Más de una veintena de alcaldes y cargos públicos gallegos se han enfrentado a peticiones de inhabilitación

ELPROGRESO* : El ex alcalde y actual concejal en el municipio pontevedrés de Cambados, Carlos Silva (PP), tiene el dudoso honor de ser, hasta el momento, el último político gallego obligado a sentarse en el banquillo de los acusados. El pasado martes acudió al juzgado de lo penal nº1 de Vigo para enfrentarse a una pena de dos años de prisión y otros dos de inhabilitación, por un supuesto delito de falsedad documental.

Declaró, en una línea que no es novedosa en este tipo de casos, que no era consciente de haber firmado las certificaciones presuntamente ilegales. El suyo no es, ni con mucho, el único caso que implica justicia y política, con las irregularidades urbanísticas situadas como principal motivo de las acusaciones.

Con el caso Gürtel en el ojo del huracán, nadie pone en duda que la judicialización de la vida política es un síntoma de mala salud democrática. La mayoría de los partidos repliegan velas y se limitan a confiar en la actuación de la justicia, e intentan pasar incólumes ante la repercusión mediática de los casos.

Entre los más llamativos de la última temporada se sitúa el que afecta al conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acordase el mes pasado admitir a trámite la querella presentada por el PSdeG por la certificación que hizo Hernández de una obra en Salvaterra de Miño (Pontevedra) ''por si los hechos pudieran ser constitutivos de los delitos de falsedad en documento oficial, estafa y/o fraude a la Administración Pública''. Con el proceso en marcha, el conselleiro calla, ''respeta'' y ''confía'' en la acción de la Justicia.

Despido improcedente a una empleada
Siguiendo dentro del Ejecutivo Feijóo, también corrieron ríos de tinta por el caso de la directora xeral de Formación e Colocación de la Xunta, Ana María Díaz, condenada por un despido improcedente a una empleada de hogar, y quien solicitó a posteriori la revisión de la sentencia. El suyo no es, sin embargo, un caso prototípico, ya que la mayoría de los enlaces política-juzgados suele derivar de lucros indebidos o recalificaciones urbanísticas.

Estos casos, de hecho, son los más frecuentes en los procesos en los que se ven involucrados alcaldes o ediles municipales. Por ejemplo, en el municipio lucense gallego de Castro de Rei, fueron detenidos hace meses el alcalde del municipio, el socialista Juan José Díaz Valiño, y tres concejales, investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. El pasado mes de abril, por otro lado, se juzgó al alcalde de Redondela y al concejal de Urbanismo, por un presunto delito de prevaricación, por las irregularidades en la contratación de obras.

Los ejemplos de alcaldes que han tenido sus más y sus menos con la justicia en los últimos meses son numerosos, de distintos colores políticos. Entre otros, figuran casos como los de A Lama, Punxín, Melón, Outes, Pontedeume, Oleiros, Porto do Son, Nigrán o Tui. En este último caso, el primer edil, Antonio Feliciano Fernández Rocha (PP), ha sido condenado y posteriormente absuelto por acciones de carácter urbanístico. Como las estadísticas mandan, PP y PSOE son los más afectados, pero el BNG no escapa a las sospechas.

Casos antiguos
Un repaso a las hemerotecas revela casos en los que una inhabilitación para el ejercicio de cargo público acaba convirtiéndose en un ‘mal recuerdo’ que no impide volver a la práctica política. Es el caso del regidor de la localidad ourensana de Xinzo de Limia, Isaac Vila (PP), que estuvo seis años cesado por decisión judicial, y que volvió a hacerse con las riendas de la alcaldía por mayoría. Otros casos de regidores que fueron inhabilitados años incluyen a la ex alcaldesa de Cabanas, Modesta Anca (PSdeG), condenada a ocho años de suspensión para ejercer cargo público por un delito contra la ordenación del territorio.

Hoy por hoy, algunos juristas se preguntan si ''¿estamos ante una estrategia de judicialización de la política o de politización de la justicia?''. Sin duda, ambos sectores caminan a menudo de la mano.





* El Progreso - 16.05.10
Foto: Cambados (Pontevedra) - spainviajes.com