KaosenlaRed*
La viñeta de Kalvellido: FASCÍKULOS
Todos los años las mismas noticias! Ke si hay más divorcios después de las vakaciones, ke si la depresión post-vakacional y los fascíkulos... LOS PUTOS FASCÍKULOS!
* KaosenlaRed - 15.09.2007
Fascíkulos
Vigo: 'Reconquista pirata' contra la especulación urbanística
CANALSOLIDARIO* : “Toralla es de todos”. Con esta consigna y ataviados con vestimentas y banderas piratas, cerca de 300 personas se manifestaron hace unos días en la isla de Toralla, en Vigo, para reclamar su uso público y denunciar las consecuencias de la especulación urbanística, que está a acabando con el patrimonio natural e histórico, según grupos ecologistas y movimientos sociales. Los manifestantes que llegaron a la isla en lanchas y balsas hinchables leyeron un manifiesto en el que destacaron el carácter pacífico de la protesta y denunciaron que la situación actual del territorio no se corresponde con lo establecido en la actual Ley de Costas.
Entre las denuncias de los manifestantes destacan los daños ocasionados por la especulación al patrimonio cultural e histórico de la isla, que cuenta con un castro de la Edad de Hierro y una necrópolis romana.
No te pierdas el vídeo que resume la jornada festiva y de denuncia:
Organizaciones ecologistas como Greenpeace o Adena también vienen denunciando reiteradamente los incumplimientos de la Ley de Costas y sus modificaciones.
"A finales del año 2002, el Ministerio de Medio Ambiente presentó una modificación de la Ley de Costas camuflada como un artículo dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales", explican desde Greenpeace.
Para estas organizaciones las modificaciones resultaban inadmisibles. "Primero en cuanto a la forma, totalmente deshonesta: se introducen variaciones sustanciales que afectan a los derechos de los ciudadanos en la Ley de Costas encubriéndolas bajo una normativa que nada tiene en común con ella y sin ningún tipo de debate ni análisis. Y segundo, en cuanto al fondo, en lugar de buscar una gestión integrada acorde con los principios exigidos por la Unión Europea, esto es, conservación de la costa y su biodiversidad, con las modificaciones se fomenta la ocupación más completa del espacio costero, al más puro estilo Benidorm años sesenta, llegando a autorizar construcciones en la servidumbre de protección, la franja de veinte metros desde la ribera del mar", señalan responsables de Greenpeace.
* Canal Solidario - 15/09/2007
Foto: reconquista isla de Toralla - canalsolidario.com
El TSJC anula la licencia urbanística del complejo de 48 apartamentos de Costa Teguise
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EFE/Lanzarote* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado una licencia urbanística concedida por el ex alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández (CC) a un complejo de 48 apartamentos ubicado en Costa Teguise. El TSJC considerar que esta licencia es contraria a derecho por carecer del informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT). La licencia otorgada en su día por el alcalde fue recurrida por el Cabildo de Lanzarote, al entender que incumplía el PIOT, ya que no se había solicitado su informe de compatibilidad.
Según informó hoy en Cabildo de Lanzarote, el establecimiento cuya licencia de construcción anula ahora el TSJC se encuentra actualmente abierto y en explotación, bajo el nombre de "Residencial Las Colinas".
La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo señala que la licencia fue concedida por el ex alcalde de Teguise "sin que se emitiese el preceptivo informe jurídico de los servicios municipales, el cual cobraba mayor importancia al tratarse de una licencia a desarrollar en el ámbito de un plan parcial no adaptado al PIOT y estando suspendido el otorgamiento de licencias con motivo de la tramitación de la Revisión del Plan Insular".
El Cabildo recuerda que "pese a que el técnico municipal advertía que el proyecto técnico no cumplía con lo estipulado en el plan parcial en lo referente al volumen edificable exigible al uso turístico de apartamentos y solicitaba un estudio jurídico para saber si podía ser concedida la licencia, el referido informe municipal nunca fue emitido".
La nota del Cabildo señala que en cuanto a la ausencia de informe de compatibilidad con el Plan Insular denunciada por esta corporación, el TSJC reconoce que se omite el informe previo, preceptivo y vinculante de la institución insular y sostiene que era necesario e indispensable este pronunciamiento respecto a la aplicación del PIOT.
* Canarias 7 - 13/09/2007
Foto: Costa Teguise (Lanzarote) - cronicasdelanzarote.es
La jueza imputa a cuatro ex concejales, al secretario y al arquitecto municipal de Catral
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EFE/Alicante* : El Juzgado de Instrucción número 5 de Orihuela ha citado a declarar como imputados a cuatro ex miembros del equipo de Gobierno de Catral, el secretario y el arquitecto municipal, en relación a la causa abierta por la construcción de unas 1.200 viviendas ilegales. Esta decisión ha sido adoptada por la juez después de que el Ministerio Fiscal estudiara la petición presentada en enero por la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios (AECU) de ampliar a unos veinte las empresas y particulares imputados en el caso.
La declaración está prevista para el próximo 26 de octubre, si bien fuentes judiciales apuntaron que esta fecha podría variar en función de las diligencias que se vayan practicando, al tiempo que afirmaron que todavía no se ha concretado el delito por el que han sido imputados.
En declaraciones a EFE, el secretario municipal, Gregorio Piñero, dijo hoy que todavía no ha recibido ninguna notificación sobre su imputación y que se ha enterado a través de los medios de comunicación.
Rehusó hacer valoraciones al respecto y afirmó que "lo que tenga que decir", lo dirá "a preguntas del Ministerio Fiscal".
Fuentes cercanas al caso afirmaron que la magistrada ha decidido mantener la imputación del ex alcalde José Manuel Rodríguez Leal por un supuesto delito de prevaricación, tras rechazar la petición de sobreseimiento presentada por el abogado del ex regidor.
La investigación se inició en 2004 por las denuncias presentadas por particulares y AECU contra Rodríguez Leal, miembros de su equipo de gobierno, dos funcionarios y una treintena de empresas por la construcción de viviendas ilegales en el municipio.
En octubre de 2006, la magistrada decidió sobreseer la causa por entender que "no resultaba debidamente justificada la perpetración de un delito", pero un recurso de forma interpuesto por la Fiscalía de Alicante permitió la reapertura judicial del expediente.
A su vez, la Generalitat asumió las competencias urbanísticas de Catral el pasado 3 de octubre ante la "relajación del Ayuntamiento" frente a la "proliferación exagerada de viviendas ilegales en suelo no urbanizable y suelo protegido".
El ex alcalde declaró como imputado el pasado 2 de febrero y, según fuentes de AECU, reconoció la ilegalidad de numerosas viviendas construidas en Catral.
La juez también ha citado como testigos a responsables de once mercantiles, después de que el fiscal se opusiera a su imputación al considerar que no existen indicios de delito de cohecho o contra la ordenación del territorio.
Concretamente, está previsto que el próximo 16 de noviembre declaren Grufade, Blue Dream y Catral House, de las que son responsables la hermana del ex alcalde María Ángeles Rodríguez Leal, el marido de ésta, Ginés Ruiz López, y el hijo de ambos, Ginés Ruiz Rodríguez, así como Mercury House, Araez e Hijos, Sonnschein Property Consult y Maestra Internacional.
Asimismo, el día 5 de diciembre está previsto que acudan en calidad de testigos otras cuatro sociedades (Torcaraix, Fordor, Sol Catral y Roy Evans) y dos particulares.
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 también ha solicitado al Instituto Cartográfico Valenciano que certifique si la ubicación de una serie de parcelas en el Parque Natural del Hondo, y a la Generalitat que remita la lista definitiva de edificaciones objeto del procedimiento.
* Levante-EMV - 14 de septiembre de 2007
Foto: Catral (Alicante), viviendas fuera de ordenación - levante-emv.com
Oropesa sigue con el PAI por el que está imputado el equipo de gobierno
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ELPAÍS/Castellón* : Lejos de recurrir a la prudencia, el PP de Oropesa votó ayer a favor de aprobar un nuevo trámite para la ejecución del PAI de Les Amplàries, que ha supuesto la imputación por prevaricación y tráfico de influencias del anterior equipo de gobierno, además del recurso presentado por la propia Generalitat Valenciana por "concurrir en el mismo manifiestas causas de ilegalidad". Así, con los únicos votos a favor de los siete concejales del PP, el Ayuntamiento aprobó iniciar el procedimiento para la ejecución del paseo que ha de recorrer la línea de costa de los 350.000 metros cuadrados que integra el desarrollo urbanístico.
Los dos concejales del grupo independiente se abstuvieron mientras que los del Bloc y el PSPV votaron en contra.
El alcalde de Oropesa, Rafael Albert, volvió a recurrir al hecho de que tanto el informe del arquitecto como el jurídico no ponen pegas al inicio de este nuevo procedimiento, pese a que en ninguno de ellos se hace referencia a la situación jurídica en la que se encuentra este programa urbanístico. De hecho, el portavoz del Bloc, Josep Lluis Romero, fue quien hizo referencia al informe remitido por la entonces Consejería de Territorio al juzgado tras la demanda interpuesta por la Generalitat. En el escrito se especifica, claramente, que concurrían varias "causas de ilegalidad".
* ELPAIS.com - M. F. - Castellón - 14/09/2007
Foto: Oropesa del Mar (Castellón) - navymar.com
Protejamos la costa de los constructores
GLAYIU* : La Coordinadora Ecoloxista quiere salir al paso de las interesadas intenciones de la Confederación Asturiana de la Construcción de seguir decidiendo el urbanismo del litoral con un supuesto acuerdo territorial, que les permita seguir mandando en como se construye y donde se hace. Ahora en vez de convencer a los Ayuntamientos como venia haciendo hasta ahora, a el ritmo de planes especiales, convenios y otras formulas a la carta, quieren negociar para toda Asturias donde se hacen vivienda de lujo en la costa, ya ni juegan con la disculpa de muchos alcaldes que vendían los crecimientos desaforados previstos con el objetivo de fijar población en los municipios costeros, cosa que por supuesto no esta sucediendo.
Todos estamos de acuerdo en que tenemos un litoral que merece la pena conservar, por eso desde la Coordinadora Ecoloxista luchamos y lo vamos seguir haciendo contra los planes de los Ayuntamientos por urbanizar este, hay previstas 64.000 segundas residencia con los últimos datos. Hay que recordar que nosotros ni solicitamos aumentos de viviendas ni construimos, solo denunciamos un método de construir que en la mayoría de las veces usando las peligrosas recalificaciones y con los convenios urbanísticos que favorecen los pelotazos.
En Asturias llevan mucho tiempo los mismos responsables urbanísticos y algo tendrá que ver en la situación de riesgo que estamos. No vale con que se nos diga que no hay amenazas en el litoral, es una percepción que hay que acreditar, nosotros venimos indicando municipio a municipio lo que hay previsto y que luego se compruebe si es cierto o no los datos que manejamos que hemos hecho públicos en varias ocasiones.
El Principado nos dice que ya tenemos protegidos los primeros 500 metros del litoral, decir eso es, no es decir toda la verdad porque eso no ha impedido en estos años que se construya en esos 500 metros en las poblaciones de Llanes, Poo, Celorio, Barro, Niembro, Ribadesella, Gijón, Xivares, Candas, Luanco, Bañugues, Verdicio, Salinas, Santa Maria del Mar, San Juan Arena, San Esteban, Luarca, Puerto Vega, Navia Tapia, Vegadeo, porque la ley tiene sus ranuras y son los suelos urbanos o consolidados casualmente los que se urbanizan.
No podemos olvidar de los meritos de varios municipios asturianos a que se retiren las competencias urbanísticas por diversas irregularidades algunas de ellas todavía en los tribunales; Llanes, Cudillero, estos mismos son los que van a negociar con los constructores, tiene gracia.
Municipios que están perdiendo población o que no crecen como son los de; Ribadedeva, Llanes, Ribadesella, Caravia, Colunga, Villaviciosa, Gozon, Avilés, Soto Barco, Muros, Cudillero, Valdes, Navia, Coaña, El Franco, Tapia, Castropol, Vegadeo todos tienen previsto aumento significativo de viviendas, llegando caso tan lamentables como el de Caravia donde hay censados 555 vecinos y 400 viviendas el Principado les autoriza 1000 nuevas viviendas.
Municipios que quieren duplicar el actual número de viviendas existentes (muchas de ellas ya segundas residencias) como; Ribadedeva, Colunga, Muros, El Franco., esta claro que esa no es política pensada en los vecinos sino en los constructores
En Asturias que de acuerdo a los datos del censo ya se reconocen un porcentaje de segundas residencias superior al 50% en municipios como son; Ribadedeva, Llanes, Ribadesella, Caravia, Colunga, Villaviciosa, Soto, Muros, Tapia y encima van tener muchas mas.
Si aplica el proyecto socialista de la nueva Ley del Suelo que prevé un supuesto control estricto de aquellos planes que suponen un crecimiento de mas de un 20% de la población, en Asturias afectaría a los planeamientos de los de; Ribadedeva, Llanes, Ribadesella, Caravia, Colunga, Villaviciosa, Soto, Muros, Cudillero, Valdes, Navia, Coaña, El Franco, Tapia, Castropol, Vegadeo o sea casi todo el litoral.
Entendemos que los Constructores también harán alguna gestión con el Ministerio de Medio Ambiente para suavizar la obligación de que los nuevos planes de urbanísticos y urbanizaciones que se presenten un estudio avalado por la Confederación Hidrográfica de abastecimiento posibles de agua potable, cosan que no suelen hacer.
Esta es la realidad de Asturias y encima ahora nos la quieren vender como un acuerdo con los Constructores, como si hasta ahora el Principado y los Ayuntamientos no les hubiesen dado toda clase de facilidades sin preocuparles lo mas mínimo del entorno ni quienes viven allí. Recordar que los ecologistas llevamos tiempo solicitando participar de la Cuota como están los Constructores, Promotores y Arquitectos y no se nos deja participar, lo que da una idea del grado de limpieza y transparencia de este órgano que suele aprobar casi todo por unanimidad.
* Glayiu - 13/Setiembre/2007
El TSJC anula la aprobación del Plan Parcial de El Varadero
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ELDÍA/Tenerife* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado el recurso interpuesto por IR-Verdes contra la aprobación del Plan de El Varadero, anulando al mismo tiempo el acuerdo plenario impugnado por el citado grupo político de la oposición del Ayuntamiento de El Rosario, liderado por Escolástico Gil.
La sentencia, a la que tuvo acceso ayer EL DÍA, alude a que por parte de IR-Verdes se interpuso recurso y que formalizó demanda en la que solicitó que se declarara la nulidad del Plan Parcial de El Varadero "por no ser conforme a derecho, ya que la tramitación del plan no debió iniciarse por impedirlo la Ley 6/2001, de 23 de julio". Una vez recibido el juicio a prueba -continúa la sentencia-, se practicó la propuesta y admitida, con el resultado que obra en autos. Las partes presentaron sus respectivos escritos de conclusiones, y se señaló día para la votación del fallo.
En los fundamentos de derecho, concretamente en el tercero, se dice que "aunque no puede examinarse la contradicción entre el Plan Parcial y el Plan Insular de Ordenación de Tenerife, pues esta norma entró en vigor con posterioridad a la fecha en la que El Ayuntamiento de El Rosario considera que se produjo el silencio administrativo, la cuestión ya la hemos resuelto en los autos 1312/2002, sentencia de 9 de marzo del 2007, en la que decíamos que el suelo del ámbito del Plan Parcial de El Varadero ha sido clasificado como suelo rústico de protección ambiental como consecuencia de su inclusión en el área de regulación homogénea de protección ambiental 1, por lo que en ningún caso podrá aprobarse el plan parcial en dicho ámbito".
La sentencia destaca que es clara la suspensión de la tramitación de los procedimientos de aprobación y revisión de los planes parciales y especiales de ordenación, así como de los estudios de detalle, cuando el planeamiento general permita el uso alojativo turístico en el sector o ámbito correspondiente. Añade que de "ello se desprende que el efecto suspensivo se produce siempre que el planeamiento superior permita en el ámbito los usos turísticos alojativos, con independencia de que éstos sean contemplados en el plan parcial".
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias señala, además, que si la tramitación del Plan Parcial debió ser suspendida por presentarse la instancia después de la entrada en vigor de la Ley 6/2001, de 23 de julio, no pudo producirse el silencio administrativo y debe declararse la nulidad del acto impugnado.
* El Día - 12 DE SEPTIEMBRE DE 2007
Foto: El Rosario (Tenerife) - adelur.org
Paralizadas las obras de la urbanización de Alhendín investigadas en la trama urbanística
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GRANADADIGITAL* : Las obras del residencial de 1.200 viviendas promovidas en Alhendín por la inmobiliaria Frai e incluidas en la investigación judicial sobre la presunta trama de corrupción urbanística en la localidad granadina han sido paralizadas. Según consta en la carta remitida ayer por Frai a sus clientes, facilitada hoy a Efe por la promotora, la suspensión de edificación de esa promoción de viviendas es "temporal y voluntaria" hasta la resolución definitiva del expediente del Ministerio de Defensa.
Defensa está procediendo al control de los planeamientos de ese municipio y de otros como Armilla, Churriana, Ogíjares y Las Gabias en lo relativo a aspectos urbanísticos que puedan afectar a las servidumbres aeronáuticas de la base de Armilla, recuerda la promotora, que enmarca en ese procedimiento su decisión "temporal y voluntaria" de suspender las obras "pese a que no existe orden de paralización alguna" por parte del Ayuntamiento ni de la Junta.
La suspensión no afecta a las obras de urbanización del plan parcial en el que el residencial en cuestión se ubica, precisa.
Las obras, subraya la promotora, están "amparadas por la correspondiente licencia de obras", concedidas por "el único organismo competente para autorizarlas -el Ayuntamiento de Alhendín-", por lo que, mantiene, cumple "rigurosamente" el planeamiento urbanístico aprobado por la Junta de Andalucía.
Frai sostiene que, pese a la suspensión temporal, cumplirá con las fechas máximas de entrega de las viviendas previstas en los contratos.
La paralización se produce después de que el pasado mes de mayo el Ministerio de Defensa abriera un expediente sancionador a la promotora por vulnerar las servidumbres aeronáuticas de la base de Armilla, dado que la altura de las 1.200 viviendas construidas podría poner en peligro el aterrizaje de los aviones.
El responsable de la inmobiliaria es uno de los empresarios imputados, junto a cargos municipales como el ex concejal de Urbanismo y el ex alcalde, ambos del PP, -ahora gobierna el PSOE- en la presunta trama de corrupción urbanística investigada por un juez.
Según publica hoy la prensa local, habría sido el Ministerio de Defensa quien comunicó a las empresas constructoras de esta macrourbanización la paralización de las obras.
* Granada Digital - EFE - 13/09/2007
Foto: Infografía de una de las urbanizaciones en construcción de la promotora Frai - granadadigital.com
Limpias: Ordenan parar la construcción de 101 chalés de lujo
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ELDIARIOMONTAÑÉS* : 'Urbanización La Bella Vista. Con los mejores sistemas de seguridad y vigilancia. Primera fase a la venta'. De este modo se presenta en un cartel anunciador la urbanización 'La Bella Vista', situada en el Pico del Hacha, en Seña (Limpias), 101 viviendas individuales de lujo con otras tantas piscinas que actualmente se construyen en los terrenos de una antigua cantera. Sobre estas obras pesa una orden de paralización que el pasado 6 de septiembre el concejal de Urbanismo de Limpias, Jesús Ramón Abascal, envió a la constructora JOMI 2000 S.L, encargada de las obras.
En la orden de paralización, el Ayuntamiento señala que los trabajos «se están realizando sin ajustarse a las condiciones de la licencia concedida, a la vista de la envergadura de las mismas en contraste con la ausencia de detalle que se aprecia en el correspondiente proyecto que carece de planos detallados de escolleras, muros de contención, cálculos de muros de contención de tierras...».
Según explicó ayer la alcaldesa de Limpias, María del Mar Iglesias (PSOE), «además de haber arrasado un encinar cantábrico que había en este monte y buena parte de la montaña, se están levantando escolleras de 4, 5 y hasta 6 metros de altura con el importante impacto visual que éstas implican». En el escrito, el responsable del área de Urbanismo recuerda también que no se han adoptado las medidas de «preservación de los yacimientos arqueológicos y las cavidades halladas en el lugar». Iglesias destacó ayer que hace unos meses ya se requirió a la empresa para que adoptará estas medidas de protección, sin que éstas se hayan puesto en marcha.
Hasta el momento, según explicó ayer la alcaldesa de Limpias, María del Mar Iglesias, las obras continúan y «estamos a la espera de que la promotora nos envíe su respuesta a la orden de paralización». Representantes de la empresa y responsables municipales mantuvieron un encuentro esta misma semana en el que los técnicos expusieron los detalles de la orden de paralización mientras que la promotora defendió el contenido del proyecto de construcción y anunció que enviaría un escrito al Consistorio.
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) aprobó el Plan Parcial que afecta a esta zona del municipio de Limpias en el año 2000 y dos años más tarde el Consistorio concede la licencia de construcción. En estos cinco años la licencia ha sido comprada y vendida por distintas promotoras hasta llegar a manos de Gesticasa, actual propietaria. «Cuando nosotros llegamos al gobierno municipal nos encontramos con estas obras, que contaban con licencia municipal pero tenían una gran edificabilidad», señaló María del Mar Iglesias quien anunció que en un plazo breve de tiempo está previsto presentar un avance de las nuevas Normas Subsidiarias en las que se modificará la edificabilidad.
El concejal de Obras, Jesús Ramón Abascal (PRC), destaca el importante movimiento de tierras que se está realizando con el consiguiente trasiego de camiones que ello implica. Según consta en el expediente municipal sobre el proyecto, la promotora dispone de una autorización de la Dirección General de Carreteras para movimiento de tierras que supone el paso diario de más de una veintena de camiones por una estrecha carretera de Seña. «Se han caído piedras a la carretera, con el peligro que esto implica, y nos hemos enterado de que además, la piedra se vende para el puerto de Laredo», señala la alcaldesa.
Malestar entre los vecinos
El proyecto de esta urbanización ha causado gran malestar entre los vecinos de Seña, un pequeño pueblo de 350 habitantes que en poco tiempo han visto cómo «se han cepillado un monte para hacer una urbanización», señala Luis Rasines, uno de los propietarios del Bar Viri. Este vecino considera que «mientras en otros sitios, con el POL en la mano, no dejan hacer nada, aquí, en un sitio que puede verse desde Laredo, dejan construir 100 chalets».
Si de forma voluntaria no se paralizan las obras, el Ayuntamiento «tendrá que acudir a los tribunales para que sea una orden judicial la que paralice», señala Iglesias quien recuerda que en el caso de no solicitar la licencia para las modificaciones pertinente, «se ordenará la demolición de los ejecutado a costa del interesado y se impedirán los usos a que pudiera dar lugar».
* El Diario Montañés - 13.09.2007 - ALMUDENA RUIZ
Foto: Imagen de la zona donde se levanta la urbanización con el Monte Buciero (Santoña) al fondo. / A. FERNÁNDEZ
Manos Limpias denuncia nuevas irregularidades en Roquetas de Mar
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TELEPRENSA/Almería* : El colectivo “Manos Limpias en el urbanismo de Roquetas de Mar” denunció el pasado 27 de agosto ante la Dirección General de Inspección del Territorio, dependiente de la Consejeria de Obras Públicas las posibles irregularidades, ya denunciadas públicamente, en la construcción del Apeadero de Autobuses de Roquetas de Mar, que consistían fundamentalmente en que por un lado buena parte de las zonas verdes de la Unidad de Ejecución 70, donde se ubica el apeadero podría estar ocupando el muro de la rambla del Cañuelo, que colinda por el norte con esta unidad, unos 400 M2.
Por otro lado denunciábamos que en torno al 20% del suelo del apeadero se asienta sobre el Camino del Cementerio. Los cálculos que hacíamos en su día del beneficio de esta operación para los propietarios sería de un 1,5 millones de euros. Asimismo, denunciábamos que esta situación había provocado que dicho apeadero haya quedado ridículo para las necesidades del municipio, siendo la entrada y salida del mismo muy complicada, obligando meses después al ayuntamiento a la instalación de semáforos para evitar los continuos accidentes que ocurrían en el cruce del apeadero.
No contentos con esta situación comprobamos que en el desarrollo de la Unidad de Ejecución 71, que colinda por el sur con el apeadero, en vez de respetar la anchura del Camino del Cementerio, que es de 12 metros, vemos con sorpresa que se ha ocupado 3 metros de anchura por 100 metros de largo de dicho camino, dejando una entrada al apeadero y al municipio de escasos 3 metros, dejando encajonado la entrada al apeadero y al municipio y beneficiando nuevamente los intereses especulativos de unos pocos, que podrían obtener un beneficio de 300 M2 por cinco alturas, es decir un 1 millón de euros aproximadamente. Y nuevamente salen perjudicados los intereses generales del pueblo, que tiene que sufrir un apeadero en unas instalaciones que no reúnen los requisitos que el pueblo de Roquetas necesita.
Esperamos que las actuaciones que lleve a cabo la Inspección del Territorio vengan a poner al descubierto nuevamente la forma de hacer urbanismo en el municipio de Roquetas.
* Teleprensa - 13/09/07
Foto: Roquetas de Mar (Almería) - teleprensa.net
La Laguna: Los vecinos llaman a la ciudadanía a movilizarse contra la clase política y los planes urbanísticos
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LAGACETADECANARIAS* : Los vecinos de los barrios de San Lázaro y Camino la Villa hicieron ayer un llamamiento a todos los ciudadanos del área metropolitana y de la isla para que se movilicen este sábado y acudan a la manifestación del sábado prevista en el municipio de La Laguna para mostrar su rechazo a la clase política actual, en todos sus órdenes y administraciones; además de contra todos los planes urbanísticos previstos para esta zona (la ampliación de Los Rodeos, la Vía Exterior, la Vía Cornisa, la tercera fase de la Vía de Ronda y en Plan Parcial Geneto II).
El presidente de la asociación de vecinos de Camino la Villa, Pedro Delgado; y el vicepresidente de la asociación de San Lázaro, Andrés Pérez, anunciaron ayer, en primer lugar, su oposición a estos planes “que llenarán de asfalto y cemento los pueblos y barrios del área metropolitana, destruyendo todo lo que encuentre a su paso”. Delgado aseguró que “lo que está en juego es la defensa de un modo de vida, que es atacado a través de varios planes para expropiar casas, fincas y especular con el suelo, arrasando campos de cultivo y establecer polígonos industriales junto a las zonas residenciales, y construir torres de viviendas de no se sabe cuentas plantas de altura, en beneficio de unos empresarios y políticos que no siquiera viven en las zonas afectadas”.
En cuanto a las críticas hacia los responsables políticos, Pérez aseveró que, en el caso de la ampliación de Los Rodeos, “aprobaron los proyectos a espaldas de los vecinos. Nos vemos obligados a salir a la calle. Nos damos cuenta que se siguen haciendo las cosas sin contar con los vecinos y a espaldas del pueblo”. Por ello, solicitaron que “se cambie el tipo de política que se está haciendo”.
Ante esto, llamaron a la ciudadanía a participar en la manifestación “a fin de reclamar la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que les afecten”.
“La democracia no es solo votar cada cuatro años. Nuestro voto no es un cheque en blanco para que los políticos durante su mandato hagan y deshagan a voluntad propia o para tomar decisiones que afecten gravemente a nuestro modo de vida”, aseveraron los vecinos. Por ello, instaron a la ciudadanía de Tenerife que “hagan caso omiso a nuestros gobernantes, porque lo único que hacen es tergiversar las informaciones para desorientar a la opinión pública”.
Además, en lo que respecta a la manifestación, que saldrá a las 11.30 horas de la plaza del Adelantado, los vecinos anunciaron que los ganaderos, con sus tractores y cabezas de ganado, se sumarán a la movilización a partir de San Benito.
- Alternativa irá a la manifestación. Alternativa Sí se puede por Tenerife denunció ayer la agresión al suelo rústico y a los vecinos de la zona de Los Rodeos y declaró su apoyo a la manifestación del próximo sábado día 15 en contra de la ampliación de Los Rodeos, informa Efe.
Lola Padrón apoya la ampliación aeroportuaria
La alcaldesa de Puerto de la Cruz, Dolores Padrón, del PSOE, mostró ayer su respaldo a la ampliación del aeropuerto de Tenerife Norte, ya que considera que será “un revulsivo” para esa ciudad turística, informa Efe. Padrón calificó de “vital” para Puerto de la Cruz que se realicen las obras del Plan director del aeropuerto de Los Rodeos. “Esta ampliación podría ser el comienzo del revulsivo que necesita nuestra ciudad y el norte de la isla para su desarrollo económico y social”, según la alcaldesa, y consideró que así se convertirá el aeropuerto en un “verdadero referente”.
Para la alcaldesa socialista de la ciudad turística, la prioridad es potenciar los vuelos de bajo coste en el aeropuerto Tenerife Norte y la ampliación del número de vuelos.
* La Gaceta de Canarias - ÁLEX HERRERA - 13/09/2007
Foto: La Laguna (Tenerife), ayuntamiento - aytolalaguna.com
Anticorrupción pide que el caso de los aparcamientos pase al TSJ
INFORMACIÓN/Alicante* : La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito ante el juez que investiga el caso de los aparcamientos en el que defiende que el órgano competente para llevar la causa es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, según conformaron ayer a este diario fuentes del ministerio público. El juzgado de Instrucción número ocho de Alicante investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al empresario Enrique Ortiz en la construcción de tres aparcamientos en la ciudad. En la causa está imputado el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, que en las pasadas elecciones autonómicas salió elegido como diputado en las Cortes Valencianas por el Partido Popular.
Las Cortes ya han certificado al juzgado que Alperi es diputado, lo que le convierte en persona aforada. La defensa de Alperi hizo llegar al juzgado poco después de las elecciones un documento en el que decía que renunciaba a su condición de aforado.
En el informe que el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, ha remitido ahora al juzgado se indica que el alcalde no puede renunciar a su aforamiento, y por tanto, la competencia de la investigación corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.
El juez que lleva la causa todavía no se ha pronunciado sobre a qué órgano judicial corresponde seguir la instrucción, aunque las fuentes consultadas por este diario apuntaron a que en breve podría adoptarse alguna decisión.
Sin embargo, mientras en la Fiscalía alicantina siempre se ha defendido la competencia del TSJ en el caso, algunas fuentes del ministerio público apuntaron ayer que también este tribunal tendrá que pronunciarse sobre si se declara competente o no. Estas fuentes recordaron que a principios de la pasada legislatura los juzgados de Elda tuvieron que asumir una denuncia contra del diputado del PP Alejandro Font de Mora por un supuesto intento de compra de una edil socialista. El TSJ rechazó asumir el caso y dijo que el órgano competente para investigar eran los juzgados de la provincia, aunque al final todo acabó archivado.
La Fiscalía no ha remitido todavía ningún informe al juzgado de Instrucción número uno de Alicante, que investiga el caso Mercalicante, sobre el aforamiento de Alperi.
* Información - JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ - 11 de septiembre de 2007
Foto: alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es
Vecinos se pronunciaron contra posible especulación con terrenos de Carabanchel
MADRIDDIGITAL* : Las Asociaciones de Vecinos de Latina y Carabanchel difundieron anoche un Comunicado de Prensa en el que reiteran su rechazo “tajante” a la pretensión de “especular” con los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel “para la obtención de plusvalías”, ya que los mismos “fueron expropiados en su día a sus titulares, para la construcción de equipamiento, y por tanto deben seguir conservando esta finalidad dotacional”.
La respuesta de los vecinos se produce a poco de conocer el acuerdo al que llegaron el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su homóloga en el Ejecutivo regional, Esperanza Aguirre. Zapatero se comprometió a la cesión de los terrenos donde aún se ubica la antigua cárcel de Carabanchel para que en ellos construya la Comunidad un nuevo hospital público, pero también advirtió de que esa cesión tendrá que llevarse a cabo con la consecución de plusvalías por parte del Ministerio del Interior, titular del enorme solar, con la finalidad de que así pueda financiar la construcción de nuevos centros penitenciarios.
Las vecinas y vecinos de los mencionados distritos recuerdan que llevan ya 15 años luchando contra la especulación de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel: “Nuestro objetivo –aseguran- ha sido siempre que estos terrenos se dediquen íntegramente a la construcción de equipamientos en una zona muy necesitada de ellos, y en especial a la construcción de un hospital de referencia para los más de 500.000 habitantes que en la actualidad tenemos que desplazarnos hasta el Clínico y el 12 de Octubre, que se encuentran lejos y saturados”.
Por ello, las asociaciones celebran que, “aunque con muchos años de retraso”, se haya producido el primer compromiso verbal entre la administración central, propietaria de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, y la autonómica, responsable de la gestión sanitaria, para la construcción de un nuevo hospital cuya gestión y titularidad deben ser plenamente públicas.
“Pero lo que nos resulta totalmente inaceptable y rechazamos tajantemente –agrega el Comunicado- es la pretensión de especular con estos terrenos para la obtención de plusvalías”, ya que en opinión de los vecinos, “resulta contrario al espíritu y la letra de la Constitución española, que en su artículo 47 establece que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes, regulando la utilización del suelo para impedir la especulación.
Financiación con impuestos
Recuerdan también los vecinos que “estos terrenos fueron expropiados en su día a sus titulares, para la construcción de equipamiento, y por tanto deben seguir conservando esta finalidad dotacional”, ya que la construcción de nuevos equipamientos “deben financiarse con los impuestos, no con la promoción de la especulación del suelo, responsable, en gran medida, de los actuales problemas de acceso a la vivienda”.
También las asociaciones recuerdan que la gran densidad de población de estos dos distritos, que está siendo incrementada con los desarrollos urbanísticos del PAU de Carabanchel y la operación Campamento, tiene colapsados los servicios de la zona, “lo que hace por completo inadecuado” promover nuevas viviendas.
“No hay que olvidar –enfatizan- que en la actualidad gran parte de los terrenos ya han sido reutilizados por el Ministerio del Interior para dos nuevos centros penitenciarios y una comisaría”.
“Resulta decepcionante la facilidad con la que las administraciones se ponen de acuerdo a la hora de tratar asuntos relacionados con el ladrillo, la especulación y las grandes infraestructuras, y, por el contrario, las dificultades y años de lucha que cuesta conseguir la solución de las necesidades de los ciudadanos”, indica el comunicado.
Además, recuerda la necesidad de destinar una parte de los terrenos “para la creación de un espacio para la memoria histórica de las personas que fueron represaliadas por la dictadura franquista, siendo precisamente la antigua cárcel de Carabanchel uno de los lugares más tristemente famosos”.
Por último, las Asociaciones de Vecinos de Latina y Carabanchel exigen “la celebración inmediata de la entrevista que tenemos pendiente, desde octubre de 2006, con el Ministerio del Interior, para tratar de estos asuntos. Así mismo solicitaremos reunirnos con la consejería de Sanidad y con los partidos con representación en la Asamblea de Madrid para hacerle llegar nuestra postura con claridad”.
* Madrid Digital - 12/09/07
Foto: Carabanchel - madriddigital.info
La polémica ley de la vivienda andaluza es un arma de doble filo
GRUPODEACCIÓNSOCIAL* : El reciente anuncio de una ley que garantiza el acceso a la vivienda a las personas cuya renta no supere los 3.000 euros mensuales, a escasos meses de los comicios electorales, da mucho que pensar. Las diferentes declaraciones que realizaron el ministro de Economía, Pedro Solbes, y la ministra de Vivienda, Carme Chacón, sobre la normativa del Consejo de Gobierno andaluz, denota un claro juego político, ya que por un lado, Solbes, defiende la postura "conservadora y economicista": que dijo no ser partidario de grandes leyes que den reconocimiento a derechos para toda la vida- o de la postura "electoralista" de Chacón, que se mostró satisfecha por la tramitación del texto andaluz.
Las leyes autonómicas sobre vivienda existentes se limitan a actuaciones administrativas o sancionadoras y, en el caso de las ayudas para la adquisición o alquiler de una casa, lo relacionan con el derecho a una vivienda de los sectores más oprimidos.
La ley de la Junta continuará la senda iniciada por la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña y reproduce, -e incluso copia y pega-, aspectos como el objetivo, organización de los contenidos y enunciados de la normativa más avanzada del Estado hasta esta semana, que aún espera su debate parlamentario tras ser aprobada por el Gobierno de la Generalitat.
La ley catalana vincula el derecho a un criterio de urgencia social, tan sólo a aquellas personas y unidades de convivencia con ingresos "bajos y moderados -sin cuantificar-, a quien el coste de la vivienda puede situar en riesgo de exclusión residencial o dificultar un proceso de inserción social".
Salvo la novedad andaluza del tope de 3.100 euros, todo lo demás no llega a ser más que una copia literal.
Como ejemplo, muy poco se dice en el anteproyecto de las viviendas desocupadas, que tan sólo se aborda en la andaluza como complemento de la oferta de viviendas protegidas. El presidente de la Junta cifra en 300.000 las VPO a construir en los próximos diez años -sin cuantificar los servicios públicos, como colegios y hospitales- pero la realidad es que existen 630.000 casas desocupadas permanentemente, según un reciente informe del Centro de Estudios Andaluces.
La Secretaría de Vivienda de la Generalitat ha colaborado con la Junta en un grupo de trabajo, con la diferencia de que el plan andaluz no asume la fórmula del alquiler forzoso, una medida que obliga a los propietarios a poner a disposición sus viviendas vacías en dos años bajo la amenaza de la expropiación.
No hay referencias tampoco a las medidas más originales del Estado en materia de vivienda, las implantadas por el Gobierno vasco que, a pesar de carecer de una ley específica, impulsa el intercambio de VPO entre propietarios o, mediante el programa Bizigune, capta viviendas vacías y paga a sus inquilinos hasta 660 euros mensuales para a continuación alquilar esos pisos a ciudadanos inscritos en las listas y cobrarles una renta no superior al 30 por ciento de sus ingresos.
El anteproyecto establece que serán los municipios los que establezcan las necesidades concretas de sus ciudadanos y establecerán los recursos necesarios para satisfacerlas. Los planes autonómicos determinarán asimismo la tipología de las viviendas y la financiación de las mismas. Sin embargo, la cercanía de las elecciones autonómicas, que previsiblemente se celebrarán el próximo marzo, impide que esta norma sea aprobada antes. Un arma de doble filo que captará adeptos en las próximas elecciones electorales.
* G.A.S. - 10 septiembre
Imputan al ex alcalde y cinco ediles de Benamocarra por prevaricación
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LAOPINIÓNDEMÁLAGA* : El Juzgado de Instrucción 4 de Vélez-Málaga investiga la concesión de 53 licencias presuntamente ilegales concedidas por el Ayuntamiento de Benamocarra entre los años 1997 y abril de 2003. En este caso, que se inició a raíz de la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, figuran como imputados el ex alcalde socialista del municipio José Díaz García y otros cinco antiguos miembros de la corporación municipal, según consta en una providencia, a la que tuvo acceso este periódico.
Fuentes judiciales aseguraron que estarían implicados en un delito de prevaricación, por presuntamente otorgar permisos de obra a sabiendas de que no se ajustaban a la legalidad urbanística. Según la denuncia, el ex alcalde de este pequeño municipio ubicado en la comarca de la Axarquía habría concedido licencias para la construcción de viviendas unifamiliares en contra de los informes de los arquitectos municipales y de los documentos de los servicios jurídicos del Consistorio.
Hasta la fecha ni el ex regidor ni el resto de concejales han sido citados a declarar. El juzgado que practica las diligencias ha requerido a la actual corporación municipal, que también ha denunciado el caso, para que remita los expedientes de licencia de obra con las presuntas irregularidades urbanísticas.
Viviendas diseminadas. Los permisos otorgados correspondían a la construcción de viviendas residenciales de carácter unifamiliar supuestamente en terreno no urbanizable.
Según fuentes cercanas al caso, las residencias carecerían de los controles medioambientales básicos en cuanto a tratamiento de aguas residuales y de basura. El suelo donde se ubican estaría calificado como agrícola, donde sólo se permite la construcción de aperos de labranza.
Por su parte, el ex alcalde manifestó a La Opinión que no le consta "ninguna citación del juzgado" sobre las diligencias que practica contra él y otros cinco cargos municipales. José Díaz indicó que está "muy tranquilo", pese a que reconoció que durante su gobierno "pasó por alto" actuaciones que podrían no ajustarse a la normativa. "Me culpo por haber pasado por encima algunas cuestiones y no haber paralizado obras", dijo. Sobre su implicación en el caso, señaló que si un juez considera que ha cometido un delito, pues asumirá las consecuencias, pero dejó claro que jamás se ha lucrado de nada.
* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 12 de septiembre de 2007
Foto: Imagen de una vivienda en suelo agrícola que recoge la denuncia del GEMA. L.O. (laopiniondemalaga.es)
"Pelotazo" en Benasque
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ELPERIÓDICODEARAGÓN: Aramón, el hólding semipúblico del esquí aragonés, ha multiplicado por 465 el precio de unos terrenos que acaba de vender en Cerler en relación con la valoración que tenían hace cuatro años, cuando los puso bajo su control al alcanzar la mayoría del capital social de Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, la empresa que gestiona el complejo invernal. La operación, cerrada hace unos meses, consiste en la venta de 18,3 hectáreas a un grupo de empresas zaragozanas y vascas que han pagado 120 millones de euros por ellas.
Algo más de dos terceras partes del suelo, 128.000 metros cuadrados, están calificadas para albergar viviendas, hoteles, aparcamientos y comercios. Mientras, 4,2 hectáreas quedan reservadas para viales y zonas verdes y 1,3, para equipamientos.
Sin embargo, los compradores no pueden inscribir las transacciones en el Registro de la Propiedad, ya que la titularidad del suelo se encuentra en tela de juicio en el Juzgado de Boltaña y el registrador ha anotado en sus fichas, a instancias del Ayuntamiento de Benasque, que se encuentran en una situación de litigiosidad. Los antiguos propietarios reclaman la devolución de las tierras que aportaron a Cerler en los años 60 al entender que la empresa, que lleva cuatro años bajo el control de Aramón, no ha cumplido los compromisos que había adquirido con ellos.
CESIÓN DE PARTICIPACIONES.
Los terrenos aportados por los vecinos del valle seguían valorados en el año 2002 en 241.361 euros --43,4 millones de pesetas-- en la contabilidad de Fomento del Valle de Benasque. En ese ejercicio era una de las empresas públicas de la DGA, ya que esta controlaba más del 50% de las acciones. Tras la ampliación de capital de febrero del 2003, el Instituto Aragonés de Fomento y el Gobierno de Aragón sumaban el 66,99% del accionariado. Ambas instituciones, no obstante, habían cedido esas participaciones a Aramón "a título oneroso", es decir, que el hólding --controlado al 50% por la DGA e Ibercaja-- debía entregar a cambio de ellas a la administración autonómica equivalente, como mínimo, al valor teórico de las acciones que aporta según el balance del 2002.
Sin embargo, el informe de la Intervención General de la DGA sobre el ejercicio del 2002 alertaba de varias circunstancias relacionadas con esos suelos. Una era "la falta de información relativa a la adquisición de terrenos contabilizada en ejercicios anteriores". Otra, que "el valor catastral del año 2002 correspondiente a esos terrenos es de 7.488.204 euros" y "no consta que se haya realizado ningún estudio sobre la posible valoración" de los mismos. Y, una más, que "algunos de los terrenos fueron adquiridos mediante el pago parcial en dinero y el compromiso de entrega posterior de terrenos ya urbanizados", por lo que "la total superficie pendiente de entrega sería de 23.522 metros cuadrados".
Una auditoría elaborada en 1996 por Arthur Andersen ya alertaba de esa carencia documental, lo que impedía tanto "verificar el coste contable" de la adquisición de los terrenos como "evaluar los compromisos que pudieran existir asociados a los mismos".
La Intervención de la DGA incluía en su informe una anotación en la que dejaba claro que las cuentas de Fomento del Valle de Benasque no reflejaban de forma correcta el valor de los suelos. "La sociedad tiene contabilizado en su balance terrenos por un valor muy inferior al valor catastral y por tanto previsiblemente también al real", indicaba. Y, paralelamente, recomendaba actualizar la valoración y tener en cuenta la influencia que podría tener en ella "la definitiva aprobación del plan parcial que se está tramitando y el resto de decisiones urbanísticas que sobre esta materia puedan tomarse".
Los balances depositados en el Registro Mercantil por Fomento del Valle de Benasque incluyen en el apartado del inmovilizado inmaterial del activo reservado para terrenos y construcciones una partida que asciende a 5.474.978 euros en su consignación más elevada. Se sitúa prácticamente dos millones por debajo del valor catastral que tenían hace cinco años los terrenos ahora vendidos y en litigio.
* El Periódico de Aragón - 10/09/2007 E. B. D.
Foto: Los terrenos albergarán viviendas, hoteles y comercios, además de distintos equipamientos /Servicio Especial (elperiodicodearagon.com)
La especulación: una pesadilla para la democracia
CARME MASSANA* : En el marco de una Europa que quiere ser líder tanto en el desarrollo económico como en el bienestar de las personas, fomentando la innovación, la transparencia de los mercados y la preservación medioambiental, y que propugna la habitabilidad y la sostenibilidad del hábitat, no cabe el mercado inmobiliario español. La Eurocámara ha condenado de forma reiterada el urbanismo salvaje llevado a cabo en España. Puede parecer una pesadilla, pero sabemos que no lo es. Protagonistas (personas y gobiernos locales) de algunos de los mayores escándalos urbanísticos aflorados en los últimos años y meses fueron elegidos o reelegidos en las últimas elecciones democráticas municipales, y continúan formando parte del poder público local. Los ejemplos más sorprendentes son, quizá, los de Andratx (Baleares), Castellón de la Plana y Marbella.
Un análisis de estos hechos sugiere alternativas. Desvela su relación con el carácter altamente especulativo del mercado inmobiliario español, que atrae al capital, permite el blanqueo de dinero y ha ocasionado escasez de viviendas asequibles, derroche de patrimonio físico, cultural y ambiental, fraudes inmobiliarios y debilitamiento de la democracia.
Y ¿por qué este mercado es especulativo? Porque la propia naturaleza de los bienes urbanos -escasos y duraderos- ofrece al capital la posibilidad de comprar, acumular y retener terrenos y edificaciones, aumentando su escasez y su precio, en mercados como el español, con una demanda creciente de viviendas en las concentraciones urbanas, en áreas de segundas residencias y en zonas turísticas. Los especuladores tratan, además, de obtener rentabilidades extraordinarias de sus inversiones influyendo en los gobiernos que dictan o aplican las normativas respecto al uso del suelo, a la construcción de viviendas y a los planes de urbanismo. Pretenden que adapten dichas normativas a sus intereses o que simplemente toleren su no cumplimiento. Y lo han conseguido en demasiadas ocasiones, dado que la construcción supone ingresos para los ayuntamientos y que la avaricia de algunos alcaldes, ediles o funcionarios ha originado comportamientos corruptos.
Así, las viviendas de alquiler o de compra asequibles han ido desapareciendo del mercado. Proliferan, en cambio, las promociones inmobiliarias de tipo especulativo que no tienen en cuenta que la calidad y la preservación del patrimonio físico y ambiental tiene efectos positivos tanto sobre el bienestar de las personas como sobre el futuro de la economía; la calidad del entorno influye, por ejemplo, cada vez más en las decisiones personales y también corporativas respecto a viajes turísticos y localizaciones de empresas, en especial de las compañías más innovadoras y competitivas.
Pero ¿por qué una parte demasiado importante de la sociedad española tolera aún la especulación urbana? Primero: La escasez de viviendas asequibles ha motivado un continuo aumento de la compra de viviendas, tendencia favorecida por los bajos tipos de interés habidos en los últimos años. Estos propietarios-usuarios estiman positiva la revalorización de sus casas, aunque muchos sean, también, conscientes de que vender significaría quedarse sin techo y tener que migrar. Segundo: El pequeño ahorrador ha invertido a menudo en el mercado inmobiliario buscando seguridad y rentabilidad; para él ha sido también positivo el aumento de precios. Tercero: El sector de la construcción ha sido uno de los puntales del elevado y continuado crecimiento económico; ha creado riqueza y empleo. Casi todos, ciudadanos y administraciones públicas, temen que este sector entre en recesión, hecho muy visible en municipios pequeños donde la construcción y rehabilitación de viviendas es la principal actividad económica. Y vemos que el caciquismo, personificado en forma de promotores inmobiliarios, vuelve a imponerse en varios de estos municipios.
La mayor sensibilidad de los actuales gobiernos español y catalán respecto a los problemas de la vivienda, urbanísticos, medioambientales, de fraudes y comportamientos antidemocráticos, ha motivado la adopción de nuevas medidas legislativas. Pero la complejidad de la situación a la que se ha llegado, dejando funcionar libremente durante años el mercado inmobiliario de tipo oligopolístico, dificulta la eficacia de dichas medidas.
Quizá la vía del diálogo, la negociación y el pacto es la que puede obtener mejores resultados. Esta vía ha sido emprendida por el Gobierno catalán, no sin dificultades, con el Pacto Nacional por la Vivienda 2007-2016, en el que participan administraciones públicas, economía privada y agentes sociales. Este pacto propone, por ejemplo, la construcción de viviendas nuevas, protegidas y de alquiler de acuerdo con las necesidades existentes y previstas; esta propuesta no parece desdeñable ni para los consumidores ni para la economía privada cuando los aumentos de los tipos de interés hacen temer una reducción sensible de la demanda.
Hay que ofrecer, también, a los municipios más recursos financieros así como asesoramiento sobre sus potencialidades económicas y de cómo desarrollarlas. De esta forma podrán diversificar sus economías y evitar que el negocio inmobiliario prevalezca, o que se produzcan emigraciones masivas que suponen, en ocasiones, la desaparición de pueblos. Los planes estratégicos tendrían que cubrir todo el territorio y aplicarse con eficacia.
Hay que actuar sin demora para garantizar un hábitat digno para todos los ciudadanos, cumpliendo tanto con el derecho constitucional refrendado en nuestro país hace casi 30 años como con el Estatuto de Cataluña.
* Carme Massana es profesora de Política Económica en la Universidad de Barcelona.
* ELPAIS.com - Tribuna Cataluña - 12/09/2007
Cargos políticos exigieron un informe menos crítico sobre el PAI de Oropesa del Mar
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ELPAÍS/Castellón* : La tramitación y dictamen del Plan de Actuación Integrada (PAI) de Oropesa que ha desembocado en la imputación por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias del anterior equipo de gobierno municipal del PP contó, en varias ocasiones, con la intervención directa de cargos políticos. Los técnicos que suscribieron algunos de los informes de acuerdo con los cuales se aprobó el PAI hicieron referencia a las "instrucciones" recibidas por parte del director territorial de Medio Ambiente en Castellón, Jorge Traver, que fueron transmitidas verbalmente.
Las "instrucciones" fueron remitidas por directores territoriales o directores generales cuya designación depende, directamente, del Consell. Es el caso de los técnicos de la Sección Forestal que informaron sobre la afección del programa urbanístico sobre vías pecuarias. En el escrito que figura en el expediente, los técnicos hablan, literalmente, de las "instrucciones" recibidas por el director territorial de Medio Ambiente, Jorge Traver.
El informe sostiene que "conforme a las instrucciones del director territorial, que el jefe del servicio territorial de Medio Ambiente transmite verbalmente, respecto que considera excesivamente detallado el informe técnico sobre las deficiencias observadas...".
Los funcionarios, de acuerdo con la orden de sus superiores informaron "de forma resumida" lo que consideraron "más trascendente, a los efectos de que para poder emitir informe favorable, en su caso, con la mayor rapidez posible...". El estudio concluye señalando únicamente dos vías pecuarias afectadas por el PAI que "no son compatibles" con el tratamiento formulado en el programa, por lo que éste debía modificarse.
La celeridad exigida se refleja también en otro informe en el que el entonces director general de Ordenación Territorial, Pedro Grimalt, pide que "a la mayor brevedad posible" los técnicos remitan un informe sobre otro trámite.
Este diario trató ayer, sin éxito, de que la Consejería de Medio Ambiente diera una explicación sobre estas "instrucciones".
Precisamente la rapidez a la que hace referencia el técnico es uno de los argumentos en los que hace hincapié la querella presentada por particulares afectados por este desarrollo urbanístico, de alrededor de 350.000 metros cuadrados, ubicado en una zona de expansión del complejo Marina d'Or. "El procedimiento fue tramitado con inusitada celeridad y anormal fugacidad y su precipitación en decidir, y el alcance de la medida, no tienen base objetiva alguna", señala la denuncia que ha supuesto, también, la imputación del empresario Jesús Ger.
Las "prisas" a las que se refiere la denuncia se centran en las decisiones tomadas por el equipo de gobierno municipal y los dos funcionarios que también han sido imputados, la secretaria del Ayuntamiento y el arquitecto. Así, el escrito presentado en los juzgados esgrime, como ejemplo, que ambos informaron entre el lunes y el martes sobre la petición de aprobación definitiva formulada por el grupo de Jesús Ger el viernes anterior. El mismo día que informó la secretaria, el PP llevó el programa a pleno y se produjo la aprobación definitiva del desarrollo urbanístico con los votos a favor de los cinco concejales populares y el del edil tránsfuga del PSPV. Sólo el edil del Bloc votó en contra. La aprobación tuvo lugar horas después de que Esteban González Pons sustituyera a Rafael Blasco al frente de la Consejería de Territorio y, con carácter de urgencia, el PP sometió a votación el controvertido desarrollo urbanístico para lo que, además, se basó en un informe aportado por la misma empresa, y firmado por un profesor de la Universidad Politécnica. Éste fue encargado para tratar de "solventar" los dos informes desfavorables que la dirección general de Costas había emitido al PAI. Pese a que la autorización por parte de la administración autonómica estaba condicionada a que dicho informe fuera favorable, el equipo de gobierno de Oropesa aceptó el informe de la empresa que dictaminaba que la consideración de la dirección general del Ministerio de Medio Ambiente no era vinculante.
* ELPAIS.com - M. FABRA - Castellón - 11/09/2007
Foto: Marina D'or (Oropesa del Mar - Castellón) - marina-dor.net
Notas dispersas sobre hipotecas
JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL* : UNO. No es cierto que los españoles no ahorren. Los españoles ahorran más que mucho: muchísimo. Se pasan buena parte de su vida ahorrando para pagar su vivienda y, si lo logran en un plazo no disuasorio, se embarcan a veces en la adquisición de una segunda residencia en la playa o en algún paraje que, con imaginación, pueda considerarse turístico. También es frecuente que, aprovechándose de la subida de los precios de los pisos, opten por vender su primera vivienda, para adquirir una segunda --más grande y mejor situada--, financiada en parte con el precio obtenido por la venta de aquella, más una segunda y mayor hipoteca.
Y también se da el caso heroico de parejas inasequibles al desaliento, que repiten la suerte mediante la venta de su segunda vivienda, para acceder mediante el mismo procedimiento (venta más nueva hipoteca) a una tercera fase que supone para ellos la gloria en forma de casa adosada. Total, que el españolito y la españolita que acceden al mundo laboral y quieren vivir en pareja se tienen que embarcar --si papá y mamá no se estiran, porque no pueden o porque no quieren-- en un dilatado y proceloso viaje hipotecario, que les absorbe buena parte de sus recursos. Las causas por las que se ha llegado a esta situación son varias y están estudiadas: escasez y carestía de los arrendamientos, desconfianza en otras formas de inversión, alguna modesta ventaja fiscal... En cualquier caso, lo cierto es que la pareja española media está hipotecada hasta las cachas. Ahorra en piedras; mejor dicho, en tochos.
DOS.Ha habido cierta alegría hipotecaria por parte de algunas entidades crediticias. No insinúo que hayan quebrantado la ley, pero sí que han llegado hasta el extremo, financiando al límite a personas con una situación laboral inestable y con avalistas cuya solvencia era pareja a la de los avalados. A estos efectos --lo digo porque así lo creo-- no todas las entidades crediticias españolas han funcionado con análogos criterios de prudencia. Las ha habido digamos que más alegres. Admito que el sistema financiero es, en su conjunto, de gran calidad técnica, pero en todas partes hay sus más y sus menos.
TRES. El problema grave en el mercado inmobiliario no se planteará, si surge, a consecuencia de la subida de los tipos de interés, sino del retroceso en el mercado laboral, de manera que uno de los miembros de la pareja hipotecada pierda su trabajo. Entonces sí que aflorará en muchos casos el problema, porque ya no habrá en el cinturón agujeros bastantes con que apretarse. Muchas familias españolas no podrán pagar la hipoteca y subsistir, si en casa entra un solo sueldo. Recuerdo, en este sentido, que el director de una agencia de una entidad financiera me dijo un día, al término de la firma de una escritura, que lo que mira más la gente, a la hora de embarcarse en un crédito hipotecario para comprar su vivienda, no es el tipo de interés ni las comisiones que se le cobran, sino la seguridad que tiene en la solidez de su puesto de trabajo. Tenga salud y trabajo, piensan los españoles de hoy al liarse la manta a la cabeza. El problema surge cuando falta el trabajo.
CUATRO. El precio desorbitado de la vivienda responde prioritariamente, entre otras causas, a la carestía del suelo urbano. En España no hay escasez de suelo; hay escasez administrativa de suelo, pues el sistema limita artificialmente la oferta y coloca en situación jurídica privilegiada a los titulares de suelo clasificado, lo que otorga a este mercado características de oligopolio. Pero ello no tiene que ser necesariamente así: es la consecuencia de un mal sistema que lleva en sí mismo el germen de la escasez y de la especulación. Un andaluz inteligente dijo que, en materia de suelo, los españoles hemos inventado el capitalismo sin mercado. ¿A quién beneficia esta situación? Primero --ya se ha dicho-- a los dueños de terrenos clasificados, y, en segundo lugar, a quienes tienen la llave de la clasificación. De lo que se deriva la necesidad de una nueva ley de financiación de las haciendas locales, para que el suelo deje de ser una de las principales --si no la principal-- fuente de financiación de los ayuntamientos. Digan lo que digan y se pongan como se pongan.
CINCO. Las parejas hipotecadas se asemejan a los antiguos siervos de la gleba medievales, es decir, a aquellos labradores que se ocupaban de las tierras de su señor y recibían de este una vivienda y protección, a cambio de entregarle en pago parte de su propia cosecha y satisfacerle otras gabelas. Asimismo, las parejas hipotecadas están amarradas de hecho --poco menos que de por vida-- a la finca donde viven, satisfacen mensualmente el canon de unos intereses periódicamente revisados y pagan comisiones por cualquier modificación de su relación con la entidad financiera (nueva disposición, amortización anticipada e, incluso, cancelación de hipoteca). Si bien se piensa, la posición de las entidades financieras se asemeja bastante --sin derecho de pernada-- a la de los antiguos señores feudales. Y, al igual que estos, extienden su influencia --basada en su supremacía económica-- a todos los ámbitos de negocio, de comunicación y políticos.
SEIS. Atisbar el futuro de una economía es tarea compleja, pero sí cabe señalar --con referencia a España-- algunos datos indiscutibles: desempleo ascendente, disminución de las afiliaciones a la Seguridad Social, merma de la recaudación por IVA (que implica una desaceleración del consumo) y deterioro de la confianza de los agentes económicos (según la última encuesta del Instituto de Crédito Oficial). Las conclusiones a extraer de estos datos son a gusto del consumidor.
* Notario
* El Periódico - Opinión - 11/9/2007
El Ayuntamiento de Sevilla gravará las viviendas vacías con un 50% más de IBI
EFE* : El Ayuntamiento de Sevilla gravará con el 50% más en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) los pisos que la inspección municipal compruebe que están vacíos, según informó hoy el concejal de Hacienda y Presidencia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
Gómez de Celis explicó que la Ley de Haciendas Locales permite aplicar ese tope en el IBI para sancionar las viviendas desocupadas y destacó que se convertirá en el "primer consistorio español" en aplicar ese tipo de medida. Indicó que en Sevilla hay casi 40.000 viviendas dadas de alta en el registro del IBI en las que no hay nadie empadronado.
La junta de gobierno municipal acordará el próximo jueves comenzar a trabajar sobre esta iniciativa y dar prioridad a la inspección municipal para que investigue si una vivienda está o no desocupada, de acuerdo con unos criterios, para aplicar o no el recargo en el IBI.
El concejal confió en llegar en 2008 a "un número importante" de viviendas desocupadas y resaltó que el objetivo de esta medida es favorecer el mercado del alquiler.
También pretende el ayuntamiento hispalense colaborar en la aplicación de medidas que luchen contra la especulación de la vivienda, de forma que "no sea un negocio, sino un derecho fundamental".
En este sentido, aplaudió la iniciativa de la Junta de Andalucía de garantizar el derecho a una vivienda digna a las unidades familiares con ingresos inferiores a 3.000 euros mensuales, según recoge el anteproyecto de ley de la vivienda.
En un comunicado, la Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA consideró que el gravamen del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las viviendas vacías de Sevilla es una "medida positiva siempre que se aplique de forma justificada y sin generar indefensión en los propietarios".
Precisó que, aunque muchas viviendas están vacías porque se destinan a la especulación, hay casos en que muchos usuarios pueden estar residiendo fuera del municipio de forma coyuntural, por motivos laborales, o viviendo con familiares por motivos de salud, entre otros.
* El Mundo - Sevilla - 10/09/2007
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com
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