Benidorm.- Urbanismo propone dar licencia de luz a las torres de Punta Llisera

INFORMACIÓN/Alicante* : La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Benidorm debatirá el próximo lunes una propuesta para autorizar a las dos torres que se construyen en la Punta Llisera de Benidorm, a escasos metros del mar, a realizar la acometida eléctrica. El grupo municipal del PP en la localidad manifestó ayer que la licencia para dotar de energía eléctrica a los edificios ha sido solicitada por Edificaciones Calpe, promotora del proyecto, y el expediente se presentará a la comisión "a propuesta de Jaime Llinares, el concejal que hace cuatro años anunció un acuerdo del Ministerio de Medio Ambiente para adquirir la parcela y evitar la construcción de las torres de Punta Llisera".

Este proyecto, que lleva por nombre Gemelos 28, consta de dos torres de 22 alturas a escasos metros del mar, aunque sus obras han estado durante meses paralizadas después de que el Gobierno central anunciara, días antes de las municipales de 2007, su intención de expropiar el solar para incorporarlo al dominio público marítimo-terrestre y crear un parque público. Este anuncio, no obstante, chocó contra los intereses y recursos interpuestos por la mercantil, filial del grupo Ballester y que además disponía de varios fallos judiciales avalando la licencia de edificación, que le fue concedida antes de la aprobación de la Ley de Costas. Finalmente, en abril de 2009, Costas anunció que desistía de continuar con los trámites de expropiación, aludiendo al "interés general" y a los procesos judiciales en contra de la misma.
El grupo del PP, por medio del edil José Ramón González de Zárate, señaló ayer que su partido "nunca" se creyó "las mentiras de Navarro, Llinares y los dirigentes del PSOE", de los que dijo que ahora "les toca tragarse el sapo y todas las promesas que hicieron cuando aún eran oposición", y recordó que serán ellos quienes "van a tener que viabilizar ahora el suministro eléctrico a los edificios que decían que no se iban a hacer".





* Información - 19.06.10
Foto: Las torres de Punta Llisera, al fondo, captadas ayer desde la playa. - diarioinformacion.com

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El Gobierno de Madrid reconoce que ha gastado 100 millones de euros en el Campus de la Justicia

ELPAÍS* : El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, reconoció ayer que el Gobierno regional se ha gastado 100 millones de euros en el Campus de la Justicia. El Gobierno regional pretendía construir una gran ciudad de la justicia en el noreste de la capital, en Valdebebas, pero ha tenido que congelar el proyecto por la crisis económica. El plan del Ejecutivo regional queda en suspenso a pesar de que ya está construido, "hasta el 90%", el edificio destinado al Instituto de Medicina Legal. El titular de Justicia aseguró durante una comparecencia en la Asamblea de Madrid que aún está pendiente la rescisión de diferentes contratos "lo que costaría entre seis y 12 millones de euros".

Granados, que compareció a petición propia para aclarar la gestión del Ejecutivo regional en el Campus de la Justicia, explicó que de esos 100 millones "el 95% corresponde a inversión. Eso está ahí y corresponde a todos los madrileños", proclamó durante la sesión plenaria. El consejero hacía referencia a las obras de urbanización y canalizaciones que se han realizado para preparar la zona.

El consejero regional también se refirió a los elevados gastos de publicidad que se han conocido estos días. La Cadena Ser informó durante la semana pasada que el acto de la primera piedra de la Ciudad de la Justicia costó 1,4 millones de euros en publicidad. Granados confirmó el dato y negó que fuera su responsabilidad. "Le doy mi palabra de honor que jamás un gasto de publicidad ha pasado por la junta general de accionistas" de la empresa pública que gestionaba el proyecto y en la que estaban los miembros del Gobierno regional. Granados justificó que los gastos de publicidad le correspondían a la empresa concesionaria. En este caso Begar, una de las firmas vinculadas supuestamente con la trama Gürtel.





* ELPAIS.com - 18.04.10
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)

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Roca gastó 200 millones en ocho años aunque ganaba 50.000

LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía Anticorrupción solicita, en su escrito de acusación, treinta años de prisión para el ex asesor de Urbanismo del Consistorio marbellí Juan Antonio Roca como presunto cerebro del «caso Malaya». Juan Carlos López Caballero le endosa los delitos de blanqueo, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho pasivo. Asimismo, reclama para él 44 años de inhabilitación y multas por más 810 millones de euros.

En total, hay 95 personas que se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del 27 de septiembre. Todos se enfrentan a una suma total de 509 años de cárcel. Marisol Yagüe, ex alcaldesa, se enfrenta a 20 años, así como a 57 de inhabilitación y a una multa de cuatro millones de euros. Para el ex alcalde Julián Muñoz se piden diez años de privación de libertad, 23 de inhabilitación y una multa de 400.000 euros. A la ex teniente de alcalde Isabel García Marcos se le solicitan doce años de cárcel, 23 de inhabilitación y 700.000 euros de multa, mientras que los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, los que más sobornos pagaron presuntamente, podrían pasar, cada uno, 16 años entre rejas y hacer frente al pago de 23 millones de multa.
En cualquier caso, no son las peticiones de cárcel lo que más sorprende del escrito, conformado por 585 páginas, sino el detallado relato de hechos que realiza el fiscal del modus operandi de Roca. Así, asegura López Caballero que la moción de censura que descabalgó del poder a Muñoz, en agosto de 2003, sólo se debe «a las expectativas de obtención de beneficio del ex asesor». Yagüe encabezó el gobierno, pero quien se comportaba como «el verdadero alcalde» era el cartagenero. Éste cocinó el golpe con la inspiración de Jesús Gil, ya apartado del poder.
El fiscal indica que Roca tenía «una posición de dominio» sobre la corporación gracias «al soborno sistemático de sus integrantes», disponiendo a su antojo de la voluntad de «las autoridades municipales». Los pagos los hacían distintos promotores y toda actuación urbanística «debía contar con el visto bueno» del Jefe. Negociaba con ellos los nuevos parámetros urbanísticos, concediéndoles más edificabilidad, cambiando los usos permitidos en ese suelo y modificando la clasificación de las parcelas. «Este urbanismo a la carta propició una alteración total de la realidad urbanística de Marbella», y no tenía otra base legal que su acomodación a los proyectos normativos sin eficacia jurídica, como el nonato PGOU de 1998. Todos los ediles actuaban así, «sin cuestionarse la legalidad», aprobando aquello que se les decía. Eran, aclara el acusador público, «meras marionetas» en sus manos. Aglutinó frente al alcalde electo «a quienes hasta entonces habían sido enemigos irreconciliables».
Entre los promotores destacan Rafael Gómez Sandokán, José Ávila Rojas, Andrés Liétor, Carlos Sánchez o Cristóbal Peñarroya. Las expectativas de negocio fueron para ellos inmensas siempre que pasaran supuestamente por caja.
Roca recibe 33,34 millones de euros de diecinueve constructores en concepto de sobornos, destinando a los funcionarios y ediles 5,26 millones, todo ello entre 2002 y 2006. Él se queda, explica López Caballero, con la parte más sustanciosa. Toda esta información se obtiene gracias a la incautación, el 29 de marzo de 2006, del archivo contable de Maras Asesores, la sociedad guía del todopoderoso murciano. Muchos de los concejales serán pagados a través de sobres y según su jerarquía, percibiendo más quien mayor poder detenta.

Ascensión imparable

Juan Antonio Roca llega a Marbella en 1991, momento en el que está sin empleo. Dos de sus constructoras pasan serios aprietos, pero su suerte cambiará el 22 de mayo del 92, cuando entra a trabajar en Planeamiento 2000 y la Gerencia de Obras y Servicios. Desde 1997 hasta 2005, su capacidad de gasto será de 200 millones de euros y su patrimonio, inmenso. Invierte en ese periodo 136 millones en la compra de bienes inmuebles, es dueño de una cuadra de caballos de pura raza, cuyos 100 ejemplares han sido tasados en 400.000 euros. Las reses bravas están valoradas en 120.000.
Se gasta, en el mismo periodo, 27 millones de euros en cuadros y otros objetos de arte; posee además una amplísima colección de antigüedades, joyas y relojes. Disfruta de varias fincas, tales como La Morisca en Cádiz; La Loma, en Murcia o La Talega, en Cartagena. Dispone de inmuebles –chalés, casas y locales– en Marbella, Sevilla, Madrid, Sotogrande, Mallorca e Ibiza, y ha adquirido varios palacios para destinarlos a hoteles y lugares de eventos tales como el de Saldaña, el de Villagonzalo y el de Tepa.
Presume de tener un hotel en El Rocío y otro en Los Alcázares (Murcia), promueve diversas urbanizaciones y fue propietario de yates, un avión y un helicóptero. El barco Thoroughbred le costará 2,7 millones de euros, y más de un millón la aeronave. Asimismo, dispone de vehículos y turismos de más de 300.000 euros, algunos de ellos antiquísimos, y carruajes por valor de 3,5 millones de euros.
Coquetea con el cine y el deporte, y es aficionado a la caza mayor: se gasta en esa década portentosa 200 millones de euros en todo ello, pero, según Anticorrupción, «este patrimonio no puede justificarse sobre la base de rentas lícitas conocidas», ni por las suyas ni por las de su mujer, María Rosa Jimeno. Un dato curioso: su vivienda en el edificio marbellí Poseidón, del que él es el propietario, está alquilada. Paga 1.202 euros.
Así, «en ningún caso puede concluirse que la unidad familiar Roca-Jimeno gozó de una capacidad de ahorro suficiente como para poder acumular el patrimonio del que disfruta: con una renta disponible, en ocho años, en torno a los 50.000 euros al ejercicio, fue capaz de efectuar adquisiciones y atender a gastos por 200 millones de euros». Todo esto, deduce López Caballero, proviene de los sobornos. Además, sus bienes aparecen en su mayor parte a nombre de diferentes personas jurídicas. Él no aparece en ningún momento. Un abanico de alrededor de 100 sociedades encierra su mayor secreto. Todo gracias a su posición «de poder».
Concluye el fiscal que «constituyó una verdadera organización», integrada por 15 testaferros que gestionaban su patrimonio como si de una empresa se tratara, amén de otros nueve ayudantes para cerrar negocios concretos y menores. Todos ellos ayudaban «al reciclaje de los fondos» ilegales.
Se creaban sociedades como tapadera para adquirir y reciclar bienes, tanto en España como en el extranjero, de forma que se hacía invisible su patrimonio y se orquestaban trasvases continuos de fondos para «lavar» y reintroducir en el circuito legal el beneficio obtenido.
De la estructura nacional se encarga el despacho Sánchez Zubizarreta & Soriano Pastor, creando «sociedades pantalla», y en el extranjero el abogado Juan Hoffman. Todas las sociedades se rigen por el principio de caja única, de forma que se hacen transferencias continuas entre unas y otras.
Algunas de estas mercantiles se utilizarán para adquirir o negociar con bienes municipales. La contabilidad de Maras permite poner en el centro de la diana al bufete.





* La Opinión Málaga - 18.06.10
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es

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El alcalde de Castro de Rei presionó a la secretaria para amañar contratos

ELPAÍS/Lugo* : El alcalde de Castro de Rei, Antonio Valiño, y sus concejales Antonio Balado -como el regidor, también del PSdeG- y Roberto Lorenzo, de Terra Galega, amañaron adjudicaciones para premiar con obras a empresas afines, bien por conocer a sus propietarios o bien porque se trataba de constructoras del pueblo que creaban puestos de trabajo o financiaban actividades del ayuntamiento como las fiestas o el equipo de fútbol.

Así se desprende del informe de la Brigada de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía que figura en el sumario de la Operación Rei, 2.000 folios que incluyen pinchazos telefónicos al alcalde y a estos dos ediles, todos imputados por la juez que instruye la causa. Las escuchas dejan al descubierto constantes presiones del regidor y algunos de los concejales, sobre todo Balado y Lorenzo, a la secretaria municipal, María Josefa Fernández, para que hiciese la vista gorda ante las irregularidades que se repiten en los procesos de contratación de obras y personal en este municipio.En la instrucción que dirige la titular del juzgado número 3 de Lugo constan los expedientes de más de una veintena de obras en este municipio lucense en las que se repite el mismo procedimiento: el alcalde y los ediles deciden de antemano la constructora a la que adjudicar los trabajos y luego se le pide a ésta que busque otras dos firmas para dar apariencia de legalidad al contrato negociado sin publicidad.

Según el informe de la policía, esta forma de actuar vulnera el artículo 153 de la Ley de Contratos del Sector Público y los principios de transparencia y concurrencia que deben prevalecer en todo procedimiento negociado. Sirva como ejemplo el expediente de contratación de pistas deportivas en Castro de Riberas de Lea. El gobierno local invita a tres firmas para que opten a la adjudicación de los trabajos, pero sólo se presenta una de ellas, Construcciones J. Isidro, SL, que acaba obteniendo el contrato. La policía sospecha que en este caso, como en otros, hubo "artimañas previas a la adjudicación". Y cita una conversación mantenida el 9 de enero de 2009 por el alcalde Juan Valiño y el concejal Antonio Balado. En ella el regidor señala: "Hay que poner varias [obras] juntas para que pasen de 50.000 euros para que [la Diputación de Lugo] nos pague el proyecto, pero no debe pasar de 200.000 para que nosotros podamos jugar con ellas a la hora de adjudicarlas, [...] se las vamos a dar a quien nos dé la gana". La policía está convencida de que "esta conversación resume básicamente toda la operativa de la contratación en Castro de Rei, la cual es evitar obras por concurso, reduciendo o fraccionando la cuantía del contrato, para poder dárselo finalmente a la empresa que deseen utilizando torticeramente el procedimiento aun a sabiendas de que si se desarrollara un concurso las condiciones para el concello podrían ser más ventajosas".

En otro de los pinchazos, el alcalde de Castro de Rei habla con el edil de Terra Galega (Tega) Roberto Lorenzo, a quien avisa: "La cuestión es que, entonces, lo de las carreteras lo que tenemos es que decidirlo y después decirle al que tengamos pensado que pida otras dos ofertas, que pida no, que nos diga a quién mandamos la invitación". El propio regidor, en esa misma charla que tuvo lugar el 27 de febrero de 2009, desvela sus planes para intentar convencer a la secretaria municipal de que cuele en una junta de gobierno que ya ha tenido lugar tres nombres de tres empresas como si ya hubiesen sido invitadas.

En una conversación posterior, también grabada por la policía, es el concejal de Terra Galega quien le comenta al alcalde que la funcionaria municipal se niega a admitir como válidas las ofertas entregadas fuera de plazo por varias de las empresas a las que tanto él como el alcalde pretendían beneficiar. Tras enterarse, el alcalde llama a la secretaria municipal para que interceda en favor de las citadas constructoras: "El problema es que todos los que nosotros teníamos interés en las obras son los que no lo entregaron a tiempo".

La secretaria se pregunta entonces si es que los dirigentes de esas constructoras "no saben leer". El sumario destapa otras presuntas irregularidades como las que se deducen de otra conversación de Valiño con el mismo edil de Tega en la que ambos hablan de adjudicar una obra a diversos empresarios. El alcalde subraya que dos de ellos, "los Pico de Cospeitos", van "en la lista del PSOE".

Entre los supuestos tratos de favor del gobierno municipal de Castro de Rei no sólo los hay a empresas, también a personas. Las escuchas recogen, por ejemplo, el interés de Lorenzo en contratar a determinados trabajadores para un programa de cooperación local: "Nosotros queríamos coger al Cachimbas y al Gitano, pero en teoría...". Su interlocutora le corta: "Son justo lo opuesto, porque no tienen experiencia en el mercado ganadero". Cuando la resolución de las plazas, concedidas según un baremo, no les satisface, el alcalde trata de presionar a la secretaria municipal, que le responde: "Desde luego, yo no cambio el acta. En el próximo proceso de selección llamas a alguien de la Diputación y lo hacéis... A mí ya me extrañaba que no hubiera jaleo, que nadie me tocara la tecla". El alcalde replica: "Pensábamos que nos ibas a decir..." A lo que la secretaria interrumpe: "Si vais a querer a alguien y caciquear, yo no quiero participar. Llamáis a un secretario de aquí al lado".





* ELPAIS.com - 18.06.10
Foto: Castro de Rei (Lugo), ayuntamiento - calasanz-val.org

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Xixona reta a Medio Ambiente y cierra las puertas a las basuras de Castelló

LEVANTE* : La solución a las basuras de Castelló, no sólo huele mal, sino que quema en las manos de la Conselleria de Medio Ambiente y de la Diputación de Castelló. El retraso -más de siete años- de la planta de Cervera, que debía dar servicios a los municipios del norte de Castelló, y el inminente cierre del vertedero de Vilafranca mantienen a las basuras de Castelló huérfanas. El secretario general de la Conselleria de Medio Ambiente, Jorge Lamparero, retomó ayer la opción alicantina y anunció, en una reunión con alcaldes en la diputación para hablar del Plan Integral de Residuos (PIR), que la basura de la zona norte se acumulará, en un primer paso, en una planta de transferencia provisional en Benicarló, para después darles salida hacia el vertedero de Xixona.

Esta medida se prolongaría durante meses, pendientes de que vea la luz la planta de Cervera.
Lamparero apuntó que la tramitación para habilitar esta instalación es sencilla y que los trámites ya están superados. Asimismo, justificó su traslado a Xixona "porque la empresa pública Vaersa dispone de una planta en esta localidad", rechazando así otros municipios como Villena, que también se habían barajado como posibles receptores de los residuos de Castelló.

Oposición de Xixona
Ante este anuncio, la reacción del Ayuntamiento de Xixona no se ha hecho esperar y su alcalde, el socialista Ferran Josep Verdú, ha mostrado su total rechazo a esta opción al calificarla de "aberrante" y de "total despropósito". Verdú advierte que el ayuntamiento no va autorizar este tipo de "barbaridad" porque la planta de tratamiento de residuos está construida sobre terrenos municipales, "cedidos bajo unos condicionamientos que no permite a Vaersa hacer lo que le de la gana".
El primer edil ha afirmado que es inviable esta opción "ya que nuestra planta está construida para gestionar y tratar sólo la basura de la zona 14 y parte de la zona15", no la de Castelló. Verdú ha recordado a la conselleria que es "ilegal" llevar los residuos a Xixona porque va en contra del Plan Zonal de la Ley de Residuos aprobada por el gobierno autonómico del Partido Popular y ha advertido que no se van a quedar inmóviles ante esta decisión.
El alcalde socialista, quien ha aclarado que no ha recibido ninguna notificación a este respecto por parte de la conselleria, ha recalcado la negativa total a aceptar los residuos de la zona norte de Castelló y ha apuntado que hace un año envió a la Policía Local para evitar la entrada de camiones que no procedían de estas zonas fijadas por ley.

Planta de la Vall d'Uixó

Pero no es este el único frente abierto en la provincia. En su intervención Lamparero explicó que la recogida y tratamiento de la zona sur de Castelló pronto estará resuelto, ya que está previsto que después del verano entre en funcionamiento la planta de Algimia, además de anunciar avances en la tramitación del vertedero de la Vall d'Uixó. "Los trámites de esta planta están adelantados y antes del verano tendremos la autorización ambiental integrada", apunta Lamparero, quien ha obviado señalar cual será la ubicación definitiva de esta planta de gestión de residuos.
En otro orden de asuntos, el PIR prevé en la Comunitat Valenciana la creación de tres plantas de valorización energética, como alternativa a las plantas incineradoras, aunque todavía se desconoce la ubicación de las mismas y si la provincia de Castelló albergará alguna de estas instalaciones ambientales.






* Levante-emv - 18.06.10
Foto: Xixona (Alacant), vertedero - levante-emv.com

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Dos años de prisión para el ex juez Urquía por cohecho y prevaricación

ELPAÍS/Málaga* : El ex magistrado Francisco Javier de Urquía recibió ayer su segunda condena por recibir sobornos mientras dirigía el Juzgado de Instrucción nº2 de Marbella (Málaga). El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le notificó una sentencia en la que le considera culpable de cohecho y prevaricación continuada y le condena a penas totales de dos años de prisión, 17 de inhabilitación y multas por valor de 114.000 euros. Urquía, de 31 años, podrá recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJA cree probado que, en abril de 2007, Urquía cobró 60.000 euros de Azan Khan, un imputado en el caso Hidalgo, que instruía él ex juez, a cambio de dejarle en libertad bajo fianza tanto a él como a su esposa y a su hijo. Según la sentencia, Arnaud Albouhair, un amigo íntimo de Urquía, recibió el dinero de manos de un sobrino de Khan llamado Tariq cuando aquel ya estaba en prisión, donde ingresó el 20 de abril de 2007.

Tras el pago, el 2 de mayo de 2007, Urquía revocó los autos de prisión dictados 15 días antes con el argumento de que Khan iba a ser juzgado por los mismos hechos en Bélgica, su país de residencia, lo que va contra el principio jurídico de no ser juzgado dos veces por la misma causa. La sentencia considera prevaricatorio el auto de libertad provisional bajo fianza porque Urquía no comprobó ni acreditó en ningún momento que los hechos imputados -el blanqueo de 136 millones de euros- fueran idénticos en ambos países.

La nueva sentencia del TSJA, de 154 folios, absuelve, sin embargo, al ex juez Urquía de otros delitos de prevaricación y cohecho estudiados en la otra pata del juicio: el intento de extorsión al empresario hotelero David Shamoon a cambio de levantar los embargos que pesaban sobre sus empresas, también por el caso Hidalgo, y otros favores judiciales. Arnaud Albouhair y el también amigo del juez Urquía Igor Mier contactaron con el entorno de Shamoon y le ofrecieron solucionar sus problemas en el juzgado que dirigía Urquía a cambio de entre cinco y ocho millones de euros.

Según la sala, "no consta" que las "numerosas gestiones" realizadas por Mier con el hijo de Shamoon, Daniel, y las que de forma paralela llevó a cabo Albouhair "fueran encargadas o siquiera conocidas" por Urquía o que obedecieran a un "plan urdido" entre el entonces magistrado y sus dos amigos. Albouhair, hijo de Olivia Valere, dueña de una de las discotecas más lujosas de Marbella, contactó con Shamoon a través de Philippe Junot, uno de los ex esposos de la princesa Carolina de Mónaco.

La Fiscalía y las acusaciones particulares, en especial la ejercida por David Shamoon, consideraban que Urquía había prevaricado al embargar las sociedades del empresario y al nombrar a un administrador judicial para sus hoteles que cobraba 63.350 euros mensuales. Esta cantidad se interpretaba como una presión de Urquía para que Shamoon accediera a pagar a sus amigos para aliviar su situación. Sin embargo, la sala "no puede valorar como injusto" el auto de bloqueo de los bienes de Shamoon ni el nombramiento del administrador judicial, que además contó con el visto bueno del fiscal.

El ex magistrado, que ahora ejerce la abogacía en su Alicante natal, ya fue condenado por el Supremo en marzo de 2009, por recibir 73.800 euros del ex asesor urbanístico marbellí Juan Antonio Roca. Era la recompensa por haber prohibido la emisión de un programa de televisión que indagaba en el inmenso patrimonio del cerebro de la corrupción en Marbella.






* ELPAIS.com - 18.06.10
Foto: Marbella, jueces Urquía y Torres (archivo) - J.Lanza (SUR)

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Ruinas - El Roto

Viñeta: El Roto, ruinas Partenon - 20100619 elpais.com

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El juez impone 3,5 millones de fianza a Connery por el «caso Goldfinger»

LAOPINIÓN/Málaga* : El titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Marbella, Ricardo Puyol, ha impuesto al actor escocés Sean Connery y a su esposa Micheline una fianza cercana a los 3,5 millones de euros como garantía de las futuras responsabilidades pecuniarias a las que deberían hacer frente de ser condenados por su supuesta implicación en el «caso Goldfinger», relacionado con la operación de venta y urbanización de la finca «Malibú», antigua morada del artista británico.

En el auto, de 30 páginas y fechado el pasado 10 de junio, el instructor hace un relato minucioso de los hechos investigados en esta causa, abierta gracias a un informe de la Udyco y de la Agencia Tributaria, tal y como adelantó ayer la Cadena Ser.
La operación urbanística sobre la parcela marbellí, y su posterior reurbanización, es considerada presuntamente delictiva por la Fiscalía tanto en cuanto a la firma de convenios urbanísticos como al supuesto fraude al fisco español por más de 18 millones de euros sobre los beneficios producidos, unos 53 millones de euros, gracias a la venta de los apartamentos que se levantaron en este suelo.
En el proceso están también imputados el ex alcalde Julián Muñoz; el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca; el tasador José Mora; varios ex ediles tales como Alberto García Muñoz, Rafael González Carrasco, Marisa Alcalá o Tomás Reñones; diversos abogados con despacho en Marbella y el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes.
El magistrado imputa tanto a Connery como al resto de los acusados los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio.
El pasado 31 de mayo, Puyol decidió levantar el secreto de las actuaciones para las partes personadas, puesto que «el conocimiento de lo actuado no va a perjudicar la investigación en curso».
Algunos letrados pidieron la aclaración sobre una resolución judicial previa a los registros efectuados en las sedes de la firma DBT Abogados, ubicadas en Madrid y Marbella, y en presencia de los propios letrados, el pasado mes de mayo. Recuerda el instructor que los interesados «pudieron comprobar cómo era incorporada la documentación que este juez entendió guarda relación con los hechos objeto de autos, así como se devolvió directamente a los interesados aquella otra que, igualmente a juicio del magistrado, no guardaba relación con dicho objeto procesal».
Entre otros documentos, el juez investiga soportes informáticos y correos electrónicos relacionados con la compraventa de la finca «Malibú», su posterior urbanización y venta. La investigación arrancó en 2006.





* La Opinión Málaga - 19.06.10
Foto: Marbella (Málaga), complejo ilegal Malibú - diariosur.es

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La Audiencia de Tarragona acepta reabrir el caso de presunta corrupción del ex alcalde de Salou

EUROPAPRESS* : La Audiencia de Tarragona ha aceptado el recurso de apelación que interpuso la Fiscalía para reabrir las diligencias judiciales contra el ex acalde de Salou, Esteve Ferran, y su hijo y ex concejal de Urbanismo, Esteve Ferran Gombau, por presunta corrupción, según confirmó a Europa Press la Audiencia Provincial. Esteve Ferran, que ronda los ochenta años, anunció recientemente que volverá a presentarse a las elecciones como alcaldable de Units Tos Per Salou (UTPS) y ya ha realizado su primer acto político en público.

La emisora Onda Cero avanzó ayer que el Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona deberá reabrir la causa que se archivó en diciembre de 2009 después de que el Ministerio Fiscal haya ganado el recurso ante la Audiencia Provincial, que en su auto ordena al juez que procese a Esteve Ferran y a su hijo.

Tanto el ex alcalde como su hijo están acusados de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada en diversas actuaciones urbanísticas. En concreto, el caso que ahora se reabre se remonta a 1999, cuando Esteve Ferran Gombau habría comprado una finca rústica por 30.000 euros y cinco años más tarde, una vez modificado el Plan Urbanístico y convertido el terreno en urbanizable, vendió el solar para 506.000 euros, más de 15 veces más del valor por el que fue adquirido.

Según este escrito, la acusación pública fundamenta su recurso "en que los imputados conocían por razón de su cargo la existencia de una renovación del POUM --Plan de Ordenación Urbanística Municipal-- en el momento en el que adquirieron la finca, desconociendo los vendedores el contenido del proyecto que suponía un cambio de uso de la finca y el reconocimiento de un aprovechamiento del 0,4 metros cuadrados, con lo que, en opinión del recurrente, implicaba un aumento de valor de la finca en el caso de que finalmente se aprobara el plano, tal y como finalmente ocurrió".






* Europa Press - 18.06.10
Foto: Salou - jccm.es

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Caso Palau.- Una carrera con parada en la cárcel

ELPAÍS/Barcelona* : Fèlix Millet y Jordi Montull diseñaron la operación del hotel del Palau como una plácida carrera para hacerse con un botín de 3,6 millones de euros a la que la juez Míriam de Rosa ha impuesto una meta imprevista: Brians 2. Según la hoja de ruta de Millet y Montull que dibujan la fiscalía y el auto de prisión incondicional, ambos sabían que entre la salida y el premio final se interponían notables "obstáculos urbanísticos" que dificultaban el proyecto. Pero los saqueadores del Palau contaban con una poderosa arma: sus relaciones privilegiadas para dirigir "de manera ágil y sin obstáculos" todos "los trámites urbanísticos necesarios para que el hotel se pudiera materializar", aun a costa de unas pérdidas millonarias para el patrimonio público.

Los responsables de velar por el bien común en el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat forman estas relaciones privilegiadas, que, según el auto, manejaron a su antojo Millet y Montull. Entre ellos, en una lista de una docena de cargos públicos que a partir del lunes declararán como testigos ante la juez para explicar el desaguisado, figuran el ex teniente de alcalde Carles Martí, el concejal de Urbanismo, Ramon Garcia Bragado (ambos del PSC); el jefe de la oposición municipal, Xavier Trias (CiU); el consejero de Economía, el socialista Antoni Castells, y la directora general de Patrimonio, Immaculada Turú.

Millet y Montull tejieron con todos ellos a partir de 2003 una sutil red de compromisos, recomendaciones y peticiones de ayuda -legalmente llamada "tráfico de influencias" y que es el delito bajo cuya acusación han llegado a prisión- cuyo rastro puede seguirse en el auto de la magistrada. El 17 de julio de 2007, por ejemplo, Millet escribe a Xavier Trias para pedirle ayuda: "Amigo Xavier, está previsto que el próximo viernes pase por la Comisión de Urbanismo, para su aprobación inicial, el tema del hotel, que tú ya conoces. Te agradeceré tu apoyo. Estoy, como siempre, a tu disposición. Nos veremos durante el verano en Menorca".

El 11 de noviembre del mismo año, Jordi Montull hace un resumen a Manel Valderrama (dueño de Olivia Hoteles, la empresa que quería sacar adelante el proyecto) de los contactos hechos: "Querido amigo, durante estos días que no hemos hablado he hecho varias gestiones por el tema del hotel; han sido a nivel político con Carles Martí. Xavier Trias no le ha puesto ningún problema. [Alberto] Fernández Díaz (PP) dice que a lo que venga del Palau no le pondrán problema (...). En fin, amigo Manel, como puedes ver, todo va bien, pero las cosas de palacio van despacio". Un mes más tarde, Montull vuelve a escribir a Valderrama para contarle que ha remitido sendos escritos a "Carles Martí y Ramon Massaguer [gerente de Urbanismo]. Si después de esta petición no tenemos buenas noticias, recurriremos al alcalde".

Entre tantas buenas palabras y mensajes de confianza, las cartas de Millet y Montull destilan cierto recelo hacia una persona que temen que se interponga en su camino hacia los 3,6 millones de euros: la ex concejal de Ciutat Vella, Itziar González, a la que someten a una operación de acorralamiento. "Me dicen que se está mirando el tema", le escribe Millet a Xavier Trias en octubre de 2007. "Sé que tienes muy buena relación con ella (...), a ver si nos puedes ayudar a desbloquear este tema que ya lleva demasiado tiempo parado". A Valderrama, Montull le pide: "Estaría bien que, si conoces a Itziar, la llames para que el día 5 insista en poner al día este tema".

La juez De Rosa detalla en su auto las "irregularidades" (véase el gráfico en esta página) encontradas en los expedientes urbanísticos del hotel. Son unas irregularidades que iban a suponer unas pérdidas patrimoniales de 5,6 millones para todos los catalanes y ante las que ahora los cargos públicos no ocultan su incomodidad. "A mí me engañaron", afirmó el pasado jueves el concejal de Urbanismo, Ramon Garcia Bragado.

El alcalde, Jordi Hereu, lo dijo ayer con otras palabras: "Son delincuentes que traicionaron la confianza del país y de la ciudad", dijo en referencia a Millet y Montull. Palabras duras contra un árbol caído de cuya corteza han colgado muchos reconocimientos, como la Creu de Sant Jordi y la Corbata de Isabel la Católica.





* ELPAIS.com - 19.06.10
Foto: Barcelona, interior Palau Música - eldebat.cat

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Marbella.- Arenal 2000 pagó 600.500 euros para evitar problemas con unas obras

DIARIODECÓRDOBA* : Arenal 2000, la empresa de Gómez, acometió obras en su sede de Marbella para acceder directamente al paseo marítimo de Marbella, trabajos que comprendían el derribo de un muro de la comunidad de vecinos, y solo contó con una licencia de obra menor. Gómez hizo dos pagos en el año 2004 a una empresa de Roca por valor de 600.500 euros para "asegurarse la actitud inactiva y permisiva del Ayuntamiento de Marbella", según el escrito del fiscal.

En los archivos del ex asesor de Urbanismo aparecía como "aportaciones S.K.A.N.". Los vecinos iniciaron un pleito por las obras que acabaron con el muro y "se llegó a un arreglo con el procesado Rafael Gómez al ejecutar a su costa la construcción de un gimnasio para dicha comunidad" de propietarios. La fiscalía solicita una multa de 1,2 millones de euros.





* Diario de Córdoba - 18.06.10
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es

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Ciberacción: Por la legalidad en San Lorenzo de El Escorial

ECOLOGISTASENACCIÓN/Madrid* : En 1998, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial concedió licencia para construir un edificio que incumplía la normativa urbanística, en la calle Santa Rosa 15 bis. En lugar de 8 viviendas se autorizó la construcción de 18 viviendas y 18 garajes y se taló un magnífico pinar que debía mantenerse como zona verde. Todo ello sucedió a pesar de las reiteradas denuncias interpuestas por una vecina que vive en la vivienda colindante a la zona de las obras.

Ante la pasividad del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y de la Comunidad de Madrid, la misma persona, denunció los hechos ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Fruto de esa denuncia, en 2005, una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid condenó e inhabilitó al arquitecto municipal.

Sin embargo, trece años después, el edificio sigue en pie sin que nadie haya obligado su demolición. Los intentos por reiniciar las obras son frecuentes, ante la indiferencia de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Pero lo más grave es que la vecina denunciante y su familia, desde entonces, vienen sufriendo todo tipo de acosos y agresiones (amenazas, insultos, pintadas en su propiedad, palizas, denuncias falsas, etc).

Envía un mensaje: alcaldia@sanlorenzodeelescorial.org, raimundo.herraiz@madrid.org, rafael.lleonart@madrid.org






* Ecologistas en Acción/ Madrid - 14.06.10
Foto: San Lorenzo del Escorial (Madrid), edificio ilegal - ecologistasenaccion.org

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La Audiencia de Ávila encuentra indicios de irregularidades en una urbanización de Candeleda

20MINUTOS* : La Audiencia Provincial de Ávila ha estimado el recurso interpuesto contra el archivo de una denuncia en relación con la polémica urbanización de Candeleda, en la zona sur de la provincia, y encuentra indicios de delito en la tramitación del proyecto 'Candelas de Gredos', en el paraje de Navalpilón, por lo que cree "prematuro" el sobreseimiento de la causa ordenado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Arenas de San Pedro.

La denuncia de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, la Sociedad Cooperativa de Caprino y la Asociación para la Protección de la Naturaleza Cinclus era relativa a las obras de canalización y suministro de agua para la urbanización "obviando la precisa evaluación de impacto ambiental", tal y como recoge la sentencia en los fundamentos de derecho.

Asimismo, se apuntaba a un desarrollo urbanístico mayor que lo previsto inicialmente y a la posibilidad de que Dávila Monteblanco, la promotora, utilizara información privilegiada en la compra de los terrenos, que se adquirieron a precio de suelo rústico.

En la sentencia, la Audiencia considera que debe proseguir la investigación "en esclarecimiento de los hechos y comprobación de su acomodo a la legalidad" porque de la documentación se desprende que "las irregularidades denunciadas no son descartables y han desembocado en un desarrollo urbanístico distinto y más amplio del que reflejaba el Plan Parcial inicial y fue objeto de la precisa información pública y Estudio de Impacto Ambiental", así como "la posible utilización de información privilegiada relativa a la recalificación de terrenos".







* 20 Minutos - EP. - 18.06.10
Foto: Candeleda VistaDelPueblo - wikipedia.org

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El ex alcalde del PP de Gondomar abandona la política tras ser inhabilitado por prevaricación

FARODEVIGO* : La Audiencia Provincial de Pontevedra obligó ayer al ex alcalde de Gondomar, el popular Carlos Silva, a apartarse de la política. La sala ratificó en parte su condena por prevaricación urbanística y le impuso una pena de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por conceder una licencia en enero de 2006 con el Plan Xeral del municipio anulado. El todavía ayer concejal de Economía y Hacienda y Personal del Concello gondomareño y diputado provincial con dedicación exclusiva –por la que percibía 75.000 euros anuales– presentó la dimisión de sus cargos horas después de conocer el fallo judicial y solicitó la baja voluntaria como militante del Partido Popular.

La sentencia impone la misma condena al antiguo regidor y a los cinco miembros de su junta de gobierno en el mandato entre 2003 y 2007: Ángel Gregores, José Luis Mosquera, Jaime Rial, Abelardo Meneses y José Misa. Sólo uno de ellos, Ángel Gregores, formaba parte hasta ayer del gobierno municipal actual como responsable de las áreas de Parques y Jardines y Educación. Al igual que Silva, este edil preparaba ayer su carta de dimisión para presentarla hoy mismo en el consistorio.
Ambos se ven forzados a dejar sus ocupaciones en el ayuntamiento por la inhabilitación, aunque el fallo judicial reduce la pena que en un principio había dictado el Juzgado de lo Penal Número 2 de Vigo en diciembre de 2008, ya que estima en parte el recurso de los concejales condenados.
La condena inicial era de un año y medio de cárcel y ocho años de prohibición de ejercer cargo público por un delito continuado de prevaricación, puesto que el titular de aquel tribunal consideraba que habían concedido un total de 39 licencias de forma irregular entre diciembre de 2005 y enero de 2006.
El juzgado vigués consideraba probado que los integrantes de la junta de gobierno, además de emitir los permisos de obra con el Plan Xeral anulado, conocían un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de noviembre de 2005 que eliminaba un acuerdo plenario en el que el gobierno municipal corregía los defectos del Plan Xeral y pretendía dar por ejecutada la sentencia de anulación del Supremo. Pero los ponentes de la Audiencia Provincial no ven demostrado que los ediles tuviesen conocimiento de dicho auto hasta que se lo entregaron a la secretaria municipal, el 16 de enero de 2006. De este modo, sólo reconocen una licencia, concedida el 17 de enero, como ilegal, puesto que los miembros de la junta de gobierno la aprobaron pese a contar con un informe negativo de la secretaria. Así, la Audiencia les imputa un delito de "prevaricación específica agravada".
Los seis meses de privación de libertad que se imponen a los seis ediles no obligan a ninguno a ingresar en la cárcel, aunque el ex alcalde podría hacerlo en el futuro ya que este fallo le atribuye los antecedentes necesarios para hacerlo. Tiene pendiente otra sentencia por un delito de falsedad documental y el fiscal le pide dos años de prisión y otros tantos de inhabilitación.
Aunque tampoco irá a la cárcel, sí tiene causas pendientes otro de los condenados por la Audiencia, el ex concejal de Cultura, José Luis Mosquera, juzgado hace dos semanas por tres delitos de cohecho y considerado culpable por un jurado popular.






* Faro de Vigo - 18.06.10
Foto: Gondomar (Pontevedra), juicio - lavozdegalicia.es

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Marbella.- Los cabos sueltos del jefe

MÁLAGAHOY* : Las corporaciones municipales que gobernaron Marbella tras la inhabilitación primero y el fallecimiento después de Jesús Gil actuaron de facto como "surbordinados" de Juan Antonio Roca. La Fiscalía Anticorrupción analiza el papel de esta figura central del régimen que gobernó Marbella entre 1991 y marzo de 2006 en el escrito de acusación que ayer elevó a la Sección Primera de la Audiencia de Málaga que tiene previsto juzgar el caso Malaya a partir del 27 de septiembre. Afirma que en el municipio se impuso un "urbanismo a la carta" y que el planeamiento se modificaba con la excusa de la revisión del PGOU o del plan de 1998, documentos que nunca tuvieron eficacia jurídica.

En el verano de 2003, apenas unos meses después de las elecciones municipales, Julián Muñoz se rebeló contra el jefe (Roca) y quiso "asumir el efectivo control del Ayuntamiento" poniendo control al poder que detentaba el poderoso asesor de urbanismo. Este hecho propició una moción de censura y la llegada de un nuevo gobierno presidido por Marisol Yagüe. El jefe volvía a tomar el mando.

A partir de ese momento, según Anticorrupción, el urbanismo regresó a las manos de Juan Antonio Roca que se servía "de su especial posición para beneficiar a determinados empresarios amigos a costa del patrimonio municipal: enajenación de inmuebles o venta de aprovechamientos por debajo de su valor real siempre a cambio de la pertinente comisión o dádiva".

Roca mantuvo todos los cabos amarrados cortos. Creó una organización sin fisuras basada fundamentalmente en lazos de fidelidad. Anticorrupción subraya que el único vínculo que le unía con el bufete madrileño que supustamente urdió el entramado societario en el que se le perdía el rastro a su patrimonio era la "confianza". Al tiempo, buscó otro abogado en Marbella, Juan Germán Hoffman, supuestamente para que le preparara una estructura en el exterior para darle salida a su imperio.

Sólo tuvo dos contables (Sergio Santana y Salvador Gardoqui), una red de testaferros fuertemente dependiente de él pero sin relaciones entre sí y, por si acaso, un jefe de seguridad, Jaime Hachuel, que presumiblemente se encargaba de proporcionarle teléfonos encriptados imposibles de intervenir y comprobaba las matrículas de los vehículos sospechosos.

Pero a este hombre que se define a sí mismo como "meticuloso" se le escaparon dos detalles aparentemente nimios. El descontento del jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Marbella, Jorge González, que citado a declarar por el juez Miguel Ángel Torres por el caso Guadalpín contó al magistrado lo que supuestamente ocurría en el municipio y el control que ejercía Roca. El segundo detalle fue la contabilidad, ese fleco que tantos quebraderos de cabeza ha dado en tantas otras organizaciones.

El fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, calificó de "ganga" durante la vista oral de los recursos de apelación contra los procesamientos el hallazgo de los archivos contables en la sede de Maras Asesores. Se trata de listados de iniciales junto a los que aparecen cifras. Los investigadores sostienen que esas iniciales corresponden por una parte a una serie de empresarios y las cifras a las cantidades que pudieron haber pagado y, por otra parte, a los concejales del equipo de gobierno y a las comisiones que presumiblemente percibieron.

Son anotaciones en archivos informáticos y en papel que con toda probabilidad se convertirán en el centro de la batalla judicial que comenzará a librarse en la sala a partir del 27 de septiembre.






* Málaga Hoy - 18.04.10
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es

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Asociación denuncia PGOM Lugo beneficia a familia política delegada de Urbanismo

ABC/EFE* : El presidente de la recientemente constituida Asociación Por la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo, José Cabanas, aseguró hoy que en el PGOM, que se encuentra en fase de aprobación definitiva, resulta "beneficiada" la familia política de la concejal delegada de Urbanismo y también a "políticos y constructores". Esta asociación puso en conocimiento de la Fiscalía diversa documentación relacionada con este documento, -aprobado inicialmente con los votos de los grupos municipales del Partido Socialista y Partido Popular-, que ahora está pendiente de su traslado a un juzgado de instrucción, una vez que el representante del Ministerio público no decretó su archivo.

"Esto nos da ánimos, porque vemos que nuestras denuncias no caen en saco roto", apuntó el representante de esta plataforma, quien también aseguró que en el Plan aparecen suelos urbanizable en parroquias que favorecen a "políticos y constructores".

Aunque únicamente citó a la familia política de la delegada de Urbanismo, María Novo, el presidente de la Plataforma dijo que podría haber entre 6 y 7 políticos y constructores "con un beneficio muy sustancioso", que se podría cuantificar en 18 millones de euros si los suelos a los que se refieren se acabaran desarrollando.

"Hay aquí una serie de personas que tienen grandes propiedades que estaban en suelo rústico y lo que se ha hecho por medio del Plan General es delimitarlos como urbanizables y, casualmente, esos suelos tienen mucha más edificabilidad que el de la mayoría de los lucenses", subrayó.EFE asa/av





* ABC- EFE - 16.06.10
Foto: Lugo, plan general (archivo) - abc.es

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Los dueños de 20 viviendas de Redondela han sido apercibidos por Urbanismo a que las tiren

LAVOZDEGALICIA* : Los dueños de una veintena de viviendas de Redondela han sido apercibidos para que derriben sus casas total o parcialmente por ilegalidades que van desde haberse excedido en el volumen construido a estar emplazadas dentro del dominio público marítimo terrestre o no tener licencia. La zona más afectadas es la parroquia de Cesantes o Soutoxuste, aunque también hay advertencias a algún propietario de un ático de Chapela.

«Hay muchas viviendas en esta situación», apunta la portavoz del Partido Popular, Francisca Canal.

Los expedientes contra las ilegalidades urbanísticas parten de denuncias presentadas por el departamento municipal de urbanismo y que han sido trasladadas a la Xunta de Galicia.

La persecución de las viviendas ilegales se está intensificando en los últimos tiempos. Ayer prosiguió la demolición de la vivienda ilegal del Camiño Telleira.

«Falta de seguridad jurídica»

El concejal del Partido Popular de Redondela, Alberto Pazos, atribuye estos problemas a la «falta de seguridad jurídica» porque «falta por aprobar una plan general que lleva mucho tiempo demandado».

En las vísperas de las municipales del 2007 el Concello de Redondela anunció la aprobación inminente del Plan Xeral de Ordenación Municipal. Tres años después todavía no hay documento aprobado. Mientras tanto, el urbanismo de Redondela se rige por normas subsidiarias de planeamiento de Redondela que fueron aprobadas el 9 de febrero del año 1988 y modificadas el 25 de marzo de ese año.

Las normas urbanísticas delimitan las zonas donde no se pueden construir viviendas cerca del mar. En la zona de Cesantes desde el año 1988 no se pueden levantar viviendas en un determinado perímetro. Sin embargo, hay muchas casas levantadas a pie de mar.





* La Voz de Galicia - 17.06.10
Foto: Los trabajos de demolición de la casa de Telleira prosiguieron ayer y el terreno quedara expedito mañana - lavozdegalicia.es

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El fiscal pide 30 años de cárcel para Roca

ELPAÍS/Málaga* : La Fiscalía Anticorrupción pide 30 años de cárcel para Juan Antonio Roca, el principal de los 95 procesados en el caso Malaya. El hombre que durante los años del gilismo controló la política y el urbanismo de Marbella (Málaga) y los manipuló en su propio beneficio, blanqueó supuestamente 245,1 millones de euros entre 1995 y 2006, la mayor parte de ellos mediante la adquisición de inmuebles de lujo, obras de arte y otros bienes suntuarios. El fiscal Juan Carlos López Caballero, que lleva investigando el caso desde noviembre de 2005, considera a Roca, de 56 años, "jefe" de una "empresa criminal" que recibió al menos 33 millones de euros en sobornos de promotores con intereses en Marbella, al tiempo que negociaba en su provecho con el rico patrimonio de suelo de la ciudad. Estos chanchullos con los promotores amigos -que tomaban la forma de convenio urbanístico- supusieron un perjuicio a las arcas públicas de al menos 48,9 millones.

El ex asesor urbanístico y hombre de confianza del fallecido alcalde Jesús Gil está acusado de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho pasivo. Además de las tres décadas de prisión, el fiscal solicita para él 810,78 millones de multa y 51 años de inhabilitación. Roca es el único de los imputados en la trama, cuya investigación inició el magistrado Miguel Ángel Torres, que permanece en la cárcel. Aunque expiró el plazo máximo de prisión preventiva, cumple una sentencia firme de seis años por el llamado caso Saqueo.

Los 585 folios que componen el escrito acusatorio contemplan penas que suman 557 años de cárcel y multas por valor de más de 4.000 millones de euros. Entre los principales personajes que se sentarán junto a Roca en el banquillo, a partir del 27 de septiembre, figuran la ex alcaldesa Marisol Yagüe, para quien se piden 20 años de cárcel; el mediático ex regidor Julián Muñoz, con una petición de 10 años de prisión, o la ex teniente de alcalde Isabel García Marcos, en cuyo domicilio la policía halló 376.000 euros pagados supuestamente por Roca, y que se enfrenta a una petición de 12 años de cárcel. También figura el ex teniente de alcalde Pedro Román.Para quien era considerado la cara amable del régimen gilista se piden 21 años de prisión.

El ex asesor urbanístico mantenía engrasada la máquina corrupta pagando a los políticos que tenían que dar el visto bueno a las licencias con parte del dinero que recaudaba entre los promotores. Según el escrito del fiscal, de los 33,4 millones recaudados entre los empresarios, Roca destinó al menos 5,3 a sobornar a ediles y funcionarios clave del Ayuntamiento, como el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes o el ex jefe de Policía Local, Rafael del Pozo.

Los empresarios que tienen un futuro judicial más complicado son Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Cada uno de ellos se enfrenta a una petición de 22 años de cárcel, ya que supuestamente no solo pagaron a su amigo Roca sino que participaron en operaciones que descapitalizaron enormemente al municipio.

El escrito sigue en buena parte las tesis del auto de procesamiento con el que el juez Torres se apartó del caso. López Caballero afirma que en la estructura delictiva de Roca se practicaba la división del trabajo. En la cúspide se encontraban los abogados del despacho Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, que creaban y mantenían el entramado de 71 empresas tras las que Roca ocultaba su patrimonio y que recibió ingresos en metálico de 25,5 millones de euros entre 1994 y 2005.

En el siguiente escalón estaban los encargados de adquirir y gestionar los inmuebles de su jefe, como los hoteles de El Rocío (Huelva) y Los Alcázares (Murcia) o los tres palacios que Roca poseía en Madrid. En este grupo figuran Salvador Gardoqui o Montserrat Corulla, a la que el hoy ministro Miguel Sebastián utilizó como arma electoral contra Alberto Ruiz-Gallardón en su lucha por la alcaldía de Madrid en 2007. El fiscal pide para ella cuatro años de cárcel y 100 millones de multa por blanqueo.

Para el también abogado Juan Germán Hoffmann, supuesto testaferro internacional de Roca, al que ayudó a introducir en España entre ocho y 10 millones de euros, el fiscal pide penas de 10 años de cárcel y multas de 103 millones de euros.

En el último escalón del blanqueo se sitúan una miriada de personas que ayudaron puntualmente a Roca a camuflar su riqueza ilícita. Entre ellos se encuentran los marchantes de arte Jean Fournets y Beto Pedronzo, que le vendieron piezas por más de 26 millones de euros, o el joyero Sabino Falconieri, al que compró joyas y relojes por 1,5 millones. También está acusada la ciudadana sueca Karin Mattsonn, que proporcionó a Roca y su familia seis billetes de lotería premiados con los que poder justificar mínimamente su inmensa fortuna de origen ilegal. El ex asesor tenía una capacidad de gasto de 170 millones de euros, pero la renta disponible anual de su familia apenas superaba los 50.000 euros.

Roca, un individuo tan astuto como desconfiado, cuidaba mucho su seguridad. Contaba para ello con la colaboración de un ex militar, Jaime Hachuel, que no solo protegía sus bienes, sino que le advertía, gracias a sus contactos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en la Policía Local, de si estaba siendo objeto de seguimiento. Entre teléfonos encriptados, microcámaras y demás artilugios de contravigilancia gastó 39.000 euros, según el fiscal.

Las acusaciones de los principales implicados Isabel García Marcos Marisol Yagüe Juan Antonio Roca

- Juan Antonio roca, Los 96 procesados del caso Malaya se enfrentan a peticiones de 557 años de cárcel y multas de más de 4.000 millones de euros. Sobre Roca recaen las más altas: 30 años de prisión y 810 millones en sanciones por delitos de blanqueo, inducción a la prevaricación y malversación, fraude y cohecho pasivo.

- Julián Muñoz, El regidor destronado por la moción de censura de 2003 merece, según el Ministerio Público, una condena de diez años de cárcel por cohecho, malversación y prevaricación.

- Isabel García Marcos, La ex edil socialista, que llegó a primera teniente de alcalde, se enfrenta a una petición fiscal de 12 años de prisión por delitos de cohecho, alteración de precios y prevaricación.

- Marisol Yagüe, El fiscal pide que la antigua regidora marbellí ingrese 20 años en prisión por cohecho continuado, malversación, alteración del precio en concurso y subasta, y fraude.





* ELPAIS.com - 18.01.10
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es

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Salamanca, los horrores del pelotazo en La Trinidad

Vídeo 3 de 3. Vídeos 1 y 2: "Salamanca, el pelotazo de La Trinidad" y "Salamanca, el parque perdido de La Trinidad". Las consecuencias del edificio son evidentes y nefastas. El Ayuntamiento favorece los intereses del constructor frente a los derechos de los vecinos. Ha sido, y es, una operación especulativa en un terreno que debería haber tenido un uso social, no lucrativo. Los vecinos están masacrados, condenados a vivir en guetos. Con dejarles vivir, ya pueden estar agradecidos. Como dice el texto: "Todo para el pueblo, pero sin el pueblo". Con tal de que no trascienda, aquí todo vale.



* YouTube - jcre1961 - mayo 2009

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Lugo.- El fiscal ve indicios de tráfico de influencias y cohecho en siete alcaldes

ELPAÍS* : El llamado caso Castro de Rei, que propició la detención del alcalde socialista Juan Valiño y de la vicepresidenta de la Diputación de Lugo, Lara Méndez, entre otros catorce imputados, bajo los focos de los medios de comunicación, va camino de extenderse por el resto de la provincia. La declaración del ingeniero responsable de obras nuevas de la institución provincial, José Antonio Mondelo, ha dado un giro a la instrucción y ha llevado al fiscal jefe de Lugo, Javier Rey Ozores, a pedir que se amplíen las investigaciones a otros siete municipios, cinco de ellos con alcalde del PP.

En su escrito incluido en el tomo cinco del sumario que ya acumula más de dos mil folios, el ministerio público advierte que se desprenden "posibles actuaciones ilícitas, indiciariamente constitutivas de delitos de tráfico de influencias y cohecho, presuntamente llevadas a cabo en el ámbito territorial de los Ayuntamientos de O Vicedo, Ourol, Muras, Cospeito, Negueira de Muñiz, Ribeira de Piquín y Becerreá". El fiscal entiende que "procede la remisión de los correspondientes testimonios a los juzgados territorialmente competentes" para que sigan con las pesquisas.

Y apunta directamente a los folios que contienen la declaración de Mondelo. Sentado ante la juez Estela San José, que instruye esta causa, el ingeniero de obras públicas que acudió voluntariamente a declarar contó -pese a las adveretncias de su abogado para que no lo hiciese- con pelos y señales el procedimiento utilizado por los regidores para inflar los presupuestos de los contratos.

La lista del jefe de obras de la Diputación incluyó a los alcaldes populares de O Vicedo, Jesús Novo; de Muras, Issan Algnaghn; de Cospeito, Armando Castosa; el anterior regidor de Ourol, Guillermo Salgueiro, además del regidor socialista de Castroverde, José María Arias, que es también diputado provincial, y los alcaldes de Becerreá, Manuel Martínez, y Negueira de Muñiz, José Manuel Braña, ambos socialistas.

El jefe de obras contó en el interrogatorio que los alcaldes acudían a la Diputación para pedir ayuda en la configuración de presupuestos para obras. Luego engordaban esos presupuestos que llegaban a superar entre un 22% y un 28% los precios de mercado. Citó un caso, el del ayuntamiento de Muras presidido por el popular Issam Algnaghn, cuyos sobreprecios alcanzaron el 50%.

Precisamente ayer, tres de los alcaldes del PP, los de O Vicedo, Muras y Cospeito, emitieron un comunicado en el que niegan cualquier irregularidad en la contratación de obras. Los tres regidores rechazan las afirmaciones efectuadas por el ingeniero de la Diputación y se ponen a disposición de la autoridad judicial a la que ofrecen toda la documentación relacionada con los expedientes de las obras.

Tras conocer el levantamiento del sumario, también el secretario provincial de los socialistas de Lugo, Ricardo Varela, quiso "ratificar" ayer su confianza en la "honradez" del alcalde de Castro de Rei. Varela afirmó que del sumario "no se desprende ninguna actuación punible, ninguna actuación que ponga en cuestión la honradez de Juan Valiño ni de los concejales de Castro de Rei" y añadió que no se puede sacar, a la vista de la instrucción, que se destape "ninguna actuación que suponga ningún tipo de apropiación o de aprovechamiento de su cargo público".

No obstante, reconoció que en las conversaciones captadas al alcalde, "se pueda recoger o trasladar el deseo y el interés de éste por que empresas de su municipio, de su comarca, pudieran trabajar en obras de la comarca, siempre respetando la legalidad que permiten los procedimientos". El dirigente socialista aseveró además que "esta voluntad por parte del mandatario, siempre que encajara en los procedimientos legales, sintoniza plenamente con la filosofía que respaldaba el Plan E, es decir, distribuir fondos para obra pública trasladándolos a los ayuntamientos más pequeños".





* ELPAIS.com - 17.06.10
Foto: Castro de Rei (Lugo), ayuntamiento - calasanz-val.org

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