En los dos últimos años 88 obras ilegales se derribaron en Galicia

ELCORREOGALLEGO* : La sentencia que determina el derribo en A Coruña del edificio Conde de Fenosa por haber sido rehabilitado mediante una licencia que no se ajustaba a la legalidad vigente en el año de su otorgamiento, no es algo aislado. Las Torres Ifer de Vigo, que penden de un hilo, o el complejo de Ponte Sarela de Santiago, al que le queda un mes de existencia, son otros ejemplos actuales.

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), que depende de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras ejecutó 51 demoliciones en 2008 y otras 37 en el año 2009 en diversos municipios de las cuatro provincias. En la actualidad, tiene incoados la tramitación de 2.439 expedientes informativos (216 corresponden a órdenes de demolición, y 30 de ellas se encuentran a punto de cumplirse).

En el informe de la APLU se señala que antes de 2008, cuando comenzó su trabajo esta entidad, la Administración autonómica tan sólo había ejecutado un derribo en cerca de tres décadas de competencias de urbanismo transferidas a la Xunta. El dato es significativo de la desidia que en ese tiempo tuvieron los responsables políticos.

Sólo en 2008, la APLU impuso multas por 1.442.665 euros, y las de 2009 alcanzaron los 6.893.194 euros. A 31 de diciembre del pasado año, había concluido 887 expedientes informativos y tenía abiertos otros 1.552. En su suma, son 2.439 edificaciones presuntamente ilegales que, tras su puesta a disposición de los órganos de lo contencioso administrativo, y dependiendo de los recursos y de los intentos de legalizaciones de dichas obras, pueden acabar en una orden de derribo o una fuerte sanción.

Es la herencia de una dejadez de décadas. Hoy en día sólo 42 de los 315 concellos de Galicia (el 13%) tienen su Plan Xeral de Ordenación Municipal adaptado a la vigente Lei do Solo de 2002. Cuentan con algún tipo de planeamiento 196, y no lo tienen 77. La APLU vino a poner orden en el territorio. En 2009, logró paralizar 92 obras en construcción. Por el momento, sólo 46 ayuntamientos están adheridos a ella.

Los tribunales confirman el 99% de órdenes

El procedimiento de investigación, instrucción y determinación de sanción de la APLU se fundamenta en la elaboración de un plan anual de trabajo que aprueba su comité ejecutivo, según explican fuentes de la Consellería.

A partir de las denuncias de particulares, Policía Autonómica, el Seprona o las solicitudes de los concellos, se inicia la fase de investigación para determinar hechos que puedan ser constitutivos de infracción urbanística. Los subinspectores provinciales son los que realizan la instrucción, que remiten a los servicios centrales para que decidan la vía para la reposición de la legalidad.

Siguiendo estrictamente el procedimiento establecido en la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural (Louga), los servicios de inspección urbanística se encargan de la instrucción de cada expediente, con un inspector al frente, que propone la resolución, a través del jefe de servicio correspondiente, a la directora de la Axencia.

Las obras, pueden ser l­egalizables o no. En el primer caso se concede un plazo. En el segundo, se ordena la reposición al estado anterior o la demolición, que puede ser voluntaria o, si es preciso, realizada por la APLU.

El incumplimento de una orden de demolición conlleva la imposición de multas coercitivas previo apercibimento. Las sanciones, graduadas en función del tipo de infracción urbanística, están tipificadas tanto en la Louga como en la Lei de Costas.

Hasta el momento actual, los tribunales de justicia han confirmado el 99% de las órdenes de demolición y las sanciones impuestas por la Axencia de Protección .





* El Correo Gallego - 11.04.10
Foto: Un momento del derribo de un chalé ilegal el pasado 1 de diciembre en el municipio de A Guarda - elcorreogallego.es