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La corrupción urbanística en la C.Murciana sigue haciendo estragos, aunque ya no esté al frente el gran capo Valcárcel (huido a Europa). En Caravaca, un caso de ilegalidad flagrante se encontraba bajo secreto de sumario desde junio de 2013, cuando la Guardia Civil registró el ayuntamiento y se incautó de numerosa documentación relacionada con la construcción de 8.000 viviendas y un campo de golf en un paraje protegido a las afueras de la localidad. El alcalde D.Aranda, del PP, sus concejales, técnicos municipales, cargos de la Administración regional, empresarios y abogados figuran en el auto del juez instructor del 'caso 'El Roblecillo', en el que se investigan supuestas irregularidades en un proceso de reclasificación urbanística. Ya veremos el alcance judicial que toma ante la gravedad del asunto.
"ELDIARIO* : El Juzgado de Instrucción nº6 de Murcia ha imputado al alcalde 'popular' de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda, y a otras treinta personas por un caso de corrupción urbanística bautizado como 'El Roblecillo'. Según fuentes judiciales, entre los imputados se encuentran concejales, empresarios y ex altos cargos del Gobierno regional.
El auto del magistrado Andrés Carrillo señala que los impicados pudieron tener participación en las gestiones llevadas a cabo para conseguir la reclasificación presuntamente irregular de la finca El Robledillo, de casi 500 hectáreas, situada en la pedanía de Archivel y donde la promotora Golden Sky S.L. pretendía construir 8.000 viviendas y un campo de golf.
La investigación se encontraba bajo secreto desde que más de cincuenta agentes de la Guardia Civil registraron el ayuntamiento de Caravaca de la Cruz el 10 de junio de 2013, interviniendo numerosa documentación y expedientes urbanísticos. En concreto, el expediente clave fue el del Roblecillo, que sigue los pasos clásicos de otros casos de supuesta corrupción urbanística en los que un suelo no urbanizable y protegido pasa finalmente a tener la consideración de urbanizable y se incluye en gran un proyecto residencial.
Además del alcalde Aranda, entre los encausados figuran los concejales que aprobaron el convenio urbanístico el 11 de noviembre de 2004 en el ayuntamiento de Caravaca, pero también los que participaron en juntas de Gobierno posteriores en los años 2009, 2010 y 2013. Así, en la lista se encuentran Amador López, exconcejal de Urbanismo de Caravaca y actual secretario general de la consejería de Fomento y Obras Públicas, y José María Ródenas, subdirector general de Urbanismo y Ordenación del Territorio. También forman parte de la causa Manuel Alfonso Guerrero, que es exdirector general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, y Jesús López, que es secretario municipal. Asimismo el juez ha imputado a las abogadas María Isabel García y María Encarnación González, que emitieron informes jurídicos desde una asesoría privada en relación al proceso de reclasificación de la finca.
Un caso de manual
El juez Carrillo ha imputado además a los empresarios Antonio Vilaplana y Manuel Sánchez Contreras, representantes de Golden Sky S.L., la promotora que pretendía construir 8.000 viviendas y un campo de golf en un paraje protegido y no urbanizable a las afueras de Caravaca de la Cruz, y que mediante el proceso emprendido entre el consistorio y la Administración regional pasaban a ser urbanizables. Fuentes cercanas al ayuntamiento consultadas por este medio relatan que "se veía venir" la situación de El Roblecillo destapada hoy: "Todo empezó en un registro en Librilla en 2008, y desde allí se fue tirando del hilo hasta llegar aquí", aunque en la investigación también llamó la atención del juez instructor la ampliación de capital de la promotora Golden Sky justo un año antes.
"En Caravaca querían hacer salir de la nada una zona residencial casi con la misma población que tiene el pueblo, y en mitad de un secarral", señala la misma fuente, al tiempo que añade que "aquí hay concejales que manejan el cotarro y otros que van a las juntas de Gobierno porque no tienen otro remedio, pero que no deciden nada", en relación al gran número de concejales imputados por este caso, no sólo los que aprobaron el convenio en 2004 sino también los de un periodo muy reciente y de materias no relacionadas con cuestiones urbanísticas.
Según se desprende de las primeras informaciones, en El Rocledillo se siguió la manera de proceder de otros casos de supuesta corrupción urbanística, y se añade otro elemento muy repetido con la implicación del fútbol, ya que el imputado Manuel Sánchez Contreras, representante de la promotora Golden Sky, fue presidente del Caravaca C.F. durante dos temporadas en las que el equipo llegó a jugar en 2ª División B. En mayo de 2010, Manuel Sánchez dimitió por la dificultad de encontrar financiación y por la poca respuesta de los aficionados.
Fuentes cercanas al ayuntamiento de Caravaca de la Cruz reconocen que no saben en qué situación queda el consistorio: "Hemos tenido que mirar a ver quién no está imputado, está hasta el apuntador". Las reacciones no se han hecho esperar y según informa el diario La Opinión de Murcia, el consejero de Fomento, Manuel Campos, ha anunciado que destituirá a todos los implicados. El secretario general de la Consejería, Amador López, ya ha presentado su dimisión.
* El Diario - EFE/ Pedro Serrano - 31.10.14
Foto: Caravaca de la Cruz (Murcia), ayuntamiento - turismo
Se destapa un caso de corrupción urbanística en Caravaca de la Cruz con una treintena de imputados
La ocupación de la vía pública: El nuevo filón de Urbanismo
La perversión del Urbanismo actual está llevando a la privatización de todos los espacios comunes, aquellos para cuyo fin fue precisamente creado. El Urbanismo clásico ha tratado desde siempre de equilibrar la balanza entre unos lugares comunes, pertenecientes a toda la sociedad, y otros de carácter privado nacidos como consecuencia de la iniciativa personal. En la actualidad los primeros están destinados a desaparecer y, como ya se se ve en muchas ciudades, los territorios sociales se dedican al negocio privado y a las concesiones económicas, con lo que se está perdiendo el carácter comunitario de la ciudad como ente perteneciente a todos. Sevilla no podía ser menos en este aspecto y las tasas por la ocupación de la vía pública son ya la segunda fuente de ingresos del Ayuntamiento, habiendo aumentado la recaudación por los veladores casi un 10% en 2014. Una tendencia imparable en el futuro de la financiación municipal.
"DIARIODESEVILLA* : Las tasas por la ocupación de la vía pública son ya la segunda fuente de ingresos propios de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, que espera recibir este año nada menos que siete millones de euros por este concepto. La primera fuente de recursos propios siguen siendo las licencias por obras. La crisis y los cambios de hábitos sociales han dado un vuelco al esquema económico del organismo autónomo de mayor peso en el organigrama municipal.
Hasta hace pocos años, la segunda fuente de ingresos eran los intereses bancarios. Basta un claro ejemplo: en el año 2007 se superaron los 11 millones de euros por este concepto, mientras que en 2012 a duras penas se alcanzaron los 1,5 millones. Ya no se firman los convenios urbanísticos que antaño reportaban pingües beneficios a la Gerencia, ni hay operaciones de venta de patrimonio municipal de suelo, razones principales por las que los ingresos por intereses han sufrido un bajonazo y han pasado a ser una de las fuentes de ingreso de menor importancia. Apenas se han presupuestado por este concepto 150.000 euros este año.
La segunda fuente de recursos propios son ahora, con toda claridad, las tasas por la ocupación del dominio público. Y a continuación figuran los ingresos por las multas por infracciones urbanísticas que impone el servicio de disciplina, las tasas por expedición de documentos, las liquidaciones por ejecuciones subsidiarias de obras y por daños en bienes de dominio público, etcétera. Todo ello con independencia de las transferencias que realiza el Ayuntamiento para garantizar la subsistencia y operatividad de la Gerencia.
A la vista de los datos registrados hasta el pasado 30 de septiembre, la previsión es que este año se ingresen en concepto de tasas por la utilización privativa del dominio público más de siete millones de euros. El desglose de estos ingresos ofrece cinco vías bien definidas por las que entra el dinero en las arcas de la Gerencia.
La de mayor notoriedad es la de los veladores, que en 2013 supusieron una recaudación de 913.192,35 euros. Este año se va a superar y se tiene claro que se llegarán a recaudar 997.255,79 euros a 31 de diciembre de 2014, casi un 10% más. Emasesa paga cada año 1,2 millones de euros a la Gerencia de Urbanismo, en cuatro liquidaciones de carácter trimestral por la ocupación del dominio público.
Mientras, a las empresas de telefonía se les llevan liquidados en lo que va de año 321.246,50 euros y aún hay cantidades pendientes.
Los cánones derivados de los quioscos municipales cuya explotación cede la Gerencia -en la mayoría de los casos, a bares o comercios de helados- reportarán este año unos ingresos aproximados de 970.000 euros. Las gasolineras dejarán 400.000 euros, los cajones de obra 308.000 euros y la publicidad que gestiona la empresa Clear Channel en los quioscos un total de 190.000 euros.
Los presupuestos de las obras presentadas para licencias en 2007 llegaron a sumar más de 1.500 millones de euros y en 2012 se quedaron en 140 millones de por efecto de la crisis del dector de ladrillo. Los presupuestos de obras que se declararon en las solicitudes de licencia en 2013 ascendieron a 83.279.862,14 euros. En los nueve primeros meses de 2014 se ha superado esa cantidad, pues han declarado presupuestos entre enero y septiembre por importe de 84.660.752,20 euros, de tal forma que 2014 acabará con un repunte en la actividad inmobiliaria con respecto al año anterior, aunque aún muy lejos de los grandes años.
* Diario de Sevilla - CARLOS NAVARRO ANTOLÍN - 20.10.14
Foto: Sevilla, veladores privados - dariosevilla
Parques temáticos de alto riesgo
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Como casi todo lo malo se imita en este planeta, el urbanismo a 'la americana' terminó cayendo sobre este país abandonado a la especulación más delictiva. Es el caso de los llamados Parques Temáticos, verdaderas ciudades aisladas del resto, construidas al modo 'cartón piedra' de Disney, y capaces de despilfarrar recursos económicos y territoriales ingentes. En España hay muchos ejemplos en toda su geografía y casi todos han terminado en ruina y fracaso estrepitoso. Salvo, quizás, Port Aventura (Tarragona), tanto Terra Mítica (Benidorm), Isla Mágica (Sevilla), Parque Warner (Madrid) y EuroDisney (sin construir), han sido un modelo especulativo de proporciones gigantescas. Auspiciados siempre por políticos comisionistas de 'tres al cuarto', los complejos de este país han acabado en manos de fondos y gestoras multinacionales, tras perder el apoyo de Cajas ruinosas y Gobiernos corruptos.
"ELPAÍS* : A sus inauguraciones acudieron ministros, alcaldes y la flor y nata empresarial. Los parques temáticos se abrieron en España bajo un denominador común: mucho respaldo público y la idea de que su instalación se traduciría en empleo, turismo y riqueza. En casi todos los casos, la aventura se ha tragado ingentes cantidades de dinero público. Con una crisis económica de por medio, la salida de las cajas de ahorro de sus accionariados y el grifo del dinero público cerrado, los complejos han acabado en manos de fondos de inversión o de gestoras especializadas, que compraron en varios casos a precio de saldo y parecen estar enderezando las cuentas.
Tras la tempestad, vuelven incluso a aflorar proyectos: Murcia quiere estrenar un parque temático de Paramount en 2016.
España soñó en los ochenta con albergar el primer parque que Disney iba a instalar en Europa. La Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía entraron en una pugna que al final ganó Francia. Disneyland Paris, que abrió sus puertas en 1992, pasa por horas bajas: por segunda vez en solo dos años, la americana The Walt Disney Company ha tenido que acudir al rescate de su filial, con una recapitalización de 1.000 millones de euros, para hacer frente a una deuda acumulada de 1.748 millones por la caída de visitantes.
Tras las calabazas que Disney dio a España, las comunidades autónomas no renunciaron a estas instalaciones y comenzó la carrera de inauguraciones. Los complejos han corrido distinta suerte, pero tienen muchos puntos en común: rentabilizarlos supone un trabajo de alto riesgo.
Port Aventura
El parque catalán fue el primero en abrir, en 1995, y es el más rentable de todos. Sus cuentas del pasado ejercicio muestran que registró 164,5 millones de euros de ingresos y unos beneficios de 9,96 millones. Los entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro, se atrevieron a subirse en su montaña rusa el día de apertura. La Caixa tenía en ese momento el 33% de su capital, tras invertir 15.800 millones de pesetas (cerca de 96 millones de euros).
Desde su apertura, Port Aventura ha pasado por muchas manos. En 1998, Universal entró en su accionariado. En 2004, La Caixa controlaba el 80% y Abertis, otro 6,3%. El grupo italiano Investindustrial llegó en 2009 y ahora es quien controla el 50,1% de los títulos. El otro 49,9% está en manos del fondo de capital riesgo KKR, que pagó cerca de 200 millones, según fuentes del mercado. El parque alcanzó su récord de visitantes en 2007, con 4,1 millones. Después, llegaron años más complicados. En 2010, registró 3,2 millones de usuarios, pero, según un portavoz, ha remontado y el pasado ejercicio sumó cuatro millones de clientes. Ahora prepara un desembolso de 100 millones para una nueva área dedicada a Ferrari que abrirá en 2016. No ha sido fácil: en total, desde 1995, este parque ha supuesto una inversión de 1.000 millones de euros.
Isla Mágica
Una placa recuerda en el complejo sevillano el día de su inauguración, en junio de 1996, a la que acudió el rey Juan Carlos I. Costó 14.000 millones de pesetas (unos 85 millones de euros), la inversión más reducida de entre los complejos españoles, pero su situación económica ha sido siempre precaria, hasta el punto de estar al borde del cierre en varias ocasiones, la última, en 2013. El pasado ejercicio arrojó beneficios por primera vez (2,1 millones). Sin embargo, es casi una ilusión contable: el parque fue indemnizado por CaixaBank con 9,2 millones de euros porque decidió salir de la propiedad antes de lo pactado —tenía el 82,7% del capital—. Vendió su parte al grupo francés Looping South Europe.
Sus derechos de gestión han pasado de mano en mano, casi siempre, manos bancarias. En 2004, pidió la suspensión de pagos. En 2007, Cajasol poseía el 70% de las acciones y Unicaja, otro 12%. Fue rescatada a principios de 2011 por Banca Cívica, que le inyectó 10 millones. Y acabó en manos de Caixabank, que asumió sus 30 millones de deuda acumulada. Ahora es en un 82,7% de Looping. En su capital siguen los rescoldos del apoyo público que siempre tuvo, aunque reducido al mínimo: el Ayuntamiento de Sevilla es propietario de un 1,73% y la Diputación, del 1,41%. Sus nuevos dueños se han comprometido a hacer inversiones y el pasado verano abrieron un parque acuático para ofrecer la que puede ser la última oportunidad a un proyecto que parecía destinado al desastre.
Terra Mítica
Costó 425 millones de euros. En 2012, su actual dueño, un grupo francés, compró casi el 80% a la Generalitat valenciana, el Sabadell y Bankia por 20 millones, más otros 45 millones destinados a saldar deudas. Terra Mítica nació al calor de las construcciones faraónicas impulsadas por el PP en Valencia a inicios del boom inmobiliario. En 2003, llegó a perder más de 70 millones de euros. Su actual dueña —Ocio y Parques Temáticos, en manos de Aqualandia— logró el año pasado tener beneficios: 791.354 euros. Facturó 14,4 millones.
Parece que empieza a digerir su pasado precario, a costa de un durísimo ajuste. Ha encadenado despidos colectivos, suspensiones de pagos y vendió terrenos para lograr mantenerse a flote. El príncipe Felipe asistió a su inauguración, en 2000, durante la que le acompañó el gran valedor del proyecto, el entonces presidente de Generalitat, Eduardo Zaplana. Cuatro años después de echar a andar, Terra Mítica pidió la suspensión de pagos con 220 millones de pasivo. Ahora, tras los escándalos de corrupción y con nuevo dueño, busca otra oportunidad.
Parque Warner Madrid
Su actual gestor es Parques Reunidos, propiedad del fondo Arle Capital, que controla un enorme conglomerado de ocio en Europa y América. Es difícil conocer la rentabilidad exacta del complejo, ya que las cifras de sus negocios en España se entrecruzan, pero la sociedad que gestiona el día a día del Parque Warner —Madrid Theme Park Management— ingresó 32,6 millones en el ejercicio que acabó en octubre de 2013 y ganó 944.000 euros, pese a la bajada de visitantes por la subida del IVA.
El parque trata de modernizarse y el pasado verano abrió una zona acuática. En sus inicios, repitió el camino de sus predecesoras: costó 368 millones, comenzó alimentado con dinero de la Comunidad de Madrid —invirtió 70 millones— y de Caja Madrid —tenía el 21%—. Acumuló deudas y, tras la salida del dinero público, acabó controlado por el constructor Manuel Jove.
A su inauguración en 2002 acudió Alberto Ruiz-Gallardón, en esa fecha presidente madrileño, en una fiesta por todo lo alto a la que acudieron Bo Derek y Christopher Lambert. Las expectativas de visitas eran tan elevadas que la Comunidad de Madrid incluso dispuso una línea y una estación de tren especial para llegar al recinto. Costó 84 millones de euros. Hoy está cerrada.
* El País - CRISTINA DELGADO - 20.10.14
Foto: Benidorm (Alicante), TerraMitica - Me (wikipedia.org)
Cataluña.- Imputado el exconseller Joaquim Nadal por estafa en una permuta de terrenos
Un peso pesado de la política catalana ha sido imputado por un delito urbanístico, se trata de Joaquim Nadal (PSC), que fue alcalde de Girona entre 1979 y 2002 y conseller de Política Territorial entre 2003 y 2010. El asunto es que en 2006, la Generalitat ofreció 'presuntamente' a un empresario unos terrenos inundables como permuta para que renunciara a construir un polígono en el paraje natural de Solius de Santa Cristina d'Aro (Girona). Es decir, una estafa pública en toda regla y que no se entiende que pudiera 'colar' ante empresarios avezados en el mundo de la construcción. Por supuesto, hay más imputados por esta causa y en los próximos día iremos viendo desfilar a la flor y nata del urbanismo de Cataluña en esa época.
"PÚBLICO* : Una juez ha citado como imputados al exconseller de Política Territorial durante el tripartito Joaquim Nadal y al exgerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) Emili Mas por una supuesta estafa, al ocultar a un empresario que unos terrenos que le ofrecieron como permuta eran inundables.
Según han informado fuentes judiciales, la juez ha citado a Joaquim Nadal y a Emili Mas el 21 de noviembre a raíz de la querella del empresario, que cree que fue estafado porque la Generalitat le ofreció en 2006 como permuta unos terrenos inundables para que renunciara a construir un polígono en el paraje natural de Solius de Santa Cristina d'Aro (Girona).
Según sospecha la Fiscalía Anticorrupción, el detonante que llevó a las administraciones a impulsar esta permuta fue la compra por parte de la familia del empresario José Manuel Lara de una finca próxima a la zona del Molí de Reixac, en marzo de 2006.
Joaquim Nadal (PSC), que fue alcalde de Girona entre 1979 y 2002 y conseller de Política Territorial entre 2003 y 2010, ya declaró en diciembre del pasado año asistido por un abogado ante la Guardia Civil por esta querella, en un caso en el que sostiene que siempre actuó con la más absoluta legalidad y en defensa del interés público, para evitar un atentado de carácter ambiental.
La titular del juzgado de instrucción número 25 de Barcelona ha acordado citar como imputados a Joaquim Nadal y a Emili Mas a raíz de la querella del empresario y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, según las mismas fuentes.
La querella la presentó la sociedad Varal Real Estate SL, que, en julio de 2005, compró por 6 millones de euros una finca en el sector de Molí de Reixac -que en abril de ese año acababa de ser definido como zona urbanizable industrial- para desarrollar sus planes industriales. Sin embargo, el proyecto del empresario se topó con una fuerte oposición vecinal y ecologista, por el alto valor natural y paisajístico de la zona donde se iba a levantar el complejo industrial.
Finalmente, el 11 de octubre de 2006, el empresario firmó un convenio con el Ayuntamiento de Santa Cristina d'Aro y el Incasòl, tras varias negociaciones promovidas por el conseller Joaquim Nadal, en virtud del cual Varal vendió a la Generalitat el 50% de la finca de la zona de Reixac por 7,5 millones de euros (más IVA), renunciando al desarrollo industrial de la zona, y adquirió a cambio como permuta derechos urbanísticos en la zona industrial de Bernades, que resultaron ser inundables.
En un escrito, el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado sostiene que un hecho que puede "considerarse inicialmente como detonante" del cambio de postura de las administraciones sobre el proyecto industrial en el Molí de Reixac "fue la adquisición por parte de la sociedad Labogar, propiedad de la familia Lara, el 13 de marzo de 2006, de la finca Can Dalmau, próxima a aquella zona".
Según el fiscal, en el convenio suscrito entre el consistorio y la Generalitat con Varal no se detalló ni informó al empresario de que adquiría derechos urbanísticos en una zona del polígono Bernades que eran inundables, lo que fue determinante para que el Incasòl renunciara finalmente en 2010 al proyecto de reparcelación de la zona. De hecho, los problemas de humedades en estos terrenos obligaban a la promotora a afrontar una inversión mayor a la prevista y el polígono no llegó a desarrollarse, por lo que el empresario se sintió perjudicado y presentó una querella en los juzgados.
Para el ministerio público, si Nadal tenía conocimiento de la inundabilidad de los terrenos y lo ocultó al promotor, podría haber cometido un delito de estafa, ya que habría engañado al empresario. La juez también ha imputado al exgerente del Incasòl Emili Mas, que precisamente tuvo que abandonar su cargo en diciembre de 2009, al ser imputado por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por la trama Pretoria de corrupción urbanística, si bien su causa acabó siendo archivada.
Tras la imputación de Emili Mas por el caso Pretoria, el propio Joaquim Nadal, que todavía estaba al frente del departamento de Política Territorial y Obras Públicas, aseguró que ponía "la mano en el fuego" por su gestión en el Incasòl.
* Público - EFE - 29.10.14
Foto: Barcelona, Generalitat - wikiwak.com
El TSJ anula las 16.000 viviendas del PGOU de Valladolid
El Ayuntamiento de Valladolid continúa regido, para su desgracia, por el machista y retrógrado 'popular' León de la Riva, habiendo tenido también innumerables casos de ilegalidad urbanística. Su dominio alcanza hasta la propia Comisión de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, que en 2009 aprobó 'in extremis', el día antes de cumplir el plazo, el Plan Parcial 'Prado Palacio', con casi 16.000 nuevas viviendas. Al estar todavía vigente la antigua Ley de Urbanismo, la cómplice Comisión intentaba evitar que dicho Plan tuviera que justificar su necesidad e idoneidad con arreglo a la nueva normativa urbanística estatal y autonómica. Es decir especulación pura y dura entre las filas del PP de Castilla y León, ya que las prisas, como sentencia el Tribunal de justicia, son siempre malas consejeras.
"TERCERA* : Por sentencia de 14 de octubre de 2014, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha anulado el Plan Parcial del Área Homogénea 1 “Prado Palacio”, situada en el exterior de la Ronda Oeste de Valladolid, donde conforme al vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid estaba prevista la construcción de hasta 15.687 nuevas viviendas sobre una enorme superficie de 664 hectáreas sin servicios y completamente desconectadas de la ciudad.
La sentencia del TSJ anula el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid de 18 de septiembre 2009, adoptado “in extremis” por este órgano de la Junta de Castilla y León el último día con vigencia de la antigua Ley de Urbanismo, para intentar evitar que dicho Plan Parcial tuviera que justificar su necesidad e idoneidad con arreglo a la nueva normativa urbanística estatal y autonómica.
Ese mismo día, en una jornada frenética de actividad inmobiliaria, la Junta aprobó las también anuladas judicialmente Normas Urbanísticas Municipales de Mucientes, con capacidad para 6.800 nuevas viviendas, y las casi 9.000 viviendas previstas en el Plan Parcial del Área Homogénea 7 de Valladolid. En junio de ese año, la misma Comisión autorizaba también ilegalmente las 5.000 viviendas de un Plan Parcial en Aldeamayor de San Martín, y en octubre aprobaba las 14.000 del anulado PGOU de Tudela de Duero.
Al igual que en las sentencias anteriores sobre las Áreas Homogéneas 5, 7 y 11 del PGOU de Valladolid, la Sala entiende que “no se ha justificado en absoluto la conveniencia de desarrollar el sector o la conveniencia de la transformación urbanística de los terrenos y más en particular que no se ha justificado que exista en Valladolid la necesidad de ampliar el suelo con destino residencial y especialmente que sea necesaria la construcción de 15.687 viviendas más”. En opinión de los ecologistas, un argumento de puro sentido común.
La Sala considera probado en base a un informe del propio Ayuntamiento de Valladolid que el número de licencias otorgadas en 2009 fue de 46 para tan sólo 506 viviendas “lo que pone de manifiesto la caída de la demanda de nuevas viviendas que se alega por la parte recurrente”. Dicho informe, “aparte de poner de manifiesto el descenso de la población en el municipio de Valladolid”, también indica que en los sectores de suelo urbanizable delimitado del municipio existe todavía capacidad para más de 19.000 viviendas.
Como novedad respecto a las otras sentencias de las Áreas Homogéneas, hay que notar que la del Área Homogénea 1 “Prado Palacio” se fundamenta en una contundente sentencia del Tribunal Supremo referida a una modificación del PGOU de Logroño, en base a la Ley estatal de Suelo, porque “no existe en el municipio necesidad para ampliar el suelo con destino residencial”; lo que permite prever que los recursos de Ayuntamiento, Junta e inmobiliarias contra las sentencias de las Áreas Homogéneas serán desestimados.
Ecologistas en Acción se felicita de que en el último año y medio la Justicia haya anulado las autorizaciones de la Junta para edificar casi 60.000 viviendas en Valladolid y tres municipios de su entorno (Aldeamayor de San Martín, Mucientes y Tudela de Duero), poniendo de manifiesto el disparate alentado por las Administraciones Públicas de nuestra región: una enorme burbuja inmobiliaria que nos ha llevado al desastre económico y social que actualmente vivimos.
Por todo ello, Ecologistas en Acción exige al Ayuntamiento de Valladolid y a la Junta de Castilla y León que pasen página de la etapa del urbanismo salvaje y especulativo derivado de la antigua Ley de Urbanismo y del PGOU de Valladolid de 2003. La revisión en curso del Plan General tiene que proceder a la reclasificar todas las Áreas Homogéneas como suelo rústico, so pena en caso contrario de condenar al nuevo PGOU a la ilegalidad. En opinión de los ecologistas, como alternativa a las Áreas Homogéneas el Ayuntamiento debe concentrarse en la ciudad existente, dando prioridad a la cada día más necesaria rehabilitación de los barrios.
* Tercera Información - 27.10.14
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
Madrid.- Granados comenzó a amasar su fortuna con las mordidas del 'Tachuela' y 'Mortimer'
El exnúmero 2 de la Comunidad de Madrid con E.Aguirre, F.Granados (PP), tiene una larga carrera de delitos urbanísticos según se va sabiendo poco a poco. La macrooperación 'Púnica' en la que han sido detenidos e imputados más 50 personas está dejando a las claras la enorme trama mafiosa que se iba tejiendo en la Comunidad. Desde que Granados llegó a la alcaldía de Valdemoro (70.000 habitantes) en 1999, comenzaron sus ilegalidades con cuentas en Suiza y 'mordidas' a los empresarios de la construcción 'Tachuela' y 'Mortimer'. Lo que resulta inexplicable es que este delincuente de guante blanco haya conseguido llegar a lo más alto del escalafón en el PP madrileño, a la sombra de DªEsperanza, y que, según dicen, nadie lo supiera. Realmente sospechoso.
"JOSE LUÍS LOBO* : Francisco Granados, detenido el pasado lunes junto a medio centenar de políticos, empresarios y funcionarios en la macrooperación Púnica contra la corrupción, comenzó a amasar su fortuna nada más aterrizar en la alcaldía de Valdemoro, en junio de 1999. Ese mismo año, el que luego fuera secretario general del PP de Madrid y hombre de la máxima confianza de la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, abrió una cuenta en Suiza a su nombre en la que fue acumulando las mordidas, entre otras, de dos personajes muy cercanos y singulares: los constructores David Marjaliza, alias Mortimer, y Julián Jiménez de los Galanes, alias el Tachuela.
Marjaliza, que fue detenido también en la operación policial coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, era íntimo amigo de Granados y fue el intermediario entre la firma francesa Cofely, que se llevó la parte del león de los 250 millones de euros adjudicados en contratas por la trama corrupta ahora destapada, y los políticos que repartieron o favorecieron esas adjudicaciones a cambio de comisiones ilegales, Granados entre ellos. El grueso de las mordidas presuntamente pagadas por Cofely se concentró en el periodo 2009-2014, pero el exconsejero de Aguirre empezó a hacer caja mucho antes.
Tras ser investido alcalde, en 1999, Granados empezó a tejer una red de oscuros intereses, primero con su viejo amigo Mortimer, al que conocía desde su juventud, y más tarde con el Tachuela. La actividad mercantil de Marjaliza, alias Mortimer, ya era desenfrenada; su nombre aparece en los consejos de administración de más de 125 empresas y sociedades patrimoniales, la mayoría vinculadas al sector de la construcción. Muchas de esas compañías ya están extinguidas o en liquidación, entre ellas Obrum Urbanismo, una de las firmas que integraba la constructora DHO (Dico Harinsa Obrum), cuyo socio mayoritario era Grupo DICO, controlado por Jiménez de los Galanes, alias el Tachuela y también íntimo de Granados.
Un exdirectivo del Grupo DICO, David Merino, denunció en 2009 al Tachuela y otro de sus socios, Francisco Colado, ante la Fiscalía Anticorrupción. Merino, que fue director general de Operaciones y Estrategia de la constructora, acusó a ambos de pagar sobornos millonarios a cambio de favores urbanísticos a funcionarios y alcaldes de municipios gobernados por el PP en la Comunidad de Madrid, entre ellos el propio Granados. El 11 de febrero de aquel año, El Confidencial informaba de que el exdirectivo de DICO había aportado pruebas de las mordidas pagadas por sus jefes en Valdemoro, Majadahonda, Boadilla y otras localidades madrileñas.
Varios días más tarde, Merino aseguró, en unas explosivas declaraciones al semanario Interviú, que él mismo, siguiendo las instrucciones del Tachuela, entregó personalmente mordidas en efectivo a Granados, al que se refirió como "el tío más sucio del mundo". El exdirectivo de DICO se despachó a gusto en esa entrevista: "Son las putas reglas del juego. Si no juegas a esto, no haces nada. Tú te lo encuentras porque antes de llegar a ese ayuntamiento ya pagaron otros. El constructor no se ve como una víctima: es un gasto más, y punto. La condición humana".
La relación de Granados con el Tachuela se fue haciendo más estrecha en las cacerías que este organizaba en El Descanso, una finca de su propiedad de 100 hectáreas en Daimiel (Ciudad Real), a las que solían acudir el entonces alcalde de Valdemoro, David Mortimer Marjaliza, y otros muchos políticos y empresarios. Tras las batidas, el Tachuela y sus invitados regresaban a la finca, que disponía de más de una docena de habitaciones, para cenar y jugar partidas de póker y mus hasta altas horas de la madrugada. En esos encuentros, según Merino, se tejieron muchos de los negocios que hicieron ricos a Granados y otros alcaldes del PP, entre ellos José Miguel Moreno, que relevó a aquel en la alcaldía de Valdemoro cuando fichó como consejero de Esperanza Aguirre.
En 2006, Granados y su esposa, María Nieves Alarcón, fueron víctimas de un confuso incidente nunca aclarado, pero que tal vez pudo protagonizar alguno de los cadáveres que el entonces consejero y su red clientelar fueron dejando por el camino. Dicho de otra forma: empresarios marginados de las concesiones de obra pública por negarse a pagar sobornos. En octubre de aquel año, el matrimonio tuvo que mudarse del ático que ocupaba en Valdemoro después de que uno o varios desconocidos prendiesen fuego a su coche, un Mini aparcado en el sótano del inmueble. Curiosamente –y esto tampoco llegó a aclararse–, el vehículo estaba a nombre de una de las empresas del constructor Ramiro Cid Sicluna, otro de los reyes del ladrillo de Valdemoro.
Granados rompió amarras con el Tachuela en 2008, cuando los socios de la constructora DHO –entre los que estaba Marjaliza– forzaron la salida del Grupo DICO, su accionista mayoritario, que había quedado tocado y sin liquidez por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Mortimer se aupó entonces a la presidencia de DHO, que poco después fue también engullida por la crisis del ladrillo. Sin embargo, Granados y Marjaliza mantuvieron intactos sus vínculos. Hasta que el pasado lunes el juez Velasco y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil les dieron el sobresalto de sus vidas.
* El Confidencial - JL Lobo - 29.10.14
Foto: Granados y Aguirre - elconfidencial
Condenado el exjefe de Urbanismo de Telde a tres años y medio de cárcel por falsificar documentos
El urbanismo de la ciudad grancanaria de Telde (101.000 habitantes) sigue enredado en los tribunales. A la espera de la resolución del importante caso Faycán donde está imputado todo el gobierno municipal, ahora ha sido condenado el exjefe de Urbanismo (PP), JL.Mena, a tres años y medio por falsedad al incluir un expediente fuera de plazo sobre las viviendas de la urbanización de Los Alisios. Además eso incidió en la condena de otro exedil de Urbanismo (NC), caso que, finalmente, fue aclarado y absuelto. Con este fallo, Mena ha sumado en apenas dos meses dos sentencias con penas de cárcel. En septiembre fue condenado a seis años y diez meses de cárcel por la comisión de los delitos de cohecho y falsedad de documento en el denominado caso Grupo Europa. Así que no se pueden pedir más ilegalidades delictivas.
"CANARIASAHORA* : La sección 2ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a José Luis Mena, exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, a tres años y seis meses de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial, al considerar probado que incorporó al expediente sobre las viviendas de la urbanización de Los Alisios, en La Garita, un informe jurídico elaborado en 2005, pero fechado en 2002.
El denunciante del caso, el exedil de Nueva Canarias Ildefonso Jiménez, fue condenado en diciembre de 2012 a un año y medio de cárcel y diez de inhabilitación por conceder en 2002, siendo concejal de Urbanismo de la corporación, varios reconocimientos de obra y licencias de primera ocupación en Los Alisios pese a tener conocimiento de que esas obras eran ilegales.
Jiménez defendió durante el juicio que en el expediente no solo habían desaparecido informes favorables que avalarían su actuación, sino que, además, figuraba un dictamen desfavorable firmado por Mena que había sido incorporado a posteriori con el propósito de poder acusarle de la comisión de un delito de prevaricación. Este informe concluía que no se podían otorgar las cédulas de habitabilidad hasta que no se subsanaran una serie de deficiencias.
En marzo de 2014, la Audiencia Provincial de Las Palmas revocó la sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de la capital y absolvió al exconcejal de Nueva Canarias, que había dimitido y se había retirado de la vida política tras ser condenado.
El auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas dado a conocer este martes acredita que el exjefe de Urbanismo de Telde hizo constar como fecha de redacción, emisión y firma de un informe elaborado en 2005 el 15 de noviembre de 2002 “a sabiendas de que no se correspondía con la realidad y con la intención de aparentar que había sido emitido antes de que se concediera la cédula (la resolución está datada el 18 de noviembre)”.
Durante la vista oral, celebrada el martes de la pasada semana, dos peritos, uno de ellos de la Guardia Civil –que cotejó 75 documentos firmados por Mena entre 2000 y 2006-, ratificaron que el mencionado informe y otros fechados en 2005 eran coetáneos, que habían sido realizados en el mismo periodo de tiempo y haciendo uso de similares medios de impresión.
Los magistrados de la sección segunda de la Audiencia subrayan en su sentencia “la seguridad” con la que se expresaron estos profesionales en contraposición con las “dudas” que suscitó la intervención del perito de la defensa, que ni siquiera pudo aclarar el origen del material con el que había realizado el análisis y dejó entrever que se trataba de documentos municipales oficiales sin certificación que fueron entregados por el propio Mena .
Además, ponen de manifiesto que el supuesto informe no estaba incluido en el lugar que le correspondía en el expediente, sino, “sorprendemente”, antes de una resolución del propio acusado en 2001. La sentencia desmonta el argumento de la defensa de que el documento y su supuesta alteración eran irrelevantes para el procedimiento puesto que existían informes técnicos que solicitaban corregir deficiencias. “Es como decir que los informes jurídicos del jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde informando si procede o no conceder una cédula de habitabilidad eran totalmente inútiles e innecesarios”, explica el auto.
La Audiencia sentencia que Mena “abusó” del cargo que ostentaba y falsificó de forma intencionada un documento oficial. Es por ello por lo que lo condena a tres años y medio de prisión, a la inhabilitación por el mismo periodo y a una multa de ocho euros diarios durante diez meses, además de imponerle el pago de las costas.
Con este fallo, Mena ha sumado en apenas dos meses dos sentencias con penas de cárcel. En septiembre fue condenado a seis años y diez meses de cárcel por la comisión de los delitos de cohecho y falsedad de documento oficial en el denominado caso Grupo Europa.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) consideró entonces probado que el exjefe de Urbanismo de Telde percibió 30.000 euros del empresario José María Antón como contrapartida por la modificación puntual del Plan General de Urbanismo de Telde y por la concesión de licencias para facilitar a la empresa la construcción de las viviendas a las que se había comprometido. El TSJC le retiró recientemente el pasaporte por el "fundado riesgo" de que pueda eludir a la justicia huyendo del país.
Además, Mena se enfrenta a una pena de un año y seis meses de prisión por un delito contra la integridad moral de un funcionario y permanece imputado en el denominado caso Faycán de corrupción generalizada en el Ayuntamiento de Telde a la espera de la apertura del juicio oral.
* El Diario - CA - Iván Suárez - 28.10.14
Foto: Telde, Jose Luis Mena, exconcejal Urbanismo PP condenado - EFE
La juez imputa al alcalde y a seis ediles de Roquetas por prevaricación urbanística
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El alcalde Roquetas (Almería), Gabriel Amat, no es un advenedizo precisamente, lleva casi 20 años en el cargo, compatibilizándolo a veces con el de presidente de la Diputación almeriense y el del PP en la provincia. Es decir, estamos ante el auténtico cacique 'popular' de Almería. El crecimiento desordenado y desmesurado de Roquetas de Mar (66.000 habitantes) le ha llevado a continuos conflictos judiciales, de los que no se sabe muy bien cómo ha escapado hasta ahora. Y nuevamente es acusado de prevaricación urbanística, por aprobar en 2007 la licencia que permitió la construcción de 10 chalés en la finca La Fabriquilla. Veremos cómo se libra esta vez.
"ELPAÍS* : El Juzgado de Instrucción 1 ha citado a declarar en calidad de imputados a seis ediles del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) y al alcalde, Gabriel Amat (PP), por aprobar en 2007 la licencia que permitió la construcción de 10 chalés en la finca La Fabriquilla. La citación, que incluye también a dos técnicos municipales, responde a la petición de la fiscalía para investigar un presunto delito de prevaricación administrativa.
Tras conocer la imputación, la portavoz del PSOE en la Diputación, Esperanza Pérez, exigió este jueves a Amat que dimita como presidente de la Diputación por “dignidad”.
La juez cita a Amat para el 17 de noviembre junto a los concejales Francisca Toresano y Antonio García. Para el día 14, llama a Pedro Antonio López, a Juan José Rubí, a José Galdeano y al exedil Francisco Martín.
La causa se inició en enero de 2012, después de que el ministerio público considerara “no legal” un permiso de obra en una zona donde “no se podía autorizar”, la parcela UE-109.
La licencia fue concedida en 2007 por el entonces concejal de Urbanismo, José María González, quien prestó declaración en calidad de imputado el 28 de octubre de 2013 y trasladó a la juez instructora que la licencia se concedió por “acuerdo de comisión de gobierno” y “sin ningún reparo” por parte de los “servicios técnicos y jurídicos”.
El informe jurídico de 7 de mayo de 2007 concluyó, según informa Europa Press, que “procedía la concesión de la licencia”. Del mismo modo, un informe de la oficina técnica de 4 de mayo de 2007, cuyo responsable también debe declarar, se pronunció de manera “favorable” al permiso de obra en la zona al “cumplir los parámetros establecidos en el PERI 1/09”, el planeamiento urbano local.
* El País - 23.10.14
Foto: Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat alcalde - teleprensa.net
Cárcel e inhabilitación por derribar un edificio protegido en El Puerto de Santa María
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Nada menos que 10 años (diez) ha tardado la justicia en sentenciar un caso flagrante de atentado contra el Patrimonio Histórico-artístico por derribar un antiguo palacio protegido en El Puerto (Cádiz). No hay justificación posible para esa tardanza desmesurada que solo perjudica a la población y que ha permitido que los culpables sigan en la calle. Pero hay más aún, solo se piden penas de cárcel para los constructores, artífices materiales del delito, pero no para los políticos que lo permitieron desde sus poltronas. Así solo se solicita inhabilitación para el exalcalde independiente, H.Díaz y su concejal de Urbanismo. Un despropósito que demuestra, otra vez más, la complicidad judicial en el expolio público alarmante.
"ELPAÍS* : La Audiencia Provincial de Cádiz ha confirmado penas de prisión e inhabilitación por el derribo ilegal, en el año 2004, del Palacio de Vizarrón, una casa de Cargadores a Indias del siglo XVII situada en el casco histórico de El Puerto de Santa María, conocida popularmente como la Casa de las Cadenas.
La Audiencia desestima los recursos presentados por los condenados en primera instancia y reconoce como responsables a los promotores inmobiliarios que ejecutaron el derribo parcial del ala este del palacio y a los entonces responsables municipales, por haber ejecutado o consentido el derribo a pesar de las directrices en contra que había fijado la delegación de Cultura de la Junta y las recomendaciones del área de Patrimonio del propio Ayuntamiento de El Puerto.
La sentencia, de 38 folios, señala penas de un año y medio de cárcel contra cada uno de los constructores, los empresarios locales Rufino Naves y su hijo Juan; les ordena al restablecimiento de la legalidad urbanística, esto es a la “reconstrucción lógica del inmueble”, “respetando la fisonomía de las fechadas preexistentes” y les fija el pago de una indemnización. La Audiencia confirma la consideración de culpables de un delito contra el patrimonio, y les inhabilita para el ejercicio de su profesión.
Por otra parte, el fallo fija una condena de 8 años de inhabilitación para cargo público contra el entonces alcalde independiente de El Puerto, Hernán Díaz Cortés, su concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez y el jefe del área de disciplina urbanística Fernando Jiménez, al considerarlos responsables de un delito de prevaricación administrativa.
La única modificación sustancial que hace la Audiencia está referida al pago de las costas de la acusación particular que, ahora, recae en los condenados. La Audiencia reconoce el mal estado en el que se encontraba el inmueble, pero cree equivocado el derribo ya que considera que no se valoraron otras posibles medidas alternativas.
La sentencia señala que la prevaricación administrativa está en “burlar de forma consciente los mecanismos esenciales puestos por la legislación para depurar el control de la legalidad urbanística”. Una vez conocida la sentencia, la actual delegada de Cultura de la Junta en Cádiz, Cristina Saucedo, anunció que su departamento va a reclamar la ejecución de la sentencia, en especial en lo referido a la recuperación del edificio.
Por su parte, el actual alcalde de El Puerto, Alfonso Candón (PP), señaló a través de un breve comunicado que el Ayuntamiento aún no había recibido este miércoles la sentencia y aseguró que, en cuanto esté en su poder, “procederá a su estudio para su cumplimiento”.
El pronunciamiento de la Audiencia de Cádiz responde a una denuncia presentada en origen por el grupo municipal de IU en El Puerto, cuyo entonces portavoz, y hoy parlamentario Ignacio García, insistió en el cumplimiento de la orden de reconstrucción del edificio y pidió una investigación para conocer a dónde han ido a parar los restos del palacio original tras el derribo. Contra esta segunda sentencia condenatoria cabe aún posibilidad de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
* El País - F. JOSÉ ROMÁN - 22.10.14
Foto: El Puerto (Cádiz), casa de las cadenas - esacademic
Detienen al exdirigente del PP Francisco Granados y a otras 50 personas, acusados de cobrar comisiones por obras
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Un escándalo urbanístico de proporciones aterradoras es el que se acaba de hacer público, con una importante trama mafiosa de cobro de comisiones de obras a cambio del beneficio de promotores y constructores afines al PP. Uno de los capos de esta nueva corrupción en Urbanismo era el exnúmero 2 de la Comunidad de Madrid con E.Aguirre, Francisco Granados. Pero la llamada 'Operación Púnica' actuaba en varios niveles de la Administración —Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas— principalmente en las regiones de Madrid, Murcia, León y Valencia. El número de altos dirigentes imputados sobrepasa los 50, pero es de esperar que vaya creciendo según avancen las investigaciones. Hay varios alcaldes madrileños y hasta el presidente de la Diputación PP de León. También se habla de, al menos, 250 millones de euros de dinero público adjudicado irregularmente. Algo que veremos multiplicarse en los próximos días, a poco que la justicia actúe con decisión y diligencia.
"20MINUTOS* : Cincuenta y una personas, entre ellas el exdirigente del PP Francisco Granados, seis alcaldes madrileños y el presidente de la Diputación de León, han sido acusadas de formar parte de una supuesta trama de corrupción que en los últimos dos años se adjudicó contratos de varios ayuntamientos y comunidades autónomas por importe de 250 millones de euros. La 'operación Púnica', dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado de momento con la detención de 37 implicados y la imputación de otros 14, todos ellos ediles, funcionarios y empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos, acusados de cobrar y pagar comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios.
La trama de corrupción que ha desmantelado la Guardia Civil estaba "infiltrada" en varios Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, según la Fiscalía Anticorrupción, y operaba sobre todo en Madrid, aunque se extendía por León, Valencia y Murcia. Entre los detenidos, está Francisco Granados, que fue 'número dos' de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, pues ocupó la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior entre 2004 a 2011. Granados, que fue también secretario general del PP de Madrid en el mismo periodo, es amigo del empresario David Marjaliza, acusado de ser uno de los "conseguidores" de la trama. Precisamente, la operación ha sido bautizada "Púnica" en alusión al exconsejero madrileño, ya que en latín el árbol del granado se llama 'Punica granatum'.
También han sido detenidos los alcaldes madrileños de Parla, José María Fraile (PSOE); de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga (PP); de Collado-Villalba, Agustín Juárez (PP); de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro (PP); de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP), y de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez (Unión Demócrata Madrileña-UDMA). Uno de los primeros arrestados fue el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), que sustituyó en mayo a la asesinada Isabel Carrasco, mientras que en la comunidad murciana fueron arrestados, entre otros, el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso (PSOE). Los implicados han sido acusados de pertenencia a organización criminal y otros 10 delitos de corrupción: blanqueo de capitales, falsificación, delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude a la Administración. Inicio de la investigación La investigación contra esta supuesta trama se inició en diciembre de 2013 a raíz del descubrimiento de una cuenta en Suiza a nombre de Francisco Granados y del empresario David Marjaliza, según informaron a España a las autoridades helvéticas.
A raíz de este descubrimiento, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación y las autoridades suizas ordenaron el bloqueo de la cuenta y avisaron de que iban a tomar declaración a Granados y Marjaliza, por lo que el pasado julio el fiscal presentó una querella contra ambos que recayó en el juez Velasco.
La investigación ha permitido sacar a la luz una trama organizada que usaba influencias políticas para introducirse en la administración pública en todos los niveles -ayuntamiento, diputación y comunidad autónoma- y obtener irregularmente adjudicación de contratos y de servicios públicos. La red gravitaría en torno a los empresarios Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca, detenidos y estrechamente vinculados a Granados, que mediaban entre políticos y empresarios como "conseguidores" de contratos públicos para estos últimos a cambio de comisiones. En el caso de los políticos, las pesquisas se centran fundamentalmente en cargos públicos que supuestamente decidieron colaborar con la trama "al final" de su carrera política, según fuentes jurídicas. Estos políticos que presuntamente formaban parte de la trama desarticulada cobraban supuestamente comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato. Uno de los imputados por un delito de revelación de secretos es un agente de la Guardia Civil que avisó a Granados de que estaba siendo investigado en relación a la cuenta que tenía abierta en Suiza.
Además del medio centenar de detenidos e imputados, en la operación Púnica se han llevado a cabo registros en diversos ayuntamientos afectados y en los domicilios de los implicados, así como 259 mandamientos a registros de la propiedad para bloquear los bienes atribuidos a la trama. También se han efectuado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias para el bloqueo de cuentas corrientes y 30 embargos de vehículos de alta gama de los principales investigados. La mayoría de los detenidos han sido trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos y al cuartel madrileño de Las Rozas para ponerlos a disposición judicial en los próximos días.
* 20 Minutos - Agencias - 27.10.14
Foto: Agentes de la Guardia Civil salen del registro del Ayuntamiento de Villalba. / CARLOS ROSILLO
Peñíscola deberá afrontar una nueva sentencia urbanística millonaria
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Son varios los asuntos económicos que el Ayuntamiento de Peñíscola (Castellón) deberá solucionar próximamente, debidos a antiguas sentencias urbanísticas contrarias. Así ocurre con el 'caso Llopis' (seis millones de euros), el edificio Mirad’Or y, ahora también, la actual zona ajardinada situada junto a Peñismar (cuatro millones de euros), un contencioso de los años 80's. Como siempre, hay acusaciones políticas cruzadas sobre quién es el responsable de estas actuaciones ilegales, pero la realidad es que el Urbanismo de la localidad lleva muchos años siendo caótico, perdiendo gran parte del encanto paisajístico que poseía, y que, al final, los paganos de estos delitos municipales serán los ciudadanos, una vez más.
"MEDITERRÁNEO* : El Ayuntamiento de Peñíscola se enfrenta a un nuevo mazazo económico, en forma de indemnización por decisiones urbanísticas tomadas en el pasado. Si en los últimos años se ha llegado a acuerdos para proceder al pago aplazado de la llamada sentencia Llopis --con un montante global de seis millones de euros-- y por el caso del edificio Mirad’Or --por un importe de 720.000 euros--, ahora deberá hacer frente al pago por una expropiación realizada en los años 80 que la justicia ha sentenciado como irregular.
Tras haber agotado todas las vías legales, el consistorio debe asumir este nuevo asunto, que tiene como ubicación la actual zona ajardinada situada junto a Peñismar. Aunque el montante total aún está por precisar, podría alcanzar los cuatro millones de euros.
El alcalde, Andrés Martínez, mencionó en el pleno que para este caso “se va a proponer un plan de pagos, con la intención de que en un plazo de 10 años queden abonadas todas estas sentencias, intentando que el Ayuntamiento no tenga que asimilarlas de forma traumática”, ni incrementar la presión fiscal.
Al igual que en el caso Llopis, este nuevo contencioso tiene como origen la era en la que Rafael Serrat --actual concejal de Esquerra Unida-- era alcalde por el PSOE. Desde hace meses, las acusaciones cruzadas entre el equipo de gobierno y Serrat se han convertido en un asunto transversal en las sesiones plenarias, independientemente del tema que se trate en el orden del día. El alcalde ha señalado que se citará a Serrat “en una comisión de investigación, para analizar estos hechos a los que tenemos que hacer ahora frente”, si bien las hipotéticas responsabilidades penales ya habrían prescrito.
Por su parte, Serrat niega que se cometieran irregularidades y acusa “a los más de 20 años de gobiernos del PP en el consistorio” de las decisiones urbanísticas que perjudican al municipio. Desde el equipo de gobierno calculan que el conjunto de sentencias puede sumar los 13 millones de euros. Una cifra inasumible en un mismo ejercicio, pues las cuentas locales de este año ascienden a poco más de 13,5 millones.
El Ayuntamiento ha logrado un plan de pagos aplazado de los casos Llopis y Mirad’Or y espera que pueda hacerse lo mismo en este nuevo asunto. Esto supone mantener cierta normalidad en la gestión, aunque afecta al apartado de inversiones. Este verano, la Concejalía de Urbanismo detalló algunas obras que no se pueden acometer, como la mejora de la avenida de la Mar, el asfaltado de calles o trasladar la sede de la Policía al Centro de Estudios.
* Mediterráneo - Bartolomeu Roig - 29.9.14
Foto: Peñíscola (Castelló), avance ladrillo - levante
El urbanismo pendiente de Santa Cruz de Tenerife
La confusión y los casos urbanísticos delictivos continúan en Santa Cruz, como si de otra cruz se tratara. En Ifara y Residencial Anaga existen en la actualidad 6 sentencias firmes de derribo que no se acaban de cumplir. Una de las viviendas en cuestión es propiedad del diputado nacional del PP, ML.Torres Herrera. Lógicamente, la mayoría de ciudadanos y la Plataforma contra el PGO de la capital tinerfeña consideran que existe parcialidad a la hora de hacer cumplir las sentencias de derribo. El problema viene ya de años atrás y además, después, se han seguido cometiendo más ilegalidades urbanas, con lo que ya llueve sobre mojado en este enclave céntrico y cotizado de la ciudad. Pero la corrupción municipal, junto a la débil y poco diligente justicia, están consiguiendo que el proceso de los derribos se eternice y no se vea el final de este turbio túnel urbanístico.
"CANARIASAHORA* : Nadie sabe muy bien dónde empieza el barrio de Ifara y dónde el de Residencial Anaga. Y la misma confusión parece existir entre promotores y responsables de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife a la hora de hacer cumplir la ley. En este ámbito se concentran desde hace años seis sentencias firmes de derribo que no se acaban de ejecutar.
Los problemas surgen por tratarse de un enclave en pendiente muy codiciado por unas vistas que los propietarios pagan a precio de oro. Sin embargo la construcción de otros edificios en sus propias narices y sin respetar las normas han implicado que en ocasiones este privilegio se vea mermado o reducido a cero. A partir de aquí surgen las denuncias y los fallos que en su mayor parte quedan luego en el aire.
La Plataforma en contra del Plan General de la capital tinerfeña ha criticado en varias ocasiones lo que está ocurriendo e incluso considera que no es casual que algunas de las viviendas sobre las que hay sentencias firmes sin cumplir sean de familiares de los antiguos redactores del Plan o de un diputado nacional del Partido Popular (PP). Durante los últimos años se han sucedido batallas judiciales que en todos los casos han ido a favor de los denunciantes y en contra de los denunciados. La posición de la Gerencia de Urbanismo no ha resultado demasiado clara y en no pocas ocasiones los juzgados han emitido sentencias dándole severos tirones de oreja o bien acusando al Ayuntamiento de clara inactividad a la hora de hacer cumplir la legalidad. En todos los casos se trata de irregularidades urbanísticas que tienen su origen a finales de la década de los años noventa.
Caso paradigmático es el fallo judicial sin posibilidades de recurso del Tribunal Supremo (TS) que obliga al derribo de cinco metros del edificio La Ninfa en Ifara. Años después de dictarse, se ha hecho lo posible e imposible para no darle cumplimiento. Y ha sido así hasta tal punto que en la actualidad, el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz ha imputado a los anteriores concejales de Urbanismo, Manuel Parejo y Norberto Plasencia, y el ex gerente de Urbanismo, José Tomás Martín, por presuntamente incumplir el sentido de aquella resolución judicial. El fallo es inminente después de años de espera.
En concreto, mientras la sentencia del TS era clara al apuntar el derribo de cinco metros de este edificio por invadir un aparcamiento, finalmente el Ayuntamiento hizo una interpretación muy particular y procedió a cederle unos metros más al edificio o, lo que es lo mismo, a forzar la parcela sobre la que se levanta. El TS rechazó el recurso de casación interpuesto en su momento por Urbanismo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ordenaba esta demolición y que databa de diez años antes. Aunque el fallo es contundente también en un momento dado la Sala admite que no se les escapa "la posible dificultad técnica" de la demolición.
Por ello el Tribunal pidió al Ayuntamiento que a través de su servicio técnico presentase un proyecto de demolición, con especificaciones sobre la forma de realizarla, alcance y posibles efectos en la estructura del edificio. Durante años se produjo un baile de cifras sobre los metros que estaban afectados y que oscilaban desde los diez hasta los dos, pasando por cinco, que fue la cifra que finalmente dio por válida el TS tras realizar un peritaje. El Supremo descartó que se le hubiera causado indefensión a Urbanismo y además condenó a este organismo al pago de tres mil euros. Por si fuera poco este edificio es denunciado por los vecinos de la parte inferior ante la cíclica caída de piedras, sobre todo cuando llueve.
En Residencial Anaga los problemas se concentran en la calle Cornisa y más concretamente en los números 16, 17, 18 y 19 sobre las que penden sentencias firmes de demolición. Estas licencias fueron otorgadas por el actual diputado nacional del PP, Pablo Matos, cuando ejercía como concejal de Urbanismo. En el número 19 se encuentra el chalet de Manuel Luis Torres Herrera, destacado miembro del PP que ejerció de viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias cuando se acabó esta casa a finales de los años noventa y diputado nacional en la actualidad.
Los problemas se iniciaron a principios de esta década, cuando el TSJC no sólo ratificó la necesidad de restaurar el orden urbanístico infringido sino que dio un tirón de orejas al Ayuntamiento por su pasividad a la hora de hacer respetar la legalidad en este ámbito. La correspondiente denuncia la presentó la empresa Administradora Patrimonial Radazul SL y un vecino. A mediados de la década se empieza a intentar encontrar alguna alternativa para legalizar estas obras.
La Unidad municipal de Edificación y Disciplina informó a principios de 1998 del proyecto de construcción de una vivienda unifamiliar de dos plantas y un sótano. A finales del año Matos había considerado que el edificio estaba de acuerdo con las determinaciones contenidas en el Plan Parcial y le otorgó la licencia. Sin embargo, dos años después se realiza un informe donde se detecta el incumplimiento en uno de los muros del edificio. Se estima que tanto este error como otros del inmueble no son legalizables.
Urbanismo pudo comprobar que efectivamente la edificación no se ajustaba a lo establecido en el Plan Parcial del Centro Residencial Anaga y al PGO en vigor. Para legalizar la obra, además, es necesario llevar a cabo la demolición de los muros ejecutados que no se ajustan a la licencia concedida. En concreto, este lindero supera en cinco metros lo permitido. De forma automática se determinó que el inmueble estaba fuera de ordenación, dado que la edificación ejecutada no se ajustaba a lo establecido en los distintos planes.
Tanto en este caso como en otros más que se suceden también en el ámbito de Residencial Anaga, la Gerencia de Urbanismo había introducido en la versión del PGO de 2008 una cláusula indicando que, una vez aprobado el planeamiento, "se podrá instar la legalización del inmueble, siempre y cuando dicha opción sea posible conforme a las nuevas determinaciones de ordenación urbana".
Sobre una vivienda situada en la parcela 17 se emitió en su momento una sentencia que también apuntaba a la existencia de irregularidades en el edificio al entender que estaba fuera de ordenación ya que no se ajustaba a lo contenido en el PGO de Santa Cruz. Sin embargo otro fallo determinó que debía ejecutarse la demolición del inmueble, al menos en la parte que no cumple con la normativa. "Todo ello para llevar a su puro y debido efecto el cumplimiento de la declaración contenida en la sentencia" emitida entonces.
El caso de la parcela 18 en este ámbito repite casi matemáticamente los mismos perfiles. La licencia se solicitó en el año 1998. Se trataba de una vivienda unifamiliar de tres plantas y sótano y se concedió la correspondiente licencia. Sin embargo poco después se inició un expediente de Disciplina Urbanística para legalizar las obras que no estaban amparadas por la licencia municipal. Por esa misma época se presentó la primera denuncia.
Ya entonces Urbanismo estaba escaldada y alertó que se habían emitido sentencias por casos parecidos que habían concluido ordenando demoliciones. Y es que se comprobó que se habían realizado modificaciones sobre la licencia original. Poco después el Juzgado emite una sentencia que va en el mismo sentido que las anteriores de este ámbito. Así se repite el procedimiento para comprobar si se ha respetado la legalidad y la orden de dejar sin efectos los acuerdos plenarios para legalizar el inmueble.
Paradigmático es también lo ocurrido con la vivienda situada en la parcela 16 de Residencial Anaga. En este caso, la licencia se solicitó en el año 1996 y se trataba de un inmueble de dos plantas con sótano, ocupando una superficie total de 528 metros cuadrados. En principio la Gerencia de Urbanismo concedió la correspondiente licencia. Sin embargo posteriormente se llevaron a cabo unas obras de ampliación que fueron informadas desfavorablemente. De forma paralela se presenta una denuncia ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 que obliga a comprobar la situación del inmueble en cuanto a los muros de contención, alturas, volumetrías y ocupación de la parcela. La propia Gerencia comprobó que efectivamente se había infringido la normativa.
Dos demoliciones por el camino
Dos dolorosas demoliciones son las que se han quedado por el camino en la historia de Residencial Anaga. La primera es la de la vivienda conocida como la casa Roja y la otra, el edificio Mogán. En el primer caso se trataba de un chalet que incumplió determinadas normas en la altura de los muros. Fue denunciado por los vecinos y finalmente los tribunales le dieron la razón. Sus propietarios iniciaron entonces una denuncia pública al considerar que habían sido objeto de discriminación. Lo cierto es que todos los fallos admitieron que efectivamente se concedió en su momento una licencia que luego no se ajustó a las normas de este entorno.
La Gerencia de Urbanismo se comprometió a abonarles una indemnización, pagarles la redacción del nuevo proyecto, les entregó unos 150.000 euros para construir la nueva casa y otra licencia. Curiosamente, aunque todo el mundo daba por hecho que iban a ganar en los tribunales lo cierto es que su incursión en este terreno no resultó demasiado favorable. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y el Tribunal Supremo (TS) indicaron que la responsabilidad del Ayuntamiento se limitó hasta el momento en el que anunciaron la paralización de las obras. De esta manera la cantidad a abonar era notablemente inferior que si se hubiese tenido en cuenta todo el procedimiento.
En este entorno se situaba también el edificio Mogán que igualmente bloqueaba las vistas de sus vecinos. El Ayuntamiento procedió a su derribo y a través de una sentencia del TSJC le abonó a su propietario más de 300.000 euros a lo que habría que sumar otro tanto de intereses. Esta cantidad, no obstante, resultaba notablemente inferior a los tres millones que reclamaban los propietarios, la empresa Brevala SA pero muy superior a los doscientos mil euros que había calculado el Ayuntamiento. El derribo se hizo efectivo en el año 2006.
Geriátrico
Como un “calvario judicial” definió el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la lucha que durante años entablaron los vecinos de Ifara en contra de un geriátrico. El Consejo Consultivo de Canarias emitió recientemente su preceptivo informe en el que avala la anulación de las licencias que permitieron la construcción de este edificio por incumplirse las determinaciones del Plan General de Ordenación (PGO) y superarse con creces la edificabilidad. Hasta ahora todas las batallas judiciales han sido ganadas por los vecinos pero de poco ha servido ya que al final las sentencias no se han llegado a cumplir. Por ello el TSJC a principios de año reprochó a la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz por su desinterés en aplicar los fallos judiciales.
Los vecinos han venido defendiendo desde hace años que la mitad del inmueble tendrá que ser demolido y así lo han avalado también los tribunales, informes del propio Ayuntamiento y luego el Consejo Consultivo. En todos los casos se ha determinado que las licencias otorgadas en el año 2003 para construir este inmueble son "disconformes" con el PGO. Con el fin de legalizar el edificio se otorgaron posteriormente otras autorizaciones en 2008 y 2009 que también deben ser anuladas según el Consejo. En caso de concretarse el derribo, el Ayuntamiento de Santa Cruz podría verse obligado a desembolsar cantidades millonarias a la empresa propietaria, Residencias Atlántidas S.A.
Pero cuando parecía que por fin los elementos se ponían del lado de los vecinos desde la Gerencia de Urbanismo se acaba de emitir un informe en el que se viene a decir que el dictamen del Consultivo carece de validez. La abogada interpreta que sería absurdo ir contra una resolución dictada por la propia Gerencia y limita los problemas a la planta alta del inmueble. Pero se niega en todo momento que se pueda hablar de ilegalidad alguna.
* El Diario - Canarias Ahora - Noé Ramón - 19.10.14
Foto: Santa Cruz de Tenerife, perfil centro - canarias ahora
Antequera.- El anillo fantasma: un audaz proyecto ferroviario… en vía muerta
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Continuando con los despilfarros delictivos en infraestructuras, un caso ejemplar es el del anillo ferroviario del AVE en Antequera (Málaga), una especie de circuito de pruebas donde se iban a alcanzar las mayores velocidades del planeta. Una idea desmesurada que se basaba, sobre todo, en fondos europeos para su realización, ya que la iniciativa privada no estaba muy interesada. Pero, una vez más, las contradicciones y el juego sucio político echó por tierra el proyecto destinado a dar un empujón a una comarca bastante deprimida. La Junta de Andalucía trató de buscar una solución utilizando otros tramos ferroviarios alternativos, pero el Gobierno 'popular' se negó tajantemente, con lo que la suerte estaba echada para los 380 millones del coste inicial de la obra y los 7.000 empleos prometidos (4.800 directos).
"ANA ISABEL CERRO* : El príncipe azul resultó ser una rana. El anillo ferroviario de Antequera iba a ser el mayor circuito de pruebas de trenes del mundo. No uno de los mayores, sino el mayor. En él se iban a alcanzar 500 kilómetros por hora, ríase de los apenas 250 de los anillos de Wildernrath o Transrapid Emsland (Alemania), Valenciennes (Francia), Pueblo (Colorado, EEUU), Old Dalby (Gran Bretaña), Shcherbinka (Rusia) o Velim (Chequia). Porque nadie le tose a España cuando se habla de AVE. El anillo, tal y como lo presentó el Gobierno en 2010, cuando aprobó el proyecto, iba a crear más de 7.000 empleos. No unos miles, ni siquiera alrededor de 7.000, sino exactamente 7.204, de los que 4.800 serían directos y 2.404 indirectos.
En fin, una maravilla: empleo, I+D+i, liderazgo mundial en AVE, economía del conocimiento con valor añadido… Se agotan los adjetivos para definir el proyecto, perfecto salvo por un detalle: no existe. Y de momento no tiene visos de convertirse en realidad. Es más, el anillo lleva camino de convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno central.
EL SOCIO QUE NUNCA LLEGÓ
Ni el PSOE, padre del proyecto cuando dirigía el Ministerio de Fomento, ni el PP, actual partido en el Gobierno y que siempre lo ha defendido, dan por enterrado el megaproyecto. El Gobierno no dice ni mu, si acaso (y a media voz) mantiene viva la expectativa a la espera de que aparezca un supuesto socio privado que salvaría los muebles en el último minuto.
Oficialmente, el anillo de Antequera sigue siendo un proyecto viable que está “en fase de expropiaciones”, lo cual explicaría su aparente parálisis. Es incómodo dar carpetazo a un proyecto cuya inversión iba a ser en principio de 344,45 millones, aunque más tarde la previsión creció (ya se sabe que prever inversiones es muy resultón y además sale barato) hasta los 380. Y más incómodo aún en una comarca, la de Antequera, castigada ya en el ámbito ferroviario por el bajo ritmo inversor del tramo Algeciras-Bobadilla del Corredor Mediterráneo.
Pero los hechos, no sólo el silencio del Gobierno, hablan tozudamente por sí solos del desinterés en el proyecto: en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al anillo le corresponde un cero rotundo. Un cero que por otra parte no supone ninguna sorpresa.
Y he aquí quizás la gran particularidad del caso del anillo ferroviario. Todo el mundo sabe que es inviable, porque para desarrollarse necesita el interés de las empresas privadas, y dicho interés actualmente no existe. La mejor prueba es que en la licitación del proyecto en 2013 no se presentó ninguna empresa. Demasiadas incógnitas, mucho riesgo. Nulo interés de las entidades financieras en avalar un jaleo semejante.
DOS PÁJAROS DE UN TIRO
Bueno, no todo el mundo ha permanecido de brazos cruzados ante la evidencia del fracaso del proyecto. El Gobierno andaluz ha intentado poner en la presente legislatura una cierta dosis de realismo. Lo ha hecho sin verbalizar que el proyecto está muerto, sobre todo porque el partido mayoritario en el Ejecutivo autonómico, el PSOE, está ligado en origen al anillo ferroviario y formalmente lo sigue reivindicando al Gobierno Rajoy, aunque ya con evidente falta de entusiasmo, con el aire mecánico de quien rellena el expediente.
El pasado mes de febrero, la Consejería de Fomento y Vivienda ofreció formalmente al Ministerio de Fomento el tramo Marchena-Antequera del AVE, construido por la Junta de Andalucía entre 2004 y 2008, y paralizado la legislatura pasada cuando el monstruo de la crisis dio definitivamente la cara. La idea era la siguiente: que el Gobierno, ya que no puede impulsar el anillo ferrovario, utilice el tramo Marchena-Antequera para ofrecer allí los ensayos, licitando el proyecto en esta plataforma, ya construida y que permite velocidades similares a las del anillo.
El departamento que dirige Elena Cortés (Izquierda Unida) pretendía con el ofrecimiento matar dos pájaros de un tiro: de un lado, dar utilidad al tramo del AVE andaluz, en el que se invirtieron 270 millones durante la década pasada y que es a día de hoy absolutamente inútil, y de otro lado evitar la pérdida de los más de 250 millones de euros que la Unión Europea ha asignado a España en concepto de I+D+i a través del anillo ferroviario de Antequera. Dichos fondos, de no estar ejecutado el proyecto el 31 de diciembre de 2015, se perderán, por corresponder al marco Feder 2007-2013.
QUÉ HACER PARA NO PERDER 250 MILLONES
La propuesta tuvo su intríngulis político en el seno del Gobierno andaluz, ya que hubo quien la interpretó como una enmienda indirecta de IU al proyecto de AVE andaluz del PSOE. Una especie de pellizco con mala uva entre socios. En Fomento y Vivienda niegan esta lectura. “Nuestro ofrecimiento es simplemente un acto de eficiencia. Evitamos perder fondos europeos y damos utilidad a una infraestructura ya construida. Miramos hacia delante, no hacia atrás”, argumenta Manuel García Peláez, delegado territorial de Fomento y Vivienda en Málaga.
La respuesta del PP y del propio Gobierno fue nítida desde que se conoció la propuesta en febrero de este año: no. Pese a que el tramo ofrecido coincide en dimensiones con el del anillo (77 kilómetros frente a 75) y permite velocidades superiores a 400 kilómetros por hora, el Gobierno desechó la idea de entrada y volvió a señalar que el anillo de los sueños no podía sustituirse por un parche. No hubo argumentación técnica alguna. Simplemente no, porque el anillo aún es posible, respondieron. Es más, Pastor llegó a afirmar que el Ministerio seguía en sus trece de licitar el proyecto ”lo antes posible”. Hace siete meses de eso. Y nada.
Desde que quedó negro sobre blanco que la propuesta de la Junta caía en saco roto, en marzo de 2014, no se ha movido un papel. No hay noticia de interés privado. Incluso la oposición social al anillo ha rebajado el tono, sabedora de que ha ganado de facto la batalla. Dicha plataforma, integrada fundamentalmente por agricultores y ecologistas y que cuenta con el apoyo de IU, siempre ha sostenido que el proyecto resta más de lo que suma. Sin haber impuesto de forma explícita sus tesis, sí han terminando venciendo de forma silenciosa con cada plazo incumplido por el proyecto. A día de hoy, es matemáticamente imposible que el Gobierno concluya el anillo el 31 de diciembre de 2015 aunque lo licitara hoy mismo y lo adjudicara en tiempo récord.
Un inmenso cadáver ferroviario
“Es un acto de irresponsabilidad que el Gobierno haya rechazado el ofrecimiento de la Consejería, que permitía que llegase a Andalucía el dinero europeo y generar empleo en el ámbito ferroviario aprovechando una infraestructura ya construida”, señala Manuel García Peláez, delegado territorial de Fomento y Vivienda en Málaga.
El PP ha preferido encastillarse en el ‘no‘ y, en una vuelta de tuerca, exige al Gobierno andaluz la terminación del tramo Sevilla-Antequera, al que pertenece el tramo ofrecido. Pero lo cierto es que aquel llamado AVE andaluz en quela Junta se embarcó en tiempos de bonanza no va a continuar, al menos a corto plazo. Es más, aparte de la propuesta de Cortés para dar uso al inmenso cadáver ferroviario, la única noticia que ha dado el AVE andaluz esta legislatura ha sido la devolución del crédito europeo a la Junta de 180 millones.
El día de la devolución la Junta se tragó un sapo tamaño AVE. Ahora el Gobierno central parece no querer tragarse un sapo tamaño anillo ferroviario. Y por eso guarda silencio, resistiéndose a enterrar formalmente el proyecto, y menos con las municipales a ojos vista. Pero no lo va a tener fácil. La Unión Europea, que cuando pone a funcionar su fría burocracia acreedora no se para en diplomacias electoralistas, ha hecho llegar al Gobierno central una petición de información, según ha publicado Málaga Hoy. Un “qué tal va mi anillo” que también contiene una advertencia: sin anillo, no hay millonada europea. “Ya advertimos que el empecinamiento del Gobierno y su negativa a nuestro ofrecimiento supondría perder más de 250 millones”, señala García Peláez, que insiste en que “la propuesta sigue en pie”. Quizás es lo único que sigue en pie en esta historia de castillos de naipes derribados el viento.
* Andaluces Diario - AI.Cerro - 18.10.14
Foto: Antequera (Málaga), proyecto anillo AVE - andaluces
Galicia.- La Lei do Solo nace sin consenso como las 10 reformas anteriores
Desde 2002 en que se redactó la anterior Ley de Suelo, el urbanismo gallego ha sufrido una inestabilidad sin precedentes, debida a las numerosas reformas que se han ido introduciendo políticamente. Pues ahora aparece una nueva Ley y ocurre más de lo mismo. La incapacidad para llegar a acuerdos en un asunto tan fundamental como el Urbanismo es un lastre demasiado pesado para una autonomía tan fragmentada como la gallega, con 199 ayuntamientos menores de 5.000 habitantes que ocupan el 65% del territorio. El mayor conflicto está basado en la necesidad o no de que esos pequeños municipios tengan un Plan Básico dictado por la Xunta, ya que ahora va a resultar obligatorio, cuando algunos de esos municipios no parecen necesitarlo por su escasa actividad. El lío está servido.
"ELPAÍS* : La nueva Lei do Solo, llamada a dar estabilidad al urbanismo gallego tras 10 reformas parciales de la norma anterior, de 2002, nace también sin consenso, como la inmensa mayoría de los cambios que el PP y el bipartito PSOE-BNG fueron introduciendo en la última década. El nuevo texto incluye una novedosa figura, la del plan básico, dictado desde la Xunta para los municipios de menos de 5.000 habitantes incapaces de elaborar por sí solos un plan de urbanismo completo, único cambio que el PSOE acogía en principio favorablemente ya que liberaría también a sus alcaldes de la presión de sus vecinos y la trasladaría al Gobierno gallego.
Pero como en el resto de la nueva ley, tampoco en ese punto hay acuerdo ya que los socialistas quieren que sea cada ayuntamiento el que voluntariamente pida a la Xunta que le elabore ese plan básico mientras que en el texto que ayer expuso al público el Gobierno gallego se reserva para sí la capacidad de “promover” esos documentos aunque no se lo pidan los municipios.
En Galicia hay 199 ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes que ocupan el 65% del territorio. La inmensa mayoría carece de plan de ordenación y tampoco registra una gran presión urbanística que les anime a elaborar uno. Otros, precisamente porque sí tienen esa presión, llevan años empantanados en la redacción de esos planes. Así que en principio alcaldes de todo color político ven bien que sea la Xunta la que asuma ese trabajo. Pero la discrepancia aparece en si lo debe hacer por iniciativa propia o solo si se lo pide el ayuntamiento en cuestión. Hace seis meses, el portavoz popular en materia de urbanismo, Román Rodríguez, se mostraba favorable a que fuese cada ayuntamiento el que solicitase a la Xunta un plan básico y su homólogo socialista, Xosé Sánchez Bugallo, mostró su apoyo a esa nueva figura. Pero el texto final que la Xunta ha expuesto al público amenaza con torpedear ese acercamiento. “La consellería competente en materia de urbanismo promoverá la redacción de los planes básicos”, dice el documento, que a continuación limita la actuación municipal a presentar alegaciones a ese plan autonómico.
Esa redacción ha cogido por sorpresa al grupo parlamentario popular mientras que ha provocado el rechazo inmediato del PSdeG. “Es una ley expropiatoria de competencias municipales”, dijo ayer Bugallo, que solo aceptaría ese trasvase de competencias de los ayuntamientos a la Xunta si es “voluntariamente”. En AGE y BNG esa figura nunca ha gustado ya que consideran que al dejar en manos de la Xunta los planes urbanísticos se dificulta la transparencia y la participación de los ciudadanos.
Al margen de esa medida, el PSdeG critica especialmente que la nueva ley desprotege el suelo rústico, todo aquel que aún no ha sufrido transformación urbanística y que debe ser preservado así, y en especial el que está destinado a actividades agropecuarias. Por el contrario, la Xunta y el PP destacan que la simplificación normativa de la nueva ley facilitará el desarrollo en esos terrenos de actividades económicas compatibles con la preservación de sus valores. En general, el socialista Bugallo considera que la norma no aporta grandes novedades sobre la ya existente sino que es un “hacer que hacemos” por parte de la Xunta, a la que pide que simplifique la redacción de los planes de urbanismo para que no supongan un obstáculo para los municipios.
La norma aún puede cambiar notablemente ya que, tras la actual exposición al público y las correcciones que pueda introducir la Xunta, el texto deberá ser debatido en el Parlamento antes de su aprobación. El Gobierno gallego, en todo caso, prevé que entre en vigor esta legislatura.
* El País - Davis Reinero - 13.10.14
Foto: Galicia, paisaje - flickr
Piden cárcel para el exalcalde de Agrón por posible prevaricación urbanística
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Otro caso más de urbanismo ilegal en la provincia de Granada. La fiscalía pide 3 años de cárcel y 10 de inhabilitación para el exalcalde independiente de Agrón, G.López Romero, por un delito continuado de prevaricación urbanística. Se trata de la concesión de una licencia para construir un edificio, en 2006, sin informes técnicos positivos y sin proyecto visado como es reglamentario. Demasiadas irregularidades que vienen a demostrar la poca importancia que se le concede al Urbanismo desde muchos municipios, donde todo depende de decisiones de los políticos de turno, sabedores, además, de la lentitud y dejadez de la justicia para atajar estas ilegalidades 'de libro'.
"IDEAL* : La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada juzgará el próximo 28 de octubre el exalcalde de Agrón (Granada), Guillermo López Romero (Independientes por Agrón), por presuntamente permitir la construcción de un edificio que contravenía la normativa al respecto a sabiendas de su ilegalidad.
La Fiscalía le atribuye un delito continuado de prevaricación urbanística, por el que le solicita tres años de prisión, diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y multa de 7.200 euros; o alternativamente un delito de prevaricación urbanística, con dos años de prisión y ocho de inhabilitación; o prevaricación ordinaria, con una pena de ocho años de inhabilitación.
En principio, el procesado iba a ser enjuiciado el 10 de diciembre del año pasado, pero la vista tuvo que ser aplazada 'sine die' al renunciar su abogado a representarlo, lo que llevó a la Audiencia a tener que esperar a una nueva designación de letrado para fijar nueva fecha, que finalmente se ha señalado para casi un año después.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el inculpado, en su condición de alcalde, concedió, en fecha 28 de diciembre de 2006, licencia para la construcción en dos calles del municipio una edificación con tipología de vivienda plurifamiliar (siete viviendas y trasteros), con bajo y dos alturas en una de ellas, y con bajo y tres alturas en la otra vía, a favor de la promotora 'La casona de Agrón'.
Lo hizo, según el fiscal, "sin el preceptivo informe jurídico" sobre la adecuación de la licencia a la legalidad urbanística vigente, contraviniendo así la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y sin la correspondiente presentación por parte de la promotora del proyecto básico y de ejecución oportunamente visado y firmado por el Colegio Oficial de Arquitectos, "a sabiendas de que con ello contravenía las garantías y normas aplicables".
Además, el Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Diputación de Granada informó de la no adecuación del proyecto de edificación a la legalidad urbanística, recomendando como medida cautelar la paralización de las obras que se estaban ejecutando, en tanto no se adoptaran las medidas correctoras pertinentes destinadas a la restauración de la normativa.
Por ello, el alcalde acordó mediante decreto el 18 de febrero de 2008 la paralización de las obras, "imponiendo verbalmente" al mismo tiempo tanto al secretario del Ayuntamiento como a una auxiliar administrativa la no notificación de esa orden a los interesados.
* Ideal - EP - 28.9.14
Foto: Agrón (Granada)- ideal
