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DIARIODEMALLORCA* : El alcalde de Deià, Jaume Crespí, tendrá que resignarse hoy a realizar el primer pago de 600 euros correspondiente a la multa que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) por no haber llevado a cabo aún la demolición de los cuatro chalés ilegales de Llucalcari. Crespí deberá, de esta manera, pagar la sanción de su propio bolsillo.
El mismo alcalde explicó que el pago de la multa se realiza de forma paralela al recurso que la semana pasada interpuso contra la resolución judicial que le obliga a hacer frente a esta sanción. El TSJIB admitió su escrito y el próximo martes está citado ante el magistrado que lleva el caso para tratarlo.
El TSJB emitió un auto por el que ordena la inmediata ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al ayuntamiento de Deià a realizar la demolición de cuatro viviendas levantadas en la zona de Llucalcari que el Alto Tribunal calificó de ilegales después de un largo proceso judicial que promovió el grupo ecologista GOB, que se congratuló por la sanción, al tiempo que acusó al Ayuntamiento de Deià de haber mantenido una "actitud obstruccionista" a lo largo de cuatro años, intentando "paralizar el derribo de los cuatro chalés de Can Simó" e impugnando cualquier sentencia al respecto.
Sanción progresiva
Además de obligar a la demolición el auto judicial establecía una multa de 600 euros contra el alcalde en los primeros dos meses. Transcurrido este plazo sin que se haya ejecutado el derribo, la multa pasará a ser semanal. El dinero, además, deberá salir del patrimonio personal del alcalde.
Por otro lado, Jaume Crespí explicó que el Ayuntamiento y el Consell de Mallorca continúan perfilando el convenio acordado el pasado 8 de abril, por el que la Agencia de Disciplina Urbanística de la institución insular se comprometió a asumir la elaboración del proyecto y proceder a la ejecución de la demolición dictada por el juez.
Paralelamente, el Ayuntamiento ha solicitado al mismo tribunal que le ha impuesto la multa que le otorgue la autorización necesaria para acceder a las viviendas a fin de que los técnicos realicen el pertinente proyecto de demolición, instancia que según explicara Crespí ha sido uno de los causantes de la demora del derribo de los chalés.
Sin embargo, la orden aún no ha sido cursada, una tesitura por la que el alcalde expresó su malestar, así como por la multa que le ha impuesto el mismo tribunal.
* Diario de Mallorca - J. MORA - 24.04.09
Foto: Imagen de uno de los chalés ilegales de Llucalcari que será derribado. -Guillem Bosch, diariodemallorca.es
Deià: El alcalde abona hoy los primeros 600 euros de multa por no derribar los chalés
Dénia: El TSJ rechaza el intento de ´resucitar´ el plan de 20.000 casas en la costa
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INFORMACIÓN/Alicante* : La justicia puede ser lenta, pero siempre acaba resolviendo. El aluvión de pleitos interpuestos contra el Ayuntamiento de Dénia por parte de promotoras en contra de la política urbanística del anterior gobierno municipal PSPV-Bloc, está generando ahora el consecuente aluvión de sentencias. Y los fallos judiciales llegan todos, por el momento, en el mismo sentido: avalando la gestión realizada entre 2003 y julio de 2008 por la Gerencia de Urbanismo.
Ayer se sumaron dos nuevas sentencias a las tres hechas públicas la semana pasada (la desestimación del recurso de Lolialbe contra las bases del plan T-1 del teatro y el centro comercial; la anulación de la corrección de errores con la que el Consell modificó unilateralmente el PGOU para incrementar los derechos urbanísticos de las promotoras en primera línea de playa y junto a la zona protegida de Racons; y la desestimación de otro recurso contra el PAI del Camí dels Lladres).
PSPV y Bloc, condenados a la oposición desde la moción de censura del pasado año, tienen ahora motivos para sacar pecho. Ayer, el socialista Vicent Grimalt (el último concejal de Urbanismo del pacto de progreso finiquitado con la censura) hizo públicos en rueda de prensa dos nuevos pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad.
En uno de ellos, los tribunales rechazan el enésimo recurso con el que la promotora con más terrenos en la costa norte de la ciudad, Blauverd, intenta que resucite la polémica homologación de les Marines. El proyecto elaborado por el ayuntamiento en el mandato de Miguel Ferrer (PP) entre 1999 y 2003 que hubiera supuesto la edificación por fases de cerca de 20.000 nuevas viviendas en el litoral norte de Dénia de no ser porque, al entrar a gobernar, PSPV y Bloc decidieron en 2003 desistir de su tramitación.
La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso de la Sección Primera del TSJ, rechaza los argumentos de Blauverd, que pedía a la Generalitat que tramitara la homologación de les Marines que quedó estancada en 2003 cuando la Comisión Territorial de Urbanismo advirtió de un sinfín de deficiencias que debían subsanarse. Según la promotora, una vez subsanadas esas deficiencias el Consell debía aprobar definitivamente la homologación. Pero la sentencia rechaza la petición dado el "calado" de los errores del proyecto de homologación, tales como la falta de justificación del aprovechamiento tipo, la no adscripción de elementos de la red estructural, la computación como zonas verdes de los elementos de funcionalidad viaria y de la red secundaria y la existencia de fichas de planeamiento incompletas, entre otras.
* Información - SERGI GARCÍA - 24.04.09
Foto: El proceso paralizado por el grupo de gobierno de PSPV y Bloc suponía construir 20.000 casas en les Marines - ernest weber, diarioinformacion.com
Dos viviendas rebeldes se convierten en el gran escollo para el nuevo Mercamadrid
20MINUTOS* : Las casas de las hermanas Carmen y Natividad Gázquez, en Los Trigales (Puente de Vallecas), están cercadas por una zanja y montañas de tierra. A diez metros de sus viviendas, las excavadoras ejecutan las obras de ampliación de Mercamadrid. Sus terrenos entran en el proyecto, pero se han convertido en un escollo para los planes del Ayuntamiento. Las máquinas no pueden avanzar en su parcela porque ellas se resisten a irse.
El área de Urbanismo lleva tres años intentando echarlas de sus casas, dos infraviviendas construidas por su bisabuelo en los años 50 en unos terrenos comprados a Renfe.
"Nací aquí, no me moveré si no me realojan", advierte Carmen, que vive con sus hijas de 13 y 21 años.
Hasta hace un año, convivían en el barrio con otras 30 familias. Pero sus vecinos no resistieron a la piqueta del Ayuntamiento y ahora son las últimas supervivientes de Los Trigales.
Este mismo jueves volvieron a ganar otra batalla. El Ayuntamiento quería desalojar a Carmen a las 9.00 h. Ella se encerró en casa, dispuesta a resistir. Pero el desalojo se quedó en nada. Un funcionario de Urbanismo, acompañado de dos policías, llegó a su vivienda, confirmó que no quería abandonar voluntariamente la casa y se marchó.
Nací aquí, no me moveré si no me realojan
En realidad, no podían echarla. El Ayuntamiento había pedido una orden de desalojo, pero un juez de lo Contencioso se la denegó. "Sacarla de su casa habría sido un delito, lo que pretendían era ilegal", explica su abogado, Roberto Alonso.
De hecho, Carmen tiene la ventaja de tener a la Justicia de su parte: desde 2007, tres jueces distintos han rechazado el derribo de su casa.
El Ayuntamiento, sin embargo, dice que está "cumpliendo todos los requisitos legales". Según fuentes de Urbanismo, la denegación judicial se debe a "un defecto de forma y no al fondo del desahucio".
Además, pese a que las casas han pertenecido siempre a la familia, los portavoces municipales alegan que "carecen de título para habitarlas", por lo que pedirán una nueva orden de desalojo.
Tres meses de retraso
Mientras, las obras de ampliación de Mercamadrid acumulan tres meses de retraso. El presidente de la lonja, Luis Blázquez, dijo hace un año que la urbanización de la zona estaría acabada en enero.
Urbanismo niega que las rebeldes de Los Trigales estén afectando a las obras
Actualmente, las máquinas aún están retirando tierra para asfaltar las calles. Urbanismo niega que las rebeldes de Los Trigales estén afectando a las obras, "por el momento".
Sin embargo, necesitan sus terrenos para culminar el plan y en el último año han intensificado la presión.
"Es acoso en toda regla, buscan cansarnos para que desistamos", se queja Nati, que denuncia que les han cortado la luz y les han roto tuberías. Además, les pusieron un guardia al final del camino para controlar las matrículas de los coches que entraban y salían. "Quieren echarnos por sus narices. Pero nosotros somos David y ellos, Goliat", dice Carmen.
Un parque y un 25% más de lonja
Mercamadrid, el gran mercado que abastece de alimentos a la región, está en pleno proceso de ampliación. Cuando el proyecto esté acabado, la lonja será un 25% más grande que ahora (453.000 metros cuadrados más).
Además de ampliar los almacenes de comida, los muelles de carga y descarga y la central de compra, el proyecto contempla la creación de un área verde de casi 200.000 metros cuadrados, que estará unida mediante un corredor con el parque lineal del Manzanares y el área forestal de Entrevías. Además, se crearán 1.400 empleos.
* 20 Minutos - MARIO TOLEDO. 24.04.2009
Foto: Carmen Gázquez, en su terreno de Los Trigales. Al fondo, las obras de Mercamadrid. JORGE PARÍS, 20minutos.es
La Fiscalía pide a notarios y registradores más «rigor» con las parcelas ilegales
IDEAL/Granada* : La red de fiscales medioambientales -los que llevan los asuntos urbanísticos- y la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz han celebrado en Granada sus quintas jornadas de trabajo. Con respecto a las cuatro anteriores reconocen que se han producido avances, aunque todavía hay muchas cosas que ajustar. Por ejemplo, que cometer un delito y hacer frente a una sanción penal salga algunas veces más rentable -económicamente hablando- que una multa en un procedimiento administrativo. O que ante los casos de expolios arqueológicos los juristas tengan que camuflarlo como robo o hurto porque no estén tipificados como delito.
El Defensor del Pueblo y la red de fiscales han elaborado un documento con 14 conclusiones donde piden corresponsabilidad en la lucha contra los delitos urbanísticos a políticos, empresarios y también a notarios y registradores. Quizás aquí esté una de las mayores novedades. A ellos les solicitan José Chamizo y los fiscales que «extremen el rigor» para impedir que se extiendan las parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable. Especialmente si hay datos «reveladores» de que se está cometiendo una ilegalidad. «Su colaboración resulta imprescindible para la eficacia de la legalidad urbanística», subraya el documento de las jornadas.
Responsables
El otro toque de atención es para los responsables municipales. En las conclusiones alertan de que todavía existe «cierta sensación de impunidad» ante los delitos urbanísticos y recuerdan a los alcaldes que su «deber» es denunciar cuando aprecien indicios delictivos.
«Llama la atención que algunas de las agresiones realizadas y que han motivado la intervención del Ministerio Fiscal y de los jueces, pese a su entidad, no habían sido denunciadas ni por los responsables municipales ni por las autoridades autonómicas», censuran los fiscales medioambientales que algunos de los casos más flagrantes que están en los juzgados hayan tenido que llegar por denuncias de los Cuerpos de Seguridad del Estado y, otras veces, a través de particulares o asociaciones ecologistas.
Además advierten a los gobiernos autonómicos -como la Junta- que son ellos quienes tienen la «obligación» de acudir a los tribunales cuando los alcaldes se desentiendan.
En el documento de conclusiones de las quintas jornadas también se insiste en la necesidad de que las empresas de suministros no contraten ningún servicio hasta que las construcciones no cuenten con todos los permisos necesarios.
Patrimonio histórico
El coordinador de fiscales de Medio Ambiente, Ángel Núñez, solicitó ayer una reforma «urgente» de la normativa penal en materia de patrimonio histórico.
Un nuevo sistema -precisa el documento de las conclusiones- que incluya un «aumento considerable del importe de las multas previstas y la regulación penal de figuras como la excavación ilegal y la receptación de obras de arte».
Fuera del ladrillo, Chamizo reclamó una regulación que ponga «coto» a la proliferación de pozos ilegales, que están poniendo en riesgo la «pervivencia» de los acuíferos. El documento de las quintas jornadas pide que se pongan sanciones y se tiren o sellen las extracciones ilegales que existan. Unas multas que tienen que ser extensivas -defienden- a las empresas que realizan los sondeos.
Chamizo mostró también su preocupación por que se «relajen» los permisos por «mor de la crisis» y se autoricen fábricas e industrias que puedan ser contaminantes.
La última recomendación de la Oficina del Defensor del Pueblo y la red de fiscales es que se ponga freno a la contaminación acústica. «No se acaba de avanzar, hay que tipificar mejor las sanciones porque hay gente que vive en desesperación por los problemas de ruido», concluyó Chamizo.
* Ideal - 23.04.09 - CH.| GRANADA
El Parlamento canario cambia la ley para evitar derribos en núcleos costeros
CANARIAS7* : El pleno del Parlamento de Canarias aprobó hoy una modificación legal que persigue evitar el derribo de viviendas en núcleos costeros tradicionales que podrían verse afectados por la Ley de Costas, de manera que, clasificados como suelo rural, pasen a suelo urbano.
Esta proposición de ley fue promovida por los grupos de CC y PP, mientras que el PSOE, que votó en contra al considerar que vulnera la Constitución, defendió que en casos de conflicto por la aplicación de la Ley de Costas debe estudiarse caso por caso para no perjudicar el interés general en el uso del espacio público.
El diputado socialista Manuel Fajardo vaticinó que esta nueva ley canaria quedará paralizada en cuanto el Gobierno central presente el correspondiente recurso de inconstitucionalidad, al igual que ha ocurrido con una norma similar aprobada en Galicia.
La ley aprobada, que supone una modificación de las leyes canarias de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos, establece como áreas urbanas todas las que tengan acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.
También se establecen como urbanas las áreas que comprendan terrenos consolidados por la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie si el planeamiento municipal estuviera en vigor, o la mitad de su superficie si no fuera así.
Se determina que "la administración urbanística" fijará el límite interior de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y establecerá la ordenación de los terrenos.
Además, el Gobierno de Canarias realizará un censo de edificaciones ubicadas en el dominio marítimo-terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y de protección que tengan "valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco" para que puedan ser consideradas en concesiones y autorizaciones.
La diputada del PP Cristina Tavío dijo que esta modificación legal supone "una defensa de los intereses del pueblo canario", ya que muchas familias "no pueden dormir" desde que hace cinco años el Gobierno central empezó a aplicar de forma "tortuosa, arbitraria y sectaria" la Ley de Costas.
Antes de la llegada del PSOE al Gobierno de la nación se reconocían los núcleos urbanos consolidados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, dijo, pero después los socialistas decidieron demoler esas viviendas.
También acusó al PSOE de aplicar distintas varas de medir en la aplicación de la Ley de Costas según si la propiedad de las edificaciones afectadas es de personas con el carné del partido o no.
José Miguel González, de Coalición Canaria, también denunció el "trato injusto" de la Dirección General de Costas "a una serie de localidades y construcciones históricas".
Aseguró que esta nueva normativa es constitucional y "defiende los intereses de los canarios" frente a la inflexibilidad de la Dirección General de Costas, "excepto cuando afecta a personas vinculadas al PSOE".
Manuel Fajardo, del grupo Socialista, dijo que no se puede hacer una ley que trata por igual todos los casos, porque hay edificaciones que tienen cincuenta años y otras muy recientes.
Por eso es preciso "hacer un mapa" para conocer "los puntos conflictivos" y tratar caso por caso.
* Canarias 7 - EFE - 23.04.09
Foto: Canarias, crecimiento urbanístico (Archivo)- Javier Melián, Acfi Press
El ex interventor de Castro Urdiales pide que se disuelva el consistorio
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ELPAÍS/Cantabria* : La corrupción está devorando Castro Urdiales (Cantabria) con la misma voracidad con la que casi engulló Marbella, por lo que es necesario actuar del mismo modo y disolver el ayuntamiento. Es el análisis y el ruego que hizo ayer el interventor del municipio entre 2001 y 2006, Fernando Urruticoechea, apoyándose en un demodelor informe del Tribunal de Cuentas que recoge las múltiples irregularidades cometidas por la corporación y en el decreto de abril de 2006 por el que se disolvió el ayuntamiento marbellí.
El decreto justificaba la medida, entre otras, en la "contravención sistemática de la legalidad" en la concesión de licencias urbanísticas, o en la imputación de "cargos municipales", premisas que, según denunció Urruticoechea, se repiten en Castro Urdiales, donde están imputados por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o malversación de fondos públicos, entre otros, el alcalde tránsfuga Fernando Muguruza (PRC), el actual concejal de Obras, Rufino Díaz Helguera (expulsado del PSOE), cuatro ediles de la corporación actual y seis de la anterior (PP e IU) y varios funcionarios. Muguruza declaró que no le "extrañaría" que se disolviera el ayuntamiento ante la "inexistencia de democracia", informa Efe.
El Tribunal de Cuentas enviará su informe al Congreso y el ex interventor confía en que también al fiscal general del Estado. El tribunal se queja del descontrol que le ha hecho imposible averiguar las licencias concedidas, detecta facturas sin contabilizar y constata el "perjuicio económico" causado por la corporación al municipio al no requerir a los promotores compensaciones establecidas por ley.
* ELPAIS.com - NATALIA JUNQUERA - Madrid - 23/04/2009
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), masificación - S.Cirilo, elpais.com
La fiscalía estudia si la ´desidia política´ en el Carmen es delito
LEVANTE/Valencia* : La investigación abierta por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat por la degradación del barrio del Carmen y el presunto desvío de fondos para la rehabilitación puede atascarse en la ausencia de una figura delictiva que sancione la "desidia política". La denuncia contra la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia interpuesta por la Asociación del Vecinos del Carmen ante la fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo se acoge al impacto ambiental que generan cientos de solares sucios y abandonados y decenas de edificios en ruinas.
La fiscalía, tal como adelantó este diario, ha admitido a trámite la denuncia y abierto diligencias de investigación penal, sin embargo fuentes del ministerio público aclararon que lo que investiga el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo son delitos relacionados con suelos urbanizables no urbanos como sería el caso del Carmen.
En cuanto al posible desvío de fondos para la rehabilitación de viviendas en Ciutat Vella que aducen los vecinos, las fuentes de la Fiscalía apuntaron que en la documentación aportada por los vecinos no hay nada concretado. En caso de que el fiscal instructor -José Vicente Miralles- determine que la demanda tiene base para seguir adelante se requerirá documentación en este sentido a los vecinos.
El presidente de la Asociación de Vecinos del Carmen, Miguel Wiergo, volvió a reclamar ayer a la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia que aclaren el destino de los 180 millones de euros que se presupuestaron con carácter finalista para la rehabilitación de Ciutat Vella a través del plan RIVA. El primer convenio entre las administraciones para la puesta en marcha de este plan data de 1992.
La asociación de vecinos sopesa ahora si, en caso de que la demanda prospere, se personarán en el juicio. Miguel Wiergo comentó que la entidad no está en condiciones de hacer frente al coste económico, en abogados, procuradores y eventuales costas procesales, que puede acarrear una demanda por vía penal. "Nosotros ya hemos denunciado ante el fiscal la situación. Ahora todo está en sus manos", apuntó Wiergo. Los vecinos señalan casos concretos de posibles actuaciones especulativas por parte de empresas de la Administración. Apuntan a un solar expropiado en la calle Corona que en los últimos años ha sido vendido y revendido hasta en tres ocasiones.
* Levante-EMV - H. G., Valencia - 22.04.09
Foto: calle venerables. Edificios con lonas por desprendimientos en el Carmen. josé aleixandre, levante-emv.com
Plan de Carreteras: la Comunidad de Madrid vulneró la ley y luego la modificó a su conveniencia
ECOLOGISTASENACCIÓN* : La Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid ha comunicado el archivo del recurso presentado por Ecologistas en Acción contra el Plan de Carreteras 2007-2011. Lejos de ser ciertos los argumentos que expone dicha Consejería, lo que demuestran es cómo los juzgados le han permitido una burda estrategia de ajustar la ley a intereses distintos a los de la protección del medio ambiente. Por otro lado, aún está pendiente de resolución una demanda penal por prevaricación presentada por Ecologistas en Acción por este mismo asunto.
En el día de hoy, la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid se felicita de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya archivado el recurso de Ecologistas en Acción por no haber evaluado ambientalmente el Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid 2007-2011. También afirman que “todos los proyectos de carreteras que ejecuta la Administración regional cuentan con Declaración de Impacto Ambiental positiva mediante la cual se salvaguardan los valores medioambientales de la Comunidad” algo radicalmente falso –pensemos en la M-501– como se puede comprobar en las hemerotecas.
Ante esta situación, Ecologistas en Acción quiere precisar lo siguiente:
1. Cuando el anterior Consejero de Transportes, Manuel Lamela, presentó, en noviembre de 2007, el Plan de Carreteras 2007-2011, la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid (Ley 3/1991) decía con rotundidad en su artículo 6 que “La programación y realización de las obras de carreras e infraestructura viaria deberán incluirse en el correspondiente plan de carreteras”.
2. Al mismo tiempo, la Ley estatal 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, indica claramente en su artículo 3 que estos planes se tienen que someter a Evaluación Ambiental en su conjunto, algo que la Comunidad de Madrid no hizo, lo que motivó el recurso contencioso presentado por Ecologistas en Acción.
3. Con el criterio habitual de ajustar la ley a sus intereses antes que el de cumplirla, la Comunidad de Madrid modificó recientemente en la conocida como “ley de presupuestos”, a finales de 2008, justo el artículo de la Ley de Carreteras citado en el punto 1, en el sentido de no fuera obligatorio la realización de un plan de carreteras.
4. En definitiva, lo que ha fallado el TSJM es que, sin entrar al fondo de si Ecologistas en Acción tenía razón en su argumentación sobre la falta de evaluación ambiental del Plan de Carreteras, lo que se debía recurrir eran los proyectos de carreteras concretos. Pero, tras el cambio ad hoc de la ley ejecutado por la Comunidad de Madrid, estos proyectos ya no son recurribles pues en la nueva redacción no necesitan estar dentro de un Plan de Carreteras. En definitiva, el TSJM da por bueno el regate legal de la Comunidad de Madrid para eludir el cumplimiento de la ley.
Por ello, Ecologistas en Acción confía en que prospere la demanda penal por prevaricación contra Manuel Lamela, ya que era perfectamente conocedor de la ilegalidad del Plan de Carreteras al estar advertido de sus deficiencias legales por la propia organización ecologista.
Por último, Ecologistas en Acción quiere destacar el tremendo error que supone el Plan de Carreteras, que despilfarrará 4.217 millones de euros para asfaltar aún más un territorio tremendamente saturado de autovías, mientras se detraen recursos preciosos para una política social que minimice los tremendos efectos de la crisis entre los madrileños y madrileñas.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 22-04.09
La Fiscalía y Chamizo alertan de la "sensación de impunidad" ante los delitos urbanísticos
SOITU/Granada* : La Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía y la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz han alertado hoy de la persistencia de "cierta sensación de impunidad" respecto a la ejecución de construcciones ilegales en suelos no urbanizables que todavía que existe en la comunidad.
Ésta es una de las conclusiones alcanzadas durante las quintas jornadas de trabajo que han reunido hoy en Granada a representantes de ambas instituciones para analizar la protección del medioambiente, el ordenamiento del territorio y el patrimonio cultural.
Tanto a los fiscales como al Defensor del Pueblo Andaluz les "llama la atención" que algunas de las agresiones medioambientales que han motivado la intervención del Ministerio Público y los jueces "no habían sido denunciadas ni por los responsables municipales ni por la autoridades autonómicas".
Además, han recordado la "necesidad" de que las empresas suministradoras no faciliten sus servicios hasta que las edificaciones cuenten con las autorizaciones pertinentes, así como que los notarios y registradores "extremen" su actuación para impedir las parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable.
"Las administraciones públicas aún tienen que seguir muy pendientes para que no se relaje el ámbito de la inspección y se restablezca la legalidad urbanística", ha asegurado el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo.
Respecto a la protección del patrimonio histórico de la comunidad, el coordinador de los fiscales de Medio Ambiente, Ángel Núñez, ha apostado por una "urgente reforma" de la normativa en esta materia, ya que "resultan más baratas las sanciones penales que las sanciones administrativas".
A su juicio, tampoco existe una adecuada tipificación de las conductas delictivas relacionadas con este ámbito, como el expolio, lo que obliga a recurrir a conceptos como el de daños, robo o hurto, que luego plantean problemas en el dictado de sentencias condenatorias.
El asesor del Área de Medio Ambiente de la Oficina del Defensor, Ignacio Aycart, se ha referido especialmente a las "reiteradas" denuncias efectuadas por asociaciones culturales de Baza (Granada) relativas al patrimonio en el casco histórico de esta localidad con un gran número de bienes catalogados.
Según ha manifestado, en ellas se informa, "con aportaciones gráficas", del mal estado y situación de conservación en el que se encuentran todos estos bienes, por lo que ha criticado la "falta de actuación" de las administraciones implicados en su cuidado -Consejería de Cultura y Ayuntamiento- para evitar situaciones de derrumbe o demolición.
Otras de las conclusiones de esta reunión han sido la conveniencia de garantizar un "aprovechamiento sostenible" de un recurso "tan necesario como escaso" como el agua, el "temor" a que "se relajen" las medidas de protección en las autorizaciones ambientales para fábricas potencialmente contaminantes y la contaminación acústica.
Precisamente en este ámbito, los fiscales medioambientales y el Defensor del Pueblo Andaluz han pedido a la sociedad y a los poderes públicos que "se tome conciencia de una vez por todas" de sus efectos "perversos".
Por su parte, el Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, ha calificado como "extremadamente valiosa" la reunión anual que mantienen ambas instituciones al considerar que mejora el desarrollo de su labor.
* SOITU - EFE - 22.04.09
Foto: tribunaljusticia andalucía - junta
La Muela: Pinilla se embolsó más de 4,5 millones al recalificar terrenos junto a la autovía
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HERALDO/Zaragoza* : Obtuvo 3,4 millones solo con la venta de las fincas al empresario encarcelado, que a su vez reveló el pago de comisiones a la alcaldesa por asegurarle la operación Fernández Delgado también le comentó a su hermano que debían desembolsar casi tres millones extra a la regidora del PAR.
La alcaldesa de La Muela y su familia obtuvieron presuntamente pingües beneficios con la sola promesa de recalificación de los suelos de una de las operaciones investigadas, el Suelo Residencial 1 (SR1) situado junto a la autovía de Madrid. María Victoria Pinilla se embolsó 3,4 millones de euros con la venta de las fincas al empresario encarcelado, José Carlos Fernández Delgado, quien también tuvo que afrontar el pago de comisiones a la alcaldesa, según reveló en varias de las escuchas policiales.
El pelotazo urbanístico, como lo llega a calificar la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, fue de manual. Tal y como recoge su investigación, los suelos se compraron a sus dueños originales a precios bajísimos en 2003 y 2004, cuando únicamente el entorno de la alcaldesa sabía que se recalificarían unos años después. Pinilla y su marido, Juan Antonio Embarba, incluso participaron directamente en la operación para luego salirse con la pretensión de no dejar rastro. Y para colmo hubo un supuesto pago de comisiones por la información privilegiada que obtuvieron el empresario y la gestora inmobiliaria que ejerció de intermediaria, María Jesús V., imputada también en el caso.
Inversión multiplicada por seis
La capacidad de amasar dinero del matrimonio Embarba Pinilla no parece tener límites. Para las 16 hectáreas situadas entre su mansión y la autovía diseñaron su desarrollo urbanístico, sobre las que se construirán ahora 693 viviendas libres y protegidas. En 2003 y 2004, el empresario Julián de Miguel, presidente de Aranade y gestor de la sociedad urbanística municipal, compró tres de las fincas por entre 36,14 y 39,07 euros el metro cuadrado y las revendió a la empresa de Fernández Delgado (Brocover) "tres años y cinco meses después a 216 y 220 euros", lo que supuso quintuplicar y sextuplicar con creces su valor. De Miguel, igualmente imputado, ha eludido la cárcel tras pagar una fianza de 120.000 euros.
Los beneficios netos superaron los 6,8 millones de euros como consta en las escrituras, de los cuales la mitad le corresponderían a la alcaldesa y a su marido. Julián de Miguel participó en esta operación a través de una de sus empresas, Tudela Inmobiliaria Gestión, de la que el matrimonio Embarba Pinilla compró el 48% de las participaciones en marzo de 2004. "Esta venta de participaciones coincidió con la primera fase de la negociación entablada con José Carlos Fernández Delgado", señala la investigación. Un año y medio después, transmiten de nuevo su parte a la familia De Miguel para borrar su rastro en la operación.
Los terrenos, calificados como suelo urbanizable no delimitado, se vendieron a precio de urbano. Incluso se pagaron más caros que los que se estaban vendiendo entonces los del Alto de La Muela Norte, que eran urbanizables delimitados. "La información que se facilitó a los representantes de Brocover antes de embarcarse en esta inversión fue que ese suelo iba a ser recalificado en breve, razón por la cual pagaron el metro cuadrado a unos precios tan elevados", señala el informe policial.
Los investigadores destacan que a los 6,8 millones de beneficio neto por la venta de las fincas se unió "el dinero cobrado en B", unos 400.000 euros, según las conversaciones mantenidas entre el empresario encarcelado y la intermediaria imputada, María Jesús V., a mediados de octubre del año pasado.
El empresario madrileño también compró al mismo tiempo dos fincas de particulares de La Muela de la misma pastilla, por lo que desembolsó a lo largo del primer semestre del 2006 más de trece millones de euros. En total, adquirió casi 7 de las 16 hectáreas del SR1, en la que ostenta más del 77% en la junta de compensación de la primera fase.
En las numerosas conversaciones telefónicas que mantiene con los imputados, Fernández Delgado revela el presunto pago de comisiones. En una de las llamadas intervenidas le asegura a la intermediaria que la alcaldesa "se ha llevado 750 millones" de las antiguas pesetas, "más lo que se quería llevar su hijo (Víctor), que no es ninguna tontería". En otra le confiesa, con evidentes muestras de su malestar, que Víctor Embarba Pinilla "quería ganar 600 millones de pesetas sin dar el palo, nada más por el mero hecho de traficar con información privilegiada".
El empresario encarcelado estaba desesperado por el monumental retraso en la aprobación del plan parcial, lo que estaba suponiendo el impago de los créditos contraídos para financiar la adquisición de los suelos. La situación le llevó incluso a preparar un extenso dosier con todos los presuntos contactos mantenidos con la alcaldesa y su entorno, que llegó a esgrimir para que Pinilla le prestara dinero negro.
Sus serias diferencias con la alcaldesa le llevaron a confesar a su hermano Jorge en otra conversación telefónica, mantenida en octubre del año pasado, que no pensaba entregarle el dinero pendiente a Mariví Pinilla en concepto de comisiones, "casi tres millones". Llegan a la conclusión de que el coste de la adquisición del suelo se les ha disparado, aunque los números de la operación siguen saliendo. El empresario lamenta que los retrasos en la aprobación del plan parcial, que sale adelante en noviembre pasado, les ha supuesto un "lucro cesante de seis millones".
Su malestar llega hasta el punto de decir que a la única persona a la que va a pagar las "comisiones firmadas" es a María Jesús V., pero que el resto no van a ver "un chavo".
* Heraldo - JORGE ALONSO - 22.04.09
Foto: La Muela (Zaragoza), la policia en el ayuntamiento - elperiodicodearagon.com
Critican a la Procuradora General por el «caso Playas de Llanes»
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LANUEVAESPAÑA* : La comunidad de propietarios de la urbanización Playas de Llanes ha criticado con dureza la actuación de la Procuradora General del Principado de Asturias, Antonia Fernández Felgueroso, en relación con el conflicto que este colectivo mantiene desde hace varios años con el Ayuntamiento de Llanes por el supuesto incumplimiento del estudio de detalle y de los planos de la actuación urbanística por parte de la promotora, según los afectados, con la aquiescencia de las autoridades municipales llaniscas.
La denuncia tiene que ver con la anchura de la calle principal de la urbanización, que quedó mucho más estrecha de lo que figuraba en los planos y que hace imposible, por ejemplo, la entrada de un vehículo de Bomberos. Los propietarios de las viviendas de Playas de Llanes, ubicadas en el barrio de San José, en la capital del concejo, han criticado la «poca colaboración» del Ayuntamiento y la Procuradora General, y han remitido a este último organismo un escrito, a raíz de su decisión de archivar la queja para «evitar una eventual duplicidad de actuaciones», dado que los afectados también se quejaron ante el Defensor del Pueblo.
La comunidad de vecinos recordó a la Procuradora General que el Ayuntamiento de Llanes ha desoído en reiteradas ocasiones su petición de que informe si una de las calles de la urbanización era «la que figuraba en el proyecto». Las continuas largas de las autoridades llaniscas llevan a los afectados a señalar que así queda al descubierto «la presunta corrupción del Ayuntamiento con la constructora», dado que la mencionada calle «no se adapta a los planos municipales e incumple la legalidad», como denunció en su día en un informe de Bomberos de Asturias y la propia comunidad.
Los vecinos aseguran que el informe que sobre este conflicto emitió el Ayuntamiento de Llanes en julio de 2007 es «falso», como señaló en su día el Defensor del Pueblo. Los vecinos se han dirigido por este conflicto en 16 ocasiones al Ayuntamiento. no han obtenido respuesta. El Defensor del Pueblo, a la vista de la nula colaboración municipal, recusó hace unos meses al Ayuntamiento de Llanes y dio cuenta a las Cortes Generales de su «actitud entorpecedora».
* La Nueva España - Llanes, R. D. - 21.04.09
Foto: La calle de la polémica, en la urbanización Playas de Llanes. emilio g. cea, lne.es
Palma: Más de 10.000 personas viven en casas ilegales en suelo rústico
DIARIODEMALLORCA : Más de 10.000 personas viven en casas construidas de forma ilegal a lo largo de las dos últimas décadas en el suelo rústico de Palma. Esa es al menos la cifra orientativa que maneja la concejala de Urbanismo de Cort, Yolanda Garví, en relación a las personas que viven en alguna de las 94 parcelaciones rústicas ilegales existentes en el término municipal.
Garví hizo estas declaraciones al término de la comisión de Urbanismo, en la que el equipo de gobierno rechazó una proposición del grupo municipal del Partido Popular en la que se instaba a la creación de una comisión no permanente con el fin de "estudiar en profundidad el alcance de las parcelaciones ilegales, el número de construcciones existentes en estos momentos y la forma de afrontar esta situación cada día de mayores proporciones".
Según la responsable de Urbanismo, no es necesario crear esta comisión ya que su departamento tiene bajo control las parcelaciones existentes y su situación urbanística.
Al respecto, afirmó que el sistema que incorporó hace diez años el Plan General con el fin de regularizar la situación urbanística de 43 de las 94 parcelaciones ilegales existentes "ha fracasado", puesto que, en estos momentos ninguna de ellas ha conseguido la aprobación definitiva del Plan Especial que se les exigía.
En concreto, recordó que sólo 36 de las 43 parcelaciones consideradas en el Plan General como Zonas de Régimen Especial tienen aprobado inicialmente el Plan Especial y de éstas, sólo tres ha conseguido su aprobación provisional por parte del pleno del Ayuntamiento.
Se trata de sa Vinya de Son Llebre, Cas Patró y, próximamente, el Secar de Son Sardina. No obstante, advirtió que ninguna de ellas dispone de la aprobación definitiva del instrumento urbanístico que posibilitaría su regularización, puesto que el Consell de Mallorca no ha aprobado definitivamente ninguno.
Las zonas incluidas en el Plan General para su posible regularización urbanística deben disponer, entre otros requisitos, de parcelas mínimas de 1.000 metros cuadrados a efectos de construir una vivienda unifamiliar y el número de parcelas y sus dimensione debe ser la misma que la existente el día 1 de enero de 1993.
Desde la aprobación del Plan Territorial en 2004, los requisitos para nuevas incorporaciones de Zonas de Régimen Especial son más exigentes. La parcela mínima para construir una vivienda unifamiliar es de 1.775 metros cuadrados si el suelo es rústico común y de 3.000 metros cuadrados en suelo protegido. Además, la segregación de las parcelas no debe ser posterior al 12 de octubre de 1999.
Otro requisito que deben cumplir estas zonas es que no pueden aumentar la superficie que tenían en diciembre de 1998, cuando se aprobó la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que permitía su regularización.
* Diario de Mallorca - JOSEP CAPÓ. PALMA. - 21.04.09
Foto: Son Olivaret es una de las parcelaciones rústicas cuya regularización está en trámite - lorenzo, diariodemallorca.es
Zamora: Una sentencia judicial deja sin efecto el nuevo PGOU
ELMUNDO* : Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Zamora declara nulo el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de la capital y el Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid, por el que esta última entidad llevó a cabo la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según dio a conocer este martes el secretario provincial del PSOE y portavoz del grupo en el Ayuntamiento, Carlos Hernández.
La sentencia considera que a la hora de adjudicar al Instituto de Urbanística de Valladolid la revisión del PGOU no se tuvieron en cuenta los principios de competitividad, publicidad y libre concurrencia. Considera que hubiera sido más adecuado iniciar un proceso de contratación.
Carlos Hernández señaló que se había dado ese encargo al Instituto de Urbanística de Valladolid porque en él trabaja el sobrino del anterior alcalde, Antonio Vázquez, y aludió a la responsabilidad que tiene en esta sentencia contraria al Ayuntamiento de Zamora uno de los asesores de la alcaldesa, que fue concejal de Urbanismo durante la anterior legislatura.
La consecuencia más inmediata de esta sentencia, según explicó Carlos Hernández, es que son nulos también todos los acuerdos, decisiones y trabajos que se produjeron tras la firma del convenio entre ambas partes, lo que supone de manera directa que sería nulo el Plan General de Ordenación Urbana, que actualmente se encuentra en periodo de exposición pública. El documento cuenta ya con el apoyo de la Agrupación de Electores Independientes de Zamora (Adeiza), lo que permitiría al PP sacar adelante el documento que regirá el desarrollo urbanístico de la capital durante los próximos años.
La sentencia es consecuencia de la denuncia planteada en su día por el PSOE, después de que el equipo de Gobierno no admitiera a trámite un recurso de reposición contra la decisión tomada por la Junta Local de Gobierno, alegando que los concejales socialistas no forman parte de este órgano de decisión municipal. La sentencia recrimina esta decisión del PP y reconoce el derecho de la oposición a presentar recursos, como establece la jurisprudencia. La magistrado dice que el PP tuvo una "actitud temeraria" al negar ese derecho e incluso estima que fue una burla el decreto de alcaldía en el que se hace constar la negativa a admitirlo.
Carlos Hernández pidió la dimisión de la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, y del concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández, al señalar que la ciudad no se merece el daño que están produciendo con su actuación. "Hasta los tribunales les dicen ya que las cosas no pueden hacerse así", puntualizó.
El fallo del Contencioso no es firme y puede ser recurrido en el plazo de quince días, algo que el equipo de gobierno decidirá próximamente, aunque dará su opinión sobre el alcance de la sentencia en las próximas horas.
Los socialistas están dispuestos a pedir la ejecución provisional de la sentencia.
Carlos Hernández señaló que los concejales del PP deberían asumir los costes que va a suponer para el ayuntamiento esta sentencia condenatoria y que supondrán entre 48.000 y 60.000 euros.
* El Mundo - José Luis Cabrero - 21.04.09
Foto: Zamora - wikipedia.org
Alcaldes y cargos del PP en Madrid ofrecieron negocios a la red de Correa
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ELPAÍS* : Dirigentes del PP en Madrid, diputados autonómicos, concejales y cargos municipales intermedios no sólo favorecieron a la trama empresarial que dirigía Francisco Correa en la adjudicación de contratos en las administraciones donde gobernaban, sino que llegaron a ofrecer nuevos negocios a los directivos de la red corrupta. Así se desprende de los testimonios y documentos recogidos en el sumario del caso Gürtel, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Algunos cargos del PP, como el ya ex alcalde de Arganda Ginés López, o el diputado autonómico Alfonso Bosch, ofrecieron nuevas posibilidades de negocio a una de las directivas de la trama, Isabel Jordán. López, según la confesión de Jordán al juez, le llegó a plantear la posibilidad de que, al igual que había hecho la red empresarial de Correa en Majadahonda, se instalara en Arganda una Oficina de Atención al Ciudadano privatizada que gestionase la empresa de la trama corrupta. El negocio, al final, no salió adelante. Tampoco prosperó otra componenda que, según la propia Jordán, ideó Alfonso Bosch, diputado autonómico, para que la red empresarial se hiciera con los servicios de la grúa de Boadilla del Monte. En este municipio, Correa echó sus redes y logró cuantiosos contratos. De hecho, un informe de la Agencia Tributaria acredita que Easy Concept, una de las empresas de la trama, tenía en el Ayuntamiento de Boadilla una de sus principales fuentes de ingresos. El entonces alcalde de la localidad, Arturo González Panero, recibió como prueba de agradecimiento no sólo comisiones en dinero, sino también trajes de Milano, según la investigación.La directiva de Easy Concept, una de las empresas de la trama corrupta, declaró que en el sector de la publicidad eran "habituales" ese tipo de regalos, que también hizo, según su confesión, a otros concejales de Boadilla.
El director de venta de Milano, José Tomás, corroboró la información al declarar ante la policía que Isabel Jordán acudió en varias ocasiones a su tienda acompañada del entonces alcalde de Boadilla, al que compró unos trajes.
Hubo más regalos. El ex concejal del PP José Luis Peñas, que denunció a la trama corrupta ante la Fiscalía, aseguró en su declaración que Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, recibió una vivienda de una constructora a cambio de permitir el desmontaje de una línea de alta tensión que pasaba por encima del solar donde se iban a edificar pisos.
Los directivos de la trama también confiesan que recibían contratos por sus amistades con cargos relevantes del PP. Así, Isabel Jordán, responsable de Easy Concept, declara ante la policía: "Conseguía los contratos porque conocía a Jesús Sepúlveda, que era el alcalde de Pozuelo, y a Yolanda, que me daba algunos contratos". La investigación también intenta acreditar el supuesto pago en especia, un vehículo, al alcalde Sepúlveda por sus tratos de favor a la trama corrupta.
Informe de Hacienda
En el informe de Easy Concept elaborado por la Agencia Tributaria, esta empresa de la trama corrupta declara unos ingresos por contratos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón próximos a los 200.000 euros entre 2003 y 2005.
En relación con los numerosos contratos facturados por la trama corrupta con la Comunidad de Madrid, el contacto era Alberto López Viejo, primero como viceconsejero de Presidencia, y más tarde como consejero de Deportes. El hombre de confianza de Esperanza Aguirre les facilitó la entrada en la Comunidad de Madrid, como relata Isabel Jordán al juez: "Una vez que ganamos el primer concurso, los técnicos de Presidencia ya nos llamaban a todos y nos preguntaban si nos íbamos a presentar. Luego, además de eso, había actos que no estaban [previstos], que surgían. De repente, viene AXA a presentar aquí no sé qué. Pues venga. Yo recuerdo un acto [que hicimos] porque ganó el Real Madrid la copa o algo así".
Los nuevos vínculos de la trama corrupta con el PP en la Comunidad de Madrid
Los trajes del alcalde
- Arturo González Panero. El ex alcalde de Boadilla del Monte, al que aún mantiene el PP con responsabilidades de Gobierno en el Ayuntamiento, recibió varios trajes de regalo de la empresa Easy Concept, según la responsable de esta compañía y del director de ventas de Milano, José Tomás. En las declaraciones de ambos que obran en el sumario se explican estos regalos. Además, González Panero habría recibido, según la investigación judicial, comisiones millonarias por su intermediación en concursos de suelo.
Otro negocio en Arganda
- Ginés López. El ex alcalde de Arganda del Rey, imputado en el caso de la corrupción masiva de la red del empresario Francisco Correa, llegó a ofrecer nuevos negocios a los directivos de la trama. Según las declaraciones de Isabel Jordán, Ginés López se puso en contacto con ella para estudiar la posibilidad de privatizar la oficina de atención al ciudadano de Arganda, al igual que la red corrupta había hecho, con la connivencia del entonces alcalde Guillermo Ortega, en el Ayuntamiento de Majadahonda.
Grúas para Boadilla
- Alfonso Bosch. El diputado autonómico del PP trabajaba como director general de la Empresa Municipal de Suelo de Boadilla del Monte y, según la investigación policial, intentó que una de las sociedades de la trama corrupta se encargase de gestionar el servicio de la grúa municipal de ese municipio tras la instalación de parquímetros en el mismo. Llegó a contactar con los directivos de la red para que se encargaran de ese contrato, que tenía que salir a concurso. Al final, la operación no salió adelante.
Contratos autonómicos
- Alberto López Viejo. La Comunidad de Madrid fue uno de los clientes principales de la trama corrupta. En la facturación de las distintas empresas, la Administración gobernada por Esperanza Aguirre era, con diferencia, una de las que más facturaba. El consejero de Deportes, Alberto López Viejo, fue quien metió a la red de Correa en el negocio de los contratos públicos. Los técnicos de su departamento, según las pruebas que obran en el sumario, siempre llamaban a las empresas de Correa, incluso para actos no previstos.
Negocios por amistades
- Jesús Sepúlveda. El ex alcalde de Pozuelo de Alarcón tenía amistades con los miembros de la trama corrupta, que aprovecharon para lograr contratos en el Ayuntamiento que presidía Sepúlveda. En el informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario sobre Easy Concept, una de las empresas pertenecientes a la red de Correa, aparece el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como uno de los clientes principales. En dos años, la facturación a Pozuelo declarada a Hacienda por Easy Concept casi alcanzó los 200.000 euros.
Un piso para el regidor
- Guillermo Ortega. El ex alcalde de Majadahonda recibió una vivienda como pago de una constructora, a cambio de que permitiera desmontar una torre de alta tensión ubicada en un solar edificable. Lo denunció con documentación un ex concejal del PP en Majadahonda ante la Fiscalía Anticorrupción. En la denuncia, incluida en el sumario, detalló algunas componendas entre Francisco Correa, el jefe de la trama, y Ortega, al que destituyó Esperanza Aguirre como alcalde para hacerle director general de una empresa autonómica.
* ELPAIS.com - 21.04.09
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es
Los promotores del aeropuerto de Ciudad Real ganarán 3.000 millones con la recalificación
ELMUNDO* : El aeropuerto de Ciudad Real, el primero de capital íntegramente privado, está inmerso en una encrucijada financiera. Su funcionamiento no ha ido todo lo bien que se esperaba y sus actuales accionistas, entre los que se encuentran el empresario Domingo Díaz de Mera, el editor Antonio Miguel Méndez Pozo y Caja Castilla-La Mancha -intervenida por el Banco de España-, tienen una cosa clara: quieren deshacerse cuanto antes del proyecto, que no les está reportando los beneficios que esperaban.
La venta del aeródromo, y la consiguiente multiplicación de las plusvalías para los socios, está pendiente sólo de una modificación legal de gran calado. Se trata de dos cambios en la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (Lotau) de Castilla-La Mancha, introducidas hace seis meses por el Grupo Parlamentario Socialista, presidido por José María Barreda, y a punto de aprobarse en las Cortes regionales.
Las enmiendas incluyen una importante modificación que permitirá a los promotores del proyecto vender por separado los terrenos aledaños al aeropuerto como suelo industrial, a pesar de que ellos lo compraron como rústico. Las plusvalías estimadas que obtendrían con el cambio serían de unos 3.000 millones de euros, según calculan expertos urbanísticos consultados.
Actualmente, la ley no permite que los terrenos del aeropuerto, que ocupan 12,3 millones de metros cuadrados en total, sean segregados. Están considerados como una parcela unitaria, y el único que podría desarrollar proyectos industriales en ese suelo sería el propietario, es decir, la sociedad CR Aeropuertos.
Pero el problema es que los promotores se encuentran ahogados financieramente. Hasta ahora, Caja Castilla-La Mancha había sido la principal financiadora del proyecto. La entidad no sólo participa con un 30% en CR Aeropuertos, sino que ha hecho préstamos millonarios a los principales empresarios que participan también en el aeródromo.
Sin embargo, con la caja intervenida por el Banco de España se hace prácticamente imposible seguir recurriendo a ese grifo financiero. La sociedad no tiene dinero para desarrollar el macro-proyecto urbanístico en los terrenos colindantes, que incluirían, según sus planes iniciales, área logística, zona empresarial, agroalimentaria, área tecnológica, además de una zona de ocio, con hoteles y centros comerciales.
La única salida que les queda a los promotores del aeropuerto es parcelar los terrenos y venderlos de forma independiente. Para ello, ya han conseguido el primer paso.
La Junta ha declarado el aeropuerto de Ciudad Real como Proyecto de Singular Interés y ha permitido modificar el uso de los terrenos aledaños de rústico a industrial. Así, su valor se ha multiplicado de los 10 euros por metro cuadrado que pagaron en su momento como suelo rústico a los 615 euros por metro al convertirse en suelo industrial.
* El Mundo - Cristina Caballero - 21.04.09
Foto: vista del interior dell aeropuerto de Ciudad Real , obra del arquitecto Luis Vidal.|El Mundo
El timo de las infraestructuras
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El Gobierno central persiste en su idea de dedicar grandes inversiones a las infraestructuras, sobre todo autovías y líneas de AVE, para reactivar la economía. Las grandes empresas de la construcción presionan para que se aceleren, aún más, tanto los proyectos como el volumen de fondos públicos. Para Ecologistas en Acción, desde todos los puntos de vista –crisis económica, escasa generación de empleo, costes de oportunidad, cambio climático, etc.– estamos ante un descomunal engaño que sólo cabe calificar como el “timo de las infraestructuras”.
Si las virtudes que le asignan el Gobierno y las mayores constructoras, Seopan, a las grandes infraestructuras de transporte fueran ciertas (enorme generación de empleo, dinamización económica…), la situación en España debería ser muy distinta a la que es. Efectivamente, puesto que somos el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas –y en 2012 seremos el que cuente con la mayor red de alta velocidad ferroviaria del mundo–, no deberíamos tener una tasa de paro tan alta y la crisis apenas debería notarse… salvo que las cosas no funcionen del modo que nos dicen.
Todo parece indicar que es así. Multitud de estudios concluyen que a partir de un cierto umbral en la dotación de grandes infraestructuras –que en España hemos superado de largo–, cualquier inversión en nuevas obras puede ser contraproducente para el desarrollo desde una estricta visión economicista, sin hablar de su impacto ambiental y social.
En este sentido, uno de los estudios más relevantes es el informe del grupo de asesores creado por John Major en los años 90 para evaluar un plan de construir 500 nuevas carreteras en Reino Unido. Este grupo, conocido por sus siglas en inglés, SACTRA, publicó en 1999 Transport and the Economy, donde analizaba la relación entre el crecimiento de la economía y las grandes infraestructuras de transporte en todos los países desarrollados. ¿El resultado? Gran parte de las tópicos sobre estas obras –que generan riqueza y empleo, por ejemplo– por los suelos. El plan de 500 carreteras se quedó en sólo 37.
Ante estos análisis, los planes del Gobierno no se pueden considerar sino un brutal despilfarro. Así, la estrella de los presupuestos de 2009 son las autovías, que se llevarán una tajada de 5.636 millones € (16% más que en 2008), seguidas muy de cerca por el AVE, con 5.629 millones € (21,6% de aumento). En total, el presupuesto para infraestructuras de 2009 asciende a 19.271 millones €, un 7,5% más que hace un año. Y si a esto le añadimos la pretensión de Seopan de incrementar en 11.000 millones de euros la inversión en 2009 y 2010, nos encontraremos con un despropósito de dimensiones descomunales.
Es claro que necesitamos inversiones en transporte, pero ni mucho menos las que se están planteando. Necesitamos mejores servicios de transporte, no más autovías. Nos hace falta un mejor ferrocarril, no un tren elitista que sólo tenga parada en grandes poblaciones. Necesitamos buenos servicios de cercanías ferroviarias, no más y más anillos de circunvalación. Urge poner en práctica planes de movilidad sostenible, no más listas de infraestructuras.
En los tiempos que corren, con la crisis financiera y económica, con el cambio climático manifestándose cada día con más crudeza, con las crecientes dudas sobre el suministro de petróleo en un futuro cercano, con problemas muy serios de contaminación del aire, de fragmentación del territorio, de pérdida de biodiversidad… nuestra política sigue siendo la misma de siempre, más cemento pase lo que pase.
A pesar de nuestra sobredotación de infraestructuras de transporte, seguimos invirtiendo en ellas una cantidad de fondos brutal. Por el contrario, todos los indicadores señalan que estamos a la cola de los países de nuestro entorno en recursos y servicios de sanidad, educación, atención social, investigación, etc. pero éstos, más allá de los discursos, no tienen prioridad presupuestaria alguna. Sin embargo, son precisamente estos sectores en los que es posible crear más empleo sin impactos ambientales y con un gran beneficio social.
No hay duda. Para Ecologistas en Acción estamos ante una nueva versión, corregida y ampliada, del timo de las infraestructuras de transporte que hemos venido sufriendo desde hace años.
* Área de Transporte y Urbanismo de Ecologistas en Acción - 14.04.09
Una plataforma vecinal acusa al Gobierno de Gijón de respaldar la corrupción
SOITU* : La Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes ha acusado hoy al Gobierno local de Gijón de "estar respaldando políticamente la especulación y la corrupción", al no asumir "ninguna responsabilidad" en las operaciones del ex arquitecto municipal Ovidio Blanco, que obtuvo un beneficio de más de 600.000 euros con la venta de una finca recalificada.
El colectivo vecinal ha emitido un comunicado en el cual considera que el Pleno de la Corporación que ayer debatió el denominado "Caso Blanco" ha "demostrado la incapacidad para tratar un asunto tan complejo" y ha lamentado "la tensión generada y algunas mentiras escuchadas" en la sesión.
La Plataforma, que se opone a la urbanización de la zona rural de Cabueñes, al noreste de la ciudad, ha criticado la "desfachatez" del concejal Pedro Sanjurjo, por haber dicho en el Pleno que hay "ni una sola prueba de irregularidad o ilegalidad", por lo que "no puede ser un interlocutor válido ante los vecinos".
"Nos llama la atención el empeño del equipo de Gobierno en eludir cualquier responsabilidad en la gestión urbanística de la cual se jactan los dos responsables, el concejal delegado y la alcaldesa, en un ejercicio que el tiempo mostrará temerario", expresa el texto.
Añade que "la fiscalía o el juzgado nunca van a aclarar, porque no pueden entrar en esas materias, por que motivo en el Ayuntamiento el arquitecto hacía lo que le daba la gana ganando dinero fuera de su sueldo y a cuenta de su posición en un organismo público".
La Plataforma ha recordado que el arquitecto municipal ha actuado "con la coanfianza y el respaldo de Areces, Felgueroso, Buendía y Morales, que ahora le siguen apoyando implícita y explícitamente".
"Es muy cómodo y también indigno cobrar por una representación pública sin querer asumir las contraprestaciones que lleva implícito el cargo", destaca el comunicado.
* SOITU.es - EFE - 18.04.09
Foto: Gijón, Cabueñes - fotolog.com
Réquiem por el litoral
SUSANA QUADRADO* : En la costa de la Comunidad Valenciana está sucediendo algo realmente fantasmagórico pero encarnizadamente real. Y te acercas y te vas, como dice la canción de Serrat. Más bien huyes. Aprietas a correr con el miedo de que tanto atropello urbanístico actúe como la onda expansiva que produce una piedra cuando la lanzas a un mar en calma. ¡Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo! El urbanismo caníbal, sinvergüenza, sigue descuartizando el paisaje. Sin ánimo de molestar, un adiós a la Costa de Azahar no es un hasta luego. Es un hasta nunca. Bravo por el neodesarrollismo. ¿Por qué no seguimos arrasando el territorio, un bien irrecuperable, e hipotecamos el futuro de otras generaciones?
Hoy por hoy, treinta años después de los desmanes de los años 60 y 70, nada ha cambiado. Todo ha empeorado. Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Orpesa, Alcossebre, Cullera, Xàbia, Altea, Elx... El ritmo de construcción ha sido (y sigue siendo, con permiso de la crisis) mucho mayor que en las décadas del desarrollismo. La maquinaria pesada ha continuado surcando todo solar que se ha puesto a tiro, y lo más triste es que sigue prosperando sin oposición el feroz frenesí de construir, construir y construir.
¿Por qué nadie dice ni mu? ¿Dónde están la intelectualidad, los urbanistas, los arquitectos, los naturalistas, ¡los políticos!, los ciudadanos que en los años 80 clamaron contra estas aberraciones? ¿Hacia dónde miran los defensores de las esencias patrias, de la identidad? La respuesta me la da un valenciano: "Aquí todos se han enriquecido de forma rápida y fácil. Pero nadie está ciego. Hay un sentimiento de culpabilidad compartida pero se cubre con un manto de silencio".
La crisis amenaza con matar la gallina de los huevos de oro mientras el litoral se erige en firme candidato a museo de los horrores. Los apartamentos no se llenan en temporada alta ni con el Imserso, los pisos turísticos no se venden ni regalados (tres habitaciones en Benicarló, 100.000 euros) y los esqueletos enladrillados de promociones enteras se exhiben sobre el terreno como metáforas del gran error cometido. Calles sin sol, urbanizaciones sin aire, avenidas paralelas a la playa sin un acceso a la arena en kilómetros... El imperio del todo vale.
El riesgo ahora es que quedan millones de metros cuadrados recalificados y listos para que los construya quien tenga dinero, si puede -y se atreve-. Si no lo hacen ahora, lo harán en unos años. El lobby inmobiliario siempre estará a la altura de las circunstancias..., también algunos alcaldes. Por eso es importante aprovechar el impasse de la crisis para cambiar un modelo que se ha ido engrasando con la especulación y la pasividad, la complicidad -y en demasiadas ocasiones la corrupción- de las administraciones locales y autonómicas. Sin vergüenza, ¡ay, el Mediterráneo!
* La Vanguardia - Opinión - 17.04.09
Los precios de la vivienda en España siguen sobrevalorados en un 44%... según The Economist
LADRILLOS* : Los precios de la vivienda en España siguen decaradamente sobrevalorados, a pesar de haber registrado ya su primer descenso 'oficial' en 15 años. Han caído un 3,2% y -según The Economist- den hacerlo todavía un 44%. En el sonrojante ranking de sobreprecios de las casas, España se encuentra en los puestos de cabeza de la OCDE, sólo superada por Holanda, con una ratio del 54%.
Así lo refleja un ranking publicado por el diario 'The Economist', del que se desprende que los precios de la vivienda deberían descender casi a la mitad para poder ajustarse a su valor real.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya aseguraba en su informe anual sobre España publicado en 2007 que el precio de la vivienda se encontraba sobrevalorado en un 30%, mientras que el Banco de España ha avisado en más de una ocasión de que este porcentaje podría superar el 20%.
El precio de la vivienda libre descendió un 6,8% en el primer trimestre de 2009, hasta los 1.958,1 euros por metro cuadrado, lo que supone a una vuelta a los valores que presentaba en el segundo semestre de 2006. Además, este descenso fue del 3% en términos intertrimestrales.
Con todo, esta caída podría ser mayor, según la mayoría de las voces del sector. Así, los promotores indican que los precios han descendido ya alrededor de un 20% y que ya queda poco margen de ajuste.
Por su parte, desde el Ministerio de Vivienda se asegura que el precio de los inmuebles "está convergiendo" con su valor real, e incluso indica lo ideal es acompasar la evolución de los precios de los inmuebles a los del IPC, que en el mes de marzo descendió un 0,1%, más de 6,5 puntos porcentuales menos que la vivienda libre.
Es el momento del alquiler
Por otro lado, The Economist plantea un debate sobre los beneficios de las viviendas en propiedad y el peso que deben tener en el parque de viviendas. Según indica, por un lado, un amplio parque en propiedad podría suponer ''a priori'' una mayor acumulación de riqueza para las familias.
Sin embargo, añade que "los costes son mayores que los beneficios" y que a la vista de la caída del valor de la vivienda en los grandes mercados, este argumento "parece tan débil como los precios de la vivienda".
Dicho esto, pone énfasis en uno de los mayores problemas que arrastra la crisis, el desempleo. Así pues, señala que "los mercados laborales tienden a ser más rígidos a medida que aumenta el número de viviendas en propiedad" y presentan mayores incrementos en el desempleo.
Según concreta, países como España, Irlanda o Grecia han presentado grandes incrementos en el número de viviendas en propiedad entre las décadas de los 80 y los 90 y también presentan altas tasas de paro.
* Periodista Digital - Ladrillos - 19.04.09
Foto: Viñeta casa-vivienda-hipoteca - periodistadigital.com
Galicia: Los 500 metros, prohibidos pero ya comprados
XORNAL* : A la espera de las decisiones de la Xunta, las bolsas de suelo más próximas a la costa gallega están desde hace tiempo en manos de las grandes constructoras, muchas de ellas de fuera de Galicia. Los empresarios tenían planes cerrados con los alcaldes de los 86 municipios del litoral, en su mayoría sin una ordenación adaptada a la ley.
“Feísmo es un término informal y ambiguo, propio del urbanismo y de la arquitectura de Galicia”. Es la definición de la Wikipedia, que sitúa en la comunidad autónoma el origen de un concepto que a nadie le gustaría identificar como propio. Cuando en el otoño de 2006 María José Caride, conselleira de Política Territorial con el bipartito, anunciaba la ley de los 500 metros, aseguraba que la prohibición de construir “sólo afectaría a 30 de los 220 millones de metros cuadrados urbanizables” en la costa gallega.
La Xunta ordenó parar porque sabía que los 30 millones de metros cuadrados estaban a punto de ser enladrillados. En el año 2001, debido a la saturación de la Costa del Sol, grandes constructoras como Metrovacesa, Vallehermoso, ACS-Dragados, OHL, Urbis y Fadesa compraron miles de parcelas en los municipios del litoral. La situación era propicia, porque de los 86 ayuntamientos costeros, el primero en tener un PXOM adaptado a la Lei do Solo de Galicia fue A Pobra do Caramiñal. Logró la aprobación definitiva del documento en julio de 2008.
Los alcaldes recalificaron terrenos de forma masiva y encontraron una vía de ingresos que parecía interminable. Los 500 metros tuvieron incidencia sobre el 14% de la superficie urbanizable de los municipios afectados, pero en algunos casos alcanzó el 100% –Muxía, Outes, Vilanova de Arousa, A Illa de Arousa y Neda–. “Fue un desprósito, es una norma que no tiene sentido, la construcción de viviendas no tiene que ser sinónimo de destrucción mediambiental”, asegura Javier Garrido, presidente de los promotores de la provincia de Pontevedra.
El PP tampoco apoyó la prohibición. La entonces portavoz parlamentaria de Vivenda e Urbanismo y ahora presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, aseguró que el veto a la construcción supondría un incremento del precio de los pisos en la costa. Ahora, los constructores presionan con fuera para que Alberto Núñez Feijóo permita una mayor actividad a orillas de las playas gallegas. El presidente de la Xunta se ha comprometido a “flexibilizar trabas urbanísticas” y a poner en marcha un plan integral para todo el litoral en un plazo máximo de seis meses.
Situación real
Según los datos que maneja el Ministerio de Medio Ambiente, el 15% del primer kilómetro de toda la costa de Galicia ya está edificado. No parece un porcentaje excesivo, pero es superior al de Baleares y Canarias. El carácter minifundista de la comunidad provoca que existan unos 300 núcleos de población cerca del mar. La virginidad de las imágenes de los años setenta y ochenta ha dado paso a lo que algunos califican “marbellización”.
“Hay demanda de segundas viviendas, en el resto de España y en países como Inglaterra la costa gallega se ha convertido en un atractivo”, asegura Garrido. Es complicado combinar las prioridades del sector privado con el interés general, pero la Unión Europea ya ha incluido la comunidad entre las zonas del continente amenazadas por un urbanismo descontrolado. Siguiendo sus recomendaciones, el Ministerio de Medio Ambiente compró en septiembre de 2006 nueve parcelas en Galicia, siete en A Coruña y dos en Foz, para evitar que se edificase sobre ellas. Semanas más tarde llegó la prohibición de los 500 metros.
Para las asociaciones ecologistas, los casos de especulación y corrupción urbanística son el mejor ejemplo de que las cosas no se han hecho bien. En Miño, el ayuntamiento expropió más de un millón de metros cuadrados de superficie forestal para darle una concesión a la inmobiliaria Fadesa, a un precio de seis euros el metro cuadrado. Los primeros primeros pisos de la promoción se pusieron a la venta a un precio precio medio de 2.000 euros el metro cuadrado. El bipartito y la Xunta del Partido Popular manejan una lista de municipios con menos margen para la construccción de urbanizaciones, tal y como adelantó Xornal de Galicia el pasado martes. Se trata de Ribadeo, Viveiro, Foz y Barreiros –Lugo–; Arteixo, Fisterra, Oleiros, Malpica, Miño, Sada y Cedeira –A Coruña–, y Tui, O Grove, Gondomar, Nigrán, Baiona, Moaña, Sanxenxo, Bueu y Cangas –Pontevedra– .
Antes de la puesta en marcha de la medida del bipartito, los 86 ayuntamientos del litoral tenían en proyecto 600.000 viviendas para el periodo 2007-2020; las previsiones ahora serían diferentes por la crisis, pero las constructoras consideran que hay margen para 100.000 pisos a corto plazo. “No tiene mucha lógica que se puede a 501 metros y no a 490 metros”, afirma Antonio Fontenla, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia.
Alcaldes y concejales de los municipios de Arteixo, Cambre, Fisterra, Mugardos, Pontedeume y Porto do Son, en A Coruña, y los de Tui, A Estrada y O Grove, en Pontevedra, fueron imputados por delitos medioambientales por la Fiscalía. En Lugo, son de sobra conocidos los problemas en ayuntamientos como Foz, Viveiro o Barreiros.
Galicia tiene un problema por resolver, teniendo en cuenta que la prohibición provisional de los 500 metros concluye el 17 de mayo. La Xunta deberá hilar fino para atender las demandas empresariales sin dañar uno de los grandes imanes de la comunidad. En las encuestas de los touroperadores, los turistas valoran principalmente la gastronomía, el patrimonio cultural y el paisaje. No deberían pasar a formar parte del pasado. Por lo de pronto, que nadie se interese demasiado por la compra de suelo, ya está casi todo vendido.
* Xornal.com - Pablo G. Quintas
- 19.04.09
Foto: Ejemplo de edificación sin control en la costa lucense / XdG
