Los jueces de Alicante del 'caso Brugal' siguen sin recibir todas las diligencias

LAVERDAD* : Meses después, medio año en algún caso, de que se declarasen competentes sobre las investigaciones que les tocaron por reparto, los jueces de Alicante que investigan causas derivadas de la 'Operación Brugal' siguen sin recibir la documentación completa por parte de su homólogo de Orihuela Carlos San Martín. Según fuentes judiciales consultadas por este diario, esa circunstancia está provocando que no hayan podido practicar demasiadas diligencias. El único magistrado que ha iniciado las pesquisas es Gordiano Casas, titular del Juzgado de Instrucción 1. Ya ha tomado declaración como imputada a una funcionaria de la Agencia Estatal Tributaria (AET) acusada de un delito de revelación de secretos por filtrar supuestamente al empresario Ángel Fenoll a través de un intermediario que era objeto de una inspección.

Mientras tanto, Manrique Tejada, instructor de la causa más voluminosa e importante de cuantas han sido derivadas a la capital de la provincia, la que afecta al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, no dispone todavía de las transcripciones de las escuchas telefónicas practicadas por la Policía. Ha recibido los CD con esas conversaciones, pero no su traslado al papel.
Los principales implicados en estas diligencias son el constructor Enrique Ortiz, la ex concejal de Urbanismo Sonia Castedo, actual alcaldesa, y su predecesor, Luis Díaz Alperi.
El juez Tejada comisionó a la Policía para que reclamara las facturas de un viaje en jet privado a Creta que, según la Fiscalía Anticorrupción, pudo pagar Ortiz al ahora diputado autonómico.
Mientras espera el resultado de esa indagación, proliferan los movimientos de colectivos y ciudadanos para tratar de personarse en la causa. EU ya lo hizo por el cauce oficial y aguarda una respuesta. Por su parte, José Luis Valdés, dirigente de Vecinos por Alicante (VA), ha acudido a la Fiscalía con una denuncia basada en informaciones de prensa, según explican las fuentes judiciales antes mencionadas. Valdés fue uno de los personajes más activos en la acusación contra Díaz Alperi en el marco del 'caso Mercalicante' y el 'caso aparcamientos'.
Otra de las investigaciones que continúa paralizada por la falta de documentación es la de la Fundación Hércules. El fiscal anticorrupción, Felipe Briones, sostiene que dirigentes de esta entidad presionaron a empresarios para que les financiaran a cambio de obras públicas adjudicadas por la Diputación de Alicante.
Esa rama del 'caso Brugal' está en el Juzgado de Instrucción 4 y tiene entre sus principales protagonistas al diputado provincial y director gerente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Mazón.



* La Verdad - 9.01.11
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn

1 comentarios :

Fallera menor dijo...

Esto se dejará dormir como con Fabra. La implicación por acción u omisión de los jueces en la Comunidad Valenciana al apartar y demorar expedientes de corrupción politica es evidente. Lo mismo que su lucha con los fiscales que pretenden reducir los plazos de las sentencias.
Esto tenemos en esta tierra levantina atrasada y con una justicia urbanística por los suelos.