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LAVOZ/Cádiz* : La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz ha visto indicios de delito en la construcción de las promociones ilegales en los diseminados de Los Perales, Las Siete Pilas y Montes de Oca. En este sentido, la fiscal jefe de la audiencia provincial, Ángeles Ayuso Castillo, ha remitido el sumario al juzgado de instrucción número tres de El Puerto para que «abra diligencias previas contra los responsables de este presunto delito contra la ordenación del territorio y de falsedad en documento oficial».
Ampliación de denuncia
Estas tres nuevas causas amplían la denuncia realizada por el grupo municipal de Izquierda Unida y Ecologistas en Acción durante el pasado año y que abarca un total de catorce procesos que permanecen abiertos. El dirigente ecologista Juan Clavero ha querido recordar que «sin las licencias de luz y agua que el equipo de Gobierno de IP otorgaba, estos diseminados irregulares no podrían haberse desarrollado».
En el diseminado de Los Perales se construyeron catorce viviendas sobre suelo no urbanizable con supuestas certificaciones de antigüedad que no se ajustan a las ortofotos tomadas durante los años 2000 y 2004.
De hecho, el parlamentario andaluz de Izquierda Unida Ignacio García subraya que «podría tratarse de un nuevo escándalo del fraude de Obra Nueva». Asimismo, la promoción de Las Siete Pilas presenta un agravante más, al haber sido construida sobre una cañada pública.
Conductas delictivas
Por todo ello, la Fiscalía provincial señala que «se procederá a la oportuna investigación judicial para depurar responsabilidades entre los promotores y los responsables municipales a fin de esclarecer las presuntas conductas delictivas». El ex alcalde de la formación de Independientes Portuenses, Hernán Díaz, y el ex concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, son los principales responsables de la política urbanística durante esta fecha.
De hecho, Juan Carlos Rodríguez precintó la promoción de Los Perales en junio de 2005 para posteriormente volver a desprecintarla. En este sentido, el ex concejal ha preferido no hacer declaraciones en relación a esta nueva causa abierta.
Hernán Díaz sí ha defendido su inocencia en relación a la apertura de estas tres causas. El ex alcalde ha subrayado que «yo no tenía las competencias urbanísticas, que estaban delegadas en Juan Carlos Rodríguez. Por tanto, no tengo nada que ver con este asunto».
Además, Díaz ha querido dejar claro que «nuestra formación actuó de forma directa sobre la promoción de Los Perales ya que impusimos una multa coercitiva de un millón de euros a los promotores de Chiclana».
* La Voz Digital - 01.02.08 - IVÁN BERNAL
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
El Puerto: La Fiscalía ve indicios de delito en tres promociones urbanísticas
San Roque: La Fiscalía Anticorrupción denuncia a Vázquez, Ledesma y Gavino
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EUROPASUR/Cádiz* : La fiscal Anticorrupción de la provincia de Cádiz, Virginia Alonso, ha formulado una denuncia criminal por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias supuestamente cometidos por varios miembros del gobierno municipal de San Roque y de la empresa municipal Emroque, así como de la promotora Bahía Luz. Los hechos se refieren a la construcción del parque del arroyo de la Madre Vieja, cercano al casco urbano sanroqueño, y las contraprestaciones por dichos trabajos.
El decreto emitido el pasado mes de diciembre por la fiscal, al que ha tenido acceso este diario, es consecuencia de un proceso judicial iniciado por el PP. Alonso determina formular las correspondientes denuncias contra los consejeros delegados de Emroque Ángel Gavino y José Antonio Ledesma; el gerente de Emroque, Luis Crespo; el alcalde de San Roque, José Vázquez y el representante de la promotora Bahía Luz Juan Muñoz Támara.
La fiscalía considera que existió trato de favor hacia Bahía Luz, que recibió de manera directa -sin concurso- una parcela que era propiedad de Emroque como contraprestación por construir el parque de la Madre Vieja, también en suelo público. El suelo recibido tenía un valor inicial que superaba en algo más de 130.000 euros el precio que finalmente tuvo la construcción del parque.
Según el documento, la parcela que recibió Bahía Luz por el convenio, destinada originariamente a la construcción de viviendas protegidas, estaba valorada en 271.600 euros según la escritura fechada en marzo de 2005.
Un mes después de escriturarse la parcela a nombre de Emroque, el gerente de la empresa municipal, Luis Crespo, cambió la valoración del suelo basándose en un nuevo uso previsto hasta los 120.547,73 euros contando para ello con el beneplácito del alcalde sanroqueño.
La fiscal entiende que la parcela -que fue entregada a Bahía Luz como parte del pago por hacer el parque de la Madre Vieja- se hizo de manera arbitraria, así como la construcción del espacio público ya que ambos suelos eran de titularidad municipal y debía mediar concurso. Además, no consta que la diferencia entre los valores inicial y el modificado haya revertido en las arcas municipales.
Los hechos relatados en el decreto de la fiscal se remontan al año 2004, cuando la empresa municipal Emroque recibió a coste cero una parcela municipal denominada C del área 021-SR (El Calvario) del Plan General de Ordenación Urbanística de San Roque (PGOU), con una superficie de 656,25 metros y una edificabilidad máxima de 1.132,01 metros cuadrados.
La cesión fue acordada por la Corporación en pleno en noviembre de ese mismo año. El cambio de titularidad a favor de Emroque tenía como objetivo que la empresa pública construyese en ella viviendas de protección oficial en un plazo de cinco años. El acuerdo debía ser revertido -esto es, que volviese a manos del Ayuntamiento- en el caso de no cumplirse con este plazo. La parcela, según consta en el escrito de la fiscal, era producto de una segregación cuyas escrituras están registradas en marzo del año 2005.
La fiscal dice en su escrito que dicha cesión fue legal, pero la supuesta ilegalidad se produce cuando, con posterioridad, se adjudica de manera directa a favor de Bahía Luz.
En las escrituras se recoge que el suelo estaba valorado, a efectos fiscales, en 271.600 euros. Además, el alcalde sanroqueño, José Vázquez, hacía constar en el documento que la empresa Emroque tenía previsto aceptar la cesión próximamente.
Ya en abril de 2005 Emroque recibió la parcela de El Calvario desde el Ayuntamiento -momento en el que se hace efectivo el acuerdo plenario antes citado-. Es entonces cuando Luis Crespo, desde Emroque, realiza un cambio en el valor de la parcela de El Calvario, que queda rebajado a 120.547,73 euros, según el escrito de la fiscalía. En este cambio intervienen José Vázquez y el propio Crespo. Este último fue quien hizo la nueva estimación del valor del suelo basándose en el uso al que iba a destinarse.
Paralelamente, ese mismo día Gavino y Ledesma acuerdan con la empresa Bahía Luz la construcción de un jardín público en las inmediaciones del arroyo de la Madre Vieja -un suelo también propiedad de Emroque- con un coste estimado de 142.457 euros. El convenio incluía como compensación la entrega de la finca de El Calvario y facultaba a Crespo para la firma del acuerdo. Un día después, el gerente de Emroque y Juan Muñoz Támara, como representante de Bahía Luz, firman el contrato de permuta de las parcelas.
Ante estos hechos, la fiscalía ve necesario investigar la procedencia de las distintas valoraciones del suelo efectuadas; el acuerdo a favor de la permuta y la adquisición por parte de Bahía Luz de la finca.
La autoridad judicial solicitó estos datos al Ayuntamiento, a Emroque y a la Dirección General de la Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda. Nadie contestó, salvo el Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
De los documentos entregados por el Consistorio, la fiscal entiende que sin entrar a discutir si el valor del suelo es el adecuado, ya que faltan las diligencias para determinarlo, los trámites se convierten en ilegales cuando Emroque cede la parcela de El Calvario a Bahía Luz de manera directa y como compensación por hacer el jardín público de la Madre Vieja, también sin concurso. La fiscal entiende que hubo trato de favor hacia Bahía Luz en dos ocasiones ya ambos suelos eran públicos.
Por tanto, la fiscal Alonso ve indicios de delito de prevaricación por la decisión arbitraria; malversación de caudales públicos cometidos por la sustracción de los fondos que las entidades públicas tienen a su cargo y tráfico de influencias.
* EuropaSur - A. Rodríguez / San Roque - 01.02.2008
Foto: Puente sobre el arroyo de la Madre Vieja, donde Bahía Luz construyó el parque a instancias de Emroque, en imagen de archivo - europasur.es
El Juzgado ordena a la Udyco que investigue el patrimonio del alcalde de Yaiza y el ex regidor de Teguise
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LAPROVINCIA/Lanzarote* : El Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife dictó una providencia el pasado mes de noviembre para que la Unidad de drogas y crimen organizado (Udyco) de la Policía Nacional investigue el patrimonio del alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y del ex alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, dentro de la causa abierta (ahora en procedimientos separados) contra ambos como presuntos miembros de una trama dedicada a la concesión ilegal de licencias urbanísticas en sus municipios.
La investigación se abrió a raíz de una denuncia del consejero del Cabildo Carlos Espino basada en un informe sobre irregularidades urbanísticas del abogado que representa al Cabildo en los casos de política territorial y continuó con las diligencias abiertas por la titular del juzgado así como con otras investigaciones de ese mismo cuerpo policial.
La defensa de Juan Pedro Hernández no se ha pronunciado sobre esa petición mientras que la de José Francisco Reyes, representado por Felipe Fernández Camero, ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, asesor de ambos ayuntamientos durante años y a quien se apunta como el cerebro jurídico de esa presunta trama, recurrió la decisión de la juez. La titular del Juzgado número 2 emitió un auto el 20 de diciembre en el que se ratificaba en su decisión. Tanto la acusación popular como el ministerio fiscal solicitaron que se desestimara el recurso de la defensa de Reyes. Fernández Camero presentó otro recurso ante la Audiencia provincial para impedir la investigación de este cuerpo policial. Considera "impertinente" la investigación e "incompetente" a este cuerpo policial para llevar a cabo la investigación en curso.
La Brigada provincial de la Policía Judicial de Las Palmas, Udyco, tuvo pinchados los teléfonos de Reyes y Hernández cuando eran alcaldes (Reyes dejará de serlo el martes si prospera una moción de censura en su contra) e investigó a estos dos políticos y a otras personas por si estuvieran incurriendo en la presunta comisión de cuatro delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, tal y como figura en un auto de 12 de enero del año pasado de la titular del Juzgado número 2 de Arrecife.
* La Provincia - SAÚL GARCÍA / ARRECIFE - 31-01-2008
Foto: Yaiza (Lanzarote) - dis.ulpgc.es
Madrid: El Ayuntamiento legaliza un hotel que lleva dos años abierto
ELPAÍS* : El hotel Reina Victoria simbolizó ayer en el pleno del Ayuntamiento de Madrid esas incongruencias que a veces permiten las leyes. Mientras cientos de ciudadanos han pasado en verano por la terraza de su azotea, y los viajeros han ocupado las habitaciones de este hotel de lujo de la plaza de Santa Ana reabierto en 2006, resulta que hasta ayer el pleno no aprobó el plan especial que permite hacer obras en el edificio ya rehabilitado.
Es, además, un inmueble calificado con la más alta protección en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997, como recordó el concejal socialista Pedro Sánchez, que tachó el asunto de "una gota más en el océano de la disciplina urbanística".
Por eso, se deshizo en reproches a la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez: "El Ayuntamiento conocía desde el 8 de noviembre de 2005 que se afrontaban obras de manera irregular. Así lo dicen los informes de los servicios municipales". Explicó además que un decreto del propio Consistorio ordenaba precintar las obras, pero que "una mano invisible" lo paralizó. Y que además el bar-restaurante de la cubierta funciona sin licencia.
A Sánchez todos estos argumentos le sirvieron para acusar a la Concejalía de Urbanismo de "dejación de funciones". "¿Qué alegaciones van a poder presentar los vecinos a un plan especial que ya tiene las obras concluidas?", se preguntaba.
A la responsable de Urbanismo no le quedó más remedio que tirar del discurso didáctico y explicar cómo es el procedimiento que contempla la ley para regularizar una obra cuando no tiene licencia. Aunque a nadie se le escape lo ridículo que resulta aprobar una obra cuando está terminada. "Usted desconoce cómo se resuelve una obra sin licencia. Es un asunto reglado", afirmó la concejal. La vía para hacerlo es presentar un plan especial que recibe el visto bueno de una comisión conjunta entre el Ayuntamiento y la Comunidad. El mismo que ayer aprobó el pleno.
"No quita que el propietario, la dirección facultativa y el constructor sean sancionados", agregó la edil. Luego explicó que existe un decreto para cerrar la actividad de la terraza del hotel. "Pero tiene un plazo de alegaciones y es en lo que estamos", concluyó para obviar que el urbanismo ha funcionado aquí al revés.
* ELPAIS.com - S. A. A. - Madrid - 01/02/2008
Foto: Madrid, nuevo edificio ayuntamiento - wikipedia.org
Los promotores reconocen que se construyen el doble de viviendas de las necesarias
ELMUNDO* : El presidente de la Comisión Técnica de la Asociación de Promotores y Constructores de España (Apce), Josep Donés i Barcons, asegura que en los últimos diez años se han construido en España "el doble de viviendas de las necesarias", y que una buena parte de ellas se compraron como fuente de inversión.
En el marco de unas jornadas para fomentar el alquiler organizadas por la Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad (Aeade), Donés manifestó que una parte importante de estas viviendas que "no están en uso", y que los propietarios compraron porque "no había productos de inversión en el mercado que les aseguraran el poder adquisitivo de sus ahorros", podrían entrar en el mercado de alquiler siempre y cuando "haya garantías".
Al respecto, afirmó que las medidas de avales a los propietarios que decidan poner sus viviendas en alquiler promovidas por la Secretaría de Vivienda de la Generalitat "están bien", aunque aseguró que "hay una absoluta inseguridad ante los impagos" que requiere más garantías.
En cuanto al panorama general del sector de la construcción, explicó que "no es verdad" que el cambio de coyuntura económica se traduzca en que "todo el mundo quiere alquilar", sino que "hay una demanda contenida" que está posponiendo su opción de compra.
Destacó que el futuro del mercado promotor "pasa por la diversificación" y apostó por la posibilidad de que los promotores puedan construir promociones de viviendas mixtas de alquiler y de compra, y dijo que, para ello, es necesaria una "seguridad jurídica y económica".
8.000 pisos nuevos sin vender en Barcelona
Donés aseguró que a partir de mediados de febrero, la Generalitat y la APCE llegarán a un acuerdo para determinar qué hacer con los 8.000 pisos nuevos sin vender que tiene Barcelona, según datos de la propia asociación.
Explicó que debido a la falta de compradores en el mercado libre, parte de este 'stock' podrá recalificarse como vivienda social a precio concertado catalán --un precio intermedio que figura en el Pacto y la Ley de la Vivienda--, que permitirá a los ciudadanos con ingresos superiores acceder a vivienda protegida.
Según Donés, esta opción "beneficiará a ambas partes", promotores y ciudadanos, ya que es vivienda de "acceso directo" porque ya está construida, y aseguró que el precio por metro cuadrado que poseerá esta tipología de vivienda social se hará público de "manera inminente".
* El Mundo - Europa Press - Barcelona - 31/01/2008
Foto: Viviendas, obras bloques - europapress.es
Impulsan un manifiesto para pedir a la DGA que suspenda Gran Scala
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ELPERIÓDICO/Aragón* : La plataforma "Stop Gran Scala" ha impulsado la firma de un manifiesto para que personas a título individual expresen su rechazo al proyecto de ocio y juego que se pretende construir en los Monegros y pidan al Gobierno de Aragón que suspenda cualquier decisión relacionada con el mismo.
Los firmantes, en su mayoría miembros de organizaciones ecologistas y de formaciones de izquierdas, quieren que se abra un debate social que trate las necesidades reales de Aragón y su territorio y que marque las prioridades de desarrollo teniendo en cuenta el impacto social, medioambiental, económico y financiero de las propuestas desde la perspectiva del interés general.
Con este manifiesto, se expresa asimismo la oposición a un proyecto que "ni en el fondo ni en las formas nos gusta para nuestra comunidad", y hacen un llamamiento a realizar un esfuerzo de reflexión y debate mientras exigen a la DGA "prudencia, sensatez y sentido de la dignidad; especialmente cuando se juega con miles de millones del erario público".
Los ecologistas expresan su preocupación por que "acabe imponiéndose" la "degradación ética y política" que subyace tras este modelo de desarrollo, en el que "manda el dinero de negocios, cuando menos de dudosa moralidad" y en el que "los derechos ciudadanos, sociales y sindicales se diluyen, en nombre de un mal entendido progreso".
También critican la "oleada" de contracciones que suscita respecto al principio de sostenibilidad, que se quiera imponer un modelo de desarrollo social y territorial "tan ajeno al desarrollo rural por el que tanto se ha luchado" o que tras años de conflicto hidráulico se acaben construyendo grandes presas para promover negocios de este estilo.
Quienes suscriben el manifiesto denuncian que se quiera poner como modelo la ciudad de Las Vegas, un ejemplo, a su juicio, de "consumismo, ausencia de principios éticos, desvertebración social, urbanismo especulativo e insostenibilidad".
Según afirman, el proyecto Gran Scala prevé 32 casinos, 70 hoteles, 200 restaurantes, grandes lagos artificiales con orcas, delfines, hoteles y restaurantes subacuáticos, 5 parques temáticos, hipódromo, plaza de toros y campos de golf, como base para desarrollar una futura ciudad de 100.000 habitantes que espera acoger 25 millones de visitantes al año y que va a suponer una inversión de 17.000 millones de euros.
La plataforma "Stop Gran Scala" muestra en una nota de prensa su satisfacción por el aumento de "voces contrarias" a este "macroproyecto" de ocio, anuncia su intención de trabajar "intensamente" para evitar que llegue a consumarse y que impulsarán campañas informativas, de recogida de firmas y debates y seminarios sobre las implicaciones del proyecto en el terreno ambiental, social, laboral, económico, legal, cultural o ético.
* El Periódico de Aragón - Agencias - 31/01/2008
Foto: Los Monegros (Aragón), torre proyecto Gran Scala - elperiodicodearagon.com
Condenan a Julián Muñoz y 5 ex ediles marbellíes a seis meses de cárcel por un delito urbanístico
EUROPAPRESS/Málaga* : El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga ha condenado al ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y a cinco ex ediles marbellíes a la pena de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación urbanística por la concesión de una licencia a la empresa Incopromar para construir un edificio de 10 plantas, con 68 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en suelo público.
En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se absuelve al abogado José Luis Sierra, acusado por las acusaciones populares como cooperador necesario, porque la jueza entiende que no quedó acreditado durante el juicio que éste interviniera o colaborara en la concesión de la licencia otorgada o que el informe que realizó fuera elaborado para este expediente, sino que tiene carácter general.
Además, se plasma la absolución del ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, después de que las acusaciones populares retiraran los cargos que había contra él en sus conclusiones finales; y se concreta el sobreseimiento de la causa respecto al ex edil y mano derecha de Jesús Gil, Pedro Román, que quedó fuera del procedimiento en las cuestiones previas y no llegó a ser juzgado.
Se considera probado que Muñoz y los ex concejales del GIL Rafael González, Mario Jiménez, José Marino Pomares, Manuel Calle y Marisa Alcalá, en unión de otro procesado en paradero desconocido --que es Juan Antonio Yagüe-- decidieron de común acuerdo en la comisión de gobierno de 4 de julio de 1997 dar licencia de obra a Incopromar en la avenida del Mar sobre la base de la revisión del Plan General "que no había sido aprobado definitivamente".
La jueza estima "por las circunstancias que concurren y la entidad de la infracción" que procede imponer seis meses de cárcel y explica que "en razón de la naturaleza del delito" se entiende justificada la pena de prisión y no la sustitución por multa, aunque recuerda que ella misma optó por ésta en otro asunto, en ese caso por las circunstancias específicas, ya que era una única vivienda.
Además, decreta la nulidad de la licencia otorgada y aunque dice que la decisión de demoler "podría ser la consecuencia lógica", cree que "no es posible en el presente procedimiento puesto que no han sido llamados al proceso los terceros adquirientes de la vivienda que resultaría afectados", que no han sido oidos en la causa ni han tenido oportunidad de intervenir.
Asimismo, en la resolución se aplica la atenuante analógica de dilaciones indebidas, puesto que la licencia fue otorgada en 1997 y el juicio se celebró en noviembre de 2007, pero entiende que no puede ser en su grado máximo, porque asegura que fueron las propias partes "las que han pretendido mantener la paralización del procedimiento".
SUELO.
La juzgadora especifica que el suelo tenía catalogación de viario destinado a uso público según el PGOU de 1968, y de vial y zona verde y con una edificación máxima de cinco plantas, según el del 86; aunque incide en que el permiso de obra se concedió según el llamado plan del 98, que no había sido aprobado "hecho que era perfectamente conocido por todos los imputados en el momento de autorizar las obras".
"Se otorgó la licencia a Incopromar al margen de cualquier planeamiento legalmente aplicable, según el convenio urbanístico pactado y suscrito entre las partes, sobre un proyecto de revisión que se iba adaptando a dichos convenios y a las necesidades urbanísticas de la localidad, según el criterio de la Corporación", concluye la jueza, que apunta que dicho criterio, según declaró el funcionario Jorge González, era de "arbitrariedad".
Explica que en el supuesto de que no haya planeamiento urbanístico se debe aplicar directamente las normas contenidas en la Ley del Suelo de 1992 y determinadas legislaciones autonómicas, aunque concluye que "no se debe conceder ninguna licencia cuando exista una revisión del planeamiento y la calificación del suelo que se prevea no coincida con el anterior planeamiento".
A SABIENDAS.
La jueza manifiesta que los concejales, como integrantes de un órgano colegiado como es la comisión de Gobierno y elegidos en elecciones públicas, "no pueden limitarse a votar según le digan sino que su obligación es la de cerciorarse que aquellas decisiones que tomen se ajusten a la legalidad vigente".
"Los miembros de la Comisión son responsables de sus propios actos, no siendo admisible sus justificaciones o amparo en una actuación automática, siguiendo las directrices de otros para votar favorablemente en un tema tan importante y trascendental para el municipio como son las licencias urbanísticas", precisa.
Además, considera que no pueden alegar que votaban siguiendo las instrucciones del secretario municipal "puesto que éste no estaba obligado a informar y no consta informe alguno" e insiste en que no se puede entender que los concejales "fueran personas totalmente ajenas al desarrollo normal de la actividad municipal".
* Europa Press - MÁLAGA, 31 Ene. 2008
Foto: Marbella - agenda21malaga.org
Poco ruido y muchas nueces
RAMÓN MARTÍN MATEO* : Amablemente mi entrañable amigo el profesor Manuel Alcaraz Ramos, atendiendo a mi solicitud, me ha hecho llegar un ejemplar de la excelente obra por él dirigida y recientemente publicada, titulada: "El Estado de Derecho frente a la corrupción urbanística" en la que colaboran cualificados profesores expertos en la materia y profesionales éticamente sensibles ante una problemática que guarda una estrecha relación con múltiples saberes y preocupaciones que no sólo son trascendentes para el Derecho, sino que con ello implican también consecuencias para la economía y el bienestar de las colectividades implicadas.
El propio Estado se ha mostrado perplejo y cuasi inerme ante este fenómeno tomando medidas sorprendentes como la fotografía aérea del territorio nacional, la creación de dispositivos administrativos y judiciales ad hoc y la implicación de cuerpos de elite del Estado, como es el caso de la Benemérita.
Recordemos además que la posibilidad del agio urbanístico desmedido se originó doctrinalmente en una Universidad madrileña y que desde aquí se profundizó en esta línea marginándose en el proceso al propietario del suelo en aras de facilitar la autoría económica del "agente urbanizador". A la postre, tuvo que intervenir Bruselas mandando expediciones y generando disposiciones inefables aunque supuestamente adecuadas.
Entre la manifestaciones singulares de la pasada "pandemia" jurídica, debe constatarse que lo más contundentes progresos por su remedio al respecto fueron los aportados por una ONG denominada Abusos Urbanísticos No, integrada por jóvenes procedentes de distintas naciones europeas.
Por mi parte, he aportado teóricas consideraciones al respecto en una obra sucinta que no ha tenido por cierto una buena acogida extra jurídica.
El tema sigue en pie en toda España, como puede deducirse de las siguientes cabeceras de prensa que he coleccionado al respecto:
"Costas sólo invertirá donde se derriben las casas de la playa"; "La mayoría de PGOU se tramitan sin informe de sostenibilidad"; "Los ayuntamientos aceptan con muchas reservas el "plan Narbona""; "La oposición denuncia que el objetivo del PGOU es recalificar Fabraquer"; "El ladrillo anega las acequias";
"La audiencia imputa ocho delitos al alcalde de Totana y confirma su prisión"; "Una costa salvada hasta ahora de los predadores"; "La costa más virgen, la más amenazada".
Como podrá deducirse allí donde hay externalidades a percibir vía edificación, siguen apareciendo iniciativas preocupantes. La aportación del profesor Alcaraz al respecto como suele decirse da en el clavo.
Parece por todo lo expuesto fácil concluir, que la obra comentada tiene palmaria actualidad, y que son de agradecer y aplicar las lúcidas consideraciones que en ella se hacen, que por lo demás no suponen, sino todo lo contrario, cortapisas para una sólida economía urbana respetuosa con el ambiente lo que es por cierto uno de sus principales atractivos, por lo que no sólo es delito, sino sobre sin sobre todo una palmaria insensatez económica orillar el ambiente.
Por todo lo cual, no puedo por menos que dar por bienvenida a esta importante obra y felicitar calurosamente a los autores de la comentada.
* Ramón Martín Mateo es ex rector de la UA.
* Información - Opinión - 29 de enero de 2008
La plataforma contra la línea de alta tensión Tordesillas-Segovia se concentrará hoy en la sede de la Junta
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TERRA/Valladolid* : La Plataforma en contra del trazado de la línea de alta tensión Tordesillas-Segovia que proyecta Red Eléctrica Española (REE) y que afectaría a la localidad vallisoletana de La Seca se concentrará hoy, jueves día 31 de enero, a las puertas de la Presidencia de la Junta de Castilla y León para mostrar su repulsa por este proyecto.
Esta fue la principal conclusión de la asamblea celebrada el pasado miércoles 23 de enero en el Ayuntamiento de La Seca en la que los afectados decidieron llevar a cabo esta concentración el próximo jueves frente al Colegio de La Asunción de Valladolid, sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León.
Asimismo y según informaron a Europa Press fuentes de la Plataforma en contra del trazado de esta línea de alta tensión, en la mañana del 24 el portavoz de este colectivo, Teodoro Recio, remitió un burofax al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el que exponen los motivos de esta concentración y en el que exigen que les conceda la entrevista que llevan meses solicitando 'y que usted otras tantas veces nos ha negado, incumpliendo una de las dos máximas que usted proclamó en su discurso de investidura, el diálogo'.
'Puede tener la seguridad de que no nos mueve más interés que la defensa del futuro del pueblo, que no es otro que mantener intacto nuestro medio de vida que es el viñedo, y sobre todo la protección de nuestra salud y la de nuestros hijos', aseguró Teodoro Recio en este escrito, en el que advierte del 'perjuicio' que supondrá esta línea de alta tensión para los ciudadanos de La Seca, 'así como a nuestro viñedo, única fuente económica del pueblo y acogida a una denominación que está considerada actualmente como la número uno en España en cuanto a vinos blancos se refiere, y lo demuestran los asentamientos que se están produciendo de bodegas procedentes de Ribera de Duero'.
En este escrito, Teodoro Recio recuerda a Juan Vicente Herrera que hasta la fecha nadie les ha prestado la atención merecido, aunque asegura contar con los apoyos de los ayuntamientos de La Seca, Serrada, Rueda, Medina del Campo, Íscar, Olmedo, Asociación de Hosteleros de Valladolid, Asebru y el Consejo Regulador de la DO Rueda, así como UCCL y Asaja y 'un largo etc' de personalidades entre los que se encuentra su paisano, el ex futbolista Eusebio Sacristán.
* Terra Actualidad - Europa Press - 31/01/2008
Foto: La Seca (Valladolid), ayuntamiento - pueblos-espana.org
Los vecinos de Parcent protestan contra los PAI al cumplirse dos años de su aprobación
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LEVANTE/Alacant* : La historia más reciente de Parcent tiene un antes y un después del pasado 31 de enero de 2006. Ese día, el PP aprobó tres PAIs que contemplaban la construcción de 1.800 casas en este pequeño y precioso municipio del interior de la Marina Alta. A pesar de la lluvia de aquella jornada y del intenso frío, casi todo el pueblo salió a la calle protestando con paraguas en mano contra esa aprobación.
Ayer, los vecinos volvieron a concentrarse aunque muchas cosas han cambiado desde entonces: nació "Veïns de Parcent" y se sucedieron las reprimendas del Síndic de Greuges, la del Defensor del Pueblo, la de Europa, la "Doctrina Parcent" del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el vuelco municipal después de las elecciones o recientemente el informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
La concentración de ayer fue distinta, menos tensa, pero se repitieron algunos símbolos como el del paraguas para pedir de manera pacífica pero contundente que "se nos respete, que somos un pueblo que sabe lo que quiere y que no cejará en su empeño hasta conseguirlo".
El alcalde de la localidad, Màximo Revilla, -de la Coalición Democrática de Parcent- recordó en su intervención ante los vecinos que aquellos tres proyectos del Replà, la Solana y el Cantalar suponían "la destrucción de la mayor parte de montaña que rodea al pueblo, la destrucción de un estilo de vida, la destrucción del Derecho de un pueblo a decidir su futuro, la destrucción de unas zonas con un importante valor ecológico y paisajístico y la defenestración de uno de los símbolos más importantes de nuestro pueblo: la montaña del Carrascal".
Además Revilla recordó que el camino no había sido fácil ya que "hemos oído como nos despreciaban diciendo que eramos cuatro gatos, que eramos hormiga" y sacó pecho al repasar la mayoría de instancias que "nos han dado la razón". Por su parte, Veïns de Parcent arremetió contra la "aprobación con nocturnidad y alevosía de los planes urbanísticos ya que se aprobó con informes en contra, con falta de otros que daba ventaja a los promotores en vez de garantías a los ciudadanos".
También recordaron el voto "ilegal del concejal de urbanismo que tenía a su hermano implicado en uno de los PAI" y con una ley a le que le faltaba un día para expirar y ser sustituida "por otra menos mala", lo que suponía de nuevo "pisotear el interés general". Parcent salió ayer de nuevo a la calle para decir que no quiere dejar de ser un pueblo y para preguntar al conseller qué más necesita para anular los programas.
* Levante-EMV - César Monzonís, Parcent - 31 de enero de 2008
Foto: Parcent (Alicante), manifestación - diarioinformacion.com
El POM de Illescas fomenta un modelo de ciudad insostenible
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Toledo.- Ecologistas en Acción de La Sagra* ha presentado Alegaciones al proyecto del Plan de Ordenación Municipal de Illescas porque considera que el modelo que propone se aleja rotundamente de lo que debería ser una ciudad con criterios de sostenibilidad.
La organización ecologista de La Sagra considera que el Ayuntamiento de Illescas realiza una campaña de promoción y de “venta” del Plan falseando la realidad y utilizando indebidamente conceptos como “calidad ambiental”, “sostenibilidad y equilibrio”, “corredores verdes”, “protección de valores naturales”..., con la intención de engañar a la población.
En realidad, el POM de Illescas plantea una ciudad de más de 150.000 habitantes (ahora tiene unos 18.000) diezmando e hipotecando el territorio del término municipal el cual estaría urbanizado en más del 70%. Ello supone, como es obvio para cualquier ciudadano que conozca desarrollos urbanísticos de este calibre, hacer de Illescas una ciudad dormitorio, más contaminada desde el punto de vista atmosférico, acústico y paisajístico, más incómoda, más consumidora de energía, masificada y desequilibrada respecto a las proporciones de las zonas urbana y rústica.
El POM, además, no respeta una zona arqueológica visigoda del siglo V de gran valor en Boadilla de Arriba y pretende dar cobertura al Convenio ilegal que el Ayuntamiento firmó con 4 promotoras para construir 20.000 viviendas a cambio del soterramiento de la vía del tren.
Pero lo que más nos preocupa, como destacamos en las Alegaciones, es la procedencia del agua que deberá abastecer a la ciudad y el daño medioambiental que ocasionará a los espacios naturales, arboledas, arroyos y vías pecuarias.
La cuestión del agua es muy grave porque el estudio realizado indica claramente que no está garantizada. Los redactores del POM intentan justificar lo injustificable, es decir, intentan sacar agua de donde no la hay (Picadas, Almoguera) utilizando trucos para que los cálculos les cuadren. Es un tremendo agujero del POM que ya por sí sólo lo descalifica.
Los daños medioambientales serán cuantiosos: se talarán olivares (ya se han talado por la carretera de Ugena o la ruta Quijote que va por el Camino de Yeles de manera indiscriminada), se invadirán arroyos y vías pecuarias y se recortará la zona de especial protección para aves esteparias como la avutarda y el sisón y otras especies como el cernícalo primilla o aguilucho cenizo. La zona este del término desde la A-42 aparece en el propio informe de sostenibilidad del POM como hábitat de aves esteparias (IBA y “lek”) aconsejando su protección, sin embargo, la mitad de esta zona ahora se considera urbanizable.
Los olivares, las verdaderas arboledas de La Sagra, conforman un biotopo y ecosistema de gran valor ambiental, aún considerándolos como cultivos, en donde viven y se desarrollan numerosas especies de aves y pequeños mamíferos. Además, son árboles centenarios con un importante valor histórico y antropológico. Es el paisaje de la Sagra que el POM de Illescas quiere sustituir por viviendas en la llamada zona de San Pedro y en gran parte del oeste del casco urbano actual.
Ecologistas en Acción de La Sagra exige que no se tale ni un solo olivo más, que todos los olivares del oeste y noroeste conformen un gran espacio natural que se comunique a través del Arroyo de Boadilla (el cual debe ser recuperado y protegido en todo su recorrido, al igual que el resto de arroyos, como biotopo fluvial al menos con una anchura de 200 metros) a modo de corredor ecológico con la zona al oeste de la A-42, que toda ella debe ser zona protegida para las aves y plantas gisópfilas. Asimismo, cree que la ciudad de Illescas no debe llegar en el horizonte de 2020 a más allá de 25.000 habitantes y que las dos zonas urbanas existentes no deben comunicarse a través de viviendas, sino de un gran parque.
Este tipo de desarrollo sería coherente con la existencia de carriles bici en todas las vías y carreteras que llevan a los pueblos de alrededor y con un servicio de tren de Cercanías, ya, entre Madrid y Toledo. Ésta que proponemos sí sería una ciudad sostenible, innovadora y respetuosa y generosa con los principios ambientales que el progreso coherente nos reclama. Lo que el POM de Illescas pretende es seguir construyendo más de lo mismo.
* Ecologistas en Acción Toledo - 27 de enero 2008
Foto: Illescas (Toledo) - entrepueblos.com
El Consell incumple la ley urbanística al no expropiar el suelo para construir VPO
LEVANTE/Valencia* : El suelo que se cede a cada ayuntamiento valenciano en cada plan urbanístico (el 10% del aprovechamiento) y que han acumulado en el boom urbanístico de los últimos años como Patrimonio Municipal de Suelo debería haber salido al mercado para construir vivienda de protección oficial (VPO).
Los terrenos también se deberían haber inscrito en el Registro Autonómico de Patrimonio Municipal de Suelo pero, como ayer adelantó Levante-EMV, los consistorios han pasado de esta doble obligación legal.
La Ley Urbanística Valenciana (LUV) prevé que si los ayuntamientos hacen caso omiso a los anteriores preceptos legales, la Generalitat puede expropiar este suelo para venderlo o construir ella misma las viviendas baratas. El artículo 266.5 de la LUV es taxativo. "Si un ayuntamiento no procede a enajenar en el plazo de dos años a partir de la vigencia de la presente ley, al menos el 50% de todos los bienes inmuebles que formen parte de cada patrimonio municipal de suelo, la Generalitat, a través del órgano competente, procederá a iniciar un expediente de expropiación con carácter urgente sobre la relación de bienes inmuebles inventariados en cada patrimonio municipal de suelo". La Generalitat puede, a partir de la expropiación urgente, "proceder a la construcción, de manera directa o indirecta, de viviendas de protección pública. A tal efecto emitirá certificado de incumplimiento de las obligaciones municipales".
"Es inviable"
Nada se ha hecho hasta ahora, ni se piensa a hacer respecto a la expropiación. "Expropiar es inviable", admitió la directora general de Vivienda, Maria Jesús Rodríguez. "Preferimos colaborar a expropiar", aseguró el conseller de Urbanismo, José Ramón García Antón, tras la última reunión con los alcaldes de la provincia de Valencia para explicarles los incentivos para construir VPO.
Entre otras medidas, la conselleria ha previsto firmar acuerdos con los ayuntamientos para ayudarles a vender ese suelo público o convertir al Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) en agente urbanizador para promover la construcción de viviendas protegidas. Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda aseguraron ayer que ya se han mantenido contactos con 21 municipios de toda la Comunitat Valenciana para sacar adelante estos convenios y construir las 145.000 VPO prometidas en los próximos años.
Desde el grupo parlamentario socialista en las Corts, la responsable de vivienda, Maria José Salvador, acusó ayer a la Generalitat de "falta de voluntad política" de la Generalitat de controlar sus propias leyes y fiscalizar que se cumplan para que no se conviertan en papel mojado. "¿Qué han hecho para controlar que los ayuntamientos se inscribieran en el Registro Autonómico de Suelo?", se preguntó Salvador. "Ni siquiera se han producido expropiaciones como prevé la ley. No hay voluntad de tomarse la ley en serio", por lo que anunció la presentación de preguntas parlamentarias al respecto.
* Levante-EMV - L. Ballester Beneyto, Valencia - 31 de enero de 2008
Foto: cita con alcaldes. El conseller García Antón en la reunión con los regidores/
jose aleixandre, levante-emv.com
Marbella: Los particulares acorralan a Muñoz al exigir el derribo de las viviendas ilegales
ELPAÍS/Málaga* : Ellos, los vecinos a los que le tapan las vistas con un muro, quienes se han quedado sin colegio o sin un parque para sus hijos por los desórdenes urbanísticos de Marbella (Málaga) también son terceros de buena fe y son capaces de hacer que se investigue judicialmente al Ayuntamiento de Marbella por no ejecutar sentencias que implican demoliciones.
Los vecinos de la urbanización Los Monteros ha conseguido que la Fiscalía de Málaga indague sobre la negativa pública del equipo de Ángeles Muñoz (PP) a derribar propiedades ilegales con sentencia firme hasta que se apruebe el nuevo Plan Urbanístico. Los vecinos de Los Monteros, representados por la abogada Inmaculada Gálvez, hacían notar que en la delegación de Urbanismo no se había movido un dedo para ejecutar cuatro sentencias, entre las que se incluye la demolición de una parte de la casa del actor Antonio Banderas.
La apertura de la investigación ha ocasionado un gran revuelo y un cruce de acusaciones de dejación de funciones entre las administraciones local y autonómica. Mientras la alcaldesa accidental, María Francisca Caracuel explicaba calmadamente que se ha tomado esta determinación para no ocasionar "daños irreparables" a los propietarios de esas viviendas ilegales antes de ver si tienen posibilidad de regularizar su situación en el Plan General de Ordenación Urbanística, el consejero de la Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías, cargó las tintas comparando los comportamientos del Ayuntamiento marbellí y su alcaldesa con los de "Gil y compañía".
En Marbella hay en torno a las 40 sentencias pendientes de ejecución que declaran nulas licencias de obra. En la mayoría de estos procedimientos, que afectan a unas 1.000 viviendas ilegales, la Junta de Andalucía es la administración que denunció las irregularidades y la que solicita la ejecución de sentencia. Sin embargo, en las decisiones judiciales que se conocen, el Gobierno andaluz se ha avenido a los requerimientos del Ayuntamiento marbellí de aplazar la ejecución hasta que se apruebe el Plan General. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no ha puesto impedimento, dada la especial situación que atraviesa la ciudad.
La peculiaridad se da cuando, como ocurre en el caso de la urbanización Los Monteros, los denunciantes son particulares, aunque se dan muy pocos casos en la ciudad.
La asociación de vecinos Arroyo Guadalpín es uno de ellos. Desde junio están pidiendo al Ayuntamiento marbellí que ejecute una sentencia firme que anula la licencia del edificio Jardines del Príncipe porque sobrepasa la edificabilidad. Su lucha comenzó en 1.999 al ver que se estaban construyendo un edificio de seis plantas donde iban unos adosados y casas unifamiliares que en teoría no tenían por qué entorpecerles las vistas.
"Nos reunimos con la concejal, hemos solicitado una cita con la alcaldesa y con el Defensor del Pueblo andaluz, y no descartamos ir a ver al presidente del TSJA", sostiene Mercedes Vázquez, la presidenta del colectivo. El complejo, situado al inicio de la Milla de Oro marbellí, está formado por dos edificios con 81 apartamentos prácticamente terminados, pero no habitados. Los redactores del PGOU consideran que sobrepasa la edificabilidad permitida y piden que se reduzca en un 60%.
El Ministerio Público todavía tiene que resolver si acepta otra denuncia similar que Ecologistas en Acción presentó contra el Ayuntamiento en diciembre. En esta ocasión también se acusaba al equipo de Gobierno de Ángeles Muñoz (PP) de supuesta prevaricación administrativa al negarse a revisar 1.000 licencias y convenios con irregularidades suscritos por las distintas corporaciones del GIL entre julio de 1991 y marzo de 2006. Después de registrar el documento en la Fiscalía de Málaga, la ONG también solicitó a la Consejería de Obras Públicas que interpusiera una querella por este comportamiento ante el juzgado que correspondiese.
La Junta no recoge el guante lanzado por los conservacionistas y opta por que sean los tribunales que dictaron la revisión de las licencias los que determinen si el Ayuntamiento acata esas resoluciones. En un escrito del pasado 9 de enero el escrito, dirigido a Ecologistas en Acción, el director de Inspección de Ordenación del Territorio, José Ortíz Mallol citó numerosa legislación y jurisprudencia que ordena al Ayuntamiento marbellí la revisión de una licencia nula.
Dos sentencias del juzgado contencioso administrativo número 5 de Málaga, de marzo y junio de 2007 ordenaron al Ayuntamiento que "sustancie por todos sus trámites el correspondiente procedimiento de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho".
Adiós a la maraña societaria del GIL
El Ayuntamiento de Marbella ha decidido suprimir las dos empresas municipales que el GIL utilizaba para hacer la mayoría de las contrataciones de personal y compras de suministros cuya legalidad ha sido cuestionada en numerosas ocasiones tras la disolución de la corporación municipal por el caso Malaya. Las sociedades municipales que desaparecen son Obras y Compras y la de Turismo. La medida afectará a unos 800 trabajadores que serán reubicados en otros puestos. En lugar de estas empresas se crearán otras como Vivienda y Aparcamientos, más acordes, según el equipo de Gobierno, con las necesidades de la ciudad.
La remodelación forma parte de la catalogación de puestos de trabajo que el equipo de Gobierno de Ángeles Muñoz pretende llevar a pleno en marzo. Con ella, el coordinador de personal, Carlos Rubio, busca acabar con la "maraña instrumental" con la que las corporaciones del GIL terminaron "absorbiendo gran parte de los recursos municipales para intereses que no eran estrictamente los generales".
Según Rubio, la Gerencia de Obras se destinaba única y exclusivamente para la contratación de personal al margen de los procedimientos que marca la legislación, mientras que la Gerencia de Compras y contratación hacía lo mismo con la adquisición de bienes y servicios.
El equipo de Muñoz también reorganizará la delegación de Urbanismo y aunque no la convertirá en una gerencia, se dará mucha importancia a los procesos internos y organización. "El criterio técnico va a primar, de forma que tendrá un área de planeamiento y gestión y otra de disciplina con el apoyo jurídico incluido en ellas", explicó Rubio.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 31/01/2008
Foto: Marbella, bloques Banana Beach - J.Rojas, ELPAIS.com
Especialistas del caso ´Malaya´ y ´Ballena Blanca´ rastrean pagos de Las Teresitas
LAPROVINCIA/Tenerife* : Especialistas policiales que trabajaron en la operación Malaya, que investiga una gran trama de corrupción en Marbella con el ex alcalde Julián Muñoz como imputado, y en la operación Ballena Blanca, lo que hasta ahora es considerado el mayor golpe policial contra el blanqueo de capitales en España, indagan desde hace meses en los movimientos de dinero que se han generado en torno a la operación de Las Teresitas.
Incluso, el jefe de grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera y otros dos inspectores residen desde hace más de seis meses en Santa Cruz de Tenerife para dedicarse en exclusiva a la laboriosa investigación del pelotazo de Las Teresitas.
En total, unos veinte especialistas en delincuencia económica trabajan diariamente en el caso. Nueve de ellos pertenecen a la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, otros cuatro especialistas rastrean movimientos financieros desde Madrid, concretamente desde la Brigada Central de Blanqueo de Capitales, y otras dos personas pertenecen a la Agencia Tributaria. Es, sin duda, un despliegue policial de enorme calado, y fuentes próximas a la investigación sitúan la operación de Las Teresitas en el entorno de los grandes casos de corrupción que se han dado en este país.
De los agentes desplazados desde Madrid y que en la actualidad residen en Santa Cruz de Tenerife se conoce que han sido piezas importantes en las operaciones Malaya y Ballena Blanca, esta última dirigida por el juez Baltasar Garzón y en la que está implicado el narcotraficante Rafael Bornia Bordón, relacionado con la investigación que se realiza en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín Martín.
Ballena Blanca es un complejo entramado financiero de sociedades interpuestas creadas exclusivamente para el blanqueo de capitales, básicamente con dinero procedente del tráfico de drogas. A su vez, la operación Malaya es otro de los casos más sonados a nivel nacional, radicado en Marbella y que mantiene a una treintena de imputados en prisión, entre ellos el cabecilla, José Antonio Roca, y el ex alcalde Julián Muñoz.
LA PARTE SECRETA. Según los datos a los que ha podido tener acceso este periódico, la parte del sumario que aún se encuentra secreta podrían triplicar en número de folios a los datos desclasificados la pasada semana por la magistrada instructora, Carla Bellini. Es, sin duda, la parte importante de la investigación, la que está encaminada a investigar en los pagos de presuntas comisiones ilegales y los movimientos de dinero que se han podido hacer.
En ese punto, los especialistas policiales de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) rastrean posibles movimientos en paraísos fiscales, para lo cual se han llevado a cabo diferentes comisiones rogatorias a través del Ministerio de Justicia. Incluso, fuentes próximas a la investigación apuntan a que alguna de estas comisiones rogatorias va encaminada a tomar declaración a personas que pudieran ser titulares de cuentas o empresas presuntamente vinculadas a alguno de los imputados, esto es, personas que pudieran actuar como testaferros. Por descontado, el rastreo patrimonial al alcalde Miguel Zerolo es profundo.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 30 de enero de 2008
Foto: Vista general de la playa de Las Teresitas desde los terrenos objeto de la polémica. LA PROVINCIA/DLP
Tomiño: Promotoras y constructores acusan el ´efecto dominó´ del caso Marbar
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FARODEVIGO* : El efecto "dominó" tras la debacle del grupo constructor Marbar, con sede en Santa María de Tebra (Tomiño), a nueve días de la desaparición de su gerente Manuel Martínez Barros y del cese de actividad de la factoría con 56 trabajadores en paro, ha originado efectos colaterales para promotores y constructores de Tomiño que, según han explicado, "tenemos la sensación de pánico que va en aumento, padecemos la presión de acreedores y, a su vez, los compradores nos apremian para que entreguemos los pisos, o nos dan largas a la hora de firmar el precontrato y entregar dinero a cuenta", explican.
Daniel Castiñeira, gerente de la firma constructora Castiñeira Álvarez, con 38 trabajadores, afirma que el caso Marbar influye en el sector: "¿A quién se le vende ahora un piso antes de acabarlo?, ¿quién da dinero para un precontrato, después de lo que ha pasado, cuando trabajar con Martínez Barros era un aval?", se preguntaba ayer el empresario. Una semana de parón, sin venta alguna de pisos, ha sido el efecto inmediato para los promotores. La sensación de pánico, señala, se podría combatir "si a corto plazo se ve movimiento en la banca, con confianza en los promotores, porque si no hay dinero para eso, el paro es inminente", augura. De hecho conoce la existencia de varias obras paradas en Tomiño y en Goián, debido a ese problema.
V.D.R., directivo de otra empresa tomiñesa con 21 trabajadores, se expresaba en términos muy similares. Añadía, en su caso, la existencia de proveedores suyos, que también lo son de Marbar y que "necesitan cobrar porque la deuda que tienen con esa firma es grande". Hay psicosis "entre los propietarios de pisos de edificios por entregar. Preguntan por su vivienda y la sensación de inseguridad de masca". Cree que se debe dejar pasar el tiempo para que la situación se normalice dentro de lo posible, pues "hay crisis".
"El caso de Marbar a nosotros nos duele anímicamente", describía el directivo de otra firma del ramo que construye viviendas unifamiliares por encargo. Percibe "la incertidumbre en los clientes, con miedo a construir casas, lo que nos deja en una situación complicada y nos meten en el mismo saco [que Marbar]" . A todo ello suma que "los bancos no están muy dispuestos a conceder hipotecas". Sitúa el punto álgido de la crisis en el momento en que "las empresas tengan que renovar su financiación en las entidades bancarias".
El directivo de otra firma, describía la desmoralización que supone para ellos lo ocurrido con Marbar "al ver lo que ha pasado a una empresa tan fuerte, y nosotros, que nos vemos muy pequeños a su lado".
"Los bancos no dan facilidades", cuenta T. S. M., directiva de una empresa con tres trabajadores que construye por encargo viviendas unifamiliares. No le extraña esta reacción, aunque le parece que todo contribuye a crear esa "sensación de pánico".
F.C.R. directivo de una promotora, con 32 trabajadores, calificaba la situación de "muy complicada". Cuenta que "ahora las empresas no aceptan pagarés y para conceder avales, hay selección". Pone como ejemplo a un pequeño promotor que desea construir dos viviendas en terreno propio y al que ningún banco le financia la obra. En la zona hay empresas que han comenzado a recortar plantilla "nosotros, en marzo, pasaremos a 22 trabajadores.
La recesión del negocio es evidente, no solo en Tomiño, sino ya en el Baixo Miño y en O Porriño, dice. El "efecto dominó por el caso Marbar, ha empezado", confirma. La salida que prevé es trabajar fuera de España, a través de una unión temporal de empresas (UTE), en Brasil o Cabo Verde.
* Faro de Vigo - EVA GONZÁLEZ / TOMIÑO - 30 de enero de 2008
Foto: Trabajadores de Marbar en manifestación. / MARCOS CANOSA, farodevigo.es
El silencio de los 'teresitos'
JUAN JOSÉ JIMÉNEZ* : Desde hace ahora una semana el caso de Las Teresitas se ha puesto al día con el levantamiento del secreto del sumario de una parte del documento. En el pomo de estos 20.000 folios de más estricto culebrón aparece el esqueleto de una ingeniería financiera que de haber sido aplicada en el beneficio de los administrados previsiblemente Canarias estaría ahora en la vanguardia de la macroeconomía, y hasta vendrían los del Fondo Monetario Internacional para conocer las ingeniosas formas de provocar un tsunami económico con cuatro olas y tres callaos.
Pero, independientemente del presunto cambalache en sí, y aún imaginando mucho mucho que el contenido de estas pesquisas de la fiscal y la policía tuviesen la misma inconsistencia que el peito del pájaro apupú, el acontecimiento ha revelado un problema casi aún más grave si cabe que el supuesto atraco a las arcas públicas, en un verdadero trasunto que deja la articulación de la sociedad tinerfeña, y desde aquí un afectuoso saludo, a las postrimerías del XVIII cuando las primeras publicaciones contrarias al criterio del poder establecido eran castigadas con el repertorio más duro de la ley por su carácter 'sedicioso'.
Durante siglos, primero panfletos y luego libelos fueron haciéndose un hueco en las gavetas ocultas de los intelectuales franceses hasta que a partir de 1789 empezó a hacerse común, -todavía de aquella manera-, estampar y difundir en papeles el pensamiento puro y la crítica al gremio político, lo que con el tiempo se conocería como cuarto poder: hoy una asombrosa herramienta que actúa de válvula de presión para evitar el desmadre, el cohecho, la prevaricación y la ingesta del caldo de papas en el plato ajeno.
Y es por esto que los ciudadanos de Tenerife están sufriendo un retroceso de siglos con el chirriante silencio que mantiene el 90 por ciento de su prensa sobre un lío que, sean culpables o no los protagonistas de este poltergeist urbanístico, es noticia que no puede sustraerse a la opinión pública porque afecta a un alcalde, a un lugar emblemático, a unos empresarios, a una institución financiera y, ahora vemos, a unos medios que se están saltando esa ineludible responsabilidad, clave para la articulación de cualquier democracia de mínimos.
* La Provincia - Opinión - 28-01-2008
Gecen denuncia ante la Fiscalía el desarrollo del PAI Sant Gregori de Burriana
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LEVANTE/Castellón* : El grupo ecologista Gecen ha denunciado ante la Fiscalía de Castellón el desarrollo del PAI Sant Gregori de Burriana por la presunta comisión de un delito sobre la ordenación del territorio y un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, según informaron en un comunicado fuentes de dicha asociación.
Los hechos, según la denuncia, se están cometiendo o tienen previsto cometerse en breve en la zona ocupada por el PAI Sant Gregori, en el término municipal de Buriana. La denuncia se dirige contra quien resulte ser el promotor o ejecute cualquier actuación sobre la zona húmeda y contra aquellos que ostenten responsabilidades en competencias urbanísticas (Ayuntamiento de Burriana, Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Ministerio de Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica del Júcar y Costas)).
Gecen señala que en dicho PAI fue encontrada una población de galápago europeo a raíz de una denuncia cuando se enteró la Conselleria y la promotora, "y la solución fue no respetar el hábitat de la población de , que no es otro que un humedal litoral".
Según los ecologistas, "la solución elegida fue crear una charca artificial en un rincón del PAI que no moleste, es decir, eliminar una amplia zona húmeda natural y crear una especie de reserva-zoo artificial como forma burda de salir del paso, eso sí, con el beneplácito fiel de la Conselleria de Medio Ambiente, que nunca falla".
La asociación indicó que la sostenibilidad "implica el reconocimiento de límites que el Ayuntamiento de Burriana rechaza", por lo que demanda soluciones medioambientales "aceptables" para "proteger el litoral y la zona húmeda afectada por el PAI".
En su opinión, "la costa semivirgen que aún conserva una parte sustancial del término de Burriana se queda con 0 metros cuadrados para uso mediambiental (espacio natural protegido) tras el insostenible planeamiento urbanístico del Ayuntamiento".
De hecho -dijo- "pretenden urbanizar 30,36 hectáreas de la ZEPA y LIC del espacio natural protegido de la Desembocadura del Mijares, es decir, no urbanizan todo el litoral no protegido bajo alguna figura legal de protección específica (que sí genérica como los humedales), sino que desclasifican suelo estrictamente protegido para urbanizarlo".
* Levante-EMV - EUROPA PRESS - 30 de enero de 2008
Foto: Burriana (Castellón), playa - mma.es
Unos 3.000 vecinos de Sagunto piden estudiar todas las opciones para el Teatro
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PANORAMAACTUAL/Valencia* : Unos 3.000 vecinos de Sagunto se concentraron ante la sede del Ayuntamiento para exigir a la Generalitat que contemplen todas las opciones para "minimizar los daños" que podría causar en el Teatro Romano la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la reversión de las obras de rehabilitación en el plazo de 18 meses. Los asistentes reclamaron así que se "estudien todas las alternativas legales que existen antes de proceder a la demolición, porque si se da esta posibilidad cumplir la sentencia será hundir el pueblo".
Durante el acto de protesta, convocado por la agrupación Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí y que se desarrolló desde las 19.00 horas, se hizo lectura del manifiesto redactado por esta entidad en el que se rechaza "enérgicamente que las obras de rehabilitación del teatro se derriben porque esta actuación, dado su traumático impacto urbanístico, romperá el desarrollo urbano, turístico, cultural, artístico, social y económico del pueblo".
Por ello, los asistentes reclamaron al Gobierno valenciano que, desde el respeto a la sentencia de Alto Tribunal, se analicen las posibles salidas para ejercer el menor daño a este bien patrimonial. Entre otras cosas, recordaron, "se pondría en peligro la consolidación del Festival Sagunt a Escena y tantos otros acontecimientos culturales -como por ejemplo el Festival Grecolatino dentro de la Semana de Cultura Clásica- que nos resultan esenciales para la promoción turística de la ciudad".
Por ello, estos vecinos apostaron porque el teatro romano "continúe siendo un teatro y tenga un uso funcional en su dimensión educativa y cultural para que lo disfruten saguntinos y visitantes". "Que sea un monumento vivo y no un monumento muerto", sentencia el manifiesto.
En esta línea, el colectivo pide a la Generalitat "que el dinero que costaría una hipotética demolición se invierta en proyectos de presente y futuro ligados a la revitalización económica y cultural de Sagunt".
Presión
La presidenta del Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí, Concha Cardo, insistió en que el fin de al concentración es "ejercer presión social para que la sentencia haga el menor daño posible al edificio", algo que produce "miedo" entre la población, reconoció.
Cardo subrayó justificó la protesta en que "hasta ahora el pueblo de Sagunt nunca ha dicho nada y ya es el momento de que diga algo porque todas las repercusiones, sobre todo las negativas, van a venir a Sagunt no a otra parte", argumentó.
La responsable de la plataforma ciudadana sostuvo que su intención es la de congregar "el mayor consenso posible de todos los ciudadanos" por lo que calificó el manifiesto de "integrador porque no se busca demonizar a nadie ni que haya ni vencedores ni vencidos", aseveró.
Cardo instó a la Generalitat a "sentarse" con el Ayuntamiento de Sagunt y el autor del recurso contra las obras de rehabilitación de Grassi y Portaceli, Juan Marco Molines, para "negociar la ejecución y que se haga el menor daño posible", insistió.
* Panorama-Actual - 29/01/2008
Foto: Sagunto (Valencia), teatro romano reformado - 20minutos.es
NOTICIA RELACIONADA: El mundo de la cultura contra la demolición del Teatro Romano de Sagunto - TERRA - 30-01-2008
Marbella: La Fiscalía indaga la falta de derribos
ELPAÍS/Málaga* : La alegría del gobierno de Marbella al ver que los tribunales parecían apoyar su decisión de aplazar la ejecución de sentencias, y como consecuencia los derribos de construcciones ilegales, hasta la aprobación del nuevo Plan Urbanístico se empañó ayer. La Fiscalía de Málaga investiga si el Ayuntamiento ha prevaricado al no ejecutar cuatro sentencias firmes que anulaban licencias de obras.
Las diligencias se han abierto a raíz de una denuncia contra la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) que la abogada Inmaculada Gálvez presentó en diciembre como representante de la comunidad de propietarios de la urbanización Los Monteros en la que se comunica una presunta falta de actuación por parte del Consistorio. "Consta que no se ha realizado actuación alguna para ejecutar la sentencia, siendo competencia exclusiva de la alcaldesa", recoge el escrito. Entre las sentencias a las que se refiere se incluye un recurso sobre la casa del actor Antonio Banderas.
Gálvez denunció que pese a que la ejecución de la sentencia es un derecho fundamental de las partes y la administración está obligada a colaborar, el Ayuntamiento marbellí no ha contestado a los requerimientos ni ha realizado "actuación alguna" para ejecutar dichas sentencias. La letrada considera que puede tratarse de un delito de prevariación.
En una ampliación de la denuncia Gálvez añade que "existe una nota interna suscrita por la alcaldesa, así como por la concejal de Urbanismo, Alba Echevarría, dando instrucciones para que se paralicen los expedientes de ejecución de sentencia" sin que se haya seguido el procedimiento establecido por ley.
"No se trata de una decisión aleatoria, sino que es algo muy meditado", señaló. Echevarría, quien añadió que la no ejecución de sentencias se trata de un criterio "permanente, constante y continuo" y que sólo piden un poco de tiempo para devolver el orden a Marbella.
* ELPAIS.com - J. V. - Marbella - 30/01/2008
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
Ávila: La macrourbanización del Campo Azálvaro, en la vía penal
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ÁVILADIGITAL* : Las obras de la macrourbanización ‘El Castillo’ que promueve Lagos SA con el apoyo del Ayuntamiento de Santa María del Cubillo en el Campo Azálvaro, en las inmediaciones del embalse de Serones, han llegado ya a la vía penal.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila, a petición del fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Juan Miguel Gómez Cortés, ha citado a declarar a diez personas, entre ellas el representante legal de la promotora, que tendrá que comparecer como imputado el día 17 de marzo a las 10 horas, por las obras “ilegales” ejecutadas en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) durante el verano.
Como testigos declararán también, ese mismo día, los tres guardias civiles del Seprona que llevaron a cabo las investigaciones sobre las obras ejecutadas en agosto de 2007 en la urbanización y dos agentes de la Policía Local. Y el día 19 de marzo, la secretaria del Ayuntamiento de Santa María del Cubillo, Mª Carmen Fernández Ballesteros; el secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo, Francisco Javier Machado Sánchez; y el vocal de la Ponencia Técnica, Javier Melgosa.
Obras “ilegales”
Fue el 3 de agosto de 2007 cuando la asociación ecologista Centaurea y Comisiones Obreras denunciaron ante el Seprona el inicio de obras ilegales de esta macrourbanización. Previamente, según explican, “se pudo comprobar y documentar que en plena temporada de incendios y de cría y concentración de la cigüeña negra, diversa maquinaria pesada trabajaba realizando las calles de la urbanización”, entre otras tareas.
Estos trabajos, como se detalla en el atestado, fueron ejecutados por la empresa Castillo y Cía por encargo de Lagos SA, “con el fin de llevar a cabo la acometida de la red eléctrica, abastecimiento de agua, red de saneamiento y la pavimentación de las calles de la urbanización”.
Tanto Centaurea como CCOO ya denunciaron entonces que las urbanizaciones que la empresa y el Ayuntamiento de Santa María del Cubillo pretenden levantar en el Campo Azálvaro “no son legales”, dado que no están aprobados los correspondientes planes parciales. Así consta, según explican, en un informe de noviembre de 2002 de la Dirección General de la Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento, en el que se destacaba que los planes parciales de Cantos Altos, La Lancha y El Castillo no estaban aprobados porque no existía el Plan Especial de Saneamiento.
Es, de hecho, el Plan de Saneamiento de Aguas Pluviales el que ha sido anulado recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, adoptando medidas cautelares para impedir que siguiera adelante el proyecto urbanístico.
De forma paralela, el juez ha admitido otras diligencias solicitadas por Centaurea para pedir documentos al Ayuntamiento de Santa María del Cubillo, la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, la Dirección General de Urbanismo y Política del Suelo de la Consejería de Fomento y al equipo del Seprona que realizó el atestado.
Más de 2.000 viviendas junto al embalse de Serones
A juicio de Centaurea y CCOO, las obras que se ejecutaron durante el pasado verano son el “intento de reactivación del proyecto de construir más de 2.000 viviendas unifamiliares junto a los límites del embalse de Serones, que es vital para el abastecimiento de capital abulense”.
Consideran, en este sentido, que “se pretende sacar adelante el proyecto con la coartada de haber sido aprobado por el Ayuntamiento de Santa María del Cubillo hace más de 20 años”, aunque no cuenta con la autorización de la Comisión Territorial de Urbanismo.
Cabe destacar también que ambas organizaciones han iniciado una campaña para que Campo Azálvaro sea declarado Paisaje Protegido y que el Ayuntamiento de Ávila ha aprobado también instar a la Junta a que proteja esta zona.
* Ávila Digital - María Cuenca - 29/01/2008
Foto: Obras para abrir las calles de la urbanización en Campo Azálvaro, este verano - aviladigital.com
