ELPAÍS* : La costa canaria está salpicada de vertidos incontrolados, hoteles y casas en dominio público y proyectos urbanísticos sin planificación. Así lo revela el plan del Ministerio de Medio Ambiente para recuperar el litoral español, que propone derribos y compras masivas de terreno para salvarlo. Canarias, de paraíso natural a pasto del ladrillo. La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa elaborada por el Ministerio destaca que en muchos tramos de los más de 1.500 kilómetros de litoral canario la presión urbanística supera la capacidad para albergar turistas, algo que conduce a la masificación.
GRAN CANARIA: "Continua artificialización"
En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el plan del Gobierno propone adquirir el suelo rústico de El Rincón y prohibir edificaciones de más de dos plantas en los 5.200 metros de ensanche del litoral de la capital.
Las dunas de Maspalomas, uno de los grandes tesoros naturales del Archipiélago, están "seriamente amenazadas" por la presión urbanística, el tránsito de visitantes, la destrucción de vegetación, los incendios y la invasión de especies foráneas.
Más al sur, el informe critica la "continua artificialización" del litoral de uso turístico, en una zona que "no soporta" más presión urbanística. Y lo resume en una frase: "La intensidad de la demanda de usuarios es mucho mayor que la capacidad de uso y disfrute del litoral".
En algunos puntos al sur de la isla, el litoral se considera "irreversiblemente erosionado", como en Puerto Rico y Tauro. Peor, mucho peor, ha sido la actuación de los residentes con su territorio, con numerosos vertidos de aguas residuales. En Telde hay rocas manchadas y cuatro zonas de vertidos directos; en el Barranco de Guiniguada hay 17 focos de residuos urbanos incontrolados, y el puerto afecta al mar con vertidos muy contaminantes. El paisaje marino de las islas de Las Palmas se ha visto invadido de decenas de jaulas de acuicultura. Medio Ambiente sugiere realizar un estudio del impacto de la presencia de estas industrias a menos de 1.000 metros de la playa, y en la costa de Telde recomienda no aumentar el número de explotaciones.
FUERTEVENTURA: Derribo de hoteles
En Fuerteventura, Medio Ambiente propone una compra masiva de terrenos para salvarlos de la especulación, como en la costa noreste, fuertemente presionada por la industria turística y de uso residencial. En esta isla propone revisar las concesiones de chiringuitos en dominio público, derribar el embarcadero de El Muellito, eliminar casas y casetas en Morro de Potala, Casas de las Salinas, Cueva Negra y Morro Jable, y demoler las obras que ocupan el dominio público en Playa de Tarajalejo, Gran Tarajal, Cala de Las Playas y Jacomar y rescatar las concesiones en playa de La Oliva.
La península de Jandía (conocida turísticamente por sus kilométricas playas de arena rubia y mar esmeralda) se encuentran los hábitats naturales más importantes de la isla. Sin embargo, el uso turístico ha provocado la huida de la numerosa avifauna. Como ejemplo, el hotel que se construye en Caleta de Guirra está a 20 metros de la orilla y el Parador Nacional de Puerto del Rosario está en mitad de ella.
En el sur, con apenas 15.000 habitantes, hay 19.000 plazas hoteleras, y el diagnóstico advierte del alto grado de urbanización de la costa "con excesiva ocupación de la fachada marítima". El desarrollo turístico de Costa Calma supone un freno al transporte de sedimentos a las playas.
Sin embargo, el informe reconoce que las playas con alta capacidad de acogida están aún sin colapsar, pero advierte de que falta de previsión de infraestructuras "para el ritmo de crecimiento urbanístico relacionado con el turismo". Y concluye: "Es importante tener en cuenta la escasez de agua en la isla a la hora de realizar este tipo de desarrollos urbanísticos", como hoteles de lujo, apartamentos con piscinas, campos de golf...
El Parque Natural de las Dunas de Corralejo está sometido a una presión "que pone en peligro su conservación", ya que algunas zonas demuestran una erosión "preocupante". Hoteles como el Oliva Beach se encuentran enclavados en mitad de este parque.
LANZAROTE: "Voraz desarrollo"
El informe también destaca "la sensibilidad con la que la obra humana se ha acomodado al medio" en Lanzarote, a pesar de detectar una creciente "amenaza de masificación", edificaciones próximas a la costa, pérdida de arena y el colapso de la capacidad de acogida de playas.
Medio Ambiente propone demoler los hoteles Papagayo Arena y Las Costas, recuperar zonas de tránsito ocupadas por los hoteles Los Fariones y Sol Meliá y el desmantelamiento del embarcadero de Pedro Barba (isla de La Graciosa).
El informe advierte del "voraz desarrollo turístico" que se cierne sobre el monumento natural de Los Ajaches y denuncia el "desarrollismo salvaje" de Teguise, donde coinciden "ocupación de dominio público, urbanización en playas, invasión de dunas y deterioro paulatino de todo el litoral". Se propone eliminar edificaciones en La Humosa, las salinas de Los Agujeros y entre ésta y la urbanización Los Cocoteros, las que se concentran en el tramo de costa de Los Barranquillos, en el Charco de Palo, Las Piteras y una docena de áreas más.
TENERIFE: Alerta en Granadilla
Además de sus conocidos paisajes, la costa de Tenerife está plagada de vertidos contaminantes, construcciones en dominio público, contaminación producida por la refinería, puertos, aeropuertos, zonas urbanas, industria turística y acuicultura. Y una parte de su ecosistema está amenazada por la construcción de nuevas infraestructuras, como el puerto industrial de Granadilla. Medio Ambiente ya ha autorizado el proyecto y ahora la estrategia lo define como "la actuación de mayor impacto territorial acometida en el sur desde la construcción del aeropuerto", en 1978. El informe advierte de que este puerto "reduciría el aporte sedimentario a la costa de El Médano", la única playa natural del sur de la isla, ya que el resto han sido construidas, y se convertirá en un motor económico "una vez agotada la línea de costa disponible" para el turismo.
Otro de los asuntos estrella en la isla es el caso Teresitas. El alcalde de la capital Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (de Coalición Canaria), y 11 personas más entre políticos, funcionarios y empresarios están imputados en la compra de un terreno para evitar que los legítimos propietarios levantaran hoteles, apartamentos y viviendas. La operación, con apoyo de PSOE, PP y CC, costó más de 50 millones de dinero público. Pero la Fiscalía Anticorrupción detectó numerosos fallos en el proceso.
El ministerio sólo alude a esta polémica para calificarlo como "proyecto municipal de alto alcance", sin valorar su conveniencia o no y propone la "ejecución del proyecto de remodelación". Sí advierte que habrá que "revisar" el expediente de concesión que impiden el libre uso y acceso, como también lo propone para el club náutico de Radazul.
Curiosamente, Medio Ambiente propone ahora una fórmula similar a la de Miguel Zerolo para adquirir suelo en riesgo de ser urbanizado y evitar más deterioro del litoral de Tenerife. Así, señala la conveniencia de adquirir 5.970.000 metros cuadrados de terreno costero alrededor de la isla. El informe alerta del "incumplimiento de la normativa sobre la observación de cetáceos", una actividad que al año atrae a más de 700.000 turistas y genera pingües beneficios. Además, los restos de plásticos y artes de pesca que turistas y pescadores abandonan en el mar provocan cortes y muerte de fauna marina, como tortugas y cetáceos.
LA PALMA, LA GOMERA Y EL HIERRO: Aún a salvo
Para La Palma, el informe sobre las costas destapa la oportunidad de ordenar adecuadamente la industria turística en una isla de "naturaleza extraordinaria", tras los ejemplos "nocivos, caóticos o desordenados" de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Aun así, se detectan los males de las otras islas, como vertidos, y propone la demolición de al menos 613 edificaciones, casas, casetas y chabolas diseminadas por la costa.
La Gomera aún tiene un urbanismo e industria turística controlados "pero crecientes". Por último, la isla de El Hierro "no se encuentra especialmente presionada por la actividad humana", a lo que han contribuido su aislamiento y escasa población. El principal problema es la proliferación de edificaciones dispersas, en numerosas ocasiones como segunda residencia, y los vertidos de puertos y barcos.
* ELPAIS.com - JUAN MANUEL PARDELLAS - Santa Cruz de Tenerife - 12/11/2007
Foto: Tenerife, suelo artificial 2000-2006 - Dir.Ord.Paisaje
Canarias: El paraíso... del cemento
'La Manga se hundirá en 50 años por el cambio climático'
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GREENPEACE/Photoclima* ---------- LAVERDAD/Murcia*
¿Es posible que La Manga del Mar Menor se hunda? La hipótesis que llevan años anunciando algunos científicos expertos en cambio climático era, hasta ahora, una teoría amenazante y recurrente. Pero ver las imágenes de La Manga inundada por el mar, aunque se trate de un montaje fotográfico, parece dar enjundia a la teoría.
Ese impacto es el objetivo que persigue la organización ecologista Greenpeace con la edición del libro Photoclima, y que evidencia con fotomontajes los devastadores efectos que el cambio climático tendrá en distintos parajes de España, según las predicciones de los expertos de la ONU, si no se actúa ya para reducir de manera urgente las emisiones de CO2.
La Manga del Mar Menor ha sido uno de los lugares escogidos por Greenpeace, cuyos expertos tienen claro que, si no cambian las circuntancias, la lengua de tierra quedaría anegada por el mar antes de 2100. Todas las edificaciones, barcos e infraestrcturas se verían inundadas, según las hipótesis de la organización ecologista.
¿Cómo se produciría el proceso? Raquel Montón, La responsable de cambio climático de Greenpeace, explica que la causa del desastre estaría en el cambio climático provocado por el efecto invernadero. «El exceso de calor que provoca la emisión de gases de efecto invernadero es absorbido por la tierra y por el mar, que incrementa su volumen por el aumento de la temeratura, lo que provoca que el nivel del mar suba. Además el deshielo de las masas heladas contribuye a elevar aún más el nivel del mar».
Las previsiones que han realizado los expertos dejan un margen escaso de reacción. «Con las condiciones y características actuales, el nivel del mar subirá medio metro entre 2050 y 2100». Esa elevación del nivel del mar provocaría el hundimiento de 20 kilómetros de tierra, y teniendo en cuenta que la lengua de tierra de La Manga ocupa 24 kilómetros de extensión, poco quedaría a flote.
Los responsables de Greenpeace insistieron ayer en que, con el libro, no pretenden mostrar «las imágenes del futuro, sino de lo que se puede evitar. Hemos utilizado las fotografías porque las explicaciones científicas son a veces difíciles de ver, y está claro que una imagen vale más que mil palabras».
Photoclima se articula en torno a seis temas: los ríos, la agricultura, las montañas, el mar, los bosques y las personas más vulnerables y con menor responsabilidad ante el cambio climático, representadas en los inmigrantes que llegan a España porque no tienen recursos para sobrevivir en África. Para ilustrar el capítulo del mar, Greenpeace ha excogido La Manga del Mar Menor por considerlo «un paraje emblemático por sus condiciones naturales, su edificación y sus recursos turísticos».
No sólo La Manga desaparecerá por el cambio climático. ¿Se secará el Ebro a su paso por Zaragoza?, ¿puede desaparecer la fauna marina del fondo de las islas Cíes?, ¿las plagas arrasarán los naranjos de Valencia?, ¿desaparecerá el glaciar pirenaico de Monte Perdido? o ¿pueden arrasar las llamas el Parque Natural de los Alcornocales, en Cádiz? Son otros de los efectos que se plantean en el libro y que el efecto nvernadero puede producir en España en las próximas décadas, según Greenpeace, y que demuestran la urgencia de reducir «drásticamente» las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que se hagan realidad.
Aunque las imágenes que ilustran el libro son poco menos que apocalípticas, Greenpeace insiste en mandar un mensaje positivo: «Aún estamos a tiempo de evitarlo con energías renovables».
* La Verdad - F. CARRERES - Murcia 11 noviembre 2007
Foto: La Manga, bajo el mar. El aumento del nivel del mar se ha querido representar en la Manga del Mar Menor, Murcia. Una panorámica repleta de edificios de apartamentos, piscinas, campo de golf y puerto deportivo. Todo desaparece bajo las aguas del Mediterráneo, en un hipotético futuro en que las amenazas se cumplen - Pedro Armestre y Mario Gómez / greenpeace.org
* Noticia relacionada: Greenpeace muestra en el libro Photoclima la transformación que sufrirá España si no se actúa contra el cambio climático - GREENPEACE, 09 noviembre 2007
Vecinos de Getafe protagonizan una pitada para denunciar la especulación urbanística
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EFE/Madrid* : Un centenar de vecinos de Getafe se manifestaron hoy, con una pitada, en los aledaños del Palacio Municipal de Congresos de Madrid, donde se celebra la IX Asamblea de la FEMP que previsiblemente elegirá como presidente al alcalde de Getafe, Pedro Castro, para denunciar la especulación urbanística en este municipio.
Los manifestantes representaban a 1.800 familias que en el 2004 compraron suelo para vivienda protegida, en unos terrenos ubicados en los sectores Los Molinos y Buenavista, a las cooperativas Getafe Capital Sur y Cuna de la aviación española, que posteriormente fueron expropiados y adjudicado por el Ayuntamiento de Getafe 'a dedo' a cooperativas vinculadas al Gobierno municipal, según denunció el portavoz de los cooperativistas, Jorge Ignacio Martín.
Martín informó de que la manifestación no responde a ningún partido político y que los cooperativistas fueron convocados a través de SMS y por el foro que tienen abierto en internet.
Este portavoz consideró que el proceso es ilegal, más cuando se expropian unos terrenos destinados a vivienda protegida para destinarlos al mismo fin pero bajo la tutela de otra cooperativa, afín al Ayuntamiento y a la Empresa Municipal de la Vivienda.
Los manifestantes portaban carteles con la fotografía del alcalde socialista, Pedro Castro, tachada con una equis roja y con el lema 'Señores alcaldes. ¡No le voten!. Chorizo'.
El portavoz de los cooperativistas informó de que las familias afectadas habían pagado ya cantidades a cuenta a su cooperativa y alegaron que en mayo de este año, antes de las elecciones municipales, el Ayuntamiento se había comprometido a encontrar una fórmula jurídica y legal para dar respuesta a la demanda social de la cooperativa.
Sin embargo, dijo este portavoz, han pasado ya casi seis meses y el Ayuntamiento no ha cumplido su compromiso y, además, 'se ha reafirmado en su intención urbanizando un terreno, que es nuestro; al objeto de que el actual adjudicatario, afín al Ayuntamiento, comience a construir'.
Por su parte, el Ayuntamiento de Getafe, en una nota de prensa, informó de que estos terrenos estaban ya expropiados cuando las cooperativas Getafe Capital Sur y Cuna de la Aviación Civil vendieron los terrenos a los cooperativistas afectados.
Así, el Ayuntamiento considera que todos los socios de cooperativas de vivienda tiene derecho a causar baja voluntaria y a exigir el reembolso de las cantidades entregadas, mediante preaviso y en el plazo fijado por sus estatutos.
* Terra - 11-11-2007
Foto: Getafe (Madrid), ayuntamiento - wikipedia.org
Alcaldes valencianos prevén urbanizar 130 millones de metros
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ELPAÍS* : "Hay crisis, pero a mí no me tocará". Este parece ser el pensamiento de muchos de los ayuntamientos valencianos que tras el paréntesis electoral sacan de los cajones y recuperan algunos de los proyectos urbanísticos pendientes a pesar del generalizado parón inmobiliario. Es el caso de Cullera, Albaida, Burriana, Benimuslem, Llutxent y muchos otros. Para la Asociación de Promotores Inmobiliarios no sólo no sobra nada sino que prevé que hasta 2013 se edifiquen 25.000 residencias anuales en la Comunidad Valenciana. Sobre la mesa de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda hay en estos momentos 175 proyectos presentados entre 2001 y 2007, que, de aprobarse, supondría la reclasificación de 130 millones de metros cuadrados de suelo rústico.
El Ayuntamiento de Albaida acaba de retomar el PAI dels Barranquets. En unas semanas, el gobierno local, que ejerce el PP con mayoría absoluta, ultima las condiciones para la adjudicación del proyecto, que incluye la reclasificación de 2,1 millones de metros cuadrados de suelo rústico, la edificación de 2.500 chalés a siete kilómetros del casco urbano y un campo de golf. Los candidatos a la urbanización deberán construir un auditorio de música municipal y repavimentar el circuito de velocidad de la población, entre otros requisitos. El consistorio de Cullera ha sacado adelante hace dos semanas, con su aprobación provisional, el concierto previo con los PAI de Marenyet y Brosquil, con la reclasificación de 10 millones de metros junto a la desembocadura del Júcar, 13.000 nuevas casas, una marina deportiva y campos de golf. El equipo de gobierno de Burriana ya ha anunciado que sacará adelante el PAI Santa Bárbara (5.000 viviendas, campos de golf y puerto deportivo) en cuanto se apruebe el concierto previo solicitado. L'Atzúvia, que aprobó antes de elecciones tres nuevos PAI y la construcción de 2.000 nuevas viviendas según las normas subsidiarias de 1981 -acción reprobada por la Síndicatura de Greuges-, redactará finalmente un PGOU para dar refuerzo legal a los nuevos proyectos. Favara es otro de los ayuntamientos activos. En estos momentos se tramitan tres PAI y acaba de presentarse al consistorio un cuarto. "Ahora en lugar de presentar los PAI directamente, los consistorios están recurriendo a los conciertos previos para dar salida a sus proyectos urbanísticos. Pero eso no significa que se vayan a revisar los PGOU", advierte un dirigente de la plataforma Abusos Urbanísticos No. En la consejería de García Antón hacen cola 175 expedientes para la reclasificación de suelo rústico en urbanizable, según la información facilitada por este departamento al diputado socialista Francesc Signes. Son expedientes aprobados de forma provisional por los ayuntamientos entre los años 2001 y 2007 y afectan a una superficie, a fecha del 28 de septiembre de este año, de 129.690.054 metros. Sólo 24 de estos proyectos serían ejecutados directamente por los ayuntamientos. El resto correrían a cargo de promotores privados. Todos están a la espera de su aprobación definitiva en las comisiones territoriales de Urbanismo.
La Asociación de Promotores Inmobiliarios no comparte los pronósticos agoreros a pesar de la caída de viviendas visadas y están convencidos de que hay demanda para rato. Hace unos días presentaban un estudio donde prevén la construcción de 25.000 segundas residencias anuales en la Comunidad Valenciana. Los empresarios citaban otro informe sobre vivienda vacacional, elaborado por el Grupo i, que asegura que las promociones inmobiliarias en altura destinadas a segunda residencia han comercializado en 20 meses las dos terceras partes de las viviendas desarrolladas. Las viviendas unifamiliares se venden antes incluso. Los compradores son en un 76% de los casos españoles, mientras sólo el 3,38% son extranjeros no residentes. De los españoles, la mayoría de compradores, son valencianos.
Ausencia de infracciones
Pese a la intensa actividad inmobiliaria de estos años, el Consell no ha iniciado expedientes sancionadores al amparo del artículo 255 de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), en vigor desde 2006. Este artículo regula las infracciones graves y muy graves en la ordenación urbanística, entre las que se encuentran la edificación ilegal en zonas verdes, parcelaciones ilegales, exceso de volumetría, etcétera. Según la Generalitat, en respuesta a varias preguntas parlamentarias solicitadas por el socialista Francesc Signes, los casos vistos por la consejería están en fase previa de restauración de la legalidad y todavía no se han impuesto sanciones. En cuanto al conocido en su día como programa del metro por metro, éste se ha aplicado en cinco municipios, donde a cambio de la reclasificación de 3,4 millones de metros cuadrados de suelo rústico, se han cedido 3,1 millones de metros de terreno protegido. Carcaixent, Riba-roja, Serra, Tavernes Blanques y Sant Mateu son los municipios afectados. En la mayoría de los casos han sido los ayuntamientos, como urbanizadores directos, los que han realizado la cesión. En el caso de Riba-roja ha sido la sociedad Litoral del Este, que promueve Porxinos, y en el de Serra, la firma Sierras de Serra. A la vista de estos datos, Signes acusó al Consell del PP de "alentar" entre 2003 y 2005 "una barbaridad de PAI con mucha masa de suelo afectada", y lamentó que no cumpla sus propias leyes, dado que tampoco se ha liquidado las llamadas cuotas de sostenibilidad ni dotado el Fondo de Equidad Territorial, instrumentos previstos en la LUV para que los ayuntamientos con crecimientos urbanísticos intensos paguen estos excesos.
* ELPAIS.com - CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 11/11/2007
Foto: Cullera (Valencia), terrenos recalificados desembocadura Júcar - J.Císcar (El País)
Las Palmas: El cemento engulle la ciudad alta
LAPROVINCIA* : En 20 años, el paisaje del municipio de Las Palmas de Gran Canaria ha cambiado de forma drástica. Nada tienen que ver las afueras de entonces, puro campo y espacio libre, con los barrios actuales de dúplex y pisos promocionados como de alto standing. El cemento ha cambiado el horizonte y lo ha hecho especialmente en Ciudad Alta. Menos de 15 años han pasado desde que se desató la fiebre edificatoria en la Ciudad Alta y Tamaraceite, dando lugar a un crecimiento tan desmesurado y tan acelerado que ha dejado irreconocibles territorios como Siete Palmas, Las Torres, La Minilla.
Lo que en 1987 era puro campo y laderas salpicados por alguna que otra casa o por pequeños barrios como Lomo Los Frailes o Almatriche, aparece hoy colmatado de viviendas, cemento y asfalto, un paisaje que se ha vuelto absolutamente irreconocible para alguien que llegue a la ciudad después de haber estado fuera en los últimos 20 años. Son los nuevos centros urbanos del municipio y han protagonizado, casi en exclusiva, el crecimiento de la ciudad, que ha elegido este territorio -tampoco tiene otro- para expandirse.
En la Ciudad Alta, la edificación ha comenzado a frenarse, pero en Tamaraceite, cuya población se dobló en menos de diez años, se preparan para una nueva oleada de viviendas. Los planes municipales prevén la construcción de 3.900 nuevas viviendas, de las cuales 2.570 forman parte del plan de Tamaraceite-Sur. El pequeño centro comercial que se construirá en la zona amenaza con incrementar con 10.000 vehículos diarios más la circunvalación.
La comparación de las imágenes aéreas realizadas por la empresa cartográfica de Canarias (Grafcan) de zonas como Siete Palmas, Tamaraceite y La Minilla tomadas en los últimos veinte años reflejan el desaforado crecimiento que han soportado estos territorios. De hecho, en apenas diez años surgieron de la nada barrios enteros como Siete Palmas, donde se han edificado más de 4.000 casas -en las que residen unas 15.000 personas- o La Minilla, que supera ya los 3.500 residentes.
La edificación en los últimos doce años ha crecido en la capital grancanaria a un ritmo de unos 5.000 inmuebles por año, la inmesa mayoría de los cuales han surgido en Siete Palmas, Las Torres, La Minilla y Tamaraceite. El consumo de suelo ha sido frenético y, además, expansivo. No hay más que mirar cómo han crecido como la espuma los dúplex en barrios como Lomo Los Frailes, Ciudad del Campo, Hoya Andrea y La Galera. Laderas enteras han sido colonizadas por casas de dos plantas.
El crecimiento de estas zonas ha estado presidido por una absoluta falta de planificación, lo que ha provocado que las vías se hayan quedado pequeñas para absorber el tráfico de la gente del lugar y de la que llega atraída por los centros comerciales de zonas como Siete Palmas y del Estadio de Gran Canaria.
Guaguas Municipales ha sido incapaz de adaptar sus servicios a estos nuevos centros urbanos, lo que a su vez genera una mayor dependencia del coche particular.
EQUIPAMIENTOS. Los residentes se quejan además de la falta de equipamientos. Sólo dos grandes parques (Juan Pablo II y La Mayordomía, aún sin terminar) son insuficientes para tanta población. Apenas hay zonas verdes, los colegios se han quedado pequeños y los centros de salud están colapsados. El de Tamaraceite, por ejemplo, ha doblado su número de usuarios en sólo diez años.
* La Provincia - T.G. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 11 de noviembre de 2007
Foto: Vista aérea de La Minilla - laprovincia.es
2.500 vecinos de Alcorcón se manifiestan para conservar el Parque de los Castillos
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EFE/Madrid* : Alrededor de 2.500 vecinos se manifestaron en Alcorcón para pedir al Ayuntamiento de la localidad, gobernado por PSOE e IU, que no construya el Centro de Creación de las Artes (CREAA) en un parque público, tal y como tiene previsto. Asociaciones vecinales, Ecologistas en Acción, Los Verdes y el Partido Popular de Alcorcón formaronla plataforma "Salvemos el Parque de los Castillos" que se opone a la ubicación de este centro artístico, que contará con nueve edificios, zonas comerciales y un aparcamiento, en una zona verde.
Los vecinos recorrieron la avenida de Los Castillos con pancartas en las que se podía leer: "Parque sí, CREAA no", "No más hormigón en nuestro Alcorcón" o "Alcalde, el parque es de todos, no lo destruyas".
Pidieron al consistorio el traslado de este proyecto a otro punto de Alcorcón porque, a su juicio, supondrá un "desastre medioambiental" y un "atentado ecológico" construir nueve edificios en el "parque más emblemático de Alcorcón".
Así piensan los vecinos que este domingo se manifestaron, que consideran que esta construcción, además de la destrucción de un área verde, supondrá el incremento de la contaminación acústica y atmosférica y el colapso circulatorio de la zona.
Escuchar a los ciudadanos
El portavoz de Los Verdes de Alcorcón, Juan Carlos Martínez, manifestó que la plataforma "en ningún caso está en contra de crear un centro artístico en Alcorcón, pero sí de que la localización sea en un parque ya consolidado que disfrutan miles de familias".
Desde esta organización ecologista critican además al alcalde, el socialista Enrique Cascallana, porque "no atiende a los vecinos" y porque "los está provocando diciendo que el inicio de las obras es inminente".
El portavoz del PP, Fernando Díaz, pidió también al regidor que sitúe este centro en otro punto de Alcorcón y que "deje de escudarse en que ha ganado las elecciones para construir un centro que rechazan los ciudadanos".
La mayoría de los vecinos dicen que apoyarían el proyecto cultural en otra zona de Alcorcón, aunque otros también han criticado que el Ayuntamiento se gaste 180 millones de euros en un centro artístico, "cuando los ciudadanos tenemos otras necesidades bastante más urgentes", señalaron algunos de los manifestantes.
Auditorio, escuelas y circo
El proyecto del CREAA incluye la construcción de espacios para la producción y difusión artística, un circo estable, un auditorio y escuelas municipales, además de salas para exposiciones y un centro de congresos.
La concejala de Cultura de Alcorcón, Tatiana Ercolanese, aseguró que tras la construcción del CREAA en el Parque de los Castillos, la superficie de arbolado se habrá triplicado y que la superficie para el disfrute de los vecinos al aire libre será del 87% del espacio.
"No vamos a destruir ningún parque", señaló Ercolanese, para quien el CREAA será una de las dotaciones culturales más importantes de la Comunidad de Madrid.
* Madridiario - 11-11-2007
Foto: madridiario.es
Huelva: Viviendas ilegales junto a las olas
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ELPAÍS* : El urbanismo salvaje ya manda en Huelva y el Guadiana, pero, incluso así, la costa onubense aún queda lejos del enladrillado que ciega el litoral español. El empeño de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa es parar urbanizaciones antes de que se construyan, ofreciendo suelo a los promotores tierra adentro. La fiebre urbanizadora que ha asolado el litoral español ha sido en la costa de Huelva más lenta y ha dejado un paisaje algo menos denso que en el resto de Andalucía. Pero el crecimiento entre 1991 y 2002 ha sido imparable, pues el número de viviendas cerca de las playas ha aumentado un 60%, según denuncia Greenpeace en su informe Destrucción a toda costa 2007.
Huelva ha conocido una construcción que tiende no tanto a los edificios en altura, sino a ocupar grandes bolsas de terreno para adosados y viviendas unifamiliares enclavados, a veces, en la misma arena de la playa. No obstante, también existen buenas muestras del modelo urbanizador tradicional de edificios de apartamentos, como en Isla Canela, El Portil o Matalascañas.
Isla Canela, en Ayamonte, se empezó a elevar en la década de los 60 junto a la frontera con Portugal y tiene planes de seguir creciendo. Su proyecto turístico, que llega hasta la Punta del Moral, albergará en un futuro 43.351 nuevas plazas turísticas, un campo de golf y un puerto deportivo en 600 hectáreas, como alerta Greenpeace.
Isla Canela es uno de los lugares de la provincia donde el Gobierno va a tener que emplearse a fondo para reparar la situación, como apunta la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, encargada por el Ministerio de Medio Ambiente y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El Gobierno quiere eliminar las edificaciones en zona de servidumbre (inmediatamente pegada a la playa) que tras una revisión de un deslinde en 1996 han quedado dentro de la zona protegida. Además, prevé ampliar el área de servidumbre pública a 100 metros "en aquellas parcelas en las que todavía no hayan sido iniciadas las obras de urbanización, por lo que esta ampliación puede estar plenamente justificada", según el documento.
El Gobierno también prevé revisar el Plan Parcial del enclave, sobre todo en las zonas contiguas a la marisma. El objetivo es "reducir o eliminar la edificabilidad de las parcelas situadas frente a la marisma, en las que todavía no han comenzado las obras de urbanización". Lo mismo se quiere hacer en la playa de Isla Canela, justo en los terrenos donde todavía no ha comenzado la construcción.
"Ya es tarde", sentencia Iñaki Olano, portavoz de Ecologistas en Acción en Ayamonte: "En la playa de Isla Canela queda poquísimo espacio sin construir". Para Olano, las acciones que se van a tomar en la costa onubense, aunque sean positivas, llegan con retraso. "Esto demuestra que durante mucho tiempo los ayuntamientos y la Junta de Andalucía no han aplicado la ley, sino que, o han mirado a otra parte o han toreado la ley para que todas estas obras se pudieran realizar".
Volando hacia La Antilla, en Lepe, al este, se encuentran bloques de apartamentos en segunda y tercera línea de playa, precedidos de un frente de viviendas unifamiliares clavadas, muchas veces, a pocos metros de donde rompen las olas. Estas últimas pueden tener sus días contados. La liberación de la zona de servidumbre de La Antilla contempla la "expropiación de las edificaciones" en esta área, así como de las casas con derechos reconocidos incluidas en el dominio público (la playa). Además, la Estrategia contempla la "eliminación de las ilegales" dentro de este dominio.
Un poco más hacia Levante, se elevan tres núcleos contiguos de gran proyección turística: El Rompido (Cartaya), El Portil, en Punta Umbría, y la propia Punta Umbría. En todos se pretende eliminar las edificaciones en dominio público. El Rompido y Punta Umbría presentan sobre todo casitas bajas en primera línea y, en el caso de Punta, bloques altos hacia el interior.
En la marisma del río Tinto, muchísimo más degradada por las industrias del polo Químico, el Gobierno planea una actuación relacionada con las balsas de fosfoyesos, residuos que la fábrica de fertilizantes Fertiberia ha vertido allí desde hace décadas. La concesión terminó en 2003, por lo que el rescate del lugar supondrá el sellado del vertedero y su restauración ambiental.
* ELPAIS.com - M. J. ALBERT - Huelva - 11/11/2007
Foto: Almonte (Huelva), playa Matalascañas - García Cordero (El País)
Imputan al anterior gobierno de Caldas un delito urbanístico
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LAVOZDEGALICIA/Pontevedra* : Los miembros de la anterior junta de gobierno local del Ayuntamiento de Caldas de Reis se sentarán en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra el próximo 28 de enero. Al ex alcalde, el socialista José María Tobío, y a los concejales Juan Manuel Rey -actual regidor de la localidad-, José Blanco, José Lemos y José Fuentes, se les imputa un delito contra la ordenación del territorio por la concesión, en el año 2003, de seis licencias para naves industriales en la zona de As Veigas de Almorzar, en las márgenes de la carretera N-640 que comunica Caldas con Vilagarcía.
La entonces comisión de gobierno otorgó los permisos amparándose en que los terrenos estaban clasificados como suelo apto para urbanizar (SAU) en las normas subsidiarias municipales de 1995, que siguen en vigor. Los políticos adoptaron la decisión a pesar de los informes desfavorables del arquitecto técnico municipal y del asesor jurídico. Fuentes consultadas explicaron que una disposición de la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural establece que el régimen aplicable es el del «suelo urbanizable no delimitado», por lo que no procede otorgar la licencia hasta la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo.
Se da la circunstancia de que cuatro de los cinco miembros de aquella comisión de gobierno forman parte de la actual junta de gobierno local. Varias de las seis naves afectadas tienen en la actualidad actividad empresarial.
Una vez concedidas las licencias, la Dirección Xeral de Urbanismo requirió, en febrero del 2004, al Concello para que las anulara. Como se hizo caso omiso a la exigencia autonómica, Urbanismo acudió a la vía contencioso-administrativa para impugnar los permisos. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Pontevedra, conocida en diciembre del 2005, dio la razón a la Xunta y obligó al regidor a revisar de oficio las licencias.
El proceso penal al que se enfrentan ahora los miembros de la anterior comisión de gobierno trascendió ayer a raíz de una petición de información al actual alcalde, Juan Manuel Rey, cursada por el partido Independentes de Caldas de Reis (ICDR). El próximo martes, los cinco implicados deben comparecer en el Juzgado de Caldas con carácter previo a la vista del 28 de enero.
Esta formación aseguró que estos hechos, que califica de «gravísimos», provocaron la dimisión «por sorpresa» del ex regidor, José María Tobío, en noviembre del 2006, cuando meses antes había confirmado públicamente que se presentaría a la reelección. El único concejal independiente en la actual corporación, Fernando Pérez, hizo hincapié en que ni el proceso penal por las licencias de As Veigas de Almorzar ni otros dos que están en marcha se pueden achacar a ninguna fuerza política, «xa que todos están instados por organismos administrativos ou xudiciais, non por partidos».
Los otros dos asuntos a los que se refiere ICDR tienen que ver con un edificio ilegal ubicado en el número 57 de la calle Real de Caldas y con una petición de voto para el PSOE realizada entre emigrantes argentinos antes del inicio de la campaña electoral del 27 de mayo y que fue pagada con fondos municipales. Por el primer asunto, José María Tobío declaró como imputado el pasado 16 de abril en el Juzgado de Caldas por desobedecer la orden judicial de demolición del inmueble. Su sucesor, Juan Manuel Rey, tendrá que comparecer, también en Caldas, el próximo 28 de noviembre para responder por un supuesto delito electoral.
* La Voz de Galicia - Cristina Barral - 10/11/2007
Foto: Algunas de las naves afectadas tienen actividad empresarial/ La Voz de Galicia
Un desafío democrático a los Ayuntamientos
JORGE BENAVIDES* : En España, particularmente en Andalucía, debido a su situación geográfica y al prestigio de su cultura popular, en estos días no hay aldea, pueblo o ciudad que se escape de la presión financiera interesada en convertir el suelo rústico en urbano y en edificar miles de inmuebles, más de los necesarios. Basta leer la prensa o escuchar con atención la radio. La edificación de 250.000 viviendas en el área metropolitana de Sevilla en los próximos diez años, producirá el colapso de todos los sistemas urbanísticos: infraestructuras, vías, equipamientos, transportes, espacios culturales y ambientales protegidos y de los servicios: seguridad, protección, medio ambiente, salud, educación, etc., que tienen dimensión pública. En esas circunstancias, florecerá la excluyente oferta privada. Diferente a nuestra cultura; como en Estados Unidos.
Por lo pronto, el informe sobre el colapso del transporte, ya lo conoce la Junta. La solución del problema se vislumbra para el año 2020. Pero en los quince años próximos, la situación será peor que la actual. Todas las nuevas viviendas ya estarán terminadas, los usuarios serán 700.000 más y al ritmo vigente, el paisaje y el entorno medioambiental se encontrarán irreversiblemente deteriorados.
Así, la ciudad mediterránea heredada, origen de la política y de lo público cuyo último fin es la calidad de vida (Polis, Aristóteles, felicidad) se diluirá dentro del modelo de la ciudad neoliberal estadounidense que ha logrado consolidar el espacio urbano privado sometiéndose a los requerimientos de la economía lucrativa inmobiliaria (pragmatismo empresarial) antes que a los intereses de sus habitantes (convivencia solidaria, civilidad).
Dicho proceso se ha fortalecido debido a que los "poderes públicos" no han sido capaces de garantizar los contenidos que, por una parte, recoge el Estatuto de Andalucía y, por otra, constan en los artículos 45, 46 y 46 de la Constitución: derecho a la buena calidad del Medio Ambiente, al Patrimonio Cultural y a la vivienda, como taxativamente se dice, impidiendo la especulación.
Pero siendo honestos, ¿en un sistema económico de libre mercado es posible impedir la especulación si al mismo tiempo, ésta no es un delito? Todos los delitos están tipificados en la Ley. La especulación inmobiliaria está condenada por la Constitución, pero es legal, aunque, por unanimidad, la condenemos porque es inmoral.
Así las cosas, el equilibrio entre el sistema económico (libre mercado) y la forma de gobierno (democracia participativa y solidaria) resulta muy difícil. Mantenerlo, sin embargo, no depende solamente de quienes dominan el mercado y de los gobernantes, sino también de la sociedad, del ser humano cuyo sentido de la vida, como dicen los clásicos, es ser feliz. Dicho en términos coloquiales, el ciudadano tiene el derecho a disfrutar de una buena calidad de vida, sobreentendiendo que ésta incluye la satisfacción de las necesidades individuales pero al mismo tiempo, de las necesidades sociales básicas: el patrimonio medioambiental (paisaje, recursos naturales no renovables), el patrimonio cultural (valor social añadido de los bienes) y el patrimonio social (identidad, sociabilidad, cohesión, forma de disfrutar el tiempo).
En pocas palabras, el ciudadano que vive en democracia debe tener garantizados los derechos que residen en el ámbito de la sostenibilidad, o sea, de la ética, no sólo de la economía; de la libertad responsable, no únicamente de la libertad de mercado.
Pero si los procesos sociales y de gobernabilidad democrática, en determinadas circunstancias aparecen difíciles y opacos, no tienen por qué asumirse como irreversibles. Al contrario, los procesos cerrados deben ser transformados en abiertos, aquellos opacos tienen que hacerse transparentes; han de retroalimentarse y adquirir validez con la participación ciudadana real, y no solamente con el cumplimiento de formalidades previstas como sucede, por ejemplo, durante el proceso de aprobación de los Planes Generales de Ordenación Urbanística.
Hace pocos meses, el Ayuntamiento de Almensilla resolvió reclasificar suelo para la construcción de 18.000 viviendas y aprobó el Avance del PGOU de este municipio que según el IAE tiene 14 kilómetros cuadrados donde residen 1.200 familias en 1099 viviendas.
Hace pocos días, la "sociedad civil" almensillera, a través de una encuesta hecha por profesores universitarios, ha recogido y difundido la opinión de sus vecinos acerca de cuánto y cómo debe crecer el núcleo urbano. Los resultados ratifican las alegaciones con centenares de firmas presentadas oportunamente y discrepan radicalmente de la decisión tomada por quienes fueron elegidos democráticamente en las urnas pero que, aun cumpliendo la formalidad de los procedimientos administrativos, gobiernan con procesos opacos y cerrados a la participación ciudadana. Tal como, con la tolerancia de los demás "poderes públicos", sucede en todos los Ayuntamientos que ahora están aprobando sus PGOUs. Excepto en dos.
El 75%, es decir, tres de cada cuatro de los actuales habitantes de Almensilla, opinan que el núcleo urbano debe crecer por el bien de todos, pero de manera controlada, de forma compacta, máximo unas 2.000 viviendas. Nueve veces menos de las previstas por el Ayuntamiento al tenor de los convenios urbanísticos firmados anticipadamente con las empresas inmobiliarias.
Qué gran ejemplo democrático. Merece ser imitado por los habitantes de todos los municipios de Andalucía e incluso asumido como un procedimiento de obligado cumplimiento. Porque la democracia también debe formar parte de la calidad de vida de los españoles. Si tantas veces se ha despreciado las razones técnicas, las razones democráticas tendrán que ser tomadas en cuenta. ¡Felicitaciones almensilleros!
* ELPAIS.com - Andalucía - JORGE BENAVIDES SOLÍS 14/03/2006
V de Vivienda afirma que el Meeting Point reúne a la ''mafia inmobiliaria''
EFE/Barcelona* : Una docena de miembros de la plataforma V de Vivienda han reclamado ante los asistentes al salón Barcelona Meeting Point el derecho a la vivienda, a la vez que han criticado este encuentro del sector inmobiliario, donde, a su juicio, se reúne la "mafia inmobiliaria". Los miembros de la plataforma se han concentrado en el exterior de uno de los salones del evento con carteles en los que se leía frases como Sin tren ni casa, Aquí se subvenciona el ladrillo o Alquiler social ahora, y han hecho fotos a algunos visitantes del salón mientras éstos aguantaban las pancartas con sus reclamaciones.
Uno de los miembros de V de Vivienda, Aida Gallego, ha lamentado que se haya "escuchado poco la voz de la ciudadanía" durante la celebración del salón en un momento, ha dicho, de "crisis" del sector inmobiliario.
"Grandes intereses"
Gallego ha afirmado que en el Meeting Point existen "grandes intereses" que reclaman a la Administración "que ponga dinero" para solucionar esta crisis, y ha destacado que el momento actual debería aprovecharse para tomar medidas que sirvan para excluir la vivienda del mercado.
"Si la vivienda es un derecho, no puede ser que el mercado lo regule y haya gente que no tenga acceso a él", ha manifestado Gallego, que ha reclamado "medidas más fuertes", como limitar los beneficios de los promotores y constructores o prohibir la venta de suelo público.
Intervención de los Mossos
Varias personas de la plataforma han intentado acceder a uno de los pabellones del recinto, aunque miembros de la seguridad privada se lo han impedido e incluso ha sido necesaria la intervención de efectivos de los Mossos d'Esquadra para despejar la zona de entrada. Entre empujones, los protestantes han recriminado a los agentes de seguridad que no les dejaran acceder al salón pese a tratarse de "un consorcio público".
Manifestación en Sant Andreu
Tras el acto de protesta, los miembros de la plataforma se han dirigido hacia la plaza Orfila, en el barrio de Sant Andreu, donde varios colectivos han convocado una manifestación en defensa del territorio y contra la especulación urbanística, y que, según el portavoz de una de las entidades que se ha sumado al acto, ha reunido a unas 300 personas.
Los convocantes de la protesta han explicado en un comunicado que se ha decidido organizarla en el distrito de Sant Andreu porque se trata de "un área explotada por parte de las instituciones públicas y las constructoras", donde aún está muy presente el conflicto vecinal por el desalojo de los vecinos de las casas baratas del Bon Pastor.
* El Periódico - 10/11/2007
Foto: Miembros de V de Vivienda protestan frente al Meeting Point - EFE / ANDREU DALMAU
Cabo de Gata se protege del ladrillo
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ELPAÍS/Almería* : Las tres zonas más amenazadas por el ladrillo en el interior del parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) estarán más protegidas a partir de 2008, cuando entre en vigor del Plan de Ordenación del Territorio, que limita el suelo urbanizable o urbano a 352 hectáreas, el 0,21% del espacio protegido. En esas hectáreas no figurarán las fincas que componen el paraje del Algarrobico, en Carboneras, donde se construyó el polémico hotel de 20 plantas y donde estaban previstas más urbanizaciones.
No será la única zona donde las expectativas inmobiliarias se vengan abajo. En La Fabriquilla, un paraje cercano al cabo geográfico con escasas viviendas familiares, se había proyectado una urbanización de 150 viviendas, que ocuparían 15 hectáreas. Esta zona también dejará de ser urbanizable. El tercer proyecto más ambicioso que se verá paralizado con el futuro Plan de Ordenación del Territorio es el de Las Marinas de Aguamarga, que preveía un complejo hotelero y 350 viviendas en 48 hectáreas. El documento del plan contempla que estos suelos pasen a ser de "regulación especial", lo que cierra la puerta a las promociones inmobiliarias, a pesar de que cuentan con "derechos" reconocidos en sentencias del Tribunal Supremo.
Níjar, el municipio donde se ubican La Fabriquilla y Aguamarga, está ahora gobernado por el Partido Popular, pero estos proyectos proceden de la anterior etapa del PSOE. El PGOU de Níjar tendrá que consolidar este cambio, para lo que el alcalde, Antonio Jesús García, reclamó ayer "un acuerdo de compensación" a la Junta. La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, defendió la desclasificación de La Fabriquilla y Las Marinas de Aguamarga con el objetivo de evitar que sufren una "degradación" similar a la del Algarrobico, donde el complejo hotelero se paralizó cuando ya estaba medio amueblado.
En cuanto a la protección que tendrá el Algarrobico, Coves subrayó que prueba "la clara voluntad" de la Junta de recuperar esos terrenos a su estado natural, una vez que se derribe el hotel.La preservación de los dos núcleos de Níjar donde se iban a construir 500 viviendas, iniciada a través del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, necesita "validarse" en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, que se encuentra en tramitación. Tanto la titular de la consejería como el alcalde nijareño dieron a entender que ese paso podrá salvarse. El Gobierno andaluz denegó el primer avance del documento del PGOU de Níjar.
Fuensanta Coves aseguró que el consistorio se ha mostrado en todo momento receptivo a buscar alternativas para evitar que las urbanizaciones salgan adelante. Los propietarios del suelo cuentan con el aval de sendas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que reconoció sus "derechos". El cambio de clasificación del suelo tendrá que ser compensado previsiblemente, aunque cuente con el visto bueno de Níjar. El alcalde, Antonio Jesús Rodríguez, reclamó ayer a la Junta de Andalucía que dé luz verde a la nueva ordenación municipal, tras el entendimiento inicial de ambas administraciones para paralizar los proyectos de La Fabriquilla y Las Marinas de Aguamarga.
La reacción más elogiosa al futuro PORN llegó de las organizaciones ecologistas, que en los últimos años se habían mostrado muy críticas con la gestión del parque natural Cabo de Gata-Níjar y la actuación de la Junta de Andalucía ante la construcción del hotel del Algarrobico, en una playa que había permanecido libre de cemento hasta entonces. José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción, mostró una "enorme satisfacción" ante las desclasificaciones de los tres parajes de Níjar y Carboneras y consideraron que el veto a las urbanizaciones en estas zonas es "un gran triunfo" para el medio ambiente.
No obstante, la organización discrepó con la consejera a propósito de la declaración del paraje del Algarrobico como urbanizable. Según Coves, esta zona figuró como tal en el PORN, que entró en vigor en 1994. Ecologistas en Acción, sin embargo, asegura que esto ocurrió tres años después, mediante una modificación "carente de validez jurídica" de la perimetría, durante la adaptación de las Normas Subsidiarias (equivalentes entonces al PGOU) al PORN del parque natural. El PORN que le sucederá, que entrará en vigor en 2008, recibió 16.500 alegaciones. Buena parte de ellas aludían a la recalificación de suelos forestales y agrícolas.
El contrapeso judicial
Los responsables de Azata del Sol, impulsora del hotel del Algarrobico, y los representantes ecologistas coincidieron ayer. Unos y otros creen que no se podrá poner punto y final a los tres proyectos sin compensaciones a los propietarios de los terrenos. Fuensanta Coves no lo descartó ayer como vía para evitar el conflicto en los casos de La Fabriquilla y de Marina de Aguamarga. El Tribunal Supremo, en una sentencia de 1999, avaló el derecho a urbanizar de los dueños de La Fabriquilla, puesto que habían adquirido la finca antes de la declaración del parque natural. En los mismos términos se pronunció en 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre Marinas de Aguamarga, a pesar de que está catalogada como zona Hábitat y ZEPA por la UE.
* ELPAIS.com - ROSABEL RODRÍGUEZ - Almería - 10/11/2007
Foto: Níjar (Almería), costa Cabo de Gata-S.José - J.Rojas (El País)
Un juzgado de Cuenca abre diligencias contra la casa del presidente de Coca-Cola
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20MINUTOS* : Un juzgado de Cuenca ha abierto diligencias previas al presidente de Coca-Cola en España y Portugal, Marcos de Quinto, por la construcción de un chalet supuestamente ilegal en un paraje de gran valor ecológico situado en Pajaroncillo (Cuenca), según informó hoy Ecologistas en Acción.
El grupo conservacionista afirmó en una nota de prensa que la fiscalía ha remitido un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Cuenca, cuyo titular ha abierto procedimiento por vía penal.
La información suministrada por Ecologistas en Acción no pudo ser contrastada en el juzgado mencionado en el comunicado dada la hora de su recepción.
Delito contra el medio ambiente
Los ecologistas añadieron que el caso está en la actualidad en diligencias previas y aseguraron que "si sigue adelante se podría imputar a Marcos de Quinto un delito contra el medio ambiente, y si es condenado, enfrentarse a importantes multas e incluso la cárcel".
El motivo de la demanda es la construcción de un chalet de 400 metros cuadrados en el paraje del Rodenal de Castil de Cabras.
Se trata de paraje "de excepcional valor paisajístico y geomorfológico que le ha valido su inclusión en el futuro Monumento Natural del Rodenal del Cabriel", señaló Ecologistas en Acción, que considera que "el impacto ambiental de la edificación sobre el rodenal sólo puede calificarse como muy grave".
Por otra parte, denunció que "la agresión sufrida por el futuro Monumento Natural se une la posible afectación de un importante patrimonio arqueológico, puesto que el chalet linda con un gran yacimiento de la Edad de Bronce, conocido como "Castil de Cabras".
Este yacimiento ocupa 1.900 metros cuadrados "y reúne muros defensivos, cistas dolménicas, fragmentos cerámicos e industria lítica.
Según Ecologistas en Acción, "en las proximidades del chalet y fuera del propio yacimiento se ha detectado un túmulo funerario y restos de un dolmen, lo que indica que los vestigios arqueológicos ocupan una amplia zona alrededor de la edificación".
El pasado mes de julio Ecologistas en Acción solicitó a la Delegación de la Consejería de Cultura de Cuenca la paralización de la construcción, con el fin de proteger el yacimiento.
* 20 Minutos - AGENCIAS. 09.11.2007
Foto: Pajaroncillo (Cuenca), chalet ilegal del presidente de Coca-Cola - ecologistasenaccion.org
Noticia relacionada: Chalet ilegal del presidente de Coca-Cola/ Ecologistas en Acción
Cádiz: Mantener el ladrillo lejos de la costa
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ELPAÍS* : El enorme potencial turístico de la única provincia española bañada por dos mares es al mismo tiempo la mayor amenaza para su supervivencia. Medio Ambiente quiere parar el desorden urbanístico que comienza a afectar a la primera línea del litoral antes de que se convierta en una fotocopia de Marbella. Cádiz, con el 31,7% del suelo del primer kilómetro del litoral ocupado por edificios, es una de las provincias españolas que conserva en mejor estado su franja costera y cuenta todavía con muchos kilómetros de playa virgen. No en vano, en sus 272 kilómetros de litoral existen nueve espacios naturales protegidos. Sin embargo, el enorme potencial turístico y las previsiones de crecimiento de los ayuntamientos costeros -el plan urbanístico de Chiclana, anulado por un juez, preveía levantar 40.000 viviendas- amenazan seriamente la supervivencia de la costa.
El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, afirmaba en su último informe que "no resulta exagerado calificar la situación como de fuera de control". El frente costero gaditano, el único de España bañado por dos mares, presenta una gran variedad de usos y ocupaciones. Mientras que en la zona de Algeciras y el estrecho de Gibraltar predominan las fábricas y los espacios industriales, en la bahía de Cádiz se desarrollan grandes municipios como la capital, Puerto Real, Puerto de Santa María o San Fernando. Es en la zona entre Tarifa y Chiclana, un largo espacio de dunas y playas casi vírgenes, donde se concentran las mayores presiones del llamado turismo residencial.
Las ocupaciones ilegales del dominio público en el litoral de Cádiz se dan con viviendas unifamiliares entre las dunas o instalaciones industriales, en ocasiones muy contaminantes, como en el caso de la bahía de Algeciras. La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, el conjunto de propuestas del Ministerio de Medio Ambiente para recuperar el litoral, plantea el derribo de numerosas instalaciones que invaden el dominio público.
Las demoliciones de ocupaciones en la llamada Zona de Servidumbre de Protección afectan a todo el litoral, pero especialmente al eje Chiclana-Barbate-Tarifa. "Chiclana es un verdadero desastre. Hay entre 15.000 y 25.000 viviendas ilegales en todo el municipio sin luz ni saneamiento", denuncia Daniel López Marijuán, secretario provincial de Ecologistas en Acción. En el municipio de Conil, donde se prevén 5.000 viviendas nuevas fuera del dominio público, el ladrillo amenaza la zona de Roche, que "ha crecido desmedidamente encima de un acantilado y también sin depuración", según López Marijuán.
Vejer de la Frontera tiene su particular "museo de los horrores", según los ecologistas: la urbanización El Palmar. En esta área de litoral virgen, Medio Ambiente va a desplegar todo su abanico de actuaciones. En primer lugar, pretende eliminar las construcciones que ocupan la zona de servidumbre de protección, la zona de 100 metros tierra adentro desde la ribera del mar y cuya gestión corresponde al Gobierno. La segunda medida consiste en eliminar la carretera de la costa y las infraestructuras situadas en el dominio público. La tercera actuación será rescatar los derechos sobre las fincas situadas en zona pública para evitar que se construya sobre ellas. Este esquema de actuaciones se repite a lo largo de todo el litoral gaditano, como en Sanlúcar y Chipiona donde existen numerosas invasiones del dominio público, muchas de ellas viviendas de hace pocos años y fuera de toda ordenación.
El jefe de la Demarcación de Costas de Cádiz, Federico Fernández, afirma que el plan de restauración "va mucho más allá del derribo de casas sobre el dominio público", y que se pretende facilitar el acceso al mar "mediante una política de senderos alejada del concepto de paseo marítimo" que en otras zonas ha servido de excusa para levantar edificios frente al mar.
Uno de los aspectos más originales de la Estrategia de Medio Ambiente para Cádiz es la puesta en marcha de un Implantación de un "sistema remoto de vigilancia de pecios", que permita el control de las embarcaciones que circulan por los puntos catalogados como de interés arqueológico. Con ello se pretende evitar expolios de bienes culturales como los supuestamente llevados a cabo por el barco cazatesoros Odissey Explorer. Costas propone desarrollar un Plan de Contingencias que permita una "respuesta inmediata" frente a vertidos contaminantes, como los producidos en los últimos meses por los buques Sierra Nava y New Flame.
* ELPAIS.com - FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 10/11/2007
Foto: Rota (Cádiz), Costa Ballena - García Cordero (El País)
Marina de Cope, menudo ejemplo de “respeto” al Medio Ambiente
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ELECOLO/Murcia* : El consejero de Turismo, José Pablo Ruiz Abellán, aparecía ayer defendiendo el proyecto urbanístico de Marina de Cope, argumentando que será muy respetuoso con el medio ambiente. Además, dijo que el objetivo es que se convierta «en un referente en sostenibilidad» y que sirva de “ejemplo” para iniciativas regionales similares. El consejero resaltó que “sólo” se construirá en 2,9 millones de m2 de los 21 millones de superficie» de esta zona del litoral de Lorca y Águilas, informaba 20minutos.es (8.11.2007).
El proyecto Marina de Cope incluye la construcción de hoteles y apartahoteles (20.000 plazas), 9.000 viviendas, 5 campos de golf, 10 campos de fútbol, 10 zonas de tenis, un velódromo y 2.000 puntos de amarre.
Ejemplos anteriores al proyecto de Marina de Cope tenemos unos cuantos, con los de Polaris a la cabeza, aunque seguidos por otros muchos. Y Cabo Cope y su entorno, para este proyecto, no es más que una localización en una provincia, Murcia, que está haciendo todo lo posible y lo imposible, para poner a los pies de las grandes empresas especuladoras (cajas de ahorros -paradójico ¿eh?-, bancos, empresas dedicadas a la energía, … y algunas constructoras) toda una región.
Y lo hace desde su Asamblea, aprobando leyes, como aquella fatídica Ley del Suelo, que tanto daño medioambiental ha hecho y sigue haciendo a esta región, o permitiendo que después se arrasara parte de su vegetación natural, única en el continente europeo.
Los mismos promotores y constructores se jactaban de lo conseguido en Murcia, “el nuevo filón inmobiliario”. Solo hay que releer el artículo que apareció en la revista PROPIEDADES del mes de Junio de 2005. En la página 3 se puede leer: “No exento de polémica, la realidad es que en total la Ley del Suelo murciana ha desprotegido 15.000 has. si bien también es cierto que desde el Ejecutivo solo se reconocen 7.000 …” (sic).
Y esto lo dicen los empresarios del sector de la construcción, ¡ojo!, que no son “los ecologistas”. El artículo sigue, pero en las páginas 2 y 3 se concentra lo más enjundioso. Un artículo para recordar lo que es el Proyecto Marina de Cope.
¿Y toda ésta vorágine de Marina de Cope y del resto de “resorts” se está traduciendo en riqueza para el murciano de a pie? Rotundamente NO. Al contrario.
Los salarios en Murcia son cada vez más bajos y los índices económicos van en éste mismo sentido, atestiguándolo. Y si vamos a los precios de los productos básicos, o a la factura que vamos a pagar entre todos (esta sí es “para todos”) ya empieza a ser difícilmente soportable para muchas familias murcianas.
¿Por qué vendemos entonces nuestro patrimonio natural y cultural a éstos ávidos postores? ¿Buscan el “bien general” y el beneficio público? ¿A qué vender entonces nuestro propio futuro?
NOTA: En esta web de la Asociación Oficina Verde de la Universidad de Murcia se exponen algunos de los enormes valores que atesora este enclave murciano: Cabo Cope y su entorno. Desde ella se lleva a cabo una campaña internacional titulada ¡Salvemos Cabo Cope!.
* El Ecolo - Manu Rubio - 09 Noviembre 2007
Foto: salvar Parque cabo Cope - elecolo.com
Fuerteventura: Las 4.000 camas de Matas Blancas no se construirán
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CANARIAS7/Pájara (Fuerteventura)* : Matas Blancas continuará siendo un paraje de jable y playa sin construcciones, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha respaldado la desclasificación del plan parcial SUP9 que establecía la ejecución de casi 4.000 camas y que ya recogió el Plan Insular de Ordenación del Territorio de Fuerteventura (PIOF).
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón al Cabildo en el recurso interpuesto por la entidad mercantil Matas Blancas SA, por el que se impugnaban determinaciones del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) relativas a Suelo Urbanizable Programado (SUP) 9 Matas Blancas, en el municipio de Pájara. La sentencia avala lo expuesto por el PIOF que califica el suelo de la zona como rústico, además de justificar la propuesta del Plan Turístico que defiende su desclasificación completa eliminando con ello la posibilidad de construir casi 4.000 nuevas camas.
La promotora del proyecto reclamaba que se declarase la nulidad de la aprobación del PIOF, y en caso contrario, que se declarasen nulos determinados artículos que afectaban al SAU9 Matas Blancas. Todo ello porque el demandante consideraba que en la documentación gráfica del PIOF se había calificado como suelo rústico de aptitud productiva terrenos que en su opinión estaban calificados previamente como suelos urbanizables programados.
El demandante consideraba además que, en el caso de que no se accediese a este cambio, la Administración debería ser condenada a abonar indemnizaciones a la citada empresa.
* Canarias 7 - 09 noviembre 2007
Foto: Pájara (Fuerteventura), Matas Blancas - canarias7.es
La fiscalía ve indicios de delito en las obras de la plaza de España de Ferrol
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ELPAÍS/Galicia* : La Fiscalía de Ferrol ha solicitado a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad que llame a declarar como imputados a los 13 ediles de la anterior corporación local, gobernada por el Partido Popular e Independientes por Ferrol, en la causa abierta por posible delito urbanístico en las obras de de la plaza de España. Ocho ediles del PP, entre ellos el presidente provincial en A Coruña, Juan Juncal, y otros cinco de Independientes por Ferrol (IF) que formaron gobierno en la anterior legislatura podrían ser llamados próximamente como imputados.
En varios plenos celebrados entre los años 2004 y 2005, todos votaron a favor de un proyecto que incluía la construcción de un edificio de cinco pisos en medio de la plaza que fue adjudicado a la constructora Abeconsa para su explotación comercial durante 60 años.
"A efectos legales, es un trámite más de la investigación, no es una imputación formal", explicó el fiscal que instruye el caso, "pero lógicamente si el proceso sigue adelante es porque puede haber indicios de un proceso delictivo". En la lista de la Fiscalía figuran los populares Juan Juncal, Marta Cerdido, José Manuel Rey, Vicente Luque, José Manuel Vilariño, Rosa Novóa, Amador Rodríguez Silvar, y por parte de Independientes por Ferrol, el ex conselleiro de Industria Juan Fernández, Francisco Pita Romero, Leopoldo Ibáñez, José Manuel Couce, Luis Amado Caeiro y Manuel Bustabad, que ahora milita en las filas del PP local. Además de los 13 ediles del gobierno anterior, el fiscal pide que declaren en calidad de imputados el arquitecto municipal, Guillermo Díaz del Río y el aparejador, Juan Ruiz.
La investigación se inició en septiembre del 2006, a raíz de una denuncia interpuesta por la federación vecinal Roi Xordo de Ferrol ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Esta entidad, que agrupa a varias asociaciones que se opusieron frontalmente a la construcción del edificio, argumentaban en su denuncia que las actuaciones realizadas por el gobierno de Juncal en la plaza de España podrían ser constitutivas de un delito contra la ordenación del territorio, que llevaría aparejado otro presunto delito de prevaricación.
Meses después, en julio del 2007, el fiscal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia especializado en delitos contra el Patrimonio, Antonio Roma, instaba a la fiscalía ferrolana a formalizar la denuncia. Sin embargo, a lo largo del proceso, el tribunal ferrolano podría inhibirse en favor del Tribunal Superior, ya que una de las ediles populares, Marta Cerdido, es a la vez parlamentaria autonómica del PP. El portavoz adjunto del PP en Ferrol, José Manuel Rey, defendió ayer la legalidad de una obra que contaba "con todos los informes favorables de los técnicos municipales". Desde las filas populares manifestaron que están "tranquilos".
Las obras de la plaza de España se paralizaron el pasado julio por orden de la actual corporación PSdeG-IU, que atendiendo a un requerimiento previo de la Xunta de Galicia inició los trámites para revocar y anular los dos acuerdos plenarios que las amparaban. El equipo de Irisarri negocia con la constructora una solución económica que ponga fin a este entuerto urbanístico. Las obras de remodelación de la plaza de España, puerta de entrada a la ciudad, se iniciaron en 2002, durante el gobierno del BNG.
* ELPAIS.com - LORENA BUSTABAD - Ferrol - 09/11/2007
Foto: Ferrol (A Coruña) - ferrol.es
Una treintena de personas paralizan las obras del plan Caufec en Esplugues
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EUROPAPRESS/Barcelona* : Una treintena de personas pertenecientes a la Plataforma Popular contra el Plan Caufec han paralizado durante más de tres horas las obras que la inmobiliaria Sacresa lleva a cabo en el barrio de Finestrelles de Esplugues de Llobregat, también conocidas como plan Porta Barcelona. Los manifestantes, disfrazados de payasos, han ocupado tres máquinas que estaban realizando trabajos de excavación en torno a la calle de Joan Miró para protestar contra un plan que consideran "ilegal" y "especulativo".
La acción se ha desarrollado sin que se produjeran daños personales.
La paralización de las obras se enmarca en diferentes acciones que movimientos antisistema llevan a cabo esta semana contra la celebración del salón inmobiliario Barcelona Meeting Point, que finalizarán el próximo sábado con una manifestación en el barrio de Sant Andreu de Barcelona.
Los protestantes se han ido por su propio pie
La protesta de esta mañana ha comenzado a las 9.45 horas, cuando los manifestantes se han subido a varias máquinas y han colgado pancartas con lemas como Paralicemos el plan Caufec. Los operarios de las obras se han retirado de las máquinas hasta que ha finalizado la acción.
Una dotación de los Mossos se han desplazado al lugar, pero los activistas se han negado en varias ocasiones a abandonar las máquinas, por lo que su actitud será puesta en conocimiento de los juzgados de Esplugues por un presunto delito de desobediencia a la autoridad. Poco después de la una de la tarde, se han retirado de las obras por su propio pie.
La inmobiliaria Sacresa analizará si se han producido desperfectos en la maquinaria de obras para presentar una denuncia.
Plan urbanístico polémico
La plataforma se opone desde hace cinco años al desarrollo del plan Caufec, que supondrá la transformación urbanística de más de 234.000 metros cuadrados del barrio de Finestrelles de Esplugues.
El plan prevé la construcción de más de 700 viviendas, dos torres de oficinas y un centro comercial. La plataforma denuncia que el proyecto tiene "nefastas consecuencias para el medio ambiente y para el pueblo de Esplugues, aparte de graves irregularidades legales".
* El Periódico - 8/11/2007
Foto: Manifestantes contra el plan Caufec, en Esplugues - FERRAN NADEU (El Periódico)
Madrid: El concurso de los 'superchirimbolos'... en los tribunales
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ELMUNDO* : El concurso de los 'superchirimbolos' ha tenido una triste tradición en la ciudad de Madrid desde los años 90: la sospecha, y las denuncias oportunas, de realizar concursos no muy limpios. El último que adjudicó el Consistorio de la capital en diciembre de 2006 para la colocación de esas pantallas gigantes en la vía pública no iba a ser diferente. La denuncia en el tribunal de una de las empresas que participó en la convocatoria y que no fue adjudicataria, Viacom, ha provocado que un juez solicite al Ayuntamiento todo el expediente del concurso.
La Concejalía de Medio Ambiente ha tenido que microfilmar el dossier porque el magistrado quería el informe original en sus dependencias. Fuentes municipales restaron importancia a este reclamo y aseguraron que es un trámite más en un contencioso administrativo que no tiene ningún significado especial.
Sin embargo, mientras el Ayuntamiento llena la ciudad de 'superchirimbolos', Viacom acudió a los tribunales porque considera que el concurso no ha sido justo. Ellos presentaban una oferta económica mayor que los ganadores, la Unión de Empresas Temporal (UTE) Clear Channel y Cemusa. Concretamente el Ayuntamiento hubiera ingresado 73 millones más de los que ha obtenido con la adjudicación.
Además, Viacom asegura que no se valoró la opción medioambiental ni el diseño ni la colocación de los chirimbolos que tenía. Fue, curiosamente, en la propuesta comercial donde se tiró para atrás a la última contrincante de la convocatoria.
El Ayuntamiento consideró que el proyecto económico de Viacom era inviable, porque se basaba en campañas de publicidad semanales y preveía una ocupación del espacio adjudicado de hasta el 90%. Según la opinión de los técnicos municipales, con este planteamiento se corría riesgo de no poder cumplir su nivel de ingresos y ante la perspectiva de que el Consistorio tuviera que romper el contrato por no cumplir todos sus términos, optaron por la propuesta de Viacom, más baja económicamente pero más "fiable".
El juzgado tendrá que decidir ahora si el concurso cumple la normativa o si ha habido alguna irregularidad en la adjudicación o en su tramitación. Por lo pronto, el próximo 14 de noviembre, el concurso se examinará por los grupos de la oposición en la Comisión municipal de Vigilancia de las Contrataciones.
La Concejalía de Medio Ambiente ya tuvo que rescindir el contrato de los famosos relojes por no cumplirse las condiciones de adjudicación. Entonces, ambas partes amenazaron con llevar el concurso a los tribunales. La oposición acusó al Consistorio de supuestas irregularidades como cambiar los informes técnicos previos a la adjudicación. Al final, se salvó con una indemnización económica por parte del Ayuntamiento.
* EL Mundo - CARMEN SERNA / JAIME G. TRECEÑO - 02/11/2007
Foto: Madrid, chirimbolos Puerta Toledo - Antonio Ruiz (El País)
Noticia relacionada: El hijo del jefe de Mobiliario Urbano trabajó en la firma de los chirimbolos - EL PAÍS
Vigo, entre el caos y el futuro
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ELPAÍS* : Cualquiera de las seis giras programadas ayer por la Delegación del Colegio de Arquitectos de Vigo para celebrar el Día Mundial de la Arquitectura anticipaba, muy a su pesar, un viaje a los desastres urbanísticos de la ciudad. Los desastres, ciertamente, están servidos desde hace décadas, pero la potencia de los paisajes -singularmente en la excursión elegida por este periódico, dedicada a la periferia- se sobrepone aún al desdén con que se ha tratado el territorio en la ciudad.
Los organizadores se temían un fiasco, pero los seis autobuses del transporte urbano, aquí llamados vitrasas, se llenaron de periodistas, arquitectos y algunos curiosos, que luego acudieron a una mesa redonda para debatir las impresiones y depresiones que propiciaron las excursiones programadas, cada una de ellas, por el litoral, el centro, la periferia, la industria y los montes, que de todo hay, y generosamente, en los 110 kilómetros cuadrados del territorio municipal.
"Todo es caótico, aunque con su lógica", comentaba el arquitecto Fernando Costas Abreu, que por tercer año oficia de guía. La concejala de Urbanismo, Carmela Silva, ostensiblemente fatigada, se apuntó a esta ruta para darse un respiro, seguramente, en la tensión máxima que se vive su departamento con los últimos trajines del plan general. Medio viaje se lo pasó despachando en su asiento con los arquitectos que le fue presentando el presidente del Colegio, Salvador Fraga, cada cual con un interés particular, fuera el proyecto del "cuarto hospital" -"¡Que nadie diga cuarto, sino nuevo!"-, que marcaba uno de los referentes de la gira, o el interés del Club Financiero en fomentar su foro de urbanismo.
El vitrasa atravesó una nube aromática procedente de la depuradora, aunque estaba fuera del campo visual - "¿Son éstos los olores normales?", preguntó alguien; nadie respondió-, y prosiguió su recorrido por el territorio herido. Aquí, por la cuchillada reciente que abre los montes al paso de la moderna circunvalación y, un poco más adelante, por una nave industrial acaballada, imperial y atroz, en una colina.
El speaker Costas carga varias veces las tintas en el "efecto perverso" del plan general de 1971. El autobús sube y baja los montes en un recorrido sinuoso que alterna los viales modernos con otros casi ancestrales, en los que el pasaje teme no poder pasar por el camión que viene enfrente. Pero pasa. "Tuvimos suerte, nos cogió en la parte que retranquearon", ironiza un técnico municipal. Las demás casas no lo estaban.
Es verdad que en el zigzagueo del vitrasa no sabes bien qué te puedes encontrar después de cada curva, si un campo de berzas, una bucólica carballeira o el estrépito arquitectónico de un taller multiusos al que las sucesivas ampliaciones yaque -dícese de aquéllas improvisadas: "ya que estamos con esto, hacemos lo otro"- no evitan la ocupación de la vía pública con la maquinaria propia o de la clientela.
A menudo, para saltar de esos viales modernos a las corredoiras que hace años asfaltaron con algo más de anchura para darles el servicio de carretera, "hay que saber". No todo está indicado para conocimiento común. Más bien, es muy poco lo así indicado. Y de este modo cobran importancia los "nudos sólo para nativos", o sea, los que sólo ellos conocen para saltar de modo práctico desde los cuatro carriles modernos a los antiguos cuatro metros de anchura, que siguen soportando la circulación en doble sentido.
La lección última que trasladaba el guía Costas Abreu, cuando ya una parte del pasaje confesaba mareo, es que de la ciudad centrípeta hemos pasado a la ciudad centrífuga -hoy la gente prefiere vivir en las parroquias, el ámbito rural que ha dejado de ser agrario- y Vigo tiene un enorme potencial como ciudad moderna y policéntrica, para vivir a la sombra de los cerezos de Beade con más calidad que en la Gran Vía. Los logros, con la ayuda de las imprescindibles infraestructuras, deberá propiciarlos el polémico plan general.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 09/11/2007
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)
Noticia relacionada: Plan General: A la calle tras varios meses de parón - La VOZ de Galicia
Valencia: La F1 se plantea como un "regalo" pero tiene "costes" ciudadanos
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EUROPAPRESS* : La coordinadora Fórmula Verd, compuesta por diversas organizaciones ciudadanas y ecologistas preocupadas por el impacto y consecuencias de la celebración de un circuito de Fórmula 1 en la ciudad de Valencia, consideró hoy que las administraciones públicas responsables de dicho proyecto lo plantean como si fuera un "regalo", aunque en realidad "tiene muchos costes para los ciudadanos".
Así lo indicaron hoy en rueda de prensa varios miembros de la nueva coordinadora, entre los que se encontraban los representantes de Compromís pel Territori, Vicent Torres, Acció y Reflexió, Jaume Esteban, y la Asociación de Vecinos de Nazaret, Liliano Moreno.
En este sentido, Torres se preguntó qué "sacan los ciudadanos" de este evento, frente a los costes que tienen que asumir como "los ruidos, las molestias y la contaminación". Por ello, consideró que este tipo de celebraciones se deben plantear a los vecinos para dejar que ellos decidan.
Del mismo modo, la coordinadora critica los costes del proyecto porque, según Esteban, no se pueden creer que el precio se asuma únicamente por los promotores y por la venta de viviendas en la zona y consideró que "no dar cuentas de nada es propio de regímenes totalitarios, y no democráticos". Al respecto, Torres añadió que mientras que los barrios están abandonados, el dinero público va "a eventos efímeros de los que se entera mucha menos gente de la que nos hacen creer", en alusión a la celebración de la America's Cup.
Por ello, Torres reclamó que la administración se debe plantear "qué proyectos asume y a qué precios, para que los costes los asuma el beneficiario". Recordó que Bilbao rechazó un proyecto similar tras la celebración de unas pruebas del 'World Series' en 2004, mientras que Londres está en discusiones para acoger, un circuito urbano desde el mismo año, 2004.
Sin embargo, criticó que en Valencia se da como "un hecho consumado" y con una situación de "secretismo e improvisación". Asimismo, el representante de Compromís pel Territori destacó que no cree que "un circuito efímero sea la mejor forma de apostar por el desarrollo y el futuro" en la ciudad.
La coordinadora reclama información respecto al proyecto de Fórmula 1, aunque también lamentan la "dudosa legalidad del mismo", puesto que se pretende tramitar como la unión de dos calles para evitar un estudio de impacto ambiental; la ubicación en el tramo final del río donde se había previsto un delta verde, o los posibles efectos en el cambio climático.
VERTIDO DE ARENA EN EL RÍO
Asimismo, Torres calificó de "muy grave" el vertido de arena en el lecho del río Turia en el barrio de Nazaret, pese al riesgo de inundaciones en la zona. Señaló que "es una temeridad, y me temo que no será un hecho temporal, sino que esa ocupación puede ser permanente".
Todas estas reivindicaciones ya se plantearon el pasado 22 de septiembre ante la Conselleria de Infraestructuras, donde un responsable de la misma les prometió una respuesta en el plazo de una semana.
Sin embargo, los miembros de la Coordinadora aseguran que todavía no han recibido respuesta alguna, aunque sí la llamada de una empresa de Markéting que afirmó que "no tenía respuesta a los principales problemas técnicos, como es el caso del aparcamiento de los coches" que se desplacen a la ciudad para presenciar la carrera, apuntó Torres.
Pese a ello, explicaron que su organización no está en contra del circuito sino "a favor del debate, la información y la reflexión", algo que, según Torres, tienen "el derecho de exigir como ciudadanía". Añadieron que "no favorecer la participación ciudadana supone una estafa democrática".
Con el objetivo de reflexionar sobre estos asuntos, la coordinadora ha convocado diversos debates. El primero de ellos, tendrá lugar mañana y contará la participación de Vicent Torres, de Compromís pel Territori; Vicente Gallart, del colectivo Pel Litoral que Volem, de la Federació d'Associació de Veïns de València; Carlos Arribas, de Ecologistes en Acció; y el arquitecto José Maria Tomàs. Por su parte, el conseller de Infraestructuras, Mario Flores, todavía no ha confirmado su asistencia.
El día 22 se celebrará otro encuentro que tratará los aspectos más técnicos del proyecto y su futuro en la ciudad. Estarán invitados al debate los representantes políticos de todas las ideologías, y el concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau.
* Levante-EMV - 08 de noviembre de 2007
Foto: Valencia, obras circuito F1 - carles francesc (El País)
