La Fiscalía pide a notarios y registradores más «rigor» con las parcelas ilegales

IDEAL/Granada* : La red de fiscales medioambientales -los que llevan los asuntos urbanísticos- y la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz han celebrado en Granada sus quintas jornadas de trabajo. Con respecto a las cuatro anteriores reconocen que se han producido avances, aunque todavía hay muchas cosas que ajustar. Por ejemplo, que cometer un delito y hacer frente a una sanción penal salga algunas veces más rentable -económicamente hablando- que una multa en un procedimiento administrativo. O que ante los casos de expolios arqueológicos los juristas tengan que camuflarlo como robo o hurto porque no estén tipificados como delito.

El Defensor del Pueblo y la red de fiscales han elaborado un documento con 14 conclusiones donde piden corresponsabilidad en la lucha contra los delitos urbanísticos a políticos, empresarios y también a notarios y registradores. Quizás aquí esté una de las mayores novedades. A ellos les solicitan José Chamizo y los fiscales que «extremen el rigor» para impedir que se extiendan las parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable. Especialmente si hay datos «reveladores» de que se está cometiendo una ilegalidad. «Su colaboración resulta imprescindible para la eficacia de la legalidad urbanística», subraya el documento de las jornadas.
Responsables
El otro toque de atención es para los responsables municipales. En las conclusiones alertan de que todavía existe «cierta sensación de impunidad» ante los delitos urbanísticos y recuerdan a los alcaldes que su «deber» es denunciar cuando aprecien indicios delictivos.
«Llama la atención que algunas de las agresiones realizadas y que han motivado la intervención del Ministerio Fiscal y de los jueces, pese a su entidad, no habían sido denunciadas ni por los responsables municipales ni por las autoridades autonómicas», censuran los fiscales medioambientales que algunos de los casos más flagrantes que están en los juzgados hayan tenido que llegar por denuncias de los Cuerpos de Seguridad del Estado y, otras veces, a través de particulares o asociaciones ecologistas.
Además advierten a los gobiernos autonómicos -como la Junta- que son ellos quienes tienen la «obligación» de acudir a los tribunales cuando los alcaldes se desentiendan.
En el documento de conclusiones de las quintas jornadas también se insiste en la necesidad de que las empresas de suministros no contraten ningún servicio hasta que las construcciones no cuenten con todos los permisos necesarios.
Patrimonio histórico
El coordinador de fiscales de Medio Ambiente, Ángel Núñez, solicitó ayer una reforma «urgente» de la normativa penal en materia de patrimonio histórico.
Un nuevo sistema -precisa el documento de las conclusiones- que incluya un «aumento considerable del importe de las multas previstas y la regulación penal de figuras como la excavación ilegal y la receptación de obras de arte».
Fuera del ladrillo, Chamizo reclamó una regulación que ponga «coto» a la proliferación de pozos ilegales, que están poniendo en riesgo la «pervivencia» de los acuíferos. El documento de las quintas jornadas pide que se pongan sanciones y se tiren o sellen las extracciones ilegales que existan. Unas multas que tienen que ser extensivas -defienden- a las empresas que realizan los sondeos.
Chamizo mostró también su preocupación por que se «relajen» los permisos por «mor de la crisis» y se autoricen fábricas e industrias que puedan ser contaminantes.
La última recomendación de la Oficina del Defensor del Pueblo y la red de fiscales es que se ponga freno a la contaminación acústica. «No se acaba de avanzar, hay que tipificar mejor las sanciones porque hay gente que vive en desesperación por los problemas de ruido», concluyó Chamizo.






* Ideal - 23.04.09 - CH.| GRANADA