* YouTube - lampiweb - 26.03.11
Caceria de un concejal de urbanismo en los bosques de Alcafran en la Peninsula Iberica por Jose Mota
Políticos Corruptos de España - El Concejal de Urbanismo
El fiscal jefe no comparte la normalización urbanística que se pretende en la Axarquía
Demolición
Así, Antonio Morales aseguró que esas construcciones pueden ser «económicamente rentables a corto plazo, pero a larga es un desastre turístico, económico y social y afecta a algo tan importante como el paisaje». «Existe el derecho a un paisaje limpio y sostenible, donde la sociedad vaya evolucionando a mejor», puntualizó.
«Perpetuar todos esos atentados que se han hecho a la naturaleza, al paisaje y al medio ambiente no se comprende fácilmente, sobre todo, cuando ha habido una lesión de bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico», ha precisado el responsable de la Fiscalía malagueña.
En todo caso, añadió «se debería aplicar el rigor jurídico y lógicamente la demolición de todas estas construcciones ilegales y la vuelta a la normalidad y al paisaje primitivo de aquella zona, que es muy bonita».
* La Opinión Málaga - 18.04.11
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es
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«Hay que penalizar las viviendas vacías»
¿Cuántas personas integran el colectivo y qué nexo de unión tienen? El foro en sí está formado por unas diez personas, la mayoría de ellas pertenecemos a Ecologismo en Acción; pero convoca asambleas y actos a los que asisten muchas más. El colectivo cuenta con representantes de la izquierda, ecologistas y mucha gente vinculada al mundo de la cultura; haya muchos artistas ya que empezamos a preocuparnos, por ejemplo, por la Fábrica de Gas. Todos tenemos unos fines comunes: la conservación del medio ambiente, la sostenibilidad de la ciudad, una urbe políticamente más democrática y socialmente más justa.
En la actualidad, una de sus luchas tiene que ver con la nueva normativa que baja la protección de edificios. ¿Cómo creen que afectará a la silueta urbana? Afectará a 800 edificios, 300 en el Oviedo antiguo que conocemos hoy, no conservado ya de la mejor manera posible, y que podría desaparecer. Si se ejecuta, estos edificios se derribarán y recrearán imitando su estilo pero con la posibilidad de aumentar su altura. Se trata de aplicar la idea de El Fontán, que se recreó, después se expulsó a la gente que vivía allí pagando rentas bajas y fue destino preferente de clases acomodadas. Así se pierde el carácter popular. Y la culpa la tiene el ayuntamiento por proponer este cambio de la normativa y el Principado, que en la Comisión de Patrimonio no aleganada en contra. Por eso nuestra reivindicación va contra ambas administraciones.
¿Llegarán a los tribunales? Seguiremos organizando campañas informativas y no descartamos recurrir a la vía judicial porque nadie ha dado ni una razón histórica, artística o cultural por la que se descataloguen estos edificios; sobre todo cuando en toda Europa el urbanismo tiende a proteger entornos. No tiene sentido proteger la Catedral y rodearla de torres de cinco pisos; el Oviedo.com que nos presentan, en vez de progreso, significa volver atrás.
¿Qué desarrollo urbanístico defiende el colectivo en la capital asturiana? Por un lado, un modelo eficiente energéticamente, que cultive la cercanía, es decir, que impulse los desplazamientos a pie, en bici o en transporte público en la vida cotidiana. Po esto no entendemos la expansión de la ciudad cuando el centro está lleno de viviendas vacías. Además, queremos que se conserve el casco antiguo y que las rehabilitaciones se realicen en beneficio de los que viven en este lugar. Ayuntamiento y principado deben dar subvenciones.
¿Y qué propone para evitar que los pisos queden vacíos? Una posibilidad es que se penalicen las viviendas vacías con un impuesto para forzar a los dueños a sacarlos al mercado y alquilarlos.
* La Voz de Asturias - 17.04.11
Foto: Oviedo, montaje las trillizas - lavozdeasturias.es
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Constructores de la Costa da Morte pactaban los amaños de concursos
A 2.300 euros ascendió la factura, según declaró ante el juez Ogando padre, de la multitudinaria "comida de empresa con políticos y técnicos" que el constructor organizó el 11 de diciembre pasado en su restaurante predilecto de Fisterra. Invitó a alcaldes, ediles -tanto del PP como del PSOE-, funcionarios y técnicos de 10 ayuntamientos de A Coruña. Asistieron cargos o empleados de seis corporaciones (Cee, Fisterra, Muxía, Noia, Lousame y Ordes), como prueba el amplio reportaje fotográfico realizado por la unidad de delincuencia económica y fiscal de la policía nacional sobre los comensales de ese gran almuerzo.
Los Ogando incluso contrataron a dos músicos para amenizar una fiesta que tampoco se perdió un arquitecto, jefe de servicio de la Consellería de Educación. "La plana mayor de A Coruña", presumió el constructor al cursar por teléfono las invitaciones. Muchos declinaron por problemas de agenda, no por apetencia. Acudieron los alcaldes de Fisterra y Lousame, ambos del PP, el teniente de alcalde de Ordes, de Terra Galega, y funcionarios de ayuntamientos gobernados por el PSOE, como la secretaria de Muxía o el aparejador de Noia.
La práctica se convierte en delictiva cuando, como aparece reflejado en múltiples ocasiones, hay pruebas, gracias a las escuchas policiales, de que los constructores cierran con autoridades municipales en torno al mantel de un restaurante la adjudicación de alguna obra pública. Antes incluso de que salga anunciada su licitación.
En el caso Orquesta, las comidas son uno de los pilares del tráfico de influencias. Un delito penal del que están acusados más de 20 imputados en esta trama, entre alcaldes y concejales de Obras de Cee, Fisterra y Mazaricos, además de los secretarios y aparejadores municipales. Y aunque el sumario se ciñe a estos tres ayuntamientos, las estrategias de los Ogando para hacerse con una gran cartera de obras públicas son una práctica extendida y habitual en el ámbito local. Así lo desvelan diálogos entre empresarios recogidos en escuchas policiales. Es frecuente organizar comidas con políticos y también, tras apalabrar una obra con un alcalde, amañar luego con otros empresarios las "invitaciones" a obras públicas. Es decir, los presupuestos que optan a esa contratación para presentar ofertas en falso que arropen a la amañada. Otro constructor, Francisco Casal, acaba de ser imputado por esta razón en la Operación Orquesta.
Los Ogando pagaban a los ediles por obtener, previo amaño, obras públicas con sobornos en metálico, caros regalos, comidas en buenos restaurantes y favores diversos que dan réditos electorales a los alcaldes, como sufragar gastos de las fiestas locales o dar empleo a quienes diga el edil. Invitar a las autoridades municipales a comer es "la forma de entrar", explica Ogando a su hijo cuando este buscaba hacerse con contrataciones de Fisterra. "Seremos 11 o 12, pero si viene Elario que pague él, que anda intentando joderme el chollo en Fisterra", dice Ogando al restaurador al encargarle, en septiembre, otra comida con alcaldes y ediles. El sumario incluye reportaje fotográfico de ese almuerzo.
Un mes antes, en agosto, Ogando hijo llama a su padre para informarle de que está "comiendo con el alcalde, Santi y Moncho". Y le anuncia: "Le dieron el campo de fútbol". Los comensales, hoy todos ellos acusados, son, además del constructor, el regidor y los tenientes de alcaldes de Fisterra, todos del PP. Y fue ante un plato de comida como se decidió la adjudicación, un mes antes de aprobarse oficialmente, de la instalación de césped artificial por importe de 345.000 euros. Otro día, Ogando hijo, tras comer con el alcalde y el aparejador de Mazaricos, llama a su secretaria desde el ayuntamiento para dictarle los datos necesarios para presentarse a una obra de 93.000 euros que le sería adjudicada.
Ogando padre, en conversación con un carpintero, explica los beneficios de las comidas. Tiene que ir ese día "a comer con los de la corporación de Brión, con el alcalde" (del PSOE). "Nosotros hace años que empezamos comiendo con ellos. Ellos también nos invitan, montan allí una carpa para los amigos y por ahí van alcaldes, es normal, es trabajo también. Tienes que ir porque, aunque di que ahora no me hace falta pedirles favor ninguno, a lo mejor un día me hace falta algún chollo y así siempre te atienden mejor". "¡Hombre claro! Es muy normal", asiente el carpintero.
Otra de las "invitaciones" bajo sospecha, por ilegales, son las que los empresarios amañan entre sí para optar a "un negociado sin publicidad" apalabrado de antemano. Son para obras de menos de 200.000 euros y es el gobierno local, tras "invitar" a tres empresas de su elección, el que decide quién se la lleva. Las del Plan E, al establecer contrataciones directas sin concurso, abrieron la puerta a múltiples casos, como los que recoge el sumario de la Orquesta, en los que los constructores se ayudan para presentar presupuestos amañados y ficticios. "Mira, tengo unas invitaciones de esas de una obra que no es pa ti", le dice un empresario a Ogando para una carretera en Lousame. En el registro de Construcciones Ogando, el día de la detención de sus dueños, los agentes intervinieron una carpeta titulada "Invitaciones obras: Mazaricos, Fisterra, Muros, Zas, Dumbría, Porto do Son, Cee, Muxía, Corcubión".
El sumario de la Operación Orquesta
- Ayuntamiento de Cee. El alcalde, Ramón Vigo, por el partido Independientes de Cee. Está en libertad provisional (pagó 23.000 euros de fianza) y se le imputan seis delitos: cohecho, tráfico de influencias, malversación, delito contra Hacienda, falsedad documental y prevaricación. Se le acusa de acceder de forma fraudulenta a subvenciones públicas y transgredir la ley de contratación de obras públicas para adjudicarlas a cambio de sobornos y favores.
- El edil de Obras y Servicios, Juan Bautista Areas Lestón, acusado de cohecho, también está en libertad provisional. Otros imputados son la secretaria, dos funcionarios, el arquitecto de la Casa da Cultura y la secretaria personal del alcalde, Pilar Iglesias Lema.
- Ayuntamiento de Fisterra. El regidor, José Manuel Traba, del PP, y sus dos tenientes de alcalde responsables de Urbanismo están en libertad provisional acusados de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Otros imputados son el secretario del Ayuntamiento y el arquitecto.
- Ayuntamiento de Mazaricos. El alcalde, José Manuel Santos Maneiro, del PP, está en libertad provisional, imputado por los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. También la secretaria municipal y el aguacil. Acusan por tráfico de influencias al teniente alcalde de Obras y al arquitecto.
- Construcciones Ogando. Sus propietarios, Daniel Ogando, padre e hijo, eludieron la cárcel tras pagar una fianza de 10.000 euros cada uno. Están acusados de cohecho y tráfico de influencias por amañar adjudicaciones de obras públicas con la complicidad de políticos y funcionarios municipales a los que obsequiaban con sobornos.
- Jorge Lago López, agente artístico, en libertad provisional. Está acusado de ser el intermediario, a cambio de comisiones, entre el alcalde de Cee y los constructores imputados.
* El País - 17.04.11
Foto: Fisterra - centros.edu.xunta.es
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''Los ayuntamientos no remiten ninguna denuncia por prevaricación urbanística''
En cuanto a las declaraciones que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Javier Varona, que afirmó esta semana que el Archipiélago es la segunda comunidad española donde se producen "más casos" de corrupción urbanística, el juez del Supremo Manuel Marchena ha replicado que se niega "a aceptar que Canarias tenga una fuerza atractiva para la corrupción urbanística”.
Según Varona, "es cuestión de tener más o menos oportunidades. Como en Canarias ha habido una inmensa oportunidad de generar plusvalías urbanísticas, favorecida por el modelo económico pero también por un nefasto sistema de ordenación territorial, las oportunidades se han multiplicado". Sin embargo, para Marchena el debate está en el modelo turístico: "Cualquier zona turística, por definición, es tentadora desde el punto de vista inmobiliario. Son muchas las decisiones que hay que tomar en esta materia y la mayoría de ellas tienen una indudable trascendencia económica. Yo me niego a aceptar que mi tierra tenga una fuerza atractiva para la corrupción urbanística. Prefiero quedarme con la idea de que es el sitio de España donde más parques naturales existen”.
* Canarias Ahora - 15.04.11
Foto: Las Palmas, ayuntamiento - wikipedia
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La estafa inmobiliaria
JESÚS BUENO* : Hoy toca hablar de los pisos. El desastre es de tal naturaleza, que puede decirse que España no conoce drama semejante desde la Guerra Civil. Y no exagero un ápice. En los tres cuartos de siglo transcurridos desde la contienda fratricida nuestra sociedad no ha sufrido nunca un trauma semejante; tanto si se mide en sufrimiento personal para los ciudadanos como en la debacle económica que produce. Las cifras sobre la caía de precios varían bastante según la fuente, pero todas coinciden en que en los últimos cuatro años el valor de las viviendas ha caído entre un 17% y un 26%. Como es muy raro que alguien compre una casa pagando de entrada más del 20% del precio, podemos concluir que los dos millones de personas/familias que han comprado piso en los últimos cinco años han perdido hasta la última peseta del dinero que pagaron, o tienen unas hipotecas que valen más que las casas que compraron.
El estrago puede medirse a cinco niveles. Como las ondas que produce una pedrada en un estanque, el daño se acaba extendiendo a toda la superficie.
La primera pedrada se la llevan los infortunados que no han podido hacer frente a los pagos. Según el Consejo del Poder Judicial, las ejecuciones hipotecarias afectan a más de trescientas mil familias en cuatro años. Pero hay mucho miles más que han entregado las llaves sin llegar al juzgado. O que han tenido que malvender para evitar la ejecución. Es fácil imaginar el sufrimiento de estas personas. Intenso. No duermen. Sienten que el mundo se hunde a su alrededor. El sueño de una vida feliz se desmorona. Tienen que refugiarse en casa de familiares o amigos. Además siguen siendo acreedores de los bancos, porque la venta en subasta nunca alcanza a pagar la deuda. Estas son las primeras víctimas.
En segundo lugar están los infelices que no han perdido la casa, pero tienen que ir pagando las deudas a costa de comprometer su patrimonio o el de sus familiares. Lo que se prometía como una aventura gozosa, (tener vivienda propia) se convierte en una pesadilla creciente. La pregunta que se hacen es si podrán seguir aguantando. Saben que la casa vale menos que la deuda. Sufren con la subida de tipos. Tiemblan con la bajada de precios. Palidecen con las perspectiva de perder su empleo. Son esclavos de la abyecta hipoteca. En esta triste situación se encuentran dos millones de propietarios.
El tercer nivel de afectados son los tres millones de propietarios que quieren vender sus viviendas pero tardan años en encontrar comprador, aunque rebajen el precio que piden.
En el cuarto nivel de afectados se encuentran los 22 millones de propietarios de pisos que comprueban cada día como pierde valor su patrimonio. Se desvanecen sus sueños de una jubilación de oro. Padecen al comprobar que sus bienes no valen lo que pensaban. Son gente que nunca compró acciones, ni quiso arriesgar con sus bienes. Ahora descubren que los pisos no son "una inversión segura". Lo de Madoff no es nada comparado con la estafa inmobiliaria. Las víctimas de Madoff perdieron 13.900 millones de euros. Los propietarios de viviendas en España hemos "perdido" sesenta veces más.
En el quinto nivel de afectados nos encontramos los 47 millones de españoles. La debacle inmobiliaria es causante del paro laboral, parón económico, y parálisis colectiva que nos agarrota. El pesimismo se ha hecho dueño del territorio.
El huracán inmobiliario ha barrido del mapa a decenas de miles de empresas que vivían de un sector hipertrofiado. Lo que es peor, muchas empresas que serían productivas en condiciones normales, mueren o languidecen porque no encuentran financiación. El propio sistema financiero se tambalea.Este humilde columnista vaticinó hace cuatro años (Periódico de Extremadura 13/4/07 "¿Hasta cuándo caerán los pisos?) que el ajuste duraría al menos doce años. No hacía falta ser experto para atisbar el tsunami que se acercaba. ¡Pero convino a todos ignorar la tormenta!
Tengo delante el informe del BBVA "Situación inmobiliaria, abril 2000". Ya entonces se decía en la portada "el esfuerzo financiero para comprar vivienda ha superado el nivel crítico del 33% de la renta bruta de las familias". Pero la orgía no había hecho más que empezar. Especuladores, notarios, constructores, tasadores, entidades financieras, registradores, concejales de urbanismo, recaudadores públicos- una larga cohorte se conchabaron para inflar los precios.
Pergeñaron hipotecas a 50 años, períodos de carencia, intereses crecientes. Urdieron falsedades del tipo de "los pisos nunca bajan". Los que sabían callaban, y los que hablaban eran desacreditados. Izquierda Unida propuso en el parlamento limitar las hipotecas a un máximo de 15 años. Los demás se rieron. Ahora propone que la entrega de llaves cancele la deuda. No lo admiten, pero ya no se ríen. Estamos sembrando las semillas para una revuelta popular. En el timo de la estampita el timador se hace el idiota para engañar al infeliz codicioso. En el timo inmobiliario la codicia ha llevado a la ruina a millones de compradores, pero el "idiota" estafador descubre ahora que una estafa tan profunda, dolorosa y masiva como ésta, se vuelve contra todos. De momento ya lo estamos pagado, con una crisis de caballo. Y está lejos el final del drama.
* Abogado y periodista
* El Periódico - 18.04.11
Una zona verde sin vida
La mayoría de los nuevos campos aprobados recientemente vienen de esa época y siguen relacionados con el mal llamado turismo residencial. El campo de golf es la dotación que prestigia y valoriza la urbanización, estableciéndose una gradación en los precios de las viviendas en base a la cercanía al green, igual que en la costa los apartamentos ven aumentar sus precios en primera línea de playa, independientemente de sus prestaciones reales.
El campo de golf se vende como un espacio de gran calidad ambiental, cuando en realidad no pasa de ser una zona verde artificial, con intenso tratamiento fitosanitario y un desierto en cuanto a biodiversidad, ya que fuera de las cespitosas y de algún árbol decorativo la vida está prohibida.
El riego de los campos de golf supone una presión importante sobre los recursos hídricos. Aunque la Ley 9/2006 recomienda el uso de aguas residuales depuradas, es práctica común y legal el uso de agua potable que compite con el uso agrícola, con el beneplácito muchas veces de las comunidades de regantes, hábilmente infiltradas por los promotores urbanísticos.
* Carlos Arribas es portavoz de Ecologistas en Acción del País Valencià.
* El País - 17.04.11
Foto: Golf_y_urbanización - ecologistasenaccion.org
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Madrid.- Una decena de bienes históricos, en peligro por obras y abandono
En riesgo
Ruinas romanas (Arroyomolinos). La rápida urbanización del municipio ha arrasado con los restos de villas romanas encontrados en la zona. "Han construido sobre miles de metros cuadrados de ruinas, en el segundo yacimiento romano más importante de la región [del siglo III]", critica Santiago Martín, de Ecologistas en Acción. La crisis del ladrillo ha dado un respiro al área.
Casa de Canto del Pico (Torrelodones). Este edificio, situado en lo alto de un monte y visible desde la A-6, fue construido en los años 20 del pasado siglo y estuvo habitado hasta hace tres décadas. Casa de Canto del Pico (Torrelodones).Después ha quedado abandonado y con amenaza de ruina a pesar de haber sido declarado BIC. "Viene sufriendo actos de vandalismo y robos por parte de intrusos", según Isabel Pérez, la ciudadana que ha alertado de su deterioro. "Allí entran a dormir, a hacer juergas y han expoliado todo lo valioso", añade Morenés.
Capilla Universitaria San Ildefonso (Alcalá). Uno de los primeros edificios de la Universidad de Alcalá, del siglo XVI, sufre un "deterioro progresivo", según el Grupo en Defensa del Patrimonio Complutense. Han detectado humedades y grietas en los muros, y desprendimientos y suciedad en el sepulcro de Cisneros.
Castillo de Torrejón de Velasco. "El paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas están provocando que se caiga a trozos, sin que nadie lo remedie", dice el vicepresidente de Hispania Nostra. Este castillo, del siglo XV, está parcialmente en ruinas y "sometido a agresiones de desalmados". Existe un proyecto de rehabilitación.
Ermita de la Virgen de la Oliva (Patones de Arriba). Solo permanece en pie el ábside de esta construcción del siglo XII. Además, lo que queda está en ruinas, con riesgo de desprendimientos e invadido por maleza tanto en el interior como en la techumbre.
Ermita de San Polo (Aldea del Fresno). Uno de los pocos ejemplos del arte mudéjar en Madrid está en "ruina progresiva por total abandono", según Juan Durán. En su entorno hay restos arqueológicos sin proteger contra el expolio.
Frontón Beti Jai (Madrid). La lucha vecinal ha conseguido que se declare BIC, con lo que la Comunidad podrá obligar a su propietario a que lo restaure. Actualmente, este ejemplo de arquitectura deportiva del siglo XIX está en estado de ruina por falta de mantenimiento y en peligro de derrumbe.
Jardines de Las Vistillas (Madrid). El minivaticano que proyectan el Arzobispado y el Ayuntamiento de la capital amenaza con destruir los jardines y tapar el perfil histórico del parque de la Cornisa. El TSJM ha sentenciado en contra dos veces, pero el Ayuntamiento quiere seguir adelante. De hecho, la Iglesia ha levantado ya un muro sin permiso municipal.
Canal del Manzanares (Madrid, Getafe y Rivas). El canal que hacía navegable el río hasta Rivas está sufriendo las obras del AVE a Valencia, como destaca Álvaro Bonet. Adif estudia restaurar una de las esclusas que han salido a la superficie para musealizarla.
No hay marcha atrás con la M-501
La Comunidad desdobló la M-501 (Carretera de los Pantanos) pese a que la construcción de la vía estaba tramitándose en los juzgados. En febrero, el Tribunal Supremo rechazó un recurso del Ejecutivo regional contra una sentencia en contra del TSJM, con lo que la declaración de la obra como ilegal cobró firmeza. Sin embargo, ya no había marcha atrás: la obra ya estaba hecha y no había forma de recuperar el estado original del entorno. Ahora, incluso quieren ampliar la carretera hasta Ávila.
* 20 Minutos - 18.04.11
Foto: Madrid, Las Vistillas con obras minivaticano - 20minutos
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Balears tiene suelo urbanizable vacío para albergar a más de medio millón de habitantes
Y la principal causa de este fuerte recorte ha sido el boom del ladrillo que se vivía durante ese periodo, y que ha generado un consumo de 1.069 hectáreas. Las 817 restantes que han desaparecido se explican por los cambios en la normativa urbanística que se han aprobado, incluida la protección que se ha aplicado sobre algunas zonas.
El director general de Ordenación del Territorio del Govern, Bernat Aguiló, pone de relieve que estos datos "reflejan las dos tensiones que han caracterizado los últimos años: las prisas por construir y el impulso que desde las Administraciones se ha querido dar a la protección de muchas zonas del archipiélago".
Pero para apreciar el alcance de estos cambios, basta señalar que en 2001 el suelo residencial y turístico que ya estaba edificado tenía capacidad suficiente para albergar a 1,4 millones de habitantes. Siete años más tarde, ese potencial se ha incrementado hasta los 2,1 millones de plazas. Y ello teniendo en cuenta que la población residente en el archipiélago es en realidad de 1,1 millones de personas, a los que hay que sumar los visitantes que cada año pasan temporadas en nuestro territorio.
Como se ha indicado anteriormente, si se consumiera todo el suelo vacante que todavía queda en Balears, esa cifra de plazas se elevaría en 508.191 más, lo que supondría que las islas tendrían una capacidad para albergar a 2,6 millones de individuos.
Bernat Aguiló, pone de relieve que a partir de 2008 el consumo de suelo se ha visto prácticamente paralizado a causa de la crisis en el sector inmobiliario, pero no oculta que el ritmo con que se construía durante la etapa del boom era claramente insostenible, no solo desde el punto de vista medioambiental y paisajístico –un hecho fundamental para una comunidad autónoma que vive del turismo y, consecuentemente, de la calidad de su entorno–, sino incluso para las arcas de las Administraciones públicas.
El director general de Territorio admite que ni el Govern ni los Consells o los Ayuntamientos pueden hacer frente a la dotación de nuevas infraestructuras necesaria para dar servicio a semejante aumento de población, ya sea en materia de carreteras, centros de salud o escolares, por citar algunos ejemplos.
Porque la actual capacidad estimada de 2,1 millones de habitantes en las plazas ya edificadas no contempla aquellos casos en que un solar está ocupado por un inmueble de una o dos alturas y que realmente podría ser todavía más alto según el planeamiento urbanístico, de ahí que la cifra antes señalada podría ser incluso superior.
Crecimiento extensivo
El estudio elaborado por la Conselleria no solo analiza cuanto suelo queda y cuanto se ha consumido, sino también las características del mismo. Y uno de los aspectos que llama la atención es que un 42% de los terrenos que quedan vacantes están pensados para albergar únicamente al 14% de las futuras plazas, dado que están destinados a viviendas unifamiliares.
Según Bernat Aguiló, este hecho refleja también el desarrollo urbanístico que se ha dado durante los últimos años, con un fuerte consumo de territorio para dar cabida a una cifra baja de habitantes, y del que Marratxí se ha señalado siempre como uno de los ejemplos más claros.
Del suelo vacante que todavía queda en las islas, 1.688 hectáreas, el 42% del total, están destinadas a viviendas unifamiliares aisladas, en las que se podrá dar cabida a 68.967 personas, únicamente un 14% del total del crecimiento posible. La desproporción, según lamenta el director general de Ordenación del Territorio, es evidente. Mayor equilibrio existe en el caso de los adosados, para los que se reserva un 11% de los terrenos vacantes con el fin de albergar a un 8% del aumento poblacional.
Por contra, el suelo sin ocupar para futuras viviendas plurifamiliares alcanza una superficie de 12.080 hectáreas, alrededor de un 28% del total, pero en él tendrán cabida el 58% de los futuros residentes. El 19% de suelo restante se asigna a otras tipologías.
Por islas, Mallorca es la que tiene asignado un menor porcentaje de plazas para las construcciones de carácter unifamiliar, mientras que las Pitiüses concentran las tasas más elevadas.
"Cada núcleo de población tiene sus propias características y necesidades –apunta Bernat Aguiló–, pero como principio general es mucho mejor que el desarrollo urbanístico sea más compacto, ya que además de consumir menos territorio hace que las infraestructuras estén más cerca y reduce las necesidades de hacer uso del vehículo privado. En cualquier caso, ni es bueno el modelo de Los Angeles ni el de Hong Kong, por citar los dos extremos".
Un aspecto que pone de relieve el representante del Govern es que este informe no contempla las construcciones que se han desarrollado en suelo rústico ni las que se pueden haber registrado en los polígonos industriales.
Por otro lado, indica que este análisis del suelo vacante ha implicado un año y medio de trabajo, una parte del cual ha supuesto analizar las fotografías aéreas tomadas en 2001 y 2008. En cambio, con el nuevo Mapa Urbanístico de Balears (MUIB) que estará operativo en pocas semanas, este informe se podrá ejecutar en cuestión de días.
* Diario de Mallorca - 17.04.11
Foto: Baleares, urbanizaciones a pie de costa - Pep Vicens (El Mundo)
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Planes en barbecho en el Camp de Túria
Tras la huida del urbanizador, un empleado municipal ofrece a los agricultores el cultivo gratuito de los mismos campos para evitar incendios. Y como en la huerta histórica solo pagan 12 euros por hanegada y año por toda el agua que necesiten, entre unos pocos han acumulado centenares para cultivar alfalfa como pienso, con rentabilidades de entre 500 y 1.000 euros anuales por hanegada.
El aluvión de proyectos en la zona arrancó en 2002, cuando Sedesa presentó su proyecto estrella en la feria Urbe: 2.006 viviendas, campo de golf, un hotel y un centro comercial en 2,2 millones de metros cuadrados en Llíria. En pocos años se presentaron otros nueve campos de golf que contemplaban 25.871 nuevas viviendas.
Benaguasil, Nàquera (con dos propuestas), Serra, Bétera, Vilamarxant, Riba-roja, San Antonio de Benagéber y hasta Pedralba vieron en estas promociones la forma de obtener ingresos con la reclasificación del suelo. En Benaguasil, su alcalde, José Joaquín Segarra, del PP, firmó un convenio con Lubasa (4.400 viviendas, un campo de golf con hotel) y recibió 3,5 millones de euros en concepto de mejoras, pero el proyecto incumplió la condición de aprobarse en dos años. En Bétera, la empresa Onofre Miguel presentó otro de 1.380 viviendas con campo de golf previa compensación al Consistorio de seis millones.
En la comarca destacaron especialmente los planes del grupo Llanera, con el Montehorquera Golf (4.071 viviendas) en Vilamarxant y el Riba-roja Golf Resort (4.650 casas en 2,36 millones de metros) en la localidad del mismo nombre. Pero Llanera se pasó tres años en suspensión de pagos y nunca más se supo.
Hasta la Serra Calderona se vio amenazada por 7.100 casas, cinco campos de golf, hoteles y zonas comerciales. Los de Náquera y Serra implicaban 3.500 viviendas en suelo protegido. Otro de los proyectos que se ha quedado en el camino es el de San Antonio de Benagéber, de 3.246 viviendas.
* El País - 17.04.11
Foto: La Pobla de Vallbona (Valencia) - laregioninternacional.com
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Illa de Arousa, a precio de oro
Ahora, el grupo de Gobierno socialista ha emprendido acciones judiciales contra la Xunta para evitar que el urbanismo del municipio "sea una decisión discrecional del conselleiro o la conselleira de turno". Será el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) el que decida si las normas autonómicas vulneran los derechos adquiridos por los vecinos, que están pagando como suelo urbano lo que se convertirá en rústico, y si invade el principio de autonomía municipal. Porque los territorios que no están afectados se incorporan a un fichero de la Xunta, bajo unos criterios aún sin definir, en los que no podrá decidir el Ayuntamiento.
Políticos y vecinos pretenden que sean los tribunales los que reconozcan la viabilidad del planeamiento municipal, donde implícitamente ya se recoge la definición de "singularidad" de la isla. Un tratamiento especial que por su propia orografía y las características del territorio insular, en su mayor parte no apto para la creación de nuevos núcleos urbanos, puso techo al crecimiento hace ya nueve años. Pero la "singularidad" de A Illa de Arousa está sin concretar en el planeamiento autonómico pese a los intentos de hacerlo por parte del Gobierno insular, que solicitó una reunión con el director general de Sostibilidade e Paisaxe, Manuel Borobio, y la secretaria general de Urbanismo, Encarna Rivas.
De las 108 hectáreas que el Ayuntamiento contempló en sus previsiones de crecimiento y cuyas ordenanzas permiten construir en sus principales calles un máximo de edificabilidad de bajo, dos alturas y bajo cubierta, la normativa autonómica sólo deja 32 abiertas a futuras licencias, además, en zonas que están urbanizadas. Pero la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG podría tardar años en resolver el recurso y mientras tanto, el Gobierno local tiene claro que será el plan de urbanismo municipal el que regule la construcción y no las normas de la Xunta. La solución convertiría al Ayuntamiento en infractor, una medida que podrían imitar otros municipios costeros en similares circunstancias donde el impacto del POL es notable. Es el caso, por ejemplo, de O Grove, que tampoco descarta la vía del contencioso, o Sanxenxo, también molesto con el bloqueo urbanístico impuesto por la Xunta.
Con un crecimiento vegetativo positivo y una población de 5.020 habitantes, que casi se triplica en verano, la propiedad en A Illa también tiene sus peculiaridades, que quedan perfectamente reflejadas en un curioso plano del catastro, donde cientos de rayas casi imperceptibles delimitan minúsculas tiras de terreno que apenas tienen un metro de fachada. Por tradición, en A Illa la tierra se divide en partes iguales entre los herederos, por lo que cada vecino puede ser propietario de varias fracciones y hay que ponerse de acuerdo para reunir la superficie necesaria donde poder construir. El impacto del POL, en términos económicos, convertirá a la mayoría de los isleños en bastante más pobres y a unos pocos mucho más ricos. "Aquí todo el mundo está afectado porque la propiedad está muy dividida y la gente no entiende de ideologías cuando le tocan su patrimonio", afirma el alcalde, Manuel Vázquez.
Un acto de "mala fe"
Aunque el regidor y candidato socialista a la reelección en A Illa de Arousa prefiere dejar aparcadas las valoraciones políticas, Manuel Vázquez vierte duras acusaciones contra el Gobierno gallego. "Podíamos hacer mucha demagogia con esto, pero no voy a entrar en partidismos. El nuevo mapa de ordenación del territorio es la prueba de que la Xunta ha actuado de mala fe", afirma el regidor.
"En estos 12 años nunca conocí una Administración tan nefasta para el municipalismo, algo que no ocurría ni en el Gobierno de Fraga. Con él no nos hubieran tenido de despacho en despacho, unos pasando la pelota a otros, como si fuésemos una bola de pimpón. Y esta apreciación no es sólo mía, muchos alcaldes la compartimos, pero en petí comité", comenta.
"Después de rechazarnos el 100% de las alegaciones, nadie en la Xunta nos ha dado la más mínima explicación, las vías de negociación están agotadas y ni siquiera han contestado las reclamaciones de particulares. Esto es contestar con el silencio administrativo y al menos los ciudadanos merecen una explicación, es una tomadura de pelo", se lamenta el alcalde. Esta no será la primera vez que A Illa defienda en los tribunales su modelo de urbanismo. El recurso contra Costas del Estado permitió el desbloqueo de algunas zonas urbanas vetadas por la ley.
* El País - 17.04.11
Foto: Arousa, illa - farodevigo.es
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'Malaya'.- Tres eran tres, las cajas de Montse Corulla
EL CONFIDENTE* : El mismo día que la fulgurante carrera de Montserrat Corulla se truncó, recibió un sms poco antes de las diez de la mañana, un sms procedente del celular de su adiestrada secretaria, Ursula Quinzano. El texto decía: "Montse, llámame. Policía de paisano preguntando por nosotros. Valeriano, el portero, no le ha dejado entrar”. Aquellas escuetas palabras eran el principio del fin. La mujer de paja encargada de gestionar los negocios hoteleros de Juan Antonio Roca no era consciente ni de que iba a ser detenida, ni del gran interés que tenían sus conversaciones telefónicas. Uno de los agentes de la unidad de blanqueo de la Comisaría General de Madrid, que ha declarado estos días en la vista que se sigue por el caso Malaya, aseguró que la abogada había intentado ocultar tres cajas con documentación minutos antes de que la Policía irrumpiera en sus oficinas y la detuviera. Lo que letrada ignoraba entonces era que, además de las grabaciones de la policía, también el novio que tenía había pinchado su teléfono por motivos diferentes a los judiciales: celos puros y duros.
La mañana del 29 de marzo de 2006, Ursula Quinzano, hizo lo posible por poner ‘a salvo’ cierta documentación. Para ello se valió del bueno de Valeriano, el fiel portero, que se las agenció como pudo para que los agentes no se colaran en el inmueble de Príncipe de Vergara 47, sede de la empresa Condeor S.L. administrada por Corulla. A este empleado de la finca le caía bien doña Montserrat y, llegado a este extremo, intentó proteger los intereses de la inquilina de la finca. Pero ya era tarde. La policía sabía que la secretaria de Corulla le había entregado al conserje tres cajas con documentos. Valeriano ya no podía erigirse como el héroe de la femme del velo blanco.
Montse nunca admitió nada. Tal y como viene siendo habitual en sus declaraciones en el juicio, Corulla lanzó balones fuera y no asumió haber ordenado nada a su fiel secretaria. Más aún, la empresaria dijo que toda la responsabilidad de lo sucedido con las cajas era de su empleada.
“Toda la Policía Judicial tras mis pasos”
Sin embargo, gracias al aviso de su subordinada, Corulla telefoneó desde su coche a su amigo Agustín y le ordenó que tuviera "bien guardado" lo que “le había dado” porque ella tenía "a toda la Policía Judicial" tras sus pasos. De igual forma, mandó poner a buen recaudo una serie de documentos. Estos documentos, junto con los que bajaron en cajas al portero, versaban sobre los hoteles que gestionaba y su vinculación con Roca.
Agustín Aguirre era administrador único de Aguirene, la sociedad que compró el viejo frontón Beti-Jai. En aquellos momentos, Corulla estaba realizando las gestiones ante la Gerencia de Urbanismo para lograr el cambio de uso del espacio, de deportivo a residencial. Cuando el juez se ha interesado por las cajas, lo único que ha dicho ávidamente Montse es que Roca le había encargado a Ursula Quinzano que realizara unas copias de ese material y la secretaria había aceptado con el objetivo de ganar algún dinero extra. Tres eran tres las cajas de Montse.
* El Confidencial - Opinión - 15.04.11
La policía registra el despacho de abogados del hermano de la alcaldesa de Alicante por el 'caso Brugal'
Los agentes informaron de que se trataba de una "inspección rutinaria" ordenada por el juzgado que se efectuó en estas oficinas, en la Casa Salvetti de la calle Castaños de Alicante. Según fuentes del caso la Policía se llevó abundante documentación relacionada con el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante y dos ordenadores que se encontraban en las oficinas, aunque antes de su retirada permitieron que el personal de la empresa copiara los discos duros, según publican hoy los diarios Información y La Verdad.
El magistrado Manrique Tejada investiga varios presuntos delitos en la confección del Plan General de Alicante que se habrían descubierto a raíz de la intervención de distintos teléfonos, entre ellos el del empresario Enrique Ortiz, como consecuencia del sumario abierto en Orihuela para determinar si hubo irregularidades en la concesión de una planta de basuras de la comarca al citado empresario y al también industrial oriolano Ángel Fenoll por parte de la Diputación Provincial que preside José Joaquín Ripoll, imputado en ese caso y número dos de la candidatura de Alicante del PP.
Como consecuencia de esas escuchas se apreciaron otros posibles delitos distintos al que originó el caso y que fueron remitidos por el juez de Orihuela Carlos Sanmartín, en piezas separadas, a distintos juzgados de la provincia, entre ellos el que preside el juez Tejada.
En este caso, entre otros se investiga un posible tráfico de información privilegiada para beneficiar supuestamente al empresario Enrique Ortiz.
* El País - 15.04.11
Foto: Alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es
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La Audiencia juzga al ex concejal de Urbanismo de Tías para el que la Fiscalía pide 6 años de prisión
Por su parte, y a la vista de que tampoco contaba la empresa con permiso de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias para la construcción de un edificio en suelo rústico, la Apmun decide suspender las obras y precintarlas el 6 de octubre del año 2000. Al mismo tiempo, da un plazo a Indelasa para que trate de legalizarlas.
En julio de 2001, la Agencia de Protección del Medio se dirige al Ayuntamiento de Tías para conocer “si se había procedido a la demolición” de las obras. La respuesta municipal la ofrece el entonces concejal de Urbanismo, según la Fiscalía, “con la palmaria intención de faltar a la verdad en el ejercicio de su cargo público”.
Reyes indica a la Agencia, en agosto de 2001, que el procedimiento sancionador a Indelasa “había finalizado con el abono de la correspondiente sanción” y que las obras “habían sido legalizadas”. Esa contestación, según el fiscal, “faltaba notoriamente a la verdad de los hechos” por cuanto las obras ni se habían legalizado ni hubieran podido legalizarse.
En ese sentido, el fiscal recuerda en su escrito de acusación que el Cabildo denegó en 2004 la calificación territorial. Y que el acusado envió a la Agencia de Protección del Medio una documentación que no tenía nada que ver con las obras “construidas ilegalmente por Indelasa” sino con una solicitud de “vallado y plantación de palmeras”.
“Maniobra de engaño”
La Fiscalía considera que está clara “la manipulación subrepticia efectuada por el acusado” y añade que “con esta maniobra de engaño se pretendía, en definitiva, hacer ver a la Apmun que por parte de la Corporación municipal de Tías se había hecho el conveniente uso de la potestad sancionadora en defensa de la legalidad urbanística”.
Así, añade el fiscal en su escrito de acusación, lo que supuestamente hizo el entonces concejal de Urbanismo y hombre fuerte del PSOE de Tías fue impedir “la actuación sancionadora de la Agencia y la reparación del orden jurídico menoscabado”.
Por ello, el Ministerio Fiscal solicita que sea condenado por un delito de falsedad documental a una pena de seis años de prisión, inhabilitación por el mismo tiempo y una multa de 14.400 euros.
* Diario de Lanzarote - 16.04.11
Foto: Tías (Lanzarote) - clubrural
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Málaga.- La crisis y el retraso del PGOU impide llenar los vacíos industriales
Pero los continuos retrasos en la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, sobre todo, la crisis han congelado su desarrollo. Actualmente, la mayoría de las iniciativas para construir torres de viviendas, oficinas, hoteles o parques empresariales donde un día humearon fábricas están completamente en el aire.
El ejemplo donde más claramente se observa la nefasta conjunción de la mala coyuntura económica y las trabas burocráticas es el de las torres de Repsol. En 2006, el Ayuntamiento de Málaga firmaba el convenio urbanístico más cuantioso ligado al nuevo PGOU: un acuerdo con la promotora Comarex abría la puerta a la construcción de los primeros rascacielos de la ciudad -cuatro bloques con 1.300 viviendas- en los terrenos de los antiguos depósitos de petróleo, en lugar del gran parque que en principio se había proyectado. A cambio, el consistorio se embolsaría 82,3 millones de euros. Cinco años después, el PGOU sigue sin estar totalmente aprobado, al Ayuntamiento le faltan por embolsarse 70,3 millones y la situación económica ha cambiado mucho, demasiado. De hecho, la promotora del proyecto, que ya no es la misma que en 2006 -ahora lo lideran Caixa Galicia y el Grupo Dae-, ha pedido revisar la cantidad a pagar.
Las cuentas no salen
Y es que las cuentas no salen. Los pisos no se venden al mismo precio que hace cinco años; es más, ni siquiera se venden. El mismo problema le han mostrado al Ayuntamiento los promotores de Citesa y La Térmica, también condicionados al nuevo plan de ordenación urbana. La antigua fábrica de Martiricos fue demolida el año pasado a toda prisa después de que surgieran voces que pedían su protección arquitectónica, pero el proyecto para construir dos rascacielos, un edificio de VPO y un parque aún no tiene fecha de inicio puesto que sus promotores, Espacio y Unicaja, están negociando una rebaja de los 11,6 millones de euros que deberán abonar al Consistorio cuando entre en vigor el PGOU.
El extenso solar que dejó La Térmica quedará pronto desocupado cuando las instalaciones de Limasa se trasladen a su nueva ubicación en Los Asperones. Pero el proyecto para construir viviendas, oficinas y hoteles en esta zona está ligado a un convenio de 40,6 millones de euros que Endesa debe pagarle al Ayuntamiento cuando se publique el nuevo PGOU. Y esa cantidad de dinero también está en cuestión.
Más compleja aún es la situación urbanística del enorme solar de la fábrica del Amoniaco. Parte del terreno está destinado a albergar la ampliación del Centro de Transporte de Mercancías, mientras que otra parte previsiblemente servirá para reubicar las naves del polígono San Rafael. Unas actuaciones que están vinculadas a un acuerdo que firmaron hace nada menos que 12 años el Ayuntamiento y la Entidad Estatal de Suelo Sepes, y que ahora está dando sus primeros y tímidos pasos. Una tercera zona de este sector, destinada a albergar viviendas, está vinculada al nuevo PGOU.
Otras actuaciones proyectadas sobre suelos industriales no se han visto retrasadas por trabas urbanísticas, sino simplemente por la crisis inmobiliaria. Es el caso de Innova Park Málaga, el parque empresarial diseñado sobre los terrenos de Hitemasa. En 2008 debería haberse puesto en servicio la primera fase de este ambicioso proyecto, cuya inversión prevista superaba los 120 millones. Pero los problemas internos de su promotora -un consorcio liderado por ING- y la falta de perspectivas de comercialización dieron al traste con todos los plazos. Hoy sigue sin saberse cuál será su futuro.
Los bloques de viviendas proyectados en el espacio que ocupaba Confecciones Sur y el complejo de oficinas planteado en Cervezas victoria -una de las pocas fábricas que aún sigue en pie, aunque en desuso- también están en el aire por problemas financieros de sus promotores o, simplemente, por la falta de una coyuntura económica apropiada.
* SUR - 17.04.11
Foto: Málaga, terrenos Repsol vista aérea - laopinionmalaga
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Vigo.- El TSXG ratifica derribar una urbanización en Navia proyectada como residencia estudiantil
Los promotores pidieron licencia de rehabilitación de cuatro inmuebles ya existentes en la parcela y la construcción de un quinto edificio. La superficie edificada ronda los 6.000 metros cuadrados. Ya en el momento de solicitar los permisos de primera ocupación, en septiembre de 1995, se produjeron informes municipales negativos al constatar los técnicos que no se estaba dedicando la urbanización a residencia de estudiantes y se evidenciaba la existencia de apartamentos en un régimen de propiedad horizontal incompatible con esos usos. Una inmobiliaria recurrió el acuerdo de concesión de la licencia, el Tribunal de Xustiza la anuló, y el Supremo desestimó la casación. La Concejalía de Urbanismo instó en una orden del 31 de enero de 2008 a los propietarios a ejecutar el derribo en función de la citada sentencia del TSXG.
Los afectados recurrieron esta orden a los tribunales, y entre otros motivos alegaron que la urbanización podría legalizarse con el nuevo Plan Xeral, que establece para la parcela la consideración de suelo urbano consolidado sujeto a una ordenanza de carácter residencial. El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Vigo descartó esta posibilidad en una sentencia de 19 de octubre de 2009 y concluyó que las obras son "incompatibles con el ordenamiento urbanístico, tanto si se toma como referencia el Plan Xeral de 1993 –en vigor cuando se construyó la zona residencial– como con el planeamiento vigente en la actualidad, aprobado con posterioridad a la terminación de las obras y a la firmeza de la sentencia que anula la licencia".
El magistrado señala en aquel fallo que el problema no se ciñe al uso, sino que existe "una conducta dirigida a crear una apariencia constitutiva de fraude de ley anterior a la obtención de la licencia, de manera que se trata de una licencia viciada porque, no siendo autorizable el uso residencial, se solicita y se obtiene al amparo de una presunta utilización permitida, referida a los alojamientos colectivos como el de residencias, colegios mayores y edificios análogos". Agrega que, aunque se hicieron cambios en los planos y se creó una asociación destinada a promover actos culturales y sociales dentro del recinto, "es una urbanización de viviendas y apartamentos". Respecto a la ordenanza del nuevo PXOM, tampoco sería aplicable por superar lo construido "el fondo máximo edificable".
El fallo reciente del TSXG avala los argumentos del emitido por el juzgado vigués y establece que "se trata de obras carentes de licencia y no legalizable, no apreciándose un supuesto de fuera de ordenación sino de una obra ilegal con la que se corresponde adecuadamente la orden de demolición".
* Faro de Vigo - 15.04.11
Foto: Vigo, residencia a derribar en Navia - farodevigo
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PSOE cómplice de la corrupción en Grazalema
Un bloque construido anteriormente, también ilegal, contó con licencia de su antecesor y tío Antonio Mateos. Tras dichas denuncias, la alcaldesa se vio obligada a paralizar las obras, provocando un escándalo que terminó en los juzgados en 2006 con acusaciones mutuas entre los constructores, el técnico municipal y alcaldesa.
Tras cinco años de instrucción, la jueza entiende que el ex arquitecto técnico municipal, los promotores del bloque de pisos de la Plaza de la Asamblea -la empresa Inmocentral-, el anterior alcalde, la actual alcaldesa y dos concejalas más pudieron incurrir en sendos delitos de cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y contra la ordenación del territorio.
La existencia de una trama corrupta en el Ayuntamiento de Grazalema era del perfecto conocimiento del anterior alcalde, de la actual alcaldesa y de los máximos responsables del PSOE gaditano. Desde el año 2000 Ecologistas en Acción ha venido presentando numerosas denuncias por infracciones urbanísticas en Grazalema, sin que el Ayuntamiento abriera expediente alguno. Al investigar la inactividad municipal ante estas ilegalidades, pudimos comprobar como desde la Oficina Técnica se elaboraban informes que, falseando las normas municipales, aseguraban sistemáticamente que las obras denunciadas eran legales. La respuesta del entonces alcalde Antonio Mateos fue apoyar al técnico municipal Juan Prieto.
Cuando Prieto se construyó una casa manifiestamente ilegal en suelo no urbanizable del Parque Natural fue denunciada por Ecologistas en Acción. El anterior alcalde le pidió al mismo Prieto un informe, en el que concluía que su casa era legal. Al final han tenido que abrirle expediente y decretar su demolición, reconociendo los promotores de los mencionados bloques de la Plaza de la Asamblea que realizaron las obras de forma gratuita como pago de los favores recibidos.
Ante estos graves hechos, en noviembre de 2003 remitimos una amplia denuncia al alcalde en la que, tras hacer una pormenorizada relación de los informes ilegales que venía realizando el técnico municipal para favorecer a determinados promotores, concluíamos:
“Es por tanto evidente la veracidad de las acusaciones efectuadas por Ecologistas en Acción, en el sentido de que la Oficina Técnica de ese Ayuntamiento viene realizando informes que contradicen la legislación urbanística y medioambiental vigente… por tanto le solicitamos que inicien las acciones legales oportunas contra el responsable de dichos informes, ya que se podría estar incurriendo en posibles delitos de prevaricación y falsificación de documentos públicos”.
Desde entonces Ecologistas en Acción ha venido solicitando de forma infructuosa que se nos informe de las actuaciones que ha realizado el Ayuntamiento ante estas denuncias, Ni antes Antonio Mateos, ni después Mª José Lara, hicieron nada al respecto, habiendo desaparecido todas las denuncias de Ecologistas en Acción de los archivos del Ayuntamiento, a pesar de que constan en el registro de entrada del Ayuntamiento y tenemos copia sellada de las mismas. Dichas denuncias han sido aportadas a la instrucción y constan como prueba de cargo.
El Ayuntamiento nunca abrió expediente alguno por estas infracciones urbanísticas ni por la actuación manifiestamente ilegal de la Oficina Técnica, pero acometió una campaña de acoso contra el principal denunciante de esta trama de corrupción, Juan Clavero, llegando la actual alcaldesa a decretar la demolición de la vivienda de su familia en Benamahoma, represalia de la que tuvo que dar marcha atrás ante la demanda judicial que le presentaron.
En vista de esta situación, Ecologistas en Acción presentó denuncia en numerosos organismo –Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema, Consejería de Obras Públicas, Delegación del Gobierno de la Junta, Diputación provincial…-, sin que ninguno abriera investigación alguna por los graves hechos denunciados. Ya en diciembre de 2001 Ecologistas en Acción remitió a Francisco González Cabañas, en su calidad de secretario general del PSOE de Cádiz, un escrito donde se le exponía las actuaciones urbanísticas ilegales del Ayuntamiento de Grazalema. Nunca nos contestó. Ante nuestra insistencia, su Jefe de Gabinete, Francisco Aído, nos remitió al entonces Diputado del Área de Cooperación Municipal, y actual consejero de Gobernación Francisco Menacho, para que nos atendiera. Hasta la fecha.
Ecologistas en Acción entiende que por acción u omisión existe una clara responsabilidad política de los máximos dirigentes del PSOE a nivel local y provincial por la trama de corrupción que se ha destapado en la localidad de Grazalema, y no se entiende que personas que desde responsabilidades políticas han amparado la corrupción, no actuando cuando se ha denunciado, se vuelvan a presentar de nuevo para ostentar cargos públicos. El PSOE tendrá que dar explicaciones.
* Ecologistas en Acción Cádiz - 14.04.11
Foto: Grazalema (Cádiz), Guadalete - Ecologistas en Acción
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Tiburones en Arrecife
DOMINGO GARCÍA/Lanzarote* : De repente, Arrecife, se llena de tiburones. Esperan dar el zarpazo y comerse de una mordida la capital y todo lo que en ella huela a riqueza. Nunca se había visto tanto potentado, disputándose la Alcaldía de Arrecife. El negocio se les ha quedado pequeño y necesitan abrir nuevas vías de enriquecimiento. El dinero, mucho dinero, no parece bastarles para ser felices. Necesitan darse un atracón a costa de los bienes públicos. Quieren sentirse, no sólo ricos, sino además, poderosos y que nosotros lo sepamos. Me sorprende y me mosquea tanto interés por parte de tanto magnate, queriendo ocuparse de los problemas vecinales. Me resulta extraño, que salgan de su boca, palabras como servicios sociales, pobreza y marginalidad. Es admirable, que en tiempos de crisis económica, los pudientes se acuerden de los pobres, parados y desheredados de la sociedad. A esa gente, que ellos tanto han exprimido en tiempos de opulencia, le vienen ahora a decir, que no se preocupen, que ellos, los sanadores de todos sus males, realizaran, de manera desinteresada, un sobreesfuerzo, para sacarles de la miseria en que se encuentran enterrados. Eso sí, sin decirles que la culpa de tanta miseria ha sido el egoísmo de esos mismos salvadores.
Ahora, cuando se está en el camino de resolver la principal incógnita que tiene la ciudad, que es el Plan General de urbanismo, se meten todos en listas electorales. Y no en el puesto 18, ¡ni de coña!, en el primero, que no es plan de tentar a la suerte y ver que los vecinos no te votan, y te quedes compuesto y sin novia.
Verles hablar de resolver el transporte público, cuando siempre han viajado en primera, hablar de guarderías, los que siempre han tenido niñeras, o de educación pública, a los que han vivido en internados suizos resulta, como poco, impertinente. Fachendosos y cínicos a la hora de plantearnos sus pródigas propuestas, llevarnos a todos al paraíso, sin salir de la calle Real.
Como iluminados, nos tratan de convencer de que no tenemos mejor cosa para salir de la crisis que fiarnos de quienes se enriquecen a costa de expoliar al pueblo. Ejemplos claros: impedir que se construyan nuevas superficies comerciales, mientras se fabrica la propia, bajo dudosa legalidad. Otra: aprovechar una determinada posición política en el ayuntamiento para ensanchar aceras, quitar aparcamientos públicos, a la vez que se levantan aparcamientos privados de su propiedad. Y la más escandalosa: que un alcalde se convierta en el intermediario de un terrateniente con sueños de gran arquitecto.
Difícil de entender que en la pecera de Arrecife puedan caber tantos tiburones juntos. Ellos, los tiburones, cazan en grupos, al igual que los adinerados metidos a políticos. Tratan de sentar sus reales posaderas en los salones del poder para participar en un festín, sin límites ni control. Ya no se conforman en poner a sus intermediarios, quieren estar presentes en lo que pretenden pudiera ser el saqueo de las arcas públicas y el reparto de la ciudad.
Tiburones que huelen la sangre de las instituciones, nadan a favor de la corriente. Conocedores de que la población está demasiado ocupada en rebasar el día a día vienen con sus cantos de sirena, cuando la realidad es que llegan con sus dientes ensangrentados, dispuestos a darse la gran panzada.
Ellos, que pretenden un gran icono, cuando los barrios se ahogan si caen cuatro gotas. Sueñan con un superpuerto deportivo, mientras los barcos huyen de Los Mármoles cuando sopla el viento, o se recrean en una fotografía de un auditorio, cuando los niños en las escuelas, asustados, no saben si se les vendrá encima.
De ellos, no me preocupa que sean ricos, ni que quieran ser lo más. Me preocupa que esa riqueza la quieran buscar en el Ayuntamiento.
* La Voz de Lanzarote - Opinión - 13.04.11
Llanes.- Los letrados auguran una «lluvia de pleitos» por la anulación del plan urbano
María José Rodríguez señaló al delegado del Gobierno y anterior alcalde de Llanes, Antonio Trevín, como «autor y madre poderosa del engendro» urbanístico. Aseguró que el anunciado régimen provisional de cooperación con la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) que permitirá seguir concediendo algunas licencias en el concejo es, «dicho en cristiano, una retirada de competencias». Con la ayuda de fotografías aéreas ejemplificó el «deterioro» y la «destrucción» de diversas zonas del municipio. Y habló abiertamente de «tremendo pelotazo» cuando detalló las sucesivas ventas de La Talá, una de las actuaciones «estrella» del plan de Llanes, desde que, en 1990, la adquirieron en 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) dos inversores madrileños, hasta que Cajastur la compró al Grupo Nózar, en 2008, en 47 millones de euros, según las cuentas que ofreció Rodríguez.
Gerardo de la Iglesia indicó que el urbanismo llanisco es «la historia del empecinamiento y del engaño político continuado y doloso». Aseguró que a partir de ahora llegará «el vacío total y absoluto», pues las competencias del Ayuntamiento «son cero» y «todo depende del Principado». Advirtió sobre las responsabilidades patrimoniales del Ayuntamiento, al que «le lloverán pleitos». Por ejemplo, los ciudadanos afectados por la anulación podrán exigir al Ayuntamiento «la devolución de los pagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los últimos cuatro años, más los intereses correspondientes».
Javier Calzadilla relató el «pintoresco» proceso urbanístico de Llanes, desde que, en 1988, el Ayuntamiento llamó a participar en el avance a «inversores reales y comprometidos», en lugar de a todos los ciudadanos, como exige la ley. Calzadilla recordó que el Colegio de Arquitectos alegó en contra de aquel planeamiento, al considerarlo «altamente especulativo», «técnicamente confuso», «absolutamente irrespetuoso con el medio ambiente» y «lleno de defectos procedimentales». Desde entonces, Ayuntamiento y Principado se han dedicado a «sostenella y no enmendalla», lo que ha desembocado en la «calamitosa situación actual», según Calzadilla.
Olga Álvarez criticó el empeño de las autoridades en «tirar p'alante» pese a las continuas sentencias condenatorias y advirtió sobre un «grave problema»: las autoridades han aprobado planes después de las sentencias anulatorias; entre ellos, los de La Portiella-La Llavandera, Los Barquitos, La Talá, La Huertona y Los Altares. Esta circunstancia deja, en su opinión, en el aire el futuro de estas actuaciones, algunas de ellas ya desarrolladas.
Jorge Álvarez de Linera destacó los numerosos «errores de bulto» cometidos durante la tramitación por el Ayuntamiento y el Principado y señaló que los últimos veinte años de urbanismo en Llanes han sido «un homenaje a la chapuza» y un «despropósito hecho a propósito». Anunció que ya se ha investigado el patrimonio de los miembros de la CUOTA que dieron «luz verde» al plan de Llanes, con vistas a la petición de «responsabilidades económicas personales» por el «altísimo coste» que tendrá la anulación del plan general, que, en su opinión, implicará «derribos» en algunas zonas, como La Talá.
* La Nueva España - 16.04.11
Foto: Llanes (Asturias), urbanización La Talá - elcomerciodigital.com
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El fiscal coloca a Del Nido en el epicentro de la corrupción marbellí
Tras recordar que 'Minutas' es un «caso atípico» porque no tuvo una investigación policial ni hubo escuchas telefónicas, sino que comenzó con un informe del Tribunal de Cuentas que provocó una querella de la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal dijo que «este proceso judicial hay que contextualizarlo en el marco social en el que se produjeron los hechos, en el único ayuntamiento que ha sido disuelto por corrupción en la etapa democrática».
El papel de Del Nido, según el fiscal, fue el de «abogado de confianza» del fallecido Jesús Gil, con el que tenía una relación directa, «de tú a tú», quien lo contrató para el Ayuntamiento obviando los más elementales sistemas legales de la contratación administrativa. Y para ello puso un ejemplo muy gráfico: «Una cena en Puerto Banús entre Gil y Del Nido. Ese fue el expediente de contratación», espetó.
Para Jiménez-Villarejo, el ingreso en prisión en 1999 de Gil por el 'caso Camisetas' marcó un punto de inflexión en su forma de actuar. «En esos tres días en la cárcel -agregó- Gil sacó sus conclusiones: primera, que no iba a figurar ya más en papel alguno, delegando luego en Julián Muñoz, y segunda, sustituir a su abogado de confianza que entonces era José Luis Sierra, con el que se había peleado, por José María del Nido».
La confusión entre lo público y lo privado en Marbella, la comparó el fiscal con las formas del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi: «Él dirige el país desde un palacio que no es la sede de la presidencia del gobierno y Gil dirigía el Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades desde un anejo (el Club Financiero) de su mansión 'Villa Ángeles' en la avenida Ricardo Soriano».
«Todo se decidía allí con un desprecio absoluto a la legalidad», añadió el acusador, quien aseguró que existía una asesoría jurídica municipal perfectamente organizada, pero fuera del Ayuntamiento, en el Club Financiero, que fue montada por José Luis Sierra y en la que luego, a partir de 1999, se instaló Del Nido, que «no era un asesor jurídico externo, sino interno».
Luego el fiscal se dirigió a los trece acusados en este proceso, entre ellos Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, para advertirles: «Todo el mundo le echa la culpa al muerto (Jesús Gil), pero eso no sirve en el ámbito penal. Las personas que firmaban y daban apoyo a este 'sistema' paralelo a la legalidad, son responsables y están sentadas en esta sala».
* SUR - 16.04.11
Foto: Marbella, imputado Del Nido (archivo) - elmundo
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