De nuevo el barrio burgalés del Gamonal al ataque. Harto ya de las mentiras y promesas del alcalde incumplidas y con la justicia y los medios al servicio del cacique 'popular' Méndez Pozo, han vuelto a la calle a reivindicar sus derechos ciudadanos vilmente pisoteados por la mafia local. Buscan frenar una obra de 5,6 millones de euros que consideran innecesaria y que el Ayuntamiento del PP ha adjudicado al constructor Méndez Pozo, 'El Jefe de Burgos'. Se merecen un sonoro aplauso por su lucha continua por el bien común de la ciudad.
"PÚBLICO* : Burgos revive estos días la chispa de las protestas de Gamonal, que en enero de este año obligaron al Ayuntamiento del Partido Popular a tirar la toalla, renunciando a desarrollar una serie de obras que los vecinos consideraban innecesarias.
El contexto es parecido, la cifra de gasto es similar, y los actores son prácticamente los mismos: el Ayuntamiento de Javier Lacalle, el constructor Méndez Pozo, y los vecinos de un barrio obrero que en este caso han intentado atraer a otros habitantes de Burgos, para intentar parar una obra de 5,6 millones de euros en una plaza de toros que se usa unos pocos días al año, y cuya situación actual describen como "ruinosa".
Todo, en la misma ciudad en la que el pasado año cerró al menos una guardería pública, y en la que los burgaleses denuncian con insistencia el "caciquismo" del constructor Antonio Miguel Méndez Pozo : magnate de la comunicación y dueño del grupo Promecal, constructor, y en otra época cercano a altos cargos de PP y PSOE -de José María Aznar a José Bono- que en los años 90 fue condenado a siete años de cárcel por falsificación de documentos, aunque sólo estuvo 9 meses en prisión. "Hay más miedo a criticar a Méndez Pozo que al rey de España", aseguraban en enero los vecinos de Gamonal a este diario.
Méndez Pozo, también conocido como el Jefe de Burgos, se ha hecho con la adjudicación de la obra -en una UTE entre su constructora, Río Vena, y la empresa pública Sacyr-, aunque ni siquiera presentó la oferta más barata para remodelar la Plaza de Toros El Plantío: "Una cubierta para un recinto que sólo se usa unos días al año, y en el que ya en los 90 empezó a detectarse aluminosis", asegura a Público Manuel Alonso, la cara más visible de las protestas de Gamonal del pasado mes de enero.
Junto a otros vecinos de la asamblea del barrio Burgalés, Alonso ha promovido la constitución de la Asamblea Contra la Especulación, que aglutina a vecinos de otros barrios de la ciudad, y que critica la decisión del Ayuntamiento del PP de remodelar una plaza "que ha habido que reforzar con estructuras de hierro en varias ocasiones". "Ahora quieren hacer una cubierta que la tape, que la proteja, pero no se puede gastar ese dinero para usarla seis días al año", apunta.
El Consistorio de Lacalle asegura que después de esta actuación podrán darle más usos al recinto, pero Alonso rechaza este argumento, insistiendo en que sólo se usa durante las épocas en las que se celebran corridas de toros, en las fiestas, precisamente cuando acuden artistas a la ciudad burgalesa. "Cuando vienen cantantes a las fiestas, no se va a sacar a los toros para meterlos a ellos en la plaza", razona. En relación al coste de la remodelación, Alonso asegura también que será mayor de lo presupuestado, ya que "a medida que trabajan van encontrando más deficiencias".
Para frenar la obra, este lunes se concentrarán a partir de las siete de la mañana en la plaza: "Nos pondremos debajo de las máquinas", apunta, insistiendo en que no tienen nada en contra de los trabajadores, pero no están dispuestos a permitir que la obra se lleve a cabo. Así, volverán a aplicar la fórmula que en enero les permitió ganar su pulso con el Ayuntamiento, y evitar una actuación urbanística que rechazaron desde el principio.
La Asamblea lleva desde septiembre criticando esta decisión del Ayuntamiento, que ha vuelto a levantar ampollas al adjudicar la obra al "cacique de aquí". Alonso insiste en que un consistorio con "casi 160 millones de euros de deuda", no puede permitirse una obra "totalmente innecesaria", en una ciudad con una alta tasa de parados, y con "miles de personas con necesidades".
Cinco detenidos y seis policías heridos el sábado
Durante la tercera jornada de protestas de esta semana, la noche del sábado al domingo, cinco personas fueron detenidas, y seis policías nacionales resultaron heridos, según la Delegación del Gobierno de Burgos.
Una vez más, la versión de Alonso difiere bastante a la de las fuentes oficiales. El portavoz de la Asamblea contra la Especulación asegura que la Policía Nacional cargó contra los manifestantes a su llegada a las inmediaciones del domicilio del alcalde, Javier Lacalle, cuya vivienda construyó precisamente la constructora del Jefe de Burgos.
Alonso defiende que sólo uno de los manifestantes "intentó empujar a los policías", después de que estos le propinaran varios golpes, y asegura desconocer el motivo por el que detuvieron a los otros cuatro. Dos de los detenidos eran menores de edad, y fueron puestos en libertad el sábado, mientras que los otros tres fueron llevados ante la juez de guardia este domingo, para después ser puestos en libertad con cargos.
Esta jornada de protestas se saldó con la quema de varios contenedores, y con la rotura de lunas de entidades bancarias, como reconoce Alonso. No obstante, insiste en que el carácter general de las protestas es pacífico, y para preservarlo han decidido no convocar acciones este domingo. Seguirán escribiendo la hoja de ruta de sus reivindicaciones el lunes, en caso de no lograr su objetivo de parar las obras.
* Público - ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL - 10.11.14
Foto: Plaza Toros Burgos - publico
Prende la chispa de Gamonal y los vecinos de Burgos se lanzan a parar las obras de la plaza de toros
España hundida en un mar de corrupción y saqueo
El agua del vaso ha llegado hasta el borde y se ha desbordado por todas partes. La corrupción, se sigue viendo hoy en día, ha llegado al límite, todas las administraciones e instituciones de este Estado llamado democrático se han visto afectadas. Lo que ahora se denomina la Casta, es decir el poder 'político financiero judicial mediático', ha hecho saltar por los aires toda discreción y el grado de impunidad es escandaloso. Desde luego, según todos los índices, este país ha batido dentro del mundo occidental todos los récords de delincuencia de cuello blanco. Al menos hasta las próximas elecciones seguiremos asistiendo a esta degradación moral y ética de una casta deshumanizada.
"ARTURO BORRA*: El escándalo moral ante el estallido de denuncias de corrupción en España no deja de tener una dimensión hipócrita: nadie puede alegar de forma legítima desconocimiento al respecto. Lo que la derecha llama “milagro económico” español no ha sido otra cosa que la materialización de un crecimiento macroeconómico desigual estructurado sobre la base de prácticas corruptas en las que han participado gobiernos, grandes empresas, la banca privada y algún que otro invitado de honor, como es el caso de algunos líderes de los sindicatos mayoritarios. Nada de ello habría sido posible sin la complicidad objetiva (o, si se prefiere, la pasividad cómplice) de las mayorías sociales.
A nivel nacional, el saqueo sistemático a las cajas de ahorros, la organización fraudulenta de macroeventos deportivos, artísticos o religiosos, las contrataciones y adjudicaciones públicas a comisión a empresas privadas, el rescate estatal a la banca privada, los procesos de privatización acelerada de diversos organismos públicos o la estatización de deuda privada, entre otros asuntos, marcan las últimas décadas. Los escándalos actuales de corrupción (desde las tarjetas opacas en manos de políticos, banqueros y sindicales hasta las salpicaduras que afectan a la abrumadora mayoría de la cúpula del partido de gobierno, por no referirnos a la ingeniería de usurpación de algunos clanes familiares) no constituyen ninguna novedad: la condición de acceso al sistema político vigente implica, como regla, la aceptación de un régimen de prebendas. Nunca insistimos demasiado al remarcar que la globalización económica es también la globalización de la impunidad de las grandes corporaciones (favorecidas por la infrarregulación de los mercados) y la reconfiguración del sistema como capitalismo del saqueo.
En este sentido, la cleptocracia está institucionalizada y desborda la esfera estatal: no constituye una “perversión” con respecto a una pauta de rectitud diferente, sino que es el modo regular de funcionamiento de la economía-mundo y, en grados variables, según los controles públicos desplegados, de las democracias parlamentarias actuales (1). La ecuación de la gobernabilidad está ligada a la regulación de estas prácticas corruptas, no a su extirpación. El enriquecimiento ilícito de las autoridades dirigenciales es condición de gestión de políticas públicas antipopulares que tienen como beneficiarios inequívocos a las elites económico-financieras que las impulsan a base de mecanismos como el soborno, las puertas giratorias, los préstamos blandos, las dádivas y, en general, la instauración de un sistema ilegítimo de privilegios. Aunque no hay un límite fijo a estas prácticas sistémicas, su expansión ilimitada siempre corre el riesgo de provocar una «crisis de legitimidad».
Es desde ese transfondo político como podemos interpretar de forma plausible el actual giro jurídico-mediático ante la corrupción estructural que afecta a España. En efecto, lo que resulta novedoso en el presente no es la existencia de estas prácticas delictivas, sino la proliferación de actuaciones judiciales y denuncias mediáticas en torno a ellas. Aunque no hay motivos para la euforia, desde las revueltas pacíficas del 15-M, el estado de ánimo colectivo ha cambiando de forma acelerada: ante el ensanchamiento de la desigualdad socioeconómica y el deterioro de las condiciones de vida de amplias franjas sociales, la corrupción organizada de las élites económicas, financieras y gubernamentales es objeto de un repudio social generalizado. Lo que antaño se consentía de forma tácita, aparece hoy como algo inadmisible, aun cuando el grado de movilización social siga siendo menor al que cabría prever en circunstancias semejantes. El ascenso electoral de Podemos no es sino la encarnación de ese estado de ánimo que enlaza la indignación colectiva con la voluntad de un cambio político relevante.
Así, la hipótesis de lectura más plausible para dar cuenta de este giro jurídico-mediático podría plantearse a partir de lo que en ajedrez se denomina tour de force, esto es, un movimiento forzado producto de la deslegitimación creciente de esas instituciones y la intensificación de las luchas en su interior. Incluso si sigue siendo pertinente preguntarse por otros factores que pudieran estar incidiendo en este giro, la creciente crisis de legitimidad podría estar provocando fisuras significativas en las alianzas de las clases dominantes. Las actuaciones judiciales contra la corrupción pueden interpretarse como un intento de revertir el descrédito del que es objeto el sistema judicial en su conjunto. En particular, constituyen indicios del debilitamiento de una mayoría judicial conservadora, desacreditada tras el castigo ejemplarizante a jueces emblemáticos en la lucha contra la corrupción (destituidos por prevaricación) y del bloqueo sistemático de las investigaciones judiciales de este tipo de delitos cuando afectan a miembros destacados del establishment.
A nivel mediático, la hipótesis implica una variante: el giro de los medios privados de comunicación está interrelacionado tanto a esta nueva dinámica judicial como a la presión social creciente. Si por momentos los medios de prensa más conservadores van por delante de las actuaciones judiciales, ello se debe, ante todo, a una política editorial que anticipa un escenario temido, esto es, la profundización de una crisis de legitimidad que supondría, en primer lugar, el viraje electoral hacia fuerzas político-partidarias emergentes, como es el caso de Podemos. Las denuncias sobre corrupción responden a la lectura que los discursos mediáticos dominantes hacen del actual contexto político: sin una intervención contundente por parte del gobierno nacional que interrumpa la impunidad y penalice a los sujetos implicados (algo que difícilmente puede hacer, dado que comprometería a buena parte de sus miembros), el viraje político hacia la izquierda se hace cada vez más inevitable. Se trata, pues, de una versión novedosa del imperial miedo a los bárbaros, por demás de manifiesta en la auténtica cruzada que estos discursos han emprendido contra aquellos que encarnan de forma verosímil alguna tentativa de cambio. Semejante jugada estratégica, desde luego, sigue siendo arriesgada: salvar el neoconservadurismo arremetiendo contra el partido de gobierno que lo encarna puede crear efectos contrarios a los previstos. Seguir prescribiendo un “capitalismo sano”, orientado a la iniciativa privada y la reducción de lo público -como si no se tratara de un oxímoron o una contradicción de los términos- se parece cada vez más a un ejercicio de periodismo-ficción.
No cabe descartar que el discurso contra la corrupción desate una debacle gubernamental, pero sigue siendo algo completamente incierto si esa debacle dará cabida a un cambio político profundo o a una mera reestructuración del bloque dominante. La crisis de hegemonía puede dar paso a lo emergente sólo en la medida en que se conecte esa corrupción generalizada al sistema que la produce. Es esa crisis lo que anuncia una oportunidad histórica de cambio que sobrevuela el presente.
* Rebelión - AB - 6.11.14
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El tranvía de Alcalá a Sevilla, otra obra faraónica varada tras 80 millones gastados
En Andalucía hay también un gran número de obras ferroviarias varadas tras la crisis/estafa de los últimos años. No se entiende cómo estos despilfarros públicos delictivos no han tenido repercusiones políticas ni han llevado a los responsables ante el banquillo judicial. La línea de AVE Sevilla-Antequera está inacabada y los tranvías de Jaén, Vélez-Málaga o el de Sevilla-Alcalá están sin uso o a medio hacer. Otra tragedia pública más sin la consiguiente penalización.
"ELCONFIDENCIAL* : Si alguien busca en los Presupuestos de Andalucía de 2015 el dinero destinado al tranvía de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), se llevará una sorpresa. Cero euros. Ni una partida testimonial para alimentar una de esas obras faraónicas que la crisis obligó a frenar en febrero de 2012 y que no se retomará pese al respiro en la inversión que registran las próximas cuentas con un incremento del 20% de la inversión, que se eleva al 54% atendiendo específicamente a la Consejería de Fomento.
El tranvía que estaba destinado a conectar la ciudad de Alcalá de Guadaíra con la línea de metro de Sevilla capital ha costado, hasta ahora, 80 millones de euros. Quedan otros 90 millones de inversión que el Gobierno andaluz no va a acometer, según ha podido saber El Confidencial. No es prioritario, admiten. Esa infraestructura programada en 170 millones de euros tendría una media de viajeros anual, con las mejores previsiones, de sólo un millón de usuarios, una cifra ridícula comparada con la inversión que requiere.
El tranvía de Alcalá es una de esas obras anunciadas a bombo y platillo en pleno boom inversor de las Administraciones Públicas y planificada con una visión más electoralista que realmente eficiente o útil. Tardará mucho en ver la luz, si es que en algún momento se retoman las obras con fondos públicos. El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, de 73.000 habitantes, en el área metropolitana de Sevilla y a sólo diez kilómetros de la capital, es uno de los bastiones de los socialistas en la provincia y su alcalde, Antonio Gutiérrez Limones, uno de los regidores insignia de las pocas mayorías absolutas socialistas en grandes municipios.
El veterano político vive horas bajas, con varios casos de corrupción en su municipio, y su peso político ha debido de bajar exponencialmente a juzgar por los últimos Presupuestos. A pesar de que existen presiones políticas y de los empresarios del municipio, el Gobierno andaluz ha decidido que la obra sigue sin ser rentable. La única alternativa, que busca sin éxito el ayuntamiento, es confiarla a inversores privados. El Ayuntamiento debe 13 millones de euros de la infraestructura, no ha puesto aún un euro, y se elevarán a 22 millones cuando esté acabada.
Sus raíles son ya víctima del expolio de los chatarreros. Ese es, de momento, el gran negocio de una infraestructura que en Andalucía se suma a otras grandes obras muy representativas de aquellos años en los que las elecciones se ganaban a golpe de anuncios de grandes metros, tranvías y carreteras. Los tranvías de Jaén y Vélez-Málaga, ambos terminados pero sin estar en funcionamiento por falta de dinero y voluntad política de sus ayuntamientos, ahora en manos del PP y del PSOE cuando se hicieron las obras, engrosarían ese singular catálogo.
El catálogo de obras varadas
El tranvía de Vélez-Málaga, 32 millones de euros, destinado a unir la localidad con el municipio de Torre del Mar, en plena Costa del Sol, llegó a estar en funcionamiento desde 2006 a 2012, cuando el Ayuntamiento, asfixiado por el coste del mantenimiento y el déficit de viajeros, decidió cerrarla y alquilar los vagones a Sydney (Australia). En el caso del tranvía de Jaén, 10 millones de euros de inversión, se mantiene parado después de que el consistorio popular decidiera no seguir engordando la deuda de 5,2 millones de euros que ya acumulaba con la Junta por costes de explotación.
Pero si hay una gran obra en Andalucía ejemplo de cómo se puede despilfarrar sin rentabilidad ni eficacia el dinero público es la conexión por AVE de Marchena (Sevilla) y Antequera (Málaga). Una infraestructura abanderada por la Junta en pleno boom económico y por la que se jactaban de que Andalucía era la única comunidad de España en financiar alta velocidad a pulmón, sin apoyo del Gobierno central. En esos 77 kilómetros de vías de AVE se invirtieron 280 millones de euros, la mayoría de fondos europeos. Andalucía tuvo que devolver a Bruselas, en concreto al Banco Europeo de Inversiones (BEI), el pasado mes de abril un total de 180 millones de euros del crédito que había recibido en 2010, al estar la obra parada y no acometerse en plazo. El único uso posible es la cesión de esta plataforma ferroviaria al Estado para que albergue el anillo de ensayos de alta velocidad que el Ministerio ha programado en Antequera.
Nueva ley de movilidad
La Consejería de Fomento del Gobierno andaluz, en manos de IU, ha aprobado el primer borrador de una ley de movilidad sostenible que pretende poner coto a todas estas grandes obras planificadas a golpe electoral. La norma obligará por primera vez en España a que cualquier inversión pública que se acometa tenga un informe preciso de viabilidad económica, acompañando el coste inicial de datos como el número de usuarios, la eficacia y la rentabilidad del proyecto. Ese informe de costes externos obligará a fijar unos “umbrales de eficiencia” antes de dar luz verde a la infraestructura. La norma cuenta con el rechazo de la patronal andaluza de la construcción, que se opone a medidas incluidas en el proyecto y que obligarían, por ejemplo, al promotor de una nueva urbanización que lleva aparejado un incremento del tráfico en la zona a costear la construcción de la carretera de acceso a la misma. La idea es que pague el constructor.
Desde el Gobierno andaluz insisten en que el frenazo al tranvía de Alcalá ha sido una decisión compartida en el seno del Ejecutivo y no ha supuesto ningún pulso entre PSOE e IU. Sin embargo, sí que es sello de una Consejería de Fomento mucho más interesada en destinar los fondos a rehabilitación de viviendas o carriles de bicicleta que obras grandiosas. La inversión en el Presupuesto andaluz del próximo año tras siete ejercicios de duras restricciones llega a los 1.123 millones de euros, con un aumento de 186 de la inversión real. La Consejería de Fomento registra un aumento del 54%, pero los índices eran tan bajos que sólo tendrá 202 millones de euros para invertir en infraestructuras en todo el próximo año. No se trata tanto de un guiño político a IU, aseguran fuentes del Gobierno andaluz, como de la reprogramación de fondos europeos que hay que gastar y cuyo marco de ayudas expira el próximo ejercicio.
Foto: Tranvía Vélez-Málaga. (EricoFoto, Wikipedia)
Imputado el alcalde de Guardamar de la Safor por delitos urbanísticos
Un nuevo caso urbanístico aparece en la corrupta C.Valenciana, aunque no esté tan clara la motivación personal del imputado. José Martínez Moncho, del Bloc Nacionalista Valencià, está acusado de los delitos de prevaricación, falsedad documental, actividades prohibidas a funcionarios y estafa, a raíz de un proyecto de reparcelación forzosa.
"ELPAÍS* : El juzgado de instrucción nº2 de Gandia (Valencia) mantiene abiertas unas diligencias en las que está imputado el alcalde de Guardamar de la Safor, José Martínez Moncho —del Bloc Nacionalista Valencià— por prevaricación, falsedad en documento público, actividades prohibidas a los funcionarios y estafa. El origen es una querella presentada por una particular a raíz de un proyecto de reparcelación forzosa en el que ella misma se vio afectada.
Parte de su propiedad quedó incluida en la delimitación de la Unidad de Ejecución del suelo urbanizable industrial de la localidad.
La querella se interpuso el pasado 28 de julio, el 10 de septiembre se admitió a trámite y se incoaron diligencias. El primer edil declaró como imputado el pasado 8 de octubre, comparecencia en la que negó haber tenido ningún interés personal en que el proyecto se adjudicara a la urbanizadora que se hizo con él. Afirmó también que ningún amigo, familiar o persona de la población era propietaria de terrenos en la zona de la urbanización, según los documentos facilitados.
Parte de los hechos que aparecen en la querella se habían recogido con anterioridad en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que se le daba la razón la razón a la particular reclamante en relación con las cargas de urbanización a pagar.
* El País - EP - 5.11.14
Foto: Guardamar de la Safor (Valencia) - turismo
El teniente de alcalde de Benalmádena, imputado por el escándalo del comedor social
El municipio de Benalmádena (Costa del Sol) pasa por ser unos de los más escandalosos de todo el país en cuanto a Urbanismo salvaje se refiere. El nivel de agresividad edificatoria caótica que se ha permitido bajo el mandato del alcalde 'popular', y luego independiente, E.Bolín, no tiene parangón en la costa. Pero éste ha conseguido salir libre impunemente, dejando, eso sí, un ayuntamiento sumido en el caos. El caso que nos ocupa es una muestra de que se sigue por el mismo camino, sin que la Junta o la Justicia hayan actuado debidamente y a tiempo.
"INFOLIBRE* : El escándalo del comedor social de Benalmádena se cobra sus primeras imputaciones. Este lunes, tanto el primer teniente de alcalde de la localidad malagueña y principal promotor del centro, Francisco Salido, como otros cinco responsables del comedor han sido citados para declarar como imputados el próximo mes de enero, al haber sido admitida a trámite la denuncia presentada por la edil independiente Encarnación Cortés, que acusó a Salido de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias e infidelidad en la custodia de documentos.
El pasado mes de agosto, infoLibre publicó en exclusiva un informe provisional del interventor del Ayuntamiento de Benalmádena que denunciaba que el comedor social de la localidad había gastado 250.000 euros procedentes de subvenciones públicas sin justificar su destino. La investigación, que se inició a causa de la presión ejercida por Cortés con el apoyo de la Comisión Anticorrupción del Partido X, arrojó conclusiones aún más graves con la publicación del informe definitivo del interventor, que cifraba en más de 262.000 euros el agujero del comedor social y acusaba a Salido de presionar para amortiguar el impacto de las pesquisas y de haber retirado documentación en plena investigación, algo que el concejal atribuyó a que quería presentarla "bien foliada".
El documento del consistorio causó una avalancha de acciones judiciales por parte de todos los actores implicados. El presidente de la Asociación Comedor Social –la organización que gestionaba el centro–, José Lara, denunció tanto al interventor como a la alcaldesa de Benalmádena, Paloma García Gálvez (PP) –que gobierna en coalición con Salido desde 2012– por supuestos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación. El propio ayuntamiento, por su parte, envió el informe al Tribunal de Cuentas y reclamó a la Asociación el dinero no justificado, si bien no asumió ninguna responsabilidad política.
La que también llevó a los tribunales el caso fue Cortés, que denunció tanto a Salido como a su número 2 en el partido Unión Centro Benalmádena (UCB), José Manuel López Merino, así como a los principales responsables de la asociación: su presidente, José Lara; su secretario, Francisco Cañete, que además es cuñado de Salido; su tesorero, Antonio Pérez Relinque; y el hermano de Salido, Enrique Salido, voluntario remunerado en el comedor y que se ocupaba de realizar las compras. Es precisamente esa demanda la que ha admitido a trámite el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos.
Los seis imputados tendrán que declarar en el juzgado los días 13, 14, 15, 20 y 27 de enero, si bien el juez aún no les acusa de ningún delito. No obstante, tanto Pérez Relinque como el propio Salido han anunciado a este diario que en los próximos días la Asociación presentará documentación extra para intentar aclarar en qué se ha gastado el dinero no justificado, toda vez que el Ayuntamiento ya inició el expediente de reintegro de los 262.000 euros. El teniente de alcalde asegura que la incógnita sobre el destino de las subvenciones se desvelará con esta nueva remesa de documentos, que abarcan, según ha explicado, las facturas ya entregadas pero esta vez acompañadas de los albaranes de compra expedidos por los proveedores.
Salido no se plantea dimitir
"Yo estoy tranquilo porque aquí no hay nada extraño", ha afirmado Salido en declaraciones a infoLibre, una conversación en la que ha hecho hincapié en que si la documentación ya entregada no ha servido para justificar el destino del dinero ha sido por un defecto "de forma", ya que las facturas no estaban acompañadas por los albaranes. "Yo sí me he preocupado de ir a preguntar a la Asociación, y he perdido muchas horas de mi tiempo en ver las facturas", se defiende Salido, que es tajante al asegurar que "ni muchísimo menos" se le ha pasado por la cabeza la idea de dimitir por la imputación, un hecho que no le "quita el sueño". "A mi me han imputado más de una vez, y nadie me ha ganado un juicio. Por algo será", remacha.
Pérez Relinque, por su parte, asegura que esta situación "es de risa", e insiste en que en los próximos días "se va a aportar todo lo que se pide".
La concejala Encarnación Cortés, sin embargo, se muestra cauta ante este anuncio y sostiene que "hasta que no veamos en qué consiste la nueva documentación no sabremos si va a arrojar algo de luz o más sombras" sobre el comedor social. No obstante, la edil independiente también tacha de "extraño" que los responsables de la Asociación no aportaran estos documentos "en su momento", dado que el informe del interventor reveló que los responsables del comedor no llevaron un registro informático de la contabilidad del mismo hasta enero de 2014, fecha en la que se inició la investigación.
El tesorero Pérez Relinque, igualmente, señala que no descarta querellarse contra Cortés porque este escándalo está "manchando" su nombre. "La verdad es que no me voy a quedar mucho tiempo aquí", afirma el responsable en referencia a una posible dimisión de sus responsabilidades en la Asociación, "pero no me quiero ir sin dejar todo esto aclarado". La concejala, por su parte, se muestra tranquila: "si el interventor finalmente dice que todo está aclarado y justificado, pues yo no tengo ningún problema en decirlo", asegura. ¿Y si finalmente hay denuncia? "Nos veremos en los juzgados".
* InfoLibre - DANIEL RÍOS 4.11.14
Foto: Benalmádena (Málaga) - turismo
Navarra.- Los arquitectos piden paralizar el proyecto de ley de urbanismo
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Ya se ha comentado en numerosas ocasiones en este blog la necesidad de que los técnicos de urbanismo (arquitectos) se pronunciaran más sobre ciertos asuntos que les afectan, a ellos y a los ciudadanos a cuyo servicio están. Solo se han empezado a oir algunas voces cuando la crisis/estafa ha estallado en toda su dimensión, pero nunca antes y, desde luego, este es un 'debe' en la actividad profesional. En Navarra han alzado ahora la voz ante la nueva Ley de Urbanismo que se está cociendo, y que parece no resolver los problemas de la anterior y define una ordenación territorial que es 'privilegio para unos pocos y un problema para muchos'.
"DIARIODENAVARRA* : El Colegio de Arquitectos Vasco Navarros han pedido en el Parlamento de Navarra que se paralice temporalmente la tramitación del proyecto de ley de urbanismo para tratar de solucionar las "aristas" que han visto en el texto. En opinión de Teodoro Ronco, vocal de la Agrupación Vasco Navarra de arquitectos urbanistas de Navarra, "esta ley no resuelve las carencias de la ley anterior", ha defendido que se ciña a los "problemas concretos" de Navarra y criticado que sea "desreguladora" al dejar "demasiadas cosas al albur de la negociación entre promotores y Ayuntamientos".
En lo que se refiere al urbanismo, esta agrupación considera que el proyecto impulsado por la Fundación Laboral de la Construcción no resuelve la "sensación de corruptelas", el "despilfarro" y un urbanismo que es "privilegio para unos pocos y un problema para muchos".
Por eso han reclamado más transparencia y que la participación ciudadana esté más regulada y se permita desde el comienzo de la tramitación, una mayor eficiencia energética y que no se fomente el uso del coche, y que se tenga en cuenta que no es lo mismo la ciudad de Pamplona que una localidad como Leoz.
Su petición de paralizar el proyecto sólo ha tenido en la comisión parlamentaria de Fomento el apoyo de I-E, partidario de un debate "sosegado, técnico y preciso" ante una ley "tan importante", ha dicho Txema Mauleón.
Para Juan José Lizarbe, del PSN, el proyecto de ley es mejorable pero ha rechazado que sea una ley desreguladora, sin descartar que "quizá haya que regular más".
El representante de Bildu, Koldo Amezketa, se ha mostrado de acuerdo con las propuestas de los arquitectos y considerado que hay que reformar la ley de 2002 "pero de una forma integral, con cuidado".
En la misma línea, Txentxo Jiménez, de Aralar, ha apoyado "hacer una buena ley", al tiempo que ha entendido que se puede tramitar en esta legislatura porque, ha dicho, "si vamos a cobrar 5 meses más, hagamos algo para merecernos el sueldo".
Por el PP, Eloy Villanueva también se ha mostrado favorable a aprobar una ley, algo "urgente" para "arreglar muchos aspectos relacionados con el urbanismo".
Por último Raquel Garbayo, de UPN, se ha comprometido a trasladar las propuestas presentadas por los arquitectos al departamento de Fomento del Gobierno de Navarra.
* Diario de Navarra - EFE - 30.10.14
Foto: Pamplona, Parlamento de Navarra - Ngoni (wikipedia.org)
El juez de la 'Operación Púnica' apunta grave corrupción en empresas públicas de Madrid
El exconsejero de Presidencia y Justicia madrileño, F.Granados, tiene un futuro carcelario: adjudicó contratos amañados de las empresas públicas Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, Arpegio e Instituto Madrileño de Desarrollo, según la investigación. Lógicamente, por el medio había importantes comisiones que pasaban a engrosar el bolsillo de este capo mafioso y sus secuaces, en una cadena de delincuencia habitual. Mucho trabajo queda todavía por hacer para desentrañar con mayor detalle esta enorme trama urbanística ilegal.
"ELPAÍS* : La extensa trama de corrupción que investiga el juez Eloy Velasco dentro de la Operación Púnica alcanza a órganos estratégicos del Gobierno de la Comunidad de Madrid donde tuvo el poder absoluto Francisco Granados, uno de los supuestos cerebros de la red. Granados fue consejero autonómico durante ocho años en departamentos inversores como Transportes, donde llegó al cargo en plena ampliación del Metro con adjudicaciones de obras con presupuestos multimillonarios; Presidencia, Justicia e Interior.
En las resoluciones judiciales que ha dictado el magistrado Velasco para ordenar medidas cautelares contra algunos de los detenidos se apuntan diversas conductas corruptas por parte de Granados como responsable de Arpegio (empresa pública dedicada a la gestión de suelo), Imade (instituto autonómico para la promoción económica mediante ayudas financieras a sociedades) y Pamam (Patronato de Áreas de Montaña desde el que la Comunidad de Madrid dirige inversiones millonarias en municipios de la Sierra Norte).
La investigación judicial ha acreditado que Granados cobró supuestamente comisiones ilegales como consecuencia de los contratos adjudicados a la empresa Waiter Music desde el Patronato de Áreas de Montaña para organización de festejos en los municipios de la sierra norte. El juez sostiene que Granados tenía capacidad suficiente como administrador de distintas empresas autonómicas, como las tres citadas para “influir sobre los contratos” que se adjudicaban desde esas entidades.
La mecánica del fraude descubierto tras ocho meses de investigación por el juez Velasco y la Fiscalía Anticorrupción es parecida en la mayoría de los casos analizados que han desencadenado la imputación de 51 personas.
Francisco Granados, con el poder que atesoraba en sus cargos públicos del Gobierno de la Comunidad de Madrid y la inmensa influencia que podía ejercer sobre los alcaldes del PP como consecuencia de su cargo de secretario general del partido en Madrid, trabajó durante esos años para favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de contratos. Lo hizo directamente, como alto cargo autonómico, o indirectamente, como intermediario para lograr determinadas adjudicaciones a favor de otras sociedades por parte de distintos ayuntamientos.
Este esquema de actuación se repite en el caso de David Marjaliza, constructor de Valdemoro y amigo íntimo de Granados. La única diferencia entre ambos es que el empresario carecía de poder político para decidir sobre adjudicaciones públicas. En los últimos años, según la investigación abierta en la Audiencia Nacional, Marjaliza ejerció no sólo como constructor que se aprovechaba de sus amistades para conseguir contratos o hacerse con solares municipales a buen precio sobre los que podía levantar sus negocios, sino también como intermediario para lograr adjudicaciones amañadas a favor de una empresa determinada.
El juez sostiene que Marjaliza trabajó a favor de los intereses de Cofely, filial de la multinacional francesa GDF-Suez, especializada en sistemas de eficiencia energética. Cofely consiguió contratos multimillonarios de siete ayuntamientos madrileños (uno de ellos gobernado por el PSOE y el resto por el PP). La investigación de la Guardia Civil considera acreditado que Marjaliza y los responsables de los ditintos municipios cobraban comisiones ilegales por la adjudicación de los contratos. El magistrado pone a título de ejemplo que en Móstoles (el segundo municipio madrileño más poblado después de la capital) se pactó una comisión ilegal de 240.000 euros por un contrato de 72 millones; en Collado Villalba, la mordida era de 70.000 euros por un contrato de 30 millones.
Entre los procedimientos que utilizaban los corruptos, el juez cita uno especialmente eficaz para los imputados: contratos adjudicados mediante un sistema opaco por el que se invitaba a una serie de empresas a concursar y éstas, aunque de distinto nombre, eran propiedad de la misma persona con lo que el éxito estaba garantizado.
Un escándalo lleno de pistas
Francisco Granados ha dejado en sus 13 años de vida política activa, primero como alcalde de Valdemoro (1999-2003) y luego como consejero de la Comunidad de Madrid (2003-2011), numerosas pistas sobre el escándalo que ha estallado ahora.
Como alcalde de Valdemoro, Francisco Granados adjudicó un solar para edificar un hotel junto a la nueva instalación recreativa que la Comunidad de Madrid impulsaba muy cerca: el parque warner. Para vender ese suelo, convocó una subasta, el método más limpio para este tipo de procedimientos, pero decidió que fuese restringida a cinco empresas, que competirían entre sí por ofrecer el mejor precio por la parcela. Resultó que las cinco empresas tenían nombres distintos pero un mismo dueño, David Marjaliza, su amigo íntimo de los últimos 20 años.
A Marjaliza le endosó Granados un chalé que había comprado en Marbella. Algunos meses después de esa operación de venta, seguían llegando facturas para amueblar la casa a nombre del propio Granados.
En 2009, como consejero todopoderoso del Gobierno de Esperanza Aguirre, se enfrentó a otro escándalo. Un ex directivo de la empresa Dico, constructora propiedad de Ramiro Cid, imputado también en la Operación Púnica, denuncio que había pagado una mordida de 200.000 euros a Granados y detallaba todas las prácticas corruptas que había presenciado en distintos pueblos de la Comunidad de Madrid donde gobernaba el PP. Granados desmintió los hechos que ahora ha puesto Manos Limpias a disposición de la justicia.
En su última etapa de consejero, fichó a dedo para la dirección general de Seguridad a tres guardias civiles como asesores con un sueldo de 60.000 euros brutos al año. Esos tres guardias civiles acabaron imputados por el supuesto espionaje a Alfredo Prada y Manuel Cobo, dos dirigentes del PP, adversarios de Esperanza Aguirre en su carrera por el poder nacional del partido. La ex presidenta autonómica le defendió siempre, hasta que prescindió de sus servicios por filtrar una noticia, según admite ella misma.
* El País - JOSÉ MANUEL ROMERO - 30.10.14
Foto: Operación Púnica,vicepresidente C.Madrid, F.Granados - lasexta
Valencia.- El Cabanyal, crónica viva de una resistencia
La larga historia de la lucha de los vecinos del barrio marinero de Valencia, el Cabanyal, ha sido llevada a la gran pantalla y se estrena estos días. No es para menos, en España fue el detonante de todas las reclamaciones vecinales que ha habido después y un ejemplo de que con constancia y sacrificio una pequeña comunidad es capaz de enfrentarse a todo el aparato oficial del poder. Fuera del país ha habido varios ejemplos de grandes protestas urbanísticas como en Estambul, Río, etc. Y aquí, luego, han sucedido otros casos de sublevación vecinal como en el Gamonal, Can Ricart, etc. Pero el empecinamiento injusto e ilegal del Ayuntamiento valenciano, presidido por la 'popular' R.Barberá, quedará para los anales de los esperpentos ibéricos.
"INFOLIBRE* : Este jueves se estrena Abril al Cabanyal. Crónica viva de una resistencia, un documental sobre la lucha de la plataforma Salvem El Cabanyal frente al proyecto urbanístico del Ayuntamiento de Valencia, que prevé el derribo de más de 1.500 viviendas de este espacio urbano protegido para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta la playa de la Malvarrosa.
El documental, dirigido por Sergi Tarín, se centra en los convulsos meses entre enero y mayo de 2010. Los antecedentes se sitúan en diciembre de 2009, cuando el Ministerio de Cultura aprobó una orden que prohibía el plan municipal que permitía el derribo de edificios al considerarlo un expolio del patrimonio. La alcaldesa, Rita Barberá (PP), intentó sortear la orden gracias a un decreto ley de la Generalitat que pretendía dejar sin efectos la declaración de Bien de Interés Cultural, que protegía el barrio desde 1993. "El Cabanyal es un bien de interés cultural, pero Barberá considera este expolio su gran firma", explica Sergi Tarín.
Tras ser aprobado el decreto ley, que permitía abrir el camino a las excavadoras, se sucedieron en la barriada del Cabanyal, entre los días 6 y 8 de abril, momentos de gran tensión debido al derribo de una decena de casas. "Estos días fueron el clímax, con momentos muy duros y tensos", recuerda Tarín, que señala que lo que hizo el Ayuntamiento fue "retorcer las instituciones y aprovechar su mayoría para aprobar esta ley".
Fueron también los días en los que se vivieron fuertes cargas policiales –las cuales se pueden ver en el documental– contra los ciudadanos que se oponían a los derribos. "Todo acabó en un cruce de denuncias entre la policía y los vecinos", explica Tarín. El documental incluye las imágenes del juicio de faltas de diciembre de 2012, en el que algunos vecinos fueron juzgados por desobediencia y lesiones a policías. "Los testimonios de los agentes durante la vista demuestran cómo se manipularon los atestados para criminalizar la tarea cívica de Salvem. Los agentes se desdecían de lo sucedido aquellos días", detalla Tarín, que sañaló además que los atestados policiales eran una "chapuza". "Sin embargo, es difícil demostrar la mano del PP en la causa. Pero viendo la secuencia de los hechos, es bastante verosímil que hubiera un intento de criminalizar la lucha de Salvem El Cabanyal", apostilla.
La maniobra política del PP fue paralizada poco después por el Tribunal Constitucional y, con el paso del tiempo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han dado la razón a los vecinos argumentando que la competencia para evitar expolios patrimoniales reside en el Estado y la orden ministerial está plenamente vigente.
"Llegados a este punto, el Ayuntamiento debería suspender las obras hasta modificar el plan para que sea más respetuoso". Sin embargo, añade Tarín, "lo han cambiado de una manera tramposa". "Mantienen la avenida y continúa habiendo derribos de edificios que están protegios por ser bienes de interés cultural", lamenta. "Lo único que puede hacer el Ayuntamiento es apelar a su imprudencia política, intentar que el Ministerio de Cultura derogue la orden ministerial y redacte una nueva que diga que su nuevo plan no supone un expolio, algo que sería verdaderamente escandalaso".
Con el documental, Tarín pretende homenajear a los vecinos que "resisten con la amenaza del derribo de sus casas". "Muchos de ellos son gente mayor –subraya– que ha vivido durante 17 años con el aliento de las excavadoras en el pescuezo y con mentiras en los periódicos diciendo que la avenida iba hacia delante".
El realizador quiere además dar a conocer la "lucha" de Salvem El Cabanyal, la asociación que, según Tarín, ha conseguido "para los pies" a la alcaldesa que, a su juicio, "ha destrozado partes emblemáticas de la ciudad como la huerta del Campanar". "Lo que quiero es poner de sobreaviso a la ciudad de que el plan de la alcaldesa sigue vivo y continúa siendo tan amenazante y expoliador como su proyecto inicial", sentencia Tarín.
* InfoLibre - Andrea Sánchez - 28.10.14
Foto: Valencia, el Cabanyal aérea - levante-emv.com
La trama urbanística de Granados abría cuentas suizas y movía el dinero simulando exportaciones
La trama mafiosa dirigida por el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, F.Granados (PP), funcionaba como una auténtica organización criminal, actuando con “conseguidores” para terceras empresas adjudicatarias de contratos de varios ayuntamientos tanto de Madrid como de fuera, también del Instituto de Turismo y del Instituto de Fomento de la Región de Murcia y de la Diputación de León. Algunos de estos contratos ascendían al menos a unos 100 millones de euros y parece ser que hay decenas, si no cientos. Es decir, toda una red corrupta que se movía a sus anchas en el campo del Urbanismo nacional. Porque no hay que olvidar que, probablemente, en el transcurso de esta compleja acción judicial se descubran nuevos datos y nuevos imputados que añadir a la ya larga lista de notables delincuentes.
"CARLOTAGUINDAL* : El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y su amigo David Marjaliza tenían una auténtica estructura criminal organizada. Disponían de varias cuentas en Suiza, dos de ellas con sus mujeres, a las que desviaban el dinero obtenido por “conductas delictivas vinculadas a la promoción urbanística y a la contratación administrativa”. Desde sus cuentas en el país helvético, realizaban numerosas operaciones de compraventa de activos financieros, divisas y transferencias internaciones de capital a otros países en América, tanto en euros como en dólares, para después hacerlo volver a España.
“Las investigaciones realizadas han permitido cerrar el círculo de la operativa de blanqueo en el que el dinero colocado en Suiza retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación”, recoge el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por el que envía a prisión a dos alcaldes, el de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas, y el de Parla, José María Fraile, en el marco de la Operación Púnica.
El magistrado todavía no ha tomado declaración a Granados ni a Marjaliza, empresario este último que se benefició de numerosos contratos cuando el anterior era todavía alcalde de Valdemoro. Sin embargo, ya adelanta el papel central de ambos en la trama organizada “con perduración temporal y reparto de roles”. Sacaban provecho de relaciones personales e influencias políticas, logrando obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios públicos de muy diversos tipos “que, dependiendo de autoridades públicas, actuaban en beneficio de las personas físicas y jurídicas que forman parte de la trama”.
Para Velasco, hay serios indicios de que el dinero aflorado en las cuentas en Suiza a nombre de Granados y Marjaliza, y que supone un delito de blanqueo de capitales, procede de la corrupción política. Se deduce que el origen de estos fondos es una “red de tráfico de influencias” que actuaba como “conseguidores” para terceras empresas adjudicatarias de contratos de varios ayuntamientos tanto de la Comunidad de Madrid como de fuera de ella, del Instituto de Turismo y del Instituto de Fomento de la Región de Murcia y de la Diputación de León.
El juez estima que hay contratos que se han obtenido a través de esa red de influencias, algunos de los cuales ascienden a 100 millones de euros. El modus operandi de la trama para obtener irregularmente los contratos era siempre el mismo: utilizar el uso de influencias y la corrupción de ediles municipales, funcionarios y técnicos, a cambio de dinero o ventajas particulares.
El juez avisa: quien más dinero tiene fuera más riesgo de fuga
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ya hace en su auto un aviso a navegantes para Granados y Marjaliza. La medida de prisión se fija en relación con el dinero que tiene cada uno en el extranjero porque disponen de más recursos y medios para darse a la fuga. “Esta consideración no es abstracta dada la facilidad que una organización criminal como la investigada suele tener para dotar de medios económicos a sus componentes para facilitar su huida”.
No sólo eso, sino que Velasco sospecha que en caso de los “conseguidores”, que no declaran hasta hoy, hay alto riesgo de reiteración delictiva porque su modo de actuar es un auténtico “modus vivendi” además de que van a intentar evitar que se localice su patrimonio ilícito.
Los alcaldes, “plegados” por unas comisiones
El instructor marca ya los roles de cada uno. Establece claramente a los “conseguidores”, el principal de ellos Marjaliza, quienes tenían a los alcaldes y concejales “plegados” a sus intereses hasta el punto de incurrir en facturación dolosa y la falsificación de informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o la adjudicación de trabajos sin contrato previo.
La manera de conseguir contratos con las Administraciones era pagándoles a cambio unas comisiones que se abonaban a través de facturas falsas. Estos “conseguidores” mediaban principalmente para que la empresa Cofely consiguiera adjudicaciones en Administraciones Públicas. En el caso de Móstoles, después de la concesión de un contrato de 72 millones de euros, la multinacional tenía comprometida la entrega de 240.000 euros. Esta sospecha la desvelan los investigadores a raíz de varias reuniones con el concejal Alejandro Utrilla, en las que se aborda este tema y la forma de justificar dicha cantidad.
Cuatro a prisión, ocho en libertad
De la primera ronda de declaraciones, el juez ha acordado la prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros para los alcaldes de Parla, José María Fraile, y el de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas. Con esa misma fianza, ha dormido en prisión el jefe de Gabinete de Parla, Antonio Borrego. Con una más baja, de 20.000 euros, también ha ingresado uno de los administradores de Marjaliza, Antonio Cándido Ruiz. Quedan en libertad los alcaldes de Casarrubuelos, David Rodríguez, y el de Collado Villalba, Agustín Juárez, aunque este último tiene diez días para pagar una fianza de 40.000 euros.
Del alcalde Cubas (PP), el juez recalca que estaba influenciado por Marjaliza hasta tal punto que seguía sus instrucciones sobre cuándo y a quién facturar, y lo mantenía puntualmente informado de este y otros aspectos que atañen a la sociedades de Marjaliza. Respecto del alcalde de Casarrubuelos (PP), destaca que “se pone totalmente en manos” de Marjaliza para la redacción de los pliegos de un contrato de eficiencia energética, lo que facilita a Cofely para conocer todos los detalles de la adjudicación. El alcalde de Collado Villalba recibió varios pagos de 70.000 euros por conceder un contrato a la empresa francesa de 39,5 millones de euros. “Para la materialización del pago se habría preparado un sistema de facturas falsas entre empresas de David Marjaliza y Cofely por servicios no prestados en el marco del contrato de eficiencia energética del municipio”.
Entre los afortunados que pudieron volver a casa tras su detención este lunes está José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid. A pesar de que la única medida cautelar que se le ha impuesto es acudir a firmar al juzgado una vez al mes, el juez considera que ha podido cometer delitos de malversación, falsedad documental, cohecho y fraude.
Para el instructor, hay indicios de que ha participado en la trama de facturas falsas que se emplean para pagar los trabajos realizados por el otro “conseguidor” de la trama, Alejandro de Pedro, “de reputación de altos cargos de la Comunidad de Madrid y que se pagan con facturas de una empresa adjudicataria de un contrato de su Agencia”.
* El Confidencial - CG - 30.10.14
Foto: Imputados Operación Púnica - elconfidencial
Aragón.- Chapuza urbanística, nuestro patrimonio al garete
La enorme 'burbuja inmobiliaria' de los últimos 16 años en España ha traído consigo la crisis/estafa que se padece y la destrucción de gran parte del Patrimonio monumental y natural en todas las zonas del país. Aragón no podía ser menos y el Ayuntamiento de Zaragoza (con PP y PSOE) está dispuesto a cargarse la notable factoría Averly. El tema viene de que el gobierno aragonés no reconoce un 32% del edificio como BIC, quedando pues desprotegido para regocijo de especuladores constructores de distinto pelaje. Aun así, una Plataforma ciudadana, formada al efecto para su salvación, está luchando contra la incomprensión de las administraciones y el pasotismo general ante la pérdida de las señas de identidad histórica.
"COLECTIVO L'ASTRAL* : El Ayuntamiento dispone de una figura protectora denominada “Monumento de Interés Cultural”, con ella podría haber jugado, como ha hecho otras veces, intercambiando terrenos, negociando con los propietarios y evitando destruir parte de esta reliquia industrial zaragozana. Se lava las manos y se plega ante el Gobierno aragonés.
El viernes 31 se llevará al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación definitiva. Es curioso observar cómo, cuándo interesa, CHA e IU no pintan nada en las decisiones municipales, en esta ocasión el PSOE ha pasado sobre ellos con total impunidad y naturalidad para acordar con el PP la solución más negativa para Zaragoza. Y es que el dinero hace tambalear las posiciones, el negocio del ladrillo, pues de eso estamos hablando, levanta culos de los asientos y debe nublar la vista y hasta el entendimiento. No podemos verlo desde otro prisma.
En L´astral nº 53 hablábamos largo y tendido sobre este asunto. Es lamentable que Averly se vea reducida y desaparezcan edificios que formaron parte de un conjunto industrial con evidente interés social, arquitectónico, histórico, cultural, etc., con abundantes materiales relacionados con la actividad que albergaba la factoría desde que entraba una idea hasta su materialización. Allí se encuentran todo tipo de moldes, planos, piezas, máquinas, etc. Todavía se guardan los diferentes dispositivos que dotaban de energía a la factoría según la época en que se instalaron y la tecnología que se disponía: fuerza motriz del agua, presión, electricidad…
No hay en todo el Estado una empresa de estas características que guarde tanto material. En vez del olvido al que va a ser abocada Averly, se debería intentar transformar la ruina actual por una oferta museística única en España y se han planteado ideas al respecto.
Un pueblo que no muestra interés por su pasado, que desprecia lo que tiene y ha sido, pierde su identidad. Y nosotros rechazamos que sea así. Lo que más duele es que prime el negocio inmobiliario, construcción de 220 viviendas de 100 metros, con altura de hasta 19 pisos, en una porción “dorada” de suelo junto al Caixa Fórum, sobre el interés cultural y patrimonial de la ciudad. Esta decisión tiene unas consecuencias definitivas y, si no se cambia, no podrá haber marcha atrás una vez que las máquinas entren a allanar el terreno, será irreversible.
¿Tienen potestad legítima por muy electos que sean para llevar a cabo este disparate? ¡Pues no!
El pasado mes de septiembre, el gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó el “Plan Especial de Averly”, instrumento que regula la edificación y urbanización de esa pastilla de suelo. La “licencia de derribo” de la factoría la paralizó Gerencia de Urbanismo municipal en junio por la recomendación de la fiscalía general del Estado. Es gracias al recurso de casación que interpuso APUDEPA contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que autorizaba el derribo por lo que se recomendaba al Ayuntamiento que informara al Tribunal sobre el expediente de derribo… Dado que ninguna instancia ha solicitado la suspensión del “Plan Especial” pues éste ha seguido adelante y así todo esté listo para cuando el Tribunal de el visto bueno al derribo.
Apudepa continúa en su intento por paralizar este proceso y ha elaborado una alegación contra la decisión municipal para que la firmen y tramiten los colectivos. Va dirigida a: Excelentísimo Ayuntamiento. Área de Urbanismo e Infraestructuras. Equipamientos y Vivienda. Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística. Expediente nº 384.050/2013. Al proyecto de Plan Especial presentado para el Área de Intervención E-19 Averly.
Sería extraordinario que se produjera un movimiento multitudinario apoyando esta reivindicación. A ver si sindicatos, FABZ, asociaciones, colectivos sociales, etc., movemos ficha.
* Colectivo L´Astral (República Independiente de Torrero) <
* ARA Info - CL - 29.10.14
Foto: Imagen de una manifestación en defensa de Averly.- Puyalón de Cuchas
OperaciónPúnica: Marjaliza, el mago de las voluntades
Se van conociendo más detalles de los imputados (detenidos) en la enorme trama de corrupción urbanística 'Púnica'. Así, el 'conseguidor' D.Marjaliza se movía como pez en el agua entre las altas esferas del PP (y también del PSOE). Personaje siniestro, que pasaba desapercibido, era un hombre de confianza del exnúmero 2 de E.Aguirre, F.Granados. Desde hace largos años su campo principal de acción eran las grandes ciudades del sur de Madrid, con negocios turbios que le hicieron subir de nivel y codearse con la élite político_financiera.
"JOAQUÍN GIL* : La noche del 25 de mayo de 2003 la euforia prendió en la sede socialista de Valdemoro, Madrid. El candidato Rafael Simancas se encaramaba a la presidencia regional con la promesa de atajar los desmanes del cemento. Un promotor inmobiliario desembarcó en la fiesta de la victoria. Era el conseguidor de la red corrupta Púnica David Marjaliza Villaseñor. Aunque la izquierda no gobernó —dos diputados tránsfugas socialistas frustraron la elección de Simancas— Marjaliza cumplió con el ritual que le atribuyen sus conocidos. “Ponía una vela a Dios y otra al Diablo”, confirma un exmilitante del PP de Valdemoro.
El señor del ladrillo Marjaliza (Madrid, 1968) es un hombre desconfiado, alérgico a las fotografías y obsesionado con la seguridad. Apenas circulan imágenes de este emprendedor que hizo caja al calor de su amigo de juventud, el antiguo número dos de Esperanza Aguirre Francisco Granados, con quien compartió las aulas del colegio privado Sámer Calasanz. Hoy, los dos duermen en la prisión de Soto del Real.
El éxito de este hombre se explica por una habilidad innata para moverse con soltura por los despachos del poder municipal del Sur de Madrid. Extendió sus redes al PP a través de Granados. Pero también tocó a la puerta del PSOE. Un informe interno de los socialistas de Valdemoro remitido a Ferraz al que ha tenido acceso EL PAÍS revela un desembarco de afiliaciones sufragadas por el constructor desde 2003 en la agrupación local. Marjaliza llegó a controlar a la mitad de los 331 militantes y al entonces portavoz socialista Antonio Serrano Soldado, según este documento. Parte de los intrusos procedían del PP. Serrano se reconvirtió tras abandonar la política en socio de firmas del constructor. Hoy, figura entre las cuatro decenas de arrestados por pertenecer a la trama corrupta. “Marjaliza habría sido una de los principales perjudicados de mi gobierno”, zanja el diputado Rafael Simancas, que disolvió la agrupación tras descubrir la maniobra, en el verano de 2007.
Valdemoro fue el laboratorio del modelo Marjaliza. El promotor llegó a manejar a través de decenas de sociedades el 60% del suelo urbanizable en esta localidad que duplicó en una década su población (73.000 habitantes), según un exdirectivo de la promotora grupo Dico que pide el anonimato. Esta fuente reconoce que su antigua empresa desembolsó una comisión ilegal de seis millones para hacerse con un presunto negocio de un centenar de chalés. Un exjefe de personal del Ayuntamiento explica así la supuesta mecánica de la especulación. “Marjaliza figuraba a la cabeza de un entramado de empresas que controló entre 2004 y 2007 la compra de suelo en Valdemoro. Los terrenos se vendían con los precios fijados por el arquitecto municipal. No había tasaciones privadas. El chófer del conseguidor permanecía durante días ante el Ayuntamiento”, apunta esta fuente. El arquitecto municipal, José Luis Navarro también está detenido. “Marjaliza ha sido el Juan Antonio Roca de Valdemoro”, añade Antonio González, del partido local TUD en referencia al cerebro del caso Malaya.
Mortimer, que es como apodan los suyos al empresario, se convirtió en un asiduo del despacho de Granados en su época de alcalde de Valdemoro (1999- 2003). Llegó a tramitar en él asuntos de su constructora Obrum. Un portavoz de un grupo de afectados por deficiencias de las viviendas Senderos del Olmo, construida por Marjaliza, visitó en enero de 2003 al conseguidor en el despacho de Granados. “Intentaron comprarme para que dejáramos de manifestarnos”, recuerda.
El grifo del crédito siempre estuvo abierto para Marjaliza, que explotaba 5 locales de máquinas recreativas, tanteó el negocio de la producción cinematográfica y ha reconocido haber regularizado más de 10 millones en el extranjero. Caja España-Duero concedió un préstamo de 16 millones a una de sus sociedades, Vancouver. “Comenzaron a darle dinero con una facilidad impresionante. Sus empresas carecían de bienes. Estaban avaladas por otras empresas y estas por otras y así...”, explica una fuente de la entidad. Caja España-Duero, que confirma la operación, no ha cobrado ni un euro del préstamo. El comercial que captó el multimillonario negocio de Marjaliza fue despedido.
Una red de 91 empresas componen los tentáculos del conseguidor. La madeja apunta vínculos con conocidos de los tribunales. Uno de ellos es el prestamista imputado por estafa en varios juzgado de Madrid, Antonio Arroyo Arroyo. Sociedades de Marjaliza adquirieron créditos hipotecarios a Arroyo para propiciar el deshaucio de sus viviendas, según el abogado Carlos Javier Galán. EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar con el prestamista, uno de los reyes de los créditos exprés en España.
conexión panameña de la trama
La madeja societaria de la red Púnica se extiende a Panamá. La firma Bonanno Media SA, inscrita en este país, incluye en su organigrama al exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso y al hermano del ingeniero informático que actuaba como conseguidor de negocios de la trama en Valencia, Alejandro de Pedro Llorca. La empresa se registró el pasado mayo con un capital de 10.000 dólares (7.970 euros), según el portal Panadata, que procesa información del registro público de Panamá. Alonso y De Pedro recurrieron para la inscripción de la sociedad al agente financiero Adams & Adams. Su web ensalza el país centroamericano como un destino de bancos off shore (paraíso fiscal) donde se protege la confidencialidad de la información.
“No voy a decir nada. Solo soy un trabajador más. Todo se aclarará en su momento”, responde el también informático Adrián de Pedro Llorca. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió el pasado jueves a prisión a su hermano Alejandro. Se le considera el captador de negocios en Valencia de la red corrupta que fraguó negocios con los Ayuntamientos gobernados por el PP de Gandía, Denia o Valencia.
* El País - JG - 1.11.14
Foto: Operación Púnica, Granados y Marjaliza - elpais
Saqueo a España
Aunque parezca exagerado el titular, todo lo contrario, está perfectamente señalado lo que lleva ya bastantes años sucediendo en este país: el saqueo continuo y deliberado de todos los bienes importantes que posee. Y esto abarca desde la rentables empresas públicas mal privatizadas, hasta el apoyo a una banca internacional a costa de los pequeños ahorradores, pasando por la venta de los mejores terrenos y paisajes, que debían estar protegidos, a inversores sin escrúpulos, dejando todo un reguero de comisionistas políticos que se han beneficiado de su influencia en el poder absoluto. Ahora, parece que ya reconoce todo el mundo este saqueo sistemático al país (hasta la justicia y los medios), cuando ya es tarde, pero hay que recordar que hasta hace poco tiempo éramos cuatro locos lo que clamábamos en el desierto contra esta situación vergonzosa y delictiva. Así se ha hecho la historia, lamentablemente.
"ZURIÑE ORTIZ DE LATIERRO* : En la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada tienen el convencimiento personal y la certeza profesional de que «no entran todos los que deben». Chorizos en la cárcel, quieren decir, aunque aquí no se habla así. Andan desbordados. A finales de los años noventa su entonces fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, mostraba cabizbajo a unos periodistas cajas donde se pudrían los casos: «No damos abasto». España digería aún platos tan indigestos como Rumasa, Kio, Filesa, Roldán, Urralburu, Juan Guerra, Banesto...
Entonces solo eran 5 fiscales adscritos a esta sección especializada en combatir las corruptelas más complejas; hoy son 20, más otros 23 distribuidos por las comunidades, 29 profesionales de apoyo y 38 funcionarios de la Agencia Tributaria, del órgano de control de la gestión económico-financiera del sector público, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Parece que les van a hacer falta más efectivos. En 2013, esta Fiscalía presentó el doble de denuncias o querellas que el año anterior. Y el balance de 2014 va a ser arrebatadamente depravado. ¿Nos descomponemos? «Los casos han aumentado mucho, muchísimo. Pero no porque haya mucha más corrupción sino porque se conoce más. Nosotros llegamos más y vosotros lo difundís más. Esto no es de ayer», esbozan fuentes judiciales.
No lo es, pero este mismo jueves, mientras los exdirectivos de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato, Miguel Blesa e Ildefonso Sánchez Barcoj respondían ante el juez por el escándalo de las tarjetas opacas, la Guardia Civil detenía al alcalde de Alcanar (Tarragona), Alfons Montserrat (Esquerra Republicana) y al edil de urbanismo. Están acusados de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y alteración de concursos públicos. Y en la Fiscalía Anticorrupción declaraba el presidente del Levante, Quico Catalán, en calidad de testigo, por el presunto amaño de un Levante-Zaragoza jugado en 2011.
Un día antes trascendía la imputación de siete personas en A Coruña por el presunto desvío de 20 millones en subvenciones y adjudicaciones públicas relacionadas con la formación de autónomos. La Operación Zeta se ha llevado por delante al director general de Trabajo de la Xunta, Odilo Martiñá. Tomen aire. Este martes, la Guardia Civil detenía a cuatro farmacéuticos y precintaba las tres boticas que regentaban en Zaragoza por pertenecer a una presunta red nacional de exportación ilegal de medicamentos. Van por los 17 imputados.
El mismo martes, Teodoro Montes, el antiguo alto cargo de la Junta de Andalucía que denunció graves irregularidades en la concesión de cursos de formación, aseguraba que patronal y sindicatos cobraban comisiones de hasta un 20% por subcontratar estos servicios; y que en un cursillo medicaron a discapacitados para soportar el calor. En Valencia tampoco andan sobrados de escrúpulos: el Tribunal Supremo acaba de confirmar la condena de 5 años de prisión para José María Vicent Carrión, exadministrador del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados. Se había llevado 180.000 euros.
Son noticias de esta semana, pero muchas han pasado desapercibidas en un país desmoralizado ante tantísimo mangoneo, rematado por el escándalo de las tarjetas negras que salpica a todo el arco político y sindical. Algunos entran, sí. Como lo hagan todos, van a tener que inaugurar más cárceles.
BANCA
Un centenar de imputados
El 'clan de la Visa' no parece superable, pero lo es. Tarjetas de crédito fantasmas a las que 83 de los 86 directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia cargaron gastos personales -comilonas, fiestas en clubs, cacerías, compras en supermercados...- por valor de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012. El caso daba el jueves sus primeros pasos en la Audiencia Nacional con las declaraciones de Rato, Blesa y Sánchez Barcoj. Las dimisiones se acercan a la veintena, pero el vicepresidente de José María Aznar no ha entregado el carné del partido. Fuentes del PP apuntan que en el equipo de Rajoy «hay voluntad» de expulsarlo. Otra cosa es que lo hagan ahora: «Sería hacer un juicio paralelo».
Rato acapara los focos, pero rozan el centenar los banqueros imputados por escándalos financieros. Les investigan por salidas a Bolsa fallidas, pensiones millonarias, apropiación indebida y créditos e inversiones irregulares. Hay nombres ilustres: Ángel Acebes, exministro del Interior y exconsejero de Banco Financiero y de Ahorros (BFA); José Luis Olivas (PP), expresidente de la Generalitat Valenciana y de Bancaja...
La Audiencia Nacional, que cogió las riendas de la delincuencia con corbata y olor a Chanel tras el cese del terrorismo, ha puesto fianzas que superan los 70 millones de euros a las nueve entidades financieras investigadas.
Solo el 'caso Bankia' -mucho más amplio que el escándalo de las tarjetas- acumula 51 imputados y 50 testigos. En este proceso se trata de averiguar si los directivos manipularon información antes de la salida a Bolsa y cómo fue la estampida de Rato, que desembocó en la caída de la entidad y la petición del rescate financiero del país.
El resto de las causas contra el saqueo de las cajas de ahorros sigue su curso. Solo ha finalizado uno: en mayo condenaban a dos años de cárcel al director de Caixa Penedès, Ricard Pagès, y un año a cada uno de sus tres principales directivos. No pisarán la cárcel. Al menos han devuelto 28 millones de euros.
POLÍTICA
El inacabable ERE andaluz
«Los políticos de segunda fila que saquean las arcas públicas y los banqueros que desvían la riqueza financiera hacia su bolsillo o hacia la quiebra que al final tenemos que pagar todos han dejado el país más doblado que muchos años de terrorismo», escribía hace un par de años el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Todo el país andaba escandalizado. «He pedido que banqueros y políticos corruptos sean excomulgados», se atrevía Luis Rodríguez Patiño, un cura de Lugo. Acaba de dictarse la sentencia del 'caso Malaya', la mayor corruptela en el seno de un ayuntamiento español, la primera disolución de un consistorio en la democracia. Algunos han entrado en el calabozo: el exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca (cumple 11 años), la exalcaldesa Marisol Yagüe (6), Julián Muñoz (2, aunque acumula 22 por otros delitos)... Les cayó la mitad de la pena que pedía el fiscal.
En este submundo de excesos y nepotismo, habitado por políticos embriagados por el poder y el dinero, cuesta visualizar al austero Jordi Pujol. El hombre que iba de padre de la patria, que se erigía como el emblema de la honestidad civil y la rectitud política, confesaba en julio un fraude fiscal continuado desde 1980, cuando murió su padre, Florenci Pujol, que le dejó supuestamente una herencia en exclusiva para sus hijos. El juez Ruz ha acumulado indicios de enriquecimiento ilícito que implican a Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresident, y ponen bajo sospecha la gestión de los gobiernos de CiU durante 23 años. Pujol ha dejado de ser 'molt honorable' y seis de sus siete hijos están acusados de usar su apellido en beneficio propio.
Valencia es particular por los numerosos políticos sobornados, aunque son contados los que duermen a la sombra. En los últimos meses han sido condenados tres dirigentes populares. Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja y diputado autonómico, entró a la cárcel este verano tras agotar todas las instancias, incluido el indulto. En ello anda Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, 4 años de cárcel por delitos fiscales. La Audiencia de la provincia donde reinó no lo meterá entre rejas hasta que Rajoy decida sobre la medida de gracia. Al veterano exconsejero y parlamentario autonómico Rafael Blasco le han caído 8 años por fraude en ayudas al desarrollo. Pero ha pagado una fianza de 200.000 euros y evitado por ahora el pijama de rayas.
El 'caso de los ERE' andaluces es paradigmático por los mil millones de euros de fraude (1.217 millones según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas), los 227 imputados -20 de ellos recién incorporados al proceso-, dos expresidentes andaluces 'preimputados' -los socialistas Chaves y Griñán- y la exministra de ZP Magdalena Álvarez en la cuerda floja. El último encarcelado, Eduardo Pascual, supuesto financiero de la trama, salió en junio.
España tiene abiertas más de 1.700 causas por corrupción con más de medio millar de imputados y apenas una veintena en el calabozo. Andalucía y Valencia son las comunidades con más casos abiertos. Y Baleares, la región con más políticos entre rejas: el expresidente autonómico Jaume Matas, la expresidenta del Parlamento María Antonia Munar, exconselleres, exconcejales... Pero Murcia lidera el ránking por metro cuadrado: el 57% de sus municipios figuran en el mapa de las presuntas corruptelas, si bien esta provincia es una de las que menos municipios posee de España, con solo 45 términos municipales. Por disparar para arriba, tres consejeros de anteriores gobiernos del expresidente popular Ramón Luis Valcárcel están imputados por la supuesta recalificación de terrenos protegidos para la macrourbanización Novo Carthago. Uno de ellos, Joaquín Bascuñana, es en la actualidad delegado del Gobierno.
Son nombres que no suenan tanto como los de Francisco Correa o Luis Bárcenas. Están alejados del centro. Pero brotan por decenas. En esta España turbia, donde ha perdido eficacia el argumento, cierto, de que la mayoría de los cargos públicos son honrados, no hay oasis. Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial, ni una sola comunidad autónoma puede arrojar la primera piedra. Todas tienen alguna causa de corrupción política o económica de especial complejidad. Las tres más 'limpias' son La Rioja (4), Euskadi (12) y Navarra (12). La estadística, del año pasado, no incluye los procesos que están en el Tribunal Supremo. En la Fiscalía Anticorrupción lo terminan admitiendo: «Hay más casos porque investigamos más, pero también es cierto que a más cargos públicos, más tentaciones».
EMPRESA
El precio de denunciar
Francho Chabier Mayayo volvió este jueves a trabajar después de un año de baja por ansiedad. El que fuera asistente de la dirección de obra del mayor centro logístico de Europa, la plataforma Plaza de Zaragoza, fue recibido en las oficinas mañas de Acciona con un «vete de vacaciones». Pero como no se lo han pedido por escrito, no se las coge. «No hago nada. Me han puesto en la sala de juntas con un ordenador sin internet. Nadie me habla». Este delineante de 44 años y alcalde socialista de Lobera de Onsella, 25 habitantes en invierno, denunció en Anticorrupción uno de los mayores escándalos de la última década. Afecta al anterior Gobierno aragonés del socialista Marcelino Iglesias.
Pero acusar a tu empresa puede salir muy caro. Francho Chabier elaboraba las facturas que su compañía, en una UTE con un constructor local, pasaba a la empresa pública que gestionaba el superpolígono. Un día su jefe de Acciona le dijo «que cargara un 20% más por unos trabajos que no se habían hecho». Siguieron más órdenes para inflar las minutas, «pero yo hacía copias y al cajón». El taco, hermoso, ha acabado en Anticorrupción, donde calculan que los directivos de Acciona y los gestores de Plaza saquearon más de 100 millones de euros del erario público. Mayayo dice que avisó al PSOE, a Javier Lambán, secretario regional del partido: «Tres veces». Y que le dieron el mismo portazo que en su empresa. Lambán, respaldado por Pedro Sánchez, lo niega. Acciona rechaza haber cometido irregularidades y recuerda que son directivos concretos los imputados. El principal encausado es José María Jordán, el jefe de Francho Chabier. La empresa le ha pagado la fianza de 6 millones impuesta por el juez, y enviado a Brasil con un puesto directivo. «A mí me han acosado, amenazado con romperme la cara», lamenta.
- ¿Lo volvería a denunciar?
- Por supuesto. Veo lógico denunciar una cosa sangrante. Son mis valores.
Gerardo Díaz Ferrán hace tiempo que los olvidó. En diciembre de 2012 salía detenido de su chalé. A punto de cumplir los 70, el expresidente de la patronal CEOE era arrestado por escaquearse de sus acreedores ocultando buena parte de sus bienes y por blanquear unos cuantos euros. Debe más de 410 millones a algunas de las principales entidades bancarias intervenidas por el Gobierno. El gran patrón -cuñado de Arturo Fernández, exvicepresidente de los empresarios, recién cesado por el bochornoso caso de la tarjetas- ha sido declarado culpable de la quiebra de Viajes Marsans. En su celda de Soto del Real va acumulando penas.
Grandes fortunas y empresas concentran casi el 72% del fraude fiscal total del país, lo que supone una pérdida recaudatoria de más de 42.000 millones de euros anuales. Por poner un ejemplo, 200 empresarios españoles han utilizado los servicios de la red del chino Gao Ping -también hay 9 policías implicados- para blanquear el dinero que tienen oculto en paraísos fiscales. Los jueces, eso sí, castigan con más dureza: 144 personas permanecen encarceladas por delito fiscal frente a las 82 de 2012.
SINDICATOS
El «asco» de Pedro Sánchez
Lo que se pregunta el país, por enésima vez sorprendido, es de dónde han salido los 1,4 millones de euros que el histórico sindicalista de UGT José Ángel Fernández Villa ha sacado tras una amnistía fiscal. Los llevó en fajos al banco. El ex secretario general de la federación estatal de mineros de UGT, Antón Saavedra, dice que de los Fondos Mineros: «Y aún no ha salido ni el 5% de lo que va a salir». Fernández Villa fue el auténtico hombre fuerte del socialismo asturiano durante un cuarto de siglo. El partido le va a expulsar. Pedro Sánchez siente «asco y vergüenza».
Después de que la juez Mercedes Alaya pusiera ceros a la supuesta tajada que UGT y CC OO obtuvieron de los ERE fraudulentos de Andalucía -7,6 millones-, parecíamos vacunados ante el mangoneo sindical. Pero nos han vuelto a escandalizar: Francisco Baquero, consejero por CC OO en Bankia, destinó la mayor parte de los 266.400 euros de su tarjeta black a mobiliario del hogar, electrodomésticos y restaurantes de lujo. José Ricardo Martínez, suspendido de UGT, fundió 12.750 euros en el Corte Inglés en un mes.
DEPORTE
Los líos del Barça
La que parece que no se da por aludida es la aristocracia que controla el mundo del fútbol. Quizás, el caso más hiriente sea el de José María del Nido, expresidente del Sevilla, condenado a 7 años por robar dinero público en el Ayuntamiento de Marbella. La mayoría de los presidentes de los clubes de Primera División, además de los de la Liga y la Real Federación Española de Fútbol, lanzaron una llamada conjunta para que se le concediera un indulto. Al final, le vimos ingresar en Sevilla I. A pie, con chándal y gorra roja, mimetizado en el ambiente.
El Barça también se la juega en los tribunales. Messi debe responder por haber defraudado 4,1 millones del IRPF. El fichaje de Neymar, que según el club costó 57 millones de euros y según la documentación incorporada al sumario pudo alcanzar los 86, está bajo la lupa judicial tras la imputación del expresidente Sandro Rosell.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que la delantera azulgrana no es la única que quiere meter goles. El 3 de octubre citaba a declarar a 20 jugadores que intervinieron en un partido entre el Levante y el Zaragoza, en 2011. Cree que hubo amaño y apuestas ilegales en un duelo en el que el equipo aragonés ganó y mantuvo la categoría. Otro suplemento especial merecería la deuda al fisco de los equipos de fútbol: ronda los 564 millones y no los 482 que informó la Liga Profesional. Pero seguiremos yendo a los estadios y comprando camisetas. Este sistema sigue intacto.
JUECES
Las vacaciones de Dívar
En el Consejo General del Poder Judicial tienen más vergüenza. En junio de 2012 dimitía su presidente, Carlos Dívar, al destaparse un escándalo de pretendida malversación de caudales públicos a raíz de una serie de viajes que realizó a Marbella, no justificados y pagados con dinero público. Finalmente la Fiscalía no los consideró delictivos, pero quedó muy tocado ante la opinión pública.
Jueces y fiscales están siendo los héroes en estos años de recesión y putrefacción. Les ha costado borrar la pésima imagen ganada por casos como el del exjuez Estevill, condenado, en 2006, a 9 años de prisión por extorsionar a banqueros y empresarios. Pero parece que queda alguna oveja negra. La Policía investiga desde hace meses una red corrupta que opera en concursos de acreedores de empresas en quiebra: sospecha que abogados, economistas, peritos y administradores concursales actúan en connivencia con jueces de lo mercantil.
MONARQUÍA
Las primeras cabezas
Después de tanta carroña, hemos desarrollado unas tragaderas legendarias. Pero en esto llegó el 'caso Nóos' con la imputación de Iñaki Urdangarin. Luego la de su esposa, la infanta Cristina, días después de la entronización de su hermano. Las primeras palabras oficiales que ha escuchado del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, no pueden ser más elocuentes: «La corrupción pública y política daña seriamente la imagen de la función pública y su erario y mina la credibilidad del sistema democrático», proclamó el mes pasado en la apertura del año judicial. Felipe VI toma nota, aunque no se lo están poniendo fácil. A principios de mes, Rafael Spottorno renunciaba a ser su consejero privado por el escándalo de las tarjetas fantasma de Caja Madrid, que en su caso incluía el cargo de unos pintorescos masajes. En La Zarzuela «sigue trabajando» Carlos García Revenga, extesorero de Nóos y secretario de las infantas. Hace un mes se anunció su cese y que le pagarían hasta fin de año. Pero, de momento, «no hay ninguna novedad y aún no se ha fijado la fecha de su salida», confirman en la Casa Real.
* LA Verdad - ZO - 27.10.14
Foto: Viñeta ayuntamiento
El juez manda a prisión al presidente de la Diputación de León
La llamada 'Operación Púnica', a cuya cabeza estaba el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados, se ha llevado por delante a numerosos implicados entre los que se encuentra el presidente de la Diputación de León, M.Martínez, que puso en marcha procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas al empresario A.Pedro Llorca "a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León". Esto le supuso incurrir en delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude". Nada más y nada menos.
"ELPAÍS* : El juez de la Audiencia Nacional, E.Velasco, ha dictado el ingreso en prisión incondicional para el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, detenido en la Operación Púnica, y para el empresario conseguidor Alejando de Pedro Llorca. Según han informado en fuentes jurídicas, Velasco también ha dictado orden de ingreso en prisión eludible bajo el pago de una fianza de 300.000 euros para el dueño de la empresa Waiter Music, José Luis Huerta. Los tres han prestado declaración a lo largo de la mañana.
No sérá hasta este viernes cuando tome declaración a los dos supuestos cabecillas de la trama de corrupción desarticulada a través de la operación Púnica, el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados y el constructor David Marjaliza, según han informado fuentes jurídicas.
Tras el resto de declaraciones de este jueves, Velasco ha ordenado el ingreso en prisión incondicional para el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, del PP. También ha enviado a la cárcel sin fianza a Ana María Álvarez, secretaria de David Marjaliza, uno de los cerebros de la trama corrupta y para Pedro García, empleado de la empresa Cofely, la sociedad más beneficiada por los contratos amañados de la trama. Estas prisiones incondicionales se suman a la decretada en la mañana de este jueves para el presidente de la Diputación de León y para el supuesto conseguidor de la trama Alejandro de Pedro Llorca.
Tras tomar declaración a 15 de los 17 imputados previstos para este jueves, el juez Velasco ha enviado también a prisión, en este caso eludible bajo fianza de entre 25.000 y 100.000 euros, al resto de los que han declarado, excepto uno, el exalcalde de Cartagena (Murcia), José Antonio Alonso, del PSOE, que ha quedado en libertad sin medidas.
Las fianzas para salir de prisión son las siguientes. Para José Javier Hernández, concejal de Hacienda de Valdemoro, 60.000 euros; Alfredo Ovejero, jefe de gabinete de Valdemoro, 25.000 euros; José Luis Navarro, arquitecto municipal de Valdemoro, 100.000 euros. Para los empresarios vinculados a Marjaliza Eduardo de la Peña y Antonio Serrano 50.000 euros y 100.000 euros respectivamente. Por la mañana, el también empresario del grupo de Marjaliza José Luis Huerta fue encarcelado bajo fianza de 300.000 euros.
Finalmente, para los tres directivos de Cofely, Didier Maurice, Constantino Álvarez de la Cueva y José Antonio Hernández, el juez los envía a prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros a cada uno.
El PP ha abierto expediente disciplinario para expulsar a Martínez, y le ha pedido que deje todos sus cargos o adoptará medidas para que así sea. En una declaración a los periodistas, el presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP y el secretario general de este partido en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han exigido a Marcos Martínez "la inmediata devolución" del acta de concejal del municipio leonés de Cuadros -del que es alcalde- y de su escaño en la Diputación de León -de la que es presidente-, informa la agencia EFE. En el caso de que no devuelva las actas, el PP actuará para proceder a su sustitución como alcalde y presidente de la Diputación leonesa, para lo que no descarta incluso "interponer una moción de censura si fuera necesario".
Según el auto del juez, Marcos Martínez puso supuestamente en marcha procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro Llorca "a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León". Además, dice el auto, Martínez participó supuestamente "en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude".
Por su parte, el conseguidor De Pedro Llorca es situado por el juez en la "cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo en mucha parte al de David Marjaliza". Según el auto, "se ha acreditado que presta servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto". El escrito del juez Velasco sostiene, además, que los trabajos de De Pedro Llorca "le abrieron la posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían la contratación en otros sectores para sí o para terceros en Murcia, León y Madrid".
Finalmente, José Luis Huerta Valbuena, que deberá depositar 300.000 euros si quiere salir de la cárcel, se apoyó en Francisco Granados para influir sobre los contratos de empresas públicas que dependían del ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y ex alcalde de Valdemoro.
De los que ya comparecieron en la jornada de ayer, el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE), y el de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP), han pagado sus respectivas fianzas de 60.000 euros, con lo que han quedado en libertad. También ha abandonado la prisión tras pagar una fianza de 25.000 euros Antonio Cándido Ruiz García, administrador y socio de empresas vinculadas al empresario David Marjaliza, constructor socio de Francisco Granados y uno de los cerebros de la trama.
De los que también pasaron por la Audiencia durante este jueves queda en prisión Antonio Borrego, el jefe de Gabinete de Fraile, para quien el juez dictó una fianza de 60.000 euros. Por su parte, Agustín Juárez, alcalde popular de Collado Villalba, y Avelino Pérez, cargo de confianza de IU del Ayuntamiento de Parla quedaron en libertad bajo fianza de 40.000 y 20.000 euros, respectivamente. Estos dos imputados disponen de diez días para depositar la garantía y eludir la cárcel.
El juez Velasco ha reanudado las declaraciones de la Operación Púnica sobre la trama de cobro de comisiones ilegales encabezada por el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados. Los interrogatorios de este jueves se iniciaron a las 11.20 con la declaración de José Luis Huerta, cuya empresa promotora de conciertos era una de las sociedades de David Marjaliza. La fiscalía había pedido para el empresario prisión provisional sin fianza, pero al final el magistrado ha decidido imponerle una fianza de 300.000 euros.
Huerta, supuesto testaferro de Marjaliza, es uno de los cinco imputados que no pudo interrogar ayer el magistrado. Velasco suspendió las comparecencias a las 22.00, antes de que pudiera interrogar a Didier Maurice, el consejero delegado de Cofely, la empresa más beneficiaria de los contratos amañados por la red de Granados; a Constantino Álvarez de la Cueva, director comercial de esta compañía dependiente del gigante energético francés GDF Suez y a otros dos empresarios vinculados a Marjaliza: Antonio Serrano y Eduardo de la Peña.
Tras la comparecencia de Huerta ha pasado a disposición del juez instructor el presidente de la Diputación de León. Para Martínez, la fiscal Anticorrupción Carmen García había pedido la prisión incondicional. En las próximas horas está previsto que el magistrado interrogue a Granados y Marjaliza, que todavía no han sido trasladados a las dependencias de la Audiencia Nacional.
El magistrado asume que Granados, con su “trama organizada” de “relaciones personales e influencias políticas”, consiguió la adjudicación irregular de contratos públicos en su beneficio. “En diversos Ayuntamientos se han instrumentado procedimientos de contratación pública concertados con empresas de la órbita de los investigados”. La red de Granados influía “a lo largo de todo el expediente de contratación (...) desde su preparación y redacción hasta la valoración de las ofertas y la adjudicación”.
El magistrado afirma en su resolución que la investigación, iniciada en febrero de 2014, ha confirmado “la existencia de nuevas cuentas en Suiza”. En ellas “constan numerosas operaciones de compraventa de activos financieros, divisas, transferencias internacionales de capital a otros países en América, tanto en euros como en dólares”. Y añade: “Las investigaciones realizadas han permitido cerrar el círculo de operativa de blanqueo, en la que el dinero colocado en Suiza retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación”. Fuentes de la Fiscalía apuntan que pedirán prisión incondicional o, en el mejor de los casos, con una fuerte fianza.
* El País - Fernando J.Pérez - 30.10.14
Foto: Diputación León - tribuna
