La investigación y posterior acusación por los delitos fiscales se amplió ante la sospecha de que Fabra podría haber ocultado al fisco las ganancias obtenidas de forma ilícita.
De momento, la fase inicial del procedimiento, la de la instrucción, se demorará, al menos, dos meses más, que es el tiempo que el juez ha otorgado a los peritos para que cotejen, por si hubiera que rectificar alguna cosa, el informe que tardaron cinco años en elaborar con la documentación aportada por el propio Fabra este mes. Según los peritos, Fabra y su entonces esposa, María Amparo Fernández, ingresaron en sus cuentas, de forma muy fragmentada e incluso con varias operaciones en un mismo día, un total de 3,6 millones de euros de los que no está justificado el origen y que derivó en una defraudación a las arcas públicas de 1,7 millones de euros. El presidente de la Diputación alega que el dinero procede de movimientos entre cuentas.
La denuncia inicial de Vicente Vilar ha derivado en una voluminosa y compleja instrucción, que ha tenido como escenario principal el juzgado número 1 de Nules, por el que, en este tiempo, han pasado siete jueces que, en una medida u otra, han participado en las diligencias.En 2008, el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, desveló que no se presentaría a ninguna elección más, cuando ya llevaba 13 años al frente de la institución provincial. En octubre de 2009 corroboró esta decisión y aseguró que no se presentaría al próximo proceso electoral, que se celebrará en mayo de 2010, cuando culminará cuatro legislaturas al frente de la misma institución. Todo hace prever que, para entonces, el procedimiento en el que se le acusa de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, aún no esté resuelto, con lo que Fabra abandonará la vida pública (aunque no el partido) sin tener una decisión firme y judicial sobre sus imputaciones. En cualquier caso, él ya se ha mostrado "absuelto por las urnas", tal como dijo tras la abultada ventaja obtenida respecto al resto de partidos en las últimas elecciones municipales.
"No se puede pretender que en la fase de instrucción se practiquen diligencias de prueba indefinidas al objeto de acreditar plenamente, aunque sea de forma provisional, los hechos objeto de imputación (...), solamente deben practicarse las necesarias". El actual titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, trató de cerrar la fase de la investigación en mayo pero se topó con la decisión de la Audiencia de Castellón de seguir dando plazos y autorizaciones para la práctica de pruebas.
Al margen del estudio de la documentación que acaba de aportar Fabra al juzgado para tratar de rebatir las conclusiones de los peritos, que destaparon la comisión de cinco presuntos delitos fiscales, el proceso se encuentra actualmente pendiente de la resolución de un recurso en el que el presidente de la Diputación reclama el archivo de la imputación por cuatro de los cinco delitos fiscales al considerarlos prescritos.
En su argumentación, la defensa de Fabra mantiene que la imputación por estos delitos no fue formal hasta el pasado mes de mayo, después de que los peritos presentaran el informe que destapaba los presuntos fraudes a la Hacienda Pública. La defensa también alega que hasta hace siete meses no hubo denuncia alguna, al margen de la presentada por la Agencia Tributaria, por el ejercicio de 1999. De aceptar alguna de estas tesis, los delitos estarían prescritos porque habrían pasado los cinco años de plazo desde el momento en el que se cometieron los hechos.
Sin embargo, la investigación de las cuentas y patrimonio de Fabra, desplegada para los años comprendidos entre 1999 y 2004, fue ordenada por la misma Audiencia que ahora debate la prescripción y, según algunas tesis, el inicio del procedimiento en su contra, paraliza el plazo de prescripción. En esta misma línea se podría estimar que la denuncia de la Agencia Tributaria por el ejercicio de 1999 dio lugar a la apertura de este nuevo procedimiento que, además, no se fijó en años anteriores, precisamente, porque estarían prescritos incluso en aquel momento, en 2005, cuando comenzó la investigación fiscal.
Aún en el caso de que la Audiencia declarara estos delitos como prescritos, quedaría por resolver el fraude de 1999 y las acusaciones de tráfico de influencias y cohecho.
El hecho de que, definitivamente, sea un tribunal técnico y no un jurado popular quien juzgue a Fabra, en el caso de que llegue a sentarse en el banquillo, retrasa más las resoluciones puesto que, una vez acabada la fase de instrucción, el juez debería decretar un auto de procedimiento abreviado, tras el que podría venir el de apertura de juicio oral, que son recurribles. Además, los casos que son vistos por tribunales técnicos siempre se señalan con un plazo de tiempo mucho mayor que los que han de resolverse con un jurado popular.
Las fechas del proceso
- Diciembre de 2003. Vicente Vilar se querella contra Carlos Fabra y le acusa de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.
- Junio de 2005. La Agencia Tributaria presenta una denuncia contra Fabra por un presunto delito fiscal cometido en 1999. En junio, la justicia decide investigar las cuentas y el patrimonio de toda la familia Fabra.
- Mayo de 2010. Los peritos judiciales detectan 3,6 millones de euros sin justificar y un fraude fiscal de 1,7 millones de euros.
- Junio de 2010. El juez imputa a Fabra los presuntos delitos de "tráfico de influencias, cohecho y cinco fraudes fiscales" y trata de dar por terminadas las diligencias pero la Audiencia da plazo para nuevas diligencias
* El País - 18.12.10
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elpais.com
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