Los hechos se remontan al 27 de octubre de 2007 cuando el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, presidido por Luz Reverón, aprobó una modificación del proyecto de aparcamiento en la entrada de la playa de Las Teresitas, que ya había recibido un primer visto bueno de ese organismo en junio de 2006, y la adjudicación a la constructora Obrascon Huarte Lain (OHL). Este proyecto modificado se aprobó sin haberse dictado las autorizaciones preceptivas del Ministerio de Medio Ambiente, al extenderse las obras a la zona de dominio público marítimo terrestre, ni de la Comunidad Autónoma, al afectar a la servidumbre de protección, según explica el auto en los antecedentes de hecho.
Además, en el documento, firmado el pasado 16 de diciembre, se detalla que dos informes realizados por la Agencia de Protección del Medio Ambiente y Natural y por el Servicio del Litoral Occidental, ambos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, confirman que parte de la estructura de la obra ya realizada del mamotreto, concretamente la fachada del frente que da a la caseta de la Cofradía de Pescadores, afectan a la servidumbre de protección en unos 7 metros de fondo por 60 metros de frente.
Asimismo, la zona de acopios invade tanto la servidumbre de protección como la zona de dominio público marítimo terrestre. En cuanto a la parte del edificio aún no construida, resultaría una ocupación del dominio público marítimo terrestre de 1.223 metros cuadrados, según el deslinde aprobado por orden ministerial en febrero de 2009.
De las diligencias practicadas no consta que el proyecto cuente con la concesión administrativa ni con las autorizaciones preceptivas de la Dirección General de Costas, en los trabajos que afectan al dominio público marítimo terrestre, ni de las de la Comunidad Autónoma respecto a los que invaden la servidumbre de protección. "Las obras siguen siendo inviables y no autorizables", según el auto, debido a que la concesión no podía otorgarse por la Dirección General de Costas al no haberse firmado el convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, condicionado a la delimitación del dominio público y a la aprobación del nuevo deslinde.
Gloria Gutiérrez, la diputada regional socialista y abogada que redactó la primera denuncia, explicó ayer que este auto significa que el caso se aproxima al juicio oral. Para ella, se trata de un asunto "muy grave", pues las presuntas irregularidades afectan a un proyecto con un montante total de 35 millones de euros de dinero público, cofinanciadas por el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de la capital. "Se ha atentado contra el territorio, se ha jugado con dinero público y se multiplicó considerablemente la superficie que se podía construir", dijo Gutiérrez.
La vía administrativa
La diputada precisó, sin embargo, que esta última decisión judicial no afecta a la intención de la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de legalizar el mamotreto, pues "este caso va por la vía administrativa, mientras la investigación judicial va por la vía penal, y una no afecta por ahora a la otra".
De cualquier manera, puso en tela de juicio la actuación del consejero regional Domingo Berriel, quien en el pleno del Parlamento de Canarias del pasado día 15 insistió en que el proyecto "es susceptible de legalización".
Paralelamente está por ver si se ejecuta finalmente el acuerdo plenario de derribo del edificio de aparcamientos. El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acordó el 18 de septiembre de 2009, con el voto en contra de CC y CCN, la demolición del conocido popularmente como mamotreto, así como abandonar el proyecto del arquitecto Dominique Perrault para urbanizar la playa, también afectado por todo este embrollo judicial y administrativo.
Según la moción, presentada por el PSOE y que obtuvo el respaldo del PP y de Ciudadanos de Santa Cruz, el proyecto de Perrault y el mamotreto –un aparcamiento privado de pago de 400 plazas que también iba a albergar centros comerciales– suponen un coste desmedido, no se adecúan al entorno y mantienen un peso "desproporcionado" de la "parte lucrativa y de negocio" en una playa que debe conservar su carácter familiar.
* La Opinión Tenerife - 12.10
Foto: Mamotreto las Teresitas - eldia
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