El Grupo de Estudios de Política Criminal constata el 'fracaso' de los controles para evitar la corrupción urbanística

SIGLOXXI/EP* : El Grupo de Estudios de Política Criminal, asociación que trata de ofrecer a la sociedad una alternativa progresista en materia de política criminal, advierte del "fracaso" de los controles administrativo y penal en la lucha contra la corrupción urbanística y otras conductas delictivas relacionadas con esta actividad.

La asociación, formada por cerca de 200 jueces, fiscales, catedráticos y profesores de derecho penal, aprobó el pasado fin de semana un documento en el que concluye que las administraciones estatal, autonómica y local y la propia jurisdicción contenciosa-administrativa "han sido incapaces de frenar un proceso, cuando no lo han favorecido, donde frecuentemente los intereses privados y partidistas han prevalecido frente a los de la colectividad".

Según este grupo de expertos, la jurisdicción contencioso-administrativa debería prestar una atención especial a la ejecución de sus sentencias e imprimir una mayor celeridad a sus actuaciones en el ámbito urbanístico.

En cuanto al control penal, cuya finalidad es la de proteger bienes jurídicos especialmente importantes para la sociedad, entiende el documento que los delitos contra la ordenación del territorio deben castigarse con sanciones realmente efectivas para disuadir a los responsables del delito de la comisión de nuevas infracciones.

PRISIÓN EN LUGAR DE MULTAS
Para ello, rechaza que los culpables con un alto nivel socioeconómico sean obligados a pagar multas de cuantía limitada como las previstas por el sistema de días-multa, prescindiendo de las penas de prisión, o que, si se fijan éstas, tengan una escasa duración.

En los lugares donde se hayan realizado construcciones ilegales es fundamental que se acuerde la demolición como regla general, al considerar esta medida es "esencial" para demostrar que "la comisión de estos hechos no merece la pena". Asimismo, considera "inaplazable" que el Código Penal afronte la responsabilidad de las personas jurídicas.

En relación con la aprobación de la Ley del Suelo, el Grupo pide a la administración estatal una mayor implicación en la tutela del medio ambiente, del dominio marítimo-terrestre y de la disponibilidad de los recursos hídricos. A las administraciones autonómicas les reclama límites más estrictos sobre reclasificaciones y recalificaciones y un mayor control de aquellos planes urbanísticos basados en datos especulativos y que no se corresponden con crecimiento reales de población.






* Siglo XXI - 04 de diciembre de 2007
Viñeta: Jobi - especula en acción