La Fiscalía cántabra propone que fiscal esté en los pleitos sobre urbanismo

EFE* : "La Fiscalía de Cantabria ha planteado al Fiscal General del Estado la conveniencia de que el Ministerio Público esté presente con carácter general en los pleitos en los que se dilucida la legalidad de un planeamiento urbanístico, para poder intervenir a tiempo, antes de que los daños estén consumados. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha anulado en los últimos 15 años decenas de instrumentos urbanísticos y ha ordenado el derribo de casi 600 viviendas de una veintena de urbanizaciones de municipios de la costa como Piélagos, Argoños, Arnuero, Escalante o Miengo. Muchas de esas sentencias de derribo se dictaron años después de que el TSJC anulara los instrumentos municipales que daban cobertura a las licencias (planes generales de urbanismo, normas subsidiarias o planes parciales), por lo que el daño al medio ambiente y la incertidumbre que ahora padecen sus compradores podrían haberse evitado si, en su día, se hubieran dictado medidas cautelares cuando las obras no habían empezado o estaban recién iniciadas.


Pero como señala la fiscal jefe de Cantabria, Pilar Martín-Nájera, en la propuesta que ha remitido al Fiscal General del Estado, los recursos que pusieron de manifiesto las ilegalidades partieron de asociaciones ecologistas o vecinales sin capacidad para pagar la fianza que se requiere para una medida cautelar.

Martín-Nájera añade que, por ese motivo, 'es bastante infrecuente la solicitud de medidas cautelares', ya que las fianzas suelen ser proporcionales al presupuesto de la obra que se pretende detener y su cuantía sobrepasa la capacidad económica de cualquier asociación.

Es el caso de la asociación ecologista ARCA, que ha conseguido 20 sentencias de derribo contra más de 500 viviendas y ha logrado la nulidad de planes parciales que amparaban la construcción de otras 400 en el Alto del Cuco (Piélagos) y de 350 más dentro del Parque Natural de Oyambre, en San Vicente de la Barquera.

Esta asociación, que tiene un millar de socios, nunca ha podido afrontar el coste de una medida cautelar. Y los promotores de las urbanizaciones cuya ilegalidad demostraron o los ayuntamientos que dieron las licencias siempre han logrado a base de recursos ganar el tiempo suficiente para que las casas se construyeran y vendieran antes de que llegara la sentencia firme de derribo.

La fiscal jefe de Cantabria plantea que si el Ministerio Fiscal hubiera sido parte en esos pleitos, podría haber actuado en defensa de la legalidad y el interés público pidiendo medidas cautelares ante ilegalidades flagrantes o ya sancionadas por una sentencia, sin necesidad de prestar fianza, ya que la ley le exime de hacerlo.

Por eso, defiende que es necesario 'generalizar la intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos contencioso administrativos sobre impugnaciones de normas de planeamiento, al menos, cuando se trate de suelo rústico de especial protección o de zonas protegidas, a fin de solicitar la adopción de medidas cautelares cuando procediera y evitar así que el daño ya esté hecho cuando la resolución judicial deviene en firme'.

La nueva Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo ve elementos positivos en ella y la está tomando en consideración, según apuntó su titular, Antonio Vercher, durante su paso por los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

La fiscal jefe de Cantabria explicó a Efe que si la Fiscalía estuviera en los contenciosos sobre urbanismo, también podría actuar a tiempo en caso de observar algún indicio delictivo, sin correr el riesgo de que los hechos hayan prescrito cuando llegan a sus manos tras una larga tramitación y toda una cadena de recursos.





* Terra Actualidad - 14-07-2007