LAVERDAD* : Los vecinos de los barrios de Rabasa, Tómbola y Divina Pastora saldrán mañana a la calle para protestar por la paralización de las obras de urbanización de la segunda fase del Plan Especial de Reforma Interior del barrio, que promueve el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) y que acomete la empresa constructora Vías, y que permanecen paralizadas desde el pasado 19 de abril. Una manifestación que se iniciará a las 16.45 horas en la fuente de la rotonda de la avenida de la Universidad y que es apoyada también por las madres y padres de alumnos de los colegios nº54 y las Carmelitas, afectados por las obras inacabadas de la urbanización, que critican esta situación.
El presidente de los vecinos de Rabasa, Antonio Balibrea, considera inaceptable que «a escasos meses de haberse reanudado las obras por las protestas vecinales se paralicen de nuevo sin que se nos haya comunicado la causa y cuando falta poco para acabarlas». Los vecinos esperan que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, cumpla con su promesa de interceder para que se reanuden las obras. Castedo aseguró hace varías semanas que la Administración deberá de establecer criterios para determinar si contratar o no a empresas que perjudican a una ciudad. Considera que no se puede permitir que los problemas que hayan surgido entre la administración y la empresa adjudicataria perjudiquen a los niños que acuden a los colegios de esta zona.
Por su parte, Balibrea se muestra también partidario de que la Conselleria de Urbanismo rescinda el contrato con la empresa y que incluso, si es necesario, se le sancione por los retrasos de las obras, «que deberían de haberse terminado en noviembre del año pasado y sin embargo se ha prolongado hasta ahora», indicó molesto por los continuos parones que sufre esta actuación urbanística.
Los vecinos anuncian que si no se reanudan las obras seguirán manifestándose los próximos días 27 y 30 de mayo para hacer llegar a la opinión pública su malestar por la actuación de la empresa constructora y las molestias que causan a los vecinos y a la comunidad educativa. También, según ha señalado el presidente de los vecinos de Rabasa, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para presentar una queja ante el Síndic de Greuges.
* La Verdad - 18.05.10
Foto: Pintada de protesta en uno de los carteles de la empresa Vías instalado en Rabasa. :: RAFA MOLINA, laverdad.es
Alicante: Nuevas movilizaciones de los vecinos de Rabasa
Barcelona: La opción C aglutinó el «no» al cambio, al tranvía y al alcalde
ELPERIÓDICO* : Jordi Hereu saltó sin paracaídas en el momento en que abrió la puerta a una opción C. Y ayer se estrelló. El alcalde, sin querer, aglutinó en la opción que significaba «ninguna de las anteriores» un potencial infranqueable: votaron C los que no querían cambios, pero también votaron C los que no querían gastos tan millonarios, los que no querían un tranvía cuya solvencia ofrece serias dudas, los que no querían que el tráfico de vehículos privados se extendiesen como una mancha de aceite por todo el Eixample, los que no querían más macroproyectos para la ciudad y los que tienen ganas de relevo en la alcaldía y en el referendo vieron un tirón de orejas a su mandatario.
Durante la semana de votaciones, los barceloneses no se cortaron un pelo al expresar sus motivaciones: «Esto es una alcaldada y la puede pagar cara», señalaba un votante en la sede del distrito del Eixample. «El tranvía ya quedó atrás en esta ciudad y es un disparate resucitarlo», decía una vecina. «La ciudad ya tiene bastantes problemas para gastar millonadas como en el Fòrum», apuntaba un joven. «Con la contaminación que hay en el barrio solo nos faltan más coches», agregaba una pareja. En resumen, la crisis ya mantenía crispados los ánimos y el ayuntamiento ha echado leña al fuego al entrar a destiempo en una polémica innecesaria y, sobre todo, muy cara, en opinión de la mayoría.
Curiosamente, muchos votantes ni siquiera han dedicado dos minutos a analizar el bulevar ni la rambla. La austeridad se ha impuesto y, por encima de los 300 millones (entre tranvía y reurbanización) han visto conatos de lujo en una postal (la maqueta) más idílica que los tiempos. Se ha autoimpuesto moderación hasta el punto de que lo que los propios votantes reclamaban un cambio más suave. Nadie se creía que los coches fueran a evaporarse y el tranvía («lento y peligroso», según los participantes a pie de urna) atrajese a los conductores redimidos.
Pero sobre todo, la C ha abierto la puerta a la pataleta popular. No tanto en sí contra la gestión global de Hereu, sino contra su fijación de prioridades. Y la campaña, cuyo coste sigue siendo un misterio, aún ha tocado más la fibra. Los votantes, según confesaban a diario, se han molestado por el partidismo e implicación del edil en la consulta, como si les quisieran vender algo, en tiempos en que nadie quería comprar.
* El Periódico - 17.05.10
Foto: Pasado y futuro. Dos seguidores del Barça caminan por la Diagonal en dirección al Camp Nou, ayer. - CARLOS MÁRQUEZ DANIEL, elperiodico.com
El TS cita a declarar como imputado al concejal de Urbanismo de Gádor
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ADN/Almería* : El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que instruye la causa por prevaricación contra el alcalde de Gádor (Almería) y senador del PP Eugenio Gonzálvez, Miguel Colmenero, ha citado al concejal de Urbanismo de este consistorio, Onofre Martínez García, para que declare como imputado el próximo 31 de mayo. Según han informado hoy fuentes del alto tribunal, Martínez García está citado para el próximo 31 de mayo a las 10.30 horas.
Gonzálvez declaró durante cerca de dos horas ante Colmenero el pasado 12 de abril como imputado por un delito de prevaricación, en relación con la adjudicación de un contrato de obras.
El senador popular defendió en el Supremo su inocencia y aseguró que lleva 23 años trabajando por el bien del Ayuntamiento de dicha localidad.
La citación de Gonzálvez se produjo después de que en mayo de 2009 el Supremo admitiera a trámite la querella interpuesta contra él por el grupo socialista en el Ayuntamiento por la adjudicación de unas obras "sin tramitar ninguna clase de procedimiento de licitación", por valor de 148.722 euros.
El instructor también citó para el pasado 19 de abril a otras cuatro personas como testigos de la acusación, entre ellos al secretario interventor del consistorio de Gádor y a un ingeniero técnico industrial del Ayuntamiento.
* ADN - EFE - 17.05.10
Foto: Gádor (Almeria) - andaluciarustica.com
México: 'Me paga 40 mil pesos o se va de patitas a la calle'
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INFORMADOR/Guadalajara* : “Me firma y paga 40 mil pesos ahorita; de lo contrario, se va de patitas a la calle”. La anterior es una amenaza continua hacia los vecinos de la colonia La Joyita, uno de los 68 asentamientos irregulares en el Municipio de Guadalajara. De éstos, sólo tres han recibido sus títulos de propiedad. La irregularidad de las colonias puede tener muchos significados de índole administrativa, jurídica y hasta urbanística, pero sólo hay uno que mira directamente a los ojos de vecinos: la falta de escrituras de su hogar.
En la irregularidad suceden también transfiguraciones peculiares. En La Joyita, por ejemplo, sus vecinos vieron evolucionar su gentilicio, y ahora, antes que tapatíos, se acostumbraron a llamarse “compradores de buena fe”. Y qué decir del temor que generaba en ellos estas extorsiones cotidianas, mismo que tras 25 años, envejeció, cuajó y se volvió coraje.
En La Joyita hay 120 familias con este problema; sin embargo, la lista es larga: en la Doctor Atl, a su lado, se contabilizan otras 100, unas mil 100 personas en ese punto.
“Por eso nuestra preocupación e insistencia ante la autoridad para que tome cartas en el asunto, que nos haga sentir que somos dueños o propietarios de un pedazo de tierra que nosotros adquirimos. No se nos hace justo que cualquier pelafustán venga y nos amenace.
Como le digo, nosotros no tenemos miedo porque sabemos, pero mucha gente desafortunadamente no”, enfatiza María Concepción López, presidenta vecinal de La Joyita.
Cifras del diagnóstico más reciente del Ayuntamiento de Guadalajara señalan la existencia de 11 mil predios que deben ser regularizados, por lo menos, algo así como dos millones 900 mil metros cuadrados sobre los que viven 55 mil personas que enfrentan este rezago.
El problema, como lo señala María Concepción, es que la administración de Aristóteles Sandoval Díaz no ha instalado la Comisión Municipal de Regularización (Comur), una instancia por la que la autoridad municipal, conforme al decreto 20920 del Congreso estatal, puede incorporar a esos asentamientos como suelo urbano y dar pie a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, para luego, con la determinación del Ayuntamiento, entregarles los anhelados títulos de propiedad.
“El tiempo es oro”
La casa de María Concepción se fue construyendo a lo largo de 25 años. La erigió desde la tierra de cultivo que alguna vez fue La Joyita (a muy pocos pasos de la Barranca de Huentitán), hasta el hogar que es hoy y cuya calidez se percibe al interior de su sala, donde todo está cubierto por una penumbra suave que da la bienvenida a sus invitados.
María Concepción no tiene escrituras para demostrar que la finca le pertenece, pero tiene otros testimonios igual de convincentes que la secundan en su voz, como aquellas fotografías en sus paredes donde se guardan las promesas matrimoniales de su familia, o los trofeos, uno muy grande en un rincón, para rememorar las historias de éxito de los suyos.
Su peregrinar en la Comur de Guadalajara comenzó hace cinco años. Ha sido muy lento, pero también hay avances importantes que le regalan las fuerzas para recorrer el “mundo de trámites” que la llevarán, “algún día”, a tener un título de propiedad junto a sus vecinos.
“Es muy complejo, es algo que nos han dicho muchas personas que conocen y saben de esto, que nuestro problema es algo muy difícil, que era como una madeja que había que ir desenredando”.
El Ayuntamiento tapatío aprobó el 20 de abril el Reglamento para la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos Irregulares en Predios de Propiedad Privada, el cual sienta el marco jurídico sobre el que trabajará su Comisión Especial Transitoria para la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Irregulares. Sin embargo, este cuerpo colegiado no ha comenzado sus labores.
“Para nosotros eso y nada es lo mismo porque no podemos caminar”, dice con firmeza María Concepción, “cinco años en administraciones pasadas y no les ajustaron. Nos urge sacar esto”.
La irregularidad es un agujero negro donde la velocidad del tiempo se altera, disminuye y las horas y los días transcurren con una parsimonia desesperante. “Para nosotros el tiempo es oro”, le habla María Concepción sin intermediarios a los ediles tapatíos.
La representante y Serafín Márquez Saldaña, vecino y miembro de la mesa directiva, han solicitado directamente a la autoridad que retome los trabajos de la Comur, incluso han hablado con el alcalde en el Lunes Contigo. Hace 15 días, el Ayuntamiento respondió con una comitiva de funcionarios, pero mostró tal desconocimiento del caso que sólo sembró durante la reunión más desilusión entre vecinos.
“Qué tristeza que no saben de lo que estamos hablando”.
Retraso en las últimas tres adminitraciones
El diagnóstico con el que cuenta el Ayuntamiento tapatío arroja que luego de tres administraciones municipales del Partido Acción Nacional (2001-2003, 2004-2006 y 2007-2009) y un inventario que considera a 68 asentamientos irregulares, únicamente en tres de ellos se concluyó completamente el proceso de regularización con la entrega de títulos de propiedad, más otros dos que están por terminar la fase de titulación.
En 34 de los asentamientos, por el contrario, no se registra avance. La autoridad municipal considera indispensable, no obstante, la depuración y actualización de este inventario, peinando todo el territorio para integrar a los fraccionamientos irregulares que no han sido contemplados y obtener, finalmente, mayor certeza en los números en un “inventario único”.
Los registros de la Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco (Prodeur), como instancia encargada de emitir los dictámenes de procedencia para la regularización de los asentamientos, confirman el rezago pues refieren que en el municipio existen 64 de estos fraccionamientos en proceso de regularización. Por lo tanto, aunque mínima, presenta una discrepancia con los archivos municipales de cuatro asentamientos. De ahí la necesidad por un inventario único.
La información de Guadalajara y de la Prodeur muestra los pocos avances en esta materia en nueve años, y pone en entredicho episodios de la administración municipal en los que se cantaba victoria sobre la condición de irregularidad que, en realidad, subsiste en el municipio.
El 22 de diciembre de 2003, por ejemplo, este diario registró esta frase del entonces presidente municipal, Fernando Garza Martínez:
“Prácticamente ya quedan regularizadas todas las colonias de Guadalajara. Ya se están dando los papeles para que puedan empezar a pagar sus escrituras en algunas colonias, pero prácticamente todas las colonias quedan regularizadas en cuanto a propiedad”.
En su gobierno se inventariaron 53 asentamientos irregulares, pero si se recurre sólo al registro de la Prodeur, 41 de esos siguen en espera de sus títulos de propiedad a más de seis años de distancia. Incluso, colonias citadas en aquella nota con una regularización concluida (como Colinas de Huentitán, Lomas Independencia, Nueva España, El Mirador y Nueva Santa María), siguen apareciendo en los archivos del Ayuntamiento y de la Prodeur dentro de los rezagos.
En documentación actual del Ayuntamiento referente a la Comur, se establece como una meta técnicamente factible de cumplir la regularización de 10 asentamientos por año; sin embargo, no se ha determinado una partida presupuestal para los trabajos de esta instancia.
La integración de cada expediente conlleva dictámenes y levantamientos de los asentamientos que requieren inversión para su elaboración. Para ejemplificar, el Ayuntamiento de Zapopan, aunque con una problemática mucho mayor, destinó en 2008 una partida de 15 millones de pesos para su Proyecto Estratégico de Regularización de Asentamientos Humanos.
Inventario de asentamientos irregulares
* 3 con títulos entregados.
* 2 a punto de llegar a la titulación.
* 2 con declaratoria de regularización de Comur, inscritos en el Registro Público de la Propiedad (RPP) y Catastro Municipal.
* 6 con declaratoria de regularización de Comur, sin inscripción en RPP y con expedientes incompletos o erróneos.
* 5 con dictamen de improcedencia por parte de la Prodeur para ser regularizados.
* 16 con dictamen de procedencia de la Prodeur sin declaratoria de la Comur.
* 34 en el inventario sin avance.
Para saber
Recientemente solicitaron su inscripción a la Comur las colonias Nuevo Sur, Lomas de Polanco, Balcones del Cuatro, Rancho Blanco y Demetrio Vallejo.
Proceso de regularización
Considera la inscripción de las colonias en la Dirección de Catastro para la apertura de cuentas catastrales, lo que a su vez le permite a la autoridad municipal el cobro del impuesto predial; es decir, el rezago en estas tareas no sólo afecta a los ciudadanos con la incertidumbre jurídica sobre su propiedad, también al propio Ayuntamiento, que deja de percibir recursos.
Aunque no existe un cálculo de los recursos que se pierden por todos los asentamientos con esta problemática, puede señalarse el de la colonia Bethel, donde se estima que podría generarse un pago anual de ese impuesto por 390 mil pesos para la autoridad.
* Informador.com - 17.05.10
Foto: En la colonia La Joyita hay 120 familias sin escrituras de sus predios. A. GARCÍA, informador.com
Ya que recortan, metan tijera al AVE
ISAAC ROSA* : Desde el momento en que el Gobierno ha incluido en su plan de recortes las inversiones para infraestructuras, un escalofrío ha recorrido comunidades y ayuntamientos. El que más ha levantado la voz ha sido el presidente cántabro, furioso después de que Fomento suspendiese el acto de colocación de la primera piedra del AVE a Cantabria. Pero no ha sido el único: consejeros de transporte y alcaldes de toda España han salido a defender sus infraestructuras prometidas. “¿Cómo, que nos vamos a quedar sin cortar cintas ni poner primeras piedras de alta velocidad en año electoral?”. Antes de la actual crisis, cuando parecía que el crecimiento económico no tendría fin, gobernantes y líderes políticos alimentaron una promesa insensata: unir todas las capitales de provincia mediante AVE.
Sí, ya sé que suena a disparate, pero en aquellos tiempos burbujeantes parecía lo más normal, y se plasmó en un desquiciado plan de infraestructuras que iba a llenar de autovías y líneas de alta velocidad hasta el último rincón del país.
Cuando alguien repite eso de que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, yo siempre pienso en aquellos planes de infraestructuras que nos iban a hacer líderes mundiales en autovías y trenes veloces. Y ahora, cuando vienen las vacas flacas, nadie quiere bajarse de esa burra, todos quieren conservar su prometido AVE y que sean otros los que se sacrifiquen.
En una entrevista reciente el ministro de Fomento dio un dato que me dejó sin dormir varias noches: cada kilómetro de AVE tiene un coste de mantenimiento de 100.000 euros anuales; el doble si lleva túnel. Echen la cuenta con la red actual, y con la proyectada. Un disparate más de un medio de transporte insostenible, y cuyos efectos benéficos para la economía y el empleo no hay más que verlos, ahora que somos a la vez líderes europeos en kilómetros de AVE y en paro. Lo acaba de recordar Ecologistas en Acción, que ha pedido aprovechar la crisis para revisar esos planes. ¿Entraremos en razón, aunque sea a la fuerza?
* Isaac Rosa (Sevilla, 1974) ha publicado las novelas La malamemoria (1999), posteriormente reelaborada en ¡Otra maldita novela sobre la guerra civil! (2007), El vano ayer (2004) y El país del miedo (2008). Con El vano ayer obtuvo el Premio Rómulo Gallegos, el Premio Ojo Crítico y el Premio Andalucía de la Crítica, y ha sido llevada al cine por Andrés Linares con el título de La vida en rojo. Su última novela, El país del miedo, ha recibido el Premio Fundación José Manuel Lara a la mejor novela de 2008.
* Público - Blogs - 17.05.10
Condenan al ex alcalde de Guardamar por un delito contra el medio ambiente
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INFORMACIÓN/Alicante* : El ex alcalde del PP de Guardamar del Segura Francisco García Gómez ha sido condenado como autor criminalmente responsable de un delito contra el medio ambiente con una pena de 18 fines de semana de arresto, multa de 18 meses con una cuota diaria de 6 euros y el pago de la mitad de las costas procesales. La sentencia del Juzgado de lo penal nº1 del pasado mes de marzo se refiere a unos hechos denunciados por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y el PSOE de Guardamar en 1999 y 2000, cuando el Ayuntamiento permitió en el vertedero del Pallaret el vertido, mediante cientos de camiones cisterna, de aguas fecales procedentes de fosas sépticas de la comarca cuya acumulación originó "una especie de embalse" que contenía unos lodos de aspecto viscoso, en un estado líquido pastoso, de color oscuro, de olor nauseabundo y en estado permanente de fermentación, según la sentencia.
En el proceso también estaba imputado el concejal del PP Luis Domingo Hernández, que en el momento de los hechos denunciados era edil de Medio Ambiente y Servicios, aunque finalmente ha sido absuelto. Inicialmente el ministerio fiscal solicitó tanto a García como a Hernández seis meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público y 12 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros y costas.
Una de las razones que esgrime la sentencia para rebajar las penas solicitadas por la Fiscalía para los dos imputados radica en que está contrastado que los acusados intentaron resolver la situación al acordar el Ayuntamiento en pleno aprobar un protocolo de intenciones con la Conselleria de Medio Ambiente para la implantación de un vertedero de residuos inertes, así como por las sucesivas actuaciones de mejora.
Plan de impermeabilidad
Según la sentencia, el lugar del vertido no había sido sometido a un plan de impermeabilidad y el vertido, por la elevada temperatura, emitía vapores y burbujas a la superficie hallándose continuamente ardiendo, "lo que originaba una columna de humo negro de aspecto y color desagradable" así como "riesgo de incendio para las masas forestales" lindantes. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento tenía en el vertedero un empleado municipal que se ocupaba de controlar los camiones cisterna que llegaban al lugar para descargar y cobrar por ello. Desde enero a mayo de 2001 la cantidad recaudada por el Ayuntamiento en este concepto ascendió a 3.889.000 pesetas.
Tras las denuncias y la apertura de diligencias, el Juzgado número dos de Torrevieja acordó en octubre de 2001 la clausura del vertedero "al existir peligro para la vida humana así como para la flora y fauna existente". Los responsables municipales solicitaron que la orden quedase sin efecto ante "los importantes daños y perjuicios económicos" a las arcas municipales y "a informes técnicos que desvirtúan las alegaciones de toxicidad y peligrosidad vertidas de forma irresponsable". Sobre la incidencia en el medio ambiente por la actividad denunciada, el Seprona recogía en su informe que el vertido "se filtra a las capas del subsuelo originando un grave peligro de contaminación de las aguas subterráneas y posiblemente al río Segura a través de una rambla cuando llueve". Asimismo, se añadía, al estar rodeado el vertedero de terrenos de cultivo había peligro de contaminación de los productos.
* Información - 17.05.10
Foto: Camiones cisterna descargando lodos procedentes de fosas sépticas en el año 2000 en el vertedero de Guardamar. - diarioinformacion.com
Bilbao: Macua declara que asesoró a Iurbenor con los datos que le daba la empresa
ELPAÍS* : Durante casi cuatro horas, el presidente del Athletic, Fernando Garcia Macua, tuvo que declarar ayer como imputado en el caso Iurbenor, el impago por esta empresa de 43 millones de euros de IVA a la Hacienda de Vizcaya por la venta de un suelo en Barakaldo. En ese terreno se iba a levantar el frustrado proyecto Puerta de Bilbao, que pretendía ser la mayor operación urbanística de Euskadi, con 2.000 viviendas.
Macua negó responsabilidades en cualquier delito y aseguró que se limitaba a elaborar las declaraciones fiscales de la empresa únicamente con la información que le proporcionaba esta misma. El juez le acusa de apropiación indebida y delitos societarios al implicarle en la gestión de la empresa y la prestación de labores de asesoramiento.
García Macua, el primer presidente del club rojiblanco que es imputado judicialmente, admitió a preguntas del fiscal que tuvo cargos de responsabilidad en Iurbenor -fue secretario del Consejo de Administración- y en otras empresas del grupo Afer. Añadió que asesoraba a una veintena de las 140 compañías del grupo. Hasta su ruptura con el presidente de Afer, Jabyer Fernández, era su mano derecha y ha sido también una de las figuras clave del grupo empresarial. Por ejemplo, fue consejero delegado en Habidite, el innovador proyecto de construir pisos en serie en una fábrica.
El fiscal le sometió a un extenso interrogatorio, que se prolongó más de dos horas, en el que Macua insistió en que se limitaba a cumplimentar la información fiscal de Iurbenor, según fuentes judiciales. La declaración giró especialmente sobre los 1,8 millones, tampoco abonados, del IVA de cuatro cooperativas en el mismo proyecto de Barakaldo. Se trata de 605 viviendas protegidas que son gestionados por 500 personas a través de una sociedad de cooperativas y que se han salvado de la operación Puerta de Bilbao. El presidente del Athletic se negó a contestar las casi 30 preguntas planteadas por los abogados defensores de Jabyer Fernández y de otros dos socios de Iurbentia -otra empresa participada por Afer- personados en la causa.
Macua esgrimió los informes de los administradores concursales y de Hacienda. Este último sólo aprecia delito fiscal en 2009, cuando el imputado ya no tenía cargos en Iurbenor. El máximo responsable del Athletic fue uno de los cinco miembros del Consejo de Administración de Iurbenor entre 2006, cuando se constituyó la empresa para el proyecto de Barakaldo, hasta el 27 de enero de 2009, cuando pasó a ser dirigida por Jabyer Fernández como administrador único.
Macua, quien aseguró a los periodistas tras su declaración que no tenía "ninguna preocupación" y que consideraba que "todas las preguntas del fiscal están aclaradas", sostuvo que el impago de los 1,8 millones "no tiene recorrido", en contraste con las declaración judicial relaizada , también como imputado, el pasado 16 de abril, por Jabyer Fernández, quien achacó el "error" de dicho impago a García Macua.
El juez instructor, José María Eguia, preguntó al imputado por su intervención en la elaboración de los convenios con Habidite. Macua respondió que realizó labores de asesoramiento y que se respetó la legalidad. El magistrado le inquirió por el hecho de que la denuncia que motivó el caso se redactase en el despacho profesional de Macua como abogado en presencia de agentes de la Ertzaintza. El juez consideró este hecho cuando menos irregular, según las fuentes informantes. El presidente rojiblanco sostuvo que le aconsejaron que era lo más operativo. Siete ex socios del grupo, entre ellos Macua, demandaron el 4 de mayo de 2009 a Fernández por apropiación indebida y delitos fiscal y societario por el impago de los 43 millones del IVA.
También declaró ayer como imputado Emilio Prieto, igualmente actual directivo del Athletic y consejero de Iurbenor entre 2006 y 2009. Prieto aseguró que no tenía poder decisorio y que quien mandaba y resolvía era Jabyer Fernández.
* ELPAIS.com - 15.05.10
Foto: Bilbao, estadio S.Mamés - viajes.es
‘Merindades Limpias’ recurre contra la planta de Moneo
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ELCORREODEBURGOS* : Los miembros de la Plataforma Merindades Limpias y Asociación Amigos de Moneo más y vecinos de las pedanías de Moneo (Ayuntamiento de Medina de Pomar) y de San Cristóbal de Almendres y Pradolamata (Merindad de Cuesta Urria), han interpuesto un recurso potestativo de reposición a través del que solicitan «la anulación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Medina de Pomar de 14 de abril de 2010, por el que se concede Licencia Urbanística de obras de construcción de planta industrial en la localidad de Moneo».
Lo argumentan y motivan por la «omisión del trámite de audiencia» a su favor, dada su calidad de interesados por ser vecinos de las pedanías de Pradolamata y San Cristóbal de Almendres del Ayuntamiento de Merindad de Cuesta Urria y de Moneo del Ayuntamiento de Medina de Pomar.
En el citado recurso afirman mostrarse como «interesados en todo el procedimiento administrativo» tendente a la implantación de la planta industrial en la localidad de Moneo, ya que se se entiende que esa condición se mantiene y consolida a lo largo de todo el proceso. Y lo basan en el artículo 45 de la Constitución Española, por el que se defiende el derecho «a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de su persona y de todas las personas vecinas de dichas pedanías, derechos, repetimos, que les asisten y que puedan resultar afectados por la Resolución final que se adopte, es decir, el otorgamiento de Licencia Urbanística de construcción de la Planta Industrial, como Acto Administrativo o Resolución que pone fin a la tramitación Administrativa y que pretende permitir finalmente la construcción material de dicha planta», apuntan en el recurso presentado en el Ayuntamiento de Medina.
Recientemente, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Medina concedía licencia urbanística de obras de construcción a la planta industrial, sin se les haya concedido el trámite de audiencia a las plataformas
Recuerdan los vecinos que la planta quedará a 1.878 metros de Pradolamata; 1.607 metros de San Cristóbal de Almendres y apenas a 800 metros de la pedanía de Moneo.
* El Correo de Burgos - 17.05.10
Foto: Moneo (Burgos) - diariodeburgos.es
En busca de la ciudad perfecta
LARAZÓN/Madrid* : Ifema acogerá del 8 al 11 de junio las novedades en urbanismo sostenible. Salga a la calle y preste atención a cada uno de los elementos que se encuentre a su alrededor: han sido pensados y diseñados exclusivamente para el uso de los ciudadanos, desde los bancos a las marquesinas, las papeleras, las paradas de autobús, las casi ya inexistentes cabinas telefónicas, los bolardos que impiden el acceso a los coches en las aceras o los pasos de peatones. Y ahora, intente recordar cómo eran antes, hace apenas unos años, y si alguno de los que ve hoy en día existían.
Las ciudades crecen, se mueven, evolucionan, son dinámicas y se tienen que adaptar a las necesidades de cada tiempo. Hoy en día nos encontramos con aparcamientos de acero para las motocicletas completamente de diseño, con espacios reservados exclusivamente para ello, y los específicos para las bicicletas.
Ocio seguro
Y para los más pequeños de la casa, las ciudades cuentan con parques infantiles más seguros, que incluyen un suelo acolchonado lejos de las esquinas y bordillos, así como columpios que desechan el hierro y apuestan por otro tipo de materiales que cada vez comprometan menos la seguridad de los niños. Se utilizan componentes duraderos y anclajes eficaces a prueba del paso del tiempo y del vandalismo.
Por su diseño, los elementos urbanísticos configuran la identidad de las ciudades, pues responden y se adecúan a los espacios, los coloridos y los usos que la sociedad actual demanda: urbanización vial, amplios parques y jardines; instalaciones deportivas y de ocio; servicios urbanos; equipamiento y aplicaciones para la eliminación de barreras arquitectónicas, rehabilitación, mantenimiento y ornamentación; así como tratamiento de aguas, residuos sólidos y otras contaminaciones, sin pasar por alto la protección y la recuperación de los entornos naturales.
Todos estos sectores mostrarán sus novedades en la Feria Internacional del Urbanismo y del Medio Ambiente (Tecma), el escenario más importante de nuestro país para esta industria, y con gran prestigio internacional. La cita tendrá lugar del 8 al 11 de junio en las instalaciones de la Feria de Madrid. El objetivo de todas las empresas que participarán en Tecma es crear y promover entornos metropolitanos más sostenibles y agradables para el ciudadano de a pie.
Foro de debate
Junto a los últimos avances, los profesionales del sector que participen en la feria tendrán a su disposición los modelos más clásicos y consolidados del mobiliario urbano.
Además, se organizarán ponencias sobre los beneficios que supone la implementación de las nuevas tecnologías en la gestión medioambiental del entorno urbano. En concreto, se darán a conocer las tendencias relativas al desarrollo sostenible de las ciudades y será foro de debate para conocer hacia dónde se dirige el sector.
Como en cada edición, durante la celebración de Tecma se entregarán los Premios Escoba, tanto de oro como de plata, con los que se distingue la labor desarrollada por los organismos públicos y por las entidades privadas para promover una gestión sostenible de las ciudades y el respeto por el medio ambiente.
Tecma se puede visitar todos los días de 10:00 a 19:00 horas, excepto el viernes 11 de junio, que abrirá de 10:00 a 15:00 horas, en los pabellones 4, 6 y 8 de la Feria de Madrid.
RECICLAR MÁS ALLÁ DE LOS CUBOS DE COLORES
Junto a Tecma se desarrollará el II Salón de la Recuperación y el Reciclado, que mostrará la oferta en maquinaria para la recuperación, fragmentación, reciclado y valorización de todo tipo de residuos. Entre ellas, las últimas tecnologías aplicadas a la recuperación de componentes de vehículos fuera de uso. Otras máquinas, igual o más habituales que el coche, se pueden reciclar. El apagón analógico ha obligado, en algunos casos, a cambiar de televisor; tanto, que se estima que en 2010 se reciclen hasta 15.000 toneladas de televisores y monitores de ordenador. Lo más importante es dejarlos en los puntos limpios, pues eso evita la emisión a la atmósfera de 21 millones de kilos de CO2.
* La Razón - 16.05.10
Foto: Los nuevos elementos de decoración urbana están adaptados a las necesidades del ciudadano del siglo XXI - larazon.es
El fracaso de una consulta ciudadana dinamita la corporación de Barcelona
ELPAÍS* : La idea de reformar el tronco central de la Diagonal, la principal arteria de Barcelona, promovida por el alcalde socialista, Jordi Hereu, ha sido rechazada por el 80% de los vecinos que han votado en una consulta desarrollada durante una semana. El demoledor resultado -"inapelable", en palabras del alcalde- y la baja participación, de apenas un 12%, unido a un sinfín de incidentes en el proceso de votación electrónica -como el voto fallido del alcalde o la suplantación de la identidad de Alberto Fernández Díaz (PP) al votar alguien en su nombre- y la presión de la oposición forzaron a Hereu a reaccionar.
Ayer, tras conocer los resultados, pidió la dimisión del que ha sido su mano derecha, Carles Martí, primer teniente de alcalde y quien le aupó como cabeza de lista en las elecciones municipales de 2007.
También ha cesado la responsable técnica de la consulta y Hereu quiere pedir responsabilidades a las empresas que organizaron el voto por Internet.
Martí asumió toda la responsabilidad del mal resultado de la consulta. Con su cese, Hereu -que no ha contado con mucho apoyo en su partido, el PSC- quiere acotar el alcance de una crisis en su Gobierno que va más allá de la reforma de la Diagonal. La idea de celebrar una consulta ciudadana tiene que ver con la ausencia de un proyecto fuerte. Desde la concejalía de Urbanismo se propusieron dos modelos, bulevar (A) o rambla (B), y ambos suponían la introducción del tranvía para enlazar las dos redes actuales. La tercera opción (C) -que era la negación de la reforma que impulsaba el alcalde y suponía dejar todo como está- ha sido vencedora de la consulta.
* ELPAIS.com - 17.05.10
Foto: Barcelona, ayuntamiento - idg.es
La trama 'Gürtel' tiene una conexión con Granada: Correa dice que "hicimos algo en Salobreña"
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IDEAL* : El principal imputado de la trama Gürtel reconoce en su declaración ante el juez que invirtió en la Costa Tropical. La trama Gürtel, con Francisco Correa a la cabeza, extendió sus tentáculos hasta la costa de Granada. El 30 de abril de 2009, en una sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, comparece el principal imputado de la red. En una declaración de más de tres horas, responde a las preguntas del fiscal hasta que, a mitad del interrogatorio salta un nombre: Jesús Calvo Soria.
- «¿Lo conoce?
- Sí.
- ¿Tuvo alguna relación con él?
(Correa piensa durante unos segundos) - Comercial, no.
- ¿Alguna inversión en conjunto? ¿En común con él?
- Ah, sí, espere, espere, espere, hicimos una cosa en Salobreña».
Correa le resta importancia. Pero el fiscal insiste en lo de Salobreña:
- «¿Qué es lo que hicieron?
- Bueno, pues Ramón Blanco invirtió en una sociedad que... pregúntele a Ramón, se invirtió en una sociedad para hacer unos chalés allí, pero yo creo que la inversión fue mínima, eh, ni la recuerdo».
Éste fue el punto de partida de una investigación alrededor de una empresa: Proyectos Inmobiliarios Salobreña, que hizo negocios en la Costa Tropical de la mano de Jesús Calvo, considerado por el fiscal como uno de los testaferros de Correa, y Ramón Blanco, calificado como la mano derecha de este último y "diseñador de una estructura societaria en paraísos fiscales o territorios no cooperantes hacia donde canalizan los fondos obtenidos de forma ilícita en España". El primero creó la citada empresa para hacer una promoción de chalés en la Costa Tropical. El segundo, presuntamente, dirigió las inversiones.
* Ideal - 16.05.10
Foto: Salobreña (Granada) - sobreespana.com
Más de una veintena de alcaldes y cargos públicos gallegos se han enfrentado a peticiones de inhabilitación
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ELPROGRESO* : El ex alcalde y actual concejal en el municipio pontevedrés de Cambados, Carlos Silva (PP), tiene el dudoso honor de ser, hasta el momento, el último político gallego obligado a sentarse en el banquillo de los acusados. El pasado martes acudió al juzgado de lo penal nº1 de Vigo para enfrentarse a una pena de dos años de prisión y otros dos de inhabilitación, por un supuesto delito de falsedad documental.
Declaró, en una línea que no es novedosa en este tipo de casos, que no era consciente de haber firmado las certificaciones presuntamente ilegales. El suyo no es, ni con mucho, el único caso que implica justicia y política, con las irregularidades urbanísticas situadas como principal motivo de las acusaciones.
Con el caso Gürtel en el ojo del huracán, nadie pone en duda que la judicialización de la vida política es un síntoma de mala salud democrática. La mayoría de los partidos repliegan velas y se limitan a confiar en la actuación de la justicia, e intentan pasar incólumes ante la repercusión mediática de los casos.
Entre los más llamativos de la última temporada se sitúa el que afecta al conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acordase el mes pasado admitir a trámite la querella presentada por el PSdeG por la certificación que hizo Hernández de una obra en Salvaterra de Miño (Pontevedra) ''por si los hechos pudieran ser constitutivos de los delitos de falsedad en documento oficial, estafa y/o fraude a la Administración Pública''. Con el proceso en marcha, el conselleiro calla, ''respeta'' y ''confía'' en la acción de la Justicia.
Despido improcedente a una empleada
Siguiendo dentro del Ejecutivo Feijóo, también corrieron ríos de tinta por el caso de la directora xeral de Formación e Colocación de la Xunta, Ana María Díaz, condenada por un despido improcedente a una empleada de hogar, y quien solicitó a posteriori la revisión de la sentencia. El suyo no es, sin embargo, un caso prototípico, ya que la mayoría de los enlaces política-juzgados suele derivar de lucros indebidos o recalificaciones urbanísticas.
Estos casos, de hecho, son los más frecuentes en los procesos en los que se ven involucrados alcaldes o ediles municipales. Por ejemplo, en el municipio lucense gallego de Castro de Rei, fueron detenidos hace meses el alcalde del municipio, el socialista Juan José Díaz Valiño, y tres concejales, investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. El pasado mes de abril, por otro lado, se juzgó al alcalde de Redondela y al concejal de Urbanismo, por un presunto delito de prevaricación, por las irregularidades en la contratación de obras.
Los ejemplos de alcaldes que han tenido sus más y sus menos con la justicia en los últimos meses son numerosos, de distintos colores políticos. Entre otros, figuran casos como los de A Lama, Punxín, Melón, Outes, Pontedeume, Oleiros, Porto do Son, Nigrán o Tui. En este último caso, el primer edil, Antonio Feliciano Fernández Rocha (PP), ha sido condenado y posteriormente absuelto por acciones de carácter urbanístico. Como las estadísticas mandan, PP y PSOE son los más afectados, pero el BNG no escapa a las sospechas.
Casos antiguos
Un repaso a las hemerotecas revela casos en los que una inhabilitación para el ejercicio de cargo público acaba convirtiéndose en un ‘mal recuerdo’ que no impide volver a la práctica política. Es el caso del regidor de la localidad ourensana de Xinzo de Limia, Isaac Vila (PP), que estuvo seis años cesado por decisión judicial, y que volvió a hacerse con las riendas de la alcaldía por mayoría. Otros casos de regidores que fueron inhabilitados años incluyen a la ex alcaldesa de Cabanas, Modesta Anca (PSdeG), condenada a ocho años de suspensión para ejercer cargo público por un delito contra la ordenación del territorio.
Hoy por hoy, algunos juristas se preguntan si ''¿estamos ante una estrategia de judicialización de la política o de politización de la justicia?''. Sin duda, ambos sectores caminan a menudo de la mano.
* El Progreso - 16.05.10
Foto: Cambados (Pontevedra) - spainviajes.com
Piqueta contra naves, hoteles y tanatorios
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ELPAÍS/Galicia* : Lo repite el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cada vez que le mientan la retirada de competencias y personal a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) o el cese del director que la puso en marcha, Hipólito Pérez, responsable último de que en 2007 se empezasen a demoler construcciones ilegales en Galicia después de 30 años de mirar hacia otro lado. Cuando surge la pregunta, Feijóo repite que sus presupuestos reservan 600.000 euros para que la piqueta siga haciendo su trabajo. Y tiene mucho, a juzgar por las más de 200 órdenes de derribo que acumulan los archivos de la APLU.
Entre los edificios sentenciados abundan los mamotretos en estructura que proliferaron gracias a la vista gorda, cuando no complicidad, de distintas instituciones durante décadas. En las semanas anteriores a su cese, previa modificación de los estatutos de la agencia, Hipólito Pérez estampó su firma sobre algunos de los expedientes más polémicos -varios vinculados directamente con dirigentes del PP-.
A los pies de Cabo Silleiro, en Oia, sólo falta que el fallo de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Pontevedra dictamine a quién corresponde demoler el hotel Talaso Atlántico. El ambicioso complejo residencial, que incluye un balneario de talasoterapia, horadó el acantilado en virtud de una licencia concedida de manera irregular por el Ayuntamiento de Oia que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya ha anulado sin que quepa recurso posible. Igual suerte debería correr, dentro de ese mismo municipio, la nave industrial que el concejal de urbanismo de Gondomar, Alfonso de Lis Fiuza, levantó a 200 metros del mar, sobre una superficie de suelo rústico con protección de costa. El tránsfuga del PSOE que dio el gobierno local al PP, ha sufrido ya varias multas coercitivas de la agencia de legalidad urbanística. De momento, la nave sigue en pie, pese a que contra la orden de demolición no cabe recurso.
Las vistas inmejorables de los 52 chalés que una promotora vinculada a cargos del PP edificó en O Grove estarán también amenazadas si la nueva dirección de la APLU se decide a hacer cumplir la orden firmada por el equipo anterior. Pero dos meses después del relevo propiciado por Hernández, la agencia ni siquiera ha abierto el preceptivo expediente sancionador. Fuentes de la actual Consellería de Medio Ambiente admiten las presiones del presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, para ralentizar el proceso abierto contra una promotora en la que ejerce como administrador Fernando Varela, hermano del actual conselleiro de Cultura.
Las excavadoras también deberían actuar contra el tanatorio de Pompas Fúnebres en Pontevedra, que colinda con el hospital de Montecelo, o la residencia que la Fundación San Rosendo regentada por el cura Benigno Moure pretendió levantar en Arteixo sobre suelo rústico de protección forestal.
LUJO Y RELAX A LA ORILLA DE CABO SILLEIRO
Con piscinas interiores de agua salada, amplio aparcamiento y solarium, el complejo residencial Talaso Atlántico está a la espera de que un juzgado decida a quién compete financiar su derribo. La licencia que sirvió para horadar la falda de un acantilado frente al Atlántico, expedida por el Ayuntamiento de Oia, fue anulada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El proceso está ya en fase de ejecución de la sentencia.
LA HERENCIA DE UNA PROMOTORA EN BANCARROTA
El grupo inmobiliario Mahía hizo fortuna a finales de los 90 con el boom de la construcción en las inmediaciones de Santiago. La promotora dejó una deuda de 300 millones de euros que ahora intenta capear como puede el grupo Maexpa. No fue la única herencia que dejó la sociedad. Muy cerca del convento de San Francisco, en Padrón, abandonó un bloque de decenas de viviendas a medio levantar. La APLU, tras subrogarse las competencias del ayuntamiento ordenó su derribo, que ha ratificado el juzgado.
EL EJEMPLO DEL CONCEJAL DE URBANISMO
La levantaron entre el concejal del PSOE en Oia Serafín Fernández y Alfonso de Lis, su compañero de partido en Gondomar, quien se convirtió en tránsfuga para dar el gobierno local al PP, que acabó premiándole con la concejalía de urbanismo. Edificada sobre suelo rústico de Oia, alberga una carpintería. De Lis exige un millón de euros a cambio del derribo.
TANATORIO SENTENCIADO
La comisión provincial de urbanismo de Pontevedra, dependiente de la Consellería de Obras Públicas en tiempos de Fraga, autorizó su construcción justo al lado del Hospital Montecelo, en la capital provincial. Los vecinos recurrieron y cuando un tribunal anuló la licencia pidieron la ejecución del derribo, que deberá costear la Administración.
CUANDO EL ATAJO DEL PLAN XERAL NO SIRVE
En O Pino, la estructura del complejo residencial El Camino lleva años abandonada con una grúa a sus pies. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, intentó legalizar el edificio a través de una modificación del plan general de urbanismo que acabó anulando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El coste de la demolición, que está lista para ejecutar, lo asume la APLU.
OTRO PLEITO PERDIDO DEL CURA MOURE
La Fundación San Rosendo del cura Benigno Moure edificó la residencia de la foto sobre terrenos rústicos de protección forestal cedidos por el Ayuntamiento de Arteixo. La APLU ha ordenado su derribo.
* ELPAIS.com - 16.05.10
Foto: Oia (Pontevedra), hotel Talaso ilegal - lavozdegalicia.es
Los cambios de ley para legalizar obras urbanísticas contrarias a derecho, una “práctica generalizada” en Canarias
LAVOZDELANZAROTE* : La situación se ha repetido en muchas ocasiones en Canarias. El Ayuntamiento de turno concede licencias ilegales para que promotores privados realicen obras que, a pesar del pertinente recurso, se construyen y se finalizan muchas veces cuando la sentencia aún no se ha publicado. Para entonces, la Justicia se encuentra con la disyuntiva de tener que ejecutar la sentencia que anula la obra, y la propia obra ya construida. Ejemplos en las Islas sobran: el conocido como ‘Mamotreto’ en la playa de Las Teresitas, la Supercomisaría de Las Palmas de Gran Canaria, los 23 hoteles ilegales de Lanzarote y un sinfín de pequeñas obras que se realizan contrarias a derecho. En muchas ocasiones, un simple cambio de ley, permite que una obra ilegal pase, como por arte de magia, a ser legal.
El catedrático de Construcción Arquitectónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Carmelo Padrón, es uno de los que cree que este ‘truco legal’ se da “con demasiada frecuencia” en las Islas. Padrón participó este viernes junto a Rafael Fernández Valverde, magistrado del Tribunal Supremo (TS) y ponente de la primera sentencia que anula la compra-venta de la playa de Las Teresitas, en un debate en torno al cumplimiento de las sentencias ante hechos consumados en el marco del II Congreso de Derecho Urbanístico celebrado en Santa Cruz de Tenerife.
Padrón cree que esta práctica está “desgraciadamente muy generalizada en Canarias”, y que la propia Administración pública incurre en ella. Pone como ejemplo la ‘Supercomisaría’ de Las Palmas de Gran Canaria, en referencia a la sede de la Policía Nacional, “donde acaban yendo los detenidos, que en aquel sitio tienen un ADN propio de la ilegalidad urbanística”.
Otro ejemplo paradigmático es el de la ampliación del Parlamento de Canarias en la que se creó “nada más y nada menos que una ley casi de caso único para expropiar las edificaciones”. Ley ‘ad hoc’ que luego el Tribunal Constitucional ( TC) declaró inconstitucional, por lo que el Parlamento tuvo que llegar a un acuerdo con los propietarios expropiados, ya que el edificio ya estaba hecho, lo que al final hizo que éstos “salieran ganando” porque estaban “en fantásticas condiciones para negociar”.
Pero sin duda, el caso que los expertos como Faustino García Márquez (ex responsable de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático) consideran “más sangrante” es el de los hoteles ilegales de Lanzarote ya que hay más de 8.000 plazas alojativas funcionando con licencias anuladas. Padrón recuerda que en las últimas semanas los propietarios han declarado que “ni siquiera van a intentar legalizarlas”, lo que denota a su juicio un “síntoma de que no son por cuestiones formales si no por cuestiones sustantivas” y “están esperando a que el Parlamento haga algo”.
Y es que así las cosas, “si en Canarias las situaciones ilegales se legalizan muy fácilmente el mensaje que se trasmite es que todo se acaba resolviendo”. Para el experto en Urbanismo, el mejor intento para resolver el asunto fue del Cabildo de Lanzarote anterior “con una propuesta equilibrada para que los infractores no se vayan de rositas”, pero que ha quedado en el olvido.
Padrón señala que la mayor parte de estos hechos consumados son por actuaciones de los Ayuntamientos, lo que le hace afirmar que “en Canarias tenemos un problema grave de indisciplina urbanística”.
La indemnización
Para que los culpables de estos hechos consumados no se vayan de rositas, el magistrado Fernández Valverde propone que se plantee una indemnización, aunque el problema viene cuando se trata de determinar quién debe hacer frente a ese pago.
El magistrado explica el problema desde el punto de vista jurídico: “Declarada una construcción ilegal o un planeamiento no ajustado a derecho nos encontramos con una realidad física, la obra, y la ley contempla que mediante un procedimiento incidental se declare que existe causa legal, por una ley que lo impida o una causa de carácter material, pensemos que es un edificio voluminoso difícil de derribar, que no permita el derribo”. ¿Cómo actuar? El magistrado propone “que se haga con una indemnización de carácter sustitutorio”, ya que en muchas ocasiones, “se han consolidado situaciones familiares y saltan problemas sociales”, en referencia a edificios ocupados por ciudadanos, y no de iniciativa pública.
Entonces “chirría la necesidad de ejecutar la sentencia con unos problemas sociales que quienes lo van a sufrir no son los causantes”. La disyuntiva está en si la justicia derriba el edificio y hace que la sentencia se lleve a su justo término “o establecemos una indemnización”.
“En este último caso ¿quién paga, la Comunidad Autónoma que debió vigilar, el Ayuntamiento que concedió la licencia o el promotor que ha desaparecido?”. “El TS debe marcar unos principios muy claros y permitir que los tribunales autonómicos decidan si procede o no derribarlo”, concluye.
* La Voz de Lanzarote - ACN - 15.05.10
Foto: Lanzarote, hotel licencia anulada - laprovincia.es
Galicia: La Ley de los 500 metros cumple tres años sin consenso
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XORNAL* : La prohibición de construir a menos de 500 metros de la costa cumple mañana tres años sin que políticos, arquitectos, ecologistas y promotores se pongan de acuerdo sobre sus efectos. La medida fue implantada de forma cautelar por el bipartito a través de una ley que entró en vigor el 17 de mayo de 2007. La norma establecía la prohibición cautelar para aquellos terrenos no calificados como urbanos durante un plazo de dos años o hasta que estuviese aprobado el Plan de Ordenación Litoral (POL). Ese documento sigue pendiente todavía a día de hoy, por lo que cuando, hace un año, cambió el gobierno, casi al tiempo que finalizaban esos dos primeros años de prohibición, el nuevo ejecutivo tuvo que encontrar otra fórmula para prorrogar la medida.
Finalizado el tiempo en vigor de la ley, optó por un decreto que establecía que, como en todo plan de ordenación, el simple inicio de la redacción del POL permitía a la administración suspender las nuevas construcciones en su ámbito de influencia. Esa fórmula es la que ahora, un año después, ha vuelto a prorrogar la Xunta, asegurando que no va a pasar de este año que se pueda volver a construir, con restricciones y según zonas, en la costa gallega.
En la práctica, el resultado de los anteriores pasos jurídicos es que desde hace tres años no se ha levantado un solo edificio nuevo en zonas litorales que no sean núcleos urbanos, evitando así la dispersión territorial. Pero ello no ha supuesto la paralización del urbanismo en los concellos costeros, ya que han podido seguir construyendo en suelo urbano y fuera de esa franja. De hecho, ni siquiera se puede establecer una relación de causa-efecto entre la norma de los 500 metros y la caída de la construcción (como se refleja en los datos del gráfico superior). En ese punto es en el único en el que están de acuerdo la mayoría de las partes consultadas.
En el resto, tres años después los promotores siguen pensando que la medida fue mal planteada. Javier Garrido, portavoz de Aproin, recuerda: “No fuimos nunca partidarios de aquella ley”, aunque reconoce que “era razonable parar mientras se establecía un criterio de ordenación, porque si no se corría el riesgo de llegar tarde”. “Pero se paró la construcción sin hacer nada más”, dice Garrido, quien se muestra esperanzado en que “ahora se está haciendo el trabajo necesario con el POL”.
Similar apreciación se hace desde el PP y la Xunta, que llevan tres años insistiendo en que “paralizar no es ordenar” y defienden su redacción del Plan Litoral.
Por contra, socialistas, nacionalistas y organizaciones ecologistas coinciden en que la ley supuso “un punto y aparte” para la protección de la costa. De hecho, estas últimas ya han reclamado que la medida cautelar se convierta en permanente.
PROTECCIÓN EN PLENA BURBUJA
Por su parte, la socialista Mar Barcón cree que la ley fue “el factor fundamental para que hoy hablemos del Plan Litoral, porque sin ella hoy no habría ni litoral que proteger”. Barcón también apunta la oportunidad de la ley en 2007 ya que “lo que pretendían construir algunos en aquel momento no se habría terminado, no hay más que ver la urbanización de Miño parada”.
Desde el BNG, Teresa Táboas también destaca el momento en que se aprobó la medida, “en plena burbulla inmobiliaria e antes de que estalase a crise”. Según la nacionalista, la ley fue “unha medida valente que nunca tería tomado o PP”. También destaca que, “como noutros casos, as previsiones catastrofistas dalgúns promotores non se cumpriron”.
El COAG NO VALORA EL ANIVERSARIO
Por su parte, el Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG) ha decidido posponer su valoración sobre los tres años de suspensión cautelar que se cumplen mañana hasta dentro de unas semanas, mientras su junta de gobierno se pone de acuerdo en una postura conjunta, lo que revela otra falta de consenso más sobre la medida.
Sin embargo, destacados arquitectos han expresado reiteradas veces el acierto de la ley. Es el caso de César Portela, que cree que “era necesario parar y reflexionar qué estamos haciendo con nuestra costa, que es nuestro bien más preciado”. En todo caso, Portela no tiene “ninguna esperanza” en el Plan Litoral. “No soy pesimista, pero tampoco tonto”, sentencia.
* Xornal - 16.05.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
Con la música a otro polígono
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ELPAÍS/Barcelona* : Las discotecas del polígono Famades, en Cornellà, son ilegales porque su actividad no está permitida en suelo industrial. La sentencia dictada por un juzgado de Barcelona, que declara nulas las licencias de tres salas de fiesta, ha encendido las alarmas en la patronal del ocio nocturno. Una parte notable de los locales más concurridos del área de Barcelona está precisamente en zonas industriales y los empresarios temen que la sentencia sobre Cornellà (que aún no es firme) siente un precedente peligroso.
Fecalón, la patronal del ocio, está preocupada ante la "inseguridad jurídica" que, a su juicio, padece por culpa de la Administración, según Fernando Martínez, portavoz de los empresarios. El planeamiento urbanístico de Cornellà sólo permite en Famades el uso industrial, y el recreativo queda reservado a los trabajadores de las fábricas, no al el público en general, señala la sentencia.
El Ayuntamiento de Cornellà declinó ofrecer explicaciones sobre su gestión urbanística en una zona por la que cada fin de semana pasan 2.000 jóvenes. Lo cierto es que otros municipios del área metropolitana (como Sabadell, Badalona y Mataró) aprobaron o modificaron en su día planes urbanísticos que permiten compaginar ambos usos, el industrial y el recreativo. Gracias a esas intervenciones, los locales disfrutan de mayores garantías jurídicas. Aunque el caso de Cornellà no es paradigmático, los empresarios se sienten igualmente indefensos y a merced de que el consistorio de turno haya hecho los deberes.
"En los noventa, nuestra oferta de ocio era reducida y muchos jóvenes se iban de la ciudad. Hubo una serie de accidentes de tráfico con víctimas y decidimos facilitar el uso nocturno en la ahora famosa Zona Hermètica", detalló ayer Joan Carles Sánchez, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sabadell. Pero la Hermètica creció demasiado deprisa y en 1997 el Consistorio redactó un plan especial de usos que se reelaboró en 2003 para restringir un poco más la actividad ante los conflictos de convivencia con los vecinos de la zona.
Como Sabadell, también Mataró decidió empujar las discotecas hacia las afueras de la ciudad. El plan especial de usos recreativos de 1998 fijó que unas de las zonas aptas para la marcha nocturna serían las industriales, lo que se concretó en el desembarco de diversas salas en el polígono Pla d'en Boet. Badalona, al fin, vio aprobado su plan para ampliar los usos en el sector industrial de Can Ribó en 1992; entre otras, la sala Titus se estableció allí. En este tiempo, las áreas residenciales han ido ganando terreno y lo que antes podía ser un polígono aislado hoy ya no lo es. Este acercamiento ha provocado choques entre las salas de fiesta y los vecinos, que, en el caso de Famades, han acudido a los tribunales.
* ELPAIS.com - 15.05.10
Foto: Una de las discotecas de la Zona Hermètica de Sabadell.- JOAN SÁNCHEZ, elpais.com
La Plata: Vecinos se movilizan contra la construcción ilimitada de torres en la ciudad
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HOY/Argentina* : Asociaciones vecinales participarán el próximo lunes a las 18 horas de un encuentro en 9 y 51, para protestar contra el nuevo COU que permite la construcción de torres de 14 pisos en 140 manzanas, ubicadas en la zona central de La Plata. "No se sabe cuál es el modelo de ciudad” a partir de la sanción del nuevo COU, opinó el decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, arquitecto Néstor Bono. “Cualquier ciudad tiene un plan y en función de ese plan que debería ser participativo se debe hacer el código del cual todos debemos opinar. Acá estamos empezando al revés”, sostuvo Bono.
“La facultad ha tenido en los últimos diez años participación directa a través del Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT). Sin embargo, nos sorprendió que la nueva gestión planteara la modificación al Código de Ordenamiento Urbano y la eliminación de los organismos asesores que antes funcionaban”, agregó el decano al referirse a que no fueron convocados para participar del proyecto.
A esas críticas, se suma el arquitecto platense, Alfredo Luis Conti, presidente de Icomos Argentina, la organización internacional patrimonialista con voto ante la UNESCO. “El proyecto del nuevo código urbanístico no promueve una adecuada calidad de vida”, porque la infraestructura de servicios “no fue renovada”, advirtió Conti ante el escenario de nuevos edificios.
También, el ex director de Cultura de la Municipalidad de La Plata, el arquitecto Pedro Delheye calificó de “penoso” el nuevo COU. “Es increíble que nuestra ciudad este siendo cruelmente herida en su traza urbana por la propias instituciones que deberían velar por su patrimonio”, agregó.
En tanto, el arquitecto Rubén Pesci, titular de la Fundación Centros de Estudios y Proyectos del Ambiente (CEPA), mencionó que es "peligroso e inútil” el flamante COU y “no es un plan directo de desarrollo urbano. Es apenas, un código que ordena edificios privados. No se sabe para qué, ni por qué, ni donde se hacen edificios, como una gran lógica estricta de mercado inmobiliario” y se mostró preocupado porque, en “una política de falta de cuidado del patrimonio construido, se tiran abajo casas históricas y se construyen torres en cualquier lado”.
Los vecinos, organizaciones e instituciones que organizan el encuentro del lunes en 9 y 51 crearon un grupo en Facebook, “Para que no se destruyan la ciudad de La Plata”. Ese grupo ya sumó a casi cuatro mil miembros.
* Diario Hoy - 15.05.10
Foto: La Plata (Argentina) - diariohoy.net
Piden formación especializada en derecho urbanístico para jueces y fiscales
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ABC/Tenerife* : El presidente de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (Acadur), Juan José Santana, afirmó hoy que "existe una clara necesidad de formación especializada" en este asunto por parte de quienes se dedican al urbanismo en la administración pública, jueces y fiscales. Así lo afirmó Juan José Santana en la clausura del segundo congreso canario de derecho urbanístico, en el que aseguró que no es fácil aplicar el derecho, pero "hay que seguir avanzando en beneficio de todos", afirma la organización del evento en un comunicado.
El director del congreso, Francisco Villar, también catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Laguna, recordó que detrás de la conflictividad propia del derecho urbanístico se encuentra una suma de intereses contrapuestos que entran en juego, e indicó que hay que saber buscar el equilibrio, como el derecho a la propiedad, la preservación del medio ambiente y el interés público.
Prueba de la complejidad del derecho urbanístico en el caso de Canarias es la incidencia que tiene la aplicación de la normativa de costas, pues este Archipiélago es un territorio vulnerable desde el punto de vista medioambiental y cuenta con más asentamientos en el litoral, añadió.
Por este motivo, se requiere un mayor esfuerzo de coordinación entre las administraciones públicas, destacó Juan José Santana.
* ABC - EFE - 14.05.10
Foto: Tribunal Constitucional (Madrid) - publico.es
El Consell da un 55% más de edificabilidad en El Plantío
ELPAÍS/Alicante* : La decisión de la Consejería de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo de elevar en un 55% la edificabilidad en la actuación urbanística en El Plantío de Alicante recibió ayer numerosas críticas. El departamento que dirige Juan Cotino ha autorizado la declaración de interés comunitario (DIC) que permitirá ampliar en esta zona de la partida de Bacarot el actual campo de golf y 200 apartamentos con un segundo campo, un hotel de cinco estrellas y más apartamentos.
El portavoz del Grupo Socialista municipal de Alicante, Roque Moreno, criticó que la decisión "pisotea" las sentencias de un tribunal de Alicante y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que en 2006 anuló la intención del Ayuntamiento, del PP, de autorizar 22.500 metros cuadrados en esta zona para urbanizar y los rebajó a 14.500 metros cuadrados.
Esquerra Unida recurrirá la DIC y consideró "escandaloso" que se apruebe al margen del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) lamentó un proyecto de lujo que "contrasta con la falta de infraestructuras" en esta zona de Alicante.
* ELPAIS.com - 15.05.10
Foto: Imagen del actual campo de golf y las viviendas anexas en la partida de Bacarot. PILAR CORTés - diarioinformacion.com
Proponen crear Maracaibo Oeste otra vez
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NOTICIAALDÍA/Venezuela* : Para algunos es una utopia, para otros un proyecto inviable, pero para otro gran número de personas representa la esperanza de mejorar significativamente su calidad de vida; lo cierto es que desde hace varios años, los habitantes del oeste de Maracaibo, han escuchado un vaivén de propuestas para crear un nuevo municipio. Hoy esa idea nuevamente toma forma y cobra cada vez más respaldo de la población marabina.
Freddy Araujo y Carlos Contreras, miembros de la Comisión Promotora Pro Creación del Municipio Maracaibo Oeste, visitaron Noticia Al Día para compartir su visión sobre la posibilidad de conseguir verdaderas mejoras en los servicios públicos, conservación del ambiente y calidad de vida para los habitantes de las ocho parroquias que conforman la zona oeste de la capital zuliana.
Araujo se refirió al histórico abandono en el que los gobernantes han mantenido a las parroquias Idelfonso Vásquez, Venancio Pulgar, Antonio Borjas Romero, Caracciolo Parra Pérez, Raúl Leoni, Luis Hurtado Higuera, San Isidro y Francisco Eugenio Bustamante.
“En Maracaibo viven 1 millón 800 mil personas, de la cuales 1 millón viven en estas parroquias, es decir más de la mitad, y no puede ser que siendo así, está sea una zona sumamente desasistida, con enormes carencias en los servicios públicos y en planificación urbanística” declaró Araujo.
Araujo, manifestó que los habitantes de Maracaibo Oeste, debían trasladarse largas distancias para acceder a organismo nacionales “No hay Onidex, ni una oficina de transito para sacarse la licencia de conducir, con nuevo municipio se tendrían que crear este tipo de oficinas en la zona”.
En ese sentido, Araujo expresó que están cumpliendo con una serie de pasos para que el proyecto se vuelva una realidad “Presentaremos la propuesta nuevamente ante el CLEZ, a la autoridades nacionales, al Ministerio de Planificación y venimos recorriendo los consejos comunales y juntas vecinales de las ocho parroquias, para explicarles en que consisten y consultando a la población sobre el tema”.
Por su parte, el sociólogo Carlos Contreras narró que el 23 de mayo de 2003 el Consejo Legislativo del Estado Zulia, sancionó la propuesta, más no fue promulgada por el gobernador y un sector de la sociedad se encargó de introducir un recurso ante el TSJ, el cual dictaminó que no estaban dadas las condiciones para crear este nuevo municipio.
No obstante, Contreras enfatizó que actualmente las condiciones socio-políticas están dadas para se produzca éste cambio, y se reestructure la conformación geopolítica del municipio.
De la misma manera, Contreras explicó que la creación de este municipio mejoraría de un 80 a un 100% la calidad de vida de sus habitantes, ayudaría a la preservación del ambiente y crearía mecanismos de asignación de recursos.
El sociólogo, manifestó que harán un profundo estudio de aceptación en la población, y que el gentilicio “Marabino, Maracucho o Maracaibero” no se verá afectado por está división.
Como parte de los beneficios que tendría la propuesta de ser aprobada, sería la adecuación del parque Las Pionías “Las personas tienen que ir hasta la Vereda del Lago, para recrearse; igualmente la construcción de un Hospital tipo 4, como el general del Sur, el diseño de un modelo de transporte eficiente, un plan de desarrollo urbano ajustado a la realidad de está zona, y la conformación de una zona industrial que genere empleo”. Concluyó Araujo.
* Noticia Al Día - Abraham Corona - 14.05.10
Foto: Maracaibo (Venezuela) - fotopaises.com
