El juez busca responsables políticos en la conselleria por los chalés de Montroy

LEVANTE/Valencia* : El alcalde socialista de Montroy, Antonio Polo, salió ayer de los juzgados de Picassent imputado por un delito continuado de prevaricación urbanística, omisión del deber de persecución de delitos y desobediencia. El juez buscaba responsables políticos y no sólo en el Ayuntamiento de Montroy, por las construcciones ilegales masivas durante los últimos mandatos.

El delito de desobediencia se debe a que se negó durante un año a remitir a la Fiscalía los expedientes sancionadores solicitados por infracciones urbanísticas.
Los nombres de los cargos de la Conselleria de Medio Ambiente entre 2003 y 2007 centraron también el interrogatorio del juez a Polo y al resto de imputados: un abogado, que declaró por un delito continuado contra la ordenación del territorio y estafa, y la titular de la notaría de Montroy, imputada por delitos de falsedad y contra la ordenación del territorio, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia.
El titular del juzgado de Instrucción número 1 de Picassent preguntó insistentemente a los imputados por los nombres de los cargos de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda entre 2003 y 2007, periodo en el que se levantaron mas de 80 chalés en un terreno rústico de Els Mallars, en el término de Montroy, con el aval del Consell al aprobar el PGOU.
También quería saber los nombres de los técnicos del Ayuntamiento de Montroy que certificaron los acuerdos plenarios en los que se aprobó la mortificación urbanística.
Ayer estaba previsto que declarara también como imputado otro notario, que hasta ahora se ha mostrado reticente a colaborar con el juzgado. Ambos notarios habrían dado fe de las escrituras de las viviendas y los terrenos.
De esta forma, ya suman diez los imputados en las diligencias abiertas hace un año por construir en suelo rústico mientras era alcalde Francisco Javier Carrión del PP, también imputado en esta causa desde su detención el pasado 3 de febrero, junto con seis técnicos, constructores y promotores.
Mientras Polo esperaba ayer en el juzgado para declarar, se encontró precisamente con Carrión, quien había acudido a firmar -como está obligado los días 1 y 15 de cada mes-, al encontrarse en libertad provisional "apud acta". Ambos ediles departieron durante más de media hora, ya que el actual alcalde esperó más dos horas a que le llamaran.

Carrión "iba a ganar mucho dinero"
Los tres imputados quedaron ayer en libertad provisional, y sólo al alcalde se le ha impuesto como medida cautelar la retirada del pasaporte. La investigación judicial continúa abierta y bajo el secreto de las actuaciones.
De otro lado, en las diligencias abiertas hace dos años por una denuncia de seis matrimonios ingleses por estafa contra la promotora Morarim SL y la inmobiliaria Zodiac Villas SL, el titular de ésta última ya implicó al ex alcalde Francisco Javier Carrión.
En su declaración, Chris M., imputado junto a los socios de Morarim SL, dos abogados y otro agente inmobiliario, explicó que todos estaban convencidos de que las casas se iban a construir y urbanizar.
El socio de Zodiac Villas insistió hace un año ante el juez en que el antiguo alcalde, Carrión, les transmitió "el optimismo y la certeza" de que se iban a construir las casas en Montroy, ya que "él mismo iba a ganar mucho dinero con la instalación eléctrica".

Reclaman el certificado médico de defunción

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Picassent quiere cerciorarse de que el otro socio de la promotora Morarim SL, Klaus D. S., ha fallecido de verdad y no se trata de una estratagema.
Su chalé en Montroy también fue objeto de registro el pasado 3 de febrero, en su ausencia y en la de su mujer, que se encuentra en Alemania y que se mostró muy compungida por teléfono. No obstante, al juez no le basta con el certificado de fallecimiento emitido por las autoridades alemanas y ha pedido también el certificado médico de defunción. r. l. valencia





* Levante-EMV - 16.02.10
Foto: El alcalde de Montroy, Antonio Polo (derecha), saliendo ayer de los juzgados de Picassent. abelard comes, levante-emv.com

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Montserrat legaliza seis adosados del edil que garantiza la mayoría del PP

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La oposición considera que «han comprado» al concejal y denuncia «corrupción urbanística»

CARLOS ALÓS ­
El Ayuntamiento de Montserrat ha otorgado una licencia de obras en «suelo urbano no desarrollado» a la empresa Biosolar Home SL, cuyo administrador único es Alberto Font, el concejal del grupo mixto que en la actualidad garantiza con su voto la alcaldía del PP.
La licencia permite a Font la construcción de seis viviendas unifamiliares pareadas y en la práctica supone una legalización, pese a que el proyecto original únicamente recogía la ampliación de una vivienda unifamiliar aislada. La licencia que da el visto bueno a la modificación del proyecto urbanístico lleva la rúbrica del actual concejal de Urbanismo, Antonio Campos, por delegación de la alcaldesa de Montserrat, la popular Laura Sanjuán. Font es desde hace unos meses teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente mientras su empresa se dedica a la producción de energía solar.
La primera edil admitió ayer que las viviendas están situadas en una «colonia» y que ese suelo es «urbano no desarrollado». Preguntada por la legalidad de la licencia de obras otorgada a Alberto Font, Sanjuán respondió que es «igual de legal» que las que se han concedido por este ayuntamiento en la zona en los últimos diez años. «Como en las colonias que nosotros tenemos aquí que son suelo urbano que no está desarrollado y a las que se les ha ido concediendo licencia de obras acompañada de un proyecto de urbanización para dotar los servicios», dijo Sanjuán.
El concejal Alberto Font, que fue expulsado de la agrupación Gent d´Esquerres sustenta la alcaldía del PP, que tiene cinco concejales, los mimos que logró la coalición de izquierdas en 2007. Font ha sido nombrado por el PP tercer teniente de alcalde y tiene las competencias de Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías, Agua y Participación Ciudadana. Font se enfrentó a su grupo en diciembre de 2008 y se quedó como no adscrito sin renunciar a su acta de concejal. Además, su empresa Biosolar Home se dedica a la promoción inmobiliaria y en mayo de 2008 pidió una licencia de obras en la colonia pese a que en esta zona el consistorio ya no otorgaba licencias desde hacía ocho meses. El anterior concejal de Urbanismo, el edil de Aigua, Joan García, recuerda que se negó a darle la licencia y que la alcaldesa le arrebató las competencias.
Por eso la oposición prefiere hablar de «presunta corrupción política». García Perales, concejal de Urbanismo hasta que el PP prefirió aliarse con Font, considera que el PP «ha comprado al concejal con una licencia de obras ilegal». Además, asegura que su promoción urbanística dispone de instalaciones de depuración y mantenimiento que están en suelo rústico y carecen de licencia de obra y actividad.
Este periódico intentó conocer la versión del concejal del grupo mixto Alberto Font.