Madrid.- Los 'sintecho' se movilizan

ELPAÍS* : Mariano Álvarez, un mendigo que salva sus días entre deambular y pedir monedas por el distrito de Chamberí, opina que la relación de los sintecho de la zona con el Ayuntamiento está "peor que nunca". Veinte años durmiendo al raso le otorgan suficiente autoridad para, al menos, escuchar su balance. Cuenta que las visitas de la Policía Municipal son "algo de siempre", pero ha advertido que desde el pasado verano, los agentes y los servicios de limpieza urgente del Consistorio (Selur) han incrementado sus intervenciones. No se explica por qué. Asegura que vienen al menos una vez a la semana, les piden la documentación y se llevan en sus camiones todo lo que tienen para poder "aguantar en la calle": "Colchones, sacos, mantas, cartones, ropa, bolsas de comida, documentos...", enumera. Añade que a veces también pasan a recoger lo que dejan escondido en algún rincón de la calle durante el día. "Así que cada vez que se acercan, vuelta a empezar con lo de buscar cosas para aguantar el frío", se resigna. "Lo peor es cuando en vez de venir por la mañana, acuden de noche, porque ya no tienes tiempo para buscar algo de abrigo para pasar la madrugada".

El caso es que Álvarez no es el único que se queja de esto. La decena de indigentes a los que visitó este periódico en distintos puntos de Chamberí (hay alrededor de 25 en el distrito, según voluntarios de la ONG Solidarios) cuentan la misma versión. "Antes se llevaban tus cosas, pero te despertaban con cierta educación", aporta J. M., otro indigente que lleva dos años habitando el pavimento. "Pero ahora ni educación ni nada. Te despiertan, cogen tus cosas y se van. Sin dar la más mínima explicación". Tan lejos ha llegado el problema que los afectados, con ayuda de algunos particulares que les atienden, han reunido alrededor de 400 firmas para remitir una carta a la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, alertándola de la situación. "Hemos empezado a estudiar el caso", aduce la institución.

El Ayuntamiento, por su parte, niega rotundamente las acusaciones de los sintecho. "Jamás se ha quitado ni un solo objeto personal a estas personas", alega la portavoz de la Policía Municipal.

3El Consistorio sostiene que la versión que dan los denunciantes es falsa. Según la portavoz policial, las intervenciones que se realizan desde el gobierno municipal son siempre "coordinadas". "Cuando acudimos a visitar a personas que viven en la calle se realiza una actuación articulada en tres patas, que acuden al mismo tiempo: el Samur Social, que les atiende; la Policía Municipal, para evitar problemas, y el Selur, para limpiar la suciedad que pueda haber donde duermen. Pero nunca nos llevamos sus objetos", explica. Los portavoces del Samur Social y del Selur suscriben esta versión.

Los que no están de acuerdo son los propios indigentes. "Cuando viene la policía les acompaña el Selur, pero nunca el Samur", asegura J. M. "En dos años que llevo en la calle, solo he visto acercarse al Samur cuando les hemos llamado expresamente porque alguno se ha puesto muy mal", añade José Martín, otro sintecho de 58 años, "pero no están cuando nos quita las cosas la policía".

La portavoz de los agentes insiste en su versión. Argumenta que, cuando se acude, la mayor parte de las veces es "a petición de los vecinos y los comerciantes de la zona". "Es que está prohibido dormir en la calle", afirma, "porque eso es hacer un uso privativo del espacio público. Y estas personas deben comprender que existen unas normas de convivencia, y que a los demás también les puede molestar que estén ahí. Tienen que irse a los albergues que el Ayuntamiento dispone para ellos".

Los lugares a los que se refiere la portavoz son las 1.841 plazas (entre los cuatro centros oficiales habilitados y las camas concertadas en centros hosteleros) destinadas a albergar a los sintecho. Pero muchos se niegan a ir. "En esos sitios duermen un montón de personas en el mismo cuarto. No hay una revisión médica antes de entrar, así que si el de al lado tiene tuberculosis... Además, no puedes ni ducharte, porque como dejes tus cosas solas, te desaparecen. ¿Tú crees que es plan dormir en sitios así?", cuestiona J. M.

Fabián (nombre ficticio), que duerme solo a las puertas de un banco de la zona, y que lleva 15 años haciéndolo así, ha optado por evitar el problema en la medida de sus posibilidades. Durante el día carga con saco, ropa, cartones y demás objetos personales para evitar que los agentes se lo requisen mientras él no está. "Lo malo es cuando me lo quitan a mí directamente. Ahí ya sí que no puedo hacer nada", dice encogiendo los hombros. Mariano recuerda lo que le dijo en una ocasión a un agente que le requisaba sus cosas: "No nos quedan fuerzas para conseguir más mantas. Vais a conseguir que un día un titular cuente que nos hemos muerto de frío". "Ese no es mi problema", asegura que le respondió.



* El País - 22.12.10
Foto: Madrid, sin techo (archivo) - adn

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Un juzgado paraliza cautelarmente las obras de integración de FEVE en León

ABC/EFE* : El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de León ha dictado hoy un auto por el que paraliza de forma cautelar las obras de integración del trazado ferroviario de FEVE a su paso por la capital leonesa, a raíz de una denuncia presentada por Ecologistas en Acción. Aunque no es una resolución firme, el Juzgado ha dictado un auto por el que paraliza estas obras de forma cautelar, en tanto emita un fallo definitivo, una vez que se celebren la vista prevista para mañana, a la que están citados a declarar las partes, entre ellas FEVE, como ejecutora de la obra, y el Ayuntamiento, como parte implicada, según han dicho hoy a EFE fuentes de Ecologistas.

Dichas fuentes han afirmado que estas obras se sustentan en un convenio que, a su juicio, es nulo de pleno derecho, porque supuestamente contempla en su exposición de motivos la cesión de los aprovechamientos urbanísticos del Ayuntamiento, correspondientes a un sector de suelo no consolidado, a FEVE para que éste ente ejecute el proyecto del tranvía.

Los ecologistas, entre otras razones, alegan que esta obra no está prevista en el PGOU, que aún no se ha revisado, ni modificado, para tal fin.

A su juicio, y tal como figuran también en las alegaciones que presentaron el pasado día 16 de diciembre en el Ayuntamiento de León, esto supone una clara vulneración del artículo 438.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Desde Ecologistas en Acción no han querido valorar el auto judicial en tanto sea definitivo.

Por su parte, tanto fuentes de FEVE, que es el que ejecuta la obra, como del Ayuntamiento de León, que declarará como parte implicada, han confirmado este auto, si bien tampoco han querido de momento entrar a valorar el mismo.



* ABC - 21.12.10
Foto: Feve estación - leon-virtual

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Santa Cruz.- La juez del ´caso mamotreto´ urge a la fiscal a pronunciarse sobre la causa

LAOPINIÓN/Tenerife* : La juez Juana María Hernández, titular de Juzgado de Instrucción nº2 de Santa Cruz de Tenerife, ha emitido un auto en el que da diez días a la fiscal de delitos medioambientales, Inmaculada Violán, para que formule el escrito de acusación sobre el denominado caso mamotreto, relacionado con el edificio de aparcamientos de la entrada de Las Teresitas y cuyas obras se mantienen paralizadas. De Violán depende ahora que se abra el juicio oral, se amplíen las investigaciones o se archiven las diligencias abiertas por la denuncia presentada en 2008 por el PSC y el colectivo Amigos de la Playa de Las Teresitas. En este proceso están acusados de un presunto delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística siete altos cargos y funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz: la actual concejal de Urbanismo, Luz Reverón; el ex director de la Gerencia de Urbanismo y hoy teniente de alcalde, Manuel Parejo; el exconcejal del área ahora retirado José Domingo Pastor; el exconcejal de Infraestructuras y Obras que ahora ocupa el área de Fiestas, Norberto Plasencia; así como los técnicos de la Gerencia de Urbanismo Loreto Ariz, Epifanio Gómez y Candelaria Benítez.

Los hechos se remontan al 27 de octubre de 2007 cuando el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, presidido por Luz Reverón, aprobó una modificación del proyecto de aparcamiento en la entrada de la playa de Las Teresitas, que ya había recibido un primer visto bueno de ese organismo en junio de 2006, y la adjudicación a la constructora Obrascon Huarte Lain (OHL). Este proyecto modificado se aprobó sin haberse dictado las autorizaciones preceptivas del Ministerio de Medio Ambiente, al extenderse las obras a la zona de dominio público marítimo terrestre, ni de la Comunidad Autónoma, al afectar a la servidumbre de protección, según explica el auto en los antecedentes de hecho.

Además, en el documento, firmado el pasado 16 de diciembre, se detalla que dos informes realizados por la Agencia de Protección del Medio Ambiente y Natural y por el Servicio del Litoral Occidental, ambos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, confirman que parte de la estructura de la obra ya realizada del mamotreto, concretamente la fachada del frente que da a la caseta de la Cofradía de Pescadores, afectan a la servidumbre de protección en unos 7 metros de fondo por 60 metros de frente.
Asimismo, la zona de acopios invade tanto la servidumbre de protección como la zona de dominio público marítimo terrestre. En cuanto a la parte del edificio aún no construida, resultaría una ocupación del dominio público marítimo terrestre de 1.223 metros cuadrados, según el deslinde aprobado por orden ministerial en febrero de 2009.

De las diligencias practicadas no consta que el proyecto cuente con la concesión administrativa ni con las autorizaciones preceptivas de la Dirección General de Costas, en los trabajos que afectan al dominio público marítimo terrestre, ni de las de la Comunidad Autónoma respecto a los que invaden la servidumbre de protección. "Las obras siguen siendo inviables y no autorizables", según el auto, debido a que la concesión no podía otorgarse por la Dirección General de Costas al no haberse firmado el convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, condicionado a la delimitación del dominio público y a la aprobación del nuevo deslinde.
Gloria Gutiérrez, la diputada regional socialista y abogada que redactó la primera denuncia, explicó ayer que este auto significa que el caso se aproxima al juicio oral. Para ella, se trata de un asunto "muy grave", pues las presuntas irregularidades afectan a un proyecto con un montante total de 35 millones de euros de dinero público, cofinanciadas por el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de la capital. "Se ha atentado contra el territorio, se ha jugado con dinero público y se multiplicó considerablemente la superficie que se podía construir", dijo Gutiérrez.

La vía administrativa

La diputada precisó, sin embargo, que esta última decisión judicial no afecta a la intención de la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de legalizar el mamotreto, pues "este caso va por la vía administrativa, mientras la investigación judicial va por la vía penal, y una no afecta por ahora a la otra".

De cualquier manera, puso en tela de juicio la actuación del consejero regional Domingo Berriel, quien en el pleno del Parlamento de Canarias del pasado día 15 insistió en que el proyecto "es susceptible de legalización".

Paralelamente está por ver si se ejecuta finalmente el acuerdo plenario de derribo del edificio de aparcamientos. El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acordó el 18 de septiembre de 2009, con el voto en contra de CC y CCN, la demolición del conocido popularmente como mamotreto, así como abandonar el proyecto del arquitecto Dominique Perrault para urbanizar la playa, también afectado por todo este embrollo judicial y administrativo.

Según la moción, presentada por el PSOE y que obtuvo el respaldo del PP y de Ciudadanos de Santa Cruz, el proyecto de Perrault y el mamotreto –un aparcamiento privado de pago de 400 plazas que también iba a albergar centros comerciales– suponen un coste desmedido, no se adecúan al entorno y mantienen un peso "desproporcionado" de la "parte lucrativa y de negocio" en una playa que debe conservar su carácter familiar.



* La Opinión Tenerife - 12.10
Foto: Mamotreto las Teresitas - eldia

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Roca asegura que Julián Muñoz se limitó a firmar el convenio diseñado por Gil

LAOPINIÓN/Marbella* : El exasesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca no tiene miedo escénico. En sus intervenciones, pisa fuerte, habla de forma contundente y, en ciertos lances verbales, revela un amor casi obsesivo por los detalles que ahora le permite desgranar una defensa solvente en el juicio del «caso Malaya», pero que antes, quizás a lo largo de la instrucción, le dio algún que otro dolor de cabeza, como cuando se encontraron las agendas con las iniciales de quienes lo sobornaron y de aquellos a los que él supuestamente untó. Ayer, en la decimosexta sesión del plenario, se presentó como un simple tornillo de una maquinaria, el Ayuntamiento, mucho más amplia y bien engrasada. Él era un simple mandado: la eminencia gris la encarnaba el alcalde Jesús Gil y Gil.

Y eso explica lo que muchos analistas piensan del papel que el exregidor Julián Muñoz ha jugado en toda esta historia: que era un simple mandado que le prestó la firma a quienes disponían. Así, dijo que el exalcalde se limitó a firmar el convenio urbanístico de la operación «Crucero Banús», el acuerdo que permitió que la edificabilidad de la parcela pasara desde los 500 hasta los 11.000 metros cuadrados, incrementando exponencialmente las ganancias de quienes compraron el terreno en 2001 por cuatro millones y se deshicieron de él, un año después, por diez millones de euros.

Gil «no firmaba nada»

Así, Muñoz sólo fue a firmar el acuerdo urbanístico, porque Jesús Gil «no firmaba nada». Un dato importante: ayer apareció un convenio anterior que había rubricado también Muñoz y que favorece a las tesis defensivas, dado que su inspirador es el anterior propietario, Yassin Dogmoch, que negoció con Gil, y los aprovechamientos urbanísticos que debía recibir el Consistorio son mucho menores a los que ingresó después.
Ese primer convenio, de 1996, establecía el pago de 60 millones de pesetas por parte de los promotores; en el segundo, el que propicia el ex teniente de alcalde Pedro Román, se establece el abono de 240 millones de pesetas, lo que ha usado Roca para presentarse como defensor de las esencias municipales. Es Jesús Gil, por tanto, el que inspiró ambos acuerdos. Por cierto, el segundo convenio ha sido entregado estos días por el Ayuntamiento, de cuya existencia dudaba el mismísimo abogado municipal, Alberto Peláez.
Roca también señaló que nunca ha sido funcionario ni empleado del Consistorio, sino «el gerente de Planeamiento 2000». «El modelo de ciudad respondía a una voluntad política y lo decidían los políticos en la revisión del PGOU; yo era un simple técnico, eran los políticos quienes daban las licencias», señaló, para indicar después que los convenios se hacían en su departamento, pero jamás la Junta de Andalucía impugnó ninguno.
También se hizo un careo entre dos antiguos socios de Roca en el pelotazo: Pedro Román y Juan Hoffmann, todo ello a cuenta de si el exasesor concretó su aportación inicial en cuatro cheques y 50.000 euros en metálico –como defiende– o fueron sólo tres talones los aportados. Ambos coincidieron en que entregó la cantidad que le correspondía, «hasta la última peseta», pero no se acordaban de los detalles.
«Ha quedado acreditado que mi participación la he pagado con fondos que no tienen ninguna duda, porque precisamente fuimos los imputados los que solicitamos al juzgado que se averiguara el origen de los fondos», apuntó.
Una vez más, la defensa de Juan Hoffmann, ejercida por José Manuel Vázquez, trató de demostrar que Roca no tenía antecedentes penales cuando se hace el convenio, en octubre de 2001; el Jefe volvió a incidir en que se están archivando las diligencias por delitos contra la ordenación del territorio que existían contra él, precisamente porque, como repitió de nuevo, no era su cometido dar permisos de obra.
Hizo hincapié, además, en que a Pedro Román, por indicación del regidor, se le endurecieron las condiciones: debía pagar 240 millones de pesetas a las arcas municipales.

Conocimiento del sumario

En numerosas ocasiones, Roca, que tenía una libreta totalmente llena de anotaciones manuscritas, corrigió a los letrados de la acusación, especialmente al del Ayuntamiento, a quien llegó a decirle: «Letrado, se lo voy a explicar por cuarta vez...», indicándole continuamente: «No se preocupe, yo se lo explico».
Asimismo, Roca reconoció que entre los años 1992 y 2006 tuvo otra actividad distinta a la que desempeñaba en las entidades municipales: «Llevaba mis sociedades personales», pero, agregó, no existían incompatibilidades.
El tasador José Mora, imputado por el Consistorio, reconoció, a preguntas del abogado de Hoffmann, que ya él era concejal de Urbanismo por el PSOE en 1986 y que ese PGOU no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) hasta 2000. «A mí me contrataron después por mi trayectoria, sin ser del Gil. Si yo hubiera visto algo lo habría denunciado», apuntó. Hoy responderá a su defensa.



* La Opinión - 22.112.10
Foto: Juicio malaya - laopinion


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Valencia.- El AVE deja sin espacio el Parque Central

LEVANTE* : La histórica llegada del AVE a Valencia el pasado sábado ha permitido comprobar a vista de pájaro (véase la fotografía facilitada por Adif de este artículo) cómo la estación Joaquín Sorolla, a la que se le ha empezado a caer la etiqueta de provisional, ocupa casi la mitad del ámbito del Parque Central. El mismo elemento (la alta velocidad) que hará posible que el gran jardín de cerca de 300.000 m2 proyectado por el ayuntamiento hace un cuarto de siglo vea la luz se ha convertido en nuevo condicionante en forma de estación provisional.
Con el edificio central con cafeterías y tiendas, el aparcamiento de 650 plazas y los tres andenes de 230 y 410 metros de longitud la estación Joaquín Sorolla, ubicada en la calle San Vicente Mártir, se come la mitad de los terrenos del futuro jardín. Esto es, una de las dos "orejas" del parque Central, según la expresión acuñada por la alcaldesa, Rita Barberá.

La pastilla de terreno ubicada al otro lado de la estación es la única dónde se podría empezar a ejecutar el diseño ganador del cuarto concurso de ideas del Parque Central. No obstante, podría quedar afectada a medio plazo por la necesidad de espacio para las obras de la Estación Central, del túnel pasante, los desvíos ferroviarios y la posible instalación de la tuneladora. Este subámbito está ocupado por antiguas naves ferroviarias protegidas, un aparcamiento de camiones y huertos.
Antes de que la crisis volatilizara toda la planificación de infraestructuras del Ministerio de Fomento, se daba como fecha para la construcción de la nueva estación, con sello de César Portela, el año 2014. Los plazos ahora no están claros ni para la nueva estación, ubicada a espaldas de la histórica y modernista Estación del Norte, ni para el túnel pasante que atravesará la ciudad para conectar con la línea de Valencia-Barcelona.
El soterramiento de las vías permitirá poner en marcha una operación de transformación urbanística sin precedentes en pleno corazón de Valencia. La pregunta es cuándo. La sociedad Parque Central, formada por el Ministerio de Fomento, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, sostiene que el pulmón verde se hará "en fases".
El planeamiento del Parque Central, aprobado por la Generalitat en 2007, comprende una superficie de 656.000 m2, la mitad destinada a parque. Incluye cuatro torres de 25 alturas en las esquinas, dotaciones y un bulevar (García Lorca) de 80 metros de ancho, el doble que la gran vía Fernando el Católico.



* Levante - 21.12.10
Foto: El AVE deja sin espacio el Parque Central - adif

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Barbate autoriza el suministro eléctrico a un millar de casas construidas sin permiso

ELPAÍS/Cádiz* : Los propietarios de viviendas ilegales de Zahora, Caños de Meca o San Ambrosio, pedanías de Barbate (Cádiz), podrán tener suministro eléctrico normalizado aunque no puedan legalizar todavía sus casas. Es la principal conclusión de una ordenanza que su Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, acaba de sacar adelante. Sigue el ejemplo de la localidad sevillana de Marchena (PA-PP), referente para otros municipios con similar problema, que fue el primero en acogerse al artículo 53 del reglamento de disciplina urbanística de la Junta de Andalucía. Este punto permite dotar de algunas licencias a casas consideradas fuera de ordenación. Marchena tiene 18.000 habitantes y 2.000 casas ilegales. Barbate, se mueve en cifras similares. 22.000 habitantes y algo más de un millar de viviendas construidas sin permiso. Ambos consistorios cuentan ya con unas ordenanzas que permiten dar licencia de primera ocupación, requisito básico para poder obtener contratos de servicios básicos como la luz o el agua, a casas que están construidas en zonas no urbanizables.

Ha pasado tanto tiempo desde que fueron levantadas que ya no se les puede aplicar medidas disciplinarias pero el limbo legal en el que se encuentran lleva a sus habitantes a sufrir constantes trastornos. En Barbate, por ejemplo, la compañía eléctrica ha amagado varias veces con cortes de luz para exigir la normalización del servicio y para protestar por los numerosos enganches ilegales.

Los pioneros en buscar una solución fueron los responsables municipales de Marchena. El nuevo reglamento de disciplina urbanística, aprobado en marzo de este año, contempla en su artículo 53 la figura de régimen de fuera de ordenación, en el que se pueden inscribir "los actos de uso de suelo y, en particular, obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de los cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y de restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo citado en la ley", que es de cuatro años. Esta norma permite a los ayuntamientos conceder licencias a estas casas para darle el uso pretendido de la edi-ficación, es decir, la habitabilidad. Marchena, y ahora Barbate, han decidido aplicarlo para poner fin a una reclamación vecinal y atender una demanda social. "Hay un conflicto socioeconómico y hay que darle una solución", explica el concejal de Urbanismo de Barbate, Antonio Domínguez. "Esto no quiere decir que permitamos nuevas construcciones. De hecho, aquí marcamos una raya y no consentiremos ni un solo ladrillo más. Tendremos tolerancia cero contra las viviendas ilegales", añade.

La iniciativa impulsada por Marchena ha llamado la atención de otros municipios con idénticos problemas. Es el caso de propietarios de viviendas ilegales en El Puerto de Santa María (Cádiz), que han solicitado a su ayuntamiento, gobernado por el PP, que apruebe una ordenanza similar para que ellos también puedan contar con suministros básicos. El Consistorio portuense se ha negado. Aduce que el artículo 53 sólo se puede aplicar a casos donde el planeamiento urbanístico municipal lo consienta. Y El Puerto mantiene que su plan no permite dar una licencia de primera ocupación a casas construidas en suelo no urbanizable.

Otros municipios han preferido optar por un camino más largo. Chiclana y Vejer, también en la provincia de Cádiz, han preferido regularizar antes las casas para que puedan tener acceso a esos suministros básicos. El proceso, que acaba de iniciarse en ambos casos, conllevará que sean los vecinos los que paguen por contar con servicios básicos, aunque esta medida no ha estado exenta de conflictos. De hecho, algunos dueños de casas ilegales de Chiclana han llegado a crear un partido político para oponerse a este proceso.




* El País - 20.12.10
Foto: Barbate (Cádiz), Caños de Meca - García Cordero (El País)

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La bahía de Portmán, el puerto más contaminado de Europa

DIAGONAL/Murcia* : La bahía de Portmán, en La Unión (Murcia), cuenta con el triste record de ser el lugar más contamidado de Europa. Lo que fuera un puerto natural romano es hoy un vertedero minero que alberga más de 33 millones de metros cúbicos (más de 60 millones de toneladas) de estériles mineros, químicos mezclados con desechos de las minas. Un desastre medioambiental calificado ya como el más grave por delante de Aznalcollar y del Prestige. El origen de la contaminación se remonta a 50 años atrás. Entonces la empresa murciana Peñarroya, participada al 50% por capital francés, instaló el lavadero de la mina en la bahía y vertía directamente al Mediterráneo unas 3.000 toneladas al día de estériles. Las reclamaciones del Ayuntamiento entonces no sirvieron de nada. De la mina se extraían grandes cantidades de plomo y en menor medida plata, que generaban puestos de trabajo en la zona.

Años después tras la insistencia del Ayuntamiento de La Unión, las protestas de los grupos ecologistas y la intervención de la Comisión de Medio Ambiente de la UE, el 31 de marzo de 1990 se consigue que el chorro de residuos sólidos deje de verter directamente al mar, hasta entonces ya se habían acumulado en la bahía más de 60 millones de toneladas, que cubrían el fondo marino hasta 12 kilómetros mar adentro y 150 metros de profundidad.

Por temor a las sanciones, Peñarroya vendió la sierra Minera donde se hacían las extraciones y se acumulan los residuos, a Portmán Golf, propiedad de un constructor de la zona que esperaba dar un pelotazo urbanístico, con el beneplácito institucional de la Comunidad de Murcia, en estos terrenos que adquiere (6.000 millones de metros cuadrados) al precio simbólico de una peseta el metro. La UE tumba la posibilidad de urbanizar los terrenos. Entonces la empresa no se hace cargo de la regeneración de la zona, tampoco los tres planes de recuperación de la bahía han salido adelante. El último, de 2006, prevía la retirada superficial, de un 10% de los desechos pero, de monento, no hay presupuesto para limpiar la bahía de Portmán.


* Diagonal - M. J. Esteso y D. Ribero - 16.12.10
Foto: La Unión (Murcia), desastre Bahía Portman - elpais

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El Banco de España pudo frenar la burbuja inmobiliaria

ATTAC/Madrid* : Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España y continuo azote de los derechos laborales y sociales, miraba hacia otro lado cuando la burbuja inmobiliaria crecía sin control alguno y, en una manifiesta ineptitud para dirigir el máximo supervisor de las finanzas en España, obvió las medidas necesarias que habrían –según la Comisión Europea– ayudado a que los efectos de la crisis económica no fueran tan devastadores como lo están siendo. La Comisión Europea culpa al Banco de España de no haber adoptado las medidas necesarias que podrían haber frenado la burbuja inmobiliaria. En su informe trimestral sobre la zona euro, la Comisión Europea opina que si el Banco de España hubiera tomado las decisiones adecuadas, “habría ayudado a evitar el excesivo crecimiento del crédito en España” que, junto con las medidas que habrían controlado la excesiva expansión de la construcción, habrían amortiguado la gravedad de la actual situación de crisis económica y financiera.

La Comisión, en su informe, relaciona algunas medidas que deberían haber sido puestas en marcha por el Banco de España aunque evita cargar directamente las culpas sobre el mismo.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España y continuo azote de los derechos laborales y sociales, miraba hacia otro lado cuando la burbuja inmobiliaria crecía sin control alguno y, en una manifiesta ineptitud para dirigir el máximo supervisor de las finanzas en España, obvió las medidas necesarias que habrían –según la Comisión Europea– ayudado a que los efectos de la crisis económica no fueran tan devastadores como lo están siendo.

El informe trimestral sobre la zona euro afirma que el Banco de España toleró que los bancos y cajas de ahorros españoles concedieran hipotecas por el 120% del valor de las viviendas, e incluso más, sin imponer el límite que habría evitado que la concesión de préstamos en la banca española se concentrara en exceso en el sector de la construcción.

Otro de los fallos enumerados en el informe y relativos al crédito hipotecario, es que la entidad dirigida por Fernández Ordóñez debería haber establecido topes a la concesión de los préstamos en función de los ingresos de los compradores de las viviendas, lo que unido al límite respecto del propio valor de las construcciones que tampoco se impuso, habrían evitado el tremendo error detallado en el párrafo anterior.

Tampoco Fernández Ordóñez hizo sus deberes, siempre según la Comisión Europea, al no aumentar el coste financiero que bancos y cajas de ahorros deben afrontar, lo que permitió que las entidades financieras españolas no se vieran obligadas a aumentar el nivel de capital propio para la concesión de créditos hipotecarios.

En definitiva, y aunque la Comisión Europea no quiera o no se atreva a culpar directamente, al menos en su informe, a Miguel Ángel Fernández Ordóñez y a la institución que dirige, o debería dirigir, la relación de errores u omisiones cometidas por éste deja en evidencia la inacción y/o ineptitud de quien podía haber hecho mucho para que los ciudadanos españoles no estuviéramos transitando por el interminable desierto de esta crisis, o al menos lo hubiéramos hecho cargados de cantimploras.

Que siga hablando Don Miguel Ángel y que siga exigiendo recortes sociales y laborales; quién sabe, quizá algún día acabemos sabiendo los porqués de sus exigencias y de su ineptitud al frente del máximo organismo financiero de nuestro país.


* Attac - Raúl Bruna, Crónica de Aragón - 19.12.10
Foto: Madrid, Banco-España - attac

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Una empresa de Cascos facturó a la 'trama Gürtel'

PÚBLICO/Madrid* : El ex vicepresidente y ex ministro conservador de Fomento Francisco Álvarez Cascos facturó 69.600 euros en 2008 a la empresa Creative Team SL, investigada en el caso Gürtel y presuntamente ligada a Guillermo Ortega, ex alcalde del PP en Majadahonda (Madrid). Cascos, aspirante a candidato del PP en Asturias, facturó esos 69.600 euros a través de Tecnas SL, sociedad presidida por él mismo y que controla accionarialmente junto con su esposa, María Porto. Su objeto social comprende desde la elaboración de proyectos urbanísticos a la emisión de informes sin campo determinado. Durante su mandato como ministro de Fomento (2000-2004), tres empresas de la red corrupta obtuvieron 2,2 millones de euros en contratos de Aena. En febrero de 2009, el supuesto jefe de la trama, Francisco Correa, declaró ante el juez Baltasar Garzón. Y dijo esto: "Paco Cascos, con el que tenía cierta relación, me dio la cuenta de Aena".

En una breve conversación telefónica con este diario, el ex ministro rehusó ayer de manera tajante desvelar qué clase de servicios prestó Tecnas SL a Creative Team SL, compañía dedicada a la tenencia de activos, aunque su actividad real continúa bajo investigación. Al frente de Creative Team estuvieron, sucesivamente y como presuntos testaferros, los abogados Luis de Miguel Pérez y Santiago Lago Bornstein, ambos imputados en la causa. En el último año, el juez Pedreira ha ordenado rastrear los posibles contratos otorgados a Creative Team, así como las cuentas a su nombre.

Durante la charla telefónica, Cascos adujo que no tiene nada que explicar sobre "relaciones privadas" entre empresas. Lamentó los "intentos" por vincularlo con la red corrupta y negó de nuevo cualquier conexión con ella. Enfatizó que Tecnas es una empresa "honorable". Y remachó que su compañía "no figura en el sumario".

El listado de Hacienda

Pero la relación comercial de Tecnas con Creative Team está acreditada precisamente por el sumario, cuyo secreto levantó el juez Antonio Pedreira el pasado día 3. Su denominación social, la cantidad facturada y su CIF, el carnet de identidad de las sociedades, figuran en el listado remitido por Hacienda al juez instructor sobre las operaciones con terceros efectuadas por Creative Team en 2008. Ese listado muestra que Creative Team declaró ese año compras (es decir, pagos) a siete proveedores. Al menos dos de los siete, Castellana 168 SL y Soluci SA, tienen o han tenido como administrador a Luis de Miguel Pérez, según los datos de los registros mercantiles.

Los 69.600 euros cobrados a Creative Team situaron a Tecnas SL en el segundo puesto de la relación de proveedores de Creative Team en cuanto a volumen de facturación. Y supusieron el 9% de los ingresos anuales de Tecnas en 2008 (764.855 euros), ejercicio en el que obtuvo un beneficio neto de 41.748 euros. Las otras empresas comandadas por Cascos registraron pérdidas.

El nombre de Cascos, que nunca ha estado imputado, ha ido saltando a la palestra periódicamente desde el inicio del caso Gürtel. Una frase pronunciada por el supuesto jefe de la trama, Francisco Correa, colocó al ex ministro en el ojo del huracán apenas iniciada la instrucción: "Yo le he llevado a Bárcenas [ex tesorero del PP] más de 1.000 millones por adjudicaciones de obras de la época de Cascos". Correa no sabía que el ex edil del PP José Luis Peñas, luego denunciante del caso, estaba grabando aquella conversación. Y su contenido acabó trascendiendo. Durante su declaración judicial, Correa alegó que sus palabras se habían "malinterpretado". Y que lo que en realidad quería decir es que, al ofertar a la baja sus servicios, le había ahorrado al PP 1.000 millones de las antiguas pesetas. Seis millones de euros.

El ex vicepresidente y ex número dos del PP ya había negado cualquier ligazón con Correa y su grupo cuando, tras el estallido del caso, trascendió que AENA, la empresa gestora de los aeropuertos estatales, había otorgado numerosas adjudicaciones a Special Events, TCM y Pasadena Viajes, tres de firmas de la trama.

Meses más tarde, el Gobierno cifró la cuantía exacta en una respuesta parlamentaria: las tres sociedades cobraron de Aena 2,2 millones de euros entre 2000 y 2003. De ese monto, 1,2 millones se correspondían con expedientes de adjudicación. El resto, con contratos menores.
Instrucciones del alcalde

Por lo que concierne a Creative Team, los documentos incautados a la trama constatan que Luis de Miguel pedía instrucciones al entonces alcalde del PP en Majadahonda, el imputado Guillermo Ortega. Uno de esos documentos es una carta dirigida a Ortega y fechada el 27 de enero de 2004. "Adjunto le remito la declaración de IVA de la sociedad Sundry Advices SL y Creative Team SL para su presentación en Hacienda (...)", comienza la misiva. "Estoy a su disposición para cuantas aclaraciones estime pertinentes", dice en su segundo y último párrafo.

Este diario preguntó ayer al abogado de Ortega si su cliente ha reconocido ser propietario de Creative Team. No ha admitido nada, dijo el letrado, quien subrayó que la instrucción está "prácticamente parada". Pero los datos recabados a instancias del juez indican una estrechísima relación de Ortega con Creative Team y con otra sociedad, Sundry Advices.

Lo que dijo Correa

El comienzo del ascenso

En su declaración ante el juez Pedreira, Francisco Correa señaló a Cascos y a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, como los artífices de su ascenso en el PP. Según Correa, que no dio fechas exactas pero citó como marco temporal el bienio 1993-1994, fue entonces cuando empezó "a trabajar regularmente en la organización de mítines para el Partido Popular".

El secretario general

Cascos llevaba ocupando la secretaría general del PP desde 1989. Era el número dos de José Aznar. Pero, según Correa, la decisión de a quién contratar "no la tomaba siquiera el secretario general". Había, contó el presunto jefe de la red, "un grupo de personas". Y ese grupo, sostiene Correa, estaba integrado por Cascos, Jesús Sepúlveda, en aquellas fechas secretario electoral y luego alcalde de Pozuelo (Madrid) y Javier Arenas, que niega esa versión.




* Público - 21.12.10

Foto: facturas - Público

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Los alcaldes que no vigilen los desmanes urbanísticos irán a la cárcel desde el día 23

IDEAL/Granada* : El 'boom' inmobiliario provocó que se cometieran auténticas aberraciones medioambientales y que la mancha de la corrupción salpicara a algunas corporaciones. Bastantes casos se investigaron, pocos se juzgaron y prácticamente ninguno acabó con condenas severas. El esqueleto del mastodóntico hotel en el Algarrobico de Almería es uno de los ejemplos que persisten en la memoria colectiva. En Granada hay casos similares, como el Parque Nevada, que comenzó a construirse con una licencia ilegal; o el sorprendente ejemplo de Carataunas, donde se construyó un macizo con 65 nuevas viviendas en un municipio que apenas llega a 200 residentes. La nueva reforma del Código Penal pondría algunos de estos episodio al borde de la cárcel. A los alcaldes y a los concejales se les complica la vida si quieren jugar con fuego; en este caso, con ladrillos.

Se trata de una nueva redacción del artículo 320 del Código Penal, que entrará en vigor el próximo 23 de diciembre y que crea una figura que podría bautizarse como el delito de prevaricación omisiva. Hasta ahora un cargo público prevaricaba si tomaba una decisión aunque supiera que no era correcta. Por ejemplo, si aprobaba una licencia con más plantas de las permitidas. Desde el viernes, también cometerá un delito si concede un permiso legal pero no vigila que la obra se ajusta a lo autorizado.
El artículo recoge el delito de prevaricación como el referido a aquel funcionario o autoridad que «a sabiendas de su injusticia» informe favorablemente sobre un proyecto o que -y aquí está la novedad- «con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio».
Este artículo no hace más que ahondar en la responsabilidad de los ayuntamientos -que son el primer escalón en la vigilancia del urbanismo- y en la persecución de las irregularidades. Trata de atajar una situación que se ha venido reproduciendo, como el hecho de que el consistorio en cuestión anuncie que abre un expediente que luego se pierde en el tiempo sin que haya resultados ni responsabilidades, contando con que una causa prescribe a los cuatro años en vía administrativa.
La otra novedad es que las penas se endurecen y pasan de los dos años máximos -insuficientes para entrar en prisión si no hay antecedentes- a los cuatro.
El fiscal coordinador de ejecución penal, Francisco Hernández, explica que esta figura de prevaricación omisiva ya se estaba usando en las acusaciones, «pero quedaba a juicio del tribunal aceptarla o no». La reforma del Código Penal lo que hace es aclarar esa opción, que pone contra las cuerdas a los primeros responsables del urbanismo.
Cientos de casos
El número de expedientes por irregularidades urbanísticas en la provincia es difícil de calcular, por cuanto la vigilancia depende de ayuntamientos, administración autonómica, Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y Fiscalía de Medio Ambiente.
Aunque la crisis económica ha paralizado el sector de la construcción y han bajado también las posibilidades de que afloren nuevos casos de corrupción, la situación llegó a ser tan importante que el Defensor del Pueblo Andaluz hizo un informe especial sobre el urbanismo. Tantos eran los casos que le llegaban de familias que se encontraban pagando por viviendas que no podían usar, ya que estaban inmersas en procesos judiciales por presuntas irregularidades.
El informe especial sobre urbanismo del Defensor del Pueblo Andaluz recogía que en el año 2000 había en la comunidad mil urbanizaciones ilegales en las que vivían 400.000 familias. En el caso granadino, los últimos datos disponibles de la Junta de Andalucía, señalaban que en el año 2008 se habían abierto 162 expedientes en 75 pueblos, lo que afectaba a unas setecientas viviendas.
Un año después, el Seprona de la Guardia Civil, que tiene competencias para investigar el urbanismo ilegal, abrió 300 expedientes por irregularidades en promociones o construcciones, de los que 200 eran por sanciones administrativas y alrededor de un centenar fueron asuntos penales que se trasladaron a la Fiscalía de Medio Ambiente.
Y este organismo judicial ya alertaba en su memoria de la implicación de alcaldes y técnicos municipales en buena parte de los veinte procesos que abrieron en 2009 en casos de prevaricación urbanística. Citaba incluso en la memoria los casos de Atarfe, Armilla -caso Nevada-, Carataunas, Almuñécar o Monachil.
En respuestas a preguntas parlamentarias del diputado Sebastián Pérez, se da cuenta de que en Monachil hay un total de once actuaciones penales por irregularidades urbanísticas, seis en Quéntar y cinco en Gójar. También hay cuatro actuaciones administrativas en Láchar -además de dos penales- y otras cuatro administrativas en Fuentevaqueros o tres en Iznalloz.
A partir del próximo 24 de diciembre, cualquiera de estas acciones u omisiones por parte de una autoridad o funcionario público podrá castigarse con penas de prisión que oscilarán entre el año y medio y los cuatro años, además de imponer la sanción y la correspondiente inhabilitación para cargo público.



* Ideal - 21.12.10
Foto: Parque Nevada - ideal

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A Coruña.- Nueva orden de derribo del edificio Conde de Fenosa

ELCORREOGALLEGO* : La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) insiste en que el controvertido edificio Conde de Fenosa, de la ciudad herculina, tiene que ser derribado. En un auto, dado a conocer ayer, requiere que se aplique la sentencia del 20 de diciembre de 2001 (justo hace nueve años) por la que se declaró ilegal la licencia concedida en 1997 por el Ayuntamiento de A Coruña a la inmobiliaria Fadesa para rehabilitar el edificio. El inmueble, antigua sede de Unión Fenosa, tuvo una transformación excesiva. El PXOM de 1985 sólo permitía su conservación y mantenimiento, pero se dio licencia para obras de reforma integral, y así se hicieron viviendas. En el último recurso, del que ahora se conoce el fallo, no sólo se personará el Concello sino también la actual comunidad de propietarios.

Eso sí, contra esta decisión de la alta magistratura gallega aún cabe otro recurso de súplica en el plazo de cinco días. Al respecto, el gobierno municipal, más en concreto el área de Urbanismo, que depende del PSdeG -el BNG se desentiende del asunto, ya que procede de una etapa anterior a formar parte de la ejecutiva del consistorio y en la que se opuso a dicha licencia-, anunció que presentará dicha apelación "en defensa de los intereses de la ciudad", según se manifiesta en un comunicado.

Toda esta situación comenzó en los últimos años del pasado siglo con una denuncia de un particular en el momento en que se comenzaban las obras de rehabilitación. Ahora puede desembocar en un drama, no sólo para los que compraron viviendas al amparo de una supuesta legalidad, sino para el Concello, que podría verse abocado por ello a indemnizar a los actuales propietarios. Pero el proceso judicial aún seguirá en los próximos meses.

Hay que señalar que en este último recurso rechazado, el Ayuntamiento pretendió el cumplimiento de la sentencia mediante la publicación del fallo judicial anterior en el BOP -el edificio queda fuera de ordenación- y con ello la inejecución de la misma, pero el TSXG lo desestimó.



* El Correo Gallego - 21.12.10
Foto: Vista de la parte central del polémico edificio Conde de Fenosa de la ciudad herculina - elcorreogallego

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Vigo.- El Puerto denuncia al alcalde por parar obras contra la decisión del juez

ATLÁNTICO* : La Autoridad Portuaria ha decidido pasar a la ofensiva y presentar una denuncia penal contra el Concello, en principio dirigida contra el alcalde Abel Caballero y el concejal de Urbanismo, José Mariño , por abuso de autoridad. Esta acción se basa en un hecho con base judicial: la desestimación por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TS XG) mediante un auto de 22 de noviembre de la paralización cautelar de las obras portuarias al entender, como defendía el Puerto, que su interés público debe prevalecer. Pese a esta resolución del juez, el alcalde y el Concello decidieron obligar al Puerto a detener todas sus actuaciones en marcha, lo que según dos informes jurídicos encargados por la Autoridad Portuaria (de Gándara y Jiménez Cisneros) resulta incomprensible y base suficiente para presentar la denuncia.

En este sentido, el Puerto emitió una nota donde califica como una ‘absoluta ilegalidad’ la paralización por parte del Ayuntamiento de obras en terrenos portuarios, comenzando por la nave de rederos y siguiendo con la nave de comercio, y ha confirmado la presentación ante el TS XG del escrito en el que ‘traslada’ las ‘ilegalidades’ cometidas por el gobierno local. Según informó el Puerto, la suspensión de estas obras estaba pendiente de resolución por parte del TS XG y el Ayuntamiento ‘no esperó a que se pronunciara’. ‘El Tribunal Superior de Xustiza se acaba de pronunciar denegando la suspensión, por lo que se pone de manifiesto la absoluta ilegalidad en que ha incurrido el Ayuntamiento al paralizar las obras’ contra el criterio del juez, indicó el organismo que preside Corina Porro. Asimismo, la Autoridad Portuaria ha expuesto que, ante el recurso formulado
por el Ayuntamiento de Vigo en el TS XG contra el Puerto, éste solicitó sendos dictámenes a un catedrático de derecho Administrativo y a un despacho especializado en la materia. ‘Ambos dictámenes coinciden sobre el fondo del asunto y están en desacuerdo con la actuación y las tesis del Ayuntamiento de Vigo’, aclaró el organismo portuario. Recordó el Puerto de Vigo que el pasado 25 de mayo el Ayuntamiento solicitó a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que suspendiese, -sin darle audiencia previa a la Autoridad Portuaria-, las resoluciones dictadas por la entidad que preside Porro para la ejecución de las obras de las Naves de Comercio y de la Nave de Rederos en el Puerto Pesquero. Añadió el Puerto que la Sala de lo Contencioso acaba de dictar un auto de fecha 22 de noviembre ‘desestimando’ la solicitud del Ayuntamiento y establece que ‘el interés público derivado de las obras públicas promovidas por la Autoridad Portuaria ha de considerarse prevalente’. De esta situación ya informó al alcalde y al concejal de Urbanismo del contenido de auto.



* Atlántico - 21.12.10
Foto: Una de las construcciones paralizadas por el alcalde pese a que el juez del Tribunal de Galicia ordenó la continuida de las obras.- atalantico

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Roca echa la culpa ahora a Jesús Gil de la gestión urbanística en Marbella

ELPAÍS* : Con la calma de quien sabe que su juicio durará un año, Juan Antonio Roca, máximo imputado del caso Malaya, comenzó ayer a declarar sobre la trama de corrupción marbellí por la que se sientan en el banquillo de la Audiencia malagueña a 95 procesados. El ex asesor de urbanismo se estrenó con una táctica ya conocida y a la que han recurrido numerosos ediles gilistas: echarle la culpa de todo al ex alcalde de Marbella, Jesús Gil, ya fallecido. "No existe ningún dato objetivo que demuestre que Juan Antonio Roca dirigiera el ordenamiento urbanístico en Marbella", mantuvo. "El señor alcalde determinaba las condiciones de los convenios, lo que yo hacía en la oficina de Planeamiento Urbanístico era elevar propuestas", añadió.

El juicio, dividido en bloques, ha arrancado con la llamada operación Crucero Banús. La compra, recalificación y venta de estos terrenos reportaron unos beneficios de al menos 6,33 millones de euros a los cuatro socios que participaron: el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, el ex edil gilista y promotor Pedro Román, el ex comisario de policía Florencio San Agapito y el abogado Juan Germán Hoffman. El fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, considera claves los manejos de Roca en el urbanismo marbellí para conseguir que el negocio tuviera éxito.

Roca, de 57 años, comenzó a declarar a las 13.00, cuando parecía que el presidente del tribunal, José Godino, iba a dar por terminada la sesión. Todas las miradas estaban puestas en él para saber si el ex asesor aceptaba los cargos y decidía colaborar con la justicia. En las últimas semanas se especulaba sobre posibles negociaciones con la fiscalía para tirar de la manta a cambio de una rebaja en los 30 años de cárcel que pide para él el ministerio público por blanqueo, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho.

Antes de que el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero comenzara a preguntarle, pidió al tribunal que tuviera en cuenta la falta de unas diligencias sobre las que quiere responder cuando se retome el juicio en enero de 2011. Después se dispuso a contestar sin prisa y comprobando en sus notas cada cifra que daba de memoria. El fiscal le bombardeó a preguntas durante unos 50 minutos. El ex asesor apenas varió el tono de sus respuestas, aunque se permitió alguna que otra licencia, como recordarle a López Caballero que se habían archivado todas las diligencias que abrió cuando era fiscal de Medio Ambiente por delitos contra el territorio y que le afectaban.

Ya en faena, Roca reconoció que en octubre de 2001 participó con un 15% en la compra de los terrenos de Puerto Banús que estaba gestionando Pedro Román. Aportó 742.000 euros de dinero "no declarado" en cuatro cheques de moneda extranjera y 50.000 euros en efectivo. Según Roca, el dinero venía de la venta del 100% de la sociedad Altos de Gualdamina. Por eso, cuando el fiscal le preguntó por la forma en la que había declarado a Hacienda los 1,5 millones que recibió por el negocio le contestó: "Si yo participo con dinero opaco, difícilmente voy a declarar beneficios". El dinero se ingresó en la fundación Melifero que Roca ya tenía abierta en el paraíso fiscal de Liechtenstein.

Lejos de reconocer que había hecho un buen negocio, Roca dejó caer que tanto a él, como al ex comisario Florencio San Agapito, les habían hecho pagar "un plus" por apuntarse más tarde. "He observado cosas muy extrañas (...)Ahora me he enterado de que la compra se hizo por 4,3 millones y no por 4,9 como creía", dijo.

El ex asesor explicó que la parcela que compraron venía con un convenio previo y que Pedro Román lo renegoció personalmente con Jesús Gil. Fue el entonces alcalde quien, según Roca, le pidió que duplicara las cesiones que los compradores tendrían que hacer al Ayuntamiento, de forma que pasaron de tener que pagar 360.000 euros a 1.4 millones. El acuerdo se firmó a partir del plan urbanístico de 1998, declarado ilegal. Finalmente, se entregaron 240.000 euros.
La primera declaración del ex asesor

- "No existe ningún dato objetivo de que Juan Antonio Roca Nicolás influye, decide o actúa de forma para que se dé una licencia urbanística".

- "El señor alcalde (Jesús Gil) determinaba las condiciones de los convenios siempre. Lo que yo hacía en la oficina de planeamiento era elevar propuestas."

- "Si yo participo con dinero opaco, difícilmente voy a declarar el beneficio a las autoridades españolas".

- "Los beneficios de la operación Crucero Banús se me devuelven en Suiza porque yo entrego el dinero en Suiza".

- "He observado cosas muy extrañas (...) creo que a Florencio y a mi se nos ha hecho pagar un plus por entrar después. Pensaba que el precio de compra eran 4,9 millones y no 4,3 millones".



* El País - 21.1210
Foto: Juicio Malaya - elmundo

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La Xunta contamina un río con obras vetadas por Augas de Galicia

ELPAÍS* : La Dirección Xeral de Infraestructuras estaba avisada por Augas de Galicia: el proyecto de un puente sobre el río Pego, para construir un ramal de la autovía Santiago-Brión, no se podía ejecutar en los términos en que estaba previsto. Pero Infraestructuras siguió adelante sin autorización. Realizó una modificación de planos "insuficiente" e impulsó las obras sin contar con Augas. Como consecuencia de los trabajos, el pasado 10 de septiembre un vertido "directo y sin depuración" provocó la muerte de un elevado número de ejemplares de peces, principalmente truchas. Las obras provocaron destrozos en la zona de servidumbre y de dominio hidráulico y el derrumbe de un talud. El caso está siendo investigado por la fiscalía especializada en la defensa del medio ambiente.

El proyecto, en el término municipal de Brión, enfrentó a dos departamentos de la misma consellería, la de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, que dirige Agustín Hernández, de la que depende Augas de Galicia. Y en los dos tuvo un papel protagonista Ethel Vázquez, responsable de Augas de Galicia cuando se denegó el permiso de obra, y que se estrenaba al frente de Infraestructuras precisamente el mismo día que se desencadenó el vertido.

Según las diligencias practicadas por el equipo de investigación del Seprona, de la Guardia Civil, la solicitud de autorización de las obras entró en Augas de Galicia el 5 de junio de este año. Tras estudiar los planos, se determinó que las condiciones del reglamento del dominio público hidráulico "no se cumplen en el proyecto presentado", por lo que Augas requirió a Medio Ambiente a enmendar los planos "ajustados a la legalidad". Según el informe de la Guardia Civil, Infraestructuras autorizó igualmente las obras. Según un portavoz de la consellería de Hernández, se hizo después de alcanzar un acuerdo verbal con Augas.Augas de Galicia advirtió de que el proyecto "no se ajustaba a la legalidad". Infraestructuras remitió después una documentación sobre las obras, ya iniciadas, en la que proponía nuevos planos, reponer la zona de servidumbre y acondicionar los taludes y nuevos planos, medidas que Augas consideró "insuficientes". La Guardería Fluvial observó no obstante el día del vertido que buena parte de la obra estaba ejecutada, en unas condiciones que reducían "aún más la faja de servidumbre".

Además de la carencia de autorización, Augas remitió un informe a la Guardia Civil en el que revela múltiples irregularidades. Por ejemplo, inexistencia de balsa de contención, invasión de la zona de servidumbre, medidas "nulas" de protección frente a desbordamientos o invasiones del cauce, ausencia de dispositivos de retención de filtrado y sedimentos y el depósito de un manto de hormigón de unos 18 metros sobre todo el ancho del fondo del cauce.

Además, dos días antes del desastre, Augas advirtió de que las bombas de achique no estaban conectadas y el vertido era "claramente" directo y sin depuración previa. La empresa tampoco puso en conocimiento de las autoridades la mortandad de truchas, de forma que, como concluye Augas, de no haberse recibido la alarma, "se hubiesen seguido produciendo los vertidos". El informe del ente denuncia "falta total de coordinación de medios", "una pasividad total" respecto a los efectos ambientales "y un desinterés generalizado del ordenamiento jurídico".

Toda esta información está documentada en las diligencias practicadas por la Guardia Civil, que conforman un detallado relato sobre la contaminación y la mortandad de peces ocurrida en el río Pego el 10 de septiembre y sobre el incumplimiento de la legislación hidráulica. Según el testimonio del director de obra, la acumulación de filtraciones de agua en la excavación obligó a bombear y verter directamente al cauce "lixiviados contaminados de hormigón de limpieza".

Los agentes de la Guardia Civil comprobaron que 200 metros río abajo del vertido "no se aprecia vida acuícola", y que en los primeros 300 metros encontraron 35 truchas muertas y la presencia de fango en el fondo del cauce, por lo que consideraron "previsible" que "pueda haber una cantidad muy superior de peces muertos". El Seprona también comprobó que en la margen derecha del Pego, y a lo largo de 20 metros, se "arrancó toda la zona de servidumbre y afectó a la de dominio hidráulico".

Según un portavoz de Medio Ambiente -la ex presidenta de Augas y directora de Infraestructuras declinó hacer declaraciones-, tras la desautorización inicial, técnicos de los dos departamentos buscaron una solución, y las obras comenzaron después de recibir de Augas "instrucciones verbales". La consellería considera que "no está claro" que el vertido se deba a la construcción del puente.



* El País - 20.12.10
Foto: Río Pego (A Coruña) - todopueblos

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Soluciones urbanísticas a la carta

ELPAÍS/Córdoba/Jaén* : Un mismo problema, pero dos soluciones distintas. Las capitales de Córdoba y Jaén plantean alternativas diferentes para regularizar las miles de viviendas ilegales, muchas de ellas construidas en zonas inundables, edificadas en las últimas décadas entre la pasividad de la Administración. Mientras que el Ayuntamiento cordobés cierra la puerta a la legalización de las casas en zonas protegidas y de avenidas, y ha propuesto a los vecinos afectados acogerse a viviendas de protección oficial en régimen de alquiler a cambio de demoler las edificaciones, el Consistorio de Jaén plantea una autorización general para las 5.000 viviendas alegales y deja en manos de la Junta de Andalucía la identificación de las que no son susceptibles de regularizar.

En Córdoba se calcula que hay alrededor de un centenar de parcelaciones ilegales que suman unas 6.000 viviendas repartidas entre la sierra y sus faldas, lindando algunas con el mismo río. Son estas las que sufren regularmente la fuerza del agua, pues se construyeron de manera irregular en zonas inundables. Estas urbanizaciones forman parte del grupo de parcelaciones que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2003 considera como irreconducibles, al encontrarse en zonas de especial riesgo o por asentarse en lugares de especial protección (como las del entorno de Medina Azahara, área declarada Bien de Interés Cultural).

A pesar de su inviabilidad, muchas de ellas se acogieron a los planes especiales del medio rural para dotarse de asistencias básicas como los servicios de luz y de agua. Ello terminó agravando el problema, pues asentaba más las poblaciones en aquel territorio.

El resto de las zonas donde hay parcelaciones, pero que no están sujetas a ningún nivel de protección, se declararon áreas que pueden ser urbanizables a través de planes específicos.

En Jaén, el pleno municipal aprobó el pasado mes de noviembre la inclusión en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de las 5.000 viviendas, la mayoría de segunda residencia, construidas en las últimas décadas en las zonas próximas a los ríos y en la periferia.

El Ayuntamiento ha contado con la complicidad de la Junta de Andalucía, que ha indultado 142 chalés para los que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ordenó su demolición por ocupar el dominio público hidráulico. Los nuevos informes determinan que sólo habrá que demoler una vivienda y otras 12 sufrirán derribos parciales.

El PSOE y el Partido Popular, en la oposición, se han unido para acometer esta legalización masiva, que rechaza Izquierda Unida, socio de gobierno de los socialistas, por la fórmula elegida, en concreto por la catalogación como suelo urbano consolidado.

De este modo, los propietarios únicamente pagan los gastos de los servicios comunes (agua o luz), pero no tendrán que asumir los gastos de urbanización (viales, zonas verdes, etc.) ni ceder al Ayuntamiento el 10% de los aprovechamientos urbanísticos, algo preceptivo en caso de ser suelo urbano no consolidado.

Es otra de las diferencias con relación a Córdoba, donde los proyectos sí están costeados por los dueños de las viviendas, aunque es cierto que ninguna de las actuaciones ha culminado todavía.

Lo que ocurre es que la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, cuyo departamento tiene la última palabra para aprobar el PGOU, vertió el pasado jueves un jarro de agua fría al Ayuntamiento jiennense al recordarle que no podrán legalizarse las viviendas que estén en zonas protegidas o inundables y, en todo caso, cuando sí sea posible acometer su regularización deben ser los vecinos los que contribuyan al pago del coste de las infraestructuras y equipamientos. Es decir, todo lo contrario a lo aprobado por el pleno jiennense.

Pero, la alcaldesa jiennense, Carmen Peñalver, dice que lo aprobado se hizo con "criterios técnicos y respeto a la ley". El gobierno de Jaén quiere ahora que sean las distintas consejerías de la Junta las que informen qué viviendas están en zona protegida y cuáles no. "Y los vecinos que tengan viviendas en esas zonas tendrán que asumir la urbanización", apuntó Peñalver, que puso como ejemplo la legalización de la barriada de Valdeastillas, cuyos vecinos tuvieron que pagar los costes y ceder suelo a la ciudad.

Otra incógnita son los expedientes abiertos por la justicia por construcciones ilegales. En concreto, hay medio centenar de órdenes de derribo y más de un centenar de procedimientos abiertos, aunque tanto los vecinos afectados como el propio Ayuntamiento creen que la regularización de las viviendas acabará también con la amenaza jurídica.




* El País - 20.12.10
Foto: Córdoba, inundaciones Guadalquivir - elpais.com

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Protesta masiva de webs de descargas contra la ´Ley Sinde´

EP/Madrid - Más de una veintena de páginas webs han cerrado como protesta ante la posible aprobación el próximo martes de la disposición conocida como ’Ley Sinde’, una medida que convertirá a Internet "en una tele más, al servicio del poder". ’Cinetube’, ’Series Yonkis’, ’El Rincón de Jesús’, ’Cine Gratis’ o ’Por descarga directa’ han sido algunos de los participantes de esta iniciativa, que en la mayor parte de los casos redirigen a un texto explicativo del motivo del cierre a todos los usuarios que quieren acceder a sus contenidos. "Si se aprueba la ’Ley Sinde’, esta página desaparecerá. Internet será una tele más, al servicio del poder. Por la libertad de expresión en la Red. No a la censura. No a la Ley Sinde. No al cierre de webs", han explicado en ese breve texto. Todos ellos redirigen a los usuarios al portal ’No al cierre de webs’ un espacio donde se encuentra un manifiesto del movimiento. ’No al cierre de webs’ aloja también ’links’ a algunos de los principales sitios que se han opuesta a la ’Ley Sinde’ como Red Sostenible’. En su última entrada, pide a los internautas "seguir tejiendo" ayuda para evitar la disposición ya que, en caso de aprobarse, supondría "un cambio para siempre para todo el Internet español".

"Te invitamos a ver los vídeos, a escuchar, a leer y a reflexionar. Cuando te hayas informado acerca del peligro para las libertades que representa la Ley Sinde, no te quedes sentado. Sal a la calle y explícalo a todas aquellas personas que conozcas, muy especialmente a aquellas que viven desconectadas de Internet", ha explicado a los ciudadanos.

Este documento responsabiliza a Estados Unidos como "incitador" de la aprobación de la medida, puesto que "ha presionado y pisoteado la soberanía nacional española" para sacar adelante el cierre de webs. "Es una imposición extranjera para lograr una Internet sumisa y aceptable", ha señalado.

Pese a que varios de los internautas que han intentado acceder a alguna de esta web se ha visto perjudicado —incluso alguno de ellos estaban utilizándolas cuando se ha producido el ’apagón, tal y como relatan en diversos foros—, la mayoría se ha mostrado partidario de la propuesta para defender la "libertad" en Internet.

El PNV podría "tumbarlos"

Según recoge el proyecto de ley de Economía Sostenible, una comisión del Ministerio de Cultura podrá bloquear una página web si entiende que vulnera la propiedad intelectual o es susceptible de causar daño patrimonial a los autores. Eso sí, la ejecución de dicho acto requerirá de autorización judicial.

El Gobierno prevé aprobar la disposición cuando se vote la ley en la Comisión de Economía del Congreso del próximo martes, si bien podría no contar con el apoyo de su socio presupuestario. Así, el PNV estaría dispuesto a ’tumbar’ la medida pidiendo una votación separada de la disposición, con lo que la oposición podría unir fuerzas para rechazarlas.

* Diario Información



* Tortuga - EP. - 19.12.10

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Sanxenxo gasta 900.000 euros en pleitos desde 2006

ELPAÍS/Pontevedra* : El desparramado crecimiento urbanístico de Sanxenxo ha dado pie en los últimos años a que al Ayuntamiento del turístico municipio pontevedrés haya tenido que destinar una buena parte de sus fondos a afrontar gastos judiciales. Entre 2006 y 2009 las facturas municipales por pleitos y asesorías jurídicas alcanzaron los 900.000 euros, de los cuales más de la tercera parte corresponden a los gastos generados por la Xerencia de Urbanismo. Tan frenética actividad en los juzgados ha supuesto una constante fuente de ingresos para los despachos con los que habitualmente colabora el Gobierno local, según datos de la intervención municipal. Entre ellos, destaca el bufete de José Luis Narbón, ex director general de Urbanismo entre 1990 y 1997 a las órdenes de José Cuiña, a la sazón conselleiro de Ordenación do Territorio. Narbón, que ha vuelto a tener un papel destacado en el diseño de los planes urbanísticos del Gobierno autónomo tras la vuelta del PP al poder en 2009, cobró unos 345.000 euros entre los pagos que recibió a su nombre y los que registró a través de su bufete, Urbagalex.

Desde el Ayuntamiento de Sanxenxo, un portavoz asegura que la hinchazón en las facturas es consecuencia directa de los pleitos suscitados a raíz de la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de la villa en 2003. Entonces aún era alcalde el constructor Telmo Martín, que se prepara ahora para su segundo asalto electoral al Gobierno de la capital provincial.

En los años a que se refieren los informes, los gastos municipales aumentaron progresivamente. En 2006 fueron 131.000 euros que subieron ligeramente al año siguiente hasta los 176.000, para dispararse en 2008 a los 327.000. El año pasado la factura se redujo un tanto, pero se mantuvo, con 267.000, por encima de los dos primeros.

Narbón se distinguió, durante la etapa del bipartito, por defender promociones inmobiliarias en A Guarda y Oia, siempre contra el criterio de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Tras la llegada de Agustín Hernández a la Consellería de Territorio, el departamento le encargó, en cambio, un "estudio sobre el panorama del derecho urbanístico español" por el que recibirá 67.000 euros que la Xunta enmarca en los "trabajos previos" a la redacción de una nueva ley gallega del suelo.

Los pagos del Ayuntamiento a Narbón, a título personal o a través de su empresa, arrojan una media de 86.500 euros al año entre 2006 y 2009. Se trata de una cantidad muy similar a la que recibirá este año -84.600- a raíz de un convenio firmado el pasado marzo por la alcaldesa, Catalina Gómez, según el cual el abogado se compromete a ejercer las labores de asistencia jurídica, emisión de dictámenes y asesoría general.

Desde el Gobierno local aseguran, por otra parte, que Narbón fue contratado en 2007 por un periodo de tres años como asesor, un compromiso que se ratificó de nuevo este año. Este acuerdo, se limita a un sueldo mensual de 700 euros en su primera redacción y de 1.000 tras su renovación. Todos los demás abonos, insisten, son resultado de los pleitos que Narbón le llevó al Ayuntamiento.




* El País - 20.12.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra), zona nueva urbanización - farodevigo.es

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Recetas para habitar el mundo

LAVERDAD/Murcia* : ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para hacer frente a la situación crítica actual y contribuir a que se fortalezca el movimiento que propone que otro mundo es posible sin hacer una revolución? Intelectuales y activistas sociales que acaban de pasar por el Foro de la Mundialización, que patrocina la Fundación Cajamurcia y coordina el profesor Francisco Jarauta, plantean una serie de propuestas que responden a esta pregunta. Las ideas de François Houtart, prestigioso sociólogo y economista y uno de los fundadores del Foro Mundial Social de Porto Alegre; el filósofo y catedrático de la Universidad de Murcia, Francisco Jarauta; el ex director de Greenpeace España y promotor de la plataforma política Equo, Juan López de Uralde; y los participantes en el Centro Social Autogestionado de La Tabacalera de Madrid, Ana Sánchez y Daniel Jiménez, sirven para elaborar este recetario para habitar el mundo del siglo XXI. Un mundo que vive azotado por multitud de crisis (económica y financiera, social, alimentaria, energética, ecológica, de valores), que han puesto en jaque el Estado de Bienestar, así como los beneficios sociales de los ciudadanos en Occidente (fruto de las medidas tomadas por los gobiernos para atajar la crisis económica y empujadas por el poder financiero) y que atacan los modelos diferentes que subsisten en el resto del planeta.

Lo primero es tomar conciencia de que estamos en un modelo que no se puede reproducir de esta manera por mucho tiempo y que debemos estar preocupados por ver cómo construir otro. Eso es un problema político, de dar el voto cuando hay elecciones, de tener una conciencia social, política, información..., que evidentemente no es fácil.
Es la primera receta para habitar el mundo. Aprenderás más, reflexionarás más, tendrás más fuerza para actuar. Somos animales sociales y necesitamos lo social para desarrollarnos. A través de la cooperación y el apoyo mutuo mediante organizaciones de consumidores, ampas, sindicatos, redes vecinales o cualquier organización con una función clara y no adoctrinadora, se combate el aislamiento, porque aislados somos más débiles y juntos resistimos mejor. En sociedades tan individualizadas como las actuales, los pequeños grupos pueden hacer mucho. La gente es más poderosa de lo que cree y puede utilizar ese poder de manera creativa. También es necesario organizarse a nivel político.
Hay varios lugares donde se puede llevar a cabo la promoción de acciones. Se puede actuar sobre el clima recuperando la agricultura orgánica como he visto en China o Cuba, donde se desarrolla una agricultura urbana, apunta Houtart. El respeto de la naturaleza, si tenemos esta conciencia, nos puede llevar a muchas prácticas cotidianas y concretas: ahorrar la energía y exigir un consumo más respetuoso con la naturaleza. También participar en movimientos de defensa de la naturaleza, contra la privatización de los recursos naturales como el agua, contra las multinacionales que monopolizan las semillas... Hay un montón de cosas en relación con la naturaleza que son de un alcance posible para la gente, pero a condición de ser consciente. Defender la agricultura campesina, más eficaz que el monocultivo del modelo occidental que destruye los suelos, las aguas y provoca desiertos. Usar la bicicleta como medio de transporte por las ciudades, una alternativa que se está mostrando como muy importante en Europa y está generando una gran movilización.
Utilizar, si uno tiene ahorros, un banco ético, que cuida sus inversiones apoyando propuestas encaminadas a la sostenibilidad, el apoyo a los derechos humanos, la lucha contar la pobreza... «Ésta es una alternativa muy relevante porque en este momento vemos que el dinero decide hacia dónde van las prioridades y si van hacia una situación de impulso a proyectos sostenibles, estamos mejorando la situación», puntualiza López de Uralde. Participar en iniciativas de economía social como el comercio justo. Integrarse en cooperativas de consumo, que acercan a productor y consumidor y que pueden dar mucho impulso a la agricultura ecológica, además están generando un mercado más justo y de productos ecológicos. «Con tu compra puedes hacer mucho daño», advierten Ana Sánchez y Daniel Jiménez, participantes en el Centro Social Autogestionado de La Tabacalera de Madrid. Otro de los consejos en materia económica es no hipotecarse. Hay que pensar a largo plazo porque hipotecarte te sitúa en una situación de debilidad futura muy fuerte. Esto ha sido una trampa que ha conseguido tener a la gente más tranquila, porque es más difícil soportar un conflicto laboral si no se tiene capacidad de acción.
El consumo está destrozando el planeta, y más este consumo de todo a cien, con productos muy baratos y de muy mala calidad, que duran muy poco y tienen un impacto brutal. Para ello es necesario el incremento del reciclaje y dar el mayor uso posible a los productos mediante la organización de una red de mercadillos de trueque o fomentando los bancos de tiempo. Vivimos en una sociedad que socializa a través del consumo y sería fundamental, aunque muy difícil, un cambio psicológico que lleve a la gente a sentirse bien con lo que tiene y con cómo es para que no responda a los impulsos publicitarios. Es muy difícil, porque hasta el urbanismo de las ciudades está pensado para consumir; las calles no son más que zonas de tránsito entre negocios y comercios. No comprar productos que hayan hecho miles de kilómetros para llegar al consumidor y con muchos daños a la naturaleza.
Impulsar un nuevo acuerdo verde que potencie los sectores de las energías renovables, de la agricultura ecológica, de la rehabilitación de edificios para que sean más eficientes energéticamente y las políticas de reciclaje y compostaje que van a generar más empleo y nos van a ayudar de la crisis ecológica en la que también estamos. Hay que recuperar aquello de trabajar menos para trabajar todos, porque el actual modelo económico no tiene capacidad para hacer frente a toda la demanda de empleo que hay. Eliminar los paraísos fiscales, recuperar las tasas a los intercambios financieros internacionales e incrementar los controles al mundo financiero para que los gobiernos recuperen el control de la situación y dejen de estar en manos de los bancos e instituciones financieras. Promover un modelo energético basado al 100% en las energías renovables (agua, viento y sol). «La Tierra recibe 15.000 veces más energía del Sol de la que consume la Humanidad y tenemos que aprender a aprovechar ese potencial de manera más eficiente», matiza López de Uralde. Impulsar las formas multilaterales de gestión de problemas a través de una reforma de la ONU de la gobernanza mundial y promover medidas de lucha contra la pobreza y el hambre.



* La Verdad - 20.12.10

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Castellón.- El 'caso Fabra' cumple siete años sin haber podido cerrar la investigación

ELPAÍS* : El 18 de diciembre de 2003, el empresario Vicente Vilar presentó una denuncia contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, al que acusó de cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de favores políticos. La "trama" consistía en mediar ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para tratar de agilizar la obtención de autorizaciones para fabricar productos fitosanitarios (pesticidas y herbicidas). Luego, Fabra cobraba por estas gestiones, según dijo Vilar entonces y ahora aseguran tanto la fiscalía como la acusación popular, representada por la UCE. Fue el inicio del llamado caso Fabra. Desde entonces han pasado siete años, pero el procedimiento aún no está resuelto y, de hecho, aún se mantiene viva una parte de la investigación. Fabra está imputado desde entonces y sobre él persiste tanto la presunción de inocencia como la sospecha de que podría ser autor de varios delitos, por los que la Fiscalía Anticorrupción le pide hasta 15 años de cárcel. Tráfico de influencias, cohecho y cinco fraudes fiscales son las acusaciones de las que debería responder, según el fiscal.

La investigación y posterior acusación por los delitos fiscales se amplió ante la sospecha de que Fabra podría haber ocultado al fisco las ganancias obtenidas de forma ilícita.

De momento, la fase inicial del procedimiento, la de la instrucción, se demorará, al menos, dos meses más, que es el tiempo que el juez ha otorgado a los peritos para que cotejen, por si hubiera que rectificar alguna cosa, el informe que tardaron cinco años en elaborar con la documentación aportada por el propio Fabra este mes. Según los peritos, Fabra y su entonces esposa, María Amparo Fernández, ingresaron en sus cuentas, de forma muy fragmentada e incluso con varias operaciones en un mismo día, un total de 3,6 millones de euros de los que no está justificado el origen y que derivó en una defraudación a las arcas públicas de 1,7 millones de euros. El presidente de la Diputación alega que el dinero procede de movimientos entre cuentas.

La denuncia inicial de Vicente Vilar ha derivado en una voluminosa y compleja instrucción, que ha tenido como escenario principal el juzgado número 1 de Nules, por el que, en este tiempo, han pasado siete jueces que, en una medida u otra, han participado en las diligencias.En 2008, el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, desveló que no se presentaría a ninguna elección más, cuando ya llevaba 13 años al frente de la institución provincial. En octubre de 2009 corroboró esta decisión y aseguró que no se presentaría al próximo proceso electoral, que se celebrará en mayo de 2010, cuando culminará cuatro legislaturas al frente de la misma institución. Todo hace prever que, para entonces, el procedimiento en el que se le acusa de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, aún no esté resuelto, con lo que Fabra abandonará la vida pública (aunque no el partido) sin tener una decisión firme y judicial sobre sus imputaciones. En cualquier caso, él ya se ha mostrado "absuelto por las urnas", tal como dijo tras la abultada ventaja obtenida respecto al resto de partidos en las últimas elecciones municipales.

"No se puede pretender que en la fase de instrucción se practiquen diligencias de prueba indefinidas al objeto de acreditar plenamente, aunque sea de forma provisional, los hechos objeto de imputación (...), solamente deben practicarse las necesarias". El actual titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, trató de cerrar la fase de la investigación en mayo pero se topó con la decisión de la Audiencia de Castellón de seguir dando plazos y autorizaciones para la práctica de pruebas.

Al margen del estudio de la documentación que acaba de aportar Fabra al juzgado para tratar de rebatir las conclusiones de los peritos, que destaparon la comisión de cinco presuntos delitos fiscales, el proceso se encuentra actualmente pendiente de la resolución de un recurso en el que el presidente de la Diputación reclama el archivo de la imputación por cuatro de los cinco delitos fiscales al considerarlos prescritos.

En su argumentación, la defensa de Fabra mantiene que la imputación por estos delitos no fue formal hasta el pasado mes de mayo, después de que los peritos presentaran el informe que destapaba los presuntos fraudes a la Hacienda Pública. La defensa también alega que hasta hace siete meses no hubo denuncia alguna, al margen de la presentada por la Agencia Tributaria, por el ejercicio de 1999. De aceptar alguna de estas tesis, los delitos estarían prescritos porque habrían pasado los cinco años de plazo desde el momento en el que se cometieron los hechos.

Sin embargo, la investigación de las cuentas y patrimonio de Fabra, desplegada para los años comprendidos entre 1999 y 2004, fue ordenada por la misma Audiencia que ahora debate la prescripción y, según algunas tesis, el inicio del procedimiento en su contra, paraliza el plazo de prescripción. En esta misma línea se podría estimar que la denuncia de la Agencia Tributaria por el ejercicio de 1999 dio lugar a la apertura de este nuevo procedimiento que, además, no se fijó en años anteriores, precisamente, porque estarían prescritos incluso en aquel momento, en 2005, cuando comenzó la investigación fiscal.

Aún en el caso de que la Audiencia declarara estos delitos como prescritos, quedaría por resolver el fraude de 1999 y las acusaciones de tráfico de influencias y cohecho.

El hecho de que, definitivamente, sea un tribunal técnico y no un jurado popular quien juzgue a Fabra, en el caso de que llegue a sentarse en el banquillo, retrasa más las resoluciones puesto que, una vez acabada la fase de instrucción, el juez debería decretar un auto de procedimiento abreviado, tras el que podría venir el de apertura de juicio oral, que son recurribles. Además, los casos que son vistos por tribunales técnicos siempre se señalan con un plazo de tiempo mucho mayor que los que han de resolverse con un jurado popular.
Las fechas del proceso

- Diciembre de 2003. Vicente Vilar se querella contra Carlos Fabra y le acusa de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

- Junio de 2005. La Agencia Tributaria presenta una denuncia contra Fabra por un presunto delito fiscal cometido en 1999. En junio, la justicia decide investigar las cuentas y el patrimonio de toda la familia Fabra.

- Mayo de 2010. Los peritos judiciales detectan 3,6 millones de euros sin justificar y un fraude fiscal de 1,7 millones de euros.

- Junio de 2010. El juez imputa a Fabra los presuntos delitos de "tráfico de influencias, cohecho y cinco fraudes fiscales" y trata de dar por terminadas las diligencias pero la Audiencia da plazo para nuevas diligencias




* El País - 18.12.10
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elpais.com

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Vuelve la expectación mediática con la reanudación del juicio del 'caso Malaya'

ELMUNDO/Marbella* : El juicio por el 'caso Malaya', la operación contra la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento en la historia de España, se reanuda hoy con la declaración del ex comisario de Policía Florencio San Agapito. El procesado está acusado de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública por los que se enfrenta a nueve años de cárcel y será interrogado por la 'Operación Cruceros Banús', dentro del bloque de blanqueo de capitales. Florencio San Agapito estuvo destinado a finales de la década de los ochenta en el Ministerio del Interior como director del gabinete de Administración, Documentación e Informática de la Secretaría de Estado para la Seguridad, y a finales de los años noventa fue director de Seguridad de Tabacalera.

Pendientes de Roca

Tras finalizar su declaración se continuará con la comparecencia del ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, que se enfrenta a una petición fiscal de treinta años de cárcel, 44 años de inhabilitación y 810,78 millones de euros de multa.

Esta semana vuelve una gran expectación mediática debido a la declaración de Roca, por si acusa a alguien con nombre y apellidos, y si desvela los entresijos de la moción de censura que desbancó a Julián Muñoz de la alcaldía de Marbella el 13 de agosto de 2003, entre otras cuestiones.

El ex asesor puede sorprender con su declaración, pues él mismo ya advirtió en 2008 ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que diría la verdad "con todo lo que ello comporta" en las causas judiciales que tenía pendientes en los siguientes años, entre ellas Malaya.

Su cambio de estrategia personal de defensa puede deberse, según fuentes cercanas a su entorno, a un intento de favorecer a familiares que también están sentados en el banquillo de los acusados.

Dichos cambios no siempre han sido apoyados por sus abogados, los que en ocasiones se han llegado a oponer a ellos, como en el "caso Urquía", contra la actuación del juez de Marbella Francisco Javier de Urquía.
El único procesado que sigue encarcelado

El ex asesor de Urbanismo será conducido hasta la Ciudad de la Justicia por las fuerzas de seguridad, y es el único de los procesados que continúa encarcelado, aunque no por el 'caso Malaya', por el que ya cumplió cuatro años en prisión preventiva, sino por el 'caso Saqueo', en relación con el desvío de cerca de 24 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 1995.

El fiscal destaca la posición de "dominio" que Roca ejerció sobre la Corporación de Marbella, con la que comenzó a estar vinculado en 1992 mediante una relación laboral con ciertas sociedades municipales, y que acrecentó hasta que fue nombrado asesor personal de la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, en agosto de 2003.

Al presunto cerebro de la trama se le acusa de blanqueo de capitales en el ámbito de una organización, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, ambos como inductor, así como de fraude y cohecho pasivo como acto injusto.

Entre los 95 imputados en este proceso hay ex alcaldes y concejales, abogados y empresarios que han estado vinculados a los sectores de la construcción, los toros o el fútbol.

El 'caso Malaya', cuya investigación judicial arrancó a finales de 2005, tuvo como consecuencia una medida inédita en la historia democrática: la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril de 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007.




* El Mundo - EFE - 20.12.10
Foto: Marbella, puerto Banús - diariosur.es

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