Un alcalde de Guadalajara "pillado" por una cámara oculta

ElDigitalCastillaLaMancha* : "El alcalde de Almoguera, Luis Padrino (PSOE), aparece en un reportaje de Intereconomía como protagonista de una presunta operación urbanística que le compromete seriamente. Según publica La Crónica de Guadalajara de manos de su director, Padrino aparece en la grabación animando a la venta de una finca rústica de 300 hectáreas sobre la que se querrían construir miles de chalets tras su recalificación. Pese al revuelo, el alcalde le ha quitado importancia al asunto y ha insistido a La Crónica en que en ningún caso da en sus declaraciones grabadas por la periodista Eugenia Viñes ninguna seguridad de recalificación o de que se pueda conseguir nada fuera de lo administrativamente usual: "Yo no prometo nada, porque yo no soy el que recalifica".

Padrino ha negado cualquier relación mercantil con los propietarios de la finca involucrada en la investigación periodística, pese a que es él personalmente el que actúa como vendedor: "Yo me llevo bien con ellos, pero no tengo ninguna relación que vaya más allá de haber ido a cazar allí alguna vez".

Relación con la trama de Marbella

Luis Padrino aparece en la información "como diligente y entusiasta intermediario en la venta de la finca, sobre la que habían puesto los ojos los periodistas de Intereconomía no por sus posibilidades urbanísticas sino por la más que posible relación con Roca y la "Operación Malaya". Uno de los caballos del principal encausado por la corrupción marbellí ha terminado apareciendo en las caballerizas de esa finca alcarreña, siempre según estas mismas fuentes, y a pesar de que en teoría debería estar bajo custodia judicial, como todos los bienes del actualmente encarcelado Juan Antonio Roca.

Toda la operación de la compraventa que se plantea de forma ficticia en el reportaje de Intereconomía gira sobre la finca de "Los Castillejos", para una superficie de cerca de 300 hectáreas de suelo rústico, y de la que consta como propietaria la empresa "Construcciones Salamanca", de la que es responsable Emilio Rodríguez, imputado en la "Operación Malaya". El precio de la finca sería de doce millones de euros.

Un alcalde efusivo

El asunto es claro. Según los periodistas, se trataría de aprovechar esos terrenos para, previa recalificación, construir en ellos una macrourbanización de 3.000 chalets. Padrino se explica en el reportaje de cámara oculta con su habitual efusividad y alienta a la "compradora", a la que insiste en que la finca se vendería con todas las garantías de no estar gravada por ninguna especial protección paisajística o medioambiental.

El alcalde, según sus propias palabras grabadas, estaría actuando en nombre de los propietarios, quienes le habrían pedido incluso que se encargue del cambio de calificación de los terrenos.

"Se acojonan; si lo pido yo se acojonan"

Padrino se muestra seguro de que no habría tampoco problema alguno para surtir de agua la futura urbanización y sus 3.000 viviendas: "Se acojonan, si lo pido yo se acojonan; lo tengo dicho, que a mi no me quieren en ningún sitio porque yo miro por mi pueblo (...) ni el partido, ni el entero ni la puta madre que lo parió", llega a exclamar Padrino a medida que transcurre la conversación.

Yendo más allá, Padrino aporta un nuevo argumento de venta, al animar a la supuesta empresaria para que compre terrenos colindantes a la finca (los mismos que hubieran servido para construir la frustrada cementera que quiso levantar en el municipio) y "a precio de cementera" que sería "a millón y medio la hectárea", notoriamente inferior al de la finca objeto de la operación. El fin de todo ello sería, según la interpretación de la periodista, suavizar el impacto económico de la obligatoria cesión al Ayuntamiento del 10 por ciento.

Llegó a exigir a la Junta de Comunidades 500 millones de pesetas por el retraso en la aprobación de la cementera, que no prosperó por la oposición de Medio Ambiente y de los pueblos de la zona.





* El Digital de Castilla La Mancha - 31 de julio de 2007

Foto: La finca Los Castillejos pertenece a una empresa de un promotor imputado en la trama marbellí. /EFE