Extremadura se resiste a demoler el complejo ilegal de Valdecañas

Como es norma en casi todas las administraciones, después de lo que cuesta que la justicia actúe y sentencie la especulación urbanística delictiva, al final bien sean municipios o autonomías se niegan a cumplirlas bajo cualquier pretexto inaudito. Es lo que ocurre con este gran complejo urbanístico ilegal construido sobre una isla del embalse de Valdecañas en Cáceres. Años de lucha de colectivos vecinales y protectores de la Naturaleza pueden quedar en nada si la justicia, nuevamente, no toma otras medidas más drásticas. Y, lamentablemente, lo peor es la impunidad con la que actúan los corruptos en urbanismo, sabedores de la debilidad y/o complicidad de los que tienen que hacer cumplir la ley.
"ELPAÍS* : Apartamentos exclusivos de uno a tres dormitorios, con terrazas de 40 metros cuadrados orientadas al sur y magníficas vistas sobre el embalse de Valdecañas. Así se sigue anunciando la venta de inmuebles en la página web del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, una macrourbanización situada en una isla del pantano, en zona protegida por la Red Natura 2000. “Desde 195.000 euros más IVA”, añade la promoción. Aparentemente, todo sigue como siempre, pero nada es lo que se previó. El Tribunal Supremo ordenó en febrero el derribo de lo ya construido y la paralización de las siguientes fases. Decretó que es ilegal.

La Junta de Extremadura, sin embargo, se resiste a cumplir la sentencia. Asegura que la demolición costaría 34 millones de euros y que es mejor para el medio ambiente mantenerlo como está.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Extremadura (PP) han presentado un escrito en el juzgado para pedir que abra un “incidente de imposibilidad de ejecución” de la sentencia del Supremo que determinó que no se puede urbanizar en terrenos incluidos en la Red Natura 2000, una figura europea de protección ambiental. La Junta alega, entre otras cosas, que “la devolución de la isla a su estado natural tampoco va a devolver a esta ningún valor ambiental, pues carecía de los mismos”. El escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, no solo afirma que la construcción de 185 “villas”, un hotel de 80 habitaciones, un campo de golf y una base náutica con 76 atraques, entre otros, no ha afectado a los valores medioambientales de la zona, sino todo lo contrario. Demoler el complejo, asegura, sería perjudicial.

El texto alega que en el terreno nunca se había asentado ninguna especie de fauna o flora relevante o protegida: ni pagaza piconegra, ni gansos, ni grullas. La construcción del complejo, en cambio, tuvo un efecto “altamente positivo”, razona la Junta, porque se talaron 6.772 eucaliptos que se sustituyeron con arbolado autóctono: encinas, pinos piñoneros, fresnos, plátanos... De ejecutarse la sentencia, habría que “proceder a la tala” de casi 8.000 árboles y 100.000 matorrales plantados durante la construcción y que ayudaron a “mejorar notablemente la calidad paisajística de la zona”.

En lo que respecta a las aves, el escrito enviado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) señala que la desaparición del complejo supondría la pérdida de la vigilancia existente. Y dado que este servicio “ha eliminado el furtivismo” y ha permitido que, gracias a “las condiciones de tranquilidad y sosiego”, la población de gansos, grullas y pagazas piconegras haya aumentado en el entorno de la isla, en la ZEPA (zona de especial protección de aves) Embalse de Valdecañas, si se retira puede producirse un “recrudecimiento de esas prácticas” y “la eliminación de la tranquilidad que ha provocado el fuerte incremento en la población”. La Junta alega también que ejecutar la sentencia supone “la desaparición” de dos depuradoras, con lo que se volvería “a la situación anterior, de vertidos de aguas sin depurar”.

José María Trillo, abogado de Ecologistas en Acción, califica de “peregrinos” los argumentos de la Junta y asegura que ejecutar la sentencia del Supremo no significa que haya que “demoler depuradoras, que la Directiva de Aguas obliga a construir, ni mucho menos arrancar árboles”. Se trata únicamente de “revertir la urbanización de lo que era un espacio natural”, algo que la ley obliga a hacer con una estricta evaluación ambiental. Trillo recuerda que se ha llegado a la situación actual por culpa de la desidia de la Administración, puesto que las organizaciones ambientales (Ecologistas en Acción y Adenex) llevan años pidiendo la suspensión cautelar de las obras del complejo.

El Gobierno de Extremadura aprobó, en 2007, el Proyecto de Interés Regional (PIR) Marina de Isla de Valdecañas, con el que se recalificaban los terrenos para permitir la construcción de un complejo turístico de lujo. Los ecologistas lo recurrieron en el TSJE que, cuatro años después, en marzo de 2011, les dio la razón al declarar la nulidad del proyecto y la obligación de restituir los terrenos a su estado anterior. Tres semanas después de ese fallo el Parlamento extremeño modificó la Ley del Suelo de la región para permitir la urbanización en los espacios integrados en la Red Natura 2000. Es decir, para dar cobertura legal al complejo turístico, un lugar en el que, según publicó el diario ecónomico Expansión, tienen casas directivos de empresas como Telefónica, Banco Santander, Credit Suisse y Rothschild.

El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en febrero pasado y declaró la nulidad del PIR. El TSJE dio un plazo a la Junta de Extremadura, que es la que debe demoler el complejo, para ejecutar voluntariamente la sentencia. En lugar de hacerlo, ahora pide al TSJE que le exima. A estas alturas, la primera fase de Isla de Valdecañas ya está acabada. El coste de que entre la piqueta ahora, si entra, es de 34 millones de euros, según argumenta el Gobierno de Extremadura en su escrito, que también alega otras “razones socioeconómicas” para dejar las cosas como están: los puestos de trabajo creados, los intereses de los que han comprado propiedades allí y los perjuicios económicos para los dos municipios afectados (Berrocalejo y El Gordo) en licencias urbanísticas e impuestos como el IBI.

El segundo hotel, sin subvención

Al mayor complejo de turismo y ocio de Extremadura, Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres, a unos 160 kilómetros de Madrid, se le acumulan las dificultades. No solo está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo que ordena su derribo; la acuciante situación económica del proyecto llevó a su promotora a presentar preconcurso de acreedores en febrero pasado, poco después de conocerse el fallo. De los dos hoteles que estaba previsto levantar en la isla, uno ha perdido la subvención de 1,5 millones de euros que había obtenido de los fondos europeos FEDER. El Ministerio de Hacienda se la retiró hace unos días. Las obras llevaban meses paralizadas por falta de financiación.

La empresa Valdecañas Medical SPA S. L. tenía previsto construir allí un hotel de cinco estrellas. Sería el segundo; ya hay otro de cuatro estrellas. El Boletín Oficial publicó el 2 de mayo pasado una orden que declara el incumplimiento de las condiciones necesarias para acceder a los fondos: no se realizaron las inversiones de 15 millones de euros previstas, no se crearon y mantuvieron 33 puestos de trabajo, etcétera Es decir, al no haber hotel, tampoco hay ayudas.

Los dos pueblos cercanos a la urbanización, El Gordo y Berrocalejo, aseguran que la demolición del complejo de ocio tendría un perjuicio económico para ellos. Tal y como reseña el escrito de la Junta de Extremadura en el que pide al juzgado que le exima de ejecutar la sentencia, El Gordo ha obtenido en concepto de licencias urbanísticas 1,6 millones de euros y por el canon compensatorio de aprovechamiento urbanístico, 2,9 millones. Berrocalejo ha percibido 145.000 euros y 1,2 millones de euros, respectivamente.


* El País - ELENA G. SEVILLANO - 18.5.14
Foto: Valdecañas (Cáceres), urbanizacion - ecologistasenaccion.org



12 comentarios :

itziurko dijo...

Protegido por Red Natura 2000, me ha parecido leer. ¿Y quién es esa Red? Porque a la vista está que hay otro que se pasa por el forro la protección Natura 2000. Estamos ante otro subproducto del gobierno Marca España, como El Algarrobico. Como de costumbre no habrá ningún responsable. Habrá que pedir al ministro de Gobernación que le diga a Gallardón que haga una ley para castigar a los que no existan. Aunque sean responsables de algo.

chichcho dijo...

Al final el mensaje es claro: Hagan lo que quieran que luego ya saldremos airosos por algún lado. Y si hay que cambiar leyes, pues se cambian...oiga. Aquí la pregunta es: Quién autorizó? Porqué nunca se depuran responsabilidades? Si hay leyes y normas, porqué no se cumplen?

oiciraum dijo...

En España lo absurdo puede llegar al esperpento: por la misma razón (ocupar terrenos incluidos en la Red Natura 2000) el TSJ europeo tumbó la semana pasada la ampliación de una autopista en los Países Bajos; será cuestión de llevar el caso a Luxemburgo ya que la justicia española es un choteo, los tribunales europeos son más serios.

Antonio Bernat dijo...

Otro ejemplo de la impunidad de que gozan crímenes graves en nuestro país, paraíso de corruptos, defraudadores, blanqueadores de capital y destructores del territorio. Sigamos así que ya salimos de la crisis.

llopartt dijo...

Esta isla esta para que lo disfruten unos cuantos, ya que para los demas nos tienen prohibida la entrada a la isla, como siempre cuatro mangantes se hacen dueños de lo publico, se montan su fortaleza, y al resto que nos den, yo personalmente lo tiraria todo, lo dejaba como estaba antes, que por lo menos lo podiamos disfrutar todos.

roman23 dijo...

Forzar que se cumpla la sentencia y se devuelva todo a su estado original. ¡Basta ya de Hechos consumados con todas las tropelías urbanísticas!. Y un poco más de educación urbanística y medio ambiental en nuestros dirigentes. Ah y que sean quienes lo autorizaron quienes paguen el derribo

asturies dijo...

La ley nuestros gobernantes se la pasan por el forro,ya no es que no la quiten,es que CONSINTIERON que se hiciese en una reserva,deberian de estar en la carcel quien lo consintio,y el que las hizo que las deshaga,no tienen por que pagarlo los ciudadanos,ya esta bien,viendo esto ¿todavia se atreven a pedirnos el voto la pandilla de corruptos?

thezalatambor dijo...

La junta de Extremadura se niega a cumplir la Ley. La Ley debe actuar contra los responsables de la junta de Extremadura. Pongo junta con minusculas porque no se merece otro nombre. En Muchos lugares es la propia administración la responsable de los delitos ecológicos. Una porquería.

tipograsiento dijo...

Esta semana hemos estado en la Toscana. Había miles de turistas, sin embargo, en cien km a la redonda nos se apreciaban grandes urbanizaciones, hoteles monstruosos o distorsión en un maravilloso e impecable paisaje. Los mismos habitantes son supercelosos de lo que tienen. Aquí se manifestaron en el Algarrobico a favor de mantener la mole y se vota a un partido que legaliza la construcción en la costa y alienta el fraking o la explotación de petróleo en las Canarias. Un poco de cultura por favor!

sebaah dijo...

¿No basta con denunciar, los Jueces se pronuncien sobre su ilegalidad, tengan orden de derribo? Ahora resulta que el dinero de ALGUNOS es mas importante que la LEGALIDAD de TODOS. Si somos todos iguales ante la Ley, deben Cumplir inmediatamente la orden de Derribo, como el Algarrobico. De lo contrario ,no solo es una injusticia prevaricadora, es una llamada a la rebelion, a la lucha y a la violencia,¿LA LEY a quien protege? Si es ILEGAL es ILEGAL, que les den por donde amargan los pepinos , ¿no querran que yo les SUBVENCIONE?

alfreddeller dijo...

Si es que es lo de siempre: tú construye en pleno parque natural o zona rústica, que por mucha condena que haya después, te lo legalizan porque sale caro. O sea, que ya sabes, haz lo que te dé la gana, cobra las comisiones que te den y luego tan tranquilo. Véase El Algarrobico, hasta los habitantes de la zona lo defienden, que ya hay que ser idiota.

Blogger dijo...

11,000,000 Identities were stolen over the last year. You might be next. Get protected with IdentityForce.