Lugo.- El fiscal ve indicios de tráfico de influencias y cohecho en siete alcaldes

ELPAÍS* : El llamado caso Castro de Rei, que propició la detención del alcalde socialista Juan Valiño y de la vicepresidenta de la Diputación de Lugo, Lara Méndez, entre otros catorce imputados, bajo los focos de los medios de comunicación, va camino de extenderse por el resto de la provincia. La declaración del ingeniero responsable de obras nuevas de la institución provincial, José Antonio Mondelo, ha dado un giro a la instrucción y ha llevado al fiscal jefe de Lugo, Javier Rey Ozores, a pedir que se amplíen las investigaciones a otros siete municipios, cinco de ellos con alcalde del PP.

En su escrito incluido en el tomo cinco del sumario que ya acumula más de dos mil folios, el ministerio público advierte que se desprenden "posibles actuaciones ilícitas, indiciariamente constitutivas de delitos de tráfico de influencias y cohecho, presuntamente llevadas a cabo en el ámbito territorial de los Ayuntamientos de O Vicedo, Ourol, Muras, Cospeito, Negueira de Muñiz, Ribeira de Piquín y Becerreá". El fiscal entiende que "procede la remisión de los correspondientes testimonios a los juzgados territorialmente competentes" para que sigan con las pesquisas.

Y apunta directamente a los folios que contienen la declaración de Mondelo. Sentado ante la juez Estela San José, que instruye esta causa, el ingeniero de obras públicas que acudió voluntariamente a declarar contó -pese a las adveretncias de su abogado para que no lo hiciese- con pelos y señales el procedimiento utilizado por los regidores para inflar los presupuestos de los contratos.

La lista del jefe de obras de la Diputación incluyó a los alcaldes populares de O Vicedo, Jesús Novo; de Muras, Issan Algnaghn; de Cospeito, Armando Castosa; el anterior regidor de Ourol, Guillermo Salgueiro, además del regidor socialista de Castroverde, José María Arias, que es también diputado provincial, y los alcaldes de Becerreá, Manuel Martínez, y Negueira de Muñiz, José Manuel Braña, ambos socialistas.

El jefe de obras contó en el interrogatorio que los alcaldes acudían a la Diputación para pedir ayuda en la configuración de presupuestos para obras. Luego engordaban esos presupuestos que llegaban a superar entre un 22% y un 28% los precios de mercado. Citó un caso, el del ayuntamiento de Muras presidido por el popular Issam Algnaghn, cuyos sobreprecios alcanzaron el 50%.

Precisamente ayer, tres de los alcaldes del PP, los de O Vicedo, Muras y Cospeito, emitieron un comunicado en el que niegan cualquier irregularidad en la contratación de obras. Los tres regidores rechazan las afirmaciones efectuadas por el ingeniero de la Diputación y se ponen a disposición de la autoridad judicial a la que ofrecen toda la documentación relacionada con los expedientes de las obras.

Tras conocer el levantamiento del sumario, también el secretario provincial de los socialistas de Lugo, Ricardo Varela, quiso "ratificar" ayer su confianza en la "honradez" del alcalde de Castro de Rei. Varela afirmó que del sumario "no se desprende ninguna actuación punible, ninguna actuación que ponga en cuestión la honradez de Juan Valiño ni de los concejales de Castro de Rei" y añadió que no se puede sacar, a la vista de la instrucción, que se destape "ninguna actuación que suponga ningún tipo de apropiación o de aprovechamiento de su cargo público".

No obstante, reconoció que en las conversaciones captadas al alcalde, "se pueda recoger o trasladar el deseo y el interés de éste por que empresas de su municipio, de su comarca, pudieran trabajar en obras de la comarca, siempre respetando la legalidad que permiten los procedimientos". El dirigente socialista aseveró además que "esta voluntad por parte del mandatario, siempre que encajara en los procedimientos legales, sintoniza plenamente con la filosofía que respaldaba el Plan E, es decir, distribuir fondos para obra pública trasladándolos a los ayuntamientos más pequeños".





* ELPAIS.com - 17.06.10
Foto: Castro de Rei (Lugo), ayuntamiento - calasanz-val.org