La guerra contra la corrupción

PABLO SIMÓN COSANO* : Día tras día, los casos de corrupción se suceden en los medios de comunicación. Si somos benévolos y sólo miramos a los últimos años, Seseña, Fabra, Palau o Gürtel son ya palabras parte de nuestro imaginario colectivo. Cuando se comenta la situación, para la mayoría de los ciudadanos esto tiene una fácil explicación: «Todos los políticos iguales: son unos chorizos». Creo que conviene empezar por desmontar este mito: España es un país que tiene predilección histórica por la corrupción. en todos los ámbitos. Usar la wi-fi del vecino, fumar un cigarro en horas laborales, trabajar en negro o sin contrato, una falsa baja laboral, evadir impuestos o hacer un trabajo mal a sabiendas son ejemplos claros de corrupción. Una corrupción que no es política pero que en otros lugares, a diferencia de aquí, no se tolera. O es sancionada duramente por la ley sin hacer la vista gorda, o la propia sociedad las rechaza, que ni ve con indulgencia ni jalea tales prácticas. Por lo tanto hay que afrontar la verdad: los políticos son una extracción de nuestra sociedad y son representativos de ella. Con sus virtudes y sus defectos.

Ahora bien, dicho esto: ¿Cómo atacar la lacra de la corrupción política? ¿Se puede atajar este cáncer endémico? Por supuesto no hay ni varitas mágicas ni mucho menos leyes mágicas pero si se pulsan varias teclas a la vez se podrá, al menos, empujar en la dirección correcta.
Para tratar el tema, atacaré tres frentes diferentes pero relacionados: el ámbito local, el judicial y el político. Como es conocido, la mayoría de casos de corrupción se vinculan con las competencias de urbanismo y el ámbito local. La discrecionalidad de la administración en la adjudicación de contratos estudios, etc., genera redes de amiguismo claramente clientelar y suele facilitar que el cargo público pueda ser corrompido por otros con ánimo de lucrarse a costa de la administración, ya paguen a la cuenta del partido o a la del concejal de turno. Para atajar este problema se deberían tomar diferentes medidas. Por un lado, se debería dotar de una financiación justa a los municipios que los haga menos dependientes del urbanismo, que además debería racionalizarse incorporando a la administración autonómica, controlando mejor los ingresos del patrimonio municipal del suelo o dando mayores atribuciones a los plenos. Además, se debería reformar la Ley Electoral para aumentar las incompatibilidades de los concejales y alcalde, limitando los mandatos de este último y la propia Ley de Bases del Régimen Local debería restringir los supuestos de contratación directa de obras y servicios, el abuso del concurso frente a la oposición libre y la contratación de personal de confianza.
En el ámbito judicial también hay diferentes medidas a aplicar. Hace falta dotar de más medios a la fiscalía anti-corrupción para aumentar la eficiencia de unos funcionarios sobrecargados. Más aún, podrían crearse juzgados especializados en este tipo de delitos, lo que agilizaría su trabajo y podría servir como garantía de una mayor independencia. Además es imperativo que, ahondando en lo que recientemente se aprobó en el Congreso, se endurezcan las penas por corrupción. Algunas propuestas pueden ir desde aplicar la Ley Anti-terrorista a los corruptos con cumplimiento íntegro de condenas hasta la incautación vitalicia de bienes inmuebles y financieros hasta la devolución de la cantidad desfalcada. Sólo por poner un ejemplo de lo ridículo del actual sistema penal: ¿Sabía que a un concejal de urbanismo que concede una licencia urbanística ilícita, lucrando arbitrariamente a una constructora amiga y arruinando el urbanismo municipal, se le castiga tan sólo con la inhabilitación y una multa?
Por último, hay que centrarse en el procedimiento político ante sus dos actores principales: partidos y ciudadanos. Se debe incentivar unos partidos políticos con democracia interna, porosos con la sociedad civil y que favorezcan la transparencia. Cuanto más opacos sean, más probable es que aniden corruptos en sus filas. La ley electoral debería garantizar procesos de primarias e, incluso, podría debatirse desbloquear las listas. La Ley de Financiación de Partidos debe garantizar mayor transparencia en las donaciones privadas y mayores atribuciones al Tribunal de Cuentas. Y por último, el frente crucial: la propia ciudadanía. Cuanto más intransigente sea la ciudadanía con la corrupción, más se informe sobre política y se implique en los asuntos públicos, más probable será que sancione a los partidos que lleven corruptos en sus listas. De hecho, se trata del primer lugar donde hay que ganar la batalla, en nuestra propia manera de entender la política y lo público. Si tenemos la voluntad podemos cambiar las cosas. Si no, seguiremos teniendo lo que nos merecemos: una perenne corrupción de la que todos, por acción o por omisión, seguiremos siendo cómplices.


* PABLO SIMÓN COSANO | PROFESOR ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA


* La Rioja - 15.08.10