe fue, con 1.323.896 euros, la más beneficiada.
* ELPAIS.com - Málaga - 25/07/2007
La inversión en viviendas sociales, en entredicho
A.Serrano/Telecinco* : "El pasado 30 de Junio entró en vigor la nueva ley del suelo propuesta por el gobierno de Zapatero, aprobada en el parlamento por todos los grupos, a excepción del Partido Popular. Entre otras cosas, esta norma pretende acabar con la especulación del suelo urbanizable, reservando el 30% del terreno edificable para la Vivienda de Protección Oficial, también incluye una reserva del 15% para los ayuntamientos. El problema de la ley comienza con las contradicciones que existen entre las propias Comunidades Autónomas, con diferentes porcentajes dedicados al VPO. Las diferencias se encuentran incluso dentro de las propias Autonomías.
La Caja de Pandora la destapó Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid, que considera inconstitucional la nueva ley del suelo, alegando que la norma se está intrometiendo en competencias exclusivas de las autonomías, por lo que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional. La Comunidad de Madrid reserva el 50% del suelo urbanizable a Viviendas de Protección Oficial, un 20% más que el mínimo establecido en la novedosa ley estatal.
Esta propuesta aprobada en el Congreso, se encuentra por debajo de los porcentajes establecidos por algunas Comunidades Autónomas, como es el caso del País Vasco, que establece el 60% del suelo urbanizable, situándose a la cabeza de terreno dedicado a la vivienda social. Esto emplaza la diferencia en el doble de lo aprobado en las Cortes.
Navarra o Castilla la Mancha también se adelantaron a la propuesta del Gobierno, estableciendo en su plan estratégico de urbanismo, la reserva del 50% del suelo edificable a la Vivienda de Protección Oficial. Igualan de esta manera a la Comunidad de Madrid, que se encuentran entre los más destacados de la clase en materia de vivienda social.
Otras Autonomías como Andalucía o Murcia recogen los porcentajes mínimos establecidos por esta nueva ley, situados en el 30% del suelo, pasando el corte establecido por el Gobierno.
El caso de Valencia es paradigmático, dedica del 25% al 40% a la VPO, lo que significa que dependerá en última instancia de la decisión de cada ayuntamiento para establecer los mínimos. Esto se puede traducir en una diferencia del 15% dependiendo de la decisión tomada por los responsables de urbanismo de cada zona.
Extremadura, las Islas Canarias o Castilla León, deben adaptar sus planes estratégicos de urbanismo, a las exigencias de la nueva ley del suelo, para respetar el mínimo del 30%. Estas Comunidades se encuentran un 5% por debajo.
Descoordinación de competencias
Las diferencias entre las propias Comunidades Autónomas se hacen abismales, llegando al 40% como es el caso que existe entre el País Vasco y las Islas Canarias.
Dentro de las autonomías se hallan desfases a la hora de establecer los criterios de terreno protegido. Galicia es un buen ejemplo, mientras desde el Gobierno de la Xunta se establece el 40% en suelo social, Vigo, que todavía no ha adaptado su plan estratégico, implanta un mínimo del 20%, situado por debajo de la ley Estatal. Estos desfases ponen de manifiesto la descoordinación de competencias en materia urbanística.
La reserva del 15% a los Ayuntamientos, aún pone más de relieve la falta de consenso que existe en todo el Territorio Nacional a la hora de unificar criterios en un tema capital para los ciudadanos, como son los porcentajes de reserva para la Vivienda de Protección Oficial y el derecho de las personas a una vivienda digna recogido en la Constitución.
* Informativos Telecinco - 28 de julio de 2007
Foto: Las Comunidades Autónomas regulan a su antojo la cantidad de suelo reservado para VPO /informativos.telecinco.es
Urbanismo y vivienda en el siglo XXI
ÁNGEL GIJÓN* : "A nadie se le oculta el protagonismo que urbanismo y vivienda poseen en la actualidad a nivel mediático. Protagonismo que, desgraciadamente, en la mayoría de las ocasiones, tiene como motivación el 'morbo' que generan la gran cantidad de casos de corrupción y especulación, o la carestía y dificultad de acceso a la vivienda. En contadas ocasiones, con la excepción hecha de alguna prensa especializada, se aborda el urbanismo y la vivienda desde el análisis de las demandas de futuro que la nueva sociedad plantea en este campo en materia de diseño de vivienda, equipamientos, espacios libres, zonas verdes, infraestructuras y accesibilidad. En definitiva, no existe un debate serio de lo que queremos como modelo de ciudad del siglo XXI.
Se teoriza mucho sobre el urbanismo y el desarrollo sostenible, el pinchazo de la 'burbuja inmobiliaria', el altísimo coste de la vivienda. Ahora bien, las grandes preguntas que entiendo sería necesario hacerse resultan mucho más cercanas y asequibles: ¿Qué vivienda necesita la nueva sociedad española del s XXI? Y, a mayor escala, ¿qué ciudad necesitamos para el s. XXI?
Tanto el Art. 47 de la Constitución Española como nuestra LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), garantiza el «derecho al acceso a una vivienda digna»; pero ¿qué vivienda se necesita hoy? Parece claro que el cumplimento del referido artículo solo se podrá lograr mediante un buen desarrollo de la vivienda protegida, también previsto en la LOUA y recientemente en la nueva Ley del Suelo. Para ello resulta imprescindible actualizar la legislación de vivienda de protección oficial cuyo texto base respecto a las Normas de Diseño arranca de la Orden Ministerial de mayo de 1969, modificada en 1970, y ampliada por otra OM de mayo de 1974. Parece obvio exponer lo que ha cambiado la sociedad española en estos años.
Tanto las Normas de Calidad y Diseño de la citada ley, como las condiciones de adquisición de las viviendas y los segmentos del módulo de venta de la VPO, han quedado obsoletos. Por tanto la demanda social no se está cumpliendo; hoy la nueva organización de las familias, las nuevas formas de usar la vivienda, y tanto los ingresos como la realidad laboral de nuestros jóvenes, no están bien reflejados en la normativa vigente.
Urge solicitar a la Administración la actualización de la ley para proyectar una nueva vivienda que responda a las demandas de nuestra sociedad. Viviendas más polivalentes, versátiles en su tamaño y en su programa, con espacios privados y comunes que den el juego preciso a las nuevas generaciones, e incluso a la tercera edad, igualmente desprotegida en parte en nuestra ley por la rigidez para realizar alojamientos adecuados a sus necesidades.
Urgente resulta, asimismo, que nuestros políticos resuelvan este tema de uso y las formas de acceder a las viviendas protegidas, aumentando el segmento de módulos de acceso, ante la gran variedad de casos que hoy se plantean.
Esto hará también más atractivo al promotor privado invertir en el campo de la vivienda o alojamientos colectivos protegidos, sector al que hasta ahora se le ha prestado poca atención, y que la previsible bajada de precios de la vivienda libre, unido a las medidas propuestas y la actualización de módulos de venta en VPO, pueden ayudar a paliar el famoso 'pinchazo'. Esta necesidad de diseñar nuevos modelos de hábitat, también es deseable trasladarla al tratamiento de equipamientos y espacios libres de los nuevos barrios.
Es este caso, debe prevalecer un planteamiento de absoluta polivalencia. No nos podemos permitir disponer en nuestra ciudades de estadios de cientos de millones de euros para jugar 20 partidos al año un equipo de fútbol, y que siga existiendo un déficit enorme de instalaciones deportivas decentes para la juventud y el deporte base. Hace falta racionalizar todo este proceso y dar a nuestros jóvenes unas instalaciones propias del s. XXI en las que, no sólo los jóvenes, sino la sociedad en general, pueda desarrollar de manera adecuada la actividad física, uno de los pilares básicos de nuestro bienestar. Para ello debemos de disponer de escuelas municipales e instalaciones polideportivas que formen a deportistas en las condiciones que exige el nivel adquirido por nuestra sociedad.
Asimismo, los planteamientos en este sentido nos deben de encaminar al diseño de Ecobarrios y parques urbanos que dispongan de infraestructuras diseñados para la recuperación del estilo de vida mediterráneo, donde el 'ágora' o espacio de encuentro y transmisión del pensamiento y conocimiento vuelva a ejercer su protagonismo. El desarrollo no significa que nuestros barrios dispongan de 'wifi' e infraestructura de energías autosuficientes, etc ; también es necesario reivindicar los espacios comunes habitables y usables integrados en zonas comunes de viviendas, comercios, restaurantes, lugares de ocio, etc., que nos permitan volver a disfrutar de la escala humana que siempre caracterizó nuestra cultura. Los centros comerciales o grandes superficies, no pueden convertirse en las nuevas plazas de la ciudad mediterránea.
Si no actuamos con estas sensibilidades, nuestros nuevos barrios y ciudades serán cada vez más desapacibles y alejados de nuestro modo y calidad de vida; precisamos de espacios libres que no solo cumplan con los estándares obligatorios de las leyes de suelo, sino que respondan a sensibilidades de índole físico y cultural de quienes van a utilizarlos. Y por supuesto, es esencial que en los nuevos planes parciales de desarrollo, los equipamientos estén terminados al mismo tiempo que las viviendas.
De cualquier forma, comenzamos a vislumbrar iniciativas innovadoras que reflejan el cambio de ciclo histórico que sufre nuestra ordenación del territorio a comienzos del siglo XXI, y que responden a estrategias ya referidas vinculadas a nuevos conceptos, como el mayor respeto al paisaje, las nuevas energías, el reciclaje, las redes, la ecología, etc. Independientemente de los colores políticos que respaldan o impulsan estas iniciativas, hablamos de conceptos de difícil acomodación política, razón por la cual su desarrollo debe estar dirigido por expertos de disciplinas tan diversas como arquitectos, ingenieros, sociólogos, antropólogos, geógrafos, paisajistas, abogados, economistas, etc, que trabajen de forma coordinada e integrada.
Los arquitectos estamos obligados a poner todo nuestro esfuerzo al servicio de un nuevo modelo de ciudad más sostenible. A defender nuevas concepciones que alumbren alternativas de diseño mas cercanas a los seres humanos y la naturaleza. No cabe caer en la nostalgia de intentar revivir la ciudad del pasado, pero tampoco abundar en diseños que contribuyan a deshumanizar el espacio.
Solucionar este gran debate: nuevas viviendas, nuevos equipamientos, nuevos barrios, nuevas ciudades para el siglo XXI, creo que ya no admite más demora, y los agentes sociales, políticos y profesionales no podemos perder más tiempo en mirar otros árboles que nos impidan ver el bosque de las urgentes necesidades que reclaman nuestras nuevas ciudades.
* ÁNGEL GIJÓN es arquitecto
* Ideal Digital - Granada - 27 de julio de 2007
