+-+flickr.jpg)
ELCORREO/Cantabria* : El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, ha ingresado a primera hora de esta tarde en el Penal de El Dueso, en Santoña, por su implicación en el "caso La Loma". El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Castro Urdiales ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza del alcalde al encontrar indicios de destrucción de pruebas y riesgo de reiteración delictiva al incumplir la medida cautelar adoptada de suspensión de competencias de urbanismo.
Según han informado fuentes judiciales, la detención se enmarca dentro de las diligencias abiertas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Castro Urdiales en relación a la urbanización de los denominados SUNP (Suelo Urbanizable No Programado) 3, 4, 7 y 12, en La Loma de Castro Urdiales. El juez ha dictado un auto por el que estima los recursos de reforma presentados por las acusaciones particulares -Junta de Santullán y afectados vecinos de La Loma- y ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza de Muguruza al encontrar indicios de destrucción de pruebas y riesgo de reiteración delictiva al incumplir la medida cautelar adoptada de suspensión de competencias de urbanismo.
Las acusaciones particulares solicitaron en su momento la medida cautelar de prisión provisional para el alcalde, pero el titular del Juzgado acordó la retirada de competencias urbanísticas. Ante esta decisión, esas acusaciones presentaron un recurso de reforma en el que solicitan al juez que reconsidere su decisión. Ahora, el titular del Juzgado admite esa petición a la vista de que "existen indicios de que se están destruyendo pruebas y de que existe riesgo de reiteración delictiva", ya que continúan tramitándose los expedientes y sigue teniendo una intervención activa en las funciones urbanísticas.
* El Correo - 18.02.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria) - flickr
Ingresa en prisión el alcalde de Castro, Fernando Muguruza
Barcelona: Un juez deja sin casa a cinco jubilados que viven en un edificio degradado
ELPAÍS* : Montserrat Rosselló, de 82 años, se pasa toda la tarde fuera de casa. Sólo así logra dejar de pensar en las cuatro paredes entre las que vive desde que se casó. Después de reclamar varias veces al administrador de la finca que iniciara las reformas para conservar el edificio, un juez ha dictaminado que tiene que dejar su piso, en el número 25 de la calle de Vallespir de Barcelona, porque está en ruinas. A cambio, los propietarios le ofrecen 8.000 euros de indemnización.
En esa misma situación se encuentran cuatro familias más, tres de ellas formadas por jubilados, que no se creen lo que les ha pasado.
"Me voy a la calle. Eso sí, con 8.000 euros en el bolsillo, una fortuna", bromea Montserrat, la inquilina más antigua. "¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué piso voy a poder pagar con una pensión de 900 euros?". El juez Pascual Nuño de la Rosa y Amores no lo ve difícil. En una sentencia aliñada con graves faltas de ortografía, considera que los vecinos podrían encontrar pisos similares en la zona (de entre 70 y 80 metros cuadrados en el barrio de Sants) por sólo 700 euros.
Montserrat vive sola en el entresuelo del edificio. Su vecino, Felipe Roca, practicante jubilado, es el encargado de llevar el papeleo y ha fotocopiado la sentencia para repartirla a los demás vecinos. "El edificio no está en ruinas. Lo que está en ruinas es la mentalidad del juez y de los propietarios", afirma indignado. Desde 2005 los inquilinos reclaman reformas a los propietarios, que siempre han hecho caso omiso de sus demandas. De hecho, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 24 de Barcelona reconoce en la sentencia que la propiedad "no ha reparado ninguna de las deficiencias que presenta el inmueble" y añade que la vivienda "no adolece de vicios estructurales fatales aunque se halla en un proceso de degradación importante". El problema es que las obras que deberían realizarse superan el 50% del valor del edificio. Ese motivo, contemplado en la ley de arrendamientos urbanos, justifica el desalojo de la finca, que tiene 113 años.
"Los padres de los actuales propietarios jamás nos hubieran jugado esta mala pasada", asegura Montserrat. Ella y su marido conocían bien a los Puigpelat, una familia de Balaguer "muy agarrada, pero buena gente", recuerda. Regentaban el horno contiguo al edificio y una tienda que, en los últimos años, fue una joyería. Ahora ambos establecimientos están cerrados.
En la casa de Montserrat, el mayor problema es la cañería de su baño. Advirtió varias veces al administrador de que tenía un agujero y ahora las humedades ya le llegan a la sala de estar. "Son como las montañas de Montserrat", ríe.
Su vecino del entresuelo, en cambio, tiene el piso completamente reformado y el edificio, aunque está abandonado, no parece que esté a punto de caer. "Hay muchísimas fincas así en Barcelona", señala Felipe, que en 2008 ya colgó en su balcón varias pancartas en las que denunciaba el mobbing que sufría. La abogada de los vecinos, Vanesa González, presentó entonces una querella por amenazas que se archivó. Aun así, el Ayuntamiento instó a los dueños del edificio a tomar medidas para reformar la finca, pero la familia Puigpelat no acató el requerimiento. Y no sólo eso: demandó a los vecinos sin seguir el cauce habitual, consistente en solicitar al Consistorio la declaración de ruina. "Que se queden con los pisos, que hagan con ellos los que quieran, pero que me den a mí un apartamento pequeño donde vivir", reclama Montserrat.
Su hija pide lo mismo. Ella vive en el tercero con su hijo y su nuera, y como la mayoría de los afectados, ve el futuro "muy negro". Ellos son los únicos vecinos que quedan en el edificio y tienen todavía contratos de renta antigua. Felipe, por ejemplo, paga 218 euros al mes. Los inquilinos que ocuparon los otros cuatro pisos, hoy vacíos, no pudieron renovar su contrato.
La abogada de los vecinos recurrirá contra la sentencia ante la Audiencia Provincial de Barcelona porque considera que el desalojo es un perjuicio irreparable para las familias. "Si salen, nunca volverán", afirma. A pesar de que se toma este infierno con sentido del humor, Montserrat no confía en el recurso. "Los propietarios son gente mala y rica, y el dinero lo tapa todo", se conforma. Piensa que "no ha habido justicia" y que "como siempre, el pez gordo se comerá al pequeño". Felipe es más optimista, aunque no esconde su decepción. Él no quiere dinero ni un piso nuevo, pide "simplemente que los propietarios reformen el edificio". Y asegura que dará mucha guerra hasta que lo consiga para que "los políticos hagan algo" por ellos. Con sólo 8.000 euros "muchos caeremos en la indigencia", advierte. Montserrat es menos derrotista, pero no deja de preguntarse: "¿Cómo es posible que me tenga que ver así a los 82 años?".
* ELPAIS.com - 18.02.10Foto: Una mujer en su casa de las que será desalojada- JOAN SÁNCHEZ, elpais.com
Orpesa agiliza el derribo de una finca de 90 pisos
+-+navymar.com.jpg)
LEVANTE/Castelló* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana obliga al Ayuntamiento de Orpesa a derribar el edificio Bernat, ubicado en primera línea de la playa de Morro de Gos, al infringir la normativa urbanística en la zona. La decisión del TSJ, a instancias del Tribunal Supremo, obliga al consistorio, gobernado por Rafael Albert (PP), a invertir 17.800 euros en el proyecto de derribo del edificio, cuyos excesos de volumetría y altura fueron denunciados por los vecinos de unos adosados próximos.
El acuerdo de licitación del proyecto de derribo, tomado por urgencia en reunión de la Junta de Gobierno local de 19 de enero, se produce tras recibir el alcalde el apercibimiento de que si incumplía la sentencia se le impondrían "1.000 euros de multa, de forma personal". Y, "de transcurrir un mes sin haberse acordado el proyecto y licitación de derribo, con independencia de la multa anterior -la de los 1.000 euros al alcalde-, se dará cuenta al Ministerio Fiscal".
La sentencia del TSJ desestimaba, igualmente, "los recursos de súplica" interpuestos por el consistorio y el primer edil orpesino.
De la sentencia del TSJ se colige que el consistorio había planteado al alto tribunal valenciano la "imposibilidad legal de ejecutar la resolución". Por ello en el fallo definitivo apunta que "una vez el Supremo anula la declaración de imposibilidad legal que había decretado esta Sala, sólo cabe el derribo" del edificio, algo que ahora será cuestión de semanas.
El fallo condenatorio contra el consistorio orpesino pone en cuestión las afirmaciones del alcalde, Rafael Albert, de que todas las sentencias urbanísticas eran favorables al ayuntamiento. Por ello, el concejal del Bloc, Josep Lluís Romero, le pide que "asuma, tanto él como los responsables de aprobar la construcción del bloque de apartamentos, sus responsabilidades y que no sean, una vez más, los vecinos quienes tengamos que pagar de nuestro bolsillo su mala gestión".
Romero destaca la "rapidez con la que actúa Albert cuando ve afectado su patrimonio".
El consistorio deberá indemnizar a los propietarios
El Ayuntamiento de Orpesa se verá obligado a indemnizar a los propietarios de los pisos del edificio Bernat, lo que obligará a un importante desembolso, dado que son 90 los apartamentos, aunque hay plantas utilizadas como apartahotel. Asimismo, el constructor de este enorme bloque de apartamentos en primera línea de la playa de Morro de Gos también podrá reclamar daños y perjuicios al consistorio. Los propietarios de los apartamentos afectados por la orden del TSJ, inapelable, de derribo del Bernat, en la calle Pamplona de Orpesa, son los primeros afectados por la medida, consecuencia de las malas prácticas urbanísticas. El hecho de que en su mayoría residan fuera de la provincia ha impedido conocer sus reacciones. Tampoco este diario pudo conocer la postura del constructor del bloque Manuel Moliner Bernat, pese a las llamadas efectuadas. Moliner, que ocupó en los 80 la concejalía de Urbanismo, podría emprender alguna acción contra el consistorio, al ser la administración que le otorgó la licencia de construcción. r. pardo castelló
* Levante-EMV - 18.02.10
Foto: Oropesa del Mar (Castellón) - navymar.com
El Consell revisará toda la legislación urbanística que aprobó hace cinco años
ELPAÍS/Valencia* : En apenas dos años -de 2004 a 2006- el Consell de Francisco Camps puso patas arriba toda la legislación urbanística valenciana con el pretexto de derogar la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Cinco años después de aprobarse, el balance por la aplicación de estas leyes es calamitoso. La Unión Europea ha pedido en varias ocasiones reformas legales para evitar los abusos a particulares y estaba pendiente la adecuación a la Ley de Suelo estatal.
Ayer, el consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, presentó un borrador que simplificará el complejo y farragoso cuerpo legislativo urbanístico. Tras un periodo de consultas, la consejería empleará este texto provisional, redactado por tres catedráticos universitarios, de base para corregir, sobre todo, la Ley Urbanística Valenciana (LUV), pero también la Ley de Ordenación del Territorio (LOT), la de Suelo No Urbanizable y el reglamento. Un 30% de la LUV se modificará. De la LOT caerán "cuatro o cinco artículos" y se varía el 50% del reglamento de ordenación y gestión del territorio. No es un simple lavado de cara. El Consell negociará con la oposición el proyecto de ley.
El motivo de la revisión, dio a entender Cotino, es acabar con la inseguridad jurídica que han generado estas leyes, con más de 1.000 artículos. De hecho, los tribunales acumulan miles de denuncias por casos urbanísticos en la Comunidad Valenciana.
El consejero de Medio Ambiente y Urbanismo presentó este borrador como parte de todo un programa de actuaciones que ya impulsó su predecesor en el cargo, José Ramón García Antón, que falleció el pasado verano, para sacar la legislación valenciana del atolladero en el que estaba y, de paso, adaptarla a la Ley del Suelo y a directivas europeas como la de la evaluación medioambiental.
Diferentes colectivos profesionales, como arquitectos, abogados e ingenieros llevaban quejándose de la complejidad de las leyes desde el mismo momento de su aprobación. “Para hacer cualquier cosa, tenemos que vérnoslas con más de 1.000 artículos legales de cierta entidad. Es imposible”, reconocía ayer uno de estos profesionales.
Los cambios, a falta del periodo de consultas que la consejería tendrá abierto hasta finales de marzo, serán notables. Los planes parciales reclasificatorios, tan en boga durante el boom urbanístico, desaparecen, al igual que se suprime el concierto previo y se destierran definitivamente los convenios con “personas jurídico-privadas” que se refieran a la ordenación. Con todo ello, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se convierte en el único instrumento para reclasificar suelo no urbanizable, si se exceptúa la figura de área prioritaria.
El agente urbanizador permanece como principal instrumento para la gestión indirecta de un plan urbanístico, pero pierde toda su capacidad de iniciativa para establecer el planeamiento, que sólo podrá fijar el Ayuntamiento a través del PGOU. La cláusula del metro por metro, que estableció Blasco y colisiona con la normativa estatal, desaparece, aunque la propia consejería reconoció que por el poco tiempo transcurrido desde que la ley entró en vigor no hay tantos casos como se piensa. También sucumben las cédulas de urbanización territorial y se copia de la ley estatal del Suelo que los desarrollos urbanísticos no podrán superar el 20% del término municipal.
El consejero sí dejó claro que estas modificaciones legales, que se intentarán pactar con los socialistas cuando el texto llegue a las Cortes, no tendrán carácter retroactivo; es decir, no afectarán a los planes urbanísticos que hayan sido aprobados de forma provisional o que hayan superado la exposición pública. El departamento de Medio Ambiente no precisó cuántos planes se librarán de la reforma. “El momento de calcularlo será cuando se apruebe la ley”, dijo María Ángeles Ureña, número dos de Cotino.
Una vez este borrador se convierta en proyecto de ley, El Gobierno valenciano procederá a refundir todas las leyes urbanísticas —para evitar contradicciones— y elaborará un manual de buenas prácticas, una especie de guía de instrucciones para que profesionales y ayuntamientos sepan cómo tramitar con agilidad el planeamiento.
Cotino no quiso convertir esta revisión en profundidad de las leyes en un ataque personal a su compañero de Consell y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, artífice de gran parte de estos textos. “Cada momento requiere una cosa”, dijo. También precisó que el Consell puede, tras el periodo de consultas, prescindir de algunos puntos del borrador.
Este nuevo impulso legislativo que pretende el Consell se completará con la Estrategia Territorial, todavía en periodo de información pública, y con un manual de buenas prácticas, una especie de guía de instrucciones para facilitar la gestión a los ayuntamientos.
* ELPAIS.com - 18.02.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
Cartagena: La Fiscalía ve indicios de expolio en las obras del Monte Sacro
LAVERDAD* : Una respuesta afirmativa del Ministerio de Cultura puede tener como consecuencia directa e inmediata la paralización de las obras de construcción de cuatro edificios en la ladera norte del Monte Sacro. A pesar de que el concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, celebró el lunes la decisión de un juzgado de la ciudad de archivar la denuncia por posible expolio de la colina presentada ante la Guardia Civil por el arqueólogo Javier García del Toro, la Fiscalía ha abierto ya diligencias informativas al hallar indicios de un posible delito de expolio del patrimonio histórico-artístico.
Según ha sabido 'La Verdad', el fiscal especial de Urbanismo y Medio Ambiente de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, investiga si el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma debieron impedir la tramitación del expediente urbanístico por el que autorizaron a la empresa Portmán Golf a edificar 67 viviendas junto a la calle Muralla de Tierra. En concreto, la Fiscalía está a la espera de que el Ministerio de Cultura le informe de si sigue en vigor el Real Decreto 3046/1980, de 12 de diciembre, por el que el casco histórico de la ciudad fue declarado Conjunto Histórico-Artístico.
Si el Gobierno central contesta que esa norma estatal sigue en pie y no ha sido modificada por una posterior, el fiscal comunicará sus actuaciones al Juzgado de Instrucción número 5 (que lleva la causa), le pedirá que levante el archivo provisional y muy probablemente solicitará al juzgado de guardia que detenga las obras.
Según supo este diario de la Fiscalía, ésta centra sus pesquisas en conocer si la colina está considerada patrimonio histórico por ser una de las cinco que configuran la geografía de la ciudad, y si el Ayuntamiento debió impedir cualquier proyecto urbanístico en el entorno de la Muralla de Tierra al estar ésta catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC).
Como en San Esteban
El Gobierno municipal ha defendido que el caso del Monte Sacro no puede vincularse con el de los restos árabes protegidos junto al Palacio de San Esteban de Murcia a raíz de la intervención de la Fiscalía.
Sin embargo, desde el Ministerio Público señalaron ayer que la incoación de las diligencias informativas penales para el proyecto de los pisos del Monte Sacro sitúa ya éste al mismo nivel que tuvo en su momento el yacimiento de San Esteban. En la ciudad de Murcia, la presión vecinal y la actuación de la Justicia tumbaron hace unas semanas la posición del Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de apoyar la construcción de un aparcamiento de vehículos.
Pero es que, además, según ha sabido este diario los paralelismos continúan por la intervención de la Guardia Civil en ambos casos. En la capital de la Región, agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) se personaron en el yacimiento para evitar el traslado de los restos arqueológicos del siglo XII.
Guardias en la Comunidad
Y, aunque un juez de Cartagena acaba de archivar de forma temporal la denuncia interpuesta ante la delegación local del Seprona por el profesor de la Universidad de Murcia García del Toro, la Fiscalía envió hace unos días a agentes de la Benemérita a la Consejería de Cultura para recabar información.
Así, según confirmaron fuentes del Ministerio Público los guardias se personaron en la sede de la Dirección General de Cultura para recabar documentos del expediente de los pisos del Monte Sacro.
* La Verdad - 18.02.10
Foto: Pancarta de protesta por las obras de la ladera norte del Monte Sacro, a la derecha, con una máquina excavadora al fondo. :: ANTONIO GIL / AGM
Arquitectos coruñeses reclaman un plan urbanístico más realista
.jpg)
ELPAÍS* : Asociaciones vecinales, redes sociales y colectivos de arquitectos se han unido para exponer un visión crítica sobre el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de A Coruña, cuyo plazo para presentar alegaciones termina hoy. Ven la norma como "nada realista y poco ecológica". Desvinculándose del enredo sobre el límite de alturas de los inmuebles lanzado por el PP, estos colectivos organizan una campaña para que se presenten alegaciones que reclamen más información y participación ciudadana en la planificación urbanística de la ciudad para la próxima década.
Alertan de puntos contradictorios del plan en trámite, como la previsión de crear 33.900 viviendas cuando está estancada la curva de crecimiento de la población y ya hay en estos momentos 17.322 pisos vacíos en la ciudad, más del 15% de los existentes.
Agrupados bajo la denominación de Red de Derechos Sociales y un manifiesto titulado Exigimos el derecho a la ciudad, colectivos como Arquitectos Sen Fronteiras de Galicia, el Comité de Defensa de las Rías Altas o los vecinos de barrios de configuración actualmente rural pero amenazados por un futuro desarrollo urbanístico, como Castro de Elviña o O Portiño, reclaman un modelo urbano para A Coruña más ambiental, social y sostenible que el diseñado en el documento ahora en trámite.
"Sólo se consultó a la población, pero no hubo información suficiente ni una participación real de los ciudadanos en esa planificación", explica un portavoz de estos colectivos. Prueba de ello, destacan, es el embrollo y la confusión sobre la reducción de altura de los edificios, que el gobierno municipal se limitará, "ante la alarma social creada por el PP", a aplicar a los edificios de nueva construcción, y que acabó por reducir todo el debate sobre el nuevo PGOM "en función de réditos económicos y políticos" en vez de abrir realmente la discusión sobre el modelo de ciudad que se pretende.
Desde la Asociación de Vecinos de Monte Alto, un barrio que alberga la Torre de Hercules y particularmente castigado por la especulación y grandes construcciones en la última década, suscriben que ha existido falta de información y participación en el diseño del PGOM. La agrupación está a favor de que se reduzca la altura de los edificios, pero critica que no se obligue a dotar a cada vivienda de una plaza de aparcamiento.
* ELPAIS.com - 18.02.10
Foto: A Coruña, ayuntamiento - Daniel Csörföly 04 (wikimedia.org)
Jaque al urbanismo ilegal en Castelló
+,+casas+ilegales+en+marjal+-+levante-emv.com.jpg)
LEVANTE* : La Fiscalía de Castelló y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) de Castelló han puesto en jaque al urbanismo ilegal en Castelló. El Seprona realizó en 2009 unas 70 actuaciones por presuntas irregularidades contra la ordenación del territorio, y a estas alturas mantiene abiertas investigaciones por construcciones ilegales en "casi todos" los municipios de la provincia, según explicaron fuentes de la unidad de la Guardia Civil.
El ex ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, admitió en una reciente visita a Castelló que la administración se relajó en exceso en la etapa de crecimiento, y una de las principales consecuencias de este "laissez faire" es la profusión de edificaciones ilegales. El Seprona investiga por este motivo en la práctica totalidad de las localidades de Castelló, aunque de momento elude concretar el número total de casas que contravienen la legislación territorial y urbanística vigente.
Fuentes del servicio de la Guardia Civil afirman que tienen constancia de un centenar de viviendas construidas en suelo no urbanizable o parajes protegidos en Castelló capital (en la Marjaleria y Desert de les Palmes), 80 en la marjal de Nules-Burriana, 120 en la desembocadura del río Millars en Almassora y 50 en Segorbe. También tiene en su mira casas de Almenara, Peñíscola (Serra d'Irta), Alcalà de Xivert, Borriol y Cortes de Arenoso, entre otras poblaciones. En 2009 ya realizó unas 70 operaciones por infracciones contra la ordenación del territorio. A este respecto, instruyó 17 diligencias e imputó a dos personas por delitos relacionados con edificaciones y construcciones ilegales. Además, detectó una decena de infracciones y elaboró 40 informes.
El Seprona señala que no hay una mayor inspección y control sobre el urbanismo ilegal en Castelló. Sin embargo, tanto el balance de 2009 como el elevado nombre de viviendas que investiga (al menos 400) reflejan un aumento considerable de las actuaciones contra los delitos medioambientales en los últimos años. Cabe tener en cuenta que el actual fiscal jefe de Castelló, Javier Carceller, nombró, nada más tomar posesión de su cargo en 2007, a una responsable delegada en Medio Ambiente. Desde entonces, la fiscal Dolores Ofrecio se ha encargado exclusivamente de los temas medioambientales.
Cambio de cultura
El Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) estima que existen viviendas en suelo no urbanizable en todas las poblaciones de Castelló. A juicio del portavoz de la plataforma, Francisco González, "hay que romper con la dinámica del desorden, del no pasa nada. Es inconcebible que se pueda edificar una casa en suelo industrial no urbanizable y al revés. Hay que racionalizar los usos para que todos tengan cabida", apuntó. Gecen ha presentado denuncias contra casas ilegales de la marjal de Nules, desembocadura del Millars y Desert de Les Palmes.
* Levante-EMV - 17.02.10
Foto: El Seprona investiga las casas ilegales levantadas en la marjal de Nules. levante-emv
Un afectado de Trampolín Hills presenta la primera denuncia en la Unión Europea
,+afectados+Trampolin+Hills+-+laverdad.es.jpg)
LAVERDAD/Murcia* : El escándalo de la urbanización Trampolín Hills en Campos del Río ha llegado a la Unión Europea. Uno de los perjudicados ha denunciado ante la comisión de Peticiones lo que considera una presunta estafa a nivel europeo de este resort que ha dejado en la estacada a unos 2.000 afectados, principalmente españoles, británicos y noruegos. Las autoridades comunitarias y del Parlamento Europeo, que estudian la queja, están muy sensibilizadas con las irregularidades y desmanes urbanísticos en el mediterráneo español.
Los eurodiputados ingleses son los más beligerantes, sobre todo cuando hay compatriotas suyos de por medio.
Trampolín Hills Golf Resort se encuentra en concurso de acreedores. Vendió 2.200 viviendas en Campos del Río de las 2.500 proyectadas y obtuvo unos ingresos de 52 millones de euros por parte de unos potenciales propietarios que adelantaron de media entre 18.000 y 35.000 euros.
J. L. B. N., vecino de Valencia, entregó 50.000 euros a Trampolín Hills por una vivienda en Campos de Río que parecía una ganga debido a su precio final -100.000 euros- y a los servicios que ofrecía. Gastó su dinero para darle un doble uso a su propiedad: invertir sus ahorros para conseguir un beneficio futuro y al mismo tiempo disfrutarla. Ahora se encuentra sin poder dar de comer a su hijos y «viviendo de la caridad de un familiar», declara. J. L. B. N. recurrió primero al Defensor del Pueblo en Madrid, que le recomendó que acudiera a la jurisdicción civil, para desconcierto de este afectado, que creía que esta institución debe controlar a las administraciones públicas que han tolerado en este desaguisado.
Su siguiente paso ha sido acudir a Bruselas. Su petición la está estudiando la comisión de Peticiones, cuyos funcionarios han registrado su denuncia y le han pedido tiempo para hacer averiguaciones antes de decidir si la admiten o no a trámite. Fuentes del Parlamento Europeo consultadas por 'La Verdad' creen que esta denuncia no caerá en saco roto, sobre todo si aparecen más afectados que emprenden el mismo camino y, principalmente, si hay de por medio ciudadanos británicos.
En la comisión de Peticiones llueve sobre mojado cuando se trata de denuncias por presuntas irregularidades urbanísticas en España. Los eurodiputados ingleses son los más sensibilizados con estos casos y los que más presión meten en Bruselas para que se investiguen lo que consideran falta de garantías de los compradores y propietarios de segundas residencias.
Hasta ahora se han abierto tres investigaciones en el seno del Parlamento y la Comisión Europea en torno a presuntas irregularidades y abusos en municipios levantinos; a la falta de garantías de suministro de agua a nuevas urbanizaciones en el territorio de la Confederación Hidrográfica del Segura y a la denuncia de ANSE contra 43 municipios de la Región por no cumplir la legislación medio ambiental en los planes urbanísticos. Esto sin contar con los casos de La Zerrichera de Águilas y la construcción de la dársena de Puerto Mayor.
Anima a otros damnificados
J. L. B. N. espera que otros damnificados del Grupo Trampolín sigan sus pasos. Así se lo recomendó a la asociación de afectados. La comisión de Peticiones le contestó hace dos semanas y cree que el proceso será largo, lo cual no le desanima en su objetivo de conseguir, al menos, recuperar el dinero que ha invertido. En su denuncia las autoridades europeas, este afectado relata que el Ayuntamiento de Campos del Río dio «informaciones positivas cada vez que los compradores acudían a pedir asesoramiento sobre el proyecto. Todo era un sueño virtual en el que no se disponía de suelo urbanizable ni control por parte de las administraciones públicas», señala. Reprocha a las autoridades que no existiera un sistema de control para asegurarse de que todo se hacía según la ley. Pide que el Estado se haga cargo del problema y que construya las viviendas con su intermediación.
PETICIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO
¿Quién la puede presentar? Todo ciudadano de la UE o residente en uno de sus países miembros, actuando a título individual o junto con otros, puede ejercer su derecho de petición ante el Parlamento Europeo (PE). También empresas, organizaciones o asociaciones con sede social en la UE.
¿Sobre qué? Sobre un asunto que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad de la Unión Europea y que la afecte directamente. Una petición puede consistir en una queja relativa a la aplicación del Derecho comunitario, o un llamamiento dirigido al Parlamento Europeo para que tome posición ante un asunto concreto y puede estar relacionada con asuntos de interés público o privado. Pero no sobre las políticas de la UE.
¿Cómo se presenta? Se puede enviar por correo ordinario o electrónico. El formulario online está colgado en la web del Parlamento Europeo.
¿Cuántas solicitudes se presentan? España fue el segundo país que más peticiones (226) presentó al Parlamento Europeo en 2008, sólo superado por Alemania (256). En total, se recibieron 1.886 peticiones, aunque un 40% fueren inadmitidas. La mayoría de peticiones trataron sobre temas de medio ambiente. Durante la anterior legislatura europea, la mitad de las peticiones sobre urbanismo procedieron de España.
¿Qué curso siguen las peticiones admitidas a trámite? La comisión de Peticiones (integrada por 34 europarlamentarios, 4 de ellos españoles) puede pedir a la Comisión Europea que inicie una investigación; pedir colaboración a las autoridades nacionales y locales para resolver el problema; y, en casos excepcionales como el de las quejas por el urbanismo salvaje en el levante español, hacer una visita para recoger datos sobre el terreno y presentar un informe al plenario del PE. Sus resoluciones no son vinculantes.
* La Verdad - 17.02.10
Foto: Afectados por la paralización de la urbanización de Trampolín Hills en Campos del Río durante la asamblea del pasado día 7. :: JUAN LEAL, laverdad.es
La Guardia Civil incluye al ex alcalde de El Puerto en una trama urbanística
,+ayuntamiento+-+wikipedia.org.jpg)
DIARIODESEVILLA/Cádiz* : Ellos se lo guisaban, ellos se lo comían. Los técnicos municipales preparando el papeleo necesario para regularizar los chalés ilegales, promovidos en El Puerto fundamentalmente por chiclaneros. Y los políticos, concediendo licencias o firmando decretos para legalizar las viviendas. La operación Tequila, de la Guardia Civil, ha descubierto una trama dedicada a la especulación urbanística en El Puerto de Santa María durante el anterior gobierno de Independientes Portuenses (IP).
Al frente de esa red los investigadores sitúan a cuatro personas manejando los hilos: el ex alcalde, Hernán Díaz, que tuvo que dejar la Alcaldía al ser inhabilitado por un delito de prevaricación -nombró a dedo al jefe de la Policía Local-, su edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y dos técnicos del Área de Urbanismo: el jefe de Licencias, Fernando Jiménez Fornell, y su novia, Milagros Trigo, delineante del Servicio de Infraestructuras de Urbanismo, que en la actualidad siguen en los mismos puestos. Ella figura al frente del estudio de arquitectura Tec, pieza clave de la trama.
En total, son 11 las personas que han sido imputadas en la trama. Junto a estas cuatro, están implicados otros arquitectos, como Isabel Ruiz Vázquez, trabajadora del estudio Tec, autora de varios de los proyectos que siempre lograban informes a favor de Jiménez Fornell y los consabidos decretos de regularización y las licencias municipales, que rubricaban Díaz o Rodríguez, además de varios promotores de Chiclana. Todos ellos han sido imputados por la Guardia Civil en la supuesta comisión de delitos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad documental y contra la ordenación del territorio.
La investigación, tutelada por el Juzgado de Instrucción Número 1 de El Puerto, se inició a raíz de una denuncia ante la Fiscalía de Cádiz de la agrupación local de Izquierda Unida hace ya más de dos años. Fue a finales de 2007 cuando IU denunció la supuesta comisión de irregularidades por parte de ex dirigentes de IP y técnicos municipales.
Las pesquisas emprendidas por el Equipo de Delincuencia Urbanística de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz han determinado que "ciertos responsables políticos del Ayuntamiento de El Puerto entre 2004 a 2007 concedieron licencias de obras y legalizaron viviendas en zonas donde ninguna de las actuaciones serían legales al tratarse de suelos que, o no tienen el carácter de urbano ó aún teniéndolo, no han adquirido el derecho a edificar por no haber culminado la tramitación urbanística".
* Diario de Sevilla - 17.02.10
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Sueca cierra la empresa municipal de urbanismo con 500.000 euros de deuda
,+ayuntamiento+-+wikipedia.org.jpg)
ELPAÍS/Valencia* : El Ayuntamiento de Sueca ha decidido cerrar la empresa municipal Sueca Urbanisme i Gestió, SA (Surge, SA). El alcalde Joan Baldoví (Bloc) y una representación de concejales lo comunicó a los diez trabajadores el lunes tras una reunión de portavoces. Surge, SA, arrastra deudas no desveladas por los regidores y que, según el equipo de gobierno (Bloc, PSPV y Compromís per Sueca) hacen inviable su continuidad.
A los empleados se les adeudan unos 200.000 euros, según afirman. El pasado 18 de diciembre fue renovada una póliza de crédito, descubierta en su totalidad según la oposición, por valor de 560.000 euros. Baldoví declinó ayer hablar sobre las cuentas y remitió al "trabajo de deberán hacer los liquidadores".
La mercantil fue creada en 2000, con Alfredo Guillem (EPI-PV) como alcalde en virtud del pacto firmado con el Bloc y PP. Fue rentable hasta 2005. A partir de 2006 se produce la caída en barrena. En ese ejercicio, con el arquitecto urbanista Salvador Gil (PSPV) como alcalde, que en su día se opuso a su creación, las pérdidas ascendieron a 209.486,40 euros, según una memoria de la propia empresa de mayo de 2009. Las cuentas negativas del año siguiente ascendieron a 388.765,70. Baldoví llegó a la alcaldía ese verano por el pacto entre nacionalistas, PSPV y CpS. El balance negativo de 2008 fue de 145.998,63, según las mismas fuentes.
El gobierno local decidió el pasado verano transferir dinero de las arcas municipales a Surge ante la crítica situación. Miquel Torres, interventor de fondos municipales desde pocos meses antes, elaboró un informe-propuesta en el que recordaba que la mercantil nunca había sido objeto de control por parte de dicho departamento. En el documento se solicitaba, de acuerdo con ley, la realización de una auditoría de cuentas desde su creación, en el año 2000, hasta el 2008, el último ejercicio teóricamente cerrado. Además, pedía de la gerencia la totalidad de los balances contables desde 2001 hasta 2008. La Junta de Gobierno Local aprobó la propuesta el pasado mes de julio, si bien en septiembre decidieron contratar el citado estudio centrado en los ejercicios de 2007 y 2008. Gil justificó dicho recorte "por falta de dinero".
* ELPAIS.com - 17.02.10
Foto: Sueca (Valencia), ayuntamiento - wikipedia.org
Urdax: El TSJN anula la adjudicación del proyecto de la travesía de Dantzarinea
+-+navarra.es.jpg)
NOTICIAS/Navarra* : La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha anulado la adjudicación del proyecto de ampliación la travesía de Dantzarinea en la 121-B. En concreto, la sentencia anula la resolución de alcaldía del 10 de octubre de 2007, procedimiento por el cual fueron adjudicados los trabajos de proyectos de estudio de seguridad y salud para la urbanización de la travesía a la empresa VS Ingeniería y Urbanismo SL.
La denuncia interpuesta por vecinos de la zona contra el Ayuntamiento de Urdazubi-Urdax señala que el alcalde de la localidad, Santiago Villares, "adjudicó directamente en procedimiento negociado sin publicidad la elaboración de un proyecto de trazado de una travesía o vial". Esta resolución obliga a la empresa a devolver los 89.500 euros, precio fijado para la redacción de los proyectos de las obras de ampliación de la travesía que fueron inauguradas en noviembre de 2009. Los demandantes piden que al no tener validez ahora el proyecto, se readapte la obra o se devuelva a su estado original. Esta resolución llega tan tarde porque el proceso judicial ha pasado por varias fases y ha tardado mucho tiempo en resolverse. El proceso comenzó en 2008 pero el recurso interpuesto por los vecinos en los juzgados no fue admitido a trámite por "falta de legitimación al no haber participado en el proceso de adjudicación". El recurso de apelación fue remitido a la Sala de lo Contencioso Administrativo donde se admitió y se llegó al fondo. "Si la justicia fuera rápida, la travesía hoy en día no estaría hecha", dijo el abogado de los demandantes.
La intervención vino motivada por la gran intensidad diaria vehículos (9.772), de los que un 1,9% son pesados. Un tráfico generado, en un alto porcentaje, por la actividad comercial que se desarrolla en la zona. El alcalde de la anterior legislatura aprobó un proyecto de variante y travesía para solucionar el problema de la congestión de tráfico. Cuando este proyecto se estaba redactando llegaron las elecciones municipales y la alcaldía cambió de manos a pasando a Santiago Villares, quien resolvió los contratos con todas las empresas alegando que el consistorio no contaba con liquidez para hacer frente a esas obras. Villares comenzó otra intervención que prescindía de la variante. "Este proyecto no termina con el problema del tráfico, para el que sería necesaria una variante, y además dirige a los turismos hacia una zona comercial concreta, dejando de lado a otros establecimientos. Es decir, favorece los intereses particulares de dos empresas y no el interés público", dijeron los demandantes. Los vecinos consideran que es "un paso muy importante" y esperan que la sentencia "tenga la eficacia que merece". "Este proyecto no debería de haberse hecho, hemos informado al Gobierno en muchas ocasiones y nunca nos han hecho caso, han dado subvenciones a una obra ilegal y ahora sale la verdad", afirman.
* Noticias de Navarra - 17.02.10
Foto: Urdax (Navarra) - navarra.es
El fiscal pide 8 años al ex alcalde de La Campana por prevaricar
+-+Olegario,+panoramio.com.jpg)
ADN/Sevilla* : La Fiscalía ha pedido una condena de ocho años de inhabilitación y cuatro meses de prisión para Francisco Vargas Cabello (IU), ex alcalde de La Campana (Sevilla) por "tolerar" la construcción de un hotel que incumplía las propias normas urbanísticas del Ayuntamiento.
El fiscal especial para delitos de Medio Ambiente, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, dice que los dueños de un restaurante junto a la carretera N-IV decidieron iniciar unas obras de ampliación "sin licencia de ninguna clase" y "contra la expresa condición" del Ministerio de Fomento de que se debía construir a más de 25 metros de la carretera.
La edificación adicional consistía en 270 metros cuadrados en dos plantas, con capacidad para 16 habituaciones, precisa el fiscal.
Pese a la "manifiesta ilegalidad de la construcción", el entonces alcalde "para dar apariencia de legalidad" de su decisión de continuar las obras, firmó un convenio urbanístico con los dueños del restaurante.
En él, el Ayuntamiento "tolera de forma provisional y en precario" las obras y "se compromete a otorgar, en su momento, la licencia" todo ello "en base al principio de igualdad de trato con otras edificaciones del entorno".
Este acuerdo permitió continuar las obras con la "tolerancia" municipal, y el 30 de septiembre de 2004 el Ayuntamiento revocó un acuerdo propio de julio que había ordenado paralizar las obras, según explica el fiscal.
El 18 de noviembre, el Consistorio acordó pedir al ministerio de Fomento la "ampliación puntual" de la distancia de la carretera a la línea de edificación "para adaptarla a la obra de ampliación ya ejecutada".
La petición del fiscal incluye que los promotores de la obra derriben a su costa la construcción ilegal, en un coste estimado en 117.557 euros.
El fiscal imputa a los dos dueños del restaurante "Apolo XV" y al arquitecto que firmó el proyecto un delito contra la ordenación del territorio, por el que pide para cada uno 8 meses de prisión, y para el ex alcalde, como cómplice de este delito, pide cuatro meses de cárcel y multa de 9 meses, con cuota diaria de 10 euros.
Por un delito de prevaricación el fiscal solicita para Vargas Cabello 8 años de inhabilitación para el cargo de alcalde o concejal y para cualquier cargo o empleo público relacionado con la actividad urbanística.
* ADN - 17.02.10
Foto: La Campana (Sevilla) - Olegario, panoramio.com
El brillo de La Ceramo de Benicalap se apaga
CERCLEOBERTDEBENICALAP/Valencia* : Una larga lucha de casi veinte años en soledad para evitar la desaparición del legado patrimonial de Benicalap, mientras casi todo el mundo mira para otro lado y habla mucho pero nunca hace nada... La antigua fábrica de Benicalap, en Valencia, languidece tras años de desidia pública y privada.
De los hornos de La Ceramo salieron en los siglos XIX y XX cerámicas que hoy decoran edificios tan notables de la ciudad como la Estació del Nord, el Mercado Central, el jardín histórico de Monforte o el Ayuntamiento de Valencia. El pintor Ignacio Pinazo o el artista fallero Regino Mas prestaron sus bocetos y colaboraron con el fundador de esta fábrica, Josep Ros Furió, que recuperó a partir de 1855 la vieja técnica de los alfares musulmanes del reflejo metálico en la cerámica. 150 años después de su creación, el inmueble, propiedad de una sociedad con domicilio en Madrid, languidece a la espera de que el Ayuntamiento de Valencia se decida a protegerlo en su totalidad o autorice a su dueño un edificio de cinco plantas en parte del solar que ahora ocupa esta instalación de estilo neomudéjar, única en su género.
Hace unos días el concejal socialista en Valencia Juan Soto exigió al consistorio que lo proteja y lo restaure antes de que se caiga a pedazos. Y para ilustrar su estado de abandono mostró una fotografía del interior de La Ceramo, comida por las humedades y la vegetación espontánea, que se ha apoderado de parte de sus tejados por la desidia pública y privada. Los socialistas no son los únicos que han denunciado la situación, a la vez que exigen la protección del conjunto, organizaciones vecinales como Cercle Obert, de Benicalap, el Consell Valencià de Cultura o la Universidad Politécnica de Valencia Hasta la propia Consejería de Cultura han pedido en la última década al consistorio que preside Rita Barberá que catalogue la fábrica y la rehabilite. "Hubo incluso una partida de 50 millones de las antiguas pesetas en los presupuestos de la Generalitat hace años para restaurarla, pero la dirección general de turno se gastó la partida en otras cosas", recuerda Antonio Marín, vecino del barrio y portavoz de Cercle Obert.
El movimiento vecinal de Benicalap y otras asociaciones cívicas han pedido que la fábrica se rehabilite y albergue un centro cultural, así como un museo dedicado a la cerámica y especializado en la técnica del reflejo metálico, valorada en todo el mundo por su delicadeza y singularidad. El Gobierno español, a través del Ministerio de Cultura, barajó durante un tiempo recuperar el edificio y situar allí la ampliación del Museo Nacional de Cerámica González Martí, instalado en el Palacio del Marqués de Dos Aguas. De hecho, en su almacén están depositados los fondos de La Ceramo desde hace años.
Soto recuerda que el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia lo destina a equipamiento público, excepto una pequeña parcela recayente a la calle de José Grollo, que califica como residencial de cinco alturas. Las conversaciones entre el Ayuntamiento y el dueño, la mercantil Nuevas Promociones de Valencia están en marcha. La sociedad planteó incluso al equipo de gobierno local recuperar los hornos de La Ceramo, para permitir que cualquiera pueda visitarlos, a cambio de ampliar la superficie edificable. El consistorio todavía no ha resuelto la petición privada. "Y la fábrica se apaga poco a poco", insiste Soto, tras recordar las dos o tres peticiones de su grupo para que el Ayuntamiento lo incluya en el catálogo de edificios protegidos como Bien de Relevancia Local y se negocie con los propietarios su adquisición.
El concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, reaccionó a la petición de la oposición, que defenderá la protección en la Comisión de Cultura e incluso en el pleno, si es preciso.
La Ceramo, dijo Bellver, "es y será un servicio público", al tiempo que señaló que el acuerdo con los dueños está muy avanzado. "Nunca nos hemos planteado cambiar la calificación de La Ceramo", subrayó el concejal. El consistorio estaría estudiando una permuta con el dueño, según fuentes municipales. "Ya no sabemos qué creer. Lo único cierto es que desde que se cerró, hace 20 años, estamos intentado, sin éxito, que se proteja. Al final pasará como con El Cabanyal, que la perderemos", sentencia Marín.
* C. Vázquéz - El País - Antonio Marín Segovia - Cercle Obert de Benicalap
* Kaos en la Red - Opinión - 15.02.10
Foto: LA CERAMO DE BENICALAP, LA MEMORIA ARTESANAL EN PELIGRO
Desarticulada una presunta trama de especulación urbanística en El Puerto
,+a%C3%A9rea+-+cope.es.jpg)
DIARIODECÁDIZ* : La Guardia Civil informó hoy de la desarticulación de una trama dedicada supuestamente a la especulación urbanística en la localidad gaditana de El Puerto. Por el momento hay once personas imputadas por los presuntos delitos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad documental y contra la ordenación del territorio.
En un comunicado, el Instituto Armado explicó que la denominada operación 'Tequila' se inició cuando los agentes del equipo de Delincuencia Urbanística iniciaron una investigación a raíz de una denuncia presentada por un grupo político del Ayuntamiento de El Puerto, quien informaba de unas supuestas irregularidades urbanísticas ocurridas en el término municipal.
La investigación determinó que ciertos responsables políticos del Ayuntamiento de El Puerto, entre los años 2004 al 2007, concedieron licencias de obras y legalizaron viviendas en zonas donde ninguna de las dos actuaciones serían legales, al tratarse de suelos que, "o no tienen el carácter de urbano o, aún teniéndolo, no han adquirido el derecho a edificar por no haber culminado la tramitación urbanística".
Finalmente, señaló que hasta la fecha han sido imputadas once personas, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial por los presuntos delitos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad documental y contra la ordenación del territorio.
* Diario de Cádiz - 16.02.10
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), aérea - cope.es
Axarquía: Las cabras de Beltrán pagan el pato
,+nave+de+cabras+a+derribar+-+malagahoy.es.jpg)
MÁLAGAHOY* : El Ayuntamiento de Vélez clausura por orden judicial una nave ganadera irregular con sus 130 cabras dentro, en una comarca en la que apenas hay derribos ni clausuras de sus 20.000 viviendas ilegales. Los ecologistas calculan que en la Axarquía existen alrededor de 20.000 viviendas irregulares, que se han construido mediante proyectos de actuación basados en la construcción de casas de apero.
Ante esta presunta ilegalidad masiva, las administraciones han pedido a los municipios que redacten un inventario para buscarles una posible solución. Mientras, sus propietarios disfrutan de ellas a la espera de una regularización. Sin embargo, las 130 cabras de Beltrán González, no han tenido la misma suerte.
Sin previo aviso, según asegura este ganadero veleño, el Juzgado ha precintado su corral por no contar con licencia de obra la nave en la que se encuentran. La pasada semana, por mandato judicial, sus instalaciones fueron clausuradas por la Policía Local y un inspector de Urbanismo del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
"En Andalucía no existe precedente de que cierren sin avisar un nave a un ganadero con los animales dentro", denunció el responsable regional de ovino y caprino de la organización agraria COAG, Antonio Rodríguez.
Lo cierto, es que Beltrán, por no tener licencia para la construcción de la nave que tiene en suelo rústico en Cabrilla (Almayate), se ha visto con un precinto que impide sacar a sus cabras y desarrollar su actividad ganadera. La razón por la que la Gerencia de Urbanismo le ha denegado el permiso es que las instalaciones se encuentran a menos de 250 metros cuadrados de otra parcela que tiene una concesión administrativa de minas para un manantial. Ese vecino le ha denunciado y por ello el Juzgado número 2 de Vélez-Málaga le ha cerrado las instalaciones, a pesar de que según dice esta actividad lleva parada desde hace diez años.
"Nos hemos reunido muchas veces con él y hemos tratado de regularizar su situación desde hace un año, pero el problema es que un vecino le ha denunciado", explicó el gerente de Urbanismo, Domingo Poyatos.
Beltrán González decidió hace dos años dedicarse al campo porque le gustaba y porque pensó que era una forma de ganarse la vida. Compró 130 cabras e inició la tramitación para obtener la licencia de obras al tiempo que gestionó una subvención con la Junta de Andalucía. Invirtió algo más de 300.000 euros. Consiguió entonces una "licencia de obra condicionada" que le obligaba a tener un punto de vertido autorizado y la calificación de medio ambiente. Para la primera construyó una depuradora ecológica, e instaló la ventilación adecuada del recinto. La segunda fue denegada por encontrarse a menos de 250 metros de otra finca. "Ese expediente fue archivado y ahora han abierto otro en el juzgado número 2 que sin previo aviso me ha cerrado la nave. Tampoco han tenido en cuenta ni las alegaciones ni la denuncia que yo interpuse a su vez", explicó este ganadero cuyas cabras han quedado cerradas en el interior sin que legalmente puedan ser alimentadas. Sin embargo, el inspector de Urbanismo le ha permitido de manera extraoficial entrar por una puerta trasera para que pueda alimentarlas, ordeñarlas o sacarlas.
"No sólo se trata del dinero que voy a perder, sino que además los animales pueden enfermar al no retirarles la leche", reflexionó Beltrán, quien extrae a diario 60 litros de leche por el que le pagan 3.204 euros. "Es una situación incómoda porque encima podría acabar con la demolición y la retirada de las cabras. Me siento agobiado, no me dan respiro. Tengo la ganadería porque así me gano la vida, qué mal hago", se preguntó Beltrán, quien asegura que "ni siquiera ha podido ver el expediente".
"No se puede permitir que ocurran estas cosas. Este muchacho trabaja en una zona agraria retirada. Ha invertido en dejar las instalaciones limpias para que no dejen residuos y ha apostado por este sector. Es una injusticia", aportó el representante de COAG. El gerente de Urbanismo también lamentó la situación pero reconoció que "legalmente es imposible".
* Málaga Hoy - 16.02.10
Foto: La nave de Almayate precintada por la Policía Local y Urbanismo en la que se guardan 130 cabras. - malagahoy.es
El juez busca responsables políticos en la conselleria por los chalés de Montroy
+-+alcalde+en+el+juzgado+-+levante-emv.com.jpg)
LEVANTE/Valencia* : El alcalde socialista de Montroy, Antonio Polo, salió ayer de los juzgados de Picassent imputado por un delito continuado de prevaricación urbanística, omisión del deber de persecución de delitos y desobediencia. El juez buscaba responsables políticos y no sólo en el Ayuntamiento de Montroy, por las construcciones ilegales masivas durante los últimos mandatos.
El delito de desobediencia se debe a que se negó durante un año a remitir a la Fiscalía los expedientes sancionadores solicitados por infracciones urbanísticas.
Los nombres de los cargos de la Conselleria de Medio Ambiente entre 2003 y 2007 centraron también el interrogatorio del juez a Polo y al resto de imputados: un abogado, que declaró por un delito continuado contra la ordenación del territorio y estafa, y la titular de la notaría de Montroy, imputada por delitos de falsedad y contra la ordenación del territorio, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia.
El titular del juzgado de Instrucción número 1 de Picassent preguntó insistentemente a los imputados por los nombres de los cargos de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda entre 2003 y 2007, periodo en el que se levantaron mas de 80 chalés en un terreno rústico de Els Mallars, en el término de Montroy, con el aval del Consell al aprobar el PGOU.
También quería saber los nombres de los técnicos del Ayuntamiento de Montroy que certificaron los acuerdos plenarios en los que se aprobó la mortificación urbanística.
Ayer estaba previsto que declarara también como imputado otro notario, que hasta ahora se ha mostrado reticente a colaborar con el juzgado. Ambos notarios habrían dado fe de las escrituras de las viviendas y los terrenos.
De esta forma, ya suman diez los imputados en las diligencias abiertas hace un año por construir en suelo rústico mientras era alcalde Francisco Javier Carrión del PP, también imputado en esta causa desde su detención el pasado 3 de febrero, junto con seis técnicos, constructores y promotores.
Mientras Polo esperaba ayer en el juzgado para declarar, se encontró precisamente con Carrión, quien había acudido a firmar -como está obligado los días 1 y 15 de cada mes-, al encontrarse en libertad provisional "apud acta". Ambos ediles departieron durante más de media hora, ya que el actual alcalde esperó más dos horas a que le llamaran.
Carrión "iba a ganar mucho dinero"
Los tres imputados quedaron ayer en libertad provisional, y sólo al alcalde se le ha impuesto como medida cautelar la retirada del pasaporte. La investigación judicial continúa abierta y bajo el secreto de las actuaciones.
De otro lado, en las diligencias abiertas hace dos años por una denuncia de seis matrimonios ingleses por estafa contra la promotora Morarim SL y la inmobiliaria Zodiac Villas SL, el titular de ésta última ya implicó al ex alcalde Francisco Javier Carrión.
En su declaración, Chris M., imputado junto a los socios de Morarim SL, dos abogados y otro agente inmobiliario, explicó que todos estaban convencidos de que las casas se iban a construir y urbanizar.
El socio de Zodiac Villas insistió hace un año ante el juez en que el antiguo alcalde, Carrión, les transmitió "el optimismo y la certeza" de que se iban a construir las casas en Montroy, ya que "él mismo iba a ganar mucho dinero con la instalación eléctrica".
Reclaman el certificado médico de defunción
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Picassent quiere cerciorarse de que el otro socio de la promotora Morarim SL, Klaus D. S., ha fallecido de verdad y no se trata de una estratagema.
Su chalé en Montroy también fue objeto de registro el pasado 3 de febrero, en su ausencia y en la de su mujer, que se encuentra en Alemania y que se mostró muy compungida por teléfono. No obstante, al juez no le basta con el certificado de fallecimiento emitido por las autoridades alemanas y ha pedido también el certificado médico de defunción. r. l. valencia
* Levante-EMV - 16.02.10
Foto: El alcalde de Montroy, Antonio Polo (derecha), saliendo ayer de los juzgados de Picassent. abelard comes, levante-emv.com
Un millar de eibarreses solicitan protección para la zona de Arrate
+-+protesta+vecinos+-+elcorreo.com.jpg)
ELCORREO/Guipúzcoa* : El grupo 'Arrateballe' mostraba ayer su preocupación por las obras que Tekniker viene ejecutando en la zona de Erisono. Un malestar apoyado por más de un total de 1.010 firmas que entregaban ayer en Pegora. Más de un millar de documentos que muestran su desconfianza ante el futuro que se proyecta en esta zona de la ciudad.
«Por un lado, es censurable la forma en que el Ayuntamiento ha otorgado a Tekniker la licencia de obras, llamándola 'provisional' aun cuando supone la realización de un movimiento de tierras absolutamente irreversible», explican desde 'Arrateballe bizirik'.
La moción recoge también críticas con respecto a la posible ocupación, para el año 2015, de otros 310.000 metros cuadrados en la zona de Erisono, ya que «ello supondría llegar casi hasta el barrio de Maltzaga y se consumaría una agresión al medio ambiente sin precedentes, desapareciendo Arrateballe tal y como hoy lo conocemos».
La agrupación recuerda la existencias de alternativas como Matsaria I o Ibur Erreka. En los documentos presentados ayer en Pegora se añade también que el Plan General de Ordenación Urbana califica la totalidad de esta zona de Arrate como zona agropecuaria y de campiña. Los componentes de la agrupación señalaban que esta zona se encuentra en la escala más baja en cuanto a nivel de protección de los suelos no urbanizables, siendo susceptible de recalificaciones «que posibilitarían su aprovechamiento para usos como los que Tekniker pretende».
'Arrateballe bizirik' ha presentado esta moción para que se debata en el pleno ordinario que se celebrará el próximo lunes, 22 de febrero. Los componentes de la agrupación realizan un llamamiento a la ciudadanía para acudir a apoyar esta moción a la sesión plenaria.
Una moción que se resume en dos puntos fundamentales. Por un lado, que el Ayuntamiento valore como patrimonio colectivo el suelo rural, la zona de Arrate incluido. Por otro, que los responsables municipales se comprometan a encontrar la fórmula jurídica que garantice a la zona una calificación urbanística para su protección futura, modificándose el Plan Generald e Ordenación Urbana.
El Plan General
Los responsables municipales aseguran que valorarán la moción presentada por 'Arrateballe bizirik' y apoyada por más de mil firmas. Aún así, recuerdan que el Plan General no contempla la ampliación que preocupa a la agrupación. En el documento se recoge y regula la actuación en el espacio que actualmente se está trabajando. Ahora toca estudiar la moción y tomar una decisión al respecto.
El consistorio trabaja para desarrollar el nuevo polo tecnológico, impulsado por el centro eibarrés Tekniker, y que irá ubicado en Erisono. En él tendrán cabida empresas con base tecnológica.
* El Correo.com - 16.02.10
Foto: Componentes del grupo 'Arrateballe Bizirik' ayer en Pegora. :: L. L.., elcorreo.com
El cerebro del 'caso Polop' cobraba a cambio de tolerar obras ilegales
+-+flickr.com.jpg)
ELPAÍS/Alicante* : Juan Cano, ex alcalde Polop, del PP, y supuesto autor intelectual del asesinato de su antecesor, Alejandro Ponsoda, cobraba un impuesto a los promotores a cambio de no demoler obras ilegales. El móvil del crimen, según el sumario, fue el urbanismo. Cano fue concejal de Urbanismo del Polop desde 1999 hasta 2003 y desde 2007 hasta el 23 de noviembre pasado cuando fue arrestado por su implicación en el asesinato de Alejandro Ponsoda.
Cano acumuló durante su etapa al frente del urbanismo del municipio un cúmulo de irregulares, la mayoría relacionadas con obras ilegales en suelo rústico. Un elemento común en todos los casos fue que esas obras ilegales fue el pacto tácito entre el promotor y el Consistorio.
Un caso que revela esta práctica de Cano acabó en los juzgados. En 2002, un constructor que responde a las iniciales J. A. B. fue denunciado por el Ayuntamiento por un delito contra la ordenación del territorio, aunque finalmente fue absuelto. Como en muchos otros pueblos de la Comunidad Valenciana, la construcción de casas en suelo no urbanizable acabó provocando conflictos, en este caso porque el promotor se negó a seguir pagando a los políticos. Aunque la juez eliminó del juicio las preguntas relativas al modus operandi de Cano por no ser objeto de la causa, J. A. B. dejó claro que las obras ilegales se pactaban con el Consistorio.En el juicio del Ayuntamiento de Polop contra el promotor J. A. B. fueron citados como testigos como testigos el alcalde asesinado, Alejandro Ponsoda, y el entonces concejal de urbanismo Juan Cano. El proceso consistía en pedir licencia en suelo no urbanizable, pagar las tasas de una licencia que no se podía conceder (en este caso fueron 205.000 pesetas de 2001), recibir después un aviso de paralización de las obras que nunca se ejecutaba y pagar una sanción por infracción urbanística, que para el caso de J. A. B. fue de 986.368 pesetas, esperando luego que pasaran los cuatro años para la prescripción del delito. Sin embargo, nunca se incoaba el expediente de restauración de la legalidad urbanística, que implicaba la demolición del inmueble, dado que no era legalizable, entre otras cosas porque, según reconoció J. A. B. a su abogado, se le pagaba a Cano un "impuesto" de importe similar al de la sanción que se ingresaba en el Consistorio.
Con esta manera de proceder Ponsoda reconoció en el juicio que en 2001, cuando denunciaron a J. A. B. por negarse a seguir pagando, ya se habían realizado en Polop unas 150 obras ilegales. De una actuación similar en el casco urbano se derivó la queja de un constructor al PP por una grabación en la que Cano y Joaquín Montiel Montiel, también concejal y presidente del PP local, le pedían dinero por la obtención de unas licencias. Julio de España, entonces presidente provincial de los populares, consiguió apartarlos de la lista, pero nadie evitó que en 2007 volvieran al consistorio.
Entre 2003 y 2007, ya fuera del Ayuntamiento, Cano siguió haciendo negocios urbanísticos. Sólo de la compra y venta de una parcela en 2005 obtuvo 420.000 euros de plusvalía. Su sustituto al frente del urbanismo polopino, Juan Andrés Lloréns, declaró a la Guardia Civil que entonces Cano "abusaba de su relación con Ponsoda" y que consiguió que para adjudicarle el sector número 8 a la urbanizadora Blauverd, pusiera como condición que la empresa comprara la parcela de Cano y otras dos del concejal Jaime Narbó y su padre por un millón de euros.
En el sumario del caso Polop también figura la declaración voluntaria de un empresario de la jardinería de Callos d'En Sarriá, que elevó una queja al Defensor del Pueblo por entender que había sufrido una extorsión por parte de Cano a principio de 2009. Según explica este empresario que responde a las iniciales I. P. S., Cano le obligó a deducir un 10% del importe de la deuda de 36.823,56 euros que mantenía con él el consistorio desde 2007, utilizando para ello la mediación de un funcionario. I. P. S. aportó la documentación que demostraría que de la cuenta municipal acabaron saliendo los 36.823,56 euros, aunque el empresario sólo cobró 33.141,20.
Son algunos ejemplos de la trama urbanística que tejió Cano y que pretendía engordar. En el registro practicado en el despacho consistorial del entonces alcalde la madrugada del pasado 23 de noviembre, día de su detención, la Guardia Civil encontró unos planos que demuestran que el ex regidor pretendía recalificar más de 1,5 millones de metros en la falda de una montaña. La policía llegó a la conclusión de que las reuniones de Cano con los promotores de los planes pretendían eludir el control urbanístico del Consell. Otra de las líneas de investigación partirá de la gestión de un ingeniero de caminos que llegó a Polop en 1999 con Juan Cano al frente del urbanismo local. Este empleado creó una empresa externa llamada Urbanismo e Ingeniería de la Marina con la que contrataron al menos siete urbanizadores. La policía señala la vinculación de este ingeniero y sus actividades con Cano.
La encargada de esclarecer la trama urbanística será la magistrada del Juzgado número 3 de La Vila, luego de la separación de estas diligencias de las estrictamente relacionadas con el crimen.
* ELPAIS.com - 15.02.10
Foto: Polop (Alicante) - flickr.com
El pelotazo urbanístico de Salamanca
VECINOSTRASELMURO* : En la zona de la Trinidad tiene lugar una barbarie urbanística especulativa que hace peligrar la vida de multitud de vecinos de varias calles.
LOS COMIENZOS: El Hospital de la Santísima Trinidad es un hospital privado construido en el s. XIX y situado en el Paseo de Carmelitas en la zona céntrica de Salamanca.
La especulación urbanística en estos terrenos comenzó en el año 1995, cuando la Fundación del Hospital hace pública la intención de hacer una serie de reformas en ese momento le permite acogerse a los convenios que por entonces el INSALUD ofrecía a los hospitales de carácter privado, a los que pensaba transferir determinados tratamientos y operaciones con el fin de descongestionar las listas de espera de la sanidad pública.
En 1996 comienzan las operaciones especulativas, cuando la Fundación decide vender los terrenos traseros de la finca a la empresa PALCO-3, empresa constructora de carácter familiar conocida en la localidad e inscrita en el registro a nombre de Francisco Román de Pablos, más conocido como Manín. Más tarde volveremos sobre la pista de este especulador. La cantidad que paga la empresa a la Fundación permite a ésta realizar las reformas necesarias en el Hospital. Esta operación parece tener fines exclusivamente “filantrópicos” ya que en ese momento el terreno perteneciente al legado de la Fundación (por el que la empresa constructora ha pagado una importante suma de dinero) permitía exclusivamente la construcción de inmuebles con fines sociales.
En 1998 la remodelación del Hospital se lleva a cabo, mientras a la vez se emite el proyecto de construcción de un parking subterráneo en la parte delantera de la parcela, lugar que ocupaba antes de las obras un huerto con un importante arbolado tal y como reconocía la ficha del Catálogo de Edificios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana.
Desde 1996 y durante los tres años siguientes, los vecinos denunciaron esta situación a la UNESCO, ya que teóricamente la zona protegida por ser patrimonio histórico debía ampliarse por encima de la Santísima Trinidad y la zona de las Claras. En el mes de Julio de 1998 el Ayuntamiento, con mayoría absoluta del PP y gobernado por el alcalde Troconiz aprobó en sesión plenaria la Modificación Puntual del Plan General de urbanismo reduciéndose el Catálogo de Edificios Protegidos del Plan de Ordenación Urbana al casco histórico. De esta manera se consiguió edificar, en donde antes era imposible, un parking subterráneo y modificar la calificación del suelo de la zona trasera, que pasó a ser zona residencial. Esta modificación del plan también afectó al Monasterio de las Claras donde se edificó un hotel y al proyecto de edificación del parking de Los Bandos, que recibió más de 1.700 alegaciones presentadas junto a 18.500 firmas en contra del proyecto.
Desde ese momento la empresa PALCO-3 no perdió ni un segundo y comenzó a ofertar las futuras viviendas, abriendo una lista de posibles compradores sin haber presentado siquiera el proyecto arquitectónico del edificio. Debemos destacar que la proposición de remodelación del Plan General de Urbanismo, aprobada en sesión plenaria, se produjo en el mes de Julio. Como ya hemos visto en otras ocasiones, en Salamanca es ya casi una tradición que los políticos de la ciudad aprovechen los meses de veranos (cuando esta ciudad universitaria se vacía) para realizar sus desfalcos y el resto de actividades inmorales.
COMIENZA LA LUCHA.
Entonces como respuesta, los vecinos comienzan a movilizarse y coordinar su lucha bajo la asociación vecinal del Barrio de San Bernardo, ASANBER. Se inicio una campaña de sensibilización que consiguió recoger más de 9000 firmas con el objetivo de paralizar la Modificación Puntual del Plan General. Pero ni el Ayuntamiento, ni la Junta de Castilla y León tuvieron en cuenta ninguna de las alegaciones presentadas. Eso sí, la Junta emitió una carta a los vecinos denegando esta petición; la carta llegó en el 2002, cuatro años después de que las alegaciones fueran presentadas y, claro está, la Modificación fuera aprobada. Los vecinos decidieron continuar por la vía civil, al ver que sus peticiones y alegaciones eran rechazadas sin tenerse en cuenta por el Ayuntamiento y la Junta. En el 2001 se había presentado un recurso, junto a Ecologistas en Acción y un grupo de particulares, en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el que se rechazaban, tanto los convenios firmados por el Ayuntamiento y la Fundación como los planes de las obras que se comenzaban a realizar en el solar, además se pedía que hasta resolver el recurso se paralizaran las obras, pero el Tribunal no aceptó esta petición popular.
En el 2004 se finalizan las obras del parking que finalmente resulta ser semisubterráneo y que además de haber provocado la desaparición de toda la zona ajardinada del terreno, rompe totalmente con la estética decimonónica del lugar.
En el año 2005 Román de Pablos, representante de PALCO-3, solicita la Licencia de Obras para realizar apartamentos en el terreno comprado por la empresa, y dos años más tarde solicita la ampliación del garaje, pasando de 3 a 4 plantas, todas ellas subterráneas. El Ayuntamiento, de nuevo acepta todas las peticiones del empresario, es más, le dice que puede realizar las plantas que desee. Debemos aclarar que “casualmente” Román de Pablos es propietario de un hotel de lujo “Alameda Palace” que se encuentra en el centro de la ciudad y donde se realizan habitualmente las victorias electorales y diferentes actos de campaña del PP y también se han llevado a cabo actos del partido neonazi Democracia Nacional.
Comenzaron las obras y cada vez había más irregularidades. Los vecinos comenzaron a notar como la altura del edificio comenzaba sobrepasar los límites establecidos y que no correspondía a lo acordado en el proyecto. En el mes de Marzo del 2009 la AAVV ASANBER presenta un escrito describiendo las numerosas irregularidades observadas y pidiendo la paralización de la obra, que abra un expediente de sanción al empresario y que le obligue a restaurar la construcción conforme al proyecto aprobado.
De momento en el proyecto no se recoge que fin tendrá ese edificio, pero en esta zona no está permitido construir parkings o apartahoteles, que parece ser el fin que le quieren dar, aunque hasta el momento los vecinos no han podido acceder como asociación, como personas individuales ni a través de petición judicial al estudio geológico ni arquitectónico de la zona, previo a la construcción del edificio, ni al proyecto de edificación. El Ayuntamiento también ha rehuido las numerosas peticiones de los abogados (e incluso del juez, que ha dado la razón a los vecinos) de un permiso que permita a los arquitectos acceder a la zona con el fin de evaluar las irregularidades.
RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO: RETRANQUEO RIDÍCULO.
El Ayuntamiento ante la presión vecinal, ahora reunida en la asociación de AVEMUR (Asociación de Vecinos tras el Muro), decide maquillar la situación y aprueba que se elimine una esquina de la calle Alarcón. El informe de los técnicos municipales que realizan la inspección no deja lugar a dudas, exponiendo que el edificio ha sobrepasado la altura permitida en las dos últimas plantas, hay un exceso de volumen construido, no se ha llevado a cabo el retranqueo previsto en toda la última planta, se ha macizado una de las fachadas, se ha cambiado la distribución de las plantas y se ha levantado un muro para aislar el edificio de los colindantes que levanta más de cinco plantas, cuando en el proyecto sólo estaba permitido uno de una altura de 1.30 metros. La construcción de este muro la intentó hacer el constructor utilizando las paredes de los patios de luces de los edificios colindantes. Al negarse los vecinos, los amenazó, a través de un burofax, con reclamar toda clase de daños y perjuicios posibles.
El motivo por el que se levanta este muro, es aislar el patio interior del edificio ilegal y ha supuesto para los vecinos unas condiciones de vida extremas, en sus propias viviendas. Las más graves, y que afectan a vecinos de numerosas calles: Reflejos dañinamente brillantes provocados por las placas que cubren el muro; grietas y humedades, que tienen como consecuencia la aparición de hongos negros en el edificio de la calle Alarcón. Recordamos que el hongo negro o Aspergillus es causante de alergias, serias enfermedades respiratorias y pulmonares, e incluso, provoca la muerte en personas mayores e inmunodeprimidas. La desproporcionada altura del muro ha aislado a los vecinos de la luz natural y ha provocado el aumento de las temperaturas en las viviendas (en algunos casos se constatan hasta 40-45 ºC). Las vigas y andamios del edificio en obras han facilitado la entrada de los ladrones hasta en 5 ocasiones en los pisos de los edificios colindantes, robando ordenadores, videoconsolas, joyas, dinero, etc.; aunque lo sentido como más peligroso para los vecinos, es que en ocasiones los robos se han perpetrado mientras los vecinos estaban en sus viviendas.
La última consecuencia viene propiciada por los más de 50 motores de salidas de aires ilegales, que no se pueden poner a menos de 15 metros, según la normativa vigente, pero que están a siete metros de los vecinos y suponen un ruido inmenso. Las chimeneas de los edificios de la calle, han quedado por debajo del nivel permitido por culpa de la edificación de este edificio. La normativa dice que las chimeneas de los edificios de un vecindario deben quedar por encima de los edificios colindantes para permitir una mejor evacuación de los humos y gases.
Esto supuso una situación trágica hace dos semanas, que por fortuna no acabó con víctimas mortales. Por la tarde, hubo una intoxicación con monóxido de carbono en todos los patios, debido a la falta de aireación producida por el inmenso muro, que impide la aireación de las tuberías de gas natural que recorren los patios interiores de los edificios del vecindario. Una vez que llegaron los bomberos encontraron una concentración 14 veces mayor de monóxido del permitido (60 ppm de CO, cuando los límites marcan como máximo 4,5 ppm) y se vieron obligados a evacuar todos los edificios colindantes. A pesar de los informes de los técnicos y el informe de los bomberos, el Ayuntamiento responde a las quejas de los vecinos que probablemente la intoxicación se deba a una fuga de una caldera, aunque los técnicos afirman que las calderas están en perfecto estado. Los vecinos temen que la próxima vez pueda ser ya irremediable todo; una vecina nos comenta “que precisamente el CO es inholoro” o “que en cuanto ocurra de noche nadie podrá percibirlo”. Ante esto el Ayuntamiento sigue haciendo oídos sordos, y da a entender a los vecinos que hasta que no haya ninguna muerte, nada va a cambiar.
Probablemente ni el Ayuntamiento ni el constructor pensaban que esta lucha iba a ser tan continua ni fuera a llegar tan lejos, ya que la mayoría de los vecinos de los edificios afectados son personas mayores que han gastado todo lo que tenían en pagar sus viviendas, y otros, propietarios que ya no viven en ellas y que las alquilan a estudiantes. En definitiva, una comunidad dispersa y difícil de movilizar, incluso, a algunos vecinos funcionarios del Ayuntamiento les han comunicado que la estrategia del Ayuntamiento es minar sus fuerzas, esperando que antes o después se cansen, pero a pesar de todo han sacado fuerzas de flaqueza y su lucha sigue.
Los vecinos han decidido luchar en solitario contra ese inmenso “Muro” y frente al empresario, a sus sobornados cómplices del Ayuntamiento y a la Junta; y es por ello que nosotros debemos ayudarles, ahora más que nunca mostrándoles toda nuestra solidaridad para que el Ayuntamiento de Salamanca no pueda seguir obviando estas situaciones.
La mayoría de los Mass-Media de Salamanca y de toda la Comunidad de Castilla y León les están negando su voz, la solidaridad debe ser nuestra respuesta.
Para mayor información sobre el caso:
Blog "Salamanca: Vecinos Tras el Muro": http://vecinostraselmuro.blogspot.com/
Por los daños causados a los vecinos y por el resto de ilegalidades, desde la ASOCIACIÓN VECINOS TRAS EL MURO le pedimos su ayuda y su apoyo en la lucha contra este tipo de barbaries tan extendidas. Si quiere apoyarnos en nuestra causa le invitamos a unirse a la Asociación (ya hay más de 400 personas apoyando a la Asociación AVEMUR, no requiere ningún compromiso salvo aportar sus datos). Puede contactar con nosotros en los teléfonos 923-266429 / 923-263839 o enviarnos sus datos al correo electrónico vecinos.muro@gmail.com indicando: Nombre y dos apellidos, Dirección, Número DNI con letra incluida, Número de teléfono, Dirección de correo electrónico (si la tuviera o quisiera recibir información de noticias)
Vídeos en YouTube:
"Salamanca, los horrores del pelotazo en La Trinidad" http://www.youtube.com/watch?v=SnJNOJh-L9Y
"Salamanca, el pelotazo de La Trinidad"
http://www.youtube.com/watch?v=SLc_MLto3kk
"Salamanca, el parque perdido de La Trinidad" http://www.youtube.com/watch?v=y5PHh0IHGkY
"Vecinos tras el muro"
http://www.youtube.com/watch?v=JJ7o5sG3U6k
* Kaos en la Red - Avemur - 15.02.10
Foto: Avemur
'Caso Gürtel': "La función esencial era encubrir u ocultar el titular de los fondos"
,+vivienda+caso+G%C3%BCrtel+-+publico.es.jpg)
ELPAÍS/Madrid* : La tesis sobre la que trabajan los investigadores es que Francisco Correa, el presunto líder de la trama corrupta, que lleva un año en la cárcel, sacaba de España el dinero obtenido de sus negocios favorecidos por dirigentes del PP a través de sociedades creadas en el exterior y manejadas por otras sociedades con sede en paraísos fiscales. Ese dinero que Correa sacaba de España volvía en ocasiones al país mediante inversiones en distintas promociones inmobiliarias.
Esta operativa se dio, según la investigación, con el proyecto de construcción de 16 viviendas de lujo en la localidad madrileña de Majadahonda. Para esta promoción, Correa se alió con Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar. Entre las distintas sociedades que participaron en la promoción inmobiliaria de Majadahonda estaba una, Rutsfield, con sede en Londres pero manejada desde un paraíso fiscal.
Este entramado era uno más de los que montó Luis de Miguel, asesor jurídico y fiscal de Francisco Correa. En 2006, el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) elaboró un informe en el que sostenía que De Miguel había creado distintas estructuras empresariales para sus clientes compuestas de sociedades instrumentales registradas en países con fuerte protección del sistema bancario.
Estructura empresarial
"Esta estructura empresarial", señalaba el informe del Sepblac, "podría calificarse de poco transparente y parece estar diseñada con el objetivo de dificultar el rastreo de los fondos (...) En lo concerniente a las transferencias, los fondos que entran en la maraña societaria proceden del exterior, como pueden ser el caso de la isla de Nevis, Luxemburgo, Liechenstein, Reino Unido, Alemania, Suiza...".
El informe sobre De Miguel concluía así: "Parece claro que en esta red empresarial creada puede moverse dinero quizás de origen ilegal o bien dinero negro que se trata de encubrir. Esta hipótesis cobra fuerza al tener en cuenta que, de todas las sociedades analizadas, el 70% tiene como objeto social alguna forma de promoción inmobiliaria, sector tradicionalmente de alto riesgo de blanqueo de capitales".
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria elaboró otro informe sobre Rutsfield, una de las sociedades que gestionaba De Miguel para Correa y sobre la nota manuscrita hallada en la carpeta correspondiente a esa sociedad que requisó la policía en uno de los registros de la Operación Gürtel. En dicha nota aparecían referencias al reparto del capital en una sociedad promotora llamada Twain Jones, que compró terrenos en Majadahonda (Madrid) y levantó 16 viviendas de lujo que se pusieron a la venta a un precio de entre 500.000 y 1,1 millones de euros. La Agencia Tributaria concluyó: "La función esencial de los trusts gestionados por De Miguel era encubrir u ocultar el verdadero titular de los fondos (...). Los 50 millones que habría pagado Rutsfield parecen repartirse entre dos personas, "PC" y "LBarcenas", lo que puede entenderse como elemento indiciario de la existencia de una vinculación entre ambos. De la nota parece interpretarse que PC y LBarcenas podrían intervenir en la operación utilizando fondos que se canalizarían a través de Rustfield. Se desconoce si finalmente LBarcenas intervino en la operación inmobiliaria".
El informe de la Agencia Tributaria era de mediados de 2009. Seis meses después, fruto de las investigaciones del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, se ha podido descubrir que una de las personas que invirtieron en el proyecto Twain Jones es Rosalía Iglesias Villar, la esposa de Bárcenas.
El rastro de una inversión inmobiliaria
La reconstrucción de la operación inmobiliaria que impulsó Franscisco Correa en Majadahonda, basada en los documentos incautados como consecuencia de la Operación Gürtel, llega a la siguiente conclusión: Correa y Bárcenas participaron con 50 millones de pesetas (300.000 euros) a través de Rutsfield (una sociedad montada para evadir el fisco) en la sociedad de promoción inmobiliaria Twain Jones que pretende levantar 16 viviendas de lujo en Majadahonda. La mujer de Bárcenas invirtió 150.000 euros de procedencia desconocida en este proyecto.
* ELPAIS.com - 15.02.10
Foto: Majadahonda (Madrid), vivienda caso Gürtel - publico.es
