José S.Mujica.- Canarias7* : "La Justicia gana cada vez más terreno en el esclarecimiento de las operaciones inmobiliarias de Las Teresitas. El fallo del Supremo y las dos sentencias del Tribunal Superior (conocidas esta semana) se suman a la instrucción impulsada por la fiscal anticorrupción María Farnés Martínez, cuya querella se está convirtiendo en un centro de referencia para entender la trama municipal y empresarial diseñada en torno al potencial urbanístico de la playa de San Andrés, al Norte de Santa Cruz de Tenerife. Los sendos pronuncimientos del TSJC no dejan lugar a dudas sobre la posible ilicitud del proceso y arrojan más luz sobre la mala fe que rodea al caso a la hora, sobre todo, de salvaguardar los intereses del erario público.
El alcalde santacrucero, Miguel Zerolo, imputado por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos, no disimula el hundimiento emocional que sufre desde que Anticorrupción lidera las investigaciones.
La escalofriante historia de Las Teresitas agrupa todos los epígrafes para ser una novela de éxito en el género de la intriga policial: duración (en 1989 se aprobó la reparcelación de la playa); dinero (unos 150 millones de euros); peritajes (tasaciones muy por debajo de lo pagado por el Ayuntamiento); sociedades (empresarios y firmas de peso); entidades financieras (Cajacanarias); abogados de la junta de compensación; pequeños propietarios afectados por decisiones políticas; y, fundamentalmente, operadores públicos liderados por el alcalde Zerolo, la oposición socialista y popular y diversos técnicos municipales. Entre todos, la Justicia está sacudiendo una polvareda que, lejos de enredar la madeja, está recolectando unos frutos muy apetitosos para saber qué pasó entre los años 1998 y 2005 cuando el Ayuntamiento tinerfeño, Inversiones Las Teresitas, Cajacanarias y Mapfre Inmuebles movieron 148,5 millones de euros en las operaciones de compraventa del paraje natural.
En sendos fallos, la Sala del alto tribunal canario abunda en la connivencia del Ayuntamiento con la gerencia municipal de urbanismo, Inversiones Las Teresitas y la junta de compensación del polígono, una amalgama de intereses que precisaba de un cooperante eficaz (la entidad de ahorro) para completar la cuadratura del círculo.
Ese círculo denota que en su interior se abrigó un pelotazo en toda regla. La estela pone en evidencia a sus protagonistas. Ignacio González y Antonio Plasencia (propietarios de Inversiones Las Teresitas)compraron a la junta de compensación el frente y la trasera de la playa por 30 millones de euros, mediante un crédito concedido por Cajacanarias y calificado de alto riesgo por el Banco de España. En el consejo de la entidad se sentaba Miguel Zerolo, quien, por cierto, renunció al derecho de preferencia que le confería la Ley al Ayuntamiento para comprar unos terrenos de notoria utilidad pública.
Zerolo esperó tres años para comprar a Plasencia-González los mismos terrenos, pero con una diferencia sustancial: adquirió sólo el frente y, encima, pagó 22 millones más.
En 2005, González-Plasencia completaban la obra de ingeniería financiera con una nueva venta al grupo Mapfre (los solares de la trasera) por 96 millones;hoy Mapfre también trata de vender.
Los tribunales certifican ahora que el proceso ha de iniciarse de nuevo y que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó una fortuna por un suelo que ya era suyo. Para Miguel Zerolo y el resto de los imputados, el banquete judicial sólo acaba de empezar.
* Canarias 7 - 19 julio 2007
Foto: Las Teresitas (Tenerife) /canarias7.es
Las Teresitas: Señas de Identidad. El cerco judicial gana terreno
¿Entiendes o no?
JUAN BOLEA* : "Los pelos se nos han vuelto a poner como clavos o escarpias al leer la transacción de las conversaciones secretas (que dejaron de serlo gracias a un pinchazo policial) entre el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande y uno de los constructores con intereses económicos en dicho término municipal. En tales, y ahora públicas componendas, el político recordaba al empresario la necesidad de abonar de inmediato (a él, se supone) una compensación millonaria por haberle permitido edificar en un solar un número mayor de viviendas al estricta y legalmente permitido. "Te he llamado por el tema que ya hablamos la última vez", decía el concejal. "¿De qué?", preguntaba el constructor, como haciéndose el loco. "De la compensación que tienes que darle al Ayuntamiento". "¿Cuánto era?" "122.000 euros". "Y eso... ¿Tanto, de qué es?" "Pues de lo que hablamos en su día, del exceso de peso y del exceso de viviendas. ¿Entiendes o no?", remataba, sin piedad, conminatoriamente, a modo de ultimátum, el edil de Alhaurín.
Viene al caso este ejemplo para preguntarnos, una vez más, si este tipo de situaciones, de prevaricaciones, de corruptelas, es habitual o simplemente esporádico. Si, tal como sucede en otros países, en especial en los de habla hispana, el nuestro es un modelo de corrupción establecida, clínica, endémica, o, por el contrario, tan sólo saltan a la luz pública los pocos casos reales de corrupción que en la realidad han sido o son.
Ésta es la hamletiana duda: ¿cuántos de estos chorizos, de estos siniestros concejales de Urbanismo, hay repartidos por la piel de toro? Sabemos, desde luego, que hay unos cuantos en Marbella, en los municipios de la Costa del Sol, quizá en Valencia, tal vez en nuestras islas más turísticas, en Baleares o Canarias, pero... ¿quién nos asegura que tal especie no se ha extendido por la España interior, por los feudos de la honradez socialista, del honor de los populares, incluso de la ética de Izquierda Unida?
Antes, en los primeros tiempos de la transición, el origen de estos desórdenes morales y financieros parecía tener origen en el económico sostén de los partidos. Muchos creen, saben o presumen que la fontanería oscura de las grandes siglas pudo llevar liquidez a los grifos de la intendencia interna gracias al trasiego de maletines, pero tal justificación colectiva, si acaso lo era, no parece tener aplicación en Alhaurín el Grande; allí, como en tantos otros municipios, los políticos implicados en casos de corrupción podrían estar persiguiendo su lucro personal, al margen del partido al que representen.
A la Justicia, claro está, compete combatir este tipo de lacras, pero una amplia mayoría de ciudadanos coincidiría, me temo, en que las penas a los delitos llamados de pajarita o de guante blanco no son en absoluto ejemplarizantes; y en que sus actores salen del maco demasiado pronto, en muchos casos para reincidir.
¿Y no tienen,también, los partidos, una enorme responsabilidad para desprenderse de las manzanas podridas, y evitar que el cesto huela a degradación?
* Escritor y periodista
* El Periódico de Aragón - 19/07/2007
La 'Biblia' de la corrupción en Marbella
F.J.Pérez/J.Viúdez.- El País* : "El día de San Valentín de 2006, Juan Antonio Roca se sinceró por teléfono ante el empresario sevillano Manuel González Sánchez-Dalp: "La diferencia entre tú y yo es que todas tus propiedades están a tu nombre y las mías están cada una a nombre de su padre y de su madre". Roca ignoraba que su móvil estaba pinchado y que la frase acabaría figurando en la primera de las 230 páginas de un informe sobre las actividades de blanqueo de dinero relacionadas con él y que el Cuerpo Nacional de Policía remitió al juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, el 24 de marzo de 2006, cinco días antes de la primera fase de la operación, que acumula ya 102 detenciones.
El informe, verdadera Biblia para entender la red de corrupción marbellí, disecciona el complejo entramado empresarial tejido por Roca y sus testaferros para ocultar el dinero negro. Entre otras valoraciones, los agentes destacan la "inexistencia de negocios lícitos" del sumo muñidor del urbanismo en Marbella entre 1991 y 2006.
El último auto del juez, del 16 de julio, en el que incoa un procedimiento con sumario tras su larga investigación en la que se han reunido indicios de delitos tipificados con, al menos, nueve años de cárcel para los afectados, enumera un entramado de 18 sociedades. "No existen sociedades como tales con existencia real como personas jurídicas, sino tan sólo una mera apariencia que no es sino una estructura aparente de un único sujeto que se esconde tras las mismas a fin de que su inmenso patrimonio no pueda ser detectado e intervenido", sostiene el magistrado.
- El reparto de la trama. Protagonista clave en la red, según el juez, es Manuel Sánchez Zubizarreta, el abogado "encargado de constituir y gestionar todas las sociedades". Según la policía, actuaba como "agente formador de compañías al servicio de Roca para la ocultación, no sólo de su patrimonio, sino de aquellas operaciones con importantes promotores inmobiliarios en Marbella que no se quiere que sean del conocimiento público". Y dan los nombres de algunos de estos empresarios: José Ávila Rojas, Tomás Olivo, Javier Arteche, Fidel San Román, Carlos Sánchez. El bufete pone a disposición de Roca "a los fines de la simulación subjetiva a los socios y a los propios trabajadores por cuenta ajena del despacho".
El juez nombra a Montserrat Corulla como la testaferro elegida para gestionar los negocios en Madrid como la conversión en hotel de los palacios de Saldaña, Tepa y Villagonzalo, "bajo los designios de Roca y Sánchez Zubizarreta".
Otro personaje en la escena es Óscar Benavente, "mano derecha de Roca" y que sirve para ocultar "algunas de sus más preciadas propiedades" como la ganadería Marqués de Velilla o la finca La Caridad, en Marbella. El tercer pilar es Salvador Gardoqui, "testaferro de Roca desde el inicio de sus actividades" y que le da "cobertura y asistencia" en la empresa Maras Asesores. Por el despacho de esta firma pasaban, según el juez "todos los promotores y empresarios que querían hacer algo en Marbella" y en su contabilidad "aparece la caja de cohechos y corrupción de Roca". Juan Germán Hoffman coordinaba el entramado societario de Roca fuera de España. Durante la investigación, se han intervenido cuentas de Roca en Suiza, Gibraltar, Liechtenstein, Singapur o Isla de Man.
- Incremento inusual de patrimonio. El juez atribuye a Roca un patrimonio superior a 120 millones de euros, reconocido por el propio imputado, que incluye fincas de "enorme extensión" en Jimena de la Frontera (Cádiz), Murcia y San Pedro Alcántara; hoteles como La Malvasía en El Rocío-Almonte (Huelva), tasado en 2,4 millones de euros, o los palacios de Villagonzalo, Tepa y de Saldaña, en Madrid, valorados en más de 50 millones de euros. En la relación se incluyen la ganadería de caballos, con 100 ejemplares de pura raza y de toros, las promociones urbanísticas Nueva Ribera Beach y Nueva Ribera Golf, en Los Alcázares (Murcia), un helipuerto y al menos un avión privado "de los mejores del mercado en su categoría" y una colección de obras de arte tasada en 30 millones de euros.
- Inexistencia de negocios lícitos. Los agentes de Blanqueo, que comenzaron sus investigaciones en noviembre de 2005, contaron en el informe que el "gran patrimonio de Roca" se debe a los "beneficios obtenidos por su vinculación al Ayuntamiento de Marbella como gerente de Urbanismo". En un epígrafe titulado "Inexistencia de negocios lícitos", la policía analiza el lujoso ritmo de vida de la familia Roca y lo compara con los bienes de que disponía el ex asesor del GIL antes de llegar a Marbella.
En los cuatro meses de intervenciones telefónicas, los agentes descubrieron que Roca y sus parientes "realizan continuos viajes de turismo". La esposa de Roca, María Rosa Jimeno, viajó tres días a París a visitar a amigos y hacer compras. Posteriormente realiza otro viaje a la estación de esquí de Courchevel, en los Alpes franceses, con sus dos hijos, Antonio y María, también imputada en el caso Malaya.
El 26 de mayo de 1991, día en que el difunto Jesús Gil llegó a la alcaldía de Marbella por mayoría absoluta, Roca estaba cobrando el subsidio de paro. "Un año más tarde se vincula directamente con el Ayuntamiento de Marbella a través de [la sociedad municipal] Planeamiento de 2000. Se inicia entonces su espectacular acopio patrimonial e inexplicable auge económico", escriben los policías. Según el juez, Roca se hizo con "el poder absoluto" en Marbella, y convirtió a los concejales en sus "empleados y subordinados".
Roca sólo disponía al principio de un apartamento de 105 metros cuadrados en Cartagena, su ciudad natal. El último domicilio familiar es un piso de 535 metros cuadrados en el exclusivo edificio Poseidón de Marbella. Hasta 1997, los ingresos declarados por la familia Roca se limitaban al salario del ex asesor como empleado municipal. "No existen otras rentas legítimamente percibidas en la unidad familiar a través de otros empleadores o mediante el desarrollo de actividades empresariales ni profesionales", señala la policía.
- Gusto por el lujo. La renta familiar anual disponible declarada por la familia Roca oscilaba entre los 46.750 euros de 1997 y los 356.000 de 2003, tras la venta de un inmueble. La policía analiza parte del destino dado a este dinero y las cuentas no le cuadran: cacerías en Zimbabue, Kirguizistán y Suráfrica -donde abatir un elefante cuesta 25.000 euros-, 36.000 euros en caballos, escolarización de la hija en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid... Según la policía, "en modo alguno Roca y su entorno pueden justificar de forma racional y con origen lícito el enorme incremento patrimonial". La renta media declarada es "a todas luces irrisoria" y está a "años luz del patrimonio y las inversiones realizadas".
* ELPAIS.com - Marbella - 19/07/2007
Foto: Marbella /J.ROJAS - ELPAIS.com
La especulación urbanística y la precariedad amenazan la conservación del patrimonio industrial
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GranadaDigital* : "La conservación y preservación del patrimonio industrial, de las maquinarias y edificios técnicos y productivos del pasado, presenta en la actualidad múltiples problemas provocados, principalmente, por la precariedad en la que se encuentra dicho patrimonio, así como por otros factores, como el gran número de elementos a conservar; la continua transformación de los elementos; la falta de rentabilidad económica de las instalaciones; su privilegiada situación en la mayoría de los casos (lo que alienta la especulación inmobiliaria); la carencia o diversidad de criterios a la hora de plantear su conservación o derribo; y la falta de sensibilización hacia este valioso patrimonio, tanto por parte de las administraciones públicas, como de la propia sociedad en general.
Pero la destrucción del patrimonio industrial no sólo está ligada a su precariedad, a la especulación urbanística y al interés de la propiedad particular, sino también a la falta de concreción del papel que debe jugar ese patrimonio a la hora de diseñar y ordenar el territorio sobre el que se asienta. Por este motivo, los responsables del curso del Centro Mediterráneo Recuperación del Patrimonio Industrial y la Obra Pública, que se celebra a lo largo de esta semana en Almuñécar (Granada), consideran que es importante para la recuperación y el mantenimiento de ese patrimonio público una adecuada gestión basada en el eje patrimonio industrial - territorio - turismo - industria y nuevos usos.
El curso se celebra en coordinación con la Fundación Juanelo Turriano que, como parte activa de la comunidad científica nacional e internacional, se encarga de promover y coordinar el estudio histórico de la técnica y de la ciencia en sus diversas vertientes. Las sesiones proponen a los participantes un acercamiento a los diferentes métodos de intervención sobre el patrimonio histórico de las obras públicas, y su adecuación a las nuevas exigencias de uso, presentación al público y aprovechamiento cultural y turístico.
Patrimonio cultural en peligro
El patrimonio industrial y la obra pública se han convertido, desde hace algunas décadas, en una parte destacada del patrimonio cultural de los países debido a su capacidad para definir la singularidad del territorio, aunque recuperarla lleva implícito restaurar estas "obras de arte tecnológico"” y ponerlas en uso.
La provincia de A Coruña cuenta entre su patrimonio histórico con el antiguo faro Torre de Hércules, cuyo origen se sitúa en el siglo II, aunque algunos historiadores lo datan en el siglo IV. Éste es el único faro romano de la Antigüedad, con peculiaridades de estilo, que sigue en pie desde su creación y que, en la actualidad, funciona cumpliendo su objetivo original.
No corre la misma suerte otra de las muestras del patrimonio industrial histórico de nuestro país: los molinos de mar de Noja, en Cantabria. De estos ingenios, que utilizaban como fuerza motriz la salida del agua a través de unas esclusas abiertas en unas presas que se llenaban durante la pleamar, tan sólo sobreviven los restos de dos molinos de marea: el molino de Joyel, situado sobre la marisma homónima y propiedad del Consejo de Noja, que aparece documentado en 1597 y cuyos restos actuales datan de 1687, año en que concluyó su construcción conforme a las trazas de los maestros canteros Francisco de Cueto y Antonio de Venero; y el de la Victoria, que se alza sobre la ría de Helgueras, también propiedad del consejo y documentado desde 1629, fecha en que se considera concluido.
Otra obra de la ingeniería que también ha quedado atrapada en el tiempo es el Ingenio de Toledo, ideado por Juanelo Turriano para dotar de aguas a la ciudad imperial.
* Granada Digital - 16/07/2007
Foto: Noja (Cantabria), molino Joyel /elcorreodigital.com
Los forestales protestan por la ley de la Comunidad de Madrid
Diariocrítico* : "Los agentes forestales han marchado en bicicleta por las calles de la capital para protestar por la Ley para la Modernización del Gobierno y de la Administración Regional porque les resta competencias contra los delitos que afectan al medio ambiente. Una representación de los agentes forestales de la Comunidad de Madrid ha protagonizado este miércoles una marcha en bicicleta, desde el Templo de Debod, para protestar por la pérdida de competencias que les supondrá la aprobación de la Ley para la Modernización del Gobierno y de la Administración Regional. Además, los sindicatos tienen previsto realizar una asamblea esta tarde, y una Marcha Verde mañana a las 12 de la mañana, que irá desde la Puerta del Sol, a la Plaza del Emperador Carlos V.
Según los sindicatos, si esta ley entra en vigor, los agentes forestales no podrán denunciar delitos contra el medio ambiente, como el vertido de residuos, la caza de especies protegidas, la excavación de pozos y el levantamiento de construcciones ilegales, ni entrar en montes privados, ya que necesitarán autorización judicial para acceder a estos espacios verdes.
El portavoz adjunto de la Secretaría de Política Territorial y Medio Ambiente de CCOO de Madrid, José Luis Díaz, explicó que esta norma es "disparatada e ilegal" porque va en contra de la Ley de Montes y del Real Decreto 11/2005, que se aprobó tras el incendio que se produjo hace dos años en Guadalajara y que le costó la vida a 11 personas.
Llegar al Parlamento Europeo
Díaz señaló que, ante esta situación, los sindicatos emprenderán medidas de "todo tipo", desde contactos con distintos grupos del Parlamento Europeo para explicarles los efectos "negativos" de la normativa e intentar presentar una interpelación en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, hasta recurrir al Defensor del Pueblo o llevar a cabo acciones legales.
Además, continuarán con las movilizaciones. Así, tras la donación de sangre de unos 80 agentes forestales ayer a mediodía en los vehículos móviles que habitualmente se sitúan frente a la Puerta del Sol, este miércoles se desarrollará una concentración y marcha ciclista, que partirá a las 11.00 horas del Templo de Debod y recorrerá diferentes calles del centro de la ciudad hasta llegar a la sede de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, situada en el número 3 de la calle Princesa.
Mañana jueves, se desarrollará una "marcha verde", en la que los agentes irán ataviados con sus uniformes verdes de trabajo, desde la Puerta del Sol hasta la Asamblea de Madrid. Las movilizaciones concluirán el día 25 con una gran concentración ante la sede del Gobierno regional, coincidiendo con la votación del proyecto de ley.
Manos atadas contra la especulación urbanística
Ecologistas en Acción y Greenpeace denunciaron a su vez que la nueva Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno facilitará la construcción en suelo protegido y aseguraron que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre pretende apartar a los agentes forestales de sus funciones para desbloquear los "obstáculos" a la especulación urbanística.
El 80 por ciento del monte de la Comunidad de Madrid quedará sin vigilancia si se aplica el artículo 9 del proyecto de Ley para la Modernización del Gobierno y de la Administración regional en el que se exige a los agentes forestales autorización judicial para entrar en las parcelas de titularidad privada.
El portavoz de Medio Ambiente de UGT, José Luis Valdelvira criticaba que "si los agentes no pueden entrar difícilmente pueden vigilar las fincas de titularidad privada. Es muy difícil realizar la labor de prevención y vigilancia si no podemos acceder a ellas. Si no entramos ¿Cómo sabemos que se está produciendo una infracciones?", cuestionó.
En este sentido, pidió al Gobierno regional que retire su iniciativa y recuerde que está vigente la Ley 10 de Creación del Cuerpo de Agentes Forestales de 2001, "que se consensuó con todos los grupos de políticos". Asimismo, reclamó al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Antonio Beteta, que retire sus declaraciones en las que aseguró que esta Ley autonómica pretende impedir que los agentes forestales entren en propiedades privadas como quien "da una patada en la puerta". "Los forestales tienen que seguir haciendo sus funciones de vigilar el medio natural, que de ninguna manera es dar patadas a las puertas", subrayó Valdevira.
* Diariocrítico/Agencias - 18-07-2007
Foto: Madrid, forestales - diariocritico.com
Ecologistas y vecinos, contra los PAI junto a la Sierra Calderona
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S.V.- El País/Valencia* : "Miles de viviendas, cinco campos de golf y hoteles se levantarán en el área de influencia del parque natural de la Sierra Calderona si reciben el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo. Para mostrar su rechazo a tres PAI (programas de actuación integrada), Acció Ecologista-Agró y vecinos de pueblos de la Calderona protestaron ante la consejería y pidieron una entrevista con su titular, José Ramón García Antón. Los ecologistas y representantes de la Asociación de Vecinos Baronía-Calderona y del partido Iniciativa Torres de Portacoeli (con dos concejales en Serra) entregaron un DVD que muestra los terrenos afectados por tres PAI en el área de influencia del parque natural..
En total, estos planes prevén 7.100 pisos, cinco campos de golf, hoteles y zonas comerciales, con lo que se multiplicaría por cuatro la población de las cinco localidades implicadas, según destacó Miquel Aguilar, de Acció Ecologista. El proyecto de Baronía Golf se extiende por Algimia, Estivella y Torres-Torres, con una previsión de albergar 3.600 viviendas y tres campos de golf. En Nàquera se plantea el PAI de Fontanelles, con 1.400 casas y un campo de golf, mientras que Serres de Serra será una urbanización con 2.100 viviendas y otra instalación deportiva. Aguilar subrayó que las construcciones producirán "graves impactos" en el parque natural y defendió que el área de influencia de la Calderona debe conservarse como zona de tránsito protegida.
Los municipios que impulsan los PAI ya los han aprobado en sus respectivos plenos y están a la espera del visto bueno de la Generalitat. El teniente de alcalde de Nàquera, Vicente Estellés, del PP, comentó el lunes que el proyecto de su localidad "no afectará al parque" y se apoya en normas urbanísticas subsidiarias de 1985. Acció Ecologista, por el contrario, sostiene que las casas invadirán una zona pensada para la regeneración junto a la sierra. En el caso de Serra, el alcalde, el socialista Javier Arnal, asegura que el PAI tiene todos los informes favorables, incluido el de los recursos hídricos, no toca "ni un milímetro cuadrado" del paraje y ocupará suelo agrícola. Según Arnal, el PAI ya ha sido aprobado por la Generalitat, un dato que ayer desconocían los ecologistas y la concejal de Iniciativa Torres de Portacoeli Montse Polo, quienes denunciaron que también afecta al Bien de Interés Cultural de la Cartuja de Portacoeli, lo que niega el Ayuntamiento. El tercer PAI arrastra una larga polémica. El ex consejero Esteban González Pons lo utilizó para atacar la política urbanística de poblaciones gobernadas por socialistas, como es el caso de Estivella.
La consejería aseguró que los ecologistas y vecinos "serán atendidos", y explicó que los PAI de Nàquera y Estivella están "en estudio", mientras que el de Serra se aprobó sujeto a algunas mejoras.
* ELPAIS.com - Valencia - 18/07/2007
Foto: SerraCalderona (C.Valenciana) mapa /wikipedia (orto.cth.gva.es)
El juez Torres cierra la investigación del 'caso Malaya'
J.Cano/H.Barbotta/SUR* : "Juan Antonio Roca es el jefe de una organización criminal y su poder absoluto en el Ayuntamiento de Marbella le permitió acumular una fortuna de al menos 120 millones de euros. Son las dos principales conclusiones a las que ha llegado el juez Torres en la instrucción del 'caso Malaya', cuya investigación ha dado por cerrada. El instructor dictó el pasado lunes un auto, por el que dispone incoar sumario ordinario por este caso en lugar del procedimiento abreviado en virtud de la gravedad de los delitos que a su juicio se han cometido. Esto supone que el juez deberá dictar ahora auto de procesamiento para cada uno de los más de cien imputados, quienes en principio tendrían que prestar una declaración indagatoria, según explicaron fuentes judiciales.
En el auto, el juez considera que Roca es titular de un patrimonio «tan enorme como injustificado» a nombre de terceras personas y sociedades interpuestas,y que el propio imputado «se ha visto obligado a reconocer».
PATRIMONIO
Innumerables bienes y posesiones
Derroche de lujo y ostentación
Como parte de las posesiones de Roca, el juez cita en el auto al menos tres lujosas fincas -en Jimena de la Frontera (Cádiz), Murcia y San Pedro Alcántara- con varias viviendas, plazas de toros y, en los dos primeros casos, helipuertos, un piso en Marbella que constituía su residencia habitual, varios palacios en Madrid, hoteles en Los Alcázares y El Rocío, promociones inmobiliarias en Murcia, oficinas en esta región, Marbella y Puerto Banús, una ganadería de toros bravos y la colección de arte valorada en cerca de 30 millones de euros.
«El lujo y la ostentación no acaba ahí», advierte el juez antes de enumerar barcos, helicópteros «y hasta un avión de los mejores en su categoría». En el auto se cita también la colección de coches de época, los coches de lujo a nombre de varias sociedades y los carruajes de caballos, de los que algunos pueden valer hasta un millón de euros.
ORGANIZACIÓN
Estructura criminal
Una red de «fieles servidores»
Para el juez, Roca es el jefe de una estructura criminal constituida por empleados y testaferros que hasta hace pocos meses eran «sus fieles servidores». Esta organización, según el instructor, realizó a lo largo de los años tantos actos de blanqueo «que son casi innumerables», y que formaron parte «de un plan preconcebido».
Según Miguel Ángel Torres, se aprecia con claridad que la estructura montada por Roca para blanquear los beneficios de su actividad ilícita y conseguir a su vez fondos ilícitos con los que lucrarse en el Ayuntamiento de Marbella «no puede ser calificada sino de organización delictiva, y viene caracterizada por una pluralidad de personas dirigidas y controladas por Juan Antonio Roca plenamente a su servicio».
Esta estructura, señala el auto, estaba organizada en tres sedes: el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor, que creaba y gestionaba las sociedades; la oficina de Roca en Maras Asesores, que funcionaba como centro de negocios, y el despacho del abogado Juan Hoffmann, que según el juez se ha encargado de algunas de las sociedades constituidas en el extranjero. Junto a estas sedes, la organización contaba también con otros centros en Madrid y en las oficinas municipales de Planeamiento.
El juez sostiene que el entramado societario responde al principio de caja única «y una única voluntad de decisión, la de Juan Antonio Roca, que traspasa de una a otra sociedad los fondos que necesita en cada una de modo que no existen en realidad distintas sociedades, sino diversas estructuras para ocultar a Roca».
EXTRANJERO
Cuentas y sociedades
Presencia en paraísos fiscales
También se señala en el auto que la estructura societaria cuenta con ramificaciones en el extranjero, de donde proceden parte de los fondos. «Las autoridades suizas -señala el escrito firmado por el juez- han informado que Roca parece ser titular de sociedades de las Islas Vírgenes Británicas como Kellington Investment INC, Bently Financial Ltd., la fundación Melifeo de Liechtenstein, cuyos beneficiarios son Juan Antonio Roca Nicolás y sus dos hijos, la sociedad Lipsag AG, la sociedad Sunnuta Management a favor de cuatro fiduciarios y en la que se han bloqueado 149.000 euros, la cuenta en el UBS de Basilea cuyo titular y beneficiario es Juan Antonio Roca y las dos cuentas en el Dresdner Bank Ag de Ginebra cuyo titular y beneficiario también es Juan Antonio Roca». El auto cita asimismo una cuenta en el Reino Unido y varias en Andorra y en el paraíso fiscal de las Islas Man.
MARAS ASESORES
Cuartel general de operaciones
La caja de los cohechos y de la corrupción
Maras Asesores vendría a ser el cuartel general del presunto cerebro de la trama malaya. En sus oficinas, la policía encontró los apuntes contables que el juez califica como «la caja de los cohechos y la corrupción de Roca», con las entregas de dinero de los promotores y los pagos a los concejales. Torres apunta que esa estructura societaria del ex asesor se caracteriza por la falta de ingresos desde que Roca ingresó en prisión.
EVOLUCIÓN
Más de una década de actividad
La organización se hace más compleja
La multiplicación de las ganancias que Roca obtenía fue haciendo más compleja y profesionalizando su actividad de blanqueo a lo largo de los años, según el juez. El supuesto jefe comenzó a utilizar en 1996 los servicios del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano, encargado de constituir y gestionar las sociedades. Al frente de estas sociedades aparecen los propios abogados, quienes ocultan el patrimonio de Roca, que se presenta como insolvente.
Con el tiempo, la organización sigue evolucionando. Así es como necesita de alguien que se encargue de sus proyectos de rehabilitación de edificios en Madrid para convertirlos en hoteles y elige a la abogada Montserrat Corulla, que se suma a Oscar Benavente como personas de máxima confianza del jefe. La evolución de la organización lleva posteriormente a la integración de otros dos imputados, Gonzalo Astorqui y Julio Blasco. El primero va ganando poder por el deseo de Roca de mejorar la organización «ante la perspectiva de que en el futuro pudiera dejar de tener su fuente principal de ingresos como era el Ayuntamiento de Marbella». Durante el proceso se hizo evidente el malestar de Corulla y Benavente «por ser marginados y olvidados por Roca después de años de fieles servidores» y al resultar postergados por los recién llegados, que van ganando poder y por ende su participación en los beneficios en perjuicio de los miembros del gabinete.
En esta estructura se llegó a constituir lo que los implicados denominaban un «consejo de sabios», que asesoraba a Roca y trataba con él directamente.
PELOTAZOS URBANÍSTICOS
Negocios del ex asesor
Ganó 1,2 millones en 20 días con una permuta
A lo largo del auto, el juez pone varios ejemplos de los pelotazos urbanísticos que atribuye Juan Antonio Roca. Según el instructor, el ex asesor obtenía parcelas municipales en inmejorables condiciones por medio de sociedades interpuestas y negociaba con ellas. A Fidel San Román, por ejemplo, le vendió El Cantizal por un importe millonario y se aseguró una participación posterior en los beneficios de los inmuebles a construir en la parcela, destaca Torres en el auto. Con el dinero recibido en la operación, Roca invirtió en sus fincas en Murcia.
El magistrado resalta otra maniobra en la que el ex asesor impuso al empresario José María González de Caldas la compra de los inmuebles del edificio Golden para permutarlos con unas parcelas municipales. Roca definió el precio y obtuvo, según Torres, unas plusvalías de más de 200 millones de pesetas.
En otra operación, impuso a Aifos la adquisición de unos locales de Carlos Sánchez y Andrés Liétor en la avenida Ricardo Soriano de Marbella a cambio de unos aprovechamientos en Guadaiza, según el auto. La comisión de Roca fue de 928.000 euros.
Pero el pelotazo más sorprendente es una permuta en la que el Ayuntamiento cambia un edificio en Puerto Banús por unos locales -«inservibles e invendibles», dice el juez- en Ricardo Soriano. En 20 días, la operación generó una ganancia de dos millones de euros, de los que Roca percibió 1,2, según Torres.
CONCEJALES Y EMPRESARIOS
Los empleados de Roca
Hacían cola hasta que se dignaba a recibirlos
La actividad diaria de Roca se repartía entre la sede Urbanismo y la oficina de Maras Asesores. «Por ambos despachos pasaban habitualmente todos los promotores y empresarios que querían hacer algo en Marbella, a los que hacía esperar y hacer cola hasta que se dignaba a recibirlos», dice Torres. Lo mismo ocurría con los concejales: «Todos debían esperar a ser atendidos, [...] convertidos en empleados y subordinados de Roca».
El juez subraya asimismo la presencia en Maras de las mismas secretarias que trabajan en Planeamiento (sede de Urbanismo). «Lo que muestra aún más cómo Roca entremezcla sus negocios particulares y su labor en el Ayuntamiento al contar con las mismas personas para ambas facetas. Además de destacar el deber de sigilo que les imponía en su trabajo».
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Evitar pinchazos telefónicos
Detectives para espiar a personajes relevantes
El juez Torres sitúa a Roca en la cúspide de una estructura jerárquica donde los papeles estaban repartidos. El de Jaime Hachuel era la seguridad del jefe, al que le proporcionó cámaras, dispositivos de grabación, aparatos para impedir la intervención de teléfonos mediante su encriptado y hasta un dispositivo para hacer barridos capaz de detectar micrófonos y microcámaras.
Pero a Roca no sólo le preocupaba la seguridad pasiva. También la información. «Contaba con un indudable control sobre los medios de comunicación -aprecia Torres- como era el periódico municipal La Tribuna». Según el juez, el ex asesor grababa algunas reuniones con otras personas, como el disco intervenido con las letras IGM, y disponía de algún dosier elaborado por detectives sobre personas relevantes o que le preocupaban.
SUS CONTACTOS
Penetración en las instituciones
Roca penetró en las estructuras policiales
El presunto cerebro de la trama, a través de Hachuel, ha conseguido penetrar en las estructuras policiales, según el instructor. El jefe de seguridad de Roca reconoció que agentes de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil le pasaban datos sobre matrículas de coches sospechosos, entre ellos los policiales, lo que dificultó la investigación. Esas consultas se extendían a datos de emigrantes a los que Roca «podía contratar para trabajar en sus propiedades». El juez considera estos hechos posibles encubrimiento, blanqueo y hasta revelación de secretos. De hecho, hay cinco agentes imputados en la causa.
Pero sus tentáculos no se quedaban sólo en la policía. «Su penetración en las instituciones llegó al punto de tener un infiltrado de la organización en los juzgados de Marbella». Ese papel, según Torres, lo desempeñó un funcionario a cambio de 6.000 euros y un reloj.
MULTITUD DE DELITOS
Más de nueve años de prisión
El pueblo de Marbella, perjudicado
Los delitos supuestamente cometidos por Roca perjudicaron «a una generalidad de personas, el pueblo de Marbella», según señala el juez en el auto, donde argumenta que la pena que se le podría imponer al principal imputado una pena superior en uno o dos grados, «con lo que se excederían los nueve años de prisión».
* Diario SUR - 18 Jul
Foto: Marbella /J.Lanza (diariosur.es)
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Un dolmen ahogado entre edificios
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M.Morgado/El País* : "Dicen que en Castilleja de Guzmán (Sevilla) cuando se ha dado una patada a una piedra se han encontrado restos óseos milenarios, puntas de flecha y hasta un colmillo de elefante. Los vecinos de la localidad observan día y noche las excavadoras que trabajan sobre el dolmen de Montelirio. Y algunos de ellos se llevan las manos a la cabeza. Quieren preservar este monumento funerario de 4.000 años de antigüedad, donde aseguran que se han hallado desde un diente de marfil a cuencas de ámbar. El Ayuntamiento de la localidad -en la que viven 2.512 habitantes- ha aprobado la construcción, entre otros, de un supermercado y un geriátrico en las cercanías del dolmen, a lo que se oponen los vecinos. Para ello, se ha conformado una mesa ciudadana integrada por 11 colectivos de ecologistas y asociaciones de localidades aledañas.
Aseguran que el dolmen "no es sólo lo que se ve", y que el túmulo, el conjunto, será dañado. El entorno arqueológico y paisajístico "está en peligro", asegura José Ignacio Artillo, uno de los activistas, "y el dolmen va a quedar ahogado entre las nuevas construcciones".
El economista Eduardo Apellániz, de Valencina en Acción, habla de "sospechosas irregularidades administrativas en la reducción del entorno de protección del dolmen", unos márgenes que se establecieron cuando el conjunto fue catalogado bien de interés cultural por la Junta de Andalucía en 2003. Según la mesa ciudadana, esta reducción es la que permite el desarrollo urbanístico sobre el túmulo y el yacimiento que ha planeado el Consistorio en el PGOU de la localidad.
"El dolmen está perfectamente", asegura Bernardo Bueno, delegado provincial de la Consejería de Cultura. Aunque, "si los espacios laterales estuvieran vacíos, estaría mejor". Bueno se refiere a una carretera que discurre por uno de los lados, y probablemente a las viviendas que se alzan en el otro. Pero el delegado no entiende la polémica que se está generando. Bueno asegura que las coordenadas que se barajan coinciden con las establecidas a la protección del dolmen, que se están poniendo "cautelas arqueológicas" y que "si ahí hay algo, no se construirá".
Desde enero se están realizando excavaciones para determinar la riqueza del lugar. Consiste en "poner en valor el dolmen", es decir, determinar qué hay bajo la tierra antes de elaborar un informe favorable o desfavorable a la Junta, la encargada de dar el visto bueno a los planes aprobados "inicialmente" en el PGOU. Además, Cultura explicó que el Ayuntamiento está prospectando todo el término municipal para completar la información que ya tiene.
"Sería extremo y negativo para el pueblo decir que aquí no se construye nada", matiza Bueno, "por eso, en teoría se puede construir, pero si se descubre algo, no se puede. Lo primero que pedimos al dar la autorización es un proyecto arqueológico y es previsible que en una zona como ésta haya restos". A pesar de estas "cautelas", las discrepancias continúan porque, según Artillo, los informes sobre si los restos son valiosos o no "los harán arqueólogos contratados por quienes quieren construir".
Las excavaciones quieren determinar si merece la pena conservar el dolmen o si, por el contrario, está muy destruido. Y el dolmen de Montelirio "es un monumento megalítico espectacular". Álvaro Fernández Flores, el director de la excavación, no oculta los tesoros bajo el montículo de tierra. "Está en un estado de conservación excepcional y no ha sido expoliado".
El dolmen está protegido, sólo falta que se decida si el entorno, donde hay "pequeñas tumbas", albergará el supermercado o no. Al arqueólogo, como a los vecinos, le gustaría que se respetase el conjunto para "que no se rompa la comprensión del túmulo". Ahora, "es la Consejería de Cultura quien tiene la potestad de protegerlo", dice.
Enterramientos milenarios
Los vecinos están convencidos de que el dolmen de Montelirio tiene que protegerse íntegramente. El monumento funerario forma parte del poblado y la necrópolis de Valencina de la Concepción (Sevilla), donde quedan los vestigios de quienes se asentaron en el terreno allá por el tercer milenio antes de Cristo.Estos yacimientos megalíticos son de los más importantes de Europa y se han descubierto tarde, a golpe de excavadora. "Cada vez que se excava por aquí, se encuentra algo", dicen los vecinos. Quienes removían la tierra para plantar sus viñedos se sorprendían ante la riqueza que hallaban del periodo de la edad de bronce. El dolmen de Montelirio, destapado en 1998, se unía a los hallados a finales del siglo XIX: La Pastora, Matarrubilla y Ontiveros."Todos se han descubierto de antiguo", explica Leonardo García Sanjuán, profesor de Prehistoria de la Universidad de Sevilla y especialista en megalitismo, quien explica que se trata de monumentos excepcionales, "la primera arquitectura monumental que hace el hombre". García Sanjuán alerta de los proyectos de urbanización del lugar ya que "se encajona brutalmente el dolmen por tres de sus cuatro partes".La delegación sevillana de la Consejería de Cultura juzgó en el mismo 1998 que no se daban las características para el estudio del dolmen de Montelirio. Y lo volvió a tapar. "Ahora, de pronto, casi 10 años después, todo es una urgencia, son consecuencias de un desarrollo urbanístico exacerbado", clama Leonardo García Sanjuán, que pide que no se rompa la relación paisajística con los otros dólmenes y que se amplíe el perímetro protegido del monumento para que, en suma, se actúe de forma "congruente" con los esfuerzos que hace la delegación por proteger otros monumentos megalíticos. "Estamos preocupados porque dista de lo que es deseable hacer; tiene que desarrollarse, sin prisas, un proyecto de investigación".Montelirio lo merece, según los arqueólogos. Álvaro Fernández Flores, que dirige los trabajos de excavación, resalta, como García Sanjuán, las pinturas del habitáculo, las paredes pintadas de rojo y el mismo pigmento sobre los cuerpos encontrados. "Con la técnica de hoy en día, vamos a poder explicar cómo vivían, de qué murieron y hasta qué portaban las bandejas que hemos encontrado", dice Fernández Flores.
* ELPAIS.com - Sevilla - 16/07/2007
Foto: Castilleja de Guzmán (Sevilla), dolmen de Montelirio /Pérez Cabo (ELPAIS.com)
Denuncian la construcción de 18.000 viviendas en el Balcón de Tajuña
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E.P./Madrid* : "La Asociación de Vecinos Morata de Tajuña y la Federación de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) han denunciado ante la Fiscalía de urbanismo y Medio Ambiente el convenio urbanístico para el desarrollo del Balcón del Tajuña por considerar que puede vulnerar la Ley del Suelo estatal y la normativa de la Comunidad de Madrid y "afecta a hábitat naturales de enorme riqueza medioambiental". Este desarrollo prevé un crecimiento en suelo rústico y protegido a más de dos kilómetros del casco urbano, de 18.000 viviendas, en un municipio que cuenta actualmente con 3.000 viviendas, de las cuales sólo 1.700 están ocupadas permanentemente.
Según la denuncia de los vecinos, entregada a los tres grupos políticos del municipio (PP, PSOE e IU), este convenio otorga al Balcón del Tajuña un coeficiente de edificabilidad idéntico al de los PAU madrileños de Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro o Carabanchel.
La FRAVM en un comunicado, el 9 de junio de 2004, que el Ayuntamiento de Morata de Tajuña aprobó inicialmente, por la vía de urgencia, el Convenio Urbanístico de Planeamiento para el desarrollo del Balcón de Morata de Tajuña, firmado con la sociedad Portobello Marbella S.L., una urgencia que la entonces alcaldesa, Concepción Loriente, justificó por la "propia dinámica que imponen los trabajos de redacción del Plan General".
El convenio, que contemplaba inicialmente 2.000 viviendas, fue finalmente aprobado el 5 de octubre de 2004 sin que el equipo municipal atendiera ninguna de las 130 alegaciones presentadas, un convenio que, según la denuncia, "contraviene los preceptos de la legislación urbanística y del suelo por cuanto desclasifica y recalifica suelo no urbanizable común y protegido y afecta una serie de hábitat naturales".
Asimismo, a su juicio, monetariza las cesiones obligatorias de aprovechamiento lucrativo que los propietarios mayoritarios de suelo se comprometen a ingresar en las arcas municipales. Un total de 15,6 millones de euros que la propiedad se compromete a entregar a las arcas municipales: el 10 por ciento a la aprobación inicial del Plan; otro 10 por ciento a la aprobación provisional y el 80 por ciento restante en el momento de la aprobación definitiva.
La FRAVM apunta que una adenda de diciembre de 2004 incrementa en un 243,75 por ciento el ámbito del convenio, de las 200 hectáreas iniciales a 487,5. Una segunda adenda, de abril de 2006, vuelve a incrementar el ámbito hasta las 592,6 hectáreas y vincula el Balcón de Tajuña al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Empresas Gestoras de Cooperativas y Proyectos Inmobiliarios (GECOPI) de 22 de diciembre de 2004, por el que Gecopi gestiona la oficina municipal de vivienda, cuyo cometido es el desarrollo de las 84 viviendas protegidas para residentes que lleven más de 10 años en Morata.
La Federación subraya además que el convenio del Balcón del Tajuña también está vinculado con la asesora urbanística del Ayuntamiento, la arquitecta Carmen Fernández de Castro que, según el documento de aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Morata de Tajuña, sometido a información pública en mayo de 2006, dirigió el equipo redactor en estrecha colaboración con el Equipo Multidisciplinar Plarquin Consultores S.L.
Esta empresa contaba en 2000 entre sus administradores al ex director general de Urbanismo y Planificación Regional Enrique Porto Rey, aunque revocó del cargo el 6 de febrero de 2004 a favor de Alejandro Arca Naviero, que aparece en la Memoria de la ordenación pormenorizada del sector SR-6 "Balcón de Tajuña como director del equipo redactor en estrecha colaboración con el equipo que dirige la arquitecta Carmen Fernández de Castro".
En octubre de 2006 Porto dimitió de cargo en el Ejecutivo autonómico por motivos personales "para defenderse con total libertad y proteger su honorabilidad", después de que diversas informaciones apuntaran a que presuntamente aprobó proyectos en los que había participado como urbanista privado antes de asumir el cargo y que cediera después sus contratos a una empresa -Plarquin- fundada por él en 2000 y propiedad de sus ex socios.
* Madridiario - 17 de Julio de 2007
Foto: Morata de Tajuña (Madrid) /madridiario.es
Derribo en pleno litoral gallego: Un albergue de quita y pon
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m.g.b./LaVozdeGalicia* : "Costas las caza al vuelo. El organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente no ha desaprovechado la oportunidad que le brindó el Concello de Viveiro de echar abajo un edificio situado en un enclave privilegiado, al borde mismo de la playa de Area, para recuperar el sistema dunar de esa zona, y el proyecto, en términos optimistas, podía ser realidad en el plazo de tres años. Sería el segundo caso de demolición de unas instalaciones dedicadas a la juventud en A Mariña, tras el derribo del complejo de Caixa Galicia en Barreiros. Se trata del albergue juvenil de Area, cuyo titular es la Xunta, y que lleva más de cuarenta años acogiendo a niños y jóvenes de toda España que aprenden a conocer mejor el mundo marino y la náutica.
Nació como casa de colonias vinculado a la Secretaría General del Movimiento; hoy depende de la Consellería de Vicepresidencia, y en ésta época está a pleno rendimiento, mientras que el resto del año duerme el sueño de los justos.
Costas ya ha sacado a concurso la redacción del proyecto por un valor que cifra en 147.702, 80 euros, que incluye no sólo la demolición del edificio existente, sino la construcción previa de nuevas instalaciones que suplan a las que se demuelan, como ayer mismo confirmaba el responsable de Costas en Lugo, José Miguel Estevan Dolls. Después, se recuperará todo el espacio dunar que hoy ocupa el inmueble y se ejecutará el paseo del borde litoral por la zona.
Dolls hablaba del proyecto alternativo: instalaciones deportivas y acuáticas hacia el mar, y fuera de la línea de protección de los cien metros, una edificación de planta baja, con bungalós estilo canadiense. «Más respetuosa y en consonancia con el entorno», señaló.
¿Y los terrenos?
Si bien Costas parece tener las cosas claras, falta todavía que el Concello o la Xunta aporten los terrenos en los que se construirá la edificación sustituta. Y aquí es donde la demolición tiene sus más y sus menos, y una vez más llega en clave política.
Mientras el alcalde, el socialista Melchor Roel señala que la «mejor respuesta que hay a la política de confusión que practica el PP, diciendo que no había nada, es la licitación de la redacción del proyecto, y ya es hora de que vayan pidiendo disculpas», desde las filas populares el senador César Aja, que acusó al socialista de «vender humo» sobre este tema, echaba mano ayer mismo de la última respuesta del Gobierno sobre el estado de la cuestión y preguntaba en voz alta «dónde están los terrenos y quién va a dar la licencia de obra, porque todo es zona de protección».
El alcalde viveirense sólo dice que «hay dos o tres alternativas en la zona de la playa», pero que serán los técnicos quienes tengan la última palabra.
Desde Vicepresidencia no se oponen tampoco al proyecto de demolición, siempre que, antes de demoler el viejo, se construya el nuevo y no se pierdan las 130 plazas que oferta.
El Gobierno central le responde a Aja también que no tiene constancia de que exista oposición al derribo, aunque hay algunos sectores que que no ven el proyecto con buenos ojos.
* La Voz de Galicia - 17 de Julio de 2007
Foto: X.Ramallal /lavozdegalicia.es
Ética de baja intensidad
JOSÉ MANUEL ATENCIA* : "Primero recibe una felicitación navideña de un empresario; luego le envían unas botellas de un buen vino, y después un jamón. Poco a poco le van introduciendo en un ambiente de lujo y de ágapes. Un ambiente en el que pueden verse involucradas otras fuerzas vivas de la sociedad, como notarios, jueces, fiscales y periodistas. Le invitan al palco del fútbol, a los toros o a hoteles en los que el empresario tiene intereses. El siguiente paso es que el responsable político ve la posibilidad de participar en el negocio. Una oportunidad, pues dentro de cuatro años quizá no esté ya en el poder".
Este párrafo lo he cogido de una de las pocas intervenciones públicas del juez Torres, en unas jornadas jurídicas en Bilbao.
El magistrado se refirió a estas prácticas como un modo de corrupción de baja intensidad, instalada en la sociedad como un hábito normal: el de los pequeños agasajos y las dádivas que ofrecen las empresas. Ni que decir tiene que el juez ya conocía el informe policial con el listado de personas a las que la principal inmobiliaria implicada en el caso Malaya, Aifos, remitió regalos e invitaciones, y que incluía alcaldes, concejales, técnicos municipales, jueces, notarios y empleados de banca.
Figurar en la lista no implica que los beneficiarios aceptaran los regalos. Es más, muchos de ellos los rechazaron y con su presencia en el listado se está cometiendo una irresponsabilidad. Pero también es evidente que otros muchos los aceptaron. Lo importante de la lista es que pone al descubierto un sistema de componendas que la sociedad ha decidido asumir como normal. Con esa misma normalidad con la que se le rechaza al dentista una factura con IVA, se retoca la declaración de la renta para conseguir plaza en el colegio para el niño o tantas tentaciones que se ofrecen a periodistas, médicos u otros colectivos. En esto, quién esté libre de pecado que tire el jamón, las botellas de vino o las invitaciones al cine o al teatro, en vez de la primera piedra.
Entre el caso de un político que recibe y acepta un jamón de una constructora con intereses en su municipio, por un lado, y el escándalo de un alcalde que duplica su fortuna junto a un empresario gracias a una recalificación amañada, por otro, podría parecer que hay una diferencia abismal. Pero si uno se fija bien, sólo se trata de una etapa distante en el camino de la corrupción. Hasta hace algún tiempo, lo primero se había banalizado e incluso normalizado, mientras lo segundo era censurable. Desde hace poco, lo segundo corre el riesgo de acabar de la misma forma. Los resultados de las pasadas elecciones demostraron una escasa exigencia ética de muchos ciudadanos hacia sus regidores, redoblando los votos hacia personas imputadas o bajo sospecha.
La justicia dedica enormes esfuerzos en investigar los actos de prevaricación de los cargos públicos corruptos, pero apenas profundiza en el cohecho. Prevaricar, o lo que es lo mismo, dictar resoluciones injustas a sabiendas, se suele hacer por intereses; en la mayoría de los casos económicos. La sentencia por prevaricación lleva a la inhabilitación, pero la investigación del cohecho te dirige al centro de la trama, ya que para que alguien reciba dinero tiene que existir otra persona que lo ofrezca.
El levantamiento parcial del sumario contra el alcalde y el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande desvela que la trama es más preocupante de lo que se presumía, pero el PP sigue manteniendo una actitud similar hacia estos dos imputados que militan en sus filas. Empezaron poniendo la mano en el fuego por ellos y van a terminar abrasados por la realidad. Desgraciadamente, también hay casos en los demás partidos. Y contadas excepciones, como la decisión del PSOE de forzar la dimisión del alcalde de Mijas tras ponerse un sueldo de 125.000 euros. No resulta alentador que, al igual que con la corrupción, los partidos políticos hayan aceptado que también existe una ética de baja intensidad.
* ELPAIS.com - Andalucía - 17/07/2007
Campaña de firmas "Hotel del Algarrobico: demolición ya"
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Amigos Parque Natural Cabo de Gata-Níjar* : "Este hotel ilegal es un atentado a un Parque Natural, a un Lugar de Interés Comunitario y a una Reserva de la Biosfera (entre otras protecciones). Se trata de un patrimonio de todos los españoles pero también de todos los europeos y de todos los habitantes de este planeta, y todos tienen la posibilidad de firmar... ¿Por qué una campaña de firmas? El Juzgado de Almería paralizó la obra en febrero de 2006 y el mismo Presidente de la Comunidad de Andalucía, Manuel Chaves, anunció junto a Fuensanta Coves (la Consejera de Medioambiente), que la Junta de Andalucía iba a ejercer su derecho de retracto (adquirir la finca), para después demoler el hotel. Muchos ciudadanos que siguieron el desarrollo del escándalo en la prensa hasta pensarán que está ya empezada la demolición. Pero de momento no hay nada de esto.
El hotel sigue en pie con sus 4 grúas instaladas, preparadas para retomar la construcción y finalizar la obra en cuanto se consiga una sentencia favorable. Y lo que es peor, asistimos a una confusión tremenda de las Administraciones que siembra dudas sobre sus verdaderas intenciones.
Así vemos a la Junta de Andalucía pidiendo en los tribunales, igual que el Ayuntamiento de Carboneras y la constructora Azata, que se reduzca el deslinde de 100m a 50m, salvando así la mayor parte del hotel!!!. Es más, ninguna de las Administraciones reconoce públicamente que el Hotel está construido en pleno espacio protegido por el PORN vigente del Parque Natural de Cabo de Gata, cuando los mapas lo evidencian.
Y mientras tanto pasan los meses, la estaciones, el primer año ya desde la paralización... El tema desaparece progresivamente de la prensa... Pero nosotros no nos olvidamos y queremos demostrar a las Administraciones que los ciudadanos tampoco.
¿Qué puedes hacer tú?
Te puedes bajar una hoja de firma (PDF), firmarla y colectar firmas entre tus amigos. Puedes reenvíar la hoja de firmas en PDF y la referencia de la campaña a tu lista de contactos.
Las hojas firmadas tienen que ser luego enviadas por correo postal a nuestro apartado de correos para que las recopilemos y mandemos a las Administraciones.
Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar
Apartado de correos nº 667, Almería, España
En la web encontrarás también todos los textos en francés, inglés y alemán.
Puedes bajarte el texto de presentación (PDF) y un artículo sobre la situación en el Algarrobico (PDF).
* Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar - 2 abril 2007
Foto: Hotel EL Algarrobico (Almería) /AP (cabodegata.net)
Artículo más detallado: "La situación en El Algarrobico"
La Fiscalía cántabra propone que fiscal esté en los pleitos sobre urbanismo
EFE* : "La Fiscalía de Cantabria ha planteado al Fiscal General del Estado la conveniencia de que el Ministerio Público esté presente con carácter general en los pleitos en los que se dilucida la legalidad de un planeamiento urbanístico, para poder intervenir a tiempo, antes de que los daños estén consumados. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha anulado en los últimos 15 años decenas de instrumentos urbanísticos y ha ordenado el derribo de casi 600 viviendas de una veintena de urbanizaciones de municipios de la costa como Piélagos, Argoños, Arnuero, Escalante o Miengo. Muchas de esas sentencias de derribo se dictaron años después de que el TSJC anulara los instrumentos municipales que daban cobertura a las licencias (planes generales de urbanismo, normas subsidiarias o planes parciales), por lo que el daño al medio ambiente y la incertidumbre que ahora padecen sus compradores podrían haberse evitado si, en su día, se hubieran dictado medidas cautelares cuando las obras no habían empezado o estaban recién iniciadas.
Pero como señala la fiscal jefe de Cantabria, Pilar Martín-Nájera, en la propuesta que ha remitido al Fiscal General del Estado, los recursos que pusieron de manifiesto las ilegalidades partieron de asociaciones ecologistas o vecinales sin capacidad para pagar la fianza que se requiere para una medida cautelar.
Martín-Nájera añade que, por ese motivo, 'es bastante infrecuente la solicitud de medidas cautelares', ya que las fianzas suelen ser proporcionales al presupuesto de la obra que se pretende detener y su cuantía sobrepasa la capacidad económica de cualquier asociación.
Es el caso de la asociación ecologista ARCA, que ha conseguido 20 sentencias de derribo contra más de 500 viviendas y ha logrado la nulidad de planes parciales que amparaban la construcción de otras 400 en el Alto del Cuco (Piélagos) y de 350 más dentro del Parque Natural de Oyambre, en San Vicente de la Barquera.
Esta asociación, que tiene un millar de socios, nunca ha podido afrontar el coste de una medida cautelar. Y los promotores de las urbanizaciones cuya ilegalidad demostraron o los ayuntamientos que dieron las licencias siempre han logrado a base de recursos ganar el tiempo suficiente para que las casas se construyeran y vendieran antes de que llegara la sentencia firme de derribo.
La fiscal jefe de Cantabria plantea que si el Ministerio Fiscal hubiera sido parte en esos pleitos, podría haber actuado en defensa de la legalidad y el interés público pidiendo medidas cautelares ante ilegalidades flagrantes o ya sancionadas por una sentencia, sin necesidad de prestar fianza, ya que la ley le exime de hacerlo.
Por eso, defiende que es necesario 'generalizar la intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos contencioso administrativos sobre impugnaciones de normas de planeamiento, al menos, cuando se trate de suelo rústico de especial protección o de zonas protegidas, a fin de solicitar la adopción de medidas cautelares cuando procediera y evitar así que el daño ya esté hecho cuando la resolución judicial deviene en firme'.
La nueva Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo ve elementos positivos en ella y la está tomando en consideración, según apuntó su titular, Antonio Vercher, durante su paso por los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
La fiscal jefe de Cantabria explicó a Efe que si la Fiscalía estuviera en los contenciosos sobre urbanismo, también podría actuar a tiempo en caso de observar algún indicio delictivo, sin correr el riesgo de que los hechos hayan prescrito cuando llegan a sus manos tras una larga tramitación y toda una cadena de recursos.
* Terra Actualidad - 14-07-2007
Defecaciones urbanísticas
El Roto /El País.
Viñeta : El Roto, 16 julio 07 /ELPAIS.com
El presidente de los arquitectos ve "insostenible" el modelo urbanístico
EL PAÍS/Valencia* : "El presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Carlos Hernández Pezzi, considera que el actual modelo urbanístico y de desarrollo territorial es "insostenible" al crecer por encima de los recursos básicos, las infraestructuras y los servicios, así como por su coste ambiental. Así lo asegura Hernández Pezzi en su artículo sobre el código técnico de edificación, la construcción sostenible y el cambio tecnológico que publica la revista Nexe, editada por la asociación cívica Tirant Lo Blanc, según recoge Efe.
En su nuevo número temático, dedicado al futuro del territorio y a los retos que se plantean ante los actuales modelos de crecimiento urbanístico, la revista recoge las opiniones de expertos como los catedráticos de Geografía Humana de la UV Joan Romero y Eugenio Burriel, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Alicante, Francisco Murcia, y el portavoz del PP en Les Corts y ex consejero de Territorio, Esteban González Pons.
Para Hernández Pezzi, España se encuentra a la cola de los "países ricos" en cuanto a protección medioambiental y no aprovecha las ventajas de una edificación responsable, que puede reducir hasta en un 87% la factura energética.
Burriel, secretario de Territorio en el PSPV-PSOE, asegura que el crecimiento urbanístico "es un medio, no el fin del urbanismo", mientras que Romero alerta de que hay propuestas urbanizadoras "insostenibles" que, no obstante, están "socialmente legitimadas por la mayoría". Según González Pons, el paisaje de la Comunitat es su "hecho diferencial" y, para su protección, propone una planificación y una ordenación del territorio de ámbito supramunicipal.
* ELPAIS.com - 12/07/2007
El TSJA paraliza el proyecto urbanístico del Ensanche Sur en Huelva
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R.Montenegro/HuelvaInformación* : "Nuevo varapalo judicial al Ensanche Sur, en este caso a su línea de flotación: el Plan Parcial, el documento que recoge todo aquello que se construirá en el Ensanche y que no podrá ejecutarse tal y como está redactado ahora, al menos por el momento. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una nueva sentencia contra el proyecto, en este caso anulando el acuerdo plenario gracias al que se pudo modificar el número de viviendas a construir, su tipología y la altura de los bloques que se edificarán en el Ensanche.
El dictamen se suma al que dejaba en suspenso la venta de los terrenos y significa que el proyecto no podrá seguir adelante con las 3.429 viviendas que contempla, por lo que a priori tendría que modificarse sustancialmente el Plan Parcial o intentar conseguir una resolución judicial que anule ésta.
Aunque también se podría desarrollar tal y como está, pero con la elaboración de un plan de sectorización que tendría que aprobar la Junta de Andalucía con su correspondiente plazo de tramitación.
Así se determina en la sentencia del TSJA, que considera que el Ayuntamiento “carece de competencia” para la modificación que llevó a cabo en el Programa de Actuación Urbanística número 1, el más conocido como Ensanche Sur, el nuevo gran barrio de Huelva en el que se incluyen viviendas, un centro comercial, un palacio de congresos, colegios, equipamientos deportivos y zonas verdes.
El hecho al que se refiere la sentencia se produjo en el año 2005, en el que el Ayuntamiento aprobó una modificación del PGOU para cambiar los parámetros residenciales del Ensanche Sur recogidos en dicho Plan General, aumentando finalmente el número de viviendas a construir. En el Plan del 99 se contemplaba para los terrenos del Ensanche Sur un número máximo de 2.880 viviendas de tipología plurifamiliar y 334 viviendas en unifamiliar, estableciéndose además una altura máxima de trece plantas para los bloques y dos para las casas. El Ayuntamiento tramitó un cambio en esas condiciones justificándolo en la necesidad de incluir VPO en el proyecto “para garantizar suelo suficiente destinado a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública” y para “dotar de libertad al planeamiento de desarrollo futuro para la definición de las alturas máximas de la edificación”.
Basándose en esta justificación, se cambiaron las determinaciones residenciales incluidas en el PGOU estableciendo que el número de viviendas y alturas máximas a construir se determinaría en el “correspondiente planeamiento de desarrollo”, es decir, que serían las marcadas en el Plan Parcial. Finalmente, en éste se contempla la construcción de un máximo 3.429 viviendas de tipología plurifamiliar y se establece que se podría introducir VPO pero mediante una nueva tramitación administrativa.
La modificación fue aprobada por el Pleno en 2005 e impugnada ante los tribunales por la Junta de Andalucía. Ahora el juez considera que el Ayuntamiento se ha arrogado “unas competencias que no le corresponden” al hacer esta modificación “porque se refiere a un cambio en un sector completo” para lo que sería necesaria la presentación del plan de sectorización ante la Comisión Provincial de Urbanismo, según se determina en el dictamen recogido por Europa Press.
La sentencia desmonta así el Plan Parcial del Ensanche Sur tal y como está planteado y aprobado. En principio se anula el acuerdo que hizo posible esa distribución residencial, pero también la de los espacios comerciales, dotaciones y espacios libres que se diseñaron en conjunto con el espacio residencial. El proyecto del Ensanche Sur tendría que adaptarse a los parámetros iniciales establecidos en el Plan General (2.880 pisos y 334 casas) o reiniciar su tramitación como un plan de sectorización, con el correspondiente retraso que ello conllevaría.
Desde el Ayuntamiento se retomaba ayer la habitual frase de respeto a las decisiones judiciales pero asegurando que este freno “no afecta a que el proyecto más beneficioso para la ciudad de Huelva en los próximos años siga adelante”. El concejal de Urbanismo, Francisco Moro, afirma que la sentencia “no será un obstáculo para seguir con el Ensanche, ya que afecta a 200 viviendas que se eliminarían”, aunque para ello tendría que modificarse o más bien redactarse de nuevo el Plan Parcial y realizar su tramitación, un proceso que conlleva un tiempo (en el caso del Plan actual, un año). También cabría la posibilidad de interponer un recurso frente a la decisión del Alto Tribunal, que conllevaría asimismo un tiempo de espera. En cualquier caso, Moro recuerda que en el Ensanche Sur hay varios implicados, como son los propietarios, con los que el Ayuntamiento tiene la intención de reunirse para comprobar los pasos que pueden darse en este asunto.
No obstante, el proyecto lleva prácticamente en stand by desde primeros de año, cuando una resolución judicial también del TSJA suspendía cautelarmente la venta de los terrenos municipales del Ensanche a una empresa. A raíz de esa sentencia, la Delegación de Obras Públicas se negó a inscribir la junta de compensación del Ensanche (el órgano en el que se incluyen todos los propietarios) en el registro de entidades urbanísticas colaboradoras, algo que impedía a la misma ejecutar las actuaciones necesarias para comenzar con la urbanización del proyecto.
La nueva sentencia, por tanto, supone un freno más para lo que el alcalde, Pedro Rodríguez, denominaba recientemente “la operación más importante del siglo” para la ciudad, con una inversión prevista según cifras empresariales de unos 750 millones de euros para hacer nacer otro gran barrio al borde de la Ría.
* Hueva Información - 15 de Julio de 2007
Foto: Huelva, Ensanche Sur /Efren (guiadehuelva)
17 detenidos en El Puerto por construir ilegalmente en cañadas
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E.M.Cañas/EuropaSur* : "La Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma ha detenido a 17 personas en El Puerto de Santa María por haber construido ilegalmente sus viviendas ocupando parte de una vía pecuaria. Están imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio en una operación policial que se ha desarrollado a lo largo de esta semana. Los detenidos ya se encuentran en libertad pero con cargos en una causa que está siendo instruida por el Juzgado número 3 de El Puerto. Tras declarar ante el juez, los 17 detenidos, todos propietarios de viviendas ilegales, están imputados en calidad de promotores de las obras. Desde la Policía Autonómica se informó ayer de que la operación no está cerrada.
Las detenciones han sido el resultado de la primera fase de una investigación que proseguirá en próximas semanas con el fin de localizar a todos los implicados con estas construcciones que han usurpado suelo público. El delito contra la ordenación del territorio, tipificado en el artículo 319 del Código Penal, establece que los responsables son, además de los promotores, los constructores y los técnicos directores que ejecuten unas obras no autorizadas en suelos que son bienes de dominio público (como son las vías pecuarias). Por ello, no se descartan que en próximos días haya nuevas detenciones de "promotores, constructores o arquitectos técnicos", según se indica en el comunicado remitido por la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.
Todos los detenidos tienen sus viviendas junto a dos de las cañadas más importantes del término municipal de El Puerto. Nueve tienen su parcela ocupando parte de la vía pecuaria de Villarana y ocho en la del Verdugo. Todas las viviendas forman parte de alguno de los numerosos diseminados ilegales que tiene el municipio. Los inmuebles investigados están actualmente en construcción o bien tienen menos de cuatro año de antigüedad. La prescripción del delito contra la ordenación del territorio está fijada en este periodo de tiempo.
En el Juzgado número 3 de El Puerto se instruyen dos denuncias sobre ocupación ilegal de cañadas La primera de ellas procede de la Delegación Provincial de Obras Públicas, que advirtió de la usurpación de parte de la caña del Verdugo por parte de parcelaciones y viviendas ilegales. La segunda es resultado de la macrodenuncia que en octubre del pasado año presentó el colectivo Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Cádiz. Fruto de ella, el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, emitió un decreto el pasado 16 de enero donde dividía la gran denuncia ecologista en siete causas y las remitía al juzgado portuense. Una de ellas se refería a la ocupación de las cañadas. En ella, el fiscal solicitaba no sólo una investigación por un posible delito contra la ordenación del territorio sino también la búsqueda de "los responsables municipales a fin de esclarecer las conductas delictivas que pudieran haber tenido lugar" ante una supuesta pasividad de acción.
Desde la Policía Autonómica se está investigando también la posibilidad de que haya certificados de obra falsos con el fin de simular la antigüedad de un inmueble. No sería la primera vez que este fenómeno se detectara en El Puerto como intento fraudulento para legalizar viviendas y que consiste en que un profesional del sector (generalmente un arquitecto técnico) declare ante Notario una antigüedad mayor del inmueble de la real. Incluso, se han detectado casos en los que la construcción apenas se asemejaba a lo descrito notarialmente. De hecho esto fue lo que provocó que en Chiclana hayan sido detenidas más de una veintena de personas en las últimas semanas al descubrirse certificaciones de viviendas ilegales falsas.
Tal y como establece la Ley Autonómica de Vías Pecuarias, las cañadas deben tener una anchura mínima de 75,22 metros. En algunos tramos de las cañadas del Verdugo y de Villarana la distancia no ha sido respetada por las parcelaciones. Por regla general, los propietarios alegan que la vía en cuestión no está deslindada, por lo que la ocupación ilegal se realiza sin conocimiento de que es suelo público. En este caso, en ninguna de las dos vías pecuarias se ha concluido el procedimiento administrativo de deslinde. Los imputados podrían hacer frente a penas que oscilarían entre lo seis meses y tres años de prisión así como a una multa de 12 a 24 meses, además de la inhabilitación especial para profesión u oficio entre seis meses y tres años.
* Europa Sur - 15 de Julio de 2007
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz) /juntadeandalucia.es
Clausurados 25 minipisos ilegales en Barcelona
S.Angulo.- La Vanguardia* : "Pisos ilegales en el distrito de Gràcia. La inspección de dos inmuebles ha sacado a la luz la nada desdeñable cifra de 25 minipisos sin cédula de habitabilidad. Nacen de la reconversión de antiguos locales y naves industriales en estudios y de los elevados precios de las viviendas. Se trata de una práctica que ha proliferado en los últimos años en las calles de Gràcia donde languidecen los locales comerciales. Por el momento, el distrito ha actuado contra catorce cubículos, en el número 325 de la calle Verdi, sobre los que pesa una orden de clausura y tiene previsto precintar otros once a principios de agosto, situados en el 22 de la calle Jaén. Ninguno dispone de cédula de habitabilidad, pero entre unos y otros hay un abismo.
En los de la calle Verdi los inquilinos malvivían en condiciones pésimas, mientras que los pisos de la calle Jaén, tamaño aparte, están en óptimas condiciones.
En el número 325 de la calle Verdi, al lado del Park Güell, los vecinos llevaban más de 15 años denunciando la actividad ilegal que se ejercía en el semisótano del inmueble. El pasado 29 de junio los inspectores del distrito clausuraron cuatro de los cubículos y se instó al propietario Luis Serra Batllés a restaurar los locales bajo amenaza de pagar una multa de entre 300 y 3.000 euros. El informe elaborado por el distrito explica que en 1991 se llevaron a cabo las obras de división para transformar un antiguo local comercial en estudiovivienda. En 1998, los vecinos del inmueble volvieron a denunciar la situación, mediante acta notarial y según reza en el informe del distrito, que hace referencia al uso como vivienda de los locales subarrendados.
Aun así, los propietarios continuaron con su actividad y dividieron los locales del semisótano primero, segundo y tercero en catorce minipisos donde se "realizaron las mínimas obras de acondicionamiento para ser destinadas a viviendas, de forma totalmente ilegal, sin licencia de obras, cambio de uso y ninguna posibilidad de legalización", dice el informe. El distrito efectuó el 15 de mayo de este año una inspección en la que se constató que "las condiciones de las viviendas eran infrahumanas", ya que se componían de un pequeño sanitario y en la mayor parte de los casos de un solo espacio y sin ventilación.
Por si fuera poco, los inspectores municipales detectaron que los cubículos no cumplían las medidas de seguridad relativas a las normativas de instalaciones de gas butano, ya que las cocinas no estaban ventiladas. Los inquilinos pagaban una media de 300 euros mensuales por unos pisos que no llegaban a los 30 metros cuadrados y donde la luz del sol no hacía acto de presencia. Según fuentes del distrito, se está trabajando en la reubicación de los inquilinos de los apartamentos y con la comunidad de vecinos para resolver la situación en la que se encuentra su finca.
De hecho, un portavoz del estudio jurídico Pérez Almansa, que defiende los intereses de la comunidad de propietarios del 325 de la calle Verdi, explicó a La Vanguardia que los vecinos habían acudido a la Generalitat y al Ayuntamiento para denunciar la situación en repetidas ocasiones. Hace tres meses contrataron los servicios de este despacho y se acordó en junta demandar al Ayuntamiento en caso de que no "pusiera remedio en un plazo razonable". Según el bufete, los responsables del Ayuntamiento hacen esfuerzos para poner fin a esta situación y, por eso, considera que no puede que no sea necesario llegar a los tribunales. Aún así, desde el despacho de abogados se reconoce que la "la comunidad de vecinos desconfía que la actuación administrativa sea rápida, eficaz y persistente".
Según fuentes del despacho, los inquilinos vivían en condiciones infrahumanas, ya que los cubículos son pequeños, están en un sótano sin luz ni ventilación y con muchas humedades. "En múltiples ocasiones los vecinos han podido constatar roedores e insectos". Los vecinos son conscientes que los inquilinos de los cubículos son las víctimas, pero también saben que hasta que no se clausuren continuarán sufriendo problemas de inseguridad por el camping gas que los ocupantes usan para cocinar.
La situación en la calle Jaén es bien distinta. Las condiciones de habitabilidad de los once apartamentos son buenas, aunque todos ellos sean ilegales. La mayoría de inquilinos han acondicionado el interior y han reparado y subsanado los problemas que han ido surgiendo. Llegaron allí hace dos años para instalarse en pisos desde los 30 metros cuadrados hasta los 50. Fincas Pelayo les facilitó el apartamento por el que pagan entre 300 y 600 euros mensuales -según el tamaño-, muy por debajo de los precios de la zona donde el alquiler medio está los 966 euros. Es una calle peatonal y los apartamentos están en una nave industrial que en la planta baja y el primer piso se han habilitado once apartamentos y siete locales comerciales que no disponen de permiso ni cédula de habitabilidad.
De hecho, el Ayuntamiento desconocía que la nave -que está afectada urbanísticamente- estaba ocupada hasta hace un año. Los inspectores detectaron que en el interior estaba habitado por una veintena de inquilinos. Todos poseen un contrato de alquiler y sabían que su vivienda no disponía de cédula de habitabilidad, pero el administrador les explicó que "se trataba de un mero trámite obtenerla". Hace unos quince días tuvieron la certeza de que las amenazas del distrito de precintar la nave iban en serio. Recibieron una carta en la que se les instaba a abandonar los apartamentos.
Mariano Ventura alquiló la vivienda hace dos años. Se la dieron "pelada". Él invirtió tiempo, esfuerzo y dinero en construir dos habitaciones más y habilitar la parte superior del loft para que su hermana Laura y una amiga pudieran vivir con él. Después de la inversión ha logrado un piso acogedor de dos plantas y con luz natural. "Pagamos 600 euros, pero vivo en un barrio que me gusta y será imposible encontrar nada por ese precio en Gràcia". Desde que se enteró de que los querían desalojar ha dejado de pagar el alquiler y se ha puesto a buscar piso. Una de sus vecinas explica que ellos ya sospechaban que no podía haber pisos dentro de una nave, pero los precios son tan caros que "miras para otro lado". En este sentido, explica que hay viviendas que disponen de cédula y están peores condiciones que sus apartamentos.
Por otro lado, el distrito del Eixample comenzó ayer los trabajos de derribo de un ático ilegal en la calle Girona después de que el TSJC dictaminara la ilegalidad de la construcción. Ayer por la mañana la Guardia Urbana inhabilitó el piso como vivienda y se inició el derribo. En 1998 se ordenó al propietario del piso que restituyese todos los elementos afectados por las obras y volviera a dejarlo sin el ático.
* La Vanguardia - 11/07/2007
Métodos para saquear una ciudad
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J.C./H.B./SUR* : "No eran improvisados. Los convenios presuntamente urdidos en las oficinas de Urbanismo que sirvieron para saquear el patrimonio de suelo público en Marbella y convertirlo en el escenario de escandalosos 'pelotazos' urbanísticos obedecían a un método diseñado meticulosamente y que la policía ha desenmarañado tras el análisis de la documentación intervenida en las sucesivas fases de la 'operación Malaya'. Los informes policiales contenidos en el sumario en relación con dos operaciones inmobiliarias han permitido a los investigadores determinar el modus operandi que supuestamente Roca y sus secuaces siguieron para enriquecerse a costa del patrimonio público de Marbella.
Según las conclusiones de los investigadores, existían dos caminos para convertir el suelo propiedad del Ayuntamiento en la materia prima imprescindible para el enriquecimiento rápido.
SISTEMA SIMPLE
Permuta con empresas municipales
Suelo a cambio de nada
El primero y más sencillo constaba de cuatro pasos
-El suelo propiedad del Ayuntamiento pasaba a formar parte del patrimonio de las empresas municipales. De ese modo se evitaba obligatoriedad de subasta pública, en claro fraude de ley
-Las empresas municipales contraían deudas con constructoras o promotoras, generalmente por obras supuestamente realizadas que bien no se realizaban o se valoraban escandalosamente al alza. Por el contrario, la tasación de los bienes municipales se realizaba a la baja. En muchos de los convenios firmados ni siquiera existe documentación sobre cómo se ha realizado la valoración.
-En función de estas supuestas deudas, se suscribían contratos para transmitir el suelo a las empresas acreedoras como daciones de pago directas o mediante convenios de permuta posteriores.
-La adjudicataria del suelo público construía directamente las viviendas sobre el suelo o lo cedía a otra empresa tras obtener la licencia de obras
El segundo sistema era más complejo, pero convergía en el mismo destino
RECALIFICACIÓN
Convenios con trampa
Supuesto interés público
-Dos sociedades se reúnen para firmar un acuerdo privado en el que se contempla que una de las partes está en trámite de adquisición de unos terrenos propiedad de un ente público o bien que existen derechos urbanísticos no susceptibles de apropiación privada que se van a adquirir.
-Se fijan condiciones de compraventa que contemplan la resolución negativa del contrato si no se produce la aprobación del convenio correspondiente, el cual casi siempre está supeditado a que el Ayuntamiento recalifique los terrenos o justifique la ausencia de interés patrimonial por parte del Consistorio.
-En los documentos privados se establecen unas condiciones diferentes a las que figuran posteriormente en las escrituras
-Con el fin de justificar estas operaciones, el Ayuntamiento emite informes que confirman el interés público en llevar adelante el convenio y por lo tanto la recalificación. El Área de Urbanismo se encarga del estudio del mismo.
-Una vez que el convenio ha sido aprobado por el pleno municipal, el alcalde eleva a público los acuerdos adoptados otorgando contrato de compraventa en el que se recogen las resoluciones adoptadas. En el pliego de condiciones se especifica que si la Junta de Andalucía no aprueba la modificación del PGOU o desde el Ayuntamiento no se realizan los trámites oportunos, se deberá indemnizar a la empresa.
-La adjudicataria del suelo público construye directamente las viviendas o cede los derechos.
* Diario SUR - 12.07.07
Foto: JOSELE-LANZA /SUR
