La polémica ley de la vivienda andaluza es un arma de doble filo

GRUPODEACCIÓNSOCIAL* : El reciente anuncio de una ley que garantiza el acceso a la vivienda a las personas cuya renta no supere los 3.000 euros mensuales, a escasos meses de los comicios electorales, da mucho que pensar. Las diferentes declaraciones que realizaron el ministro de Economía, Pedro Solbes, y la ministra de Vivienda, Carme Chacón, sobre la normativa del Consejo de Gobierno andaluz, denota un claro juego político, ya que por un lado, Solbes, defiende la postura "conservadora y economicista": que dijo no ser partidario de grandes leyes que den reconocimiento a derechos para toda la vida- o de la postura "electoralista" de Chacón, que se mostró satisfecha por la tramitación del texto andaluz.

Las leyes autonómicas sobre vivienda existentes se limitan a actuaciones administrativas o sancionadoras y, en el caso de las ayudas para la adquisición o alquiler de una casa, lo relacionan con el derecho a una vivienda de los sectores más oprimidos.
La ley de la Junta continuará la senda iniciada por la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña y reproduce, -e incluso copia y pega-, aspectos como el objetivo, organización de los contenidos y enunciados de la normativa más avanzada del Estado hasta esta semana, que aún espera su debate parlamentario tras ser aprobada por el Gobierno de la Generalitat.

La ley catalana vincula el derecho a un criterio de urgencia social, tan sólo a aquellas personas y unidades de convivencia con ingresos "bajos y moderados -sin cuantificar-, a quien el coste de la vivienda puede situar en riesgo de exclusión residencial o dificultar un proceso de inserción social".

Salvo la novedad andaluza del tope de 3.100 euros, todo lo demás no llega a ser más que una copia literal.

Como ejemplo, muy poco se dice en el anteproyecto de las viviendas desocupadas, que tan sólo se aborda en la andaluza como complemento de la oferta de viviendas protegidas. El presidente de la Junta cifra en 300.000 las VPO a construir en los próximos diez años -sin cuantificar los servicios públicos, como colegios y hospitales- pero la realidad es que existen 630.000 casas desocupadas permanentemente, según un reciente informe del Centro de Estudios Andaluces.

La Secretaría de Vivienda de la Generalitat ha colaborado con la Junta en un grupo de trabajo, con la diferencia de que el plan andaluz no asume la fórmula del alquiler forzoso, una medida que obliga a los propietarios a poner a disposición sus viviendas vacías en dos años bajo la amenaza de la expropiación.

No hay referencias tampoco a las medidas más originales del Estado en materia de vivienda, las implantadas por el Gobierno vasco que, a pesar de carecer de una ley específica, impulsa el intercambio de VPO entre propietarios o, mediante el programa Bizigune, capta viviendas vacías y paga a sus inquilinos hasta 660 euros mensuales para a continuación alquilar esos pisos a ciudadanos inscritos en las listas y cobrarles una renta no superior al 30 por ciento de sus ingresos.

El anteproyecto establece que serán los municipios los que establezcan las necesidades concretas de sus ciudadanos y establecerán los recursos necesarios para satisfacerlas. Los planes autonómicos determinarán asimismo la tipología de las viviendas y la financiación de las mismas. Sin embargo, la cercanía de las elecciones autonómicas, que previsiblemente se celebrarán el próximo marzo, impide que esta norma sea aprobada antes. Un arma de doble filo que captará adeptos en las próximas elecciones electorales.





* G.A.S. - 10 septiembre