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El tristemente conocido arquitecto-urbanista madrileño L.Arnáiz, salpicado de lleno en la trama Gürtel y en el 'Tamayazo', imputado por estafa y otros delitos, sigue actuando impunemente en la Comunidad madrileña donde ya ha realizado numerosos planes urbanísticos en la zona de Boadilla y otros ayuntamientos 'populares' corruptos. Ahora es en Perales donde sigue comprando terrenos, que luego lógicamente serán recalificados, junto al jefe de la patronal inmobiliaria de Madrid y de España. Como se ve esta enorme trama mafiosa de allegados del PP tiene complejas ramificaciones y solo está esperando que una justicia independiente se dedique de una vez y urgentemente a atajar estos delitos de corrupción urbanística descarada en la Comunidad 'popular'.
20MINUTOS* : Arnaiz, imputado por fraude fiscal, blanqueo y estafa, e investigado en la trama Gürtel, es apodado en el sector como 'el urbanista del PP' y recurre a testaferros para adquirir terrenos en municipios donde ha desarrollado el urbanismo y, por tanto, no pueden tener suelo. El urbanista es socio de la empresa Guzvega junto a JM.Galindo, presidente de los promotores inmobiliarios madrileños, españoles y europeos.
La empresa se llama Guzvega Mercantil SL, constituida en marzo de 2005 en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Uno de sus consejeros es José Manuel Galindo Cueva, uno de los empresarios más importantes de este país en el sector inmobiliario. Es presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), y elegido recientemente nuevo presidente del gremio a nivel europeo (Unión de Promotores y Constructores de Viviendas de Europa). Galindo, junto a otros socios, tiene el 65% de Guzvega.
El otro 35% depende a su vez de otra empresa, llamada Perisfer, cuyo administrador es Alberto Cubillo Rubiato. Pero el verdadero dueño de Perisfer no es otro que Leopoldo Arnaiz Eguren, imputado ya en dos juzgados de Madrid por fraude fiscal, blanqueo de capitales y estafa; procesado en otro juzgado por negociación prohibida a funcionarios (es decir, el uso de información privilegiada), e investigado también en la trama Gürtel. Urbanista de larga trayectoria, ha sido bautizado en el sector como el ‘urbanista del PP’ porque ha trabajado en muchos municipios gobernados por los ‘populares’. El apodo no le gusta. De hecho, Arnaiz presentó a primeros de abril en la sede central del PP un escrito pidiendo a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, que certifique su "desvinculación profesional y personal" con el partido.
Alberto Cubillo es simplemente un testaferro de Arnaiz, casado con una trabajadora del arquitecto. El nombre de Perisfer ya apareció en dos denuncias que un exsocia de Arnaiz puso en los juzgados de lo mercantil número 4 y 11 de Madrid, y en el de una querella por delito societario que puso esa misma exsocia en el juzgado número 39 de Madrid. Ahora, tanto Perisfer como Alberto Cubillo están siendo investigados en el juzgado número 35 de Madrid, donde Arnaiz está imputado por fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Once parcelas con miles de metros en Perales
Guzvega, cuyo objeto social es la “adquisición, parcelación, urbanización, venta, arrendamiento y explotación de terrenos y solares; y la construcción venta, alquiler, reparación, rehabilitación y mantenimiento de todo tipo de inmuebles” tiene once parcelas rústicas con miles de metros cuadrados en Perales de Tajuña, municipio del sureste de Madrid, según la información del Registro de la Propiedad ¿Quién diseñó el plan urbanístico de esta pequeña localidad de 3.000 habitantes gobernada por el PP?
Pues el arquitecto y urbanista Leopoldo Arnaiz, por eso su nombre no puede aparecer en la empresa Guzvega ni en la que la controla, Perisfer, porque sería incompatible por ley haber participado en el desarrollo del urbanismo de una localidad mientras se tiene suelo en la misma. En el currículo laboral que Arnaiz expone en su principal empresa, Arnaiz Consultores, el arquitecto refleja sus trabajos en Perales de Tajuña. Es decir, que el promotor Galindo es el que aparece en los papeles como socio solvente de Guzvega, mientras que Arnaiz está detrás sin que su nombre figure porque ha participado en la redacción urbanística.
Arnaiz es también el autor del Plan Territorial Madrid Este, en el que se ha basado el Ayuntamiento de Perales para desarrollar su plan urbanístico, que está en fase de tramitación a la espera de su aprobación definitiva. En uno de los desarrollos de Perales, El Espinillo, donde está previsto que se levante un polígono industrial, dos empresas suman la mayoría del terreno: la mencionada Guzvega y Tajuña Trading. Tajuña pertenece a Task Force, esta a Arbena Gestión, y esta a Bederline, cuyo administrador único fue Carlos Serrano Altimiras, otro testaferro de Arnaiz denunciado junto a él en el juzgado 8 de Madrid por estafa e incumplimiento de contrato. Una de las empresas intermedias hasta llegar a Belderline, Task Force, perteneció antes que la comprara Arnaiz a Jesús Calvo Soria, imputado en la trama Gürtel por ser testaferro de Francisco Correa. Las asociaciones ecologistas Grama y Jarama Vivo ya denunciaron lo irregular de esta situación: "que el arquitecto que está desarrollando el plan urbanístico del polígono de El Espinillo sea al mismo tiempo en dueño de la mayoría de estos terrenos". Un suelo muy jugoso industrialmente donde está previsto que se implante una importante plataforma logística para empresas. El Ayuntamiento de Perales no ha querido atender a este diario, a pesar de las constantes peticiones, para aclarar si sabe que el arquitecto que le ha redactado el plan urbanístico es a su vez dueño de. José Manuel Galindo, por su parte, tampoco ha atendido a 20minutos.
El mismo modus operandi en otros municipios
Otras denuncias han permitido conocer que el urbanista y arquitecto sigue el mismo modus operandi en otros municipios donde ha trabajado: tener suelo y propiedades con empresas opacas. En Soto del Real (también gobernado por el PP), Ecologistas en Acción ha denunciado que Arnaiz ha diseñado el plan urbanístico del pueblo que se acaba de aprobar a pesar de que una de sus empresas tapadera ha ido comprando 100.000 metros cuadrados de suelo mientras que Arnaiz redactaba el plan, lo que supone que él mismo decide la clasificación y el uso de sus propios terrenos.
En el Boalo-Cerceda y Matalpino, donde gobierna un cuatripartito formado por PSOE, IU y dos grupos independientes, el Ayuntamiento presentó en marzo una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue si existieron irregularidades en la gestión del anterior equipo de gobierno, del PP. Entre otras cosas, han detectado irregularidades en los contratos que se llevó Arnaiz Consultores, que también desarrolló el plan urbanístico de la localidad. Ahora se mira con lupa si las empresas ocultas de Arnaiz tienen suelo en el municipio.
En Boadilla del Monte, como ya publicó este diario, la promotora burgalesa Valle del Duero, cuyo 51% pertenece a Leopoldo Arnaiz, tiene suelo en el municipio valorado en 48 millones de euros, a pesar de que Arnaiz redactó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2002 y ha diseñado otros planes parciales del municipio. Arnaiz fue también el arquitecto contratado por el Consistorio para expropiar el Palacio del Infante Don Luis, un inmueble del siglo XVII declarado monumento nacional. Las cuatro parcelas públicas (13.440 metros cuadrados) que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (del PP) dio al conde de Bañares a cambio de expropiarle ese palacio acabaron siendo propiedad de Valle del Duero. Tantas irregularidades, descubiertas por este diario, provocaron que el Ayuntamiento de Boadilla, con el voto de todos los grupos municipales, aprobara a finales de marzo impedir que el arquitecto recibiera futuros encargos por parte del Consistorio.
* 20MINUTOS - DAVID FERNÁNDEZ - 23.5.14
Foto: Leopoldo Arnaiz (a la izquierda) y José Manuel Galindo, presidente de los promotores españoles y europeos.- 20minutos
Madrid.- El 'urbanista del PP' compra suelo junto al jefe de la patronal inmobiliaria usando un testaferro
Cataratas, túneles tapiados... los despilfarros de la alta velocidad española
Vuelta a los despilfarros delictivos de la línea AVE en nuestro país. Se conoce que España es el segundo país del mundo, tras China, en kilómetros AVE y eso, además, cuando aquí no hay una necesidad específica de ello, bien por capacidad poblacional o económica. El absurdo infraestructural es de juzgado de guardia ya que, encima, estas nuevas líneas no permiten el transporte de mercancías, con lo que su uso queda limitado a una casta privilegiada, claramente minoritaria, en detrimento de una antigua red ferroviaria que, convenientemente puesta al día, hubiera ahorrado miles de millones y tendría una alta ocupación, como ocurre en todos los países de nuestro entorno. El interés descarado de una casta política y empresarial caciquil ha conducido al país a una crisis-estafa sin precedentes recientes.
"LAINFORMACIÓN* : Que el AVE es la obra más faraónica de nuestro país parece incuestionable a la vista de cualquiera. España es el primer país de Europa en trenes de alta velocidad y el segundo del mundo, por detrás de China, aunque la mitad de ellos viajen vacíos. Desde 1992, los sucesivos gobiernos de España llevan invertidos más de 43.000 millones de euros en una ambición-con fines más electoralistas que prácticos- que no ha estado exenta de disputas de poder y que se ha convertido en paradigma del despilfarro público en época de bonanza, cuando no había político que no pelease por la fotografía en una inauguración de la alta velocidad.
Pero la factura de los proyectos pendientes se tornó difícil de asumir en tiempos de crisis. El año pasado, el ministerio de Ana Pastor puso en revisión los proyectos en marcha, aunque se contemplan todavía miles de millones de euros presupuestados para acometer las múltiples obras pendientes.
El sobrecoste en las obras del AVE a Barcelona, destapado en la Operación Yogui, no es el único. Algunos proyectos acumulan años de incidencias y retrasos. Y de dinero enterrado a golpe de tuneladora.
Túnel entre Almería y Murcia
Hace dos meses, Adif tapiaba este túnel de 7’5 kilómetros que une ambas ciudades alegando razones de seguridad y para evitar actos de vandalismo mientras se avanza en otros trabajos en esa línea, una información que ha trascendido hace apenas unos días. Ese túnel, el más largo de Andalucía, y en cuya construcción se invirtieron casi 500 millones de euros se considera clave para la infraestructura de alta velocidad entre Almería y Murcia. A pesar de que el administrador insiste en que el cierre es temporal, la oposición afirma que es síntoma de que el proyecto pueda abandonarse definitivamente.
De momento, apenas se ha construido una cuarta parte de lo previsto para esta línea, 27’8 kilómetros de los 108’4 contemplados en el trazado, y que están distribuidos en cuatro tramos. Estas obras llevan acumulados unos sobrecostes del 13’8%, según reconoció el Gobierno a pregunta parlamentaria en el Senado el año pasado. De momento, en los cuatro tramos de obra contratada, que suman 434 millones de euros, se han tenido que invertir 60 millones de euros más que lo pretendido inicialmente.
Variante de Pajares
Esta variante, que forma parte de la línea de alta velocidad entre León y Asturias, es uno de los mayores, sino el mayor, desafío que se plantea para la ingeniería española. Adjudicada hace una década, en época de Álvarez Cascos, por un coste superior a los mil millones de euros, en la actualidad, se llevan gastados más de 3.000. El Ministerio ha justificado el aumento de costes por la complejidad de la geografía y las continuas filtraciones de agua que se producen y que obligan a paralizar las obras cada cierto tiempo.Desde hace años, ADIF intenta encontrar una solución al asunto, aunque hasta el momento ninguna ha dado resultados. De hecho, en enero de este año un trabajador de la obra colgó en Facebook varios vídeos de los chorros de agua que inundaban este tramo, que se podía ver completamente anegado.
Desde las obras llevan años denunciando las condiciones. Incluso un informe de ADIF de 2006 dejaba ya constancia de “una irrupción brusca de agua y lodo” mientras avanzaban los trabajos de las tuneladoras. Los túneles llevan calados desde hace al menos cinco años y ninguno de los sucesivos responsables políticos ha dado respuestas. El Gobierno admitía el año pasado el sobrecoste con respecto al plan inicial y la fiscalía de Asturias anunciaba hace unos meses la apertura de diligencias.
AVE Antequera-Sevilla
A pesar de haber invertido 300 millones de euros en la construcción de 77 kilómetros de AVE, la Junta de Andalucía ha enterrado este proyecto por lo menos hasta 2016 por falta de presupuesto.El eje fue uno de los proyectos estrella del Gobierno de Chaves, que asumió la financiación por no estar incluido en el trazado previsto por el Gobierno. La Junta llegó incluso a planear una ampliación de este proyecto para conectarlo con la estación de Santa Justa, en Sevilla, y el aeropuerto de San Pablo, lo que situó el coste en 1.300 millones de euros. El Gobierno central ha rechazado las insistencias de la Junta para asumir los costes y ésta ha tenido que devolver 180 millones de euros de un crédito del Banco Europeo de Inversiones por no continuar con las obras. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, explicaba hace unos días que las obras se retomarán “cuando la economía mejore”.
Irregularidades en los contratos del AVE entre Madrid y Extremadura
Con los sobrecostes, el administrador ferroviario ha enfrentado recientemente varias polémicas en sus procesos de contratación. En enero de este año, ADIF sometía a revisión las ofertas técnicas de tres contratos del AVE entre Madrid y Extremadura tras detectar que algunos miembros del comité evaluador había filtrado los resultados del comité evaluador a una de las empresas constructoras, que había tenido conocimiento así de la puntuación que ADIF había asignado a su oferta técnica antes de la conclusión del proceso de concurso público. Los contratos estaban valorados en cien millones de euros.
* La Información - Luz Sela - 6.5.14
Foto: Adif tapia un túnel de 7,5 km entre Almería y Murcia por razones de seguridad - informacion
Jerez.- El Tribunal Supremo anula el plan que ordena los suelos de Montealegre
El urbanismo en Jerez lleva siendo largos años conflictivo, al menos desde los tiempos del controvertido alcalde Pacheco. Ahora otro asunto antiguo que revive: el Supremo deja sin validez el documento que aprobó el Ayuntamiento en 2008 por las carencias de un informe de la Agencia Andaluza del Agua que autorizaba la propuesta urbanística en Montealegre. Es decir que se debe comenzar otra vez desde el principio, cuando ya hay actuaciones urbanísticas aprobadas como los proyectos de reparcelación y urbanización. Es decir que se avecinan nuevos recursos y acciones judiciales, con grave perjuicio para todos, solo por la errónea costumbre municipal de realizar las gestiones de manera irregular.
"DIARIODEJEREZ* : El Ayuntamiento acaba de recibir un nuevo varapalo en materia urbanística, esta vez por parte de la justicia. Si semanas atrás tuvo que paralizar el plan especial de viñedos y el de regularización del parque comercial Luz Shopping por informes contrarios de la Junta de Andalucía, ahora ha sabido que el Tribunal Supremo ha anulado el documento que trata de ordenar urbanísticamente el paraje de Montealegre Alto, en la carretera de La Cartuja.
Los hechos se remontan a 2008 cuando el Ayuntamiento aprobó el plan especial de reforma interior (PERI) de estos suelos, con una superficie que supera los 1,6 millones de metros cuadrados. Este documento se elaboró con el objetivo no solo de urbanizar esta zona del extrarradio de la ciudad, donde hay chalés construidos desde hace años, sino de completar las parcelas aún no edificadas -se proyecta un millar de viviendas, según se recoge en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)-.
Sin embargo, un grupo de propietarios presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al mostrar su desacuerdo por el documento consensuado entre la desaparecida Gerencia Municipal de Urbanismo y la junta de compensación de la zona. El Alto Tribunal Andaluz respaldó en 2011 el documento rechazando las argumentaciones dadas por los recurrentes pero estos, no contentos con el fallo, decidieron recurrirlo ante el Tribunal Supremo, que finalmente ha acabado dándoles la razón.
El plan especial ha sido anulado básicamente por un defecto en su tramitación. Tras aprobarse inicialmente en julio de 2004, y tal y como marca la normativa urbanística, el Ayuntamiento solicitó a diversos organismos públicos que analizaran el documento. Entre los informes que obran en el expediente se encuentra el de la Agencia Andaluza del Agua, un organismo dependiente de la Junta ya desaparecido que por entonces tenía competencias en materia de política hidráulica, que daba vía libre al desarrollo urbanístico propuesto. En cambio, los propietarios que recurrieron advirtieron, entre otros argumentos que no han sido aceptados, que adolecía de los preceptos que marca la Ley de Aguas.
La Sala de lo Contencioso entiende que el informe "no satisface en su contenido" las determinaciones de la normativa hidráulica ya que no realiza una valoración de la disponibilidad de los recursos hídricos para la propuesta urbanística, "y menos aún garantiza su suficiencia". De hecho, el Supremo llega a afirmar que "ha de concluirse que es como si dicho informe no existiera" debido a sus carencias.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el informe no es válido, y además es preceptivo, se considera que el plan especial de Montealegre Alto no está tramitado correctamente por lo que se debe proceder a su "anulación". Acto seguido afirma en el fallo, que fue elaborado a principios del pasado mes: "La aprobación del plan se supedita a que exista agua, cosa que debe acreditarse en todo caso antes de otorgarse la aprobación definitiva".
Ahora al Ayuntamiento no le queda otra que volver a solicitar este informe si quiere desbloquear el desarrollo de esta zona de la ciudad, que ya cuenta con otros instrumentos urbanísticos aprobados como los proyectos de reparcelación y urbanización, algunos de ellos cuestionados judicialmente también por algunos propietarios.
* Diario de Jerez - 10.5.14
Foto: Uno de los viales de entrada al diseminado de Montealegre, en una imagen de archivo.- diariodejerez
Misión imposible: salvar Pompeya
Las ruinas romanas de Pompeya, en el golfo de Nápoles, son uno de los monumentos capitales del Patrimonio Mundial, como así lo ha reconocido la propia Unesco. Un documento urbanístico único, detenido en el tiempo, sobre una civilización tan importante y decisiva como la de la Roma antigua y su vasto imperio. Pero evidentemente su conservación y mantenimiento necesita de unos imprescindibles ingresos económicos que, actualmente, debido a la crisis europea-italiana son difíciles de digerir. Junto a esto, el excesivo uso turístico (2 millones y medio de visitantes en 2013) están amenazando gravemente las 44 hectáreas del conjunto monumental. La presión ciudadana está aumentando actualmente por esta pérdida fundamental de un modo de vida y de la historia clásica; habrá que ver lo que hace al respecto la apoltronada casta política, fuertemente dividida también en Italia.
"ELDIARIO* : El profesor Massimo Osanna, de 50 años, tomó posesión de su cargo como nuevo superintendente arqueológico de Pompeya el pasado 5 de marzo. Después de un mes al frente del complejo arqueológico más importante del mundo, ya tiene la sensación de llevar años en el cargo. No es de extrañar. La presión sociopolítica y mediática sobre Pompeya en estas últimas semanas ha sido extrema. Los contratiempos han sido variados y una cadena de acontecimientos ha generado la sensación de que la degradación de las 44 hectáreas que abarcan las excavaciones es ya irrefrenable.
El superintendente Osanna se queja de "la exagerada publicidad negativa" que se ha cernido sobre Pompeya, joya arqueológica universal declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Pero esta "sensación de alarma" no sólo ha venido de los medios de comunicación. El propio presidente de la comisión italiana de la UNESCO, Giovanni Puglisi, ha llegado a declarar: "O se actúa rápidamente, o Pompeya se derrumba".
Así, el llamado Caso Pompeya se ha venido a interpretar como una metáfora de la crisis económica en Italia. Estaba cantado que la iconografía del lugar propiciaría interpretaciones de este tipo.
Turismo versus conservación
A pesar del deterioro, el flujo de turistas no se ha resentido. La reciente clasificación del Ministerio Italiano de Bienes Culturales sobre los lugares más visitados del país sigue colocando a la ciudad de Pompeya como el segundo complejo turístico más visitado de toda Italia, sólo por detrás del Coliseo. En el año 2013 casi dos millones y medio de turistas visitaron Pompeya, dejando en caja más de veinte millones de euros.
Massimo Osanna conoce la importancia socioeconómica de Pompeya, situada en la región de Campania, a 25 kilómetros de la conflictiva ciudad de Nápoles. Sabe que en este sentido hay dos fuerzas antagónicas que tienen que convivir: el necesario turismo masivo y la conservación de las excavaciones. "Tenemos que dosificar los flujos turísticos y para eso debemos diversificar los circuitos de Pompeya para que no sean siempre los mismos lugares los que están saturados de visitantes", observa el superintendente.
En esta línea, el 17 de abril se inauguraron tres nuevas domus (antiguas casas romanas) y se han habilitado 9 nuevas rutas que serán incluso accesibles para personas con discapacidad. Además, está prevista la remodelación de los servicios y la instalación de nuevos paneles indicadores para que en 2015 el turista que visite Pompeya tenga una experiencia más completa. Lamentablemente, son planes a medio plazo en un momento de máxima urgencia y tensión.
La presión de los desprendimientos
Pese al enérgico impulso de la nueva dirección, la imagen de Pompeya ha sido fuertemente dañada. El mes de marzo fue significativamente complicado para las excavaciones con desprendimientos de gran repercusión que afectaron al Templo de Venus y a Porta Nocera, uno de los símbolos funerarios más representativos de Italia. El profesor Osanna asegura estar preocupado por los desprendimientos, pero los contextualiza dentro del encuadre de una ciudad en ruinas de más de 2.000 años con más de 44 hectáreas de extensión, "no podemos perder de vista que Pompeya es un centro arqueológico que funciona bien".
Aunque los desprendimientos son una representación gráfica de los problemas a los que se enfrenta la excavación, lo que más preocupa al nuevo superintendente es "recuperar el tiempo perdido" con tres líneas de acción que mejoren y aseguren la imagen de la ciudad en ruinas.
Esto se traduce en un plan hidrológico que drene las zonas más sensibles del complejo para evitar nuevos desprendimientos; reforzar la seguridad de las zonas 5º, 6º y 7º de las excavaciones; y establecer una base documental informatizada usando tecnología satelital para tener una detallada información de toda Pompeya.
Todas estas líneas de acción se agrupan dentro del Gran Proyecto Pompeya, aprobado a principios de 2013 y para el que la UE ha aprobado un fondo de 105 millones de euros. El problema aquí está en cumplir los plazos de acción, ya que la UE no admite prórrogas y la tarea es ingente.
El propio Massimo Osanna, cuando tomó posesión del cargo, hizo un ademán de petición para que la presión del calendario se relajase, pero las críticas arreciaron en cuanto abrió la boca. "Tenemos preparado un cronograma para intervenir en el mayor número de acciones en el menor tiempo posible", admite, consciente de que el tiempo y la presión precisamente no juegan a su favor en este enorme reto de que en 2015 la imagen y la seguridad del proyecto hayan sido renovadas.
En la actualidad hay cinco procesos de restauración en marcha, siendo el más importante los trabajos de drenaje. Además, este mismo mes el profesor Osanna asegura que diez domus más también comenzarán a ser reconstruidas.
Abanico de polémicas
El pasado 1 de abril el cuerpo de carabinieri denunció a ocho personas (cuatro prostitutas y cuatro clientes) de "actos obscenos en lugar público". El "lugar público", en este caso, son las inmediaciones de la Madonna de Pompeya. Y es que no se puede perder de vista que las excavaciones de Pompeya se asientan en una población con graves problemas socioeconómicos que son caldo de cultivo para que se agrave el índice de este tipo de situaciones.
Igualmente, se han denunciado robos de mosaicos en el interior de las excavaciones que han generado un vendaval de críticas en el panorama internacional y que, conjuntamente con la sucesión de desprendimientos, provocaron una reunión de urgencia convocada por el ministro de Cultura italiano, Dario Franceschini, para impulsar un urgente plan de acción que coordinase esfuerzos con la UE. Precisamente, en la UE la preocupación sobre este asunto es intensa, como demuestran las declaraciones de Johannes Hahn, comisario de Política Regional, que vino a decir que "cualquier desprendimiento en Pompeya es una derrota enorme".
Clamor social
La sociedad civil también se ha movilizado para reclamar una mejor gestión arqueológica en Pompeya. Ayer mismo la asociación 'Sii turista della tua città' realizó un flashmob llamado 'Abbracciamo Pompei' (Abrazamos Pompeya). 1.000 personas entrelazaron sus manos para crear una cadena humana que rodeó la excavación para mostrar "una energía transversal de la fuerza de la ciudadanía" y para reclamar con urgencia acciones que recuperen el complejo.
El superintendente cree que este tipo de manifestaciones son positivas porque muestran que Pompeya es ante todo "un bien de la humanidad" del cual todos los ciudadanos deben sentirse "partícipes y responsables" al mismo tiempo. El objetivo es que la ciudad en ruinas más importante del planeta resista la segunda erupción que le ha tocado en suerte: el intenso turismo, la discutible gestión y el paso del tiempo.
* El País - Eugenio Blanco
7-5-14
Foto: El yacimiento de Pompeya (Italia) vuelve a sufrir el derrumbe de uno de sus muros - elpais
Tenerife.- El TSJC da un 'tirón de orejas' a Urbanismo por el geriátrico de Ifara
Lo del 'tirón de orejas' es una manera suave de explicar la sentencia judicial contra el Ayuntamiento de Santa Cruz que da la razón a la indignación vecinal por el ilegal geriátrico de Ifara. Un auténtico "calvario" ha sido la batalla judicial en la que éstos han estado inmersos desde hace años por culpa de la Gerencia municipal de Urbanismo bajo el mandato del alcalde Zerolo, que permitió construir el doble de lo reglamentario en esta residencia hace ya más de 10 años. Ahora habrá que ver quién paga el derribo y las indemnizaciones por el exceso edificado.
"ELDIARIO* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado un fuerte tirón de orejas a la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz por incumplir la sentencia que obliga a anular la licencia otorgada en su día a una Residencia de Mayores situada en Ifara. Estos vecinos llevan años denunciando que el Ayuntamiento de Santa Cruz permitió construir el doble de lo que era posible de manera que ahora tendrá que obligar a la demolición.
En su momento el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife ya falló a favor de los residentes al anular tanto la licencia de obras de 2003 como otra más de 2004 que permitía ciertas reformas. Sin embargo lo cierto es que nunca se dieron pasos concretos para ejecutar aquella sentencia y de hecho existe un auto del 10 de mayo de 2013 en el que se da por cumplida sin más.
Por ello, los vecinos tuvieron que recurrir ante el TSJC que ha sido contundente a la hora de pronunciarse. “La sentencia claramente no ha sido ejecutada en sus propios términos”, se señala para recordar a continuación que “el demandante ha tenido que acudir a los tribunales porque la administración se negaba a ejercer las potestades legales de restablecimiento del orden urbanístico”.
Los magistrados del TSJC muestran su sorpresa ante el hecho de que la ejecución del fallo se está llevando a cabo “con un manifiesto ánimo de dilatar el procedimiento”. El incumplimiento de los plazos legalmente establecidos, según los magistrados “es prueba irrefutable del ánimo dilatorio” de la Gerencia de Urbanismo.
Los jueces del TSJC llegan a calificar de “calvario” el procedimiento judicial al que se están viendo sometidos los vecinos por los incumplimientos del organismo autónomo. Por ello, ordena “disponer las medidas necesarias para la inmediata" ejecución de la sentencia, cortando de raíz las prácticas dilatorias de la Administración demandadada, y si persistiera esta actitud, apercibir de desobediencia a los responsables de la ejecución”.
* El Diario - Tenerife Ahora - 28.4.14
Foto: Centro Geriátrico de Ifara - eldiario
Piden la inhabilitación de la alcaldesa de Llanes por el caso del hotel Kaype
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El urbanismo de Llanes es todo un ejemplo de lo mal que se pueden hacer las cosas cuando predomina el interés particular sobre el público. Un Plan General municipal anulado por la justicia hace pocos años y unas decisiones por parte del Ayuntamiento como la de la ilegal ampliación del hotel Kaype, situado en primera línea de mar, han llevado al caos absoluto en este importante municipio asturiano. Ya se ha hablado en este blog del caso de este hotel, una especie de Algarrobico del norte, y la rebeldía de la alcaldesa. Ahora solicitan su inhabilitación, pero habrá que esperar a que actúe la lenta justicia.
"ELCOMERCIO* : El despacho de abogados De la Iglesia-Teijelo sopesa emprender acciones judiciales por la vía penal contra la alcaldesa de Llanes, Dolores Álvarez Campillo, y el concejal de Urbanismo, José Herrero, a quienes acusa de su presunta autoría en un delito de prevaricación. El abogado Gerardo de la Iglesia anunció ayer que, con esta medida, solicitará implícitamente la inhabilitación de ambos para ejercer cargos públicos.
El letrado reconoció que esta vía tiene grandes posibilidades de prosperar tras la sentencia dictada por el magistrado Miguel Ángel Carbajo, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo, de quien alabó «su valentía», al declarar la nulidad de la resolución municipal por la que se concedía a la mercantil Carrera y Pérez S.L. la licencia de agrupación de tres fincas que posibilitó la ampliación del hotel Kaype, en la localidad llanisca de Barro.
De la Iglesia cuestionó la «asombrosa rapidez» con la que el Ayuntamiento de Llanes facilitó toda la tramitación en un escaso margen de seis días, en plenas fiestas navideñas desde el 18 de diciembre de 2012, cuando se solicitó la agrupación de las fincas para construir apartahoteles y aparcamientos, hasta el 26 de diciembre de 2012, fecha en la que el edil de Urbanismo resolvió favorablemente con días inhábiles por medio. Además, recordó que esta actuación no es aislada, ya que ha sido cuestionada incluso por la Fiscalía Superior del Principado Asturias e ilustró sus palabras poniendo como ejemplo las diligencias penales abiertas en el Juzgado de Llanes contra el arquitecto municipal, quien se encuentra imputado por su presunta responsabilidad en un delito contra la ordenación del territorio que se investiga a instancias del fiscal especializado en este área, Alejandro Cabaleiro.
De la Iglesia estima que la sentencia, que calificó como «demoledora y un ejemplo de justicia frente a los todopoderosos», abre la vía para el inmediato derribo de las obras ya iniciadas que «duplican» a la actual instalación hotelera. Por ello, instó a la paralización de los trabajos -que continuaban ayer, sábado- ante la previsible reclamación de responsabilidades patrimoniales de la mercantil al consistorio llanisco, lo que supondría «unos daños y perjuicios cuantiososos».
Una lección de Urbanismo
«¿Quién paga los platos rotos?», reflexionó en voz alta el letrado. «Como siempre, los vecinos. En este caso, los llaniscos por una licencia que se declara nula y a la que hay que sumar los mil euros de costas que impone el magistrado», respondió De La Iglesia.
El abogado Miguel Teijelo aseguró que la sentencia es «una lección magistral de Urbanismo» y opina que si el consistorio recurre en apelación solo conseguiría «retrasar lo inevitable». En un sentido similar se pronunció la abogada Lucía Alonso, que incidió en el hecho de que Llanes carece de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tras su anulación por el Tribunal Supremo y cómo el aprovechamiento urbanístico en este caso «es muy superior al que habría si hubiera PGOU en Llanes».
Las obras se realizaron, a juicio del despacho de abogados De la Iglesia-Teijelo, por «un exceso de confianza». La intención de Carrera y Pérez S.L. era la agrupación de tres fincas para formar una única parcela de 8.637 metros cuadrados. Tras contar con la autorización municipal, comenzaron las obras. El vecino Ignacio Fernández Fernández -al que representa el despacho de abogados ovetense- recurrió al considerar que tanto la resolución de la alcaldía de 9 de julio de 2013 como la resolución del edil de Urbanismo de 26 de diciembre de 2012 «no eran actos conformes con el ordenamiento jurídico».
El juez de lo Contencioso 3 de Oviedo le da la razón al vecino en el recurso contencioso-administrativo por el que impugnaba la actuación municipal.
* El Comercio - PILAR CAMPO - 11.5.14
Foto: Llanes (Asturias), hotel ilegal playa Barru - lne
Autopistas por encima de nuestras posibilidades
El despilfarro delictivo en infraestructuras de transporte abarca todas ellas (por tierra, mar y aire), desde el megalómano AVE hasta las inútiles autopistas de peaje. En este último apartado hay que destacar las últimas construidas, al albor del pelotazo urbanístico mayoritario. Si en este país se ha abandonado prácticamente el transporte por ferrocarril, por inacción gubernamental, ha sido a costa de realizar una intrincada red de autopistas para favorecer el de carretera. Un disparate del ministerio de Fomento que, como se está viendo, está saliendo caro para todos, sin que los altos responsables de tamaño delito hayan sido siquiera imputados por una justicia injusta y/o cómplice. También en autopistas somos de los primeros del mundo, cuando ni tenemos el volumen ni la economía para semejante dispendio público-empresarial.
"NURIA ALONSO* : Por si no tuviéramos pocas razones para la indignación, en la última semana hemos asistido al anuncio de rescate de la mayor parte de las 'nuevas' autopistas de peaje. La operación probablemente se llevará a cabo por medio de la creación de una sociedad de capital público cuyo activo serán las nueve autopistas quebradas y con la deuda 'rescatada' en el pasivo. Sobre las cifras del rescate se barajan distintas magnitudes dependiendo de quién las publique: una deuda en el momento actual de alrededor de 4.600 millones de euros, de la que el gobierno pretende una quita del 50% -supondría 2.400 millones de euros- a la que habría que sumar unos 1.800 millones de euros que quedan pendientes de pagar a los propietarios de los terrenos expropiados, lo que podría suponer un total de 4.200 millones de euros.
Esta cifra ha causado revuelo en un momento en el que Cáritas acababa de publicar la terrible situación de pobreza en la que viven millones de personas en España y las posibilidades de erradicar dicha situación con el dinero que se va a pagar por el rescate. Sin embargo, la cuestión es mucho más indignante si analizamos la historia y la utilidad pública de estas infraestructuras.
Lo primero que hay que decir que todas estas infraestructuras se idearon, planificaron y gestaron durante los gobiernos de Aznar, en una suerte de frenesí constructor que contribuyó a alimentar la burbuja que desembocó en la crisis actual y que ha sido la excusa para que desde distintos países e instituciones se hablara de que en España habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades.
Estas infraestructuras se construyeron en una parte con financiación pública, mediante la producción pública directa o mediante concesión con peaje en la sombra –que es como se han llevado a cabo infraestructuras en la Comunidad de Madrid, como la M45 o los metros ligeros– y otra con financiación privada, es decir con peaje directo que implica la concesión del servicio a empresas constructoras. Estas empresas se encargan de los costes de la infraestructura y reciben la tarifa que paga el usuario por usar la infraestructura.
En el modelo de peaje directo las condiciones se establecen por la Ley 2/2000 y la Ley 13/2003 reguladora del contrato de concesión de obras públicas, que establecía la cláusula del equilibrio económico financiero de la concesión. En la práctica esta cláusula supone un "blindaje" a las concesionarias, ya que fija que la Administración está obligada a resarcir al concesionario, con aumento del plazo de la concesión, con financiación pública "blanda" o mediante la indemnización financieramente al concesionario. Además, si una concesión quiebra, la administración es responsable subsidiaria y tiene que asumir la deuda de la concesionaria... es decir, se legalizó el principio de beneficio privado y pérdida socializada.
Respecto a las infraestructuras financiadas con gasto público, cabe decir que entre 1996 y 2007 el gasto público en formación bruta de capital –que no sólo incluye la financiación de infraestructuras– creció un 188%, lo que supone una media del 10,1% anual que contrasta con el hecho de que el resto del gasto público creció en esos 11 años una media de un 6,2% anual y un total de un 94,7%.
Al gasto público habría que sumarle el gasto privado con el que se financiaron las autopistas en quiebra y llegaríamos a un dato como el que aparece en el gráfico siguiente: España es el país de la Unión Europea con mayor número de kilómetros de autopista. Todo esto para un país con un PIB per cápita que es el 65% del alemán o un 68% del francés, con una superficie inferior a la francesa y ligeramente superior a la alemana y con un volumen de transporte y de vehículos por cada 1000 habitantes inferior al del los países a los que superamos en flamantes autopistas.
Las autopistas de peaje y el caso de las radiales de Madrid
La idea del gobierno de Aznar, recogida en el preámbulo de la citada Ley 13/2003 era que "El desarrollo económico sostenido y la mejora de la calidad de vida no pueden desvincularse de la creación de infraestructuras (...). Con esa idea, y el beneplácito del gobierno central y autonómico, de Esperanza Aguirre, se creó el despliegue de kilómetros de autopista socialmente más inútil de la historia de nuestro país. Tanto la idea como la ejecución fue un despropósito sin ninguna justificación política:
• La idea inicial era totalmente cuestionable porque no suponía una mejora para el conjunto de la ciudadanía ni mejoraba la capacidad productiva más que de una forma absolutamente marginal. Las radiales de Madrid se hicieron para facilitar que las personas que tenían que ir a Madrid y tuvieran unos recursos muy por encima de la media (el coste de ida y vuelta 20 días laborables puede llegar a superar los 350€) pudieran hacerlo de forma rápida y sin atascos. También se pretendía facilitar el tráfico de mercancías.
• Las previsiones de tráfico eran absurdas y no se han cumplido nunca. La estimación inicial gubernamental de la intensidad media diaria preveía un mínimo tránsito de 30.000 vehículos y en el cuadro del inicio de este artículo puede observarse que en ningún caso ni en ningún momento se cumplieron las estimaciones.
• Ninguna de las radiales comunica a los usuarios con el centro de Madrid, llegan a circunvalaciones a 15 o 20 kilómetros del centro, salvo la R-3 que es la única que tiene un poco más de tráfico. Esto supone que el diseño inicial no servía al propósito de comunicar a los madrileños con recursos económicos con la ciudad sin atascos porque nadie va a pagar por llegar antes al atasco.
• El coste de construcción de las autopistas se disparó, entre otros factores, debido a una gestión de las expropiaciones que en algunos casos supuso pagar suelo rural a precio del centro de una gran ciudad: en incremento de costes de expropiaciones en suelo rural (no urbanizable). Esto ha significado una desviación de 1.830 millones de euros, de 387 millones previstos en contrato a 2.217,0 de coste total.
• En todo este cúmulo de despropósitos no hemos tenido en cuenta el factor ambiental porque no hemos encontrado ninguna valoración del coste ambiental de estas obras.
En definitiva, la cuestión es que ahora nos encontramos con que una vez más hay que socializar las pérdidas, empleando unos recursos valiosos para la supervivencia de muchas personas, y hacerlo a costa de una mayoría de ciudadanos que en ningún caso pudieron beneficiarse de esas infraestructuras ni podrán hacerlo porque, aunque ahora se decidiera que fueran de uso público gratuito, no tienen coche ni dinero para gasolina...
* Nuria Alonso. Profesora de Economía Aplicada en la URJC, asociada a econoNuestra.
* Revista Fusión - Nuria Alonso - 14.4.14
Foto: Autopista de peaje vacía - aucosta
Extremadura se resiste a demoler el complejo ilegal de Valdecañas
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Como es norma en casi todas las administraciones, después de lo que cuesta que la justicia actúe y sentencie la especulación urbanística delictiva, al final bien sean municipios o autonomías se niegan a cumplirlas bajo cualquier pretexto inaudito. Es lo que ocurre con este gran complejo urbanístico ilegal construido sobre una isla del embalse de Valdecañas en Cáceres. Años de lucha de colectivos vecinales y protectores de la Naturaleza pueden quedar en nada si la justicia, nuevamente, no toma otras medidas más drásticas. Y, lamentablemente, lo peor es la impunidad con la que actúan los corruptos en urbanismo, sabedores de la debilidad y/o complicidad de los que tienen que hacer cumplir la ley.
"ELPAÍS* : Apartamentos exclusivos de uno a tres dormitorios, con terrazas de 40 metros cuadrados orientadas al sur y magníficas vistas sobre el embalse de Valdecañas. Así se sigue anunciando la venta de inmuebles en la página web del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, una macrourbanización situada en una isla del pantano, en zona protegida por la Red Natura 2000. “Desde 195.000 euros más IVA”, añade la promoción. Aparentemente, todo sigue como siempre, pero nada es lo que se previó. El Tribunal Supremo ordenó en febrero el derribo de lo ya construido y la paralización de las siguientes fases. Decretó que es ilegal.
La Junta de Extremadura, sin embargo, se resiste a cumplir la sentencia. Asegura que la demolición costaría 34 millones de euros y que es mejor para el medio ambiente mantenerlo como está.
Los servicios jurídicos del Gobierno de Extremadura (PP) han presentado un escrito en el juzgado para pedir que abra un “incidente de imposibilidad de ejecución” de la sentencia del Supremo que determinó que no se puede urbanizar en terrenos incluidos en la Red Natura 2000, una figura europea de protección ambiental. La Junta alega, entre otras cosas, que “la devolución de la isla a su estado natural tampoco va a devolver a esta ningún valor ambiental, pues carecía de los mismos”. El escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, no solo afirma que la construcción de 185 “villas”, un hotel de 80 habitaciones, un campo de golf y una base náutica con 76 atraques, entre otros, no ha afectado a los valores medioambientales de la zona, sino todo lo contrario. Demoler el complejo, asegura, sería perjudicial.
El texto alega que en el terreno nunca se había asentado ninguna especie de fauna o flora relevante o protegida: ni pagaza piconegra, ni gansos, ni grullas. La construcción del complejo, en cambio, tuvo un efecto “altamente positivo”, razona la Junta, porque se talaron 6.772 eucaliptos que se sustituyeron con arbolado autóctono: encinas, pinos piñoneros, fresnos, plátanos... De ejecutarse la sentencia, habría que “proceder a la tala” de casi 8.000 árboles y 100.000 matorrales plantados durante la construcción y que ayudaron a “mejorar notablemente la calidad paisajística de la zona”.
En lo que respecta a las aves, el escrito enviado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) señala que la desaparición del complejo supondría la pérdida de la vigilancia existente. Y dado que este servicio “ha eliminado el furtivismo” y ha permitido que, gracias a “las condiciones de tranquilidad y sosiego”, la población de gansos, grullas y pagazas piconegras haya aumentado en el entorno de la isla, en la ZEPA (zona de especial protección de aves) Embalse de Valdecañas, si se retira puede producirse un “recrudecimiento de esas prácticas” y “la eliminación de la tranquilidad que ha provocado el fuerte incremento en la población”. La Junta alega también que ejecutar la sentencia supone “la desaparición” de dos depuradoras, con lo que se volvería “a la situación anterior, de vertidos de aguas sin depurar”.
José María Trillo, abogado de Ecologistas en Acción, califica de “peregrinos” los argumentos de la Junta y asegura que ejecutar la sentencia del Supremo no significa que haya que “demoler depuradoras, que la Directiva de Aguas obliga a construir, ni mucho menos arrancar árboles”. Se trata únicamente de “revertir la urbanización de lo que era un espacio natural”, algo que la ley obliga a hacer con una estricta evaluación ambiental. Trillo recuerda que se ha llegado a la situación actual por culpa de la desidia de la Administración, puesto que las organizaciones ambientales (Ecologistas en Acción y Adenex) llevan años pidiendo la suspensión cautelar de las obras del complejo.
El Gobierno de Extremadura aprobó, en 2007, el Proyecto de Interés Regional (PIR) Marina de Isla de Valdecañas, con el que se recalificaban los terrenos para permitir la construcción de un complejo turístico de lujo. Los ecologistas lo recurrieron en el TSJE que, cuatro años después, en marzo de 2011, les dio la razón al declarar la nulidad del proyecto y la obligación de restituir los terrenos a su estado anterior. Tres semanas después de ese fallo el Parlamento extremeño modificó la Ley del Suelo de la región para permitir la urbanización en los espacios integrados en la Red Natura 2000. Es decir, para dar cobertura legal al complejo turístico, un lugar en el que, según publicó el diario ecónomico Expansión, tienen casas directivos de empresas como Telefónica, Banco Santander, Credit Suisse y Rothschild.
El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en febrero pasado y declaró la nulidad del PIR. El TSJE dio un plazo a la Junta de Extremadura, que es la que debe demoler el complejo, para ejecutar voluntariamente la sentencia. En lugar de hacerlo, ahora pide al TSJE que le exima. A estas alturas, la primera fase de Isla de Valdecañas ya está acabada. El coste de que entre la piqueta ahora, si entra, es de 34 millones de euros, según argumenta el Gobierno de Extremadura en su escrito, que también alega otras “razones socioeconómicas” para dejar las cosas como están: los puestos de trabajo creados, los intereses de los que han comprado propiedades allí y los perjuicios económicos para los dos municipios afectados (Berrocalejo y El Gordo) en licencias urbanísticas e impuestos como el IBI.
El segundo hotel, sin subvención
Al mayor complejo de turismo y ocio de Extremadura, Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres, a unos 160 kilómetros de Madrid, se le acumulan las dificultades. No solo está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo que ordena su derribo; la acuciante situación económica del proyecto llevó a su promotora a presentar preconcurso de acreedores en febrero pasado, poco después de conocerse el fallo. De los dos hoteles que estaba previsto levantar en la isla, uno ha perdido la subvención de 1,5 millones de euros que había obtenido de los fondos europeos FEDER. El Ministerio de Hacienda se la retiró hace unos días. Las obras llevaban meses paralizadas por falta de financiación.
La empresa Valdecañas Medical SPA S. L. tenía previsto construir allí un hotel de cinco estrellas. Sería el segundo; ya hay otro de cuatro estrellas. El Boletín Oficial publicó el 2 de mayo pasado una orden que declara el incumplimiento de las condiciones necesarias para acceder a los fondos: no se realizaron las inversiones de 15 millones de euros previstas, no se crearon y mantuvieron 33 puestos de trabajo, etcétera Es decir, al no haber hotel, tampoco hay ayudas.
Los dos pueblos cercanos a la urbanización, El Gordo y Berrocalejo, aseguran que la demolición del complejo de ocio tendría un perjuicio económico para ellos. Tal y como reseña el escrito de la Junta de Extremadura en el que pide al juzgado que le exima de ejecutar la sentencia, El Gordo ha obtenido en concepto de licencias urbanísticas 1,6 millones de euros y por el canon compensatorio de aprovechamiento urbanístico, 2,9 millones. Berrocalejo ha percibido 145.000 euros y 1,2 millones de euros, respectivamente.
* El País - ELENA G. SEVILLANO - 18.5.14
Foto: Valdecañas (Cáceres), urbanizacion - ecologistasenaccion.org
El 'pelotazo' urbanístico de De Miguel y Riera en Zambrana iba a generar 65 millones
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En la localidad alavesa de Zambrana se iba a perpetrar uno de los mayores pelotazos urbanísticos del País Vasco. Ya se ha hablado en este blog en varias ocasiones de este delito protagonizado por la Diputación del PNV en Álava, y es que la recalificación ilegal de 120 hectáreas de terrenos para un polígono industrial no es un asunto menor. Hay ya más 20 imputados en esta trama mafiosa en la que el nº2 del PNV alavés, De Miguel, y el empresario catalán Riera, llevaban las riendas de lo que iba a suponer una plusvalía de 65 millones. Hay que esperar una vez más la celeridad de la justicia, porque el tiempo sigue pasando a favor de los delincuentes político-empresariales.
"ELMUNDO* : La recalificación de 120 hectáreas que desde distintas responsabilidades públicas y en especial desde el área de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo) de la Diputación impulsó el ex número dos del PNV en Álava, Alfredo de Miguel, en la pequeña localidad de Zambrana iba a generar una plusvalía de 65 millones a los promotores catalanes (Construcciones Riera) interesados en los terrenos y que pagaron indirectamente 180.000 euros a una empresa "pantalla" del político, Kataia Consulting, entre otros pagos a personas y sociedades de su entorno.
Esos datos los aportó ayer ante el juez de Vitoria que investiga el caso, Roberto Ramos, el ex administrador de Riera, Francesc Fernández, imputado en la causa.
Fernández, que forma parte de una larga lista de más de 20 imputados, declaró ayer durante más de dos horas ante el juez Ramos. El empresario señaló que Riera vio en la recalificación una oportunidad de negocio fuera de Cataluña y que se planteaba "instalar una planta de generación de energía de ciclo combinado porque pasa la tubería de gas del País Vasco y porque tiene el río [Ebro] que lo posibilita". "La previsión de facturación por el polígono de Zambrana era de 65 millones de euros", aseguró Fernández, según consta en la declaración judicial, a la que ha tenido acceso ELMUNDO del País Vasco.
Por ello, el empresario catalán señaló ante el juez que era perfectamente "razonable" que acordara pagar unos "honorarios" de tres millones de euros a Josu Arruti, amigo de De Miguel e intermediario de Riera en el País Vasco. Arruti, a través de la empresa Sidepur, fue contratado para distintas labores de asesoramiento en torno al plan de Zambrana. Esos informes y trabajos no consta que se hicieran -Fernández repitió que Arruti los hizo «perfectamente» y prometió "un CD" con documentos para demostrarlo; el aludido alega que perdió todo en una inundación-, por lo que los responsables de la investigación sospechan que se tratase de una comisión ilegal a cambio del impulso del proyecto en distintas instancias. Esta hipótesis viene reforzada por el hecho de que el primer pago de Riera a Sidepur (150.000 euros) acabara desviado a Kataia Consulting, una empresa sin apenas actividad controlada por De Miguel pero a nombre de su esposa, Ainhoa Bilbao, y con su hermana, Aintzane de Miguel, como contable. A ese dinero se sumaron otros 30.000 euros posteriormente hasta sumar 180.000 euros.
En teoría, también Kataia Consulting realizó informes para el proyecto de Zambrana, aunque tampoco existen esos documentos y Fernández declarara ayer que "en ninguno de los trabajos que ha presentado el señor Arruti aparecían los membretes de Kataia Consulting".
La sociedad u otras afines han sido vinculadas por la Policía al cobro de otras supuestas comisiones tras adjudicaciones de contratos y una empresaria, Ainhoa Alberdi, llegó a denunciar con grabaciones en la mano que De Miguel y otro dirigente del PNV, Aitor Tellería, la habían extorsionado para que les pagara una comisión de 100.000 euros supuestamente pactada por su socio, el constructor Jon Iñaki Echaburu, quien con una asesoría se había llevado un contrato del parque tecnológico de Miñano en el que medió también De Miguel.
Fernández aseguró ayer en varias ocasiones que conoció la existencia de la empresa de De Miguel «a través de los medios de comunicación» ya que Riera tenía en Sidepur su único interlocutor en el País Vasco y éste se encargaba de las subcontrataciones. Sin embargo, en un contrato de préstamo entre su empresa y De Miguel, Arruti y otras personas también figuraba como beneficiaria la asesoría Kataia Consulting.
Lógicamente, en el ejercicio de su derecho a la defensa, Fernández negó que haya un pago de comisiones. Recordó, de hecho, que «ahorró» dinero a Riera al renegociar los «honorarios» de Arruti desde los 3 millones hasta alrededor de 1 millón de euros, según explicó. Insistió, además, en que desconocía que su empresa, indirectamente, estuviera pagando a De Miguel, que, admitió, era su interlocutor en la Diputación para testar el desarrollo de la recalificación. "No tenía ni idea de que [esta empresa] tuviera relación con Alfredo de Miguel", señaló el empresario catalán después de señalar que "conoce" al influyente ex dirigente del PNV por haber "coincidido cuatro o cinco veces en su despacho oficial de la Diputación" -reuniones "en las que también estaba el señor Arruti»- para «conocer la disposición de la Administración pública con el proyecto de Zambrana".
El sustituto de Fernández al frente de Riera, Nicolás Guerrero, declaró recientemente en esta misma causa que el político dio el "visto bueno" a la operación después de que la constructora catalana le hubiera pagado esos 180.000 euros. Es precisamente Guerrero uno de los pilares de la acusación del juez Ramos y del fiscal Izaguirre, ya que remarcó que sus predecesores en Riera habían "vaciado la caja" de la filial creada para el proyecto en Zambrana (Riera Urbanizer) al haber pagado a los intermediarios "por nada", por una supuesta labor de asesoramiento de la que no hay constancia documental.
Es más, este empresario ha llevado a juicio en Barcelona a Fernández y a Plàcid Casas -administrador de Riera Urbanizer y que declaró también ayer como imputado en Vitoria-, a los que acusa de «apropiación indebida» con el respaldo de la Fiscalía. Está previsto que la vista se celebren en breve.
* El Mundo - IKER RIOJA ANDUEZA - 16.5.14
Foto: Zambrana (Álava) - todopueblos
Galicia.- El juez aboca al banquillo a un exobispo por una trama corrupta de restauración
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Esto ya es lo que faltaba por ver en el inmenso mapa de la corrupción urbanística en España. Nada menos que altos representantes de la Iglesia Católica se dedican también a la delictiva especulación en el campo de la restauración patrimonial. Si hace poco comentábamos aquí sobre la ilegal actuación eclesial al apropiarse registralmente de numerosos monumentos y otras construcciones anexas, ahora es el cambalache puro y duro el que aparece en su gestión cotidiana. La llamada 'Operación Retablo' en Galicia se servía de un trama mafiosa para obtener ayudas públicas de la Xunta y desviarla hacia bolsillos privados en vez de acometer las obras necesarias para la restauración histórico-artística.
"ELPAÍS* : En una de sus últimas decisiones en la causa, el juez Luis Aláez ha rechazado en un auto del 28 de abril anular las escuchas telefónicas a los imputados en la Operación Retablo, que investiga a una presunta red corrupta para restaurar conventos e iglesias y construir albergues para peregrinos con ayudas de la Xunta entre 2003 y 2009. La instrucción se aproxima así a su fin y a que finalmente se sienten en el banquillo ante el jurado varios exfuncionarios y religiosos, entre ellos el anterior obispo de Tui-Vigo, José Diéguez Reboredo, que permanece imputado.
Quien había solicitado la nulidad de las escuchas era el procurador que representa a la pata religiosa de la trama, compuesta, además de por el exobispo tudense, por su ecónomo en la diócesis, Benito Estévez, y el cura de la parroquia de Paraños (Covelo), Juan Sobrino. Del mismo modo que mantiene la validez de las intervenciones telefónicas, el juez, a punto de dejar su plaza en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, declina la petición para sobreseer la causa respecto a los tres curas.
El auto del juez es la respuesta a los recursos de las partes a uno previo del 23 de diciembre en el que ordenaba la conversión del procedimiento abreviado para el juicio ante el Jurado. No recurrió la decisión uno de los principales imputados, Carlos Gómez-Gil de Aizpurúa, exfuncionario de la Consellería de Cultura, que según la investigación se aprovechaba de su poder para decidir a quién se concedían las subvenciones para reparar patrimonio eclesiástico y sacar tajada. Sí ha tratado de demorar el cierre de la instrucción el otro presunto cabecilla, José Manuel Pichel, quien fuera arquitecto de la Sociedade de Xestión do Xacobeo, cazado en distendida y ya célebre conversación telefónica con un aparejador ante el que se ufanaba: “Os voy a repartir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre”.
Pichel pedía dejar en suspenso el auto de diciembre y practicar nuevas diligencias pero el juez lo rechaza con argumentos similares a los que usa con las peticiones de los religiosos: no toca en este momento del proceso. Aláez también manda buscar a otro de los imputados, Manuel López Carballa, empresario beneficiado por la trama que acabó arruinado y que confesó ante la policía, “aburrido de los chanchullos”. El juzgado pide que se le localice en un domicilio de Vigo y, de no encontrarlo, que se le ponga en busca y captura para que comparezca ante el juzgado, porque si no se le declarará en rebeldía transcurridos tres meses. Carballa dio pistas elocuentes a los investigadores sobre la estructura de la trama. “Todo el mundo sale beneficiado: el Obispado hace su obrita subvencionada, Pichel se lleva su parte por los proyectos y Carlos [Gómez-Gil Aizpurúa] hace de intermediario en todo”, dijo respecto a una obra para restaurar patrimonio del Obispado para la que fue contratado.
El auto del juez deniega también, por motivos análogos, la petición de la Asociación Vecinal de Paraños, que solicitaba el embargo preventivo de la casa rectoral de la parroquia, cuya extraña venta precipitó el inicio de la investigación. Tras contribuir con sus ayudas a mantener la sede, el obispado la vendió por 60.000 euros a Gómez-Gil de Aizpurúa, que no tardó en ponerla en el mercado por 680.000 euros después de haber mejorado la finca, de 4.500 metros cuadrados, con una piscina y un porche. En el momento de hacer el anuncio, a través de un portal de Internet, el extécnico de Cultura aún no había ingresado un euro al Obispado. Tras estallar el caso, acabó renunciando a la propiedad en 2012. La asociación buscaba también que se imputase a los párrocos de Lérez (Pontevedra), Crisanto Rial y San Miguel de Riofrío, en Mondariz, David Juan Morado, que figuran igualmente en las escuchas telefónicas. Ante el rechazo judicial, la asociación ha remitido un nuevo recurso de reforma en el que aduce el “grado de conocimiento y relación con los hechos delictivos investigados”.
* El País - VÍCTOR HONORATO - 10.5.14
Foto: Retablo del convento de las Clarisas de Tui / LALO R. VILLAR
Granada.- El TSJA deja en 'stand-by' la última ordenanza de Urbanismo
En Urbanismo existen toda clase de trucos y fraudes de ley para realizar lo que a la administración de turno le interesa. La impunidad con la que se actúa sobre todo desde los municipios es infinita, sabedores de que la justicia cierra los ojos y que las autonomías, en la mayoría de ocasiones, están compinchadas para realizar el delito. No es el caso de Granada donde, quizás por pertenecer a distinto partido político que la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento 'popular' fue denunciado al querer introducir una norma liviana que, en realidad, suponía un cambio sustantivo del Plan general municipal. Así ahora todo lo sucedido urbanísticamente en el último año en la ciudad queda en 'stand by' ya que presupone una ilegalidad manifiesta.
"GRANADAHOY* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha suspendido cautelarmente la Ordenanza Municipal de Edificación (OME) aprobada por el pleno del Ayuntamiento en mayo de 2013. En esencia, se trataba de un conjunto de medidas que pretendían regular de forma más liviana todo lo relacionado con las edificaciones de la capital, ya fuesen arreglos o construcciones nuevas. Justo después del 'ok', el Gobierno autonómico recurrió y, al poco tiempo, el grupo municipal de Izquierda Unida presentó alegaciones. Consideraban que actuaba al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que sólo se trataba de una excusa para acometer el levantamiento de inmuebles de forma poco legítima.
Un plan para "modificar encubiertamente el planeamiento urbanístico de la ciudad". Ahora, el tribunal deja en "suspenso" el acuerdo del 24 de mayo de hace un año.
El auto, al que ha accedido Granada Hoy, señala que se suspende cautelarmente la ordenanza pues, de lo contrario, el recurso contencioso administrativo presentado por la Junta "podría perder su finalidad" debido a que los "actos de ejecución" y la "modificación del entorno físico" generarían "daños de imposible o difícil" reparación si, en última instancia, se optase por la nulidad de esta medida municipal. O lo que es lo mismo, ni prohibe la nueva ordenanza ni permite su operatividad. La deja en 'stand-by'.
A pesar de que la resolución no es definitiva -existe la posibilidad de un Recurso de Reposición-, la respuesta es vista desde IU como una auténtica victoria. "Se le acaban las tretas y manejos al Gobierno municipal del PP para ir tapando sus irregularidades urbanísticas y, en especial, las de las zona de ocio del Serrallo Plaza, por las que los responsables políticos de Urbanismo en Granada han sido denunciados por la Fiscalía", declaró su líder en la casa consistorial, Francisco Puentedura. "La Justicia nos da la razón".
De acuerdo con sus palabras, el PP pretendía "alterar usos y condiciones de edificabilidad", en contra de lo que define el PGOU. "Era una ordenanza realizada para tapar todos los pufos urbanísticos del PP en Granada, pero este auto judicial deja claro que dichos pufos no son legalizables y, por tanto, las irregularidades urbanísticas que la edil de Urbanismo y el alcalde han consentido en estos últimos años van a ir saliendo a la luz", puntualizó Puentedura.
* Granada Hoy - VÍCTOR OLIVENCIA - 23.4.14
Foto: Granada, ayuntamiento - picasaweb.google.com
El ladrillo se convierte en azucarillo
La enorme crisis-estafa que sufre España desde hace ya unos años tiene su origen en la década de los noventa y fue realizada con premeditación y alevosía. En el campo urbanístico y de ordenación del territorio se puede poner como fecha la de 1998, con la aprobación por el Gobierno Aznar de la nueva Ley de Suelo. Esta delictiva ley, conocida como la del "todo vale", dio vía libre a la especulación urbanística salvaje en la que todas las administraciones sacaron tajada con el apoyo de un sistema financiero 'ad hoc' como fueron las culpables Cajas de Ahorro (controladas por el poder político). Esto permitió un despilfarro público sin límite y la generación de enormes plusvalías en todos los actores de la construcción que dio origen a la tristemente famosa 'burbuja inmobiliaria'. Sin embargo, a día de hoy, la casi totalidad de delincuentes de 'guante blanco' que obtuvieron sustanciosas ganancias con semejante proceso mafioso, continúan en la calle sin que la justicia haya actuado contra ellos como debía.
EDUARDO LIZARRAGA* : Todo comenzó en 1998, cuando el primer gobierno de Aznar, con Rato como asesor, se empeñó en lograr que el precio de la vivienda fuera más asequible para todos los españoles y reactivar de paso el sector inmobiliario, muy tocado tras la crisis del ’92. Para ello aprobó una nueva Ley del Suelo. O al menos eso es lo que dijeron en su momento. Otras lenguas, seguro que perversas, aseguran que fue una petición de muchos políticos municipales que querían tener recursos a su alcance. Recursos en suelo o lo que es lo mismo en dinero.
El caso es que dando mayores disposiciones municipales sobre el suelo éste no se abarató sino todo lo contrario. Y la vivienda para todos los nacionales tampoco. Eso sí, comenzó un negocio muy lucrativo, el del ladrillo, para unos cuantos españoles —demasiados— visto lo que pasó. Ya es imposible dar marcha atrás, pero en la distancia y en los juzgados puede verse que la mayoría de los casos de corrupción sucedidos tienen como causa la especulación inmobiliaria y la recalificación de terrenos. Municipios de cualquier color político repartiéndose el botín con sus controladores autonómicos que además “intercedían” con la Caja Provincial para conseguir el dinero necesario para la operación. Todo ello, sin hablar de que estas recalificaciones, y las construcciones que les siguieron, han sido el principal daño causado al medio ambiente y la biodiversidad en nuestro país durante los últimos veinte años.
Y aunque ahora se rasgue las vestiduras, el PSOE no se opuso a tamaño dislate que multiplicaba las posibilidades de corrupción por 8.000, o algo más que es, o era en aquella época, el número de municipios españoles. Y si no se opuso es porque también le interesaba y esperaba poder captar recursos. Así, sin discusiones, se dieron las llaves del cofre del tesoro a políticos de bajo nivel y escasa preparación, que llenaron las arcas municipales y las cuentas de los partidos sin olvidar, en muchos casos, las suyas propias.
Y preparado el escenario llegaron los actores del drama que se avecinaba. Políticos de toda laya que estaban en política “para hacer dinero”, promotores antiguos, o de nuevo cuño, de esos del Mercedes 190 y el “peluco de oro” y que ponían en contacto a los políticos con terratenientes que se dejaban querer. Para cerrar el círculo faltaba el dinero y éste llegó, en principio, desde esas instituciones netamente españolas, contestadas por la UE como un anacronismo y en las que los dos partidos principales tenían las manos metidas hasta los tobillos: las Cajas de Ahorros. Estos organismos iban a ser la piedra fundamental para conseguir traer del futuro ingentes cantidades de dinero, para invertir en suelo y viviendas, que hipotecan ahora a los españoles imposibilitando la salida de la crisis por ausencia de financiación.
Y se inició la fiesta para algunos que ahora pagamos entre todos. La era dorada del derroche y los megayates.
El precio de las viviendas, a pesar de las previsiones aznaristas, subió de año en año y de mes en mes, de forma espectacular —casi un 30% en el 2006—. Tanto como los casos de corrupción municipal, muchos de ellos aún sin juzgar o prescritos. La costa se enladrilló sin nadie que se atreviera a decir nada, salvo Greenpeace, que fue acusada de querer frenar el desarrollo español y de ser enemiga del progreso.
A las Cajas se sumaron los bancos, y a los políticos municipales los autonómicos, con obras faraónicas “porque mi Comunidad se lo merece” era su frase repetida. Y así nos hicimos con aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches, Centros de Congresos sin congresistas e Instituciones Feriales de primer orden, haciendo certámenes de novias, de coches de segunda mano o de alimentos macrobióticos.
Y los números fueron aumentando de manera obscena, al igual que los títulos absurdos… los primeros en construcción en Europa; el mayor ratio en consumo de cemento; los mayores incrementos de precios… Íbamos disparados, hasta que nos salimos en la curva de 2008 con Lehman Broters como copiloto. En enero de aquel año el Instituto Nacional de Estadística español anunció una fuerte bajada de la compraventa de viviendas (un 27% en el primer trimestre de 2008) y de la contratación de hipotecas (un 25% en enero de 2008), por lo que ahora se considera ese momento el de la explosión de la burbuja española.
Burbuja ésta que había sido negada de forma sistemática por los agentes del mercado y los partidos políticos, interesados todos ellos en que el negocio siguiera en marcha sin tener en cuenta las catastróficas consecuencias que su cortoplacista visión iba a tener. Según el Banco de España, en el periodo 1997-2007 el precio de la vivienda en España se había incrementado alrededor de un 150% en términos nominales, lo que corresponde con un 100% en términos reales, el precio máximo se alcanzó al final de la burbuja, en 2007; en ese momento comenzó el descenso en el precio de la vivienda.
Ahí acabó todo el espejismo de crecimiento, se vendieron los megayates, y ante la falta de dinero engrasando la maquinaria comenzaron a saltar los engranajes de la corrupción por todas partes. Era como si todos hubiéramos tenido los ojos cerrados con los billetes que caían desde los edificios en construcción y mientras lleváramos el bolsillo lleno todo nos daba igual. Los más listos ya se habían retirado del negocio en el que sólo quedaban los más pardillos y los que habían llegado al final. Las quiebras de las constructoras se multiplicaron, y daba igual el tamaño que tuvieran ya que ante el desastre la única diferencia es que hacían más ruido al caer.
Y con las quiebras, nuestra geografía comenzó a llenarse de edificios por vender, por terminar o por levantar; con urbanizaciones en mitad del campo llenas de farolas y calles que no llevaban a ninguna parte y en las que las malas hierbas crecían con profusión. A la vez y conforme el paro comenzaba a subir en un Tourmalet duro e interminable, las fachadas de los edificios se llenaban de anuncios de ‘Se Vende’ y las noticias de desahucios comenzaban a ocupar espacio en los periódicos. Los bancos, tan generosos un año atrás dando hipotecas al 100% con un 20% suplementario para el Cayenne, cerraban el grifo del dinero y agudizaban la crisis, imposibilitando que los pocos interesados en comprar pudieran hacerlo y logrando que los promotores enganchados se fueran al hoyo en tiempo record.
Y hasta aquí todo ha sido ajuste, suave en un principio, duro después y más duro a continuación. Y llegó la nacionalización de numerosas cajas de ahorro quebradas: Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur, Caja Mediterráneo, Nova Caixa Galicia, Caixa Catalunya, Unnim y Bankia y las ayudas públicas para fusiones de otras muchas entidades bancarias. Con esta medida socializamos sus pérdidas entre todos los españoles poniendo un dinero –se estima que podría superar los 105.000 millones de euros- que será difícil por no decir imposible recuperar.
Durante los años de bonanza, el “afán constructor”, como se publicitaba una conocida inmobiliaria, se tradujo en la construcción de 525.331 viviendas en el 2003, 586.092 en el 2004 y 612.066 en el 2005 y más de 800.000 en el 2006. Por supuesto que no todo se vendía y así en el 2004 se vendieron un total de 295.000, en el 2005, unas 336.000 y en el 2006 unas 600.000 unidades, []lo que indicaría una acumulación de viviendas nuevas. Significativamente, el parque de viviendas vacías en España era en 2005 de 3,35 millones, lo que supone un 14% del total.
Tenemos en estos momentos más de 900.000 casas nuevas, casi todas propiedad de bancos, terminadas y esperando comprador. Terrenos recalificados en todas las Comunidades Autónomas y que sólo en la Comunidad Valenciana, una de las más afectadas por la corrupción y los pelotazos urbanísticos, podrían albergar más de un millón y medio de pisos. Recalificaciones que han terminado con casi toda la costa mediterránea virgen y se han extendido por el interior en patatales lejanos de los centros urbanos. Por si esto fuera poco más de un millón y medio de propietarios, asfixiados casi todos por la situación económica y el paro, intentan vender su propiedad con muy pocas perspectivas de éxito. Y lo que es peor, están atrapados en un bucle maléfico ya que cuanto más tardan en vender más ha bajado la casa de precio y su venta pudiera llegar a no cubrir el valor de la hipoteca pendiente. Así, en 2014 el número de hipotecados en España cuya vivienda vale menos que el préstamo pendiente de pagar subirá hasta el 10,7% y, previsiblemente, llegará al 11,3% en 2015. Esto se traduce en que unos 580.000 propietarios podrían perder dinero si quisieran vender su vivienda o podrían sufrir un desahucio quedando a deber dinero al banco si su situación económica empeorase.
En estos momentos el valor del inmobiliario se ha ajustado hasta llegar a los precios que tenía en marzo del 2003. Por supuesto que esto es una cantidad media y que en algunas zonas habrá bajado más y en otras menos. Es decir, los que compraron en 2002 que, tras la entrada de España en el euro con las vacilaciones del momento, fue el momento en que los precios comenzaron a inflarse hasta llegar al paroxismo del 2007, están llegando al límite de su apuesta inmobiliaria y cuando termine esta crisis, que terminará, podrán vender al valor que compraron y olvidar las fastuosas revalorizaciones que experimentaron los pasados años.
Esto es el escenario lógico que debiera suceder si los bancos y su financiación quieren, que de momento es que no. Las hipotecas son una rara avis, cara para los que se la conceden y con unos diferenciales para los no clientes que pueden estar por encima del 3,5%. Y esto no anima al mercado inmobiliario.
Ahora mismo la oferta es desmesurada, con más de dos millones de propiedades en venta entre obra nueva y vivienda usada. Y en los dos mercados son los bancos los que mandan con la hipoteca en la mano. Ni el promotor que aún sobrevive, ni el particular que quiere vender su propiedad, lo conseguirán si el banco no da la financiación al posible comprador. Y el banco es juez y parte, ya que también dispone de una inmensa cartera inmobiliaria a la venta, que podría llegar a más de 700.000 pisos entre todos las entidades juntas. Pisos de promotores arruinados o de particulares desahuciados. Y está claro que a la hora de pedir la hipoteca sólo la obtendremos si el piso que queremos es del banco; y con buenas condiciones y en algunos casos al 100% de su precio.
Artículo aparte merece hablar de las grandes operaciones que administraciones y bancos, incluyendo a la Sareb, están haciendo con los fondos de inversión oportunistas, bien llamados fondos buitre. Fondos llegados a España durante el 2013, de la mano de políticos y banqueros españoles, y que se están beneficiando de las inmensas cantidades de dinero público destinado a sanear las entidades financieras perjudicadas por un ladrillo que ahora se vende agrupado y barato. ¿A quién benefician estas operaciones? ¿Qué bancos están detrás de esos fondos?
En estas condiciones es difícil que la situación mejore en poco tiempo. La digestión de toda esta inmensa oferta inmobiliaria va a ser lenta, sobre todo por unas necesidades a la baja. Y es que las perspectivas para los próximos años apuntan a que en el periodo 2011-2015 se crearán anualmente 165.000 nuevos hogares en España, frente a los casi 400.000 entre 1997-2009. Es preciso tener en cuenta también la vuelta a sus países de muchos de los inmigrantes que llegaron a España durante la década prodigiosa, que están dejando viviendas vacías que se añaden al mercado inmobiliario de venta o alquiler.
La perspectiva de solución ya se ve, pero va ser lenta y no va a llegar a todos los sitios por igual. El Consejo General del Notariado ha comenzado el año dando buenas noticias a los propietarios de viviendas. En su informe de abril, ceñido al terreno y basado en operaciones reales, nos indica que el número de compraventas de casas en febrero creció hasta un 39,8%, hasta las 26.602 transacciones, respecto al mismo mes de 2013. Ya en el mes de enero se disparó un 59,2%. También los precios se recuperan y así, se incrementaron un 0,6%, que es mucho menor que en enero, cuando lo hicieron un 8,6%, pero va marcando tendencia.
Es preciso, en todo caso, controlar todo el suelo de reserva para no comenzar a construir antes que de verdad sea necesario. Los ayuntamientos se debaten entre la pobreza y la tentación urbanística, y es que han sido demasiados años en los que el modelo funcionó y les llenó los bolsillos y las arcas. Ya hay algunos, como el de Gandía, que quieren meterse en nuevas aventuras recalificadoras, en este caso con su último trozo de costa virgen y protegida Tal vez fuera necesaria la puesta en marcha de un Plan Nacional de recuperación del sector y de salida organizada de la crisis. Pero claro, se chocará con las CC.AA., sus competencias y sus intereses partidistas y dudo mucho que el actual Gobierno tenga fuerza, tiempo y legitimidad para liderar un Plan que será complejo. La vivienda es una necesidad básica para los españoles y si estamos como estamos es porque muchos lo entendieron como negocio. Y así volatilizaron el sector inmobiliario convirtiendo el ladrillo en azucarillo, aunque bastante amargo.
* Público - Eduardo Lizarraga - 9.5.14
Foto: El Roto - Aquí yace el urbanismo, 20070128elroto - elpaís
Más de dos décadas de alta velocidad en España se saldan con 13.000 millones de euros en sobrecostes
Continúan abrumando las cifras del despilfarro delictivo del AVE en este país. Se habla de 13.000 millones en sobrecoste de obras, algo inusual y que demuestra la enorme corrupción existente en el transcurso de su puesta en servicio, que todavía continúa además. Pero es que esta demencial cifra solo representa un 30% de lo presupuestado, es decir que el resto se ha hecho por la cara, por delito político-empresarial, cuando todos los estudios técnicos decían que no eran necesarias estas líneas de AVE para un país pequeño como el nuestro. Como ya hemos debatido aquí bastante este grave asunto, solo volver a insistir en la pasividad cómplice de la justicia que ha sido incapaz de imputar a ningún alto cargo público por semejante dispendio económico y atropello a la ciudadanía.
"VOZPÓPULI* : Han transcurrido casi 22 años desde el primer viaje de un AVE en España, el que inauguró la línea Madrid-Sevilla. Más de dos décadas que han dado para mucho, para convertirse en el segundo país del mundo en número de kilómetros de alta velocidad ferroviaria, más de 3.000, tras una inversión acumulada que supera los 47.000 millones de euros. Pero de esta cantidad, aproximadamente un 30% no estaba presupuestado. Es la partida de sobrecostes, que se sitúa en el entorno de los 13.000 millones.
Los desvíos presupuestarios no han sido siempre homogéneos. Sin duda, el más notable fue el que se dio en aquel primer trazado entre Madrid y Sevilla, al que la sombra de la polémica no dejó de perseguir prácticamente desde la colocación de la primera traviesa. Los aproximadamente 1.600 millones de euros presupuestados para acometer el proyecto terminaron transformados en una inversión de casi 2.700 millones.
El punto de contraste lo pone el trazado de alta velocidad entre Madrid y Valladolid, cuyas primeras estimaciones de sobrecostes se sitúan en el entorno del 9%, lo que va entre el presupuesto de 3.775 millones de euros y un total invertido de algo más de 4.200 millones de euros.
Sin duda, el mayor esfuerzo económico se hizo para llevar el AVE hasta Barcelona y, de ahí, hasta la frontera con Francia. Como ocurriera con la primera línea de alta velocidad, el AVE Madrid-Barcelona también estuvo rodeado de polémica porque la sombra de los sobrecostes comenzó a sobrevolar el trazado diseñado para la ocasión prácticamente desde el principio.
Programado para que llegara a Barcelona en 2004, el primer viaje tuvo lugar aquel año aunque el destino final no fue la Ciudad Condal sino Lleida, una de las paradas intermedias. No sería hasta cuatro años más tarde cuando se pudo al fin completar el recorrido, tras una inversión de 8.970 millones de euros, casi un 20% por encima de los 7.550 presupuestados (tras varias revisiones) y teniendo en cuenta además que, como señaló el Tribunal de Cuentas, los contratos se adjudicaron con una baja media del 9%.
Los AVE de última generación
La prolongación de la línea hasta la frontera con Francia fue otro intenso capítulo en la historia de los sobrecostes de la red de alta velocidad, que también finalizó con un notable retraso y con notables sobrecostes asociados a su construcción.
Málaga, Córdoba, Valencia y Alicante han sido, sobre todo estas dos últimas, las líneas de alta velocidad de última generación, cuyo coste total aún está por determinar, aunque las primeras estimaciones apuntan a sobrecostes cercanos al 30%. Han sido, además, proyectos ya afectados por el recorte en la licitación en obra pública provocados por la crisis, lo que ha repercutido de forma negativa en cuestiones tan primordiales como la seguridad.
Como muestra, el ejemplo de uno de los tramos del AVE a Valencia, que carece del sistema de frenado ERMTS, que permite la reducción de velocidad automática de la máquina a su paso por las correspondientes balizas. Una circunstancia que se puso de manifiesto a raíz del trágico accidente del Alvia en Santiago de Compostela, en un trazado considerado como de alta velocidad, cuando en realidad no tiene todas las condiciones para ser calificado así.
Aluvión de cifras y polémicas
Las grandes cifras de la alta velocidad española han vuelto a situarse en primera línea de actualidad después de que un juzgado de Barcelona esté instruyendo una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la adjudicación y desarrollo de un contrato del AVE entre Barcelona y la frontera francesa, con hipotéticos sobrecostes de por medio. Un proceso que, por el momento, se ha saldado con una decena de detenidos, relacionados tanto con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) como con la constructora Corsán-Corviam, adjudicataria del contrato.
Sucesivos informes del Tribunal de Cuentas, el último de ellos publicado el año pasado, habían alertado desde hace más de diez años de los sobrecostes en que estaba incurriendo el proyecto de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. La polémica ha terminado de avivarse con la información publicada este lunes por El País, en la que se habla de 10.000 millones de euros de sobrecostes pagados por el Ministerio de Fomento en los últimos seis años, tanto en alta velocidad, como en aeropuertos, carreteras, etc.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, achacó a los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero unos sobrecostes de 8.000 millones de euros para añadir a continuación que desde que el PP recuperó la Moncloa la cifra se había reducido a cero.
Los contratos de alta velocidad, que a lo largo de sus más de veinte años de historia en España han pasado por las mesas de todos los gobiernos, ponen de manifiesto que los sobrecostes no parecen tener relación con los colores políticos.
* Voz Pópuli - Raúl Pozo - 16.5.14
Foto: Protesta AVE no, Tren sí (archivo) - ecologistasenaccion.org
La Directora del IVIMA, imputada por la venta de 3000 viviendas a fondos buitre
El asunto de la venta fraudulenta de 3.000 viviendas del IVIMA madrileño a la empresa multinacional de inversiones Goldman Sachs, junto con la española Azora, se va desenredando poco a poco. Ahora la justicia imputa a la Directora general de Vivienda de la Comunidad por "malversación de caudales públicos y prevaricación continuada". En total, 32 promociones del Plan Joven se vendieron irregularmente a los 'fondos buitre', repartidas en once municipios madrileños cuyos inquilinos están temiendo que les cambien las condiciones del alquiler y compra de tal forma que no puedan hacerles frente. También resulta llamativo que la justicia haya imputado solamente a la Directora General, cuando tiene cargos por encima de ella que deberían estar al tanto de esta corrupción evidente.
"KAOSENLARED* : Quienes el 30 de abril instigaron una brutal represión a vecinos y vecinas que intentaban detener un desahucio, son ni más ni menos las y los corruptos de la película. ¿Acaso nos sorprende? Investigan adjudicaciones fraudulentas a la sociedad Azora Gestión, en la que participa Goldman Sachs.
La directora general de Vivienda de Madrid imputada por presunto delito de prevaricación por la venta de pisos del IVIMA
El juzgado de instrucción número 48 de Madrid, que admitió a trámite la querella interpuesta por el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid contra la Comunidad por "malversación de caudales públicos y prevaricación continuada" en la venta de 3.000 viviendas del IVIMA a la empresa Azora, ha citado a declarar como imputada a la directora general de Vivienda, Ana Gomedio, para el 9 de junio.
Así figura en un auto fechado a 25 de abril, por el que se admite a trámite la querella presentada por el Grupo Socialista contra Gomedio, tras acordar la incoación de diligencias previas el pasado 25 de febrero.
Gomendio firmó la resolución de 6 de junio de 2013 por la que se dispuso la publicación de la convocatoria denominada 'Enajenación de 32 promociones (viviendas en arrendamiento o en arrendamiento con opción a compra, garajes, trasteros y locales) pertenecientes al Instituto de la Vivienda', con un presupuesto base de licitación de 168 millones de euros, que fueron adjudicadas a la sociedad Azora Gestión, en la que participa Goldman Sachs, por el importe de 201 millones de euros.
* Kaos en la Red - 9.5.14
Foto: IVIMA, viviendas en Madrid - pueblos-espana.org
La fiscalía alerta del incumplimiento de las órdenes de derribo de viviendas
La confusión generada en torno al Urbanismo, con distintas normas y leyes según el territorio, a veces hasta opuestas entre sí, ha conseguido que los ayuntamientos discrepen en las medidas tomadas y los propios vecinos no sepan bien a qué atenerse. Esto ocurre con las miles de viviendas ilegales construidas en los últimos años en este país. La tendencia general está siendo la de legalizar el máximo posible, evitando los derribos, aunque esto suponga un agravio comparativo con los que sí han cumplido la normativa. Alcaldes y consejeros rivalizan demagógicamente en querer legalizar lo imposible legalmente, saltándose todo tipo de recomendaciones técnicas y del sentido común. La provincia de Cádiz es una de las que cuenta con más número de estas situaciones conflictivas irregulares y puede servir de mal ejemplo en este sentido.
"ELPAÍS* : La Fiscalía de Cádiz ya tiene ultimado un inventario de sentencias con órdenes de derribo de viviendas ilegales sin ejecutar en el área de la bahía y la comarca de la Janda. La fiscal jefe, Ángeles Ayuso, se propuso a finales de 2012 realizar este listado para demostrar una queja que se ha convertido en crónica: la escasa ejecución de estas condenas. Llegar al derribo es algo excepcional para las casas irregulares. En la mayoría de los casos la demolición termina por evitarse debido fundamentalmente a la enorme maraña judicial y de trámites, la aplicación de diversos criterios, la dejadez municipal o la falta de medios.
Según los datos de este inventario, de las 43 órdenes para tirar construcciones sin licencia, solo se han ejecutado cuatro en los últimos cuatro años. Las demás resisten el peso de la justicia. De las 39 restantes, solo en dos ocasiones la demolición ha sido ya completamente descartada. Por lo tanto, quedan otras 37 demoliciones pendientes que, por diferentes razones, siguen aguardando una resolución definitiva o el momento en que las máquinas actúen. En el inventario de la fiscalía se ve reflejada la enumeración de cada uno de los procedimientos judiciales, algunos de ellos se remontan hasta el año 2007.
Ayuso se propuso realizar este inventario para dimensionar un problema real al que se enfrentaba la Fiscalía de Medio Ambiente. Sus peticiones de derribo de viviendas ilegales empezaban a tener una acogida satisfactoria entre los jueces.
Por ejemplo, durante mucho tiempo la justicia impidió las demoliciones atendiendo el criterio de que en un futuro, con las revisiones de los planes generales, los suelos donde habían proliferado viviendas sin licencia, podían ser recalificados y eso podría resolverse iniciando un proceso de legalización. Algunas sentencias atendieron el criterio de la fiscalía de que la casa debe ser demolida independientemente de su futuro urbanístico porque en el momento de ser construida su promotor se saltó la ley.
Pero la llegada de sentencias firmes de derribo no ha ido en paralelo a su ejecución. Tal como sospechaba Ayuso antes de encargar este inventario, la mayoría de esos fallos judiciales no se han ejecutado.
Y en muy raras ocasiones, un dueño ha tirado su propia casa. Pero la fiscalía detecta que tampoco los Ayuntamientos realizan esta tarea. En algunos casos, como este, ha llegado a utilizar el argumento de que los actuales inquilinos necesitan esas casas para vivir porque, en realidad, algunas de las viviendas con órdenes de derribo se han convertido en primera residencia, aunque en su origen no lo fueran.
La fiscalía lamenta no obstante que los Ayuntamientos asuman ese papel protector cuando durante años permitieron que en sus términos municipales se levantaran estas casas sin cortapisas. “Entre ellas está la construcción de algunas casas de 200 metros cuadrados e incluso la construcción de adosados en grupo”, se lee en el texto del informe.
En este caso, el inventario recoge los datos del área de la bahía de Cádiz y la comarca de la Janda, pero la fiscalía de Jerez y Algeciras también están elaborando sus propios informes. La obtención de esta información tan concreta servirá para conseguir el propósito que se marcó hace ya año y medio la fiscal jefe de Cádiz. Que las Administraciones y el Poder Judicial conozcan la dimensión del problema y tomen conciencia de las dificultades para hacer frente, con la ley en la mano, al urbanismo ilegal.
Entre todos tendrán que resolver la suma de viviendas que todavía siguen en pie por razones bien diferentes. Este listado, como anticipo, analiza caso a caso. Por ejemplo, la fiscalía presentó recurso contra un auto del Juzgado de lo Penal 4 de Cádiz que suspendía la demolición de una construcción por dos años contados desde el 23 de mayo de 2012.
El juez argumentaba que daba este plazo de cortesía por si en este plazo cambiaba la calificación jurídico-urbanística del terreno. La fiscalía cree que esta decisión no tiene fundamento legal y la Audiencia Provincial de Cádiz emitió el 29 de junio de 2012 un auto confirmando una demolición acordada por el Juzgado de lo Penal 5.
Para la fiscalía este tipo de apelaciones son maniobras de los propietarios para dilatar en el tiempo una sentencia firme, de manera que se pueda evitar el derribo si en ese tiempo ha cambiado la calificación de los suelos y se ha hecho edificable toda la zona donde radica la construcción.
Por ello, en su inventario, la fiscalía es especialmente crítica contra la actuación de los Ayuntamientos. Ante otro juzgado, un Ayuntamiento —tampoco identificado— llegó a pedir la suspensión de la demolición porque su uso había cambiado. El ministerio público cree que cuando un Consistorio actúa así está asistiendo a un condenado por un delito. La legislación marca que debe ser el propietario el que ejecute ese derribo y, en caso subsidiario, es el Ayuntamiento el que debe hacerlo.
Y entre otras maniobras dilatorias, el ministerio público también ha encontrado recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional o incluso peticiones de indulto ante el Ministerio de Justicia, medida de garantía a la que se oponen tajantemente desde la fiscalía. Los jueces gaditanos tampoco las han atendido de momento.
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés, que ayer estuvo en Cádiz, dijo respecto al inventario que esta competencia corresponde a Medio Ambiente y Ordenación del Territorio pero reconoció la dificultad de aplicar algunas normas. “Es algo complicado pero cuando se aprueban leyes es para que se cumplan”, resolvió. Instó además a que, en la medida de lo posible, se busquen mecanismos “para que el cumplimiento de la ley sea efectivo tal y como lo ha planteado la Junta de Andalucía desde Ordenación del Territorio”, dijo.
Demoliciones pendientes
El juzgado de lo penal 1 de Cádiz tiene 14 órdenes pendientes. Dos derribos se han ejecutado. En otra resolución sin ejecutar, se advierte al propietario de que está incurriendo en un delito.
El juzgado de lo penal 2 tiene cinco ejecutorias. Entre ellas, hay una en la que se apercibe al Ayuntamiento a demoler cuanto antes.
El juzgado de lo penal 3 ha atendido seis órdenes de derribo. Una sola se ha ejecutado. Los demás requerimientos siguen sin atenderse todavía.
El juzgado de lo penal 4 estudia ocho ejecutorias con demolición. En una de ellas el juez ha suspendido la demolición en atención a una posible recalificación de los suelos.
El juzgado de lo penal 5 acumula 15 órdenes de derribo. Solo una de las construcciones ha terminado demolida. En uno de los casos, el Ayuntamiento afectado ha llegado a pedir la suspensión de la demolición, algo que indigna a la fiscalía.
La Audiencia Provincial, en su sección cuarta, tiene dos ejecutorias acumuladas. Una se ha resuelto con la demolición ya ejecutada y otra con una desestimación de la súplica para evitar el derribo de 2012. Aunque se incoó en 2007, la construcción sigue en pie.
* El País - PEDRO ESPINOSA - 8.5.14
Foto: Derribo de una vivienda ilegal en 2009 en Chiclana, Cádiz. / EDUARDO RUIZ
