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MÁLAGAHOY* : Los alcaldes de Villanueva del Trabuco y La Viñuela se sentarán esta semana en el banquillo de los acusados para ser juzgados por delitos contra la ordenación del territorio que presumiblemente ocurrieron cuando permitieron que se edificaran viviendas en suelos no urbanizables sometidos a protección especial. El primer juicio se celebrará mañana en el Juzgado de lo Penal nº10.
El alcalde de Villanueva del Trabuco, Antonio Vegas (PSOE), deberá responder por una construcción de 1998 que presumiblemente no respetaba las normas subsidiarias que imperaban en aquellas fechas en el pueblo. El fiscal le imputa un delito de prevaricación urbanística por conceder una licencia de obras en junio de ese año "sin que se hubiesen realizado los preceptivos informes técnicos ni jurídicos, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo que regía tales expedientes de solicitud de licencia de obras".
Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, en el expediente únicamente constaba un informe técnico del arquitecto que se había realizado solo a "efectos de valoración". Además, en la zona ni con informes técnicos ni sin ellos se podía edificar porque se trataba de un suelo clasificado como no urbanizable "de especial protección", estando calificado como "complejo ribereño" en las normas subsidiarias que se habían aprobado en 1997. La Fiscalía le imputa a Vegas un delito de prevaricación urbanística por el que le pide ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 2.160 euros.
Además, este viernes está previsto que el alcalde de La Viñuela, Juan Millán (PSOE), sea juzgado por dos delitos contra la ordenación del territorio o prevaricación urbanística, uno de ellos de carácter continuado. Se trata de una vista oral que ya ha sido suspendida por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga en varias ocasiones, la última el pasado mes de julio. Los hechos ocurrieron entre 2001 y 2003 cuando autorizó tres viviendas en una zona de La Viñuela conocida como pago Guerrero que forma parte de la zona de protección del embalse de La Viñuela, que suministra agua potable a la población de la Axarquía y de parte de la capital.
El primer caso ocurrió el 17 de agosto de 2001, cuando Millán firmó dos decretos de Alcaldía en los que otorgaba licencias de obras a una ciudadana española para construir otras tantas viviendas unifamiliares en esta zona. Dos años más tarde, en octubre de 2003, rubricó otro decreto de alcaldía en el que concedía a un ciudadano extranjero licencia para que levantara otra casa también en el pago Guerrero. El fiscal sostiene en el escrito de acusación provisional que ambos permisos de obras fueron concedidos "de forma consciente y a sabiendas de que se trataba de terreno no urbanizable de protección del embalse de La Viñuela", de acuerdo con las normas subsidiarias de 1996 que regían el urbanismo en aquellos años.
Además, el fiscal subraya que se autorizaron los chalés "prescindiendo de los trámites necesarios en los expedientes de concesión". En este sentido, el secretario hizo constar en los dos primeros casos que se trataba de terreno no urbanizable y que para su edificación era necesario tramitar un expediente que justificara la utilidad e interés social de las obras que se iban a hacer. La licencia de la tercera casa se concedió cuando ya había entrado en vigor la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), sin embargo, no se acreditó que la vivienda estuviera vinculada a una explotación agrícola, forestal o ganadera. El expediente administrativo únicamente contaba con "la solicitud de licencia, el informe del secretario, proyecto básico y de ejecución, pago de tasas y los decretos aprobando las licencias solicitadas", según el fiscal.
La Fiscalía pide para el alcalde de La Viñuela por los dos delitos de prevaricación urbanística dos años de prisión y 17 de inhabilitación. Estos juicios tienen lugar apenas un mes después de que el Juzgado de lo Penal número 11 condenara al ya ex alcalde, pero aún concejal, de Sayalonga, José Luis Navas (PSOE) a un año de cárcel y nueve de inhabilitación por un delito urbanístico.
* Málaga Hoy - E.P. - 14.12.09
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es
Juzgan a los alcaldes de Villanueva del Trabuco y Viñuela por delito urbanístico
Amigos de Sierra Escalona alerta de que un tercio del PAU-5 es terreno forestal
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INFORMACIÓN/Alicante* : Amigos de Sierra Escalona (ASE) se opone frontalmente a la decisión del equipo de gobierno de Orihuela (PP) de aprobar provisionalmente el PAU-5 para la construcción de 4.000 casas, con "un evidente impacto ambiental y paisajístico sobre la Sierra de Escalona y la Dehesa de Campoamor, una afección que nunca se ha evaluado al no haberse sometido este plan urbanístico, al igual que el PAU-21, a ningún tipo de evaluación de impacto".
ASE lamenta que "la nueva y agresiva actuación urbanística se suma al despropósito en ejecución del colindante PAU-21", al amparo del "obsoleto y desfasado Plan General de Ordenación Urbana aún vigente".
De hecho, la asociación alerta de que "al menos 600.000 metros cuadrados del PAU-5 (que se extendería en un millón y medio) están inventariados por la propia Conselleria de Medio Ambiente como terrenos forestales en los que se desarrollan pinares de pino carrasco y matorral mediterráneo con especies como el lentisco, el palmito, el madroño o la adelfilla, un hábitat que utilizan diversas especies protegidas de fauna, especialmente aves rapaces". Precisamente, estos terrenos se encuentran "sobre las lomas que separan la carretera CV-941 y el canal del postrasvase Tajo-Segura del campo de golf de Campoamor, así como en torno al barranco del Lobo, un cauce público que atraviesa parte del sector en paralelo a la CV-941".
Por todo ello, ASE solicitará a la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo que no se apruebe definitivamente el PAU-5 y que se integre en la zona protegida del futuro Parque Natural. Asimismo, pedirán que se deseche la idea de convertir en autovía la CV-941, que da acceso a los PAU-5 y 21.
El presidente de la asociación, Miguel Ángel Pavón, subrayó que este plan agrede seriamente al espacio natural configurado por la Sierra de Escalona y la Dehesa de Campoamor, un área que la Conselleria "sólo ha protegido hasta el momento de forma parcial con las figuras de LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y de ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), evitando que terrenos como los del PAU-5, pese a albergar evidentes valores naturales protegibles, fueran incluidos para no entorpecer su desarrollo urbanístico". La declaración de Parque Natural (un trámite que "se está demorando escandalosamente") no incluye los terrenos del PAU-5 y del PAU-21, pese a que forman "una unidad natural y paisajística" con otras áreas sí delimitadas.
La agrupación ecologista ha venido alegando ante Conselleria en los últimos años contra la urbanización del PAU-5 y del PAU-21, pidiendo su calificación como suelo no urbanizable protegido y su inclusión en la ZEPA y en el futuro Parque Natural.
* Información - ELISA G. BROTONS - 13.12.09
Foto: Orihuela (Alicante), obras Sierra Escalona - A.Sánchez, diarioinformacion.com
El Tribunal Superior de Xustiza anula el Plan Especial de Peleteiro
LAVOZ/Santiago* : El Plan Especial de Reforma Interior (Peri) nº12 (el correspondiente al solar del colegio Peleteiro, en el Ensanche), previsto en el Plan Xeral de Ordenación Urbana, fue aprobado definitivamente en el pleno municipal del 19 de abril del 2005 y, con ello, se esperaba cerrar una larga historia de negociaciones que permitía poner en marcha una operación urbanística que dotaría al barrio de un centro comercial, aparcamiento, local social y de un paquete de viviendas de lujo.
Al mismo tiempo, permitía ofrecer financiación para la construcción del colegio nuevo en Montouto tras la venta del solar del Ensanche a Caixa Galicia. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.
El pasado 12 de noviembre, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia comunicó a las Comunidades de Veciños de los números 20-22 de A Rosa y 13-21 de República Arxentina, que se atendía su recurso contencioso-administrativo, lo que tiene como consecuencia que «anulamos el mencionado acuerdo de 19 de abril de 2005 el cual es contrario a Derecho». Con la anulación del Peri de Peleteiro, el Concello y demás implicados en la operación tienen que volver a andar el camino desde el 2003. En una sentencia anterior, de julio, el mismo Tribunal anulaba la aprobación de la modificación del PXOU realizada en junio del 2003. La sala considera que tanto la modificación puntual del PXOU, que establece en líneas generales las condiciones de un futuro desarrollo urbanístico como el Plan Especial que detalla las condiciones de la nueva edificación no se hicieron correctamente y, por tanto, atiende las reclamaciones de los vecinos que consideraban dañados sus intereses y sus derechos.
En los fundamentos de derecho de la sentencia del Peri, el Tribunal indica que «la modificación impugnada permite destinar a uso residencial 4.500 metros cuadrados, lo que supera el límite legal de 8.250 metros cuadrados por hectárea». De acuerdo con la modificación, la sentencia dice que «la modificación impugnada solo prevé 1.395 metros cuadrados de espacios libres y 900 metros cuadrados de uso dotacional público, lo que en todo caso no alcanzaría los 3.540 metros cuadrados que serían exigibles considerando el incremento de edificabilidad en 11.800 metros cuadrados».
* La Voz de Galicia - Marga Mosteiro - 13.12.09
Foto: Los vecinos de A Rosa y República Arxentina le ganaron la batalla al Concello al que anular el Peri - XOÁN A. SOLER, lavozdegalicia.es
Diez años de inhumanidad. (Carta abierta a Irina Bokova, directora general de la UNESCO)
ÁLVARO SANTANA ACUÑA*/La Laguna : Estimada Sra. Bokova: En primer lugar, la felicito por su reciente elección como directora general. Confío en que el doble cambio que ha supuesto su nombramiento (ser la primera mujer y además procedente de Europa del Este) conlleve también cambios profundos en el compromiso real que la UNESCO debe exigir a las instituciones responsables de la gestión de bienes Patrimonio de la Humanidad. Le escribo precisamente para solicitar su intervención inmediata y exigente en el casco histórico de San Cristóbal de La Laguna, declarado Patrimonio de la Humanidad el 2 de diciembre de 1999. De antemano, le diré que no apoyo ninguna teoría de la conspiración. Tras diez años de inhumanidad, la realidad es aún más alucinante.
Desde 1999 la política patrimonial del ayuntamiento ha acelerado la destrucción de la historia urbana de la ciudad. Sólo se defiende el patrimonio históricamente más singular y estéticamente más espectacular (palacios, iglesias y casonas) y se repudia el patrimonio artísticamente menos monumental, pero históricamente más representativo, en especial las viviendas de campesinos y clases bajas urbanas.
Como deseo escribirle una carta y no una enciclopedia de despropósitos, me limito a un número muy reducido de hechos que, no obstante, demuestran por qué la situación del casco es de suma gravedad.
(1) En un incendio que pudo haberse evitado y combatido con mejores medios, La Laguna perdió la Casa Salazar en 2006 -edificio del siglo XVII- y entre los mejores ejemplos de arquitectura nobiliaria de Canarias; (2) la Catedral lleva cerrada más de siete años por ruina de sus cubiertas; (3) la presión inmobiliaria ha aumentado drásticamente en el casco tras la declaración de 1999, agudizándose la política aleatoria de demolición completa de determinados inmuebles o de preservación solamente de la fachada; (4) la casa terrera -el tipo de vivienda mayoritario desde 1496 hasta mediados del siglo XX- se encuentra en peligro crítico de extinción, pues hoy sobreviven menos de ciento cincuenta ejemplares de los que más de cuarenta están arruinados, abandonados o irreversiblemente reformados; (5) el ayuntamiento sólo protege legalmente el patrimonio más monumental y singular, y lo difunde mediante publicaciones, paneles informativos y visitas guiadas; y (6) en 2008 el ayuntamiento autorizó una obra mayor dentro del espacio superviviente de un callejón del siglo XVI frente a la plaza de la Concepción, lo que supone una gravísima violación del principio fundamental que articula el título de Patrimonio de la Humanidad: la regularidad urbanística buscada en el trazado de La Laguna durante el siglo XVI.
Pero insisto, la lista de equívocos y violaciones es más larga, demasiado larga para una ciudad Patrimonio de la Humanidad.
El ayuntamiento aún no está preparado para gestionar con eficacia un bien cultural de la UNESCO. De lo contrario, jamás hubiese autorizado obras dentro del espacio superviviente de un callejón del siglo XVI, ni tampoco las casas terreras estarían hoy en una situación similar a la de la selva amazónica.
Mientras se celebra el décimo aniversario de la declaración, una verdadera peste devora las casas terreras, sobre todo en la Villa de Arriba, donde se fundó la ciudad en 1496. Con la aprobación de la Concejalía de Patrimonio tan sólo en 2009 han sido demolidas siete casas terreras del casco, seis de ellas en el entorno de la calle Herradores.
Hasta aproximadamente 1960 había casas terreras en todas las calles del casco. En 2009 han sido expulsadas del centro del casco y sobreviven (como nuestra selva amazónica particular) en la periferia del casco, donde la especulación inmobiliaria es aún mayor.
El ayuntamiento presume y presume del éxito de la peatonalización del casco para encubrir una gestión ineficaz basada en principios elitistas y antidemocráticos de protección del patrimonio.
De hecho, la mayoría de las calles peatonalizadas son las del "centro" del casco, es decir, las calles (1) donde se encuentran el mayor número de monumentos de las instituciones y grupos sociales más poderosos de la historia de la ciudad; y (2) donde ahora se están destruyendo los últimos ejemplares de casas terreras.
En realidad, la "peatonalización elitista" del centro del casco se ha convertido en un becerro de oro que embelesa a los laguneros y turistas. Y no solucionará el problema de fondo que el casco sufría en 1999 y que se ha agravado en estos diez años: la gestión del patrimonio histórico-artístico está gobernada por una concepción profundamente elitista y antidemocrática del pasado de la ciudad.
De este problema se desprenden los demás. Por ejemplo, mientras una lluvia de millones de euros con forma de adoquines sigue cayendo sobre las calles, más del noventa por ciento de las viviendas del casco carecen de elementales medidas de prevención y detección contraincendios. Peor aún. Tras el incendio de la Casa Salazar sólo siete de los dieciséis edificios considerados Bien de Interés Cultural poseen algún dispositivo contraincendios.
Perdón. Me olvidaba de que en 2007 el ayuntamiento compró una bomba urbana ligera destinada sobre todo a cubrir emergencias dentro del casco. Pero, en vez de ubicarla permanentemente en el casco, la bomba urbana sigue aparcada en el parque de bomberos a las afueras de la ciudad. Si el casco sufriese un incendio como el de la Casa Salazar, la bomba urbana no supondría ninguna diferencia real, porque tendría que recorrer la misma distancia que cualquier camión de bomberos.
Como el ayuntamiento no es consciente de los problemas reales derivados de la gestión de un bien Patrimonio de la Humanidad, le solicito que encabece la creación de una comisión multi-institucional e interdisciplinar (similar a la comisión de valoración y expurgo de un archivo), compuesta por expertos, científicos, académicos, políticos y ciudadanos encargados, entre otras funciones, de estudiar caso por caso la conveniencia o no de autorizar la demolición parcial o total de inmuebles del casco.
El objetivo de la UNESCO es ayudar a personas e instituciones a gestionar eficazmente sus manifestaciones culturales y recursos naturales. El primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (acaso el logro más robusto de las Naciones Unidas) proclama que "todos los seres humanos deben comportarse fraternalmente los unos con los otros".
Por tanto, como organismo dependiente de las Naciones Unidas, la UNESCO busca una gestión eficaz de manifestaciones culturales y recursos naturales precisamente para que los bienes Patrimonio de la Humanidad sirvan de ejemplo de convivencia fraternal de los hombres y mujeres del presente con los hombres y mujeres de siglos pasados que hicieron posible que lugares como La Laguna sean Patrimonio de la Humanidad.
Desafortunadamente, uno de los resultados más dolorosos de la gestión del casco es que contradice el objetivo de la UNESCO. Hoy, la mayoría de los laguneros y sus instituciones no se comportan fraternalmente con los seres humanos de siglos anteriores. Al demoler edificios como las casas terreras se violan los derechos humanos de los laguneros del pasado.
Señora Bokova, exija al ayuntamiento que no convierta el casco en el escaparate turístico del patrimonio histórico-artístico de una minoría poderosa, sino que participe con otras instituciones, grupos y personas en establecer una comisión patrimonial que, al proteger desde la humilde casa terrera hasta el gran palacio, siente las bases de una democracia urbana real y efectiva, es decir, que logre una convivencia fraternal del patrimonio del pasado con el presente y futuro de la ciudad.
* Universidad de Harvard
* El Día - Tenerife - 13.12.09
Las otras heridas del Algarrobico
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ELPAÍS/Almería* : El Algarrobico es un símbolo de la destrucción de la costa. Para los grupos ecologistas es uno de los mejores ejemplos de la voracidad del ladrillo, que ni siquiera respetó un entorno protegido como el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, en Almería. Para la Junta de Andalucía es una herida abierta que sólo le provoca dolores de cabeza.
Cinta Castillo, consejera de Medio Ambiente, ha heredado esta enorme mole con más de 20 años de historia y trámites a sus espaldas. La consejera sigue manteniendo el compromiso del anterior presidente de la Junta, Manuel Chaves, quien en mayo de 2006 aseguró que su Administración compraría los terrenos para demoler el edificio y restaurar este paraje. Pero Castillo ha introducido un matiz más esta semana: El Algarrobico "no perjudica medioambientalmente" al parque de Cabo de Gata-Níjar. La consejera sostuvo en una entrevista publicada el lunes en este periódico que el edificio "en sí no está provocando ningún daño a ninguna especie" de flora o fauna.
Los ecologistas no tardaron mucho en criticar a la titular de Medio Ambiente e, incluso, han reclamado su dimisión por estas declaraciones. "Justifica el hotel y abre las puertas a su legalización, es sorprendente", interpreta Juan Clavero, de Ecologistas en Acción. "Que diga eso equivale a decir que el paraje no es suelo protegido", añade Jaime del Val, presidente de la asociación Salvemos Mojácar.
Los grupos conservacionistas critican que la Consejería de Medio Ambiente sólo se fije en si hay una afección directa a alguna especie animal o vegetal. Creen que es una visión reducida y antigua de la protección medioambiental. "Es un concepto que estaba bien en los años setenta con Félix Rodríguez de la Fuente, pero no para el siglo XXI", opina María José Caballero, responsable de la campaña de Océanos y Costas de Greenpeace. Las administraciones, según esta ecologista, "tienen que proteger el territorio y su hábitat".
"En el caso del Algarrobico hay que fijarse también en el impacto del turismo en el parque, las nuevas infraestructuras, en el consumo de agua, en los residuos y en cómo afecta al entorno y al paisaje", añade Caballero: "Esta visión global del ecosistema, en la que se lleva trabajando más de una década, no la tiene la consejera".
"El parque de Cabo de Gata es una reserva de la biosfera de la Unesco y su paisaje es fundamental: los acantilados, el entorno volcánico y las playas", sostiene Juan Clavero.
Las asociaciones ecologistas afirman que la Junta de Andalucía está aplicando este tipo de protección limitada de la naturaleza no sólo en el Algarrobico, sino en todas las políticas medioambientales. "No se quiere entrar en los impactos urbanísticos, que son lo más importante ahora mismo. Los estudios de impacto ambiental se limitan a si se ve afectada o no a una especie protegida y a ver si se cumple la normativa", afirma Clavero. Ecologistas en Acción ya envió en enero un escrito a la consejería en el que se reclamaba que este tipo de estudios también evalúen el impacto del planeamiento urbanístico. "Pero hay instrucciones para que no se entre en asuntos urbanísticos", sostiene Clavero.
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, intentó el viernes cerrar filas con Castillo. Eso sí, Espadas, quien anteriormente había sido viceconsejero de Medio Ambiente, incidió en que nada ha cambiado respecto a la intención de la Junta de derribar el hotel.
La demolición y restauración de la zona no es algo que esté ya en manos del Gobierno andaluz. La Administración autonómica intentó comprar los terrenos del hotel por 2,3 millones de euros en 2006. Sin embargo, la promotora Azata llevó esta actuación a la justicia. El caso está ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que será el que decidirá si este símbolo de la destrucción del litoral desaparece de una vez.
Un largo historial judicial
- 17 de noviembre de 2005. El Boletín Oficial del Estado publica la orden del Ministerio de Medio Ambiente que amplía a 100 metros el deslinde del dominio público marítimo terrestre del Algarrobico. Esta decisión será vital para el destino del hotel de cuatro estrellas promovido por Azata hasta el momento con el beneplácito de las administraciones, puesto que parte del complejo pasará a invadir la servidumbre de protección que había sido fijada hasta la fecha en 20 metros por el Plan Parcial que, según establece la Ley de Costas, debería haber sido revisado al haberse aprobado meses después del 1 de enero de 1988.
- 22 de febrero de 2006. Un juez de Almería dicta la paralización cautelar de las obras del hotel, que se encontraba ejecutado al 94%. La resolución judicial, que se produce tras la declaración de utilidad pública del Algarrobico que, posteriormente, tuvo que ser convalidada por el Consejo de Ministros, incide en que el edificio invade la franja de servidumbre, que meses antes había sido ampliada. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han avalado hasta en cuatro ocasiones la orden que fijó el nuevo deslinde, que fue recurrida por la promotora y por el Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el PSOE.
- 5 de febrero de 2008. El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que supuestamente amplía la protección del Algarrobico respecto al de 1994. Los ecologistas, la promotora y el Consistorio recurren el documento ante el TSJA, que ha dictado hasta tres autos en los que suspende cautelarmente su aplicación. El alto tribunal cree que la aplicación de esta ordenación puede causar "irreparables" perjuicios para el medio ambiente en el Algarrobico al permitir su nueva calificación la consolidación de instalaciones turísticas.
- 5 de septiembre de 2008. Un juez de Almería ordena revisar la licencia de obras del hotel al estimar que incurre en una infracción urbanística grave por afectar a suelos de especial protección y acusa a la Junta de modificar al margen de la ley en 1996 la calificación del paraje del Algarrobico, para convertirlo en urbanizable. La sentencia, pendiente de ser confirmada por el TSJA, motiva que la fiscalía abra una investigación para esclarecer si hubo prevaricación en las administraciones, algo que queda descartado en mayo de 2009 con el archivo de las diligencias.
- 19 de junio de 2009. El Estado acuerda desistir del procedimiento de expropiación de los terrenos ocupados por el hotel, que la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona impulsó en noviembre de 2005, tras la ampliación del deslinde y la ocupación del edificio por activistas de Greenpeace. La decisión, recurrida por el colectivo, se adoptó a la espera de que el TSJA resuelva la posible nulidad de la licencia. La Junta, que en mayo de 2006 anunció el derribo del edificio, se muestra ahora también partidaria de aguardar la resolución del proceso judicial abierto sobre este polémico hotel.
* ELPAIS.com - M. PLANELLES / R. RODRÍGUEZ - Sevilla / Almería - 13/12/2009
Foto: Algarrobico (Almería), hotel ilegal - elpais.com
´La corrupción sale barata a los políticos por los bajos costes penales´
DIARIODEMALLORCA/Debate* : La incertidumbre política persiste pese a que el president del Govern Francesc Antich haya dado por cerrada la crisis institucional con la sustitución del conseller de Turismo y la aprobación de un código ético contra la corrupción. Un rector honorario y ex concejal de Palma, dos docentes de la Universitat, una feminista y un abogado especialista en consumo analizan la situación política de Balears. Comparten la sensación de que la corrupción sale barata. Ni los costes penales ni los sociales y políticos suponen una coacción suficiente para algunos dirigentes.
Los protagonistas de este encuentro convocado por Diario de Mallorca son Javier Capó, profesor del departamento de Economía Aplicada de la UIB; Carlos Hernández, abogado de la asociación de consumidores ACUIB; Antoni Roig, rector honorario de la UIB; Catalina Cantarellas, catedrática de Historia del Arte; y Maria Francisca Simonet, representante del Lobby de Dones. Cinco personas con respuestas ante la parálisis de la clase política.
–Después de la última crisis de gobierno, ¿qué debería hacer Francesc Antich?
Antoni Roig. "Ninguno de los partidos desea elecciones anticipadas. Esto continuará tal como está, con un vodevil o una comedia hasta que lleguen los próximos comicios. Ninguna formación debería pactar con Unió Mallorquina. A la larga, lo único lógico es un entendimiento entre PSOE y PP".
Carlos Hernández. "Los partidos se dan una última oportunidad. Me parece razonable. Es una pena que no hayan destinado el esfuerzo en resolver sus cuitas internas a la búsqueda de soluciones para el ciudadano. El adelanto de las urnas será inevitable si continúan las tensiones. Entiendo que el PP pida que no le llamen mientras persistan los enfrentamientos".
Javier Capó: "Las elecciones anticipadas suponen una paralización de la sociedad balear durante un periodo demasiado largo, y con una situación económica difícil de trasfondo. El presidente necesita acuerdos. Debería hablar con todos los partidos y exigir un compromiso de tolerancia cero con la corrupción. Es importante plantear pactos puntuales entre todos los partidos para resolver cuestiones pragmáticas que son prioritarias y no tienen un cariz ideológico".
Francisca Simonet: "Continuar con el grupo que gobierna, pero siendo muy exigentes con los imputados".
Catalina Cantarellas: "El equilibrio de poder no creo que cambie con unos nuevos comicios. Antich se ha comportado como un buen negociador desde el punto de vista de la praxis política. Defiendo los pactos puntuales, pero sin la necesidad de que sigan unidos. No obstante, ¡alcanzar el entendimiento con el PP es tan difícil!".
–¿Cómo ha llegado Balears a esta situación?
Antoni Roig. "El nivel del debate político intelectual es cero, una nada, una mediocridad completa. ¿Qué se puede esperar? Nos encontramos con el gobierno español, el autonómico, el insular y los ayuntamientos. Esta estructura genera redundancias, una complejidad de gestión brutal y unos costes económicos elevadísimos. Además, la burocracia excesiva propicia hacer las cosas mal y meter la mano en la bolsa. Cuanto más sencillo es el sistema, más difícil resulta incurrir en corrupción".
Javier Capó. "Al margen de ser éticamente reprobable y jurídicamente ilegal, el fenómeno de la corrupción tiene un elemento de racionalidad. El contexto la favorece. La corrupción implica un intercambio. Así, un político o funcionario vende un bien o servicio público –trámite burocrático, contrato, concesión– a cambio de un beneficio personal –soborno o crecimiento dentro del partido–. Al mismo tiempo, alguien está dispuesto a pagar por ese favor y el precio para corromper depende de lo costoso que suponga cumplir la ley. En algunos ámbitos, el seguimiento de la norma resulta muy gravoso, por ejemplo, en urbanismo. Estos beneficios se comparan con los costes. Los costes de tener un comportamiento corrupto son pequeños tanto desde el punto de vista penal, como político –el desgaste electoral de los partidos es escaso– y social –la gente lo da por hecho y no lo considera una lacra social–. Si comparamos los beneficios con los costes, la decisión racional aboca a la corrupción porque es muy lucrativa y poco costosa.
Carlos Hernández. "En efecto, es tentador porque los costes penales, sociales y políticos son reducidos. También es cierto que, en comparación con épocas anteriores, la sensación de impunidad ha mermado desde que se han dictado algunas condenas".
Catalina Cantarellas. "Preferiría un enfoque más abstracto. Yo creo que es la sinrazón la que conduce a la corrupción. Es decir, la falta de una ética mínima o dignidad humana. Hay gente que no lo hace ni lo hará nunca. Justificar lo que está pasando porque la democracia es reciente... Así nunca creceremos. Mientras tanto, se mantiene una ley felipista del año 85, la Ley Orgánica del Poder Judicial que impide la división de poderes".
Carlos Hernández. "La política tiene una capacidad de expansión, de hipertrofia absoluta que intenta introducirse en todos los sectores sociales e invadir otros poderes. Y al final lo ha conseguido".
w Francisca Simonet. "Todavía estamos estrenando nuestra democracia. Nuestros gobernantes son un reflejo de la sociedad. Defiendo las autonomías porque fomentan la participación responsable de los ciudadanos. En la acción pública se necesita la introducción de normativas sobre financiación de los partidos políticos y de los ayuntamientos. Pero ante todo, se requiere mayor participación democrática y de la ciudadanía.
Carlos Hernández. "Hay una cuestión que no se ha comentado: La existencia de infinidad de funcionarios que no han hecho bien su tarea, ya sea por miedo a perder su empleo o porque no han sido diligentes. La legislación permite una serie de controles, pero se han visto superados. Hay un caso que nos viene como anillo al dedo: Los colaboradores en las estafas de phishing en internet, que cogen el dinero y lo envían de un lugar a otro a cambio de una comisión. Pues bien, el Tribunal Supremo elabora una doctrina donde define esta actuación como inconsciencia o ignorancia deliberada, es decir, ´yo no sé nada porque no quiero conocer lo que ocurre, pero participo y obtengo una rentabilidad´".
–¿Qué consecuencias provoca en nuestra sociedad?
Javier Capó. "En el tema de la corrupción juega un papel importante que en el proceso administrativo y político exista un amplio margen de discrecionalidad y libertad. Desde el plano económico, disuade la innovación y el progreso empresarial, puesto que las empresas no compiten a través de procesos productivos o de calidad, sino que pugnan por la capacidad de influencia política y, en definitiva, el soborno. Es un despilfarro de recursos. Por otra parte, quiero puntualizar que las personas que no caen en la tentación es porque el coste moral no les compensa. La corrupción tiene otro efecto negativo: expulsa a los mejores y a los más éticos".
Catalina Cantarellas. "Tal como está montado el sistema, el mismo cuerpo elimina a los más validos. De la corrupción ya hemos hablado demasiado. Ya no vale la pena hacerlo más. La situación política no se reduce a la corrupción. Una de las bases de toda democracia es la educación, pero pensar no interesa. En este estado de cosas conviene el pensamiento en blanco y, si se puede, el único. Hay una crisis económica pero no escucho propuestas que no sean capitalismo, liberalismo o cualquier cosa para distraernos de los asuntos importantes. No se hace nada en favor de la separación de poderes.
Francisca Simonet. "Se debería modificar la legislación para mejorar la participación ciudadana y que las organizaciones puedan intervenir y sean escuchadas. También un cambio en los valores, donde el PIB no constituya el valor supremo. Una manera de vivir distinta, no cimentada en la obtención de cosas. Vivir mejor no radica en la cantidad de riqueza acumulada".
Catalina Cantarellas. "Coincido contigo. Mayor participación, que no sean grupos cerrados. El sistema político suizo supone un ejemplo porque los ciudadanos siguen con su trabajo pero también ejercen de parlamentarios".
Javier Capó. "Es verdad que la política es más que la corrupción, pero la dimensión que ha alcanzado el problema lo ha desbordado y es como un virus que ha infectado el debate político. Esto ha provocado una parálisis de la Administración. Los ciudadanos han pasado de una fase de desprecio y rabia a una etapa de impotencia y desafección. La gente está cansada y descreída".
Carlos Hernández. "Internet es un ejemplo maravilloso de herramienta de información y participación. Ahora la gente se plantea hasta qué punto los propios medios de comunicación están mediatizados por grupos empresariales. Además, los políticos influyen en un porcentaje elevadísimo en las informaciones que se difunden. Se ha creado una disociación entre lo que interesa al ciudadano y la información que se facilita. Internet elude esta situación y se pueden plantear situaciones como la de la manifestación contra la corrupción que se ha preparado. Internet nos hará libres".
–Algunas soluciones y una visión sobre el código ético propuesto por los partidos de gobierno.
Antoni Roig. "Lo importante es simplificar el modelo de gestión. Lo que no puede ser es que cada vez que surge un problema inventemos una ley nueva. Lo primero es hacer funcionar lo que ya tenemos. El código ético, ¿nos tomáis por tontos? Yo soy contrario a crear más comisiones, reglamentos... IB3 y la Televisió de Mallorca, ¡fuera! No sirven para nada, salvo para la promoción de quienes las han creado. Desde una visión anglosajona, el Consell de Mallorca sobra".
Catalina Cantarellas. "Opino lo mismo".
Antoni Roig. "Los consells de Menorca, Eivissa y Formentera no sobran porque, a diferencia de nosotros, ellos no tienen el Govern. En las comunidades autónomas uniprovinciales no existen las diputaciones. ¿Qué pinta el Consell de Mallorca? Una duplicidad más. El coste de gestión en este país es enorme y lo acabaremos pagando".
Carlos Hernández. "El ejemplo máximo es que en la conselleria de Agricultura hay más funcionarios que agricultores. Pero para engaño, las empresas públicas. Yo ya me conformaría si se suprimieran estas empresas que, en su mayoría, no prestan servicios esenciales. Sirven para esquivar las limitaciones presupuestarias, colocar personas y evitar el control de los funcionarios. Al final, todos los recursos de las entidades financieras se van en gran medida a cubrir la deuda del Estado."
Javier Capó. "La apelación a la ética y a ese pacto no sirve para nada en la medida en que no es obligatorio, tal como los propios políticos reconocen. La solución pasa por reducir los incentivos de los comportamientos corruptos: disminuir la burocracia y la regulación cuando sea factible y mermar el margen de discrecionalidad de políticos y funcionarios. Las decisiones deben ser más transparentes. En cuanto a los costes: elevar las consecuencias penales y que las implicaciones sociales y políticas resulten más evidentes. En este sentido, los ciudadanos tienen que asumir su responsabilidad. Por cierto, ha salido a colación el tema de las televisiones. En este sentido, la Administración ha pasado de ser un instrumento para servir al colectivo a tener unos comportamientos endogámicos, como una máquina que lucha en favor de su propia supervivencia. Hay actividades que se financian públicamente pero que no tienen sentido porque ya las ofrece el sector privado. Hay otras prioridades que por razones económicas y de equidad deben imponerse frente a excentricidades como la televisión".
Carlos Hernández. "Una de las cuestiones que resulta imprescindible es que todos los movimientos contables de la Administración sean accesibles al ciudadano. Ya lo planteó el diario Daily Mail en referencia a los partidos políticos británicos."
Antoni Roig. "De los gastos sólo se enteran los partidos que están en el poder. A la oposición le cuesta mucho acceder a la información sobre los pagos, y lo digo por mi experiencia de concejal de Palma".
Catalina Cantarellas. "Mientras tengamos el sistema que tenemos, no hay ninguna voluntad de dejar participar a los ciudadanos. Como ciudadana me siento insultada, ignorada..."
Javier Capó. "Los partidos políticos han adoptado un papel extremadamente paternalista. Nos tratan como si fuésemos tontos, sin capacidad para analizar las cosas y no explican las cosas que hacen porque dicen que son complicadas. Pero los ciudadanos tenemos el deber de exigir que nos lo cuenten y luego votar en consecuencia. A la hora de decidir el voto se hace un análisis simplista y hay una fidelidad partidista que a veces roza el fanatismo. Hemos entrado en una competencia de mínimos: se vota al menos malo".
Antoni Roig. "Tenemos los electores que tenemos. Mucha gente vota a los suyos, y son los suyos porque piensan que son de su estilo. Uno de los problemas que tenemos es la ley electoral. No me cabe en la cabeza que un partido minoritario en Mallorca [UM] decida gobierne uno u otro".
Catalina Cantarellas. "Con esta ley electoral, son los parlamentarios los que eligen todo, no los ciudadanos. Nosotros votamos listas cerradas. Elegimos grupos de poder bien constituidos porque no nos dejan optar por nada más. Se trata de una democracia ficticia".
* Diario de Mallorca - M. M. B. PALMA - 13.12.09
Chapuzas urbanísticas con denominación de origen
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LAVOZ/Pontevedra* : Propietarios de Oia empiezan a pagar las consecuencias de la anárquica política urbanística que impera en este municipio de la costa desde los tiempos del legendario alcalde del PP, Álvaro Miniño. Chapuzas urbanísticas las hay en este ayuntamiento se mire por donde se mire. Construcciones de mayor volumen de lo permitido, sin licencia municipal, con planos falsos para justificar parcelas mínimas o en la línea de costa han terminado por destruir un paisaje que podría ser hoy en día uno de los más bellos de Galicia.
Lo peor es que la catastrófica gestión del Urbanismo de Oia empieza ya a pasar factura a los propietarios. El caso de la casa de turismo rural que la conocida militante nacionalista Ana Gandón habilitó en una vivienda histórica en Serraseca es uno de ellos. El Ayuntamiento le dio mal la licencia porque lo hizo vulnerando sus propias normas subsidiarias al no solicitar una autorización autonómica previa. El resultado ha sido que años después de poner en funcionamiento el negocio la Xunta lo ha desautorizado. El informe de Política Territorial es contundente al señalar sin ninguna clase de tapujos el comportamiento irregular de la administración local cuando concedió dicho permiso.
El Talaso Atlántico es otra muestra de la ineficacia del departamento de Urbanismo de Oia. Resulta que el TSXG en una sentencia firme ha anulado la licencia municipal porque se basó en una ordenanza inexistente por cuanto que el Concello se «olvidó» de publicarla.
Demolición
El complejo turístico tendrá que ser demolido si es cierto lo que aseguró el director xeral de Urbanismo cuando, tras los derribos en A Guarda, aseguró que acabarían con todas las edificaciones ilegales con sentencia firme.
A Francisco R. una propietaria sin escrúpulos le vendió una casa construida con planos falsos que no existe administrativamente y no puede tener una póliza de toma de corriente legalmente establecida. Y tenía licencia municipal.
Estos casos son sólo la punta del iceberg del caótico municipio de Oia. En los tribunales hay decenas de expedientes de viviendas construidas ilegalmente que tendrían que ser demolidas como ya ha empezado a hacerse en A Guarda.
* La Voz de Galicia - A.M. - 12.12.09
Foto: Una sentencia firme anuló la licencia del Talaso - lavozdegalicia.es
Málaga: Urbanismo no informó al registro del expediente al centro ruso de Pinares
MÁLAGAHOY* : El Ayuntamiento de Málaga no comunicó por escrito al Registro de la Propiedad la apertura de un expediente urbanístico contra el centro que el promotor ruso, Vladimir Beniachvili, había levantado sobre un terreno no urbanizable en Pinares de San Antón.
El aviso sólo se hizo verbalmente una vez que el Registro número 2 notificó que había inscrito la obra de una superficie de casi 2.000 metros cuadrados en base al certificado emitido por el arquitecto imputado en la trama de corrupción urbanística de Alcaucín y que fuera jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación provincial, José Mora Lampérez.
En ese documento, que había sido visado previamente por el Colegio de Arquitectos el 4 de febrero de este mismo año, el arquitecto hacía constar que la obra estaba terminada y que tenía una antigüedad de más de cuatro años, lo que evitaría su demolición al haberse sobrepasado los plazos legalmente fijados. Sin embargo, fuentes del registro de la propiedad defendieron ayer que actuaron conforme a "la más absoluta legalidad" en este caso porque "nuestra labor es constatar que el certificado es legal y que coincide con la escritura de la construcción que se pretende inscribir, no la de visar la legalidad de la obra".
La inscripción en el registro se produjo el 26 de marzo pasado y afectaba a una superficie total edificada de 1.796 metros cuadrados que, según detalla el propio arquitecto en un informe firmado el 16 de julio de 2008, "se desarrolla en dos viviendas distribuidas en dos volúmenes, más dos pequeñas construcciones anexas", cuyo uso previsto era el de apartahotel.
Fue entonces cuando el Registro de la Propiedad número 2 notificó la inscripción al Ayuntamiento de Málaga tal y como establece el artículo 52 del Real Decreto 1093/97. Pero fuentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo reconocieron que únicamente se le informó verbalmente del expediente incoado contra el centro hispano-ruso y no por escrito, lo que motivó que unos meses después el promotor de la obra intentara nuevamente inscribir otra parte de la construcción en el registro. Pero ésta vez no hubo tanta suerte al detectarse "una disparidad" entre lo que incluía el certificado del arquitecto, que las fuentes no quisieron precisar si se trataba también de José Mora, y las escrituras de la obra, motivo por el cual fue rechazado.
Las fuentes municipales justificaron el hecho de no haber alertado al Registro de la Propiedad de la apertura del expediente urbanístico por "no tener medios suficientes para informar de todos los que se incoan diariamente", aunque anunciaron que lo harán en los próximos días. Sin embargo, matizaron que eso no impide que se siga adelante con la orden de demolición que planea sobre la obra.
De hecho, el Ayuntamiento le ha vuelto a notificar al promotor ruso la apertura de otro expediente en el que por primera vez se incluyen la decena de obras que ha ido construyendo desde 1998 en este terreno parcialmente no urbanizable de casi 6.500 metros cuadrados. La intención municipal es dictar una orden de derribo de todo el conjunto una vez que transcurra el plazo de diez días que el afectado tiene para alegar.
Si no derriba la obra de motu propio en el plazo fijado, el Ayuntamiento prevé primero imponer al promotor hasta 12 multas coercitivas por el 10% del valor de lo ejecutado, es decir, cada una rondaría los 86.000 euros, hasta que ejecute la orden. Si aún así, no lleva a cabo la demolición, Urbanismo ya ha anunciado que actuará de forma subsidiaria y que derribará la construcción. El promotor ha desoído tres órdenes anteriores emitidas en 2005, 2007 y una última en junio de este año.
* Málaga Hoy - Raquel Garrido - 12.12.09
Foto: Obras del centro hispano-ruso ocupando parcialmente suelo no urbanizable en Pinares de San Antón. - malagahoy.es
Un millar de mallorquines piden ´no más corrupción´
DIARIODEMALLORCA* : Unas 1.000 personas se manifestaron este sábado en Palma de Mallorca para protestar por el "inaceptable y vergonzoso" incremento en el número de casos de corrupción que se han registrado en los ayuntamientos de las islas Baleares en los últimos años. La marcha, organizada a través de la red social Facebook, se desplazó hasta el palacete del ex presidente del Govern Jaume Matas, hasta el Parlament balear, el Ayuntamiento y el Consell de Mallorca.
'Ni voto en blanco ni voto útil, voten con convicción' e 'Imputados, cara duras' fueron algunas de las proclamas que se pudieron oír en la concentración contra la corrupción que se desarrolló este sábado por las calles de Palma de Mallorca y que congregó a un millar de personas a través de la red social Facebook. La población balear responde así a los numerosos procedimientos judiciales abiertos en las islas contra cargos públicos y otros políticos inculpados en casos de corrupción como Can Domenge, Son Oms, Palma Arena o CDEIB.
La manifestación partió del Paseo de Borne para desplazarse de forma espontánea hasta el palacete del ex presidente balear Jaume Matas, imputado por su presunto enriquecimiento irregular en su etapa como jefe del Govern. Allí, uno de los manifestantes recriminó al ex ministro de Medio Ambiente que "se haya pagado su vivienda con el dinero del pueblo". Más tarde, recorrieron las calles hasta llegar al Parlament, el Ayuntamiento balear y el Consell de Mallorca, donde concluyó el acto. Por el camino, se fueron sumando progresivamente numerosos ciudadanos que querían poner de manifiesto el "descontento" y la "indignación" de la sociedad ante estos casos.
En la marcha, que se celebró bajo el lema 'Prou de corrupció' ("No más corrupción), los asistentes lanzaron numerosos cánticos, entre los que destacaron "manos arriba, esto es un atraco", "a la cárcel", "dimisión, dimisión" y "Cola Cao, Cola Cao", en referencia a los más de 200.000 euros que presuntamente malversó la ex gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares, Antonia Ordinas, y que tenía enterrados en un caja de Cola Cao en el jardín de su casa. Tampoco faltaron los gritos de 'Maria Antonieta, el pueblo pide tu cabeza', en relación a la presidenta del Parlament, Maria Antonia Munar, encausada en el caso Can Domenge y en una pieza separada del de Son Oms.
Uno de los manifestantes aseguró que "el nivel de casos de corrupción que hay en Baleares es inaceptable y demuestra la poca responsabilidad de los políticos al ejercer sus cargos". "De lo que tienen miedo es de que la gente salga a la calle y se movilice contra la corrupción", explicó. Por su parte, otro de los asistentes, Josep Lluís Penya Albert, destacó la "gran respuesta" de la ciudadanía a la convocatoria, entre los que se encuentra "gente de todas las tendencias políticas cuyo interés es denunciar públicamente su sentimiento hacia una política balear altamente crispada".
Borja Rigo, que también acudió al acto, sentenció que "hay que dejar patente el descontento de la ciudadanía y que ésta reaccione para evitar que los políticos se rían en nuestra cara". Lamentó así que la sociedad "haya tardado en reaccionar ya que desde 2004 han ido saltando casos de corrupción a la palestra". "La democracia debe impedir que los políticos se llenen los bolsillos con dinero público, y para ello hay que alzar la voz", concluyó.
El ex conseller de Economía Antoni Rami (PP) acudió a la marcha, donde explicó que la "única" solución para por "ejercer más democracia directa y que los ciudadanos tomen las decisiones, como el hecho de haber salido hoy a la calle". Asimismo, subrayó que siente "repugnancia ante el matrimonio y la intimidad entre el poder y la corrupción". También estuvo presente el director general de Movilidad, Antoni Verger, así como periodistas y representantes de la cultura.
* Diario de Mallorca - 12.12.09
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
Unos 500 vecinos de Les Corts protestan por el Miniestadi
LAVANGUARDIA/Barcelona* : Unos 500 vecinos del barrio de Les Corts de Barcelona han participado esta mañana en una caravana de coches para protestar contra la remodelación del Miniestadi del FC Barcelona, según ha informado la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos y Entidades del barrio.
Durante dos horas, una treintena de coches han circulado con pancartas y fotografías del alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y del presidente del Barça, Joan Laporta, desde la calle Arístides Maillol hasta la plaza Comas, bajo consignas como "Recapacitad" o "No a las recalificaciones".
Como ya ha hecho en otras ocasiones, el colectivo ha mostrado su rechazo a la recalificación del terreno del Miniestadi y ha reivindicado el mantenimiento del suelo de equipamientos deportivos.
"Estamos abiertos a todo tipo de diálogo con el Ayuntamiento pero sólo bajo la premisa de que se compre el suelo y no se recalifique", ha señalado la vicepresidenta de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos y Entidades de Les Corts, Marta De Prats.
Asimismo, De Prats ha manifestado su rechazo a la construcción de pisos de protección oficial prevista en la zona, por considerar que son "más caros que los de venta libre", y ha apostado por un proyecto que contemple "pisos tutelados para la gente mayor".
La transformación urbanística de los terrenos conocidos popularmente como del Miniestadi contempla la construcción de unas 1.600 viviendas, la mitad de las cuales serían de protección oficial, en 11.200 metros cuadrados de equipamientos comunitarios, además de establecimientos comerciales y un hotel.
La rúa no ha generado problemas en la circulación viaria, según ha confirmado la Guardia Urbana.
* La Vanguardia - EFE - 12.12.09
Foto: Barcelona, miniestadi barça - lavanguardia.es
Madrid: Aguirre despreció un informe sobre corrupción en el PP
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PÚBLICO* : Majadahonda, uno de los municipios de mayor renta per cápita de España, es la perla urbanística de la zona noroeste de Madrid. Según la documentación y los testimonios a los que ha tenido acceso Público, el control del negocio del ladrillo quebró en 2005 el grupo municipal del PP, que gobierna con mayoría holgada, hasta el punto de que el mismo concejal que poco después denunció el caso Gürtel, elaboró un informe en el que se detallaba una supuesta trama de corrupción urbanística orquestada por sus propios compañeros del PP con el objetivo de beneficiar siempre a los mismos promotores a costa del suelo público.
El texto fue elaborado por el entonces edil José Luis Peñas y llegó hasta la presidenta de la Comunidad, pero Esperanza Aguirre lo descartó sin ni siquiera estudiarlo, según declaró como inculpado en la Fiscalía Anticorrupción Guillermo Ortega, entonces alcalde de Majadahonda y hoy imputado en la Gürtel. La declaración de Ortega se produjo tras una denuncia del PSOE que terminó archivada. El equipo de Aguirre no ha atendido las llamadas de Público.
Ortega, al que Correa denominaba La Rata, coincidió con Aguirre en la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas y aprovechó para informar a la presidenta sobre la "desunión del grupo municipal en base a tres temas fundamentales: la creación de la Oficina de Atención al Ciudadano (puesta en marcha por la red de Francisco Correa), la adquisición de un colegio de autistas y la enajenación de las parcelas (la RN9 y la M2)", tal y como declaró el entonces alcalde ante el fiscal.
Guillermo Ortega la llevó
Las parcelas a las que se refería Ortega, valoradas en unos cien millones, eran las responsables de la brecha entre las dos facciones del PP local, dirigidas una por Ortega y la otra por el primer teniente de alcalde, Narciso de Foxá, persona de máxima confianza del ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada. Días después, el 24 de enero de 2005, Ortega acudió a la sede central del partido.
Allí le esperaba la plana mayor del PP de Madrid: Esperanza Aguirre; su vicepresidente, Ignacio González, y el secretario general, Francisco Granados. El entonces alcalde de Majadahonda les entregó el informe de Peñas, hoy denunciante de la red Gürtel y entonces mano derecha de Ortega.
Según la declaración del ex alcalde de Majadahonda en la Fiscalía, "la presidenta, al ojear las primeras hojas en las que se hablaba de tramas urbanísticas, no dio importancia a dicho informe". Según distintas fuentes, Aguirre exigió a Ortega que paralizara la venta de las parcelas cuando ya se conocía el adjudicatario, por lo que el regidor mostró su disposición a dejar la Alcaldía, no sin antes atar su futuro.
Francisco Granados le propuso, entre otros cargos, el de director general del Mercado Puerta de Toledo. Ortega lo acepta "exigiendo que el sueldo sea equivalente al que tenía como alcalde", unos 70.000 euros (se lo acabaron subiendo). Willy, como lo llaman sus amigos, reconoció al fiscal que habló sobre la conveniencia de dejar la Alcaldía con Julián Giménez de los Galanes, copropietario de la constructora Dico (luego DHO), con fuertes intereses en Majadahonda.
Un ex directivo de dicha promotora asegura que Ortega "amenazó con tirar de la manta, pero al final se conformó con lo que le ofrecieron". Ortega no declaró nada de esto ante el fiscal y no ha contestado a las llamadas de Público. En febrero de 2005, Narciso de Foxá sustituyó a Ortega al frente del Ayuntamiento de Majadahonda. Oficialmente, el relevo se achacó a motivos de salud.
Un ex edil de Majadahonda que pidió el anonimato ha asegurado a Público que la enajenación de las parcelas de la discordia "iba perfecta, con el OK de la Comunidad de Madrid y el voto a favor del Grupo Popular al completo, pero los problemas saltaron cuando tanto la Comunidad como la facción del PP local dirigida por Romero de Tejada vieron que en el primer informe de adjudicación la promotora ganadora del concurso no era la suya".
Preferencia por Martinsa
"La Comunidad quería que las parcelas fueran para Martinsa, mientras que Romero de Tejada las quería para Afar 4 (la promotora con más suelo en Majadahonda). Ahí empezó a partirse el Ayuntamiento", señala el ex edil. El adjudicatario provisional era Proinsa, del grupo Teconsa, afín a Guillermo Ortega y supuestamente implicada en el caso Gürtel.
Cuando se supo que las parcelas, valoradas conjuntamente en más de cien millones, iban a ser para Proinsa, los perdedores del concurso pusieron el grito en el cielo y el gobierno municipal terminó resquebrajándose. La adjudicación fue paralizada y no se retomó hasta que volvió la calma al Consistorio, ya con Ortega en su retiro dorado. Tras un nuevo concurso, ganó Sacyr Vallehermoso.
Los candidatos de Correa
Durante la alcaldía de Guillermo Ortega (2001-2005), las empresas de Francisco Correa facturaron al Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) más de dos millones de euros. Además, su esposa, María del Carmen Rodríguez, fue la jefa de gabinete del Consistorio. Pero el líder de la trama corrupta no tenía la misma cercanía con la facción rival del PP, la controlada por el ex alcalde Ricardo Romero de Tejada, “que ya tenía a quien adjudicar parcelas y contratos”, dicen fuentes cercanas a Ortega. Por eso, cuando el alcalde tuvo que dejar el cargo a favor de Narciso de Foxá, Correa decidió financiar el partido que crearon José Luis Peñas y Juan José Moreno, hombres de confianza de Ortega y expulsados del PP: quería tener una alternativa al PP local, pero ese fue el mayor error de su vida.Peñas aprovechó la cercanía a Correa para grabar sus muchas conversaciones, en las que el conseguidor del PP se jactaba de sus influencias y cohechos, y hacía gala de una actitud mafiosa. El ex concejal entregó las grabaciones a la Policía y puso una denuncia que ha devenido en uno de los mayores escándalos de las últimas décadas: el ‘caso Gürtel’. Ambos ex ediles figuran como imputados en la ‘Gürtel’ por los pagos de Correa. No obstante, Peñas asegura que todo el dinero que Correa les transfería “se utilizaba para los gastos del partido”. Moreno también grabó a Correa, pero no llegó a presentar la denuncia.
* Público - JAVIER CHICOTE - MADRID - 11/12/2009
Foto: Majadahonda (Madrid) - wikipedia.org
Miranda: La justicia invalida ahora las licencias ambiental y de obras del crematorio
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ELCORREO/Burgos* : Cuatro fallos judiciales dispares en menos de cinco meses y al menos dos recursos pendientes de resolución mantienen viva la polémica en torno al crematorio de Miranda pese a que funciona con total normalidad desde el 13 de junio de 2008. Ahora es la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la que asesta un duro golpe al Ayuntamiento al declarar «no conforme a derecho» tanto la licencia de obras como la ambiental que concedió a Servicios Funerarios de Miranda SL en noviembre de 2006.
En otras palabras, invalida las autorizaciones que permitieron la puesta en funcionamiento del horno.
Este último fallo da la razón a los vecinos Miguel Angulo y Carlos Vizuete, con viviendas anexas a la instalación de la carretera de Orón 63. Porque estima el recurso de apelación que presentaron el 9 de octubre y porque, de forma automática, revoca otro del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 30 de junio que venía a plantear todo lo contrario; que se avalaba la ubicación por no ser «nocivo ni peligroso para la salud» y que la licencia ambiental se había dado «conforme a derecho».
El Consistorio y la propia empresa se encuentran ahora ante un dictamen sobre el que ya no cabe ningún recurso posible. Una resolución firme que anula una autorización básica y que, en principio, llevaría a un desenlace que no esperaban. «Esto, en definitiva, obliga a cerrar el crematorio de un modo directo y expreso puesto que estaríamos hablando de una actividad que se está desarrollando sin licencia y que, por tanto, no podría seguir ejerciéndose».
Falta de documentación
La clausura es, en suma, la única salida, según el abogado Luis Oviedo. Una opinión que no es compartida por el Ayuntamiento, cuyos servicios jurídicos, en una primera valoración, entienden que la situación podría normalizarse cumpliendo con aquellas defectos de forma o carencias en el procedimiento administrativo que ha detectado la Sala. En síntesis, el razonamiento jurídico se apoya en que la licencia, en el momento en que fue otorgada, «no tuvo en cuenta determinados requisitos en cuanto a emisiones, etcétera» a los que obligaría la normativa para este tipo de actividad.
Así, en el argumentario del escrito de apelación se hacía referencia a que en el proyecto la documentación presentada era incompleta «ya que no se describía la actividad o instalación, ni se indicaban las fuentes de las emisiones y el tipo y la magnitud de las mismas ni se trataba la incidencia de la actividad o instalación en el medio potencialmente afectado y sobre los centros colectivos a los que afecta, accesos al hospital por residentes, y que no se justificaba el cumplimiento de la normativa sectorial vigente». Se hacía también referencia a que el proyecto no cumplía con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 11/2003, que regula la concesión de la licencia ambiental.
En este sentido, el presidente de la Sala, Eusebio Revilla, recoge en el fallo que se considera «cierto» que si se examina el proyecto, el mismo «se limita a indicar», en lo referente a las repercusiones en el medio ambiente y medidas correctoras «que la actividad evita la producción de gases y olores mediante la postcombustión de los productos en el horno, siendo los gases vertidos a la atmósfera totalmente inodoros y transparentes por lo que no era necesario medidas complementarias».
Y si bien admite que ha tenido en cuenta el hecho de que exista un anexo al proyecto en el que se hace una descripción completa del proceso de incineración (con detalles tan precisos como la marca del horno, Menkur), también puntualiza que «en dicho anexo no se analizan los efectos concretos que en este caso se producen» como si sucedía -continúa la sentencia- en el anexo al proyecto para otra empresa funeraria (se menciona a Larraz SL) que impulsó la construcción de un horno en la localidad alavesa de Llodio.
En varios puntos del escrito se hace referencia al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas para la salud (RAMINP), que data de 1961, y que fijaba una distancia de al menos 2.000 metros respecto a los núcleos urbanos habitados para la implantación de actividades que pudieran quedar marcadas por cualquiera de esos supuestos. En este sentido, la sentencia plantea que en el debate del recurso «es preciso, en primer lugar, indicar que no se trata tanto de considerar que resulte o no una actividad molesta o, además de molesta insalubre, para determinar la aplicación de las distancias previstas en aquel reglamento».
El fallo ya revocado y que se emitió el pasado verano, no consideró que el RAMINP fuese de aplicación en este caso ya que dejaba claro que que la actividad había sido calificada como «molesta por ruidos o vibraciones y olores pero, en ningún caso, insalubre, nociva o peligrosa para la salud». Este nuevo frente se suma al otro que permanece aún en litigio y que se centra en la autorización excepcional del suelo que ocupa el horno y que tenía la calificación de rústico con protección agropecuaria. La parcela de 9.122 metros cuadrados, a la que se otorgó otro carácter jurídico en base «al interés público del servicio», ya ha obtenido sentencias adversas a los intereses del Ayuntamiento.
Los dos vecinos que hoy han logrado el reconocimiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo ya lo tuvieron con anterioridad desde este punto de vista más técnico en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Y lo mismo sucedió con el planteamiento hecho por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Miranda y la de El Crucero, directamente afectada.
LOS ANTECEDENTES
28 de noviembre de 2006. La Junta de Gobierno Local concede licencia a Servicios Funerarios de Miranda SL para ampliar el tanatorio de la carretera de Orón e instalar un horno crematorio.
Campaña de firmas. Los vecinos recabaron más de 800 contra la planta. La empresa contraatacó presentando 1.674 a favor.
13 de junio de 2008. El horno crematorio entra en funcionamiento. La oposición de los vecinos camina ya entonces por los tribunales.
30 de junio de 2009. Fernando Campo hace público el primer fallo judicial. El recurso lo promovieron los mismos vecinos que acaban de ver reconocida su demanda. Aquel, por contra, avalaba la ubicación del crematorio por no ser «nocivo o peligroso para la salud».
Julio de 2009. El mismo magistrado y el mismo juzgado da la razón a la Federación de Asociaciones de Vecinos y a la Asociación de El Crucero al considerar que el emplazamiento en la carretera de Orón no es el apropiado y apunta como idóneo al cementerio. El Ayuntamiento tiene recurrido el fallo, también adverso desde la óptica urbanística, de los dos vecinos mencionados.
* El Correo Digital - SALVADOR ARROYO - 12.12.09
Foto: El horno crematorio inició su actividad en la carretera de Orón el 13 de abril del pasado año pese a la oposición de los vecinos. :: AVELINO GÓMEZ, elcorreodigital.com
Siero: Movilización contra el bulevar
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ELCOMERCIO/Asturias* : La plataforma cívica contra el bulevar de la calle del Alcalde Parrondo, de Pola de Siero, presentó ayer en el registro del Ayuntamiento un total de 1.643 firmas contra el proyecto, una cifra que se incrementará en las próximas fechas, ya que disponen de plazo hasta el miércoles 16 de diciembre, según informaron los afectados.
Asimismo, cerca de un centenar de vecinos se concentró ayer frente a la Casa Consistorial para arropar a los portavoces de la plataforma en la entrega de las rúbricas, recogidas en tan sólo siete días hábiles. La plataforma cuenta con el respaldo del Partido Popular e Izquierda Unida, mientras que el Pinsi anuncia para la próxima semana unas alegaciones para tratar de mejorar el proyecto, pero sin oponerse a su ejecución.
La plataforma rechaza la peatonalización de la calle del Alcalde Parrondo, en su tramo superior, porque supondrá reconducir todo el tráfico rodado hacia la calle paralela de Florencio Rodríguez, lo que la convertiría en una carretera convencional.
Como alternativas, proponen urbanizar la calle del Asilo, que es adonde está orientada la entrada del futuro auditorio, o incluso la urbanización de la propia calle de Florencio Rodríguez. Ayer se planteó una nueva opción que consistiría en peatonalizar solamente una parte de Alcalde Parrondo para que los vehículos puedan seguir transitando por esa avenida. También se habló de la construcción de un paso subterráneo en la calle, pero esa alternativa ha quedado ya descartada, como informó en su momento EL COMERCIO, debido a que la obra costaría más -unos tres millones de euros- que el propio proyecto del bulevar, que ronda los 2,5 millones.
Pérdida de aparcamientos
Además del tema del tráfico, los afectados denuncian también que el proyecto urbanístico supondrá la eliminación de un número importante de plazas de aparcamiento en esta zona. «Queremos que prime la calidad de vida por encima de consideraciones estéticas», subrayan en el documento entregado ayer en el registro.
La plataforma ha solicitado intervenir en el próximo pleno ordinario, con arreglo al Reglamento de Participación Ciudadana, para exponer sus reivindicaciones y se entrevistará el jueves 17 de diciembre con el concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Siero, Julio Carretero.
El PP e IU se han prestado a colaborar en la campaña de recogida de firmas. Y el portavoz del Pinsi, Juan Camino, comentó ayer que el proyecto «se puede mejorar, pero lo que no podemos es estar en contra de un proyecto financiado con los fondos Feder».
La intención del gobierno socialista de Siero con este bulevar es resaltar el acceso al futuro complejo cultural, que también recibirá estos fondos europeos para construir los dos edificios que albergarán la Casa de la Cultura y de la Música. Sin embargo, ante la fuerte oposición vecinal que se está generando en la capital polesa, es probable que tenga que aceptar algunas modificaciones.
Se trata de la segunda gran movilización popular que se produce en Pola de Siero contra un proyecto urbanístico. La anterior se promovió hace unos años cuando el Ayuntamiento trató de realizar la ampliación del consistorio en terrenos del parque público Alfonso X, El Sabio.
* El Comercio Digital - JOSÉ CEZÓN - 12.12.09
Foto: Los afectados por la peatonalización de la calle del Alcalde Parrondo, concentrados ayer frente al Ayuntamiento de Siero. :: FERNANDO CASTRO, elcomerciodigital.com
Vigo deberá pagar 350 millones por una nueva edificación ilegal
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XORNAL* : Torres Ifer, apartahoteles de Samil, O Piricoto, Rosalía de Castro... y ahora Finca do Conde. El urbanismo vigués lleva décadas en el centro de la diana judicial y el rosario de sentencias condenatorias alcanzó ayer su cénit con un nuevo varapalo que pone en riesgo las ya debilitadas arcas municipales.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictó esta semana un auto rechazando los recursos presentados contra el derribo del centro comercial construido en la parcela de Finca do Conde, en la Gran Vía viguesa, y confirmó el fallo judicial que pone fin a un largo proceso. La sentencia dictamina finalmente que el hipermercado Carrefour y las dos torres de viviendas construidas muy cerca del río Lagares son ilegales, por lo que solo cabe su derribo y, por consiguiente, la indemnización a sus propietarios. Este último punto es sin duda el mayor problema al que se enfrenta ahora la ciudad, puesto que los cálculos del Concello apuntan a una cantidad cercana a los 350 millones de euros.
Tras conocerse la sentencia del TSXG, las reacciones políticas no se hicieron esperar. Las primeras iniciativas para la construcción en Finca do Conde se remontan al año 1999, lo que implica la responsabilidad de los tres grupos municipales mayoritarios. En la última década, BNG, PP y PSOE han gobernado el Consistorio vigués, así que el enfrentamiento político ha sido una constante.
El primero en levantar ayer por la mañana el hacha de guerra fue el alcalde socialista, Abel Caballero, que desde la recién humanizada calle Urzaiz pedía la dimisión de Corina Porro, ex alcaldesa y actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo, y de José Manuel Figueroa, portavoz del PP en el Concello. “Deberían dejar la política de forma inmediata. Estoy esperando a que salgan y digan cómo van a asumir la responsabilidad que tienen por haber concedido la licencia urbanística”, aseguraba Caballero. Para el alcalde, la situación ilegal de Finca do Conde ha provocado “el mayor momento de preocupación de este gobierno”.
Informes contrarios
El máximo regidor de la ciudad olívica iba más allá a la hora de calificar la actuación del PP al otorgar la licencia durante su mandato municipal. “Se podría presumir que actuaron sin conocer la ilegalidad, pero en este caso había informes técnicos contrarios a dar la autorización, por lo que ya no sé qué puedo presumir”, añadió el líder socialista, que confirmaba que la orden de derribo significará una indemnización de 350 millones. “¿Quién asume ahora la responsabilidad económica y política?”, se preguntó el alcalde.
El portavoz del grupo municipal del PP, José Manuel Figueroa, reaccionó de forma inmediata convocando una rueda de prensa en la que aseguró que “el alcalde está muy nervioso. Intenta confundir a la opinión pública porque sabe que su gestión no está siendo bien valorada por los ciudadanos. Tiene encuestas internas y de otro tipo en las que la valoración es muy negativa. Ante esto lo que intenta es, sin rigor y con una falta de coherencia, trasladar una serie de calumnias al Partido Popular, sobre todo de forma especial a la anterior alcaldesa, y le vale de todo: calumniarla, paralizarle obras en el puerto, difamarla. Está demasiado obsesionado”.
plan de urbanismo de 1993
Figueroa se defendió achacando la ilegalidad de Finca do Conde a la inseguridad jurídica generada por el Plan General del 93. “En Finca do Conde, el PP ha actuado de acuerdo con los técnicos municipales y se han generado 1.500 puestos de trabajo. A finales del año 1999 se tomó una decisión por unanimidad de diseñar un nuevo Plan General. A partir de ahí se produce un procedimiento impecable en Finca do Conde, avalado por autos de los Tribunales e informes técnicos municipales”, explicó el portavoz popular. Aún fue más allá y señaló que “hay una fecha clave: el BNG, gobernando Vigo, el 20-03-2003 concede las licencias de obras para las dos torres que están construidas”.
* Xornal - Antonino García - 12.12.09
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)
FACUA Cádiz vuelve a reclamar una revisión profunda del Área de Urbanismo del Ayuntamiento
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA* viene denunciando desde hace años la inoperancia del Área Municipal de Urbanismo en control del estado de las fincas. Las actuaciones que, con carácter urgente, el Ayuntamiento de Cádiz se ha visto obligado a efectuar en las últimas semanas, en diferentes inmuebles del casco histórico de la ciudad, y que han provocado el desalojo urgente de varias familias, vuelven a demostrarlo.
En las últimas semanas, seis familias han tenido que abandonar un inmueble en la calle Patrocinio y otra una finca de la calle Sacramento. Mientras, la construcción por parte de la Junta de Andalucía, de dieciocho nuevas viviendas en la calle Horozco ha quedado paralizada ante el riesgo que suponía para el edificio colindante debido a su mal estado de conservación.
Los vecinos del inmueble de la calle Patrocinio han asegurado a FACUA Cádiz que, en numerosas ocasiones, se habían personado en el Área Municipal de Urbanismo para denunciar su situación sin que nadie les hiciera caso.
En relación con la vivienda de la calle Sacramento, la propia Asociación fue la que denunció ante el Ayuntamiento la situación del inmueble afectado, sin que éste adoptara ningún tipo de medida contra el propietario de la finca.
Posteriormente, la inquilina de esta vivienda demandó judicialmente al propietario, que reconoció ante los Tribunales la obligatoriedad de realizar las obras que los técnicos municipales no habían entendido necesario requerirle.
Para FACUA Cádiz ambos casos demuestran la total inoperancia e ineficacia del Área Municipal de Urbanismo. La Asociación considera que esta situación está siendo aprovechada los propietarios de las fincas, que, están logrando deshacerse de aquellos inquilinos de renta antigua que "obstaculizan" sus actividades de especulación.
Condiciones infrahumanas
La organización teme que el Ayuntamiento no esté sancionando contundentemente a estos propietarios quienes, además de obligar a los inquilinos a vivir en condiciones infrahumanas, ponen en peligro la seguridad tanto de las personas como de las fincas colindantes.
La Asociación reclama la atención sobre la dramática situación de las familias que padecen el desalojo. Tras ser realojados temporalmente en una pensión, reciben, como único apoyo municipal, una ayuda durante un plazo para abonar un porcentaje del nuevo alquiler que consigan formalizar. El problema es que el importe, debido al encarecimiento del suelo en la ciudad de Cádiz, es notablemente más elevado que el que abonaban en sus antiguas viviendas, y, todo ello, siempre que acrediten insolvencia económica.
FACUA Cádiz considera inadmisible que por parte municipal se siga haciendo caso omiso a su petición de cambiar radicalmente de actuación en materia de disciplina urbanística. La Asociación recuerda que esta competencia es de ámbito exclusivamente municipal.
Para la organización es necesario que el Ayuntamiento lleve a cabo una revisión profunda y extensa del Área Municipal de Urbanismo. Considera que debe analizar, entre otros aspectos, la actuación de los técnicos municipales y los protocolos que se llevan a cabo en las inspecciones técnicas a las que son sometidas las fincas. Todo ello debido, a su juicio, a que tanto unos como otros han resultado ser, hasta la fecha, claramente ineficaces.
Finalmente, la FACUA Cádiz señala que los últimos incidentes confirman lo acertado de su decisión de conceder este año al Área Municipal de Urbanismo uno de los galardones negativos que entrega, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, a aquellas empresas y entidades que se distinguen especialmente por sus actuaciones negativas.
* Facua.org - 11.12.09
Foto: Cadiz, ayuntamiento - Falkue 03 (wikipedia.org)
Guadalajara: El TSJ pone al Ayuntamiento en un enorme aprieto económico, con 3 sentencias millonarias
ELDECANO* : El Ayuntamiento de Guadalajara tiene sobre la mesa un enorme problema financiero, de primerísima magnitud: Tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia, fechadas dos de ellas el pasado 23 de septiembre, y una tercera de finales de noviembre condenan al consistorio local capitalino a pagar unas altísimas indemnizaciones a propietarios de terrenos donde se efectuaron expropiaciones para ejecutar la ampliación de la depuradora de aguas residuales de la capital.
El montante de las tres condenas eleva las indemnizaciones a más de 6 millones de euros (2’62 millones una, 2’59 millones la segunda, y más de 800.000 euros la tercera y última), aunque a esta cantidad hay que añadir los intereses legales acumulados durante los últimos 6 años, ya que la operación inicial de expropiación se cerró en noviembre de 2003, poco después de la llegada de Jesús Alique a la Alcaldía. La indemnización total rondaría los 8 millones de euros.
Para hacerse cargo de la magnitud de las indemnizaciones que fija el TSJ, baste decir que, con los intereses, superan de largo el conjunto del presupuesto municipal de inversiones de este año. No obstante, cabe señalar que las sentencias no son firmes. De hecho, el Ayuntamiento ya ha recurrido las dos primeras ante el Tribunal Supremo; y la tercera está aún en plazo de ser recurrida.
Las sentencias –todas ellas con razonamientos jurídicos muy similares, incluso párrafos idénticos- dan la razón a los propietarios de los terrenos, al considerar que el precio por metro cuadrado que se pagó (30 euros, fijados por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa) fue extremadamente bajo para la calificación de esas parcelas. Hasta el punto que considera que debió haberse pagado 280’64 euros por metro cuadrado. La cantidad fijada por el TSJ es, no obstante, algo inferior a la solicitada por los demandantes, que ascendía a 331 euros por metro cuadrado, más de 10 veces el dinero que recibieron.
En su argumentación, el TSJ dice que la valoración de las expropiaciones que realizó el Jurado es “incorrecta y falta de motivación”. “Por una lado acude a una Ponencia de Valores no vigente al tiempo de la valoración; y por otro lo fija acudiendo al ‘Valor Unitario de calle relativo a sistemas generales’, de 30 euros/m2, cuando este valor unitario sólo sería de aplicación a sistemas generales ya obtenidos, que no tienen por definición aprovechamiento lucrativo, pero no es válido para la valoración de un sistema general a obtener por expropiación, cuyo justiprecio debe determinarse en función del aprovechamiento lucrativo, y para el que ha de acudirse al Valor de Repercusión, y no al Unitario”, dicen los jueces en las sentencias. Los magistrados dicen que debería haberse tomado como valor catastral “el que figura en los recibos de cualquier parcela del Sector SP12, que es el que se tomaría si se expropiasen estos terrenos”.
Las sentencias han sido dictadas por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, presidida por la magistrada Raquel Iranzo. Fuentes municipales consultadas por EL DECANO han destacado que esta sala es la misma que ha condenado recientemente al Ayuntamiento de Talavera por una cuestión similar, de índole urbanística, a unas indemnizaciones de más de 50 millones de euros. Estas mismas fuentes señalan que los actuales gestores municipales consideran que la sentencia es completamente desproporcionada, y que confían una revisión de la misma en el Supremo. No obstante, habrá que esperar las reacciones que puedan producirse en las próximas horas, ante la circunstancia de que la operación fue cerrada en la legislatura anterior, con alcalde socialista.
* El Decano - Óscar Cuevas - 10.12.09
Foto: eldecano.es
La vivienda sí que pierde valor
ELPAÍS* : Resulta sorprendente que en cualquier boom inmobiliario se ignoren principios básicos de Economía y se imponga la creencia popular de que "la vivienda nunca cae de precio". Esta creencia parece estar incorporada en nuestro ADN. Qué gran razón tiene Selten, Nobel de Economía en 1994, cuando afirma que "la idea de la Teoría Económica sobre el comportamiento económico parte de supuestos racionales que no se cumplen en la realidad."
Las expectativas sobre el crecimiento de los precios incentivan la compra de vivienda, a ser posible a corto plazo y con gran endeudamiento. ¿Por qué con endeudamiento? Pongamos que usted adquiere una vivienda por 100.000 euros con la expectativa de revenderla al año siguiente a un precio 15% superior. Ésta será su rentabilidad económica. Considere, en cambio, que adelanta 20.000 euros y solicita un préstamo hipotecario de 80.000 euros con un interés del 5%. Al cabo de un año vende el piso por 115.000 euros.
Una vez amortizado el préstamo y los intereses, le queda un beneficio neto de 11.000 euros. Como ha invertido 24.000 euros de capital propio (la entrada del piso más intereses) y ha obtenido un rendimiento de 11.000 euros, su rentabilidad financiera es el 45.8%. Se da la paradoja de que comprar al contado no es racional. ¿Dónde está el truco? Sencillamente en que nos han prestado 80.000 euros que se han revalorizado en la misma proporción que la vivienda. ¡Es preferible echar mano de los ahorros de los demás! Y aún más: la creencia en la subida futura de los precios alimenta el apetito de los inversores, que incrementan la demanda empujando los precios al alza. Las expectativas terminan por autocumplirse sin ningún fundamento y mientras la burbuja se forma se incrementan los beneficios y se genera empleo. No hay inceptivos para pincharla. Al político que lo suguiera tampoco se lo agradecerán.
Según estimaciones del FMI el empréstito del sistema financiero español en el mercado interbancario europeo ha pasado de representar el 9,6% del PIB en 2002 al 43,2% en 2008. Caricaturizando la situación, podría decirse que el ahorro de los ciudadanos del resto del mundo ha financiado la construcción de nuestros pisos. En este sentido la economía española ha sido exportadora de la crisis, y no importadora como pueda creerse.
Leña al fuego
Por fácil que sea el acceso al crédito y por enorme la cantidad de dinero disponible, el hecho es que llegará un momento en el que no encontraremos más leña para echar al fuego. Sin nuevos recursos llega un punto en que la vivienda es sencillamente impagable y no encuentra comprador. Entonces es cuando nos percatamos de que hemos encendido una hoguera con hojas de papel, que producen grandes llamas pero que no generan brasas que permitan reavivar el fuego cuando aquellas se hayan extinguido. En lugar de brasas, tenemos cenizas. Ejerciendo fuerza sobre la palanca del endeudamiento se pasa de la especulación de algunos a la crisis de todos: la inversión del pequeño ahorrador se transforma en deudas y la renta se concentra.
A pesar de que la información estadística sobre el sector inmobiliario español no está a la altura de las circunstancias, es posible identificar en la historia económica reciente al menos otros dos booms inmobiliarios similares al actual. El primero de ellos tuvo lugar entre 1969 y 1974; y el segundo entre 1986 y 1991. Aunque cada uno de los tres periodos tiene rasgos propios, todos comparten consecuencias similares: exceso de oferta de viviendas, caída significativa de los precios y un acusado déficit exterior.
En el gráfico superior presentamos las ratios de rentabilidad de la compraventa tipo de vivienda en la última década. Independientemente del año de compra, el momento óptimo para vender es 2006. La tabla también muestra el resultado financiero del hogar que, sin medios para afrontar el coste de adquisición de la vivienda pero con recursos propios suficientes para asumir la entrada del piso y la primera cuota anual, asume el riesgo de adquirir la vivienda para revenderla un año después y vivir posteriormente en régimen de alquiler. Este comportamiento especulativo se recoge en los valores de la diagonal principal.
Percepción de riqueza
El efecto del apalancamiento es notorio, tanto en sentido positivo como en negativo. Lo mismo sucede con el resto de las diagonales de la tabla: la rentabilidad a t años se recoge en la diagonal t-ésima respectiva. La inflación inmobiliaria genera en los hogares una percepción de incremento de riqueza como consecuencia de la revalorización teórica de su patrimonio. Los resultados en el gráfico tienen el interés de estimar dicha revalorización. No ha de subestimarse el efecto de la riqueza percibida, pues puede tener un impacto significativo sobre el gasto en consumo final de los hogares. De hecho, los hogares no sólo gastan más cuando sus ingresos aumentan sino también cuando se perciben a sí mismos como más ricos.
El gráfico pequeño representa la cuota anual media de las hipotecas de nueva constitución en cada año, calculadas a partir de los Indicadores de la Vivienda del Banco de España. Mientras la primera cuota anual de una hipoteca firmada el 31 de diciembre en 1997 asciende a 4.196 euros en promedio, la primera cuota anual de las hipotecas constituidas en 2006 se eleva hasta 10.713 euros en valor real. Lo más significativo es que para retornar a las cifras de 1998 sería necesaria una reducción de casi el 40% del valor de la cuota satisfecha en 2006.
Pinchar burbujas y evaluar riesgos
Una vez que el apalancamiento especulativo ha degenerado en burbuja, poco más se puede hacer que paliar los daños sociales, recuperar la confianza, socorrer al sistema financiero y realizar una reflexión sobre la estructura productiva. Es frustrante que el sector público tenga que acudir en rescate de grandes corporaciones financieras que se han dejado arrastrar irresponsablemente por la vorágine especulativa y cuyos gestores reciben sueldos e indemnizaciones millonarias.
En cierto modo es un gran chantaje; en palabras de Bernanke, presidente de la FED, es necesario socorrer a las grandes firmas porque "cuando el elefante se cae, también aplasta la hierba". En realidad, la única medida eficaz contra el apalancamiento especulativo es prevenir y pinchar las burbujas. La solución para el sector inmobiliario español pasa por liquidar el exceso de oferta de viviendas, favorecer el mercado en régimen de alquiler, respetar la normativa que impide hipotecarse más allá del 80% del valor de tasación (lo que exige rigor e independencia) y más allá del 30% de la renta familiar, evaluar el riesgo de las operaciones a tan largo plazo (el Euríbor no va a permanecer eternamente en sus mínimos históricos) y aprender las lecciones de la historia económica reciente.
* ELPAIS.com - DANIEL FUENTES CASTRO 11/12/2009
Foto: Bloques viviendas construcción (archivo) - diariodemallorca.es
Los grandes proyectos ganan a la falta de servicios públicos
LAOPINIÓN/Tenerife* : El desarrollo de grandes proyectos de intervención urbanística en determinadas áreas urbanas, calificados como oportunidad, obtienen una atención informativa que deja fuera a zonas de la ciudad con mayor peso poblacional y urgentes necesidades en vivienda, transporte o servicios de calidad, según concluye un estudio presentado hoy en el I Congreso Internacional Latina de Comunicación Social.
La investigación realizada por los profesores de la Universidad del País Vasco, José L. Lorente, José E. Antolín y José M. Fernández-Sobrado, desvela que las narrativas informativas, asociadas al proceso revitalizador, presentan los proyectos urbanísticos emblemáticos como la solución constructiva y principal mecanismo regulador de los problemas sociales más apremiantes, a la vez que enfocan estas expectativas sobre la lógica intrínseca del proyecto.
El estudio de estos profesores, titulado Periodismo y discurso legitimador. Información y regeneración urbana, hace referencia al proceso vivido en Bilbao, como un ejemplo de ciudad del escenario internacional que, frente a la "crisis" del planteamiento urbano, decidió durante la segunda mitad de los 90 y principios de 2000, "reinventar innovando el viejo esquema centro-periferia". Esto supuso, según los autores, hacer más "exclusivo" el centro de la ciudad mientras se plantean nuevas expansiones periféricas con viviendas de protección oficial y se posterga actuaciones en barrios desfavorecidos.
Estas actuaciones urbanísticas suponen, según los autores, la "fragmentación del mosaico urbano y el acrecentamiento de las distancias en el proceso de segregación socio-espacial, favoreciendo desequilibrios, distancias, diferencias y, sobre todo, desregulación de los usos y funciones del espacio público". Paralelamente, las campañas de comunicación y marketing urbano, junto con la información de actualidad, han orientado sus esfuerzos a la reconstrucción, en lo simbólico, de la imagen de una cohesión deteriorada. Así, agregan los profesores, los símbolos de la innovación arquitectónica se presentan como referentes del desarrollo y la revitalización de la ciudad en su conjunto y de su reconocimiento en el contexto internacional, de tal forma que llegan a constituir los fundamentos argumentales desde los que se gestionan las tensiones, desequilibrios y desigualdades que también habitan la ciudad.
Desde el punto de vista de las políticas de comunicación implicadas en la construcción del nuevo imaginario urbano, se aprecia una transformación del régimen de visibilidad de la ciudad. El skyline asociado a la nueva centralidad determina la imagen paradigmática de la ciudad reconstruida, actuando como iconografía metonímica de la ciudad en su conjunto, una propuesta homogeneizadora y disuasiva de las desigualdades y tensiones que acarrea la profundización en el proceso de fragmentación y de segregación socioespacial. El acontecimiento arquitectónico hipertecnificado y el urbanismo de diseño asociado a la nueva centralidad tejen el imaginario de la nueva ciudad inmersa en un dilatado proceso de transformación.
El extraordinario impacto del ´Yes, we can´
la opinión
El video musical Yes, we can supuso una innovación radical con un "triple efecto" en la campaña electoral de Barack Obama, propiciando un crecimiento exponencial de la audiencia, movilizando un voluntariado entusiasta y decisivo en su triunfo y añadiendo una dimensión global a la notoriedad de Obama, según destacó Antonio Cascales en el I Congreso Internacional Latina de Comunicación Social. El investigador de la Universidad de Sevilla expuso en su ponencia Obama: Transferencia de un relato colectivo y salto en la Mediaesfera la necesidad de de ajustar y enriquecer las claves de la negritud y liderazgo que se asocian a la victoria de Obama acudiendo al "mensaje vertebrador de su campaña, de sus remotas raíces y del factor de innovación radical que supone la versión del Yes, we can, en videoclip". El mensaje Yes, we can fue expuesto por primera vez en un discurso del actual presidente en unas primarias demócratas en el estado de New Hampshire. Allí, según Cascales, comenzó a desgranar su letanía de afirmaciones que se cerraban con dicha frase, y con unos párrafos que desvelan el protagonismo de un sujeto colectivo.
* La Opinión Tenerife - 11.12.09
Foto: Imagen de una de las obras más mediáticas de Tenerife, el Auditorio de la capital. Pepe Torres, laopinion.es
