La trama urbanística de Granados abría cuentas suizas y movía el dinero simulando exportaciones

La trama mafiosa dirigida por el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, F.Granados (PP), funcionaba como una auténtica organización criminal, actuando con “conseguidores” para terceras empresas adjudicatarias de contratos de varios ayuntamientos tanto de Madrid como de fuera, también del Instituto de Turismo y del Instituto de Fomento de la Región de Murcia y de la Diputación de León. Algunos de estos contratos ascendían al menos a unos 100 millones de euros y parece ser que hay decenas, si no cientos. Es decir, toda una red corrupta que se movía a sus anchas en el campo del Urbanismo nacional. Porque no hay que olvidar que, probablemente, en el transcurso de esta compleja acción judicial se descubran nuevos datos y nuevos imputados que añadir a la ya larga lista de notables delincuentes.
"CARLOTAGUINDAL* : El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y su amigo David Marjaliza tenían una auténtica estructura criminal organizada. Disponían de varias cuentas en Suiza, dos de ellas con sus mujeres, a las que desviaban el dinero obtenido por “conductas delictivas vinculadas a la promoción urbanística y a la contratación administrativa”. Desde sus cuentas en el país helvético, realizaban numerosas operaciones de compraventa de activos financieros, divisas y transferencias internaciones de capital a otros países en América, tanto en euros como en dólares, para después hacerlo volver a España.

“Las investigaciones realizadas han permitido cerrar el círculo de la operativa de blanqueo en el que el dinero colocado en Suiza retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación”, recoge el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por el que envía a prisión a dos alcaldes, el de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas, y el de Parla, José María Fraile, en el marco de la Operación Púnica.

El magistrado todavía no ha tomado declaración a Granados ni a Marjaliza, empresario este último que se benefició de numerosos contratos cuando el anterior era todavía alcalde de Valdemoro. Sin embargo, ya adelanta el papel central de ambos en la trama organizada “con perduración temporal y reparto de roles”. Sacaban provecho de relaciones personales e influencias políticas, logrando obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios públicos de muy diversos tipos “que, dependiendo de autoridades públicas, actuaban en beneficio de las personas físicas y jurídicas que forman parte de la trama”.

Para Velasco, hay serios indicios de que el dinero aflorado en las cuentas en Suiza a nombre de Granados y Marjaliza, y que supone un delito de blanqueo de capitales, procede de la corrupción política. Se deduce que el origen de estos fondos es una “red de tráfico de influencias” que actuaba como “conseguidores” para terceras empresas adjudicatarias de contratos de varios ayuntamientos tanto de la Comunidad de Madrid como de fuera de ella, del Instituto de Turismo y del Instituto de Fomento de la Región de Murcia y de la Diputación de León.

El juez estima que hay contratos que se han obtenido a través de esa red de influencias, algunos de los cuales ascienden a 100 millones de euros. El modus operandi de la trama para obtener irregularmente los contratos era siempre el mismo: utilizar el uso de influencias y la corrupción de ediles municipales, funcionarios y técnicos, a cambio de dinero o ventajas particulares.

El juez avisa: quien más dinero tiene fuera más riesgo de fuga

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ya hace en su auto un aviso a navegantes para Granados y Marjaliza. La medida de prisión se fija en relación con el dinero que tiene cada uno en el extranjero porque disponen de más recursos y medios para darse a la fuga. “Esta consideración no es abstracta dada la facilidad que una organización criminal como la investigada suele tener para dotar de medios económicos a sus componentes para facilitar su huida”.

No sólo eso, sino que Velasco sospecha que en caso de los “conseguidores”, que no declaran hasta hoy, hay alto riesgo de reiteración delictiva porque su modo de actuar es un auténtico “modus vivendi” además de que van a intentar evitar que se localice su patrimonio ilícito.

Los alcaldes, “plegados” por unas comisiones

El instructor marca ya los roles de cada uno. Establece claramente a los “conseguidores”, el principal de ellos Marjaliza, quienes tenían a los alcaldes y concejales “plegados” a sus intereses hasta el punto de incurrir en facturación dolosa y la falsificación de informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o la adjudicación de trabajos sin contrato previo.

La manera de conseguir contratos con las Administraciones era pagándoles a cambio unas comisiones que se abonaban a través de facturas falsas. Estos “conseguidores” mediaban principalmente para que la empresa Cofely consiguiera adjudicaciones en Administraciones Públicas. En el caso de Móstoles, después de la concesión de un contrato de 72 millones de euros, la multinacional tenía comprometida la entrega de 240.000 euros. Esta sospecha la desvelan los investigadores a raíz de varias reuniones con el concejal Alejandro Utrilla, en las que se aborda este tema y la forma de justificar dicha cantidad.

Cuatro a prisión, ocho en libertad

De la primera ronda de declaraciones, el juez ha acordado la prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros para los alcaldes de Parla, José María Fraile, y el de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas. Con esa misma fianza, ha dormido en prisión el jefe de Gabinete de Parla, Antonio Borrego. Con una más baja, de 20.000 euros, también ha ingresado uno de los administradores de Marjaliza, Antonio Cándido Ruiz. Quedan en libertad los alcaldes de Casarrubuelos, David Rodríguez, y el de Collado Villalba, Agustín Juárez, aunque este último tiene diez días para pagar una fianza de 40.000 euros.

Del alcalde Cubas (PP), el juez recalca que estaba influenciado por Marjaliza hasta tal punto que seguía sus instrucciones sobre cuándo y a quién facturar, y lo mantenía puntualmente informado de este y otros aspectos que atañen a la sociedades de Marjaliza. Respecto del alcalde de Casarrubuelos (PP), destaca que “se pone totalmente en manos” de Marjaliza para la redacción de los pliegos de un contrato de eficiencia energética, lo que facilita a Cofely para conocer todos los detalles de la adjudicación. El alcalde de Collado Villalba recibió varios pagos de 70.000 euros por conceder un contrato a la empresa francesa de 39,5 millones de euros. “Para la materialización del pago se habría preparado un sistema de facturas falsas entre empresas de David Marjaliza y Cofely por servicios no prestados en el marco del contrato de eficiencia energética del municipio”.

Entre los afortunados que pudieron volver a casa tras su detención este lunes está José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid. A pesar de que la única medida cautelar que se le ha impuesto es acudir a firmar al juzgado una vez al mes, el juez considera que ha podido cometer delitos de malversación, falsedad documental, cohecho y fraude.
Para el instructor, hay indicios de que ha participado en la trama de facturas falsas que se emplean para pagar los trabajos realizados por el otro “conseguidor” de la trama, Alejandro de Pedro, “de reputación de altos cargos de la Comunidad de Madrid y que se pagan con facturas de una empresa adjudicataria de un contrato de su Agencia”.


* El Confidencial - CG - 30.10.14
Foto: Imputados Operación Púnica - elconfidencial