Roca gastó 200 millones en ocho años aunque ganaba 50.000

LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía Anticorrupción solicita, en su escrito de acusación, treinta años de prisión para el ex asesor de Urbanismo del Consistorio marbellí Juan Antonio Roca como presunto cerebro del «caso Malaya». Juan Carlos López Caballero le endosa los delitos de blanqueo, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho pasivo. Asimismo, reclama para él 44 años de inhabilitación y multas por más 810 millones de euros.

En total, hay 95 personas que se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del 27 de septiembre. Todos se enfrentan a una suma total de 509 años de cárcel. Marisol Yagüe, ex alcaldesa, se enfrenta a 20 años, así como a 57 de inhabilitación y a una multa de cuatro millones de euros. Para el ex alcalde Julián Muñoz se piden diez años de privación de libertad, 23 de inhabilitación y una multa de 400.000 euros. A la ex teniente de alcalde Isabel García Marcos se le solicitan doce años de cárcel, 23 de inhabilitación y 700.000 euros de multa, mientras que los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, los que más sobornos pagaron presuntamente, podrían pasar, cada uno, 16 años entre rejas y hacer frente al pago de 23 millones de multa.
En cualquier caso, no son las peticiones de cárcel lo que más sorprende del escrito, conformado por 585 páginas, sino el detallado relato de hechos que realiza el fiscal del modus operandi de Roca. Así, asegura López Caballero que la moción de censura que descabalgó del poder a Muñoz, en agosto de 2003, sólo se debe «a las expectativas de obtención de beneficio del ex asesor». Yagüe encabezó el gobierno, pero quien se comportaba como «el verdadero alcalde» era el cartagenero. Éste cocinó el golpe con la inspiración de Jesús Gil, ya apartado del poder.
El fiscal indica que Roca tenía «una posición de dominio» sobre la corporación gracias «al soborno sistemático de sus integrantes», disponiendo a su antojo de la voluntad de «las autoridades municipales». Los pagos los hacían distintos promotores y toda actuación urbanística «debía contar con el visto bueno» del Jefe. Negociaba con ellos los nuevos parámetros urbanísticos, concediéndoles más edificabilidad, cambiando los usos permitidos en ese suelo y modificando la clasificación de las parcelas. «Este urbanismo a la carta propició una alteración total de la realidad urbanística de Marbella», y no tenía otra base legal que su acomodación a los proyectos normativos sin eficacia jurídica, como el nonato PGOU de 1998. Todos los ediles actuaban así, «sin cuestionarse la legalidad», aprobando aquello que se les decía. Eran, aclara el acusador público, «meras marionetas» en sus manos. Aglutinó frente al alcalde electo «a quienes hasta entonces habían sido enemigos irreconciliables».
Entre los promotores destacan Rafael Gómez Sandokán, José Ávila Rojas, Andrés Liétor, Carlos Sánchez o Cristóbal Peñarroya. Las expectativas de negocio fueron para ellos inmensas siempre que pasaran supuestamente por caja.
Roca recibe 33,34 millones de euros de diecinueve constructores en concepto de sobornos, destinando a los funcionarios y ediles 5,26 millones, todo ello entre 2002 y 2006. Él se queda, explica López Caballero, con la parte más sustanciosa. Toda esta información se obtiene gracias a la incautación, el 29 de marzo de 2006, del archivo contable de Maras Asesores, la sociedad guía del todopoderoso murciano. Muchos de los concejales serán pagados a través de sobres y según su jerarquía, percibiendo más quien mayor poder detenta.

Ascensión imparable

Juan Antonio Roca llega a Marbella en 1991, momento en el que está sin empleo. Dos de sus constructoras pasan serios aprietos, pero su suerte cambiará el 22 de mayo del 92, cuando entra a trabajar en Planeamiento 2000 y la Gerencia de Obras y Servicios. Desde 1997 hasta 2005, su capacidad de gasto será de 200 millones de euros y su patrimonio, inmenso. Invierte en ese periodo 136 millones en la compra de bienes inmuebles, es dueño de una cuadra de caballos de pura raza, cuyos 100 ejemplares han sido tasados en 400.000 euros. Las reses bravas están valoradas en 120.000.
Se gasta, en el mismo periodo, 27 millones de euros en cuadros y otros objetos de arte; posee además una amplísima colección de antigüedades, joyas y relojes. Disfruta de varias fincas, tales como La Morisca en Cádiz; La Loma, en Murcia o La Talega, en Cartagena. Dispone de inmuebles –chalés, casas y locales– en Marbella, Sevilla, Madrid, Sotogrande, Mallorca e Ibiza, y ha adquirido varios palacios para destinarlos a hoteles y lugares de eventos tales como el de Saldaña, el de Villagonzalo y el de Tepa.
Presume de tener un hotel en El Rocío y otro en Los Alcázares (Murcia), promueve diversas urbanizaciones y fue propietario de yates, un avión y un helicóptero. El barco Thoroughbred le costará 2,7 millones de euros, y más de un millón la aeronave. Asimismo, dispone de vehículos y turismos de más de 300.000 euros, algunos de ellos antiquísimos, y carruajes por valor de 3,5 millones de euros.
Coquetea con el cine y el deporte, y es aficionado a la caza mayor: se gasta en esa década portentosa 200 millones de euros en todo ello, pero, según Anticorrupción, «este patrimonio no puede justificarse sobre la base de rentas lícitas conocidas», ni por las suyas ni por las de su mujer, María Rosa Jimeno. Un dato curioso: su vivienda en el edificio marbellí Poseidón, del que él es el propietario, está alquilada. Paga 1.202 euros.
Así, «en ningún caso puede concluirse que la unidad familiar Roca-Jimeno gozó de una capacidad de ahorro suficiente como para poder acumular el patrimonio del que disfruta: con una renta disponible, en ocho años, en torno a los 50.000 euros al ejercicio, fue capaz de efectuar adquisiciones y atender a gastos por 200 millones de euros». Todo esto, deduce López Caballero, proviene de los sobornos. Además, sus bienes aparecen en su mayor parte a nombre de diferentes personas jurídicas. Él no aparece en ningún momento. Un abanico de alrededor de 100 sociedades encierra su mayor secreto. Todo gracias a su posición «de poder».
Concluye el fiscal que «constituyó una verdadera organización», integrada por 15 testaferros que gestionaban su patrimonio como si de una empresa se tratara, amén de otros nueve ayudantes para cerrar negocios concretos y menores. Todos ellos ayudaban «al reciclaje de los fondos» ilegales.
Se creaban sociedades como tapadera para adquirir y reciclar bienes, tanto en España como en el extranjero, de forma que se hacía invisible su patrimonio y se orquestaban trasvases continuos de fondos para «lavar» y reintroducir en el circuito legal el beneficio obtenido.
De la estructura nacional se encarga el despacho Sánchez Zubizarreta & Soriano Pastor, creando «sociedades pantalla», y en el extranjero el abogado Juan Hoffman. Todas las sociedades se rigen por el principio de caja única, de forma que se hacen transferencias continuas entre unas y otras.
Algunas de estas mercantiles se utilizarán para adquirir o negociar con bienes municipales. La contabilidad de Maras permite poner en el centro de la diana al bufete.





* La Opinión Málaga - 18.06.10
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es