El juez de la 'Operación Púnica' apunta grave corrupción en empresas públicas de Madrid

El exconsejero de Presidencia y Justicia madrileño, F.Granados, tiene un futuro carcelario: adjudicó contratos amañados de las empresas públicas Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, Arpegio e Instituto Madrileño de Desarrollo, según la investigación. Lógicamente, por el medio había importantes comisiones que pasaban a engrosar el bolsillo de este capo mafioso y sus secuaces, en una cadena de delincuencia habitual. Mucho trabajo queda todavía por hacer para desentrañar con mayor detalle esta enorme trama urbanística ilegal.
"ELPAÍS* : La extensa trama de corrupción que investiga el juez Eloy Velasco dentro de la Operación Púnica alcanza a órganos estratégicos del Gobierno de la Comunidad de Madrid donde tuvo el poder absoluto Francisco Granados, uno de los supuestos cerebros de la red. Granados fue consejero autonómico durante ocho años en departamentos inversores como Transportes, donde llegó al cargo en plena ampliación del Metro con adjudicaciones de obras con presupuestos multimillonarios; Presidencia, Justicia e Interior.

En las resoluciones judiciales que ha dictado el magistrado Velasco para ordenar medidas cautelares contra algunos de los detenidos se apuntan diversas conductas corruptas por parte de Granados como responsable de Arpegio (empresa pública dedicada a la gestión de suelo), Imade (instituto autonómico para la promoción económica mediante ayudas financieras a sociedades) y Pamam (Patronato de Áreas de Montaña desde el que la Comunidad de Madrid dirige inversiones millonarias en municipios de la Sierra Norte).

La investigación judicial ha acreditado que Granados cobró supuestamente comisiones ilegales como consecuencia de los contratos adjudicados a la empresa Waiter Music desde el Patronato de Áreas de Montaña para organización de festejos en los municipios de la sierra norte. El juez sostiene que Granados tenía capacidad suficiente como administrador de distintas empresas autonómicas, como las tres citadas para “influir sobre los contratos” que se adjudicaban desde esas entidades.

La mecánica del fraude descubierto tras ocho meses de investigación por el juez Velasco y la Fiscalía Anticorrupción es parecida en la mayoría de los casos analizados que han desencadenado la imputación de 51 personas.

Francisco Granados, con el poder que atesoraba en sus cargos públicos del Gobierno de la Comunidad de Madrid y la inmensa influencia que podía ejercer sobre los alcaldes del PP como consecuencia de su cargo de secretario general del partido en Madrid, trabajó durante esos años para favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de contratos. Lo hizo directamente, como alto cargo autonómico, o indirectamente, como intermediario para lograr determinadas adjudicaciones a favor de otras sociedades por parte de distintos ayuntamientos.

Este esquema de actuación se repite en el caso de David Marjaliza, constructor de Valdemoro y amigo íntimo de Granados. La única diferencia entre ambos es que el empresario carecía de poder político para decidir sobre adjudicaciones públicas. En los últimos años, según la investigación abierta en la Audiencia Nacional, Marjaliza ejerció no sólo como constructor que se aprovechaba de sus amistades para conseguir contratos o hacerse con solares municipales a buen precio sobre los que podía levantar sus negocios, sino también como intermediario para lograr adjudicaciones amañadas a favor de una empresa determinada.

El juez sostiene que Marjaliza trabajó a favor de los intereses de Cofely, filial de la multinacional francesa GDF-Suez, especializada en sistemas de eficiencia energética. Cofely consiguió contratos multimillonarios de siete ayuntamientos madrileños (uno de ellos gobernado por el PSOE y el resto por el PP). La investigación de la Guardia Civil considera acreditado que Marjaliza y los responsables de los ditintos municipios cobraban comisiones ilegales por la adjudicación de los contratos. El magistrado pone a título de ejemplo que en Móstoles (el segundo municipio madrileño más poblado después de la capital) se pactó una comisión ilegal de 240.000 euros por un contrato de 72 millones; en Collado Villalba, la mordida era de 70.000 euros por un contrato de 30 millones.

Entre los procedimientos que utilizaban los corruptos, el juez cita uno especialmente eficaz para los imputados: contratos adjudicados mediante un sistema opaco por el que se invitaba a una serie de empresas a concursar y éstas, aunque de distinto nombre, eran propiedad de la misma persona con lo que el éxito estaba garantizado.

Un escándalo lleno de pistas

Francisco Granados ha dejado en sus 13 años de vida política activa, primero como alcalde de Valdemoro (1999-2003) y luego como consejero de la Comunidad de Madrid (2003-2011), numerosas pistas sobre el escándalo que ha estallado ahora.
Como alcalde de Valdemoro, Francisco Granados adjudicó un solar para edificar un hotel junto a la nueva instalación recreativa que la Comunidad de Madrid impulsaba muy cerca: el parque warner. Para vender ese suelo, convocó una subasta, el método más limpio para este tipo de procedimientos, pero decidió que fuese restringida a cinco empresas, que competirían entre sí por ofrecer el mejor precio por la parcela. Resultó que las cinco empresas tenían nombres distintos pero un mismo dueño, David Marjaliza, su amigo íntimo de los últimos 20 años.

A Marjaliza le endosó Granados un chalé que había comprado en Marbella. Algunos meses después de esa operación de venta, seguían llegando facturas para amueblar la casa a nombre del propio Granados.

En 2009, como consejero todopoderoso del Gobierno de Esperanza Aguirre, se enfrentó a otro escándalo. Un ex directivo de la empresa Dico, constructora propiedad de Ramiro Cid, imputado también en la Operación Púnica, denuncio que había pagado una mordida de 200.000 euros a Granados y detallaba todas las prácticas corruptas que había presenciado en distintos pueblos de la Comunidad de Madrid donde gobernaba el PP. Granados desmintió los hechos que ahora ha puesto Manos Limpias a disposición de la justicia.

En su última etapa de consejero, fichó a dedo para la dirección general de Seguridad a tres guardias civiles como asesores con un sueldo de 60.000 euros brutos al año. Esos tres guardias civiles acabaron imputados por el supuesto espionaje a Alfredo Prada y Manuel Cobo, dos dirigentes del PP, adversarios de Esperanza Aguirre en su carrera por el poder nacional del partido. La ex presidenta autonómica le defendió siempre, hasta que prescindió de sus servicios por filtrar una noticia, según admite ella misma.


* El País - JOSÉ MANUEL ROMERO - 30.10.14
Foto: Operación Púnica,vicepresidente C.Madrid, F.Granados - lasexta

5 comentarios :

Anónimo Javier Alonso dijo...

El mayor delito es haber creado esas "Sociedades Públicas", hechas a medida para facilitar los delitos de corrupción. Justificadas en base a "agilizar" la gestión. Ja ja ja. El problema más gordo de esto es que todo lo que facilita la corrupción, se sigue manteniendo y no se escucha el más mínimo comentario en contra.

Anónimo dijo...

La empresa Cofely puede dar muchas pistas si tiran del ovillo , esta metida en sanidad en varias autonomias , asturias galicia la mancha el pais vasco.....

Anónimo dijo...

La corrupción yace, bajo la potestad de adjudicar obras y servicios sin concurso público. Es un mal endémico generalizado, en todas las administraciones. La mentira en el ejercicio de la política, debiera de ser castigada con la expulsión de la misma. Cobrarian muy pocos la pensión vitalicia, y se sanearía la democracia.

Anónimo dijo...

Por favor, que se investiguen todas las empresas públicas y como adjudican. Están dirigidas por gente puesta a dedo que se deben a sus jefes. La manera en que en ellas se aplica la ley de contratos es muy laxa.

Blogger dijo...

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