,+hotel+Talaso+ilegal+-+lavozdegalicia.es.jpg)
ELPAÍS/Galicia* : Lo repite el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cada vez que le mientan la retirada de competencias y personal a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) o el cese del director que la puso en marcha, Hipólito Pérez, responsable último de que en 2007 se empezasen a demoler construcciones ilegales en Galicia después de 30 años de mirar hacia otro lado. Cuando surge la pregunta, Feijóo repite que sus presupuestos reservan 600.000 euros para que la piqueta siga haciendo su trabajo. Y tiene mucho, a juzgar por las más de 200 órdenes de derribo que acumulan los archivos de la APLU.
Entre los edificios sentenciados abundan los mamotretos en estructura que proliferaron gracias a la vista gorda, cuando no complicidad, de distintas instituciones durante décadas. En las semanas anteriores a su cese, previa modificación de los estatutos de la agencia, Hipólito Pérez estampó su firma sobre algunos de los expedientes más polémicos -varios vinculados directamente con dirigentes del PP-.
A los pies de Cabo Silleiro, en Oia, sólo falta que el fallo de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Pontevedra dictamine a quién corresponde demoler el hotel Talaso Atlántico. El ambicioso complejo residencial, que incluye un balneario de talasoterapia, horadó el acantilado en virtud de una licencia concedida de manera irregular por el Ayuntamiento de Oia que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya ha anulado sin que quepa recurso posible. Igual suerte debería correr, dentro de ese mismo municipio, la nave industrial que el concejal de urbanismo de Gondomar, Alfonso de Lis Fiuza, levantó a 200 metros del mar, sobre una superficie de suelo rústico con protección de costa. El tránsfuga del PSOE que dio el gobierno local al PP, ha sufrido ya varias multas coercitivas de la agencia de legalidad urbanística. De momento, la nave sigue en pie, pese a que contra la orden de demolición no cabe recurso.
Las vistas inmejorables de los 52 chalés que una promotora vinculada a cargos del PP edificó en O Grove estarán también amenazadas si la nueva dirección de la APLU se decide a hacer cumplir la orden firmada por el equipo anterior. Pero dos meses después del relevo propiciado por Hernández, la agencia ni siquiera ha abierto el preceptivo expediente sancionador. Fuentes de la actual Consellería de Medio Ambiente admiten las presiones del presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, para ralentizar el proceso abierto contra una promotora en la que ejerce como administrador Fernando Varela, hermano del actual conselleiro de Cultura.
Las excavadoras también deberían actuar contra el tanatorio de Pompas Fúnebres en Pontevedra, que colinda con el hospital de Montecelo, o la residencia que la Fundación San Rosendo regentada por el cura Benigno Moure pretendió levantar en Arteixo sobre suelo rústico de protección forestal.
LUJO Y RELAX A LA ORILLA DE CABO SILLEIRO
Con piscinas interiores de agua salada, amplio aparcamiento y solarium, el complejo residencial Talaso Atlántico está a la espera de que un juzgado decida a quién compete financiar su derribo. La licencia que sirvió para horadar la falda de un acantilado frente al Atlántico, expedida por el Ayuntamiento de Oia, fue anulada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El proceso está ya en fase de ejecución de la sentencia.
LA HERENCIA DE UNA PROMOTORA EN BANCARROTA
El grupo inmobiliario Mahía hizo fortuna a finales de los 90 con el boom de la construcción en las inmediaciones de Santiago. La promotora dejó una deuda de 300 millones de euros que ahora intenta capear como puede el grupo Maexpa. No fue la única herencia que dejó la sociedad. Muy cerca del convento de San Francisco, en Padrón, abandonó un bloque de decenas de viviendas a medio levantar. La APLU, tras subrogarse las competencias del ayuntamiento ordenó su derribo, que ha ratificado el juzgado.
EL EJEMPLO DEL CONCEJAL DE URBANISMO
La levantaron entre el concejal del PSOE en Oia Serafín Fernández y Alfonso de Lis, su compañero de partido en Gondomar, quien se convirtió en tránsfuga para dar el gobierno local al PP, que acabó premiándole con la concejalía de urbanismo. Edificada sobre suelo rústico de Oia, alberga una carpintería. De Lis exige un millón de euros a cambio del derribo.
TANATORIO SENTENCIADO
La comisión provincial de urbanismo de Pontevedra, dependiente de la Consellería de Obras Públicas en tiempos de Fraga, autorizó su construcción justo al lado del Hospital Montecelo, en la capital provincial. Los vecinos recurrieron y cuando un tribunal anuló la licencia pidieron la ejecución del derribo, que deberá costear la Administración.
CUANDO EL ATAJO DEL PLAN XERAL NO SIRVE
En O Pino, la estructura del complejo residencial El Camino lleva años abandonada con una grúa a sus pies. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, intentó legalizar el edificio a través de una modificación del plan general de urbanismo que acabó anulando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El coste de la demolición, que está lista para ejecutar, lo asume la APLU.
OTRO PLEITO PERDIDO DEL CURA MOURE
La Fundación San Rosendo del cura Benigno Moure edificó la residencia de la foto sobre terrenos rústicos de protección forestal cedidos por el Ayuntamiento de Arteixo. La APLU ha ordenado su derribo.
* ELPAIS.com - 16.05.10
Foto: Oia (Pontevedra), hotel Talaso ilegal - lavozdegalicia.es
Piqueta contra naves, hoteles y tanatorios
Los cambios de ley para legalizar obras urbanísticas contrarias a derecho, una “práctica generalizada” en Canarias
LAVOZDELANZAROTE* : La situación se ha repetido en muchas ocasiones en Canarias. El Ayuntamiento de turno concede licencias ilegales para que promotores privados realicen obras que, a pesar del pertinente recurso, se construyen y se finalizan muchas veces cuando la sentencia aún no se ha publicado. Para entonces, la Justicia se encuentra con la disyuntiva de tener que ejecutar la sentencia que anula la obra, y la propia obra ya construida. Ejemplos en las Islas sobran: el conocido como ‘Mamotreto’ en la playa de Las Teresitas, la Supercomisaría de Las Palmas de Gran Canaria, los 23 hoteles ilegales de Lanzarote y un sinfín de pequeñas obras que se realizan contrarias a derecho. En muchas ocasiones, un simple cambio de ley, permite que una obra ilegal pase, como por arte de magia, a ser legal.
El catedrático de Construcción Arquitectónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Carmelo Padrón, es uno de los que cree que este ‘truco legal’ se da “con demasiada frecuencia” en las Islas. Padrón participó este viernes junto a Rafael Fernández Valverde, magistrado del Tribunal Supremo (TS) y ponente de la primera sentencia que anula la compra-venta de la playa de Las Teresitas, en un debate en torno al cumplimiento de las sentencias ante hechos consumados en el marco del II Congreso de Derecho Urbanístico celebrado en Santa Cruz de Tenerife.
Padrón cree que esta práctica está “desgraciadamente muy generalizada en Canarias”, y que la propia Administración pública incurre en ella. Pone como ejemplo la ‘Supercomisaría’ de Las Palmas de Gran Canaria, en referencia a la sede de la Policía Nacional, “donde acaban yendo los detenidos, que en aquel sitio tienen un ADN propio de la ilegalidad urbanística”.
Otro ejemplo paradigmático es el de la ampliación del Parlamento de Canarias en la que se creó “nada más y nada menos que una ley casi de caso único para expropiar las edificaciones”. Ley ‘ad hoc’ que luego el Tribunal Constitucional ( TC) declaró inconstitucional, por lo que el Parlamento tuvo que llegar a un acuerdo con los propietarios expropiados, ya que el edificio ya estaba hecho, lo que al final hizo que éstos “salieran ganando” porque estaban “en fantásticas condiciones para negociar”.
Pero sin duda, el caso que los expertos como Faustino García Márquez (ex responsable de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático) consideran “más sangrante” es el de los hoteles ilegales de Lanzarote ya que hay más de 8.000 plazas alojativas funcionando con licencias anuladas. Padrón recuerda que en las últimas semanas los propietarios han declarado que “ni siquiera van a intentar legalizarlas”, lo que denota a su juicio un “síntoma de que no son por cuestiones formales si no por cuestiones sustantivas” y “están esperando a que el Parlamento haga algo”.
Y es que así las cosas, “si en Canarias las situaciones ilegales se legalizan muy fácilmente el mensaje que se trasmite es que todo se acaba resolviendo”. Para el experto en Urbanismo, el mejor intento para resolver el asunto fue del Cabildo de Lanzarote anterior “con una propuesta equilibrada para que los infractores no se vayan de rositas”, pero que ha quedado en el olvido.
Padrón señala que la mayor parte de estos hechos consumados son por actuaciones de los Ayuntamientos, lo que le hace afirmar que “en Canarias tenemos un problema grave de indisciplina urbanística”.
La indemnización
Para que los culpables de estos hechos consumados no se vayan de rositas, el magistrado Fernández Valverde propone que se plantee una indemnización, aunque el problema viene cuando se trata de determinar quién debe hacer frente a ese pago.
El magistrado explica el problema desde el punto de vista jurídico: “Declarada una construcción ilegal o un planeamiento no ajustado a derecho nos encontramos con una realidad física, la obra, y la ley contempla que mediante un procedimiento incidental se declare que existe causa legal, por una ley que lo impida o una causa de carácter material, pensemos que es un edificio voluminoso difícil de derribar, que no permita el derribo”. ¿Cómo actuar? El magistrado propone “que se haga con una indemnización de carácter sustitutorio”, ya que en muchas ocasiones, “se han consolidado situaciones familiares y saltan problemas sociales”, en referencia a edificios ocupados por ciudadanos, y no de iniciativa pública.
Entonces “chirría la necesidad de ejecutar la sentencia con unos problemas sociales que quienes lo van a sufrir no son los causantes”. La disyuntiva está en si la justicia derriba el edificio y hace que la sentencia se lleve a su justo término “o establecemos una indemnización”.
“En este último caso ¿quién paga, la Comunidad Autónoma que debió vigilar, el Ayuntamiento que concedió la licencia o el promotor que ha desaparecido?”. “El TS debe marcar unos principios muy claros y permitir que los tribunales autonómicos decidan si procede o no derribarlo”, concluye.
* La Voz de Lanzarote - ACN - 15.05.10
Foto: Lanzarote, hotel licencia anulada - laprovincia.es
Galicia: La Ley de los 500 metros cumple tres años sin consenso
+-+mma.es.jpg)
XORNAL* : La prohibición de construir a menos de 500 metros de la costa cumple mañana tres años sin que políticos, arquitectos, ecologistas y promotores se pongan de acuerdo sobre sus efectos. La medida fue implantada de forma cautelar por el bipartito a través de una ley que entró en vigor el 17 de mayo de 2007. La norma establecía la prohibición cautelar para aquellos terrenos no calificados como urbanos durante un plazo de dos años o hasta que estuviese aprobado el Plan de Ordenación Litoral (POL). Ese documento sigue pendiente todavía a día de hoy, por lo que cuando, hace un año, cambió el gobierno, casi al tiempo que finalizaban esos dos primeros años de prohibición, el nuevo ejecutivo tuvo que encontrar otra fórmula para prorrogar la medida.
Finalizado el tiempo en vigor de la ley, optó por un decreto que establecía que, como en todo plan de ordenación, el simple inicio de la redacción del POL permitía a la administración suspender las nuevas construcciones en su ámbito de influencia. Esa fórmula es la que ahora, un año después, ha vuelto a prorrogar la Xunta, asegurando que no va a pasar de este año que se pueda volver a construir, con restricciones y según zonas, en la costa gallega.
En la práctica, el resultado de los anteriores pasos jurídicos es que desde hace tres años no se ha levantado un solo edificio nuevo en zonas litorales que no sean núcleos urbanos, evitando así la dispersión territorial. Pero ello no ha supuesto la paralización del urbanismo en los concellos costeros, ya que han podido seguir construyendo en suelo urbano y fuera de esa franja. De hecho, ni siquiera se puede establecer una relación de causa-efecto entre la norma de los 500 metros y la caída de la construcción (como se refleja en los datos del gráfico superior). En ese punto es en el único en el que están de acuerdo la mayoría de las partes consultadas.
En el resto, tres años después los promotores siguen pensando que la medida fue mal planteada. Javier Garrido, portavoz de Aproin, recuerda: “No fuimos nunca partidarios de aquella ley”, aunque reconoce que “era razonable parar mientras se establecía un criterio de ordenación, porque si no se corría el riesgo de llegar tarde”. “Pero se paró la construcción sin hacer nada más”, dice Garrido, quien se muestra esperanzado en que “ahora se está haciendo el trabajo necesario con el POL”.
Similar apreciación se hace desde el PP y la Xunta, que llevan tres años insistiendo en que “paralizar no es ordenar” y defienden su redacción del Plan Litoral.
Por contra, socialistas, nacionalistas y organizaciones ecologistas coinciden en que la ley supuso “un punto y aparte” para la protección de la costa. De hecho, estas últimas ya han reclamado que la medida cautelar se convierta en permanente.
PROTECCIÓN EN PLENA BURBUJA
Por su parte, la socialista Mar Barcón cree que la ley fue “el factor fundamental para que hoy hablemos del Plan Litoral, porque sin ella hoy no habría ni litoral que proteger”. Barcón también apunta la oportunidad de la ley en 2007 ya que “lo que pretendían construir algunos en aquel momento no se habría terminado, no hay más que ver la urbanización de Miño parada”.
Desde el BNG, Teresa Táboas también destaca el momento en que se aprobó la medida, “en plena burbulla inmobiliaria e antes de que estalase a crise”. Según la nacionalista, la ley fue “unha medida valente que nunca tería tomado o PP”. También destaca que, “como noutros casos, as previsiones catastrofistas dalgúns promotores non se cumpriron”.
El COAG NO VALORA EL ANIVERSARIO
Por su parte, el Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG) ha decidido posponer su valoración sobre los tres años de suspensión cautelar que se cumplen mañana hasta dentro de unas semanas, mientras su junta de gobierno se pone de acuerdo en una postura conjunta, lo que revela otra falta de consenso más sobre la medida.
Sin embargo, destacados arquitectos han expresado reiteradas veces el acierto de la ley. Es el caso de César Portela, que cree que “era necesario parar y reflexionar qué estamos haciendo con nuestra costa, que es nuestro bien más preciado”. En todo caso, Portela no tiene “ninguna esperanza” en el Plan Litoral. “No soy pesimista, pero tampoco tonto”, sentencia.
* Xornal - 16.05.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
Con la música a otro polígono
,+discoteca+-+elpais.com.jpgl.jpg)
ELPAÍS/Barcelona* : Las discotecas del polígono Famades, en Cornellà, son ilegales porque su actividad no está permitida en suelo industrial. La sentencia dictada por un juzgado de Barcelona, que declara nulas las licencias de tres salas de fiesta, ha encendido las alarmas en la patronal del ocio nocturno. Una parte notable de los locales más concurridos del área de Barcelona está precisamente en zonas industriales y los empresarios temen que la sentencia sobre Cornellà (que aún no es firme) siente un precedente peligroso.
Fecalón, la patronal del ocio, está preocupada ante la "inseguridad jurídica" que, a su juicio, padece por culpa de la Administración, según Fernando Martínez, portavoz de los empresarios. El planeamiento urbanístico de Cornellà sólo permite en Famades el uso industrial, y el recreativo queda reservado a los trabajadores de las fábricas, no al el público en general, señala la sentencia.
El Ayuntamiento de Cornellà declinó ofrecer explicaciones sobre su gestión urbanística en una zona por la que cada fin de semana pasan 2.000 jóvenes. Lo cierto es que otros municipios del área metropolitana (como Sabadell, Badalona y Mataró) aprobaron o modificaron en su día planes urbanísticos que permiten compaginar ambos usos, el industrial y el recreativo. Gracias a esas intervenciones, los locales disfrutan de mayores garantías jurídicas. Aunque el caso de Cornellà no es paradigmático, los empresarios se sienten igualmente indefensos y a merced de que el consistorio de turno haya hecho los deberes.
"En los noventa, nuestra oferta de ocio era reducida y muchos jóvenes se iban de la ciudad. Hubo una serie de accidentes de tráfico con víctimas y decidimos facilitar el uso nocturno en la ahora famosa Zona Hermètica", detalló ayer Joan Carles Sánchez, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sabadell. Pero la Hermètica creció demasiado deprisa y en 1997 el Consistorio redactó un plan especial de usos que se reelaboró en 2003 para restringir un poco más la actividad ante los conflictos de convivencia con los vecinos de la zona.
Como Sabadell, también Mataró decidió empujar las discotecas hacia las afueras de la ciudad. El plan especial de usos recreativos de 1998 fijó que unas de las zonas aptas para la marcha nocturna serían las industriales, lo que se concretó en el desembarco de diversas salas en el polígono Pla d'en Boet. Badalona, al fin, vio aprobado su plan para ampliar los usos en el sector industrial de Can Ribó en 1992; entre otras, la sala Titus se estableció allí. En este tiempo, las áreas residenciales han ido ganando terreno y lo que antes podía ser un polígono aislado hoy ya no lo es. Este acercamiento ha provocado choques entre las salas de fiesta y los vecinos, que, en el caso de Famades, han acudido a los tribunales.
* ELPAIS.com - 15.05.10
Foto: Una de las discotecas de la Zona Hermètica de Sabadell.- JOAN SÁNCHEZ, elpais.com
La Plata: Vecinos se movilizan contra la construcción ilimitada de torres en la ciudad
+-+diariohoy.net.jpg)
HOY/Argentina* : Asociaciones vecinales participarán el próximo lunes a las 18 horas de un encuentro en 9 y 51, para protestar contra el nuevo COU que permite la construcción de torres de 14 pisos en 140 manzanas, ubicadas en la zona central de La Plata. "No se sabe cuál es el modelo de ciudad” a partir de la sanción del nuevo COU, opinó el decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, arquitecto Néstor Bono. “Cualquier ciudad tiene un plan y en función de ese plan que debería ser participativo se debe hacer el código del cual todos debemos opinar. Acá estamos empezando al revés”, sostuvo Bono.
“La facultad ha tenido en los últimos diez años participación directa a través del Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT). Sin embargo, nos sorprendió que la nueva gestión planteara la modificación al Código de Ordenamiento Urbano y la eliminación de los organismos asesores que antes funcionaban”, agregó el decano al referirse a que no fueron convocados para participar del proyecto.
A esas críticas, se suma el arquitecto platense, Alfredo Luis Conti, presidente de Icomos Argentina, la organización internacional patrimonialista con voto ante la UNESCO. “El proyecto del nuevo código urbanístico no promueve una adecuada calidad de vida”, porque la infraestructura de servicios “no fue renovada”, advirtió Conti ante el escenario de nuevos edificios.
También, el ex director de Cultura de la Municipalidad de La Plata, el arquitecto Pedro Delheye calificó de “penoso” el nuevo COU. “Es increíble que nuestra ciudad este siendo cruelmente herida en su traza urbana por la propias instituciones que deberían velar por su patrimonio”, agregó.
En tanto, el arquitecto Rubén Pesci, titular de la Fundación Centros de Estudios y Proyectos del Ambiente (CEPA), mencionó que es "peligroso e inútil” el flamante COU y “no es un plan directo de desarrollo urbano. Es apenas, un código que ordena edificios privados. No se sabe para qué, ni por qué, ni donde se hacen edificios, como una gran lógica estricta de mercado inmobiliario” y se mostró preocupado porque, en “una política de falta de cuidado del patrimonio construido, se tiran abajo casas históricas y se construyen torres en cualquier lado”.
Los vecinos, organizaciones e instituciones que organizan el encuentro del lunes en 9 y 51 crearon un grupo en Facebook, “Para que no se destruyan la ciudad de La Plata”. Ese grupo ya sumó a casi cuatro mil miembros.
* Diario Hoy - 15.05.10
Foto: La Plata (Argentina) - diariohoy.net
Piden formación especializada en derecho urbanístico para jueces y fiscales
+-+publico.es.jpg)
ABC/Tenerife* : El presidente de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (Acadur), Juan José Santana, afirmó hoy que "existe una clara necesidad de formación especializada" en este asunto por parte de quienes se dedican al urbanismo en la administración pública, jueces y fiscales. Así lo afirmó Juan José Santana en la clausura del segundo congreso canario de derecho urbanístico, en el que aseguró que no es fácil aplicar el derecho, pero "hay que seguir avanzando en beneficio de todos", afirma la organización del evento en un comunicado.
El director del congreso, Francisco Villar, también catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Laguna, recordó que detrás de la conflictividad propia del derecho urbanístico se encuentra una suma de intereses contrapuestos que entran en juego, e indicó que hay que saber buscar el equilibrio, como el derecho a la propiedad, la preservación del medio ambiente y el interés público.
Prueba de la complejidad del derecho urbanístico en el caso de Canarias es la incidencia que tiene la aplicación de la normativa de costas, pues este Archipiélago es un territorio vulnerable desde el punto de vista medioambiental y cuenta con más asentamientos en el litoral, añadió.
Por este motivo, se requiere un mayor esfuerzo de coordinación entre las administraciones públicas, destacó Juan José Santana.
* ABC - EFE - 14.05.10
Foto: Tribunal Constitucional (Madrid) - publico.es
El Consell da un 55% más de edificabilidad en El Plantío
ELPAÍS/Alicante* : La decisión de la Consejería de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo de elevar en un 55% la edificabilidad en la actuación urbanística en El Plantío de Alicante recibió ayer numerosas críticas. El departamento que dirige Juan Cotino ha autorizado la declaración de interés comunitario (DIC) que permitirá ampliar en esta zona de la partida de Bacarot el actual campo de golf y 200 apartamentos con un segundo campo, un hotel de cinco estrellas y más apartamentos.
El portavoz del Grupo Socialista municipal de Alicante, Roque Moreno, criticó que la decisión "pisotea" las sentencias de un tribunal de Alicante y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que en 2006 anuló la intención del Ayuntamiento, del PP, de autorizar 22.500 metros cuadrados en esta zona para urbanizar y los rebajó a 14.500 metros cuadrados.
Esquerra Unida recurrirá la DIC y consideró "escandaloso" que se apruebe al margen del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) lamentó un proyecto de lujo que "contrasta con la falta de infraestructuras" en esta zona de Alicante.
* ELPAIS.com - 15.05.10
Foto: Imagen del actual campo de golf y las viviendas anexas en la partida de Bacarot. PILAR CORTés - diarioinformacion.com
Proponen crear Maracaibo Oeste otra vez
+-+fotopaises.com.jpg)
NOTICIAALDÍA/Venezuela* : Para algunos es una utopia, para otros un proyecto inviable, pero para otro gran número de personas representa la esperanza de mejorar significativamente su calidad de vida; lo cierto es que desde hace varios años, los habitantes del oeste de Maracaibo, han escuchado un vaivén de propuestas para crear un nuevo municipio. Hoy esa idea nuevamente toma forma y cobra cada vez más respaldo de la población marabina.
Freddy Araujo y Carlos Contreras, miembros de la Comisión Promotora Pro Creación del Municipio Maracaibo Oeste, visitaron Noticia Al Día para compartir su visión sobre la posibilidad de conseguir verdaderas mejoras en los servicios públicos, conservación del ambiente y calidad de vida para los habitantes de las ocho parroquias que conforman la zona oeste de la capital zuliana.
Araujo se refirió al histórico abandono en el que los gobernantes han mantenido a las parroquias Idelfonso Vásquez, Venancio Pulgar, Antonio Borjas Romero, Caracciolo Parra Pérez, Raúl Leoni, Luis Hurtado Higuera, San Isidro y Francisco Eugenio Bustamante.
“En Maracaibo viven 1 millón 800 mil personas, de la cuales 1 millón viven en estas parroquias, es decir más de la mitad, y no puede ser que siendo así, está sea una zona sumamente desasistida, con enormes carencias en los servicios públicos y en planificación urbanística” declaró Araujo.
Araujo, manifestó que los habitantes de Maracaibo Oeste, debían trasladarse largas distancias para acceder a organismo nacionales “No hay Onidex, ni una oficina de transito para sacarse la licencia de conducir, con nuevo municipio se tendrían que crear este tipo de oficinas en la zona”.
En ese sentido, Araujo expresó que están cumpliendo con una serie de pasos para que el proyecto se vuelva una realidad “Presentaremos la propuesta nuevamente ante el CLEZ, a la autoridades nacionales, al Ministerio de Planificación y venimos recorriendo los consejos comunales y juntas vecinales de las ocho parroquias, para explicarles en que consisten y consultando a la población sobre el tema”.
Por su parte, el sociólogo Carlos Contreras narró que el 23 de mayo de 2003 el Consejo Legislativo del Estado Zulia, sancionó la propuesta, más no fue promulgada por el gobernador y un sector de la sociedad se encargó de introducir un recurso ante el TSJ, el cual dictaminó que no estaban dadas las condiciones para crear este nuevo municipio.
No obstante, Contreras enfatizó que actualmente las condiciones socio-políticas están dadas para se produzca éste cambio, y se reestructure la conformación geopolítica del municipio.
De la misma manera, Contreras explicó que la creación de este municipio mejoraría de un 80 a un 100% la calidad de vida de sus habitantes, ayudaría a la preservación del ambiente y crearía mecanismos de asignación de recursos.
El sociólogo, manifestó que harán un profundo estudio de aceptación en la población, y que el gentilicio “Marabino, Maracucho o Maracaibero” no se verá afectado por está división.
Como parte de los beneficios que tendría la propuesta de ser aprobada, sería la adecuación del parque Las Pionías “Las personas tienen que ir hasta la Vereda del Lago, para recrearse; igualmente la construcción de un Hospital tipo 4, como el general del Sur, el diseño de un modelo de transporte eficiente, un plan de desarrollo urbano ajustado a la realidad de está zona, y la conformación de una zona industrial que genere empleo”. Concluyó Araujo.
* Noticia Al Día - Abraham Corona - 14.05.10
Foto: Maracaibo (Venezuela) - fotopaises.com
Un magistrado del Supremo da dos meses para cumplir la sentencia de Las Teresitas
LAOPINIÓN/Tenerife* : El magistrado del Tribunal Supremo (TS) y uno de los ponentes de la primera sentencia que anuló la compra-venta de las parcelas de Las Teresitas, Rafael Fernández Valverde, ha considerado que la última sentencia, publicada a finales de abril, y que ratifica esta anulación, "está muy clara" y que por tanto "hay que cumplirla antes de dos meses". Así lo declaró ayer el magistrado a Acn Press este viernes tras participar junto al catedrático de Construcción Arquitectónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Carmelo Padrón, en un debate sobre el cumplimiento de las sentencias ante hechos consumados, debate que tuvo lugar en el marco del II Congreso de Derecho Urbanístico celebrado en Santa Cruz de Tenerife.
Ponente
Fernández Valverde ha sido uno de los ponentes que participó en la redacción de la sentencia de mayo de 2007 que anuló la compra-venta por 52,4 millones de las parcelas cercanas a la Playa de Las Teresitas.
Esta sentencia, tras numerosos recursos presentados por las partes, fue ratificada a finales de abril. La nueva decisión jurídica dictaminó la ilegalidad de esta compra-venta, al no contar con informes de arquitectos municipales para contrastar la tasación del valor de los terrenos. Esta última sentencia está, a juicio de Fernández Valverde, "muy clara", lo que en teoría supone que ILT debe devolver los 52,4 millones que le pagó el Ayuntamiento, y la institución municipal entregar a la empresa, participada por Ignacio González y Antonio Plasencia, las parcelas que adquirió. Velázquez recordó que por ley, las sentencias del TS deben cumplirse antes de los dos meses de su publicación, lo que supone que el plazo para su cumplimiento expira el próximo 21 de junio.
Padrón, por su parte, consideró que todo lo referente a este entramado judicial "está patas arriba". De hecho, el ex viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, estima que la decisión de remitir la ordenación de este espacio a un plan especial. "Es tan sólo una manera de intentar centrar el asunto".
Para Padrón tras la sentencia del TS que anula la compraventa, "aquí queda claro que el planeamiento va por un lado, la compra va por otro y el convenio va por otro más". El catedrático no pudo confirmar en qué medida influirá en la resolución de todo el conflicto urbanístico de Las Teresitas la causa penal que mantiene imputados al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y al concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, pero sí dijo que "aquí todo actúa como un vaso comunicante".
El catedrático dijo desconocer el asunto como para adelantar una solución. "Este contencioso judicial tiene tantos frentes abiertos a la vez que ahora mismo me resultaría imposible adelantar una salida que sea lógica". Padrón descartó, la vía de la expropiación pactada con los antiguos propietarios de los terrenos, según el valor que tenían len el año 2001 cuando se podía edificar en los mismos.
En el caso de la sentencia de Las Huertas que obliga a devolver las parcelas a sus legítimos propietarios, Padrón dijo que es inejecutable. El catedrático se refería al auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obliga a llevar a cabo una indemnización económica al dar por imposible la restitución física de las parcelas a los afectados.
Además, en el auto que marca la forma en la que se debe ejecutar la sentencia que dio la razón a los antiguos propietarios de Las Huertas, el TSJC se niega a paralizar las obras de urbanización que se están llevando a cabo en este entorno y da por bueno el principio de actuación de buena fe por parte de la empresa promotora.
* La Opinión Tenerife - 15.05.10
Foto: Santa Cruz deTenerife, aparcamiento Las Teresitas - canariasaldia.com
El juez ordena derribar la casa de un funcionario de urbanismo de Gondomar
,+viviedas+ilegales+-+lavozdegalicia.es.jpeg)
LAVOZ/Pontevedra* : El TSXG ha emitido una sentencia firme por la que anula definitivamente la licencia que permitió a un técnico del departamento de Urbanismo de Gondomar construir una vivienda unifamiliar en la parroquia de Donas. El fallo implica la demolición de la casa para devolver el terreno a su estado original. La decisión judicial se sustenta en que el gobierno municipal otorgó el permiso de obra conforme al Plan General del año 97 en un momento en el que este planeamiento ya estaba anulado por los tribunales de justicia.
La junta de gobierno local se reunió un 16 de enero del año 2006 para adoptar el acuerdo de la concesión de la licencia.
Los regidores locales sabían entonces que no existía ningún planeamiento en vigor, pero aún así otorgaron el permiso a los solicitantes.
El beneficiario de aquella licencia, que después se convirtió en víctima de una decisión municipal errónea, fue el auxiliar administrativo que trabaja precisamente en el departamento de Urbanismo, Jaime Fernández y familiares, que con aquel permiso fraudulento comenzaron la edificación de la vivienda en el barrio de Cruceiro confiando en que contaba con todas las garantías legales.
Pero lo que no esperaba es que unos meses después vecinos del entorno por rencillas personales presentaron una denuncia urbanística en el Ayuntamiento.
Las autoridades locales hicieron caso omiso de esta denuncia, por lo que los demandantes se vieron obligados a interponer un recurso contencioso administrativo en los juzgados de Vigo.
Y los tribunales les han acabado dando la razón. Una licencia concedida conforme a un plan general anulado judicialmente no tiene ninguna validez y, por tanto, hay que demoler las obras realizadas conforme a dicho permiso, es lo que ha venido a decir el juez en su resolución.
Existe un primer fallo del 29 de febrero de 2008 del juzgado de lo contencioso número 2 de Vigo, ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Se da la circunstancia de que el propietario afectado, tras demoler la vivienda, podría volverla a construir con un nuevo planeamiento aprobado. El funcionario de Urbanismo, antiguo secretario personal del ex-alcalde Ramón Sestelo, rehusó ayer hacer ningún tipo de declaración sobre la sentencia. De todas las viviendas ilegales que concedió el anterior gobierno de Carlos Silva, es la única que recibió una denuncia urbanística.
* La Voz de Galicia - 15.05.10
Foto: El Ayuntamiento de Gondomar lleva años viviendo una situación irregular. El Tribunal Supremo anuló el Plan General de Urbanismo del 97, por una denuncia que fue interpuesta por el grupo socialista. El gobierno local consideró que su planeamiento continuaba siendo válido mientras no se resolvieran todos los recursos y continuó otorgando licencias de obra. Más de 300 permisos de construcción fueron declarados posteriormente ilegales. - lavozdegalicia.es
El Ejido adjudica otra batería de obras del Plan E a una empresa de Lirola, imputado en el caso 'Poniente'
,+ayuntamiento+-+costatropicalinformacion.info.jpg)
IDEAL/Almería* : El Ayuntamiento de El Ejido ha adjudicado una segunda batería de obras por un importe total de 243.520 euros con cargo a fondos del Plan E a la empresa en la que figura como administrador José Carlos Lirola López, en libertad bajo fianza tras su detención en diciembre de 2009 junto a sus dos hermanos en el marco de la operación 'Poniente' contra una presunta trama de corrupción en el municipio. La decisión adoptada en la última reunión de la junto de gobierno, según informó el Consistorio en una nota que detalla casi un millón de euros en inversiones, se suma a la adjudicación hace apenas un mes de otras cuatro actuaciones con financiación estatal y por un valor económico muy similar, en concreto 243.470 euros.
Ingeniería y Obras Lirola SL será la encargada de dotar de suministro eléctrico y fibra óptica al pabellón de deportes, la piscina cubierta y edificio municipal ubicados en la Avenida Nicolás Salmerón, así como de mejorar el ya existente para el centro de usos múltiples y consultorio de Salud en Santo Domingo y Las Norias.
La sociedad, que según consta en el registro se constituyó el pasado día 9 con un segundo administrador, cuenta también tras la aprobación de los ediles del PAL con la contratación, entre otras, del suministro y los trabajos necesarios para la conexión mediante fibra óptica de las comunicaciones entre los principales edificios municipales.
Además, dotará de esta nueva tecnología a la Casa Consistorial, la Casa del Deporte, el Teatro Auditorio y el nuevo edificio donde se ubica la Jefatura de la Policía Local, la concejalía de Servicios Sociales y Centro Universitario Analítico Municipal (CUAM).
La empresa se encarga también de la obra para mejorar el suministro eléctrico en el centro de usos múltiples de Las Norias, en el centro de usos múltiples y el consultorio de la barriada de Santo Domingo o la instalación de un centro de transformación de media tensión para el pabellón, la piscina y el edificio municipal del antiguo Ejidomar.
* Ideal - EP. - 14.05.10
Foto: El Ejido (Almería), ayuntamiento - costatropicalinformacion.info
Lo público y lo privado: ya está bien
PEDRO L. ANGOSTO* : Después de la Segunda Guerra Mundial, al calor de la instauración en Europa del modelo socialdemócrata, los Estados montaron empresas de todo tipo que competían directamente con las privadas. Pasaron esos tiempos y hoy los Estados de la Unión Europea –excepción hecha de Francia, que conserva participaciones mayoritarias en muchas de sus grandes corporaciones- raramente se dedican a fabricar barcos comerciales, automóviles, planchas de acero, hormigones, periódicos o zapatos. Se comprende que esos sectores nada tienen que ver con los servicios públicos y pertenecen por completo a la esfera de la iniciativa privada. Sin embargo, estos movimientos casi nunca terminan en el punto justo, tal vez porque se necesite más tiempo para ello, tal vez porque se ha criticado tanto lo público a escala planetaria, que hoy lo privado parece, y no lo es siempre, sinónimo de buen servicio y eficacia.
Nadie mejor para promover una industria de conservas vegetales, una cadena de supermercados, un periódico, una fábrica de ordenadores o de bicicletas que un grupo de personas con iniciativa, ideas y capital siempre que su peso económico no los lleve a crear un oligopolio; nadie mejor que un agricultor o ganadero –protegido por el Estado de los carroñeros que tanto anidan por estos y otros pagos- para producir fresas, melocotones, cereales, leche o carnes de calidad. Pero eso es una cosa y otra muy diferente es que los planes de ordenación urbana de las ciudades los hagan empresas privadas, que los expedientes y la concesión de títulos académicos puedan estar en manos de gestores privados, que la seguridad, la sanidad y la educación pública se hayan convertido en una fuente de enriquecimiento inagotable para los agraciados con el reparto de premios que las distintas Consellerías hacen periódicamente, que los bancos y los especuladores puedan jugar con el futuro de un país, de un continente o del planeta.
Pues bien, visto lo visto, creo que hay que poner coto a tanto desenfreno y delimitar perfectamente que actividades corresponden al sector privado y cuales al público. En nuestra opinión, al privado pertenecen todas aquellas que comporten iniciativa e innovación, que auguren un beneficio razonable a cambio de un riesgo determinado, todas las que no afecten a los intereses y derechos colectivos de la ciudadanía. Por el contrario, al Estado, corresponde, irrenunciablemente, la elaboración de las leyes que rigen la utilización del suelo, la seguridad ciudadana mediante la dotación necesaria de funcionarios de policía y de jueces; dar una enseñanza pública de calidad; dotar a la sociedad de los servicios sanitarios públicos que demande y ampliar las infraestructuras de todo tipo –autovías, redes ferroviarias, puertos y aeropuertos, redes de agua potable y de riego, suministros energéticos…-; ofrecer una banca pública de calidad, controlar las transacciones comerciales y, en fin, todas aquellas actividades que, relacionadas con los servicios públicos y el bien común, no depararían beneficio alguno para el inversor privado de no contar con la seguridad que generan los presupuestos del Estado.
La privatización de la seguridad ciudadana, de la planificación urbanística, de la sanidad, de las pensiones y la educación está en el origen de la corrupción y supone un serio atentado contra uno de los artículos básicos de nuestra Constitución, el artículo catorce que dice así: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Se conculca ese inalienable derecho cuando el noventa por ciento de los emigrantes se concentran en escuelas carentes de los más elementales medios; cuando hay alumnos que se educan en centro subvencionados por el Estado que poseen lujos innecesarios mientras otros lo hacen en barracones, cuando se hacen convenios con empresas sanitarias, que nada arriesgan, para que construyan o gestionen nuevos hospitales, mientras los grandes centros hospitalarios públicos del país –que son los mejores del mundo si tenemos en cuenta el número de transplantes, de operaciones de alto riesgo que realizan y el éxito obtenido- se ven privados de medios para eliminar las insoportables e injustas listas de espera, cuando es el sector privado el que diseña a su medida la ordenación del suelo, cuando se transfiere parte del cuidado de nuestra seguridad ciudadana y de nuestras libertades a empresas que forman y pagan mal a sus empleados, mermando además la esencia del propio Estado, único constitucionalmente autorizado para ejercer la fuerza.
La iniciativa privada es imprescindible para el normal desenvolvimiento de la economía, lo que nadie puede pretender es que el beneficio de un número indeterminado de empresas provenga de los presupuestos del Estado menoscabando su razón de ser y la justicia social. Hoy, más que nunca, después de la experiencia neoliberal que nos ha llevado al borde de un abismo descomunal, es necesaria la presencia del Estado no sólo para reactivar la economía, sino para retomar las funciones que le son propias e impedir que delincuentes de guante blanco nos vuelvan a meter en cenagal semejante. Espero que hayamos aprendido la lección, también que los responsables, los predicadores de la privatización de todo, de la ingeniería contable, de la especulación inmobiliaria y financiera, de la destrucción de la economía productiva, previo juicio justo, ocupen el lugar que merecen, que no es otro que la cárcel: Aquí hay responsables, con nombres y apellidos. No sería justo ni ético que se les permitiese ver la tempestad desde cualquier paraíso fiscal mientras millones de personas nadan sin flotador tras el naufragio por ellos provocado. Causar ruina es un delito monstruoso, especular con el hambre, auspiciar la explotación, la destrucción del Estado del bienestar, su paralización, son delitos mucho más graves que los que han cometido la mayoría de los presos que se encuentran a la sombra en nuestras cárceles. Es necesario que en esos lugares comiencen a entrar los responsables de la miseria, el miedo y la usura. De una vez por todas, los estafadores, los del dinero fácil, los canallas, los desaprensivos de misa diaria, los corruptos de cualquier tipo pasen una temporada tras las rejas o resarciendo a la sociedad, siquiera mínimamente, del inmenso daño que le han causado.
No olvidemos que uno de los motivos principales por los que hoy está siendo sometido a vejación, humillación y oprobio uno de los mejores jueces del mundo, el juez Baltasar Garzón, es por haber destapado la trama Gurtel y tratar de acabar con la impunidad franquista: Es decir, por acabar con la corrupción y hacer valer el imperio de la Ley. Si queremos regeneración y cambiar nuestra sociedad para dejarla mejor a quienes vengan detrás, es preciso comenzar a limpiar la casa sin ningún tipo de tibiezas.
* El Plural - Tribuna - 13.05.10
País Vasco: El juez imputa al ex viceconsejero, Gurutz Larrañaga, a Julián Sánchez Alegría y a Miren Bilbao
ELCORREO/Vitoria* : El viceconsejero de Cultura del anterior Gobierno Vasco presidido por el ex lehendakari Juan José Ibarretxe, Gurutz Larrañaga, se suma a las diez personas imputadas en el caso de corrupción urbanística que investiga un Juzgado de Vitoria. Según han desvelado fuentes jurídicas, éste es el único de los once acusados al que el titular del Juzgado de Instrucción nº4 de Vitoria, Roberto Ramos, no ha podido tomar declaración ya que se encuentra fuera de España, y no tiene previsto regresar hasta principios de junio. Este juzgado ha decidido hoy levantar el secreto del sumario tras dos meses de investigación.
Hasta ahora se conocía la imputación de ocho personas vinculadas al PNV, pero con el levantamiento del secreto sobre las actuaciones se ha desvelado que también están procesados el que fuera presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco en la anterior legislatura, Julián Sánchez Alegría, así como una empleada de esta red, Miren Bilbao, además del ex viceconsejero Gurutz Larrañaga.
Larrañaga fue viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes desde julio de 2003, es decir en la última parte de la segunda legislatura de Ibarretxe, y continuó en la Viceconsejería hasta hace un año, cuando fue cesado al llegar los socialistas al Ejecutivo.
También fue concejal del PNV en el Ayuntamiento de San Sebastián entre 1991 y 2003, encargado de Cultura y Promoción Económica.
Otro de los nuevos nombres acusados de pertenecer a esta presunta trama es el ex responsable de la red de parques tecnológicos durante el Gobierno de Juan José Ibarretxe, Julián Sánchez Alegría, cuya relación con la trama dedicada presuntamente al cobro de comisiones ilegales podría situarse en delitos cometidos como apoderado en las contrataciones que se hicieron durante el proceso de ampliación del parque tecnológico alavés de Miñano, en el que se han centrado las pesquisas judiciales.
Además está imputada Miren Bilbao Larrauri, empleada de la red de parques tecnológicos vascos que dirigía Julián Sánchez Alegría.
Los tres se suman a las ocho personas, vinculadas al PNV, que fueron arrestadas el pasado 17 de marzo, a raíz de la investigación puesta en marcha por la Fiscalía de Vitoria, entre los que destaca el ex diputado foral de Administración Local y ex vicepresidente segundo de la Caja Vital, Alfredo de Miguel.
Otros dos acusados son el ex director del Parque Tecnológico de Álava y ex asesor del Tribunal Vasco de Cuentas, Alfonso Arriola, y el ex concejal del PNV en Vitoria y ex procurador de las Juntas Generales, Aitor Tellería.
También están imputados la mujer de Alfredo de Miguel, Ainhoa Bilbao; la esposa de Aitor Tellería, Araceli Bajo; Koldo Otxandiano, ex director gerente del instituto foral de Bienestar Social; su mujer, Iratxe Gaztelu, que fue candidata del PNV al Parlamento en las últimas elecciones autonómicas y el empresario de la construcción Iñaki Etxaburu.
Las investigaciones desarrolladas durante los dos últimos meses han ampliado también el número de delitos que se imputan a estas personas, ya que además de los de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, se les acusa de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental en documentos públicos, privados o mercantiles y alteración de precios en concursos y subastas públicas.
Las mismas fuentes jurídicas han precisado, no obstante, que los imputados no están acusados de la comisión de todos y cada uno de dichos delitos y que éstos podrían ampliarse tras las diligencias de investigación que se siguen practicando.
Además de la toma de declaración a diez de los once imputados, ya que Gurutz Larrañaga no está en España, han declarado como testigos once personas.
Junto a sus testimonios, la investigación se ha ampliado con el análisis de abundante documentación que el Juzgado ha solicitado y obtenido de diversas instituciones públicas y privadas.
Por parte del Gobierno Vasco se ha recibido documentación del Registro Oficial de Contratistas, los departamentos de Cultura y Hacienda, y de la Oficina de Control Económico del Departamento de Administración Pública.
También las diputaciones de Álava y Vizcaya, el Parque Tecnológico de Álava, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los registros mercantiles y de la propiedad de diversas localidades, así como distintas entidades bancarias, han enviado documentos al juzgado instructor.
El Juez sigue analizando esta documentación, así como las evidencias informáticas obtenidas por parte de peritos expertos en la materia y economistas de la Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza para elaborar los correspondientes informes periciales.
El ABB del PNV se felicita
El Araba Buru Batzar de EAJ-PNV, a través de su presidente Iñaki Gerenabarrena, ha manifestado hoy su satisfacción por el levantamiento del secreto de sumario del caso que así "permitirá acabar con los juicios paralelos".
El ABB recordó que durante los dos meses en los que han permanecido bajo secreto los datos contenidos en el sumario, el PNV solicitó "de manera reiterada, la salida a la luz de los hechos" que llevaron a la detención de los imputados, el pasado 17 de marzo, y su posterior puesta en libertad sin fianza.
Por último, explicó que el ABB analizará "en profundidad" los datos que pueda recabar para "ofrecer una valoración basada en el conocimiento real y no en la especulación".
* El Correo Digital - 14.05.10
Foto: Vitoria, sede gobierno vasco - euskadi.net
Mallorca: Las demoliciones eternas
DIARIODEMALLORCA* : La maraña de intereses opuestos formada por posturas vecinales, resoluciones administrativas y sentencias judiciales que ha puesto de manifiesto en las últimas semanas la situación del puente elevado sobre el Riuet de Porto Cristo –sobre el que pesa una orden de demolición del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB)– no es una excepción en el escenario urbanístico de la isla, salpicado de episodios de derribos que se eternizan en el tiempo.
Son casos como el de las viviendas de Llucalcari (municipio de Deià), cuyo origen se remonta a principios de la década de los ochenta y que tienen una superficie de entre 300 y 500 metros cuadrados. Su ilegalidad la ratificó el TSJB en 1999 y la selló el Tribunal Supremo en 2006. A día de hoy, el proyecto de derribo se encuentra en la fase de redacción, como explicó ayer el alcalde de Deià, Jaume Crespí (PP).
Crespí detalló que el coste calculado de la operación, que ha de salir aún a licitación, ascenderá a unos 600.000 euros, que serán sufragados a partes iguales por tres administraciones públicas, Govern, Consell de Mallorca y ayuntamiento de Deià. Precisamente, el elevado coste de este tipo de operaciones de derribo complica su ejecución final, que en ocasiones quedan a expensas de que las instituciones públicas se entiendan entre sí.
En el caso de Porto Cristo, fuentes del sector de la construcción han cifrado en más de un millón de euros el coste que supondría la demolición, una cantidad semejante a lo que costó construir el puente, por lo que se evidencia el perjuicio de estos pleitos para las arcas públicas. El dinero gastado en la infraestructura –un vial de 7,5 metros de altura y 11 de ancho inaugurado en el año 2004– es uno de los argumentos que emplean vecinos de Porto Cristo para oponerse al derribo, a diferencia de los residentes afectados por la construcción, que respaldan la medida. El problema de la financiación afectaría también, en el caso de que finalmente se llegue a materializar el derribo, a uno de los ejemplos paradigmáticos del desarrollismo mallorquín, la urbanización inacabada de Torre Marina de ses Covetes, con 68 viviendas, en el municipio de Campos.
A falta de una sentencia definitiva –la última palabra está en manos del Tribunal Supremo, que tiene pendiente pronunciarse acerca de dos recursos–, el Consell de Mallorca ya ha redactado el proyecto de derribo, pero, como reconocieron en su día desde la institución insular, una de las claves a resolver reside en el alto presupuesto económico que requeriría. Estas operaciones no sólo conllevan la eliminación física de los inmuebles, sino también la reconstrucción del paisaje a su estado original, lo que encarece el coste.
En el litoral campaner, el esqueleto de cemento de ses Covetes se yergue todavía a pocos metros de la costa, pese a ser un litigio que data de mediados de la década de los noventa. En este tiempo, ha dado lugar a una quincena de resoluciones judiciales, demostrando que las demoliciones quedan atascadas frecuentemente entre los pasillos de la administración de justicia. De hecho, en el episodio del puente elevado de Porto Cristo, puede ser que no se haya dicho la última palabra. La sala de lo Contencioso–Administrativo de Balears del TSJB confirmó que el Ayuntamiento debía encargarse de la demolición "completa" de la infraestructura. Sin embargo, el Consistorio se plantea presentar en los próximos meses un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), por lo que, tal vez, el recorrido del litigio se alargue aún más.
El TSJB insta al alcalde de Manacor, Antoni Pastor (PP), a que, antes del uno de octubre de este año, acredite el inicio de las obras de demolición. En caso contrario, el alcalde se puede exponer a una situación como la que han vivido otros responsables municipales de la isla. Como el de Santa Margalida, Martí Àngel Torres (PP), y el de Deià, Jaume Crespí. A este último, el TSJB le impuso una multa de 600 euros mensuales por no haber dado cumplimiento a la sentencia. Crespí pagó la sanción durante tres meses y ahora espera que le devuelvan lo pagado, porque argumenta que ha quedado acreditado que ha tenido diligencia en acatar la resolución judicial.
* Diario de Mallorca - 14.05.10
Foto: diariodemallorca.es
Ribas de Sil: Un monasterio abandonado
LAVOZ/Ourense* : A finales de los años ochenta del pasado siglo comenzó su restauración, que fue pionera en su procedimiento. Unos años antes, en 1982, se inició la declaración del monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil como monumento histórico-artístico, aunque hubo que esperar al año 2007 para que la Xunta iniciase la incoación del expediente para declararlo bien de interés cultural (BIC). A pesar de conseguir tres años después este reconocimiento, esta joya monástica situada en el cañón del Sil es presa del abandono.
La señalización que indica al visitante que ha llegado al monumento está emborronada. El acceso en rampa es peligroso para el público. Al llegar al claustro, una pintada en negro, con una fecha y los nombres «Gema Nico», mancha la piedra. Los paneles interpretativos del claustro tampoco están enteros, pues a uno le falta la lámina en color que daba datos sobre tan singular edificio y en su lugar se leía, hasta que lo denunció La Voz, «espírito da natureza» , escrito con bolígrafo o rotulador. Esta pequeña limpieza la hizo el alcalde.
En las pasarelas que permiten ver el claustro hay goteras, y en el suelo de las estancias inferiores, rastros de hogueras. Las maderas de las pasarelas tienen nombres de personas grabados con objetos punzantes. Varios cristales están dañados. En dos habitáculos de la planta baja quedan restos de pintura mural que se están estropeando, pues se han caído trozos de policromía y de cal. La puerta de acceso al campanario está forzada y rota, por lo que ascender por la escalera de madera puede resultar un peligro.
En la iglesia, hay tejas en mal estado y la vegetación crece en los huecos de campanas. De estos instrumentos hubo uno y fue robado. En su día fueron robadas laudas sepulcrales. Y no hace muchos meses, a este nuevo BIC le tuvieron que levantar de nuevo un muro que sostiene el terreno sobre el que se levanta en medio de una impresionante ladera.
El alcalde de Parada de Sil, Francisco Magide, quiere intervenir para atender el monumento y protegerlo del gamberrismo, pero el BIC tiene dueños. El Obispado de Ourense conserva la iglesia, cuyas puertas fueron forzadas varias veces. Y el claustro es de al menos cinco propietarios privados. Santa Cristina recibe al año unas 25.000 visitas. Magide lo dice claro: «Eu xa non podo facer máis. Temos un proxecto de mellora do entorno, queremos poñer unha persoa para limpeza e atender aos visitantes cobrando un euro a cambio dun folleto e ter audioguías». Nada se puede hacer mientras no cedan al Concello el monumento.
La profesora Yolanda Barriocanal, de la Universidade de Vigo, acercó al público la mejor guía sobre Santa Cristina. El pasado año, el joven investigador Víctor Rodríguez presentó un trabajo que permite conocer la vida del cenobio porque transcribió del latín los 129 documentos que se conservan de los años 876 al 1515. Son las luces y las sombras de un monumento que no puede seguir así.
* La Voz de Galicia - 12.03.10
Foto: El abandono al que se ve sometido el monumento provoca que la puerta de acceso al campanario esté reventada y destrozada, permitiendo el acceso a un lugar de riesgo por la altura que tiene - lavozdegalicia.es
Barcelona: La opción C de la Diagonal gana peso en centros de votación de toda la ciudad
ELPERIÓDICO* : La opción «ninguna» (ni bulevar ni rambla) se consolida como la gran favorita de los electores en la tercera jornada de votación para la reforma de la avenida Diagonal. La muestra realizada por EL PERIÓDICO ayer con otros 100 participantes otorgó 82 votos a la opción de no reformar la Diagonal (la llamada C), 14 a los defensores de la opción A (bulevar) y solo 4 para quienes reinvindican la opción B (rambla). En total, y tras tres días de recuento, ya son 228 los votos en contra del cambio, frente a 52 defensores del bulevar y 20 de la rambla.
La mayoría de quienes rechazaron la reforma de la Diagonal ayer siguen repitiendo las mismas tesis de los dos primeros días de votación: se trata de una inversión injustificada en tiempos de crisis y un dispendio de recursos necesarios para otros asuntos sociales. Otra parte de los consultados también considera que la reforma, tal como ha sido propuesta, ocasionará un gran caos viario en el resto de la ciudad y que el Eixample no podrá absorber la gran cantidad de coches que dejarán de circular por la avenida.
Ayer, tras el impacto de las medidas de ajuste anunciadas por el presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, gran parte de los consultados destacaron que la reforma contradice las medidas de austeridad que comenzará a exigir el gobierno español a las administraciones autonómicas y locales. «Con la que está cayendo, el propio ayuntamiento debería ser más sensato y retirar su propuesta», comentó un votante ayer en la biblioteca Jaume Fuster de Gràcia.
Los centros de votación volvieron a mostrar una asistencia muy desigual durante la tercera jornada, afectada por algunas horas de llovizna. Mientras los puntos más céntricos como el cruce entre la Diagonal y el paseo de Gràcia y el de Portal de l’Àngel y la plaza de Catalunya tenían colas, otros como el Espai de Joves de Fontana, el Espai GG de la Esquerra del Eixample o la biblioteca de la calle de Sant Pere més Baix no tenían electores.
INSISTENCIA / Los centros de votación a pie de calle volvieron a desplegar sus recursos para que los informadores convencieran a la gente para votar. Los informadores, muy jóvenes y algunos de ellos sobre patines, no suelen dejan escapar a los transeúntes que pasan frente de los centros. «¿Ya ha votado?». «Acérquese para que decida el futuro de la Diagonal», eran las consignas. La mayoría de los abordados argumentaban que no estaban empadronados o que ya habían votado y muy pocos accedían a las peticiones de los informadores.
Los votantes también se quejaron de la ausencia explícita de una opción C, que ha sido presentada como «ninguna de las anteriores». La mayoría cree que el ayuntamiento volverá a insistir con la idea de reformar la Diagonal pese a un previsible resultado desfavorable. Aunque la opción C no figure de forma explícita, la mayoría de los informadores aclaran que existe una tercera opción.
Los contrarios a la reforma también continúan cargando contra la idea de extender el tranvía a la parte central del vial y la mayoría se inclina hacia una opción de transporte público más masivo y eficiente como el metro o Rodalies.
VOTANTES INFORMADOS / Los electores presenciales suelen estar bien informados sobre las propuestas del ayuntamiento e incluso de los problemas que arrastra el tramo central de la avenida. Aunque otros también confunden conceptos en el momento de la votación. «Elegí la opción C porque me han dicho que incluye un túnel para el metro. Por arriba no deben hacer nada, tienen que dejarla como está. Y por debajo que pongan transporte público», explicó un votante en la biblioteca de la calle de Sant Pere.
La muestra de EL PERIÓDICO refleja los resultados de las votaciones a pie de urna, pero no contempla el proceso por internet.
* El Periódico - 13.05.10
Las irregularidades en el proceso encrespan la consulta de la Diagonal
La consulta sobre la transformación de la avenida Diagonal lleva camino de convertirse, si no lo es ya, en un sainete. La acumulación de fallos (técnicos y políticos), de irregularidades (supuestas y ciertas) junto con el papelón que protagonizó el alcalde Jordi Hereu tras su presuntamente frustrado intento de voto y su posterior presunta mentira (o no) dieron al tercer día de consulta un tinte trágico-cómico que, cuando se asiente, puede derivar, como vaticinó el líder municipal de Esquerra, Jordi Portabella, «en una crisis política».
Jordi Hereu podría dar un máster de cómo complicarse la vida a partir de una tontería. Acudió el lunes a votar, en el estreno de la consulta, y se topó con un fallo técnico. En lugar de parchear la situación con humor, y tras una breve conversación con un informático, –charla desvelada ayer por La Vanguardia–, Hereu se avino a decir que sí había votado cuando, a tenor de lo que se ve en las imágenes, no fue así.
La tesis de que Hereu había votado la suscribieron, aparte de él mismo, el cuarto teniente de alcalde, Ramon García Bragado y la gerente de Sistemas del ayuntamiento, Pilar Conesa. Ayer mismo, a primera hora, García Bragado se ratificó en lo dicho. Hereu, a mediodía, fue matizando su versión hasta reconocer que tuvo que votar por la tarde, aunque negó haber mentido puesto que él salió del punto de voto «convencido de que había votado».
La reacción de la oposición fue virulenta. Portabella atribuyo el incidente al mismo «déficit democrático» que lleva a convertir la consulta en una «mera operación de imagen». Xavier Trias, de CiU, exigió a Hereu que pida disculpas.
La polémica estrella de los últimos días, la persistente ocultación de la opción C, perdió enteros ayer en la bolsa de irregularidades denunciadas por la oposición. En ella entró la existencia, según CiU, de puntos de voto no oficiales, con el mismo aspecto que los 108 con denominación de origen. De momento, siempre según los nacionalistas, han aparecido dos: en las sedes de los sindicatos CCOO y UGT que, precisamente el martes, habían promovido y firmado un manifiesto de apoyo a las tesis municipales.
VÍA INTERNET / Estos puntos no permiten el voto directo sino a través de internet. La gracia, afirman los convergentes, es que quien va a votar (y por extensión los que no lo hacen) quedan retratados.
A todo esto, el líder del grupo municipal del PP, Alberto Fernández Diaz se topó, a media mañana cuando acudió a votar a la Taxonera, con la desagradable sorpresa de que alguien había ya ejercido ese derecho en su nombre. Precisamente, el nivel de seguridad de la consulta, en especial en lo que hace referencia a la usurpación de identidad, ha sido uno de los temas recurrentes en la polémica sobre la seguridad en el proceso de voto del referendo.
Según fuentes del PP, el autor o autores de la fechoría pertenecen a un diario digital de orientación nacionalista (este diario no pudo ayer consultar dicha web) que habrían obtenido el NIF, por internet, de algún escrito oficial del ayuntamiento. Con esto y con la fecha de nacimiento de Fernández Diaz les habría bastado para descargarse la clave de presunta seguridad que se pide en el voto por internet.
El edil popular, tras revocar el voto usurpador y depositar el suyo (por la opción C, para más señas) presentó una denuncia por los delitos de usurpación de personalidad, falsedad de documento público y relevación de secreto, y permitirá trazar el rastro del teléfono móvil que dio cobertura a la emisión del voto. Los servicios jurídicos del ayuntamiento prevén presentar otra denuncia esta tarde por suplantación, falsificación documental y protección de datos personales.
Y entre el sinfín de denuncias e insinuaciones, Jordi Portabella halló un hueco, justo antes de vaticinar la crisis que viene, para dejar más que claro por que opción se decantaba. No lo dijo, pero se le entendió a la perfección, entre otras cosas porque se esforzó para que así fuera. Destacó el republicano que hay varios apoyos a la opción C. Está, por ejemplo, el que con él pide la transformación de la Diagonal –Esquerra lo incluyó en su programa electoral del 2003– y que optará por una mezcla de algunos elementos de la opción A con las de la B. Un mixto de bulevar y rambla, en definitiva. Esta C se diferenciaría, según el republicano de la C plebiscitaria que plantean tanto CiU como el PP.
SUBE LA PARTICIPACIÓN / En lo que hace referencia a la participación, la del martes, quizá porque fue una jornada de 24 horas, frente a las 14 del lunes, fue un 50% superior, más de 37.000 votos frente a los 25.00 del primer día. El total se eleva a 62.938 votantes, el 4,45% del censo. De seguir en la media, la consulta alcanzaría un 13,35% de participación, es decir, 188.814 electores.
* El Periódico - 13.05.10
Foto: El concurrido punto de votación habilitado junto al Portal de l’Àngel, ayer.- DANNY CAMINAL, elperiodico.com
Valencia: Cercle Obert cree que es la "hora de rectificar" el "atentado" del Ayuntamiento en los Jardines de Monforte
20MINUTOS* : Cercle Obert de Benicalap considera que es la "hora de rectificar" el "atentado" que el Ayuntamiento de Valencia ha cometido "de forma deliberada" en los Jardines de Monforte, tras la decisión del juzgado de Instrucción número 1 de Valencia de admitir a trámite la denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, por las "presuntas irregularidades" en la construcción de un aparcamiento junto a este monumento catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).
Así lo explicó a Europa Press el portavoz de Cercle Obert de Benicalap, Antonio Marín, quien valoró la resolución del tribunal y la imputación del edil de Urbanismo, ya que el equipo municipal acometió obras en el aparcamiento sin antes haber elaborado y aprobado el Plan Especial de Protección.
En este sentido, recordó que la Fiscalía denunció a Jorge Bellver por prevaricación y delito contra el patrimonio a causa de la intervención prevista por parte del equipo municipal de gobierno que, durante el primer trimestre del año, que prevé derribar el muro de Monforte y emprender obras en el interior del jardín.
El portavoz de Cercle Obert consideró que si las autoridades municipales "fueran realmente inteligentes" se darían cuenta de que la protección del patrimonio puede ser "un motor para reactivar la economía" si se realiza "un gran plan" para impulsar las zonas BIC, que contemple su uso turístico, a la vez que lamentó que los Jardines de Monforte sean "más valorados en el exterior que por los propios nativos valencianos".
Por otro lado, Cercle Obert de Benicalap, en un comunicado, exigió al Ayuntamiento de Valencia que solicite al Valencia CF la devolución de los terrenos públicos donde se construye el Nuevo Mestalla. "La Sociedad Anónima Deportiva Valencia club de fútbol adeuda al Ayuntamiento de Valencia una enorme cantidad de millones de euros y 19 parcelas, que hace ya cinco años debería haber entregado en compensación por el terreno municipal donde hoy construye el Nuevo Mestalla", criticó.
Recuperar los terrenos del nuevo mestalla
Solicitó que se adopten "medidas urgentes" para recuperar los terrenos municipales donde se construye el Nuevo Mestalla, "dado que durante todos estos años no se ha perfeccionado la permuta entre la Sociedad Anónima Deportiva Valencia club de fútbol y el Ayuntamiento de Valencia". "Es básico y necesario que esos terrenos municipales,
se destinen a equipamientos y servicios públicos, tal y como se prometió a los vecinos de la zona en su día", reclamó.
En este sentido, Cercle Obert denunció "el trato de favor que lleva recibiendo una empresa privada como es hoy el Valencia SAD", algo en su opinión "incuestionable e intolerable", que además "lesiona las bases de una sociedad democrática", concluyó.
* 20 Minutos - EP: - 12.05.10
Foto: Valencia, jardines de Monforte - escapadasvalencia.com
Es posible y deseable reducir el gasto en infraestructuras de transporte
Ante los recortes anunciados por el presidente del Gobierno, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* manifiesta que es deseable y posible reducir bastante más el gasto en muchas obras públicas innecesarias y contraproducentes, como la mayor parte de las autovías y líneas de alta velocidad ferroviaria, tanto por parte de la administración central como por las autonómicas y locales. Lejos de suponer un problema para el desarrollo económico, la realidad de los hechos indica todo lo contrario: permitirían una economía más sostenible y más justa en lo social. El presidente del Gobierno acaba de presentar un duro plan de recorte de gasto público. Es claramente rechazable que este recorte se cebe en las clases sociales más desfavorecidas y en el conjunto de los trabajadores públicos, sin prácticamente afectar ni poner en cintura a las entidades financieras y a los mercados especulativos que nos han llevado a la grave situación actual.
Pero más allá de este trascendente asunto, Ecologistas en Acción quiere incidir en la posibilidad –beneficiosa desde el punto de vista social, ambiental, económico y de generación de empleo– de recortar los gastos en numerosas infraestructuras de transporte que se están construyendo o planificando por todas las administraciones públicas españolas, a menudo sin estudios que justifiquen su necesidad pero con un coste económico brutal, con una escasa generación de empleo, por no hablar de sus tremendos costes de oportunidad.
Y es que, si las virtudes que le asignan el Gobierno y las mayores constructoras a las grandes infraestructuras de transporte fueran ciertas (enorme generación de empleo, dinamización económica…), la situación en España debería ser muy distinta a la que es. Efectivamente, puesto que somos el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas –y en cuanto se inaugure la nueva línea de alta velocidad ferroviaria a Valencia seremos el que cuente con la mayor red de alta velocidad ferroviaria del mundo–, no deberíamos tener una tasa de paro tan alta y la crisis apenas debería notarse. En definitiva, no se entiende que si las infraestructuras de transporte generan tanto empleo seamos simultáneamente récord europeo en estas infraestructuras y récord de paro, además de estar en una situación económica francamente precaria.
Las realidad en el tema de las infraestructuras de transporte no funciona como nos quieren hacer creer. Multitud de estudios concluyen que a partir de un cierto umbral en la dotación de grandes infraestructuras –que en España hemos superado de largo–, cualquier inversión en nuevas obras a menudo es contraproducente para el desarrollo desde una estricta visión economicista, sin hablar de su impacto ambiental y social. [1]
Ante estos análisis, no es justificable el tremendo despilfarro que está suponiendo el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, PEIT, del Ministerio de Fomento. Este departamento ha venido invirtiendo una media de 17.000 millones de euros al año desde 2005 en grandes infraestructuras, la mayor parte en construcción de autovías –sin la intensidad mínima de tráfico que las justificara– y en alta velocidad ferroviaria, mientras se deja morir al ferrocarril convencional y a las cercanías.
Una situación parecida existe en las Comunidades Autónomas, con planes desaforados de autovías (1.614 km más previstos en Andalucía o 562 km en Castilla y León, por poner dos ejemplos) que ahora más que nunca es necesario confrontar con los recortes en otros aspectos sociales.
Para Ecologistas en Acción resulta claro que necesitamos inversiones en transporte, pero ni mucho menos las que se están planteando. Necesitamos mejores servicios de transporte, no más autovías. Nos hace falta un mejor ferrocarril, no un tren elitista que sólo tenga parada en grandes poblaciones. Necesitamos buenos servicios de cercanías ferroviarias, no más y más anillos de circunvalación. Urge poner en práctica planes de movilidad sostenible, no más listas de infraestructuras. Todas estas alternativas, además, generan más empleo y más estable que la construcción de infraestructuras.
Ecologistas en Acción considera que a pesar de nuestra sobredotación de infraestructuras de transporte, seguimos invirtiendo en ellas una cantidad de fondos brutal. Por ello, es posible y deseable reducir mucho más la inversión en grandes infraestructuras de transporte. Nuestra economía, el medio ambiente y los sectores sociales más desfavorecidos lo agradecerán.
Notas
[1] En este sentido, uno de los estudios más relevantes es el informe del grupo de asesores creado por el primer ministro John Major en los años 90 para evaluar un plan de construir 500 nuevas carreteras en Reino Unido. Este grupo, conocido por sus siglas en inglés, SACTRA, publicó en 1999 Transport and the Economy, donde analizaba la relación entre el crecimiento de la economía y las grandes infraestructuras de transporte en todos los países desarrollados. ¿El resultado? Gran parte de las tópicos sobre estas obras –que generan riqueza y empleo, por ejemplo– por los suelos. El plan de 500 carreteras se quedó en sólo 37.
* Ecologistas en Acción - Jueves 13 de mayo de 2010. Transporte
La recalificación de la iglesia lleva al alcalde de Massamagrell al juzgado
+-+valenciaterraimar.org.jpg)
LASPROVINCIAS/Valencia* : El alcalde de Massamagrell, el popular Miguel Bailach, comparecerá hoy a las 10 de la mañana ante el juez después de que la Fiscalía Anticorrupción abriera diligencias por un presunto delito de prevaricación. El juzgado nº2 de Massamagrell ha citado al alcalde al ser el máximo representante municipal del Ayuntamiento de esta población, que recalificó hace aproximadamente un año los terrenos ubicados junto a la parroquia Virgen del Rosario.
La Fiscalía Anticorrupción entendió que podían existir indicios de prevaricación porque «se estaba beneficiando a una iniciativa privada, en este caso a una parroquia», según el concejal de EU, Alfredo Albornos. Los terrenos que se recalificaron para construir una nueva parroquia iban a ser un espacio público en el barrio de la Magdalena, del que podrían disfrutar todos los vecinos. «La recalificación de los terrenos se había aprobado con los informes desfavorables de los propios técnicos municipales, ya que consideraban que era contrario al interés municipal, además de carecer de las mínimas garantías de legalidad urbanística», explicó Albornos.
La recalificación de los terrenos permite la construcción de una nueva iglesia, pero al mismo tiempo se consigue un incremento del aprovechamiento urbanístico de casi 2.000 metros cuadrados, lo que supone, según el concejal de EU, una plusvalía de más de un millón de euros.
Huelga de hambre
El fraile capuchino Pedro Enrique Rivera ha batallado durante cuatro años para conseguir la recalificación de estos terrenos. El objetivo era construir una nueva parroquia y un local social, además de vender una parte del suelo para urbanizar y así sacar un beneficio que le permitiera financiar la iglesia. En esta lucha llegó incluso a declararse en huelga de hambre durante varios días.
En la pasada campaña electoral, el Partido Popular de Massamagrell decidió incluir esta reivindicación del párroco y de los fieles de la iglesia en su programa electoral. Cuando el popular Miguel Bailach ganó por mayoría absoluta se comprometió a aprobar la recalificación, que llegó el pasado mes de junio, con los votos en contra de los grupos de la oposición.
Pedro Enrique Rivera también ha contado con el apoyo del Arzobispado, y Carlos Osoro llegó a visitar Massamagrell y a oficiar una misa en la actual parroquia, apuntalada por unas vigas de hierro debido a su avanzado deterioro. Los fieles del barrio han denunciado en varias ocasiones que el edificio tiene además goteras y que es demasiado pequeña para el número de personas que asisten a los oficios religiosos. Sin embargo, el triunfo del fraile capuchino ha llevado a quienes le apoyaron a los tribunales.
* Las Provincias - 13.05.10
Foto: Massamagrell (Valencia) - valenciaterraimar.org
Ayudas al alquiler - Forges
* Viñeta Forges, ayudas alquiler - elpais.com 20100508
