Quién vigila al vigilante

HÉCTOR BARBOTTA/Marbella* : El oscuro episodio en el que se vio inmerso un grupo de investigadores privados de la Costa del Sol después de realizar para un cliente un informe sobre el entorno societario de Juan Antonio Roca es la mejor muestra de que lo sucedido en Marbella no se agota en el juicio del 'caso Malaya'. La denuncia estremece. Tras conocerse en altas instancias del Estado que los detectives habían reunido en el ejercicio de su actividad datos sobre el entonces todopoderoso asesor de urbanismo, los autores del informe fueron detenidos, interrogados acerca de la información con la que contaban, sus viviendas y oficinas minuciosamente registradas y finalmente acusados de gravísimos delitos en causas que, una vez pasada la tormenta, fueron sobreseídas. Incluso se pincharon teléfonos de personas que nada tenían que ver con sus actividades ante la sospecha de que también pudieran tener información.

Todo sucedió una semana antes de que se desencadenara la 'operación Malaya' y los afectados, que han denunciado los hechos ante la justicia, apuntan al comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, como la persona que podría haber estado detrás de este suceso.
¿Quién vigila al vigilante? Esa es la pregunta que surge apenas se conocen los datos de este inquietante episodio, y es la misma que las defensas en el juicio del 'caso Malaya' parecen interesadas en que sobrevuele sobre toda la causa.
Pero si en el primer caso el interrogante podría servir para avanzar en terminar de atar los cabos sueltos que aún perviven casi cinco años después de iniciarse la investigación, en el segundo la intencionalidad se dirige en el sentido contrario: que 'Malaya' no acabe siendo más que una maraña de cabos sueltos con mucho ruido mediático y pocas o ninguna condena.
Para ello, desde el comienzo del juicio los abogados no han hecho más que atacar la instrucción, y a medida que han avanzado las jornadas las acusaciones contra el juez instructor y contra los policías que dirigieron la operación han ido subiendo de tono. No ha faltado nada: la acusación de haber presionado a los detenidos -la palabra tortura se escuchó varias veces en el tribunal-, la insinuación de que se alteraron pruebas, la utilización del término 'fascistoide' para referirse a la instrucción y el argumento repetido una vez, y otra, y otra, de que las declaraciones de los concejales cuando admitieron ante el juez haber cobrado de Roca fueron obtenidas bajo presión. De momento sólo se han lanzado acusaciones sin aportar pruebas. Lo mismo de lo que acusan al juez y a la policía, pero eso sí, en este caso en el ejercicio de la defensa.
No es un derecho que pueda ser cuestionado, aunque en su ejercicio se concluya que la 'operación Malaya' no fue más que un gran montaje, que no hubo grabaciones en las que se comprobó que se amañaban los concursos públicos, que no se encontraron sobres con fajos de 500 euros en las viviendas de los concejales, que las fincas, los yates y las jirafas disecadas eran producto del ahorro de toda una vida, que la Policía Local cumplía con prontitud las órdenes de paralizar obras ilegales y que el Ayuntamiento de Marbella era un bálsamo de legalidad, un modelo de gestión, un ejemplo de servicio al ciudadano hasta que unos impostores con uniforme azul irrumpieron en los despachos y comenzaron a detener concejales.
Cuesta entender en qué condiciones un detenido pudo haber creído que si confesaba un delito que no había cometido iba a correr mejor suerte que proclamando su inocencia. Es un argumento difícil de creer, y aunque en ningún caso debe cuestionarse que los acusados se defiendan como crean conveniente, no está de más recordar que así como estos tienen derecho a la presunción de inocencia, también al juez instructor, al fiscal y a los policías que investigaron el 'caso Malaya' les asiste el derecho a que no se les llame torturadores.




* SUR - Opinión - 24.10.10