La inversión en viviendas sociales, en entredicho

A.Serrano/Telecinco* : "El pasado 30 de Junio entró en vigor la nueva ley del suelo propuesta por el gobierno de Zapatero, aprobada en el parlamento por todos los grupos, a excepción del Partido Popular. Entre otras cosas, esta norma pretende acabar con la especulación del suelo urbanizable, reservando el 30% del terreno edificable para la Vivienda de Protección Oficial, también incluye una reserva del 15% para los ayuntamientos. El problema de la ley comienza con las contradicciones que existen entre las propias Comunidades Autónomas, con diferentes porcentajes dedicados al VPO. Las diferencias se encuentran incluso dentro de las propias Autonomías.

La Caja de Pandora la destapó Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid, que considera inconstitucional la nueva ley del suelo, alegando que la norma se está intrometiendo en competencias exclusivas de las autonomías, por lo que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional. La Comunidad de Madrid reserva el 50% del suelo urbanizable a Viviendas de Protección Oficial, un 20% más que el mínimo establecido en la novedosa ley estatal.

Esta propuesta aprobada en el Congreso, se encuentra por debajo de los porcentajes establecidos por algunas Comunidades Autónomas, como es el caso del País Vasco, que establece el 60% del suelo urbanizable, situándose a la cabeza de terreno dedicado a la vivienda social. Esto emplaza la diferencia en el doble de lo aprobado en las Cortes.

Navarra o Castilla la Mancha también se adelantaron a la propuesta del Gobierno, estableciendo en su plan estratégico de urbanismo, la reserva del 50% del suelo edificable a la Vivienda de Protección Oficial. Igualan de esta manera a la Comunidad de Madrid, que se encuentran entre los más destacados de la clase en materia de vivienda social.

Otras Autonomías como Andalucía o Murcia recogen los porcentajes mínimos establecidos por esta nueva ley, situados en el 30% del suelo, pasando el corte establecido por el Gobierno.

El caso de Valencia es paradigmático, dedica del 25% al 40% a la VPO, lo que significa que dependerá en última instancia de la decisión de cada ayuntamiento para establecer los mínimos. Esto se puede traducir en una diferencia del 15% dependiendo de la decisión tomada por los responsables de urbanismo de cada zona.

Extremadura, las Islas Canarias o Castilla León, deben adaptar sus planes estratégicos de urbanismo, a las exigencias de la nueva ley del suelo, para respetar el mínimo del 30%. Estas Comunidades se encuentran un 5% por debajo.

Descoordinación de competencias

Las diferencias entre las propias Comunidades Autónomas se hacen abismales, llegando al 40% como es el caso que existe entre el País Vasco y las Islas Canarias.

Dentro de las autonomías se hallan desfases a la hora de establecer los criterios de terreno protegido. Galicia es un buen ejemplo, mientras desde el Gobierno de la Xunta se establece el 40% en suelo social, Vigo, que todavía no ha adaptado su plan estratégico, implanta un mínimo del 20%, situado por debajo de la ley Estatal. Estos desfases ponen de manifiesto la descoordinación de competencias en materia urbanística.

La reserva del 15% a los Ayuntamientos, aún pone más de relieve la falta de consenso que existe en todo el Territorio Nacional a la hora de unificar criterios en un tema capital para los ciudadanos, como son los porcentajes de reserva para la Vivienda de Protección Oficial y el derecho de las personas a una vivienda digna recogido en la Constitución.





* Informativos Telecinco - 28 de julio de 2007
Foto: Las Comunidades Autónomas regulan a su antojo la cantidad de suelo reservado para VPO /informativos.telecinco.es