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C.Roig.- ÚltimaHora/Ibiza* : "Los magistrados consideran que la concesión de la licencia urbanística «espeluzna y horripila» y evidencia una «clara» vulneración de la legalidad. La sentencia recoge que la licencia que se otorgó en 1992 no podía concederse por varias razones: la edificación estaba en Área Natural de Especial Interés, no se dio traslado a la Comisión Insular de Urbanismo pese a ser preceptivo, la parcela tenía 20.000 metros cuadrados cuando se precisaban 30.000, la cota era de 300 metros sobre el nivel del mar cuando el máximo permitido era 200 y Puig den Serra es el segundo pico más alto de Eivissa, con lo que se vulnera la Ley de Espacios Naturales.
En el fallo judicial también se recoge que los acusados «eran conocedores» de que existían dos informes, uno emitido por el aparejador municipal y otro por la secretaria, en los que se desaconsejaba el otorgamiento del permiso. Además, también sabían que la licencia previa de 1984 había caducado. De hecho, en el texto se recuerda que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma la declaró nula y ordenó la demolición de la construcción.
Los magistrados sostienen así que los concejales dieron la licencia «contraviniendo» los informes técnicos y jurídicos, en una «ilegalidad manifiesta y evidente». Además, consideran que los acusados no se pueden escudar en el desconocimiento o la ignorancia pese a que durante el juicio se defendieron de esta forma.
Otro punto abordado es que lo que se aprobó como una ampliación de la licencia de 1984 era enrealidad una nueva, «siendo un auténtico fraude». «Los acusados sabían que otorgarla era manifiesta y clamorosamente injusto, arbitrario, ilegal y antijurídico, amén de nulo de pleno derecho», dice la Sala, que añade que «cualquiera» puede apreciar que estaba fuera de la legalidad y más los concejales, siendo vecinos del municipio y responsables de la gestión pública.
Pese a todo ello, no se presentó una denuncia penal hasta mucho después, por lo que el delito ha prescrito. En este sentido, rechazan que se haya producido un delito continuado, como mantenía el fiscal, que consideraba que era prevaricación por omisión la pasividad de los acusados ante las denuncias del GEN y los requerimientos del Consell.
* Última Hora Digital - 2 de agosto de 2007
Foto: Sant Josep (Ibiza), edificio de Es Puig d'en Serra /libertadbalear.com
El ex alcalde de Sant Josep absuelto de prevaricación al prescribir el delito
Diversos colectivos advierten de otro «caso Algarrobico» en Cabo de Gata
J.N.A.- ABC/Almería* : "Diversos colectivos ecologistas de la provincia de Almería han denunciado que el caso del hotel Algarrobico, construido en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Nijar en el término de Carboneras, podría repetirse dentro del mismo espacio protegido, pero esta vez en una zona del municipio de Níjar, donde una constructora tiene previsto llevar a cabo en la zona de La Fabriquilla una urbanización de 150 viviendas, valiéndose para ello de permisos concedidos antes de que el entorno fuese declarado espacio protegido.
La Junta de Andalucía ya intentó paralizar este proyecto, pero los propietarios llevaron el asunto hasta el Tribunal Supremo y obtuvieron una sentencia que reconocía que su derecho a edificar había sido obtenido con anterioridad a la catalogación del mismo como espacio protegido, por estar incluido en la delimitación del Parque Cabo de Gata-Níjar.
En la actualidad, el proyecto se encuentra en la fase administrativa de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de los Estatutos de la Junta de Compensación, que resulta un trámite necesario para la ejecución del Plan Parcial al que corresponde este proyecto.
La Junta no se da por vencida y desde la Delegación de Medio Ambiente se considera que la mejor forma de paralizarlo es que el Ayuntamiento de Níjar incluya los terrenos como no urbanizables en el Plan General de Ordenación Urbana. Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Níjar, gobernado desde mayo por el PP, se ha informado de que van a respetar la tramitación del proyecto, teniendo en cuenta sobre todo la existencia de una sentencia del TS que avala a los promotores.
* ABC - Andalucía - 2 de agosto de 2007
Foto: Cabo de Gata, urbanización la Fabriquilla /cabodegata.net
Noticia relacionada: Proyecto de urbanización en La Fabriquilla /Amigos Parque Cabo de Gata-Níjar
El ayuntamiento de Lisboa obligará a vender el 25% de viviendas nuevas a un precio por debajo del mercado
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EuropaPress* : "Lisboa tras el escándalo urbanístico que provocó elecciones anticipadas... El socialista Antonio Costa es desde este miércoles el nuevo alcalde de Lisboa después de tomar posesión del cargo y alcanzar un pacto con el Bloco de Esquerda que puso como condición que fuese obligatorio que el 25% de las nuevas viviendas en la capital lusa se vendiesen a un precio controlado. Ahora la polémica está abierta, ya que los constructores tachan de ilegal esta medida.
Los socialistas aceptaron todas las condiciones impuestas por el independiente apoyado por el Bloco de Esquerda, José Sá Fernandes, lo que permitió que hoy Antonio Costa asumiese la alcaldía y le ayudará a gobernar, aunque con mayoría simple, a no ser que logre que la candidata independiente y ex militante socialista Helena Roseta suscriba también un pacto postelectoral.
Pero nada más llegar a la Cámara Municipal, Antonio Costa ya tiene la polémica sobre la mesa. El nuevo alcalde aceptó una de las condiciones más polémicas de Sá Fernandes que busca ayudar a habitar Lisboa, ya que la capital lusa está prácticamente deshabitada, en especial su casco histórico, que sólo cuenta con medio millón de personas residentes.
Por ello, se ha optado por obligar a los constructores y promotores inmobiliarios de la ciudad a vender o alquilar, al menos el 25% de sus nuevas promociones a costes controlados, es decir, por debajo del precio del mercado.
Esta medida ya ha sido contestada por los constructores civiles de Lisboa que han amenazado con recurrir a los tribunales si el Ayuntamiento lisboeta avanza con esta idea. El presidente de la Asociación de Empresas de Construcción y Obras Públicas (AECOP), Joaquim Carlos Fortunato, indicó que "esta política sólo tiene sentido en un régimen como el que existe en Cuba".
"Una medida como ésta contraría todas las reglas de la economía de mercado, de transparencia, de competencia y por eso no creemos que eso sea posible", afirmó el responsable que se mostró incrédulo con la aprobación de esta medida, pero, de ser así amenaza con llegar a los tribunales.
LOS CONSTRUCTORES DICEN QUE LISBOA NO ES LA HABANA
El presidente de la AECOP recordó a los responsables municipales que "nosotros estamos en la ciudad de Lisboa, no estamos en La Habana, no estamos en Cuba, y si eso avanza recurriremos a los tribunales porque no nos parece legal cualquier medida que fije los precios de las casas".
Esta política de control de los precios de las viviendas también fue contestada por el concejal electo socialdemócrata, el principal partido de la oposición municipal, Fernando Negrao. En su opinión la intervención del Ayuntamiento en este asunto solamente puede realizarse a través de la Empresa Pública de Urbanización de Lisboa (EPUL) y no a través de los constructores privados.
Además, del precio controlado de las viviendas, en el acuerdo político alcanzado entre socialistas y Bloco también está la garantía de que no habrá nuevas construcciones en la ribera del río, la cancelación de la permuta sobre Bragaparques --el escándalo urbanístico que provocó las elecciones anticipadas y que fue destapado por Sá Fernandes, quien fue objeto de un intento de soborno--.
El concejal del bloco también rechaza gobernar si forman parte del gobierno municipal algún miembro del antiguo equipo, es decir, del grupo de tres concejales del PSD o de los tres del independiente Carmona Rodrigues. Sá Fernandes también exigió la aplicación en Lisboa del Plan Verde elaborado por el arquitecto Ribeiro Telles, así como la reestructuración del universo empresarial de la cámara municipal.
A pesar de este acuerdo, Antonio Costa no tuvo el mismo éxito con la candidata independiente Helena Roseta, que fue su compañera de partido durante más de 25 años. Aunque ésta aseguró de que no será un bloqueo a la gobernación.
El gobierno municipal de la capital portuguesa quedó hoy constituido. Antonio Costa será el alcalde los próximos dos años aunque no gobernará con mayoría absoluta, ya que sólo logró seis de los 17 concejales que forman la asamblea municipal.
* Europa Press - Patricia Ferro - 01/08/2007
Foto: Lisboa_-_Expo98 /António M.L. Cabral (Wikipedia.org)
Santiago: "La Ciudad de la Cultura... del despilfarro"
Roberto L. BLANCO VALDÉS* : "El informe del Consello de Contas para el año 2004 ha confirmado lo que era de esperar: que la gestación, ejecución y gestión de la Ciudad de la Cultura llevada a cabo por la Xunta del PP ha constituido una mezcla de pueblerinismo, desmesura, desidia y despilfarro. El pueblerinismo y la desmesura son, en realidad, las dos caras de una misma moneda, que sirve a los políticos para comprar, con dinero ajeno, su absurda pretensión de inmortalidad. El presidente Fraga tuvo un día malhadado tal empeño y pronto aparecieron para hacerlo realidad una legión de listillos dispuestos a venderle las maravillas de este mundo.
Es cierto que entre ellos había profesionales de prestigio, pero tal cosa no elimina los hechos de los que el Consello informa ahora: que esos profesionales se portaron como el vendedor avispado que pilla a un nuevo rico con ganas de darse pote y aprovecha para colocarle su mercancía a un precio desorbitado y abusivo. El resultado está bien a la vista: la Xunta pagó por los proyectos del Gaiás ¡el doble del precio de mercado!
Más allá de la sinvergonzonería de arquitectos y técnicos de apoyo, todo ello hubiera tenido una importancia relativa si tales proyectos se hubieran abonado con dinero de quien realiza los encargos. Ahora bien, cuando el dinero que paga los delirios del poder es el de todos -es decir, el que los Gobiernos han de administrar con buen sentido- la desmesura pueblerina se convierte en otra cosa: en desidia administrativa y despilfarro público.
El informe del Consello demuestra una y otra cosa, lo que, además de las responsabilidades del Gobierno del PP -ya depuradas en el plano político, tras su derrota electoral- suscita muchas dudas sobre la eficacia de los mecanismos de control. Entre ellos, el que supone el propio Consello, de quien habría sido de esperar una vigilancia desde el inicio de la obra que quizá podría haber corregido muchas de las prácticas irregulares que ahora se denuncian. ¿Qué hacía el Consello mientras mandaba quien había nombrado a la mayoría sus miembros?
Y todo esto -¿cómo no subrayarlo nuevamente?- al servicio de una obra cuya finalidad se desconocía cuando el proyecto se puso a andar y sigue desconociéndose hoy en día, cuando quizá otro presidente esté también soñando ya con ese mausoleo que antes le parecía una auténtica locura.
No todo el mundo en Galicia se ha comportado, en todo caso, de ese modo. Este periódico, por ejemplo, lleva mucho tiempo denunciando el absurdo que supone hacer una obra faraónica sin objeto conocido cuando hay muchas más necesidades. Por eso se le ha tratado tantas veces como al mensajero que se empeña en traer malas noticias. Aun cuando, pese a ser malas, sean verdad.
* La Voz de Galicia - 31 de julio de 2007
Asociaciones y vecinos reclaman la reducción de las zonas urbanizables de Portocolom
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J.Sitges/G.Julià.- ÚltimaHora/Mallorca* : "La plataforma «QuinPortVolem?», junto con el GOB, la Federació de Veïns de Felanitx, el Grup Airós, la Associació de Veïns de Portocolom y ARCA han iniciado una campaña de recogida de firmas para pedir al Ajuntament de Felanitx, al Consell de Mallorca y al Govern de les illes Balears la desclasificación del polígono 16, llamado Can Marçal Vell y «la reducción de la exagerada previsión de nuevo suelo urbano y urbanizable en Portocolom». Según las asociaciones implicadas, «el núcleo de Portocolom tiene graves problemas de saturación, de agua potable, de falta de servicios, etcétera y no puede permitirse este crecimiento excesivo, ni degradar el mejor producto turístico que tiene: el paisaje».
Jaume Adrover, miembro de la plataforma «QuinPortVolem?» ha explicado a este periódico la situación actual de la campaña: «Aunque todavía no hemos hecho ningún paso para la difusión del manifiesto, ya contamos con cerca de 400 firmas. La intención es hacer la máxima difusión posible. La fiesta del próximo viernes será un punto en el que confiamos aumentar mucho el número de firmantes».
Actualmente, la población residente en Portocolom es de 4.200 habitantes y durante el verano supera los 6.500. Pero añadiendo la previsión del nuevo suelo urbanizable se permitiría residir a 14.500, multiplicando así por cuatro la población actual.
Según las asociaciones, «se trata de una planificación absurda y favorecedora del desarrollo, propia de los años 60, que tan sólo favorece a un determinado sector inmobiliario que nunca tiene suficiente y se aleja así de un urbanismo sostenible y razonable».
El proyecto urbanístico se sitúa en la zona colindante al núcleo turístico de Portocolom y supone que un total de 8 hectáreas se verían afectadas, todas situadas entre las zonas de Cala Marçal y Cala Brafi.
* Última Hora Digital - 1 de agosto de 2007
Foto: Esta zona de Can Marçal Vell es suelo urbanizable según las NNSS. /G. JULIÀ (Última Hora)
Un alcalde de Guadalajara "pillado" por una cámara oculta
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ElDigitalCastillaLaMancha* : "El alcalde de Almoguera, Luis Padrino (PSOE), aparece en un reportaje de Intereconomía como protagonista de una presunta operación urbanística que le compromete seriamente. Según publica La Crónica de Guadalajara de manos de su director, Padrino aparece en la grabación animando a la venta de una finca rústica de 300 hectáreas sobre la que se querrían construir miles de chalets tras su recalificación. Pese al revuelo, el alcalde le ha quitado importancia al asunto y ha insistido a La Crónica en que en ningún caso da en sus declaraciones grabadas por la periodista Eugenia Viñes ninguna seguridad de recalificación o de que se pueda conseguir nada fuera de lo administrativamente usual: "Yo no prometo nada, porque yo no soy el que recalifica".
Padrino ha negado cualquier relación mercantil con los propietarios de la finca involucrada en la investigación periodística, pese a que es él personalmente el que actúa como vendedor: "Yo me llevo bien con ellos, pero no tengo ninguna relación que vaya más allá de haber ido a cazar allí alguna vez".
Relación con la trama de Marbella
Luis Padrino aparece en la información "como diligente y entusiasta intermediario en la venta de la finca, sobre la que habían puesto los ojos los periodistas de Intereconomía no por sus posibilidades urbanísticas sino por la más que posible relación con Roca y la "Operación Malaya". Uno de los caballos del principal encausado por la corrupción marbellí ha terminado apareciendo en las caballerizas de esa finca alcarreña, siempre según estas mismas fuentes, y a pesar de que en teoría debería estar bajo custodia judicial, como todos los bienes del actualmente encarcelado Juan Antonio Roca.
Toda la operación de la compraventa que se plantea de forma ficticia en el reportaje de Intereconomía gira sobre la finca de "Los Castillejos", para una superficie de cerca de 300 hectáreas de suelo rústico, y de la que consta como propietaria la empresa "Construcciones Salamanca", de la que es responsable Emilio Rodríguez, imputado en la "Operación Malaya". El precio de la finca sería de doce millones de euros.
Un alcalde efusivo
El asunto es claro. Según los periodistas, se trataría de aprovechar esos terrenos para, previa recalificación, construir en ellos una macrourbanización de 3.000 chalets. Padrino se explica en el reportaje de cámara oculta con su habitual efusividad y alienta a la "compradora", a la que insiste en que la finca se vendería con todas las garantías de no estar gravada por ninguna especial protección paisajística o medioambiental.
El alcalde, según sus propias palabras grabadas, estaría actuando en nombre de los propietarios, quienes le habrían pedido incluso que se encargue del cambio de calificación de los terrenos.
"Se acojonan; si lo pido yo se acojonan"
Padrino se muestra seguro de que no habría tampoco problema alguno para surtir de agua la futura urbanización y sus 3.000 viviendas: "Se acojonan, si lo pido yo se acojonan; lo tengo dicho, que a mi no me quieren en ningún sitio porque yo miro por mi pueblo (...) ni el partido, ni el entero ni la puta madre que lo parió", llega a exclamar Padrino a medida que transcurre la conversación.
Yendo más allá, Padrino aporta un nuevo argumento de venta, al animar a la supuesta empresaria para que compre terrenos colindantes a la finca (los mismos que hubieran servido para construir la frustrada cementera que quiso levantar en el municipio) y "a precio de cementera" que sería "a millón y medio la hectárea", notoriamente inferior al de la finca objeto de la operación. El fin de todo ello sería, según la interpretación de la periodista, suavizar el impacto económico de la obligatoria cesión al Ayuntamiento del 10 por ciento.
Llegó a exigir a la Junta de Comunidades 500 millones de pesetas por el retraso en la aprobación de la cementera, que no prosperó por la oposición de Medio Ambiente y de los pueblos de la zona.
* El Digital de Castilla La Mancha - 31 de julio de 2007
Foto: La finca Los Castillejos pertenece a una empresa de un promotor imputado en la trama marbellí. /EFE
El balón en una mano y un ladrillo en la otra
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D.Verdú/S.Hidalgo.- El País* : "La operación del Calderón añade sustancia a la indisoluble relación entre el fútbol español y el mundo del ladrillo. RTM Desarrollos Urbanísticos y Sociales, empresa vinculada al directivo rojiblanco Pablo Jiménez de Parga, explotará parte de los terrenos de la operación Calderón tras el derribo del estadio para la construcción de viviendas. Jiménez de Parga ostenta el cargo de secretario del Consejo de Administración de RTM y del club rojiblanco. Pero la entidad deportiva no considera que ambos cargos sean incompatibles para la transparencia de la operación. El Ayuntamiento de Madrid recalificará los terrenos del estadio Vicente Calderón (31.046 metros cuadrados) y los de la antigua fábrica Mahou (61.251 metros cuadrados) en los próximos meses.
La operación se realiza de forma conjunta entre el club y la cervecera. Del total de los 175.000 metros cuadrados que se podrán edificar en el solar, el Atlético tiene derecho sobre el 45%; Mahou, sobre otro 45%, y el Consistorio, sobre el 10% restante.
La operación por la cual RTM podría explotar hasta el total de ese 45% de terrenos pertenecientes al Atlético empezó en el año 2004. Entonces, el club creó División Inmobiliaria, una empresa que pasaba a ser la propietaria del suelo del Calderón por un valor de 226 millones de euros. Ahogado por su deuda (que el club estima en unos 130 millones y que otras fuentes fijan en 440), el Atlético de Madrid otorgó a RTM una opción por los futuros derechos urbanísticos equivalente al 10%, e hizo lo mismo con otro 5% a Caja Madrid.
El convenio firmado por el club, por RTM y Caja Madrid establecía que ambas entregaban en total al Atlético de Madrid 33,9 millones de euros (22,6, RTM, y el resto, la entidad bancaria). A cambio del "préstamo" -avalado con los derechos televisivos de los partidos del Atlético-, y si finalmente los terrenos del Calderón llegaban un día a recalificarse, RTM podría explotar la parte del suelo que le toca al club rojiblanco y Caja Madrid tendría un derecho preferencial sobre la financiación de la edificación de todo el ámbito. Si no prosperaba la operación urbanística, el club tendría que devolver el dinero a ambas entidades.
Cuando culmine la operación de recalificación, tres sociedades de tasación establecerán el precio medio del suelo del Calderón. "Si éste no supera el 80% del total del valor del estadio (226 millones de euros), el Atlético de Madrid no realizará la operación con RTM. Eso, si el contrato que firmaron ambas entidades no ha cambiado", afirmó Enrique Ventero, uno de los administradores del club.
La empresa RTM es un consorcio urbanístico constituido por las empresas Andria y Martinsa. Entre sus directivos están el empresario Marc Rich, el ex presidente del Real Madrid Fernando Martín o el propio Pablo Jiménez de Parga, que es secretario del consejo de RTM y de Andria.
Fuentes del Atlético de Madrid restaron importancia a que una empresa directamente vinculada a uno de sus directivos vaya a beneficiarse con la operación Calderón. "Jiménez de Parga está en siete u ocho consejos de administración de empresas. No es raro que haya coincidido. Además, él no ha sido el que ha llevado el peso de la negociación", afirmaron dichas fuentes.
"Además, con todas las particiones que se harán, al final RTM es probable que no explote más del 20% del total de los 175.000 metros cuadrados. Seguramente, el otro 25% que pertenece al club rojiblanco se saque a subasta para cubrir los gastos de remodelación de La Peineta", afirmaron dichas fuentes.
Este periódico intentó ayer, sin éxito, recabar la opinión de Pablo Jiménez de Parga. "Está de vacaciones y no se ha llevado el teléfono móvil", afirmó uno de sus colaboradores.
Por esta operación, el club espera obtener unas plusvalías de, al menos, unos 260 millones de euros. Lo mismo que los propietarios de la cervecera Mahou.
* ELPAIS.com - Madrid - 01/08/2007
Foto: Obras de acondicionamiento de la ribera del Manzanares- GORKA LEJARCEGI /ELPAIS.com
La sindicatura emplaza a los ayuntamientos a constituir el patrimonio del suelo
EuropaPress*/Com.Valenciana : "La Sindicatura de Comptes ha detectado en el informe sobre la gestión y control de los recursos del patrimonio municipal del suelo que ninguno de los ayuntamientos analizados ha constituido formalmente ese patrimonio municipal del suelo y tampoco ha fiscalizado, a través de de su Intervención, proyectos de reparcelación y convenios urbanísticos, por lo que emplaza a las instituciones locales a hacerlo. La fiscalización del patrimonio municipal del suelo se ha realizado en coordinación con el Tribunal de Cuentas y el resto de los órganos de control externo de España y tiene como objetivo verificar la constitución y el adecuado control del patrimonio municipal.
El informe se elaborado a partir de una encuesta a los ayuntamientos de las capitales de provincia, aquellos con más de 100.000 habitantes y los mayores de 20.000 habitantes que mayor crecimiento poblacional han registrado en los últimos cuatro años.
El órgano fiscalizador, que ha entregado a las Corts el informe de fiscalización de la Gestión y Control de Recursos Integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo correspondiente al ejercicio 2004, concluye que "existe un incumplimiento relevante de la normativa aplicable de aquellos ayuntamientos que no llevan un inventario o registro específico de los bienes y derechos que integran el patrimonio municipal del suelo, lo que impide su control".
La Sindicatura de Comptes detecta, como "debilidades significativas", que el 100 por ciento de los ayuntamientos "no distingue, dentro de su inventario contable, los bienes que integran el patrimonio municipal del suelo". Además, estima que "no se tiene constancia de que, en ningún ayuntamiento, la Intervención fiscalice los convenios urbanísticos ni los proyectos de reparcelación".
Los consistorios seleccionados en la Comunitat han sido Alicante, Calp, Castellón de la Plana, Dénia, Santa Pola, Elx, Orihuela, Torrevieja y Valencia. En una segunda fase, se ha analizado en profundidad la situación del patrimonio municipal de suelo en Elx y Torrevieja.
El informe señala que "todos los ayuntamientos disponían del plan general, pero formalmente no habían constituido el patrimonio municipal del suelo (PMS)". Pese a ello, "en el 56 por ciento de los casos se ha podido considerar que su sistema de registro permite identificarlo o controlarlo, si bien integrado en el inventario general".
DESTINO DE LOS BIENES
El 78 por ciento de los ayuntamientos encuestados no está en condiciones de facilitar información sobre las altas de los bienes incorporados al patrimonio municipal del suelo. Del mismo modo, un 67 por ciento no ha facilitado datos sobre el destino dado a estos bienes. Sólo tres contestaron sobre el número de operaciones relacionadas con la promoción pública de viviendas.
El órgano fiscalizador recomienda a los ayuntamientos acordar la constitución del patrimonio del suelo, regular su funcionamiento, determinar la unidad o unidades encargadas del mismo, llevarlo de forma separada e independiente del resto de los bienes municipales, controlar las adquisiciones y destinos de los bienes y proporcionar la información al registro autonómico.
Respecto a las fiscalizaciones específicas, la sindicatura destaca que, en el caso del Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante), a pesar de preverse en el Plan General de Ordenación Urbana, "no se han aplicado las áreas de reparto ni los aprovechamientos tipo, sin que exista un acuerdo o resolución que ampare esta inaplicación".
"La única explicación a esta práctica contraria al plan general ha sido un informe del servicio de urbanismo que se basa en la falta de homogeneidad de las áreas de reparto en suelo urbano", y, en consecuencia, "el Ayuntamiento ha dejado de percibir en suelo urbano las cesiones de terrenos o los abonos en metálico que, de acuerdo con el plan general, debían realizar los propietarios de terrenos para poder adquirir los excedentes de aprovechamiento, que tendrían que constituir" el patrimonio municipal del suelo.
Además, también destaca que la fiscalización "ha puesto de manifiesto el uso frecuente de las reparcelaciones para que el Ayuntamiento adquiriera bienes externos al sector de la reparcelación, en lugar de los que en principio le correspondían por ésta, tratándose de verdaderas permutas de bienes".
El informe reseña que "un terreno de 3.862 metros cuadrados, permutado al ayuntamiento y destinado a dotación pública, podía haberse obtenido gratuitamente de haberse aplicado las áreas de reparto y el aprovechamiento tipo previsto en el plan general para suelo urbano". También subraya que en el proyecto de reparcelación y en el convenio urbanístico de plaza de toros "no se justifica el interés inicial del Ayuntamiento en la adjudicación de la citada plaza de toros, cuando posteriormente es permutada por otros bienes".
Igualmente, estima que "en general, los bienes adquiridos por el ayuntamiento no se han destinado a los fines que son propios" del patrimonio municipal del suelo, aunque "constituye una excepción la cesión al Instituto Valenciano de la Vivienda de unos terrenos de 4.836 metros cuadrados, destinados a la construcción de viviendas protegidas". También remarca que no se fiscalizan por la Intervención los convenios urbanísticos y los proyectos de reparcelación.
La sindicatura constata, por otro lado, que el Ayuntamiento de Elx (Alicante) "no siempre ha destinado a los fines que son propios" del patrimonio municipal del suelo los bienes que lo integran y que "el ejercicio de la función interventora presenta debilidades relevantes al no tenerse constancia de que se fiscalicen previamente los hechos relacionados" con el patrimonio municipal del suelo.
* Levante-EMV - 31 de julio de 2007
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat /wikipedia.org
Ávila construye más viviendas por cada mil habitantes que Estados Unidos
F.Martín/ElConfidencial* : "El dinero de la burbuja inmobiliaria de Irlanda ha permitido a este país izarse al primer rango europeo en Investigación y Desarrollo. En España, en cambio, se ha enladrillado no sólo la periferia, sino también la Meseta, lo que ha convertido a nuestro país en la primera potencia mundial en edificación desde 1999, con más de 600.000 viviendas al año y más de 800.000 en 2005 y 2006. Esta es sólo una de las ideas que se desprenden del último informe del arquitecto y catedrático de economía inmobiliaria, Ricardo Vergés.
“El recurso al mercado monetario de Frankfurt a partir de 2003 ha relanzado la burbuja inmobiliaria en Irlanda y en España. Los otros países no han tenido burbuja porque sólo han recurrido al mercado financiero habitual. Pero Irlanda ha utilizado los fondos monetarios para salir de la penuria (en 1991 había más familias que viviendas) y, sobre todo, para I + D. No ha sucedido lo mismo aquí”, afirma Vergés.
La exuberancia irracional de la construcción española continúa hasta nuestros días, tal y como pone de manifiesto sorprendentemente el informe, que desglosa por provincias el número de viviendas visadas por mil habitantes a partir de los datos de proyectos de ejecución de los arquitectos.
Así, las modestas provincias de Castellón, Toledo o Ávila, construyen más viviendas por mil habitantes que la media de Irlanda. Da la casualidad de que este país ha protagonizado, junto al nuestro, la burbuja inmobiliaria más inflada de la zona euro.
El furor constructor de los alrededores de la Comunidad de Madrid
Para hacernos una idea de las magnitudes, basta comparar los mercados más avanzados con el de España e Irlanda. Por ejemplo, Alemania no llega a las cuatro viviendas por cada mil habitantes, Holanda supera las cinco, EEUU arroja una media de nueve mientras que Francia no llega a las diez. España en conjunto construye 20 e Irlanda nos supera con 22 unidades.
Pues bien. En 2007, Castellón construye más de 60 viviendas por mil habitantes y Murcia excede las 40. Almería, por su parte, se ha estabilizado en alrededor de 38. En torno a 35 es la cifra de Tarragona. Pero este fenómeno no es exclusivo del Mediterráneo. La Rioja, por ejemplo, sobrepasa las 32 unidades; Cantabria y Lugo se acercan a las 28; y Álava tocó el año pasado las 20.
Llama la atención, con todo, el furor constructor de las provincias limítrofes de los alrededores de la Comunidad de Madrid. Toledo, por ejemplo, supera las 56 viviendas por mil habitantes y la curva no aprecia descenso. Guadalajara se acerca a las 50. Ávila rozó las 40 y Segovia construye más de 30.
* El Confidencial - 30/07/2007
Foto: Obras /elconfidencial.com
La ética de los edificios
J.A.Aunión/El País* : "En un mundo tan vilipendiado como el de la construcción, a veces los criterios medioambientales y sociales pesan más que los económicos. La IX Bienal Española de Arquitectura presta por primera vez atención a estas tendencias. La poética es estética y también ética. "Los pepinos de colores están bien, son muy interesantes, y cumplen su función. Pero no pueden tapar todo lo demás". Santiago Cirugeda, arquitecto sevillano de 36 años, habla de obras como la Torre Agbar de Barcelona, del francés Jean Nouvel, y se refiere, por supuesto, a que el gran valor de este edificio es la parte estética; se trata de una gran escultura que, además, alberga a gente.
Y lo que dice Cirugeda también tiene que ver con un movimiento que cada vez gana más fuerza dentro del mundo de la arquitectura, más preocupado por la parte ética de la construcción, y que rechaza los criterios puramente económicos cuyos resultados se pueden ver en cualquier parte de la costa española, en cualquier ciudad, de hecho, de pisos y chalés construidos en serie, sin ningún respeto al medioambiente y muy poca atención a las necesidades de la gente que los va a habitar. Se trata de dar un paso atrás, de preguntarle a esa gente qué necesita y adaptarse a ello, de alzar la vista y conectar de una manera mucho más estrecha la arquitectura con el urbanismo.
Una preocupación que está llegando, al menos sobre el papel, a los organismos oficiales, como demuestra el hecho de que en la IX Bienal Española de Arquitectura se hayan incluido por primera vez premios a las viviendas colectivas, a los proyectos de accesibilidad y a los de integración. El pasado jueves, cuando se entregaban estos premios en Comillas (Cantabria), el presidente de los colegios de arquitectos, Carlos Hernández Pezzi, habló de una nueva concepción de la belleza, sobre bases diferentes. "A veces, lo que no se considera arquitectura es lo que más lo es", dijo.
Procesos de participación en los que los vecinos dicen cómo quieren que sea el sitio donde viven -sus calles, sus plazas, sus casas-, viviendas que les salen a los edificios en sus fachadas, en las azoteas, que tienen en cuenta tareas espacialmente marginadas, las que han hecho tradicionalmente las mujeres, el respeto al medioambiente... Respuestas distintas en un mundo globalizado que tiende a homogeneizarlo todo.
Todas estas formas de repensar la arquitectura, ligada al urbanismo, se han repasado esta semana en un curso, paralelo a la Bienal, celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, y dirigido por la arquitecta Zaida Muxí. Por ejemplo, se pudo ver a la urbanista Isabela Velázquez esmerarse en explicar cómo para los técnicos es enriquecedor un proceso de participación con los vecinos para redactar un proyecto. "Te aportan un sentido común y una visión global que a veces nos falta".
Los procesos de participación están empezando a incluirse en las políticas europeas, y Velázquez ha dirigido algunos, en Lorca, para la construcción de un parque, o en la remodelación del barrio de Trinitat Nova, en Barcelona. Más o menos sofisticada, con juegos cooperativos o fiestas, la participación consiste simplemente en consultar (los vecinos sólo proponen, los técnicos siguen siendo los técnicos) desde el principio a los habitantes en su barrio, en su ciudad. Aunque, de momento, no hay muchos políticos que se atrevan a impulsar esta ideas, asegura Velázquez.
Plazas, parques, todos estos movimientos tienen mucho que ver con los espacios públicos, con la idea de que los habitantes hagan suya la ciudad. Pero también con los espacios compartidos dentro de los bloques de pisos, que ahora se llaman viviendas colectivas porque tratan de potenciarse estas ideas. Los patios interiores, la conexión entre las viviendas, con lugares de paso que se puedan compartir, en los que sea agradable estar, son algunos de los elementos de la arquitectura de Javier Terrados, y, sobre todo, dar soluciones concretas pensando en quién va a vivir allí. Justo lo que busca Santiago Cirugeda. Con particulares o administraciones, dentro, en el borde o completamente al margen de la legalidad, ofrece soluciones "a gente para la que no tiene respuestas la arquitectura oficial". "En la ciudad hay situaciones temporales que hay que empezar a articular". O lo que es lo mismo, los solares, mientras no se construyen, se pueden usar para albergar una casa prefabricada (como la de la página anterior) o, si te pones de acuerdo con los vecinos, se puede construir una casa en un andamio junto a la fachada o en una azotea. Cirugeda ofrece asesoramiento para instalar estas casas en las azoteas (se puede ver un curioso vídeo descriptivo si se busca "alquiler de azoteas" en Youtube.com). Por el momento, hay pocas y, al ser alegales, no le gusta decir dónde están, pero asegura que le han ofrecido más de 60 azoteas para instalarlas. Este sevillano combina como nadie esta sensibilidad social con la facilidad que empieza a haber en Europa para absorber tranquilamente como arte los movimientos alternativos, jurando según le convenga que es arquitecto o artista. Le encanta la construcción, y también le preocupa el resultado estético de sus obras, pero prefiere no hablar de ello, porque lo importante, dice, es todo el proceso previo.
Un proceso, volvemos otra vez al mismo sitio, que empieza con lo que necesita la gente. Cada vez se habla más de la arquitectura y el urbanismo con perspectiva de género (se menciona en la Ley de Igualdad), aunque aún hay pocos ejemplos. Cómo se pueden hacer las casas para que puedan vivirlas plenamente mayores, discapacitados, para que las ciudades no sean monstruos deshumanizados, para que respeten el medio ambiente. El proceso también termina planteándose qué necesita la gente.
De la belleza moral a la estética
"La belleza moral y la belleza estética van casi siempre unidas". Hay que "acabar con la fealdad" y "reivindicar el derecho a la belleza". Toda una declaración de intenciones la que hizo con estas palabras el presidente de la asociación de colegios de arquitectos, Carlos Hernández Pezzi, en la entrega de premios y la inauguración de la exposición de la IX Bienal Española de Arquitectura, que estará hasta el próximo 8 de septiembre en el Palacio de Sobrellano, en Comillas (Cantabria).
Se presentaron 300 obras de arquitectos españoles o extranjeros que trabajan en España, hechas durante los dos últimos años, de las que se han elegido 31. Entre ellas, las ganadoras, que representan esa forma de ver la arquitectura de la que habló Hernández Pezzi. Por ejemplo, los dos premios a la accesibilidad.
El primero, los andenes móviles de Vitoria, son unas cintas mecánicas que suben a los viandantes las cuestas del casco antiguo de la ciudad, cubiertas por una superficie que da la sensación de fuelle desde el exterior. El otro premio a la accesibilidad ha sido para la pasarela para peatones en el parque de Vallparadís, en Terrasa, un puente colgante de 90 metros que une el barrio que se llama como el parque con el pueblo de Sant Pere.
La exposición viajará a la Universidad de Alcalá de Henares en el mes de octubre y se podrá ver en los arcos de los Nuevos Ministerios, en Madrid, en noviembre.
* ELPAIS.com - Madrid - 29/07/2007
Foto: Barcelona, torre_agbar /wikipedia.org
397 municipios salpican el mapa de las irregularidades urbanísticas
P.Carrión/CincoDías* : "La corrupción urbanística se ha convertido en los últimos años en uno de los problemas que más preocupa a los españoles, según las últimas encuestas del CIS. Un informe que acaba de elaborar la Fundación Alternativas con el título Urbanismo y democracia. Alternativas para evitar la corrupción se hace eco de 397 municipios repartidos por todo el país en donde se han denunciado casos de presuntas irregularidades urbanísticas en los últimos seis años, desde 2000 hasta 2006. Se trata de irregularidades nacidas de un incumplimiento sistemático de la normativa municipal o autonómica.
En el mapa que aquí se presenta se exponen todos estos casos, que afectan a todas las comunidades autónomas en mayor o menor medida, desde el interior hasta la costa. Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Madrid se llevan la palma. Los municipios citados sólo son los que han aparecido en los medios de comunicación, que la Fundación ha ido recopilando pacientemente. Es de prever que haya muchos más que no han salido aún a la luz pública pero que se están investigando.
La tipología de irregularidades es muy variada. Va desde reclasificaciones de suelos no urbanizables a urbanizables, a modificaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), pasando por actuaciones irregulares en el marco de la gestión de los proyectos de compensación. En algunos casos, las denuncias han sido objeto ya de sentencia condenatoria por los tribunales; en otros, está en trámite de comprobación administrativa o judicial.
El caso más emblemático de irregularidades urbanísticas que degeneró en corrupción generalizada es el del Ayuntamiento de Marbella. El juez Miguel Ángel Torres, que instruye el caso (operación Malaya), acaba de procesar a 86 personas a las que ha fijado una responsabilidad civil conjunta por daños a las arcas públicas de 5.200 millones. La recién aprobada Ley de Suelo estatal intenta acabar 'radicalmente' con este tipo de fenómenos, según se recalca desde el Ministerio de Vivienda.
* Cinco Días - 30-07-2007
Foto: Viñeta de CUTTLAS /20minutos- abril 06
Marbella: Las "magistrales jugadas" de Roca
D.Narváez/El País* : "En los años en los que el ex gerente de Urbanismo de Marbella y principal cerebro de la trama de corrupción municipal, Juan Antonio Roca, ejerció su inmenso poder en la ciudad no se limitó a actuar como benefactor, sino que se hizo principal beneficiario de ese poder. Roca implantó un sistema de soborno a los constructores, pero también él mismo fue promotor inmobiliario a través de sociedades que nunca aparecen a su nombre -el juez ha llegado a atribuir a Roca 44 sociedades- e intermediario de transacciones y jugó con la enorme ventaja de que era él quien tomaba las decisiones sobre el urbanismo en la ciudad. Sociedades controladas por él, por ejemplo se hacían con suelo rústico, que luego permutaba con el Ayuntamiento por parcelas urbanas, causando a éste importantes pérdidas patrimoniales, o procuraba que se recalificaran y las vendía revalorizadas. Cuando no, según el juez, "se imponía a los promotores operaciones urbanísticas en las que se veían obligados a hacer negocios con Roca".
Ello, y no los cohechos cobrados y repartidos con los concejales, explica el inmenso patrimonio que amasó, que el propio Roca cifra en 120 millones de euros, pero que según indica el juez en el auto de procesamiento no se ha calculado todavía de forma objetiva, y que se haya fijado la fianza por su responsabilidad civil en el caso en 1.000 millones de euros.
En el auto de procesamiento dictado por el juez contra los 86 inculpados el el caso Malaya, se contienen detalles de algunas de estas operaciones urbanísticas. Especialmente significativa de la avidez de Roca son unos convenios firmados con Aifos, en los que Roca cobró de dos partes diferentes, en lo que el juez califica de "una magistral jugada tan brillante como aparentemente constitutiva de delito". Se trataba de un convenio en el que el Ayuntamiento vendía a la promotora unos aprovechamientos urbanísticos en Guadaiza, que se valoraron en 4.829.131 euros. Roca pidió dos millones para él, e "impuso" a Aifos que en vez de pagar entregara al consistorio unos locales en los que tenía interés. Aifos tuvo que comprar los locales a una sociedad de Carlos Sánchez y Andrés Liétor, socios de Roca imputados en la causa, y a quienes el presunto cerebro de la trama cobró por ello una comisión de 928.000 euros.
Técnicos de Hacienda han estimado el valor real de los locales en dos millones, la mitad de lo pagado por Aifos. Pero además, los aprovechamientos que entregaba el Ayuntamiento estaban embargados, por lo que el juez sostiene que "la jugada de Roca era redonda pues en definitiva ofrecía a Aifos unos terrenos que no iba a poder entregar".
Por los convenios para otorgar más edificabilidad a los hoteles Guadalpín, Roca pidió cuatro millones de euros, según el juez.
También con Sánchez y Liétor de socios, Roca intervino en la permuta de unos locales de éstos por un edificio municipal en Puerto Banús de más valor real que aquellos por los que cobró 1.200.000 euros. El edificio luego fue vendido a Tomás Olivo, que pagó a Roca 1.800.000 euros en efectivo -la compra le costó siete millones-, según el juez.
Olivo obtuvo del Ayuntamiento varias parcelas como dación de pagos de unas supuestas obras que, según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, no están justificadas. Según el juez, una de estas parcelas Olivo la entregó a Roca, quien la vendió al promotor José María Enríquez, que levantó una promoción con licencia municipal concedida por silencio administrativo. Para obtener el permiso de primera ocupación, el promotor tuvo que pagar a Roca un presunto cohecho de 288.500 euros.
Roca además ha sido socio del promotor granadino José Ávila Rojas, hasta el punto de que el juez ha llegado a señalar en uno de sus autos que ambos eran "uno en Marbella". Ávila Rojas ha sido uno de los constructores más activos en Marbella durante el gilismo, y de los promotores imputados procesados en el caso Malaya es al que mayor fianza por responsabilidad se ha fijado, 50 millones de euros. Según el juez, sólo entre 2003 y 2006, años a los que se ciñe la investigación de la Operación Malaya, pagó cohechos a Roca por más de cinco millones de euros. Pero además, Roca ha propiciado a Ávila Rojas parcelas municipales para construcciones de al menos cuatro promociones con las que según el juez, el cerebro de la trama habría ganado 17 millones de euros, que en parte habría cobrado con la entrega de pisos.
También otra sociedad de Roca, Vanda Agropecuaria, vendió a José María González de Caldas propiedades por 1,6 millones de euros en el edificio Golden que previamente había adquirido por 384.000 euros, y que el conocido empresario sevillano entregó después al Ayuntamiento en un convenio de permuta de inmuebles. También González de Caldas está imputado de cohecho por haber pagado a Roca 60.000 euros para la obtención de una licencia de primera ocupación de una promoción de 18 viviendas.
Cobros según caja
El reparto del dinero cobrado como presunto cohecho a los promotores urbanísticos que Roca hacía entre los concejales de la corporación no seguía unas reglas fijas, ni una periodicidad concreta. Simplemente dependían de la disponibilidad de caja. "El reparto de los sobres se produce cuando existen fondos suficientes en la caja única de Roca y no son un pago por cada acto concreto sino que de alguna manera, los concejales están en nómina y cada cierto tiempo tienen que ser agradecidos con alguna cantidad por su fidelidad y subordinación del cerebro pensante que obtiene los fondos", relata el juez en el auto de procesamiento.
En la resolución, el juez relaciona con detallecomo los pagos a ediles coincidían con las fechas en que se produjeron entregas de los promotores a Roca.
Roca digiría su imperio con el principio de caja única, establecida en la sede de Mara Asesores. En ella apuntaba las entradas y salidas de dinero, con iniciales que el juez ha identificado con los promotores, en el primer caso, y con concejales y toda una serie de testaferros, proveedores y suministradores de Roca en el caso de las segundas. Una contabilidad muy minuciosa, en la que Roca llegaba a anotar hasta los gastos de la celebración del cumpleaños de su hija, o de sus vacaciones.
Para los concejales fue la menor parte del pastel. Según el juez, entre 2003 y 2006 Roca pudo recaudar unos 30 millones de euros en presuntos cohechos, de los que repartió cinco millones en sobres entre los ediles. Según el juez éstos "se limitan en todo momento a aprobar lo que viene de Planeamiento, sin mayores problemas ni cuestionarse los convenios o las licencias sobre las que Roca negocia". La alcaldesa Marisol Yagüe fue, con 1.323.896 euros, la más beneficiada.
* ELPAIS.com - Málaga - 25/07/2007
La inversión en viviendas sociales, en entredicho
A.Serrano/Telecinco* : "El pasado 30 de Junio entró en vigor la nueva ley del suelo propuesta por el gobierno de Zapatero, aprobada en el parlamento por todos los grupos, a excepción del Partido Popular. Entre otras cosas, esta norma pretende acabar con la especulación del suelo urbanizable, reservando el 30% del terreno edificable para la Vivienda de Protección Oficial, también incluye una reserva del 15% para los ayuntamientos. El problema de la ley comienza con las contradicciones que existen entre las propias Comunidades Autónomas, con diferentes porcentajes dedicados al VPO. Las diferencias se encuentran incluso dentro de las propias Autonomías.
La Caja de Pandora la destapó Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid, que considera inconstitucional la nueva ley del suelo, alegando que la norma se está intrometiendo en competencias exclusivas de las autonomías, por lo que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional. La Comunidad de Madrid reserva el 50% del suelo urbanizable a Viviendas de Protección Oficial, un 20% más que el mínimo establecido en la novedosa ley estatal.
Esta propuesta aprobada en el Congreso, se encuentra por debajo de los porcentajes establecidos por algunas Comunidades Autónomas, como es el caso del País Vasco, que establece el 60% del suelo urbanizable, situándose a la cabeza de terreno dedicado a la vivienda social. Esto emplaza la diferencia en el doble de lo aprobado en las Cortes.
Navarra o Castilla la Mancha también se adelantaron a la propuesta del Gobierno, estableciendo en su plan estratégico de urbanismo, la reserva del 50% del suelo edificable a la Vivienda de Protección Oficial. Igualan de esta manera a la Comunidad de Madrid, que se encuentran entre los más destacados de la clase en materia de vivienda social.
Otras Autonomías como Andalucía o Murcia recogen los porcentajes mínimos establecidos por esta nueva ley, situados en el 30% del suelo, pasando el corte establecido por el Gobierno.
El caso de Valencia es paradigmático, dedica del 25% al 40% a la VPO, lo que significa que dependerá en última instancia de la decisión de cada ayuntamiento para establecer los mínimos. Esto se puede traducir en una diferencia del 15% dependiendo de la decisión tomada por los responsables de urbanismo de cada zona.
Extremadura, las Islas Canarias o Castilla León, deben adaptar sus planes estratégicos de urbanismo, a las exigencias de la nueva ley del suelo, para respetar el mínimo del 30%. Estas Comunidades se encuentran un 5% por debajo.
Descoordinación de competencias
Las diferencias entre las propias Comunidades Autónomas se hacen abismales, llegando al 40% como es el caso que existe entre el País Vasco y las Islas Canarias.
Dentro de las autonomías se hallan desfases a la hora de establecer los criterios de terreno protegido. Galicia es un buen ejemplo, mientras desde el Gobierno de la Xunta se establece el 40% en suelo social, Vigo, que todavía no ha adaptado su plan estratégico, implanta un mínimo del 20%, situado por debajo de la ley Estatal. Estos desfases ponen de manifiesto la descoordinación de competencias en materia urbanística.
La reserva del 15% a los Ayuntamientos, aún pone más de relieve la falta de consenso que existe en todo el Territorio Nacional a la hora de unificar criterios en un tema capital para los ciudadanos, como son los porcentajes de reserva para la Vivienda de Protección Oficial y el derecho de las personas a una vivienda digna recogido en la Constitución.
* Informativos Telecinco - 28 de julio de 2007
Foto: Las Comunidades Autónomas regulan a su antojo la cantidad de suelo reservado para VPO /informativos.telecinco.es
Urbanismo y vivienda en el siglo XXI
ÁNGEL GIJÓN* : "A nadie se le oculta el protagonismo que urbanismo y vivienda poseen en la actualidad a nivel mediático. Protagonismo que, desgraciadamente, en la mayoría de las ocasiones, tiene como motivación el 'morbo' que generan la gran cantidad de casos de corrupción y especulación, o la carestía y dificultad de acceso a la vivienda. En contadas ocasiones, con la excepción hecha de alguna prensa especializada, se aborda el urbanismo y la vivienda desde el análisis de las demandas de futuro que la nueva sociedad plantea en este campo en materia de diseño de vivienda, equipamientos, espacios libres, zonas verdes, infraestructuras y accesibilidad. En definitiva, no existe un debate serio de lo que queremos como modelo de ciudad del siglo XXI.
Se teoriza mucho sobre el urbanismo y el desarrollo sostenible, el pinchazo de la 'burbuja inmobiliaria', el altísimo coste de la vivienda. Ahora bien, las grandes preguntas que entiendo sería necesario hacerse resultan mucho más cercanas y asequibles: ¿Qué vivienda necesita la nueva sociedad española del s XXI? Y, a mayor escala, ¿qué ciudad necesitamos para el s. XXI?
Tanto el Art. 47 de la Constitución Española como nuestra LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), garantiza el «derecho al acceso a una vivienda digna»; pero ¿qué vivienda se necesita hoy? Parece claro que el cumplimento del referido artículo solo se podrá lograr mediante un buen desarrollo de la vivienda protegida, también previsto en la LOUA y recientemente en la nueva Ley del Suelo. Para ello resulta imprescindible actualizar la legislación de vivienda de protección oficial cuyo texto base respecto a las Normas de Diseño arranca de la Orden Ministerial de mayo de 1969, modificada en 1970, y ampliada por otra OM de mayo de 1974. Parece obvio exponer lo que ha cambiado la sociedad española en estos años.
Tanto las Normas de Calidad y Diseño de la citada ley, como las condiciones de adquisición de las viviendas y los segmentos del módulo de venta de la VPO, han quedado obsoletos. Por tanto la demanda social no se está cumpliendo; hoy la nueva organización de las familias, las nuevas formas de usar la vivienda, y tanto los ingresos como la realidad laboral de nuestros jóvenes, no están bien reflejados en la normativa vigente.
Urge solicitar a la Administración la actualización de la ley para proyectar una nueva vivienda que responda a las demandas de nuestra sociedad. Viviendas más polivalentes, versátiles en su tamaño y en su programa, con espacios privados y comunes que den el juego preciso a las nuevas generaciones, e incluso a la tercera edad, igualmente desprotegida en parte en nuestra ley por la rigidez para realizar alojamientos adecuados a sus necesidades.
Urgente resulta, asimismo, que nuestros políticos resuelvan este tema de uso y las formas de acceder a las viviendas protegidas, aumentando el segmento de módulos de acceso, ante la gran variedad de casos que hoy se plantean.
Esto hará también más atractivo al promotor privado invertir en el campo de la vivienda o alojamientos colectivos protegidos, sector al que hasta ahora se le ha prestado poca atención, y que la previsible bajada de precios de la vivienda libre, unido a las medidas propuestas y la actualización de módulos de venta en VPO, pueden ayudar a paliar el famoso 'pinchazo'. Esta necesidad de diseñar nuevos modelos de hábitat, también es deseable trasladarla al tratamiento de equipamientos y espacios libres de los nuevos barrios.
Es este caso, debe prevalecer un planteamiento de absoluta polivalencia. No nos podemos permitir disponer en nuestra ciudades de estadios de cientos de millones de euros para jugar 20 partidos al año un equipo de fútbol, y que siga existiendo un déficit enorme de instalaciones deportivas decentes para la juventud y el deporte base. Hace falta racionalizar todo este proceso y dar a nuestros jóvenes unas instalaciones propias del s. XXI en las que, no sólo los jóvenes, sino la sociedad en general, pueda desarrollar de manera adecuada la actividad física, uno de los pilares básicos de nuestro bienestar. Para ello debemos de disponer de escuelas municipales e instalaciones polideportivas que formen a deportistas en las condiciones que exige el nivel adquirido por nuestra sociedad.
Asimismo, los planteamientos en este sentido nos deben de encaminar al diseño de Ecobarrios y parques urbanos que dispongan de infraestructuras diseñados para la recuperación del estilo de vida mediterráneo, donde el 'ágora' o espacio de encuentro y transmisión del pensamiento y conocimiento vuelva a ejercer su protagonismo. El desarrollo no significa que nuestros barrios dispongan de 'wifi' e infraestructura de energías autosuficientes, etc ; también es necesario reivindicar los espacios comunes habitables y usables integrados en zonas comunes de viviendas, comercios, restaurantes, lugares de ocio, etc., que nos permitan volver a disfrutar de la escala humana que siempre caracterizó nuestra cultura. Los centros comerciales o grandes superficies, no pueden convertirse en las nuevas plazas de la ciudad mediterránea.
Si no actuamos con estas sensibilidades, nuestros nuevos barrios y ciudades serán cada vez más desapacibles y alejados de nuestro modo y calidad de vida; precisamos de espacios libres que no solo cumplan con los estándares obligatorios de las leyes de suelo, sino que respondan a sensibilidades de índole físico y cultural de quienes van a utilizarlos. Y por supuesto, es esencial que en los nuevos planes parciales de desarrollo, los equipamientos estén terminados al mismo tiempo que las viviendas.
De cualquier forma, comenzamos a vislumbrar iniciativas innovadoras que reflejan el cambio de ciclo histórico que sufre nuestra ordenación del territorio a comienzos del siglo XXI, y que responden a estrategias ya referidas vinculadas a nuevos conceptos, como el mayor respeto al paisaje, las nuevas energías, el reciclaje, las redes, la ecología, etc. Independientemente de los colores políticos que respaldan o impulsan estas iniciativas, hablamos de conceptos de difícil acomodación política, razón por la cual su desarrollo debe estar dirigido por expertos de disciplinas tan diversas como arquitectos, ingenieros, sociólogos, antropólogos, geógrafos, paisajistas, abogados, economistas, etc, que trabajen de forma coordinada e integrada.
Los arquitectos estamos obligados a poner todo nuestro esfuerzo al servicio de un nuevo modelo de ciudad más sostenible. A defender nuevas concepciones que alumbren alternativas de diseño mas cercanas a los seres humanos y la naturaleza. No cabe caer en la nostalgia de intentar revivir la ciudad del pasado, pero tampoco abundar en diseños que contribuyan a deshumanizar el espacio.
Solucionar este gran debate: nuevas viviendas, nuevos equipamientos, nuevos barrios, nuevas ciudades para el siglo XXI, creo que ya no admite más demora, y los agentes sociales, políticos y profesionales no podemos perder más tiempo en mirar otros árboles que nos impidan ver el bosque de las urgentes necesidades que reclaman nuestras nuevas ciudades.
* ÁNGEL GIJÓN es arquitecto
* Ideal Digital - Granada - 27 de julio de 2007
El juez Torres deja el caso Malaya tomando declaración al testigo que lo inició
A.Valenzuela/MalagaHoy* : "El juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, ha concluido su investigación del caso Malaya exactamente en el mismo punto donde la comenzó: tomando declaración al jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Marbella, Jorge González, el hombre que destapó la caja de los truenos cuando contó todo lo que estaba ocurriendo y lo que había ocurrido hasta entonces en el Ayuntamiento de Marbella. Antes de que abandone definitivamente el próximo martes los juzgados de Marbella para incorporarse a su plaza como titular del Juzgado de lo Penal 5 de Granada, Torres consideró oportuna la comparecencia del jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo, Jorge González, cuya declaración en otro procedimiento en octubre de 2005 dio lugar a la investigación policial que culminó con la disolución del gobierno de Marisol Yagüe.
En su interrogatorio de ayer ante el magistrado, González ratificó todo lo que había afirmado la vez anterior cuando destacó "el control total" que ejercía el ex asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, sobre las decisiones del Consistorio, de manera que éste se encontraba "por encima de los cargos electos y de los funcionarios municipales".
El abogado de Marisol Yagüe, Ernesto Osuna, que estuvo presente en la declaración junto a más de una decena de abogados de otros imputados en la causa, aseguró que al funcionario se le notó "la animadversión" que siente fundamentalmente hacia Roca, Jesús Gil, Julián Muñoz y la ex asesora de Urbanismo, Raquel Escobar.
Por el contrario, las respuestas de González a los interrogantes de los letrados dejaron entrever, según Osuna, "la poca intervención" que tenían Yagüe y los concejales en las decisiones que afectaban a cuestiones urbanísticas.
"Ha quedado claro que estaban al margen de los temas urbanísticos y que se dejaban guiar por el asesoramiento que recibían de fuera", continuó el letrado de la ex alcaldesa. Esos comentarios fueron muy bien recibidos por Osuna porque "refleja una ausencia de dominio sobre el presunto hecho delictivo que se le imputa a mis defendidos".
Sobre el modo en el que se concedían las licencias para construir en Marbella, el abogado comentó que las contestaciones de González fueron "difusas", porque hacían referencias a la prensa y a lo que "se sabe en la calle", por lo que "no arrojó ninguna luz sobre el tema".
Las defensas que estuvieron presentes en la comparecencia señalaron que el jefe de los servicios jurídicos se mostró "muy sarcástico, vehemente y haciendo comentarios continuos que estaban fuera de lugar por su condición de testigo". De hecho, mostraron extrañeza porque González no fue reprendido en ningún momento por el magistrado que instruye el caso.
"Sus valoraciones personales y sus comentarios jocosos hacen pensar que más que un testigo era una parte interesada o una acusación", continuaron las mismas fuentes. Esa actitud durante las más de seis horas que duró la declaración provocó la crispación de algún que otro letrado.
Por otra parte, el abogado de Marisol Yagüe comentó que el funcionario incurrió en "algunas contradicciones" que evidenciaron que había "diferencias irreconciliables" entre el testigo y algunos imputados.
En ese sentido, Osuna cree que González se equivocó cuando se refirió a los diferentes responsables que se sucedieron en el área de asesoramiento jurídico de la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.
El funcionario dijo que hubo una primera etapa que iría desde comienzos de los noventa a 1998 y una segunda en la que dejó de tener contacto con la instrucción de los expedientes urbanísticos.
Sin embargo, el defensor de Yagüe matizó que durante la declaración de ayer el jefe de los servicios jurídicos aseguró que en ese segundo periodo llegó a remitir algunos de esos expedientes a Raquel Escobar, mano derecha de Roca en la sede de Planeamiento.
Por otra parte, el juez Torres no le preguntó a González por la concesión de ninguna licencia concreta, ya que prefirió que contestase a cuestiones más generales como si recibió órdenes directas del presunto cerebro de la trama corrupta.
* Málaga Hoy - 28 de Julio de 2007
Foto: Marbella, gerencia de urbanismo /elmundo.es
Tasas por corrupción
El Roto/El País
Viñeta de El Roto /20070727 - ELPAIS.com
Urbanismo: Aguirre y Narbona van al Constitucional
A.Corcuera/El País* : "La presidenta recurre la Ley del Suelo estatal, y la ministra, la autonómica de 'las cuatro plantas'. Fuego cruzado, con los recursos ante el Tribunal Constitucional como artillería, entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el de Esperanza Aguirre. Es la última táctica en la estrategia de enfrentamiento entre ambas instituciones, esta vez a cuenta de la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid. Es la norma que limita a cuatro las alturas de los pisos y que impide a los agentes forestales entrar en fincas privadas sin mandato judicial.
Justo un día después de que la Asamblea de Madrid aprobara esta ley, sobre la que PSOE e IU habían insinuado días atrás posibles recursos ante el Tribunal Constitucional, el PP pasó al contraataque. Y lo suyo no son las medias tintas, sino los hechos. Así que Ignacio González, vicepresidente primero autonómico, anunció la presentación de dos recursos en el Constitucional contra leyes del Gobierno central.
El primero, por la Ley del Suelo, de ámbito estatal; el otro, contra el decreto que regula la formación de trabajadores y parados. Además, el Gobierno de Aguirre presentará alegaciones por el mapa del ruido del aeropuerto de Barajas elaborado por AENA y presentará un conflicto de competencias ante el Constitucional porque cree que es el Gobierno regional (en lugar del central) el que debe resolver una divergencia entre dos empresas de transporte regionales. El PSOE, por su parte, también pasó ayer a los hechos. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Modernización por ser contraria a la Ley de Montes.
Narbona acusó a Aguirre de "romper España" por obligar a que los agentes forestales sólo puedan entrar en fincas privadas con mandamiento judicial. "Al PP se le llena la boca de España, pero confunde el interés general de los madrileños con los intereses particulares, más concretamente con los intereses de los propietarios de fincas privadas".
La ministra de Vivienda, Carme Chacón, abundó en esta idea, pero con otro argumento: la Ley del Suelo. "Quien se oponga a una ley así, hace un mal servicio a España y a los españoles", dijo en Comillas (Cantabria), informa Juan A. Aunión. La portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, dijo que también ellos estudian interponer un recurso.
La guerra de cifras entre los gobiernos de Zapatero y Aguirre está servida. Es la batalla del y tú más. La Comunidad de Madrid estima que la Ley del Suelo "rebaja al 30% la vivienda protegida en los nuevos desarrollos, frente a la obligación del 50% que impone Madrid". Sin embargo, el Ministerio de Vivienda respondió ayer que "la ley fija un mínimo de un 30%, pero si una comunidad autónoma quiere establecer un 50%, estupendo". Además, defiende un portavoz ministerial, la ley estatal "incorpora medidas para el cumplimiento de ese 30%". Unas normas que, según las mismas fuentes, no tiene Madrid. "Ellos incumplen su 50%", aseguran.
El recurso de inconstitucionalidad que va a presentar Aguirre, además de por la guerra de porcentajes, se debe a otros factores. Según el Gobierno regional, la Ley del Suelo "priva a los propietarios del suelo de su competencia para urbanizarlos". El ministerio matiza: "Ella se presenta como la defensora de los pobres propietarios que tienen su parcelita, pero no es así; en realidad, ella está con sólo unas diez personas, que concentran la gran mayoría del suelo en Madrid".
"La norma recurrida impone usos a los suelos públicos e impide que se destinen a las necesidades de cada momento", dijo ayer la Comunidad. Fuentes del ministerio rebatían esta afirmación. Desde el Ministerio de Medio Ambiente también organizan su artillería de recursos. La ministra, Cristina Narbona, anunció que va a analizar "inmediatamente" la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Modernización por el apartado sobre los agentes forestales. "La norma regional es una medida contraria a la Ley estatal de Montes que dice claramente que los agentes forestales, como agentes de la autoridad, pueden entrar, inspeccionar, tomar pruebas y llevar a cabo todas las actuaciones que crean necesarias para prevenir cualquier delito de carácter ambiental y urbanístico", subrayó Narbona en declaraciones a la cadena SER.
La portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, señaló que "lo más flagrante tiene que ver con el apartado que limita las alturas de los bloques a cuatro pisos".
* El País - Madrid - 27/07/2007
Viñeta: J.R. Mora
«Las nuevas viviendas tenderán hacia un modelo menos sostenible y más caro»
M.Oliver.- ABC/Madrid* : "La decana del Colegio de Arquitectos de Madrid no pudo ocultar ayer su disgusto por la aprobación de la ley que limita la construcción de nuevos edificios residenciales a cuatro alturas (tres más ático) sin que la Comunidad les haya consultado la norma.
-Lo primero que hice cuando aterricé en el cargo fue ofrecerme a colaborar con las administraciones para aportar nuestra opinión para casos como éste... y a las primeras de cambio vemos que no nos han tenido en cuenta. No lo entiendo. Se trata de un asunto que nos afecta tan directamente que nos tendrían que haber llamado antes.
-¿Qué efectos cree que puede tener la aplicación de esta nueva norma en el urbanismo madrileño?
-Pues lo que creo es que el modelo residencial va a cambiar por completo. Al reducir la altura, y mantener la misma edificabilidad, se van a expandir las construcciones a lo ancho. Es decir, se ocupará más. La verdad es que este desarrollo será muy poco sostenible.
-¿Por qué?
-Pues porque esta ocupación de más espacio provocará una disminución de los espacios públicos, zonas verdes, viales etc... Dificultará también el transporte colectivo, por lo que también creo que se trata de una medida antiecológica.
-¿Y qué repercusión cree usted que puede tener sobre el precio final de la vivienda?
-Creo que esta medida incrementará los costes de construcción de los edificios. Mire, lo más caro de construir es la cimentación y la cubierta... Es inevitable que esta subida en los costes de construcción no se traduzca después en una subida en el precio final de la vivienda.
-Parece que, bajo su punto de vista, esta ley no ha sido muy afortunada...
-Es que no entiendo que se intente aplicar un mismo modelo a todos los 179 municipios de la región. Hay algunas poblaciones pequeñas que pedirán construir edificaciones con menos alturas. Pero hay otros que necesitarán levantar bloques de más de cuatro plantas porque el desarrollo de la zona lo pide. Por eso digo que no es razonable aplicar una misma norma para todos los municipios madrileños. Es como si nos obligaran a todos llevar una talla 38 de zapato, independientemente de si nuestro pie es más o menos grande.
-¿Cuál sería bajo su punto de vista, entonces, la mejor solución para mejorar el urbanismo que se practica en Madrid?
-Creo que lo que se echa en falta es un Plan Regional que asiente un marco de diálogo entre los ayuntamientos de la región y la Comunidad. Necesitamos un marco donde se definan mejor las competencias de los ayuntamientos y donde se agilice la aprobación de los planes generales. Todo esto entorpecerá el proceso de aprobación de los planes generales. No es normal que la Comunidad aprobara sólo cinco planes en la legislatura pasada. Pero para ello se necesita hablar y estar en constante comunicación. Y ellos, esta vez, han optado por no consultar con nadie, pese a no contar con arquitectos entre su equipo. Siento muchísimo que no se nos haya tenido en cuenta. A pesar de todo, mi disposición sigue abierta al diálogo con la Comunidad.
-¿Es compatible el modelo que propone la Comunidad con el que rige ahora?
-Esta nueva ley nos lleva a un modelo más anglosajón que latino. Los españoles somos más de vivir en pisos de altura, con amplias zonas comunes y de relacionarnos con los vecinos. Ése es el modelo latino. Pero el anglosajón es de viviendas más bajas, más dispersas, donde no se necesitan espacios de reunión porque ellos no tienden a agruparse como nosotros.Esta ley favorece todo lo que nosotros no estamos acostumbrados a experimentar.
-¿Qué consecuencias cree que puede haber si se aplica la ley?
-Si al final sale la ley, creo que va a haber muchas excepciones, y eso no es bueno porque va a provocar mucha confusión en el sector. Me gustaría que lo reconsideraran y que nos dieran un poco más de juego.
-Creo que usted tenía una cita pendiente con Esperanza Aguirre, ¿no es así?
-Así es. Tenemos previsto mantener una reunión en breve. Por supuesto que hablaremos de esto. Me hubiese gustado haberlo hecho antes de que se aprobara la ley, pero no hemos llegado a tiempo. Se lo digo porque a mí no me gusta criticar sin aportar. Yo sólo creo en la crítica constructiva, y no en la destructiva.
* ABC - Madrid - 26 de julio de 2007
Noticia relacionada: CECU afirma que la limitación de alturas en Madrid afectará al medio ambiente y al precio de la vivienda
AMA realizará una marcha contra la corrupción urbanística entre Argoños y Santander
CantabriaConfidencial* : "La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) realizará los próximos días 29 y 30 de julio una marcha a pie entre Argoños y Santander en protesta por la corrupción urbanística y para reclamar soluciones para los afectados por sentencias de derribo. Bajo el lema 'Contra la corrupción urbanística, prisión y regularización', la marcha fue presentada hoy en rueda de prensa por el presidente de AMA, Antonio Vilela, quien señaló que el objetivo de la protesta es reclamar el endurecimiento de las penas por este delito, así como "regularizar que no paguen inocentes lo que es culpa de constructores o políticos".
Vilela explicó que la asociación espera contar en el acto con la presencia del presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego, y con representantes del PRC y del PSOE, para lo que se están haciendo las gestiones oportunas.
La salida tendrá lugar el día 29, a las nueve de la mañana, del Ayuntamiento de Argoños y continuará por Arnuero y Galizano, donde tendrá lugar la comida. Después se dirigirá al polideportivo de Latas, en Somo, donde llegará sobre las seis de la tarde y donde, una hora más tarde, intervendrán distintos invitados al acto. Los asistentes harán noche en el polideportivo, del que partirán al día siguiente, a las diez de la mañana para dirigirse en barco a Santander. Una vez en la capital cántabra, se trasladarán al Parlamento regional, donde mantendrán una entrevista con su presidente, Miguel Ángel Palacio.
Posteriormente recorrerán el Paseo de Pereda hasta la sede del Gobierno regional, donde esperan ser recibidos por el presidente, Miguel Ángel Revilla, o la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga, con quien la asociación tiene una "entrevista pendiente desde hace mucho tiempo", puntualizó Vilela.
AMA, que agrupa a más de 2.500 asociados, según sus datos, ha hecho también un llamamiento a los ciudadanos para que se sumen a la marcha, ya que la corrupción urbanística es un tema que "nos afecta a todos", subrayó su presidente. En este sentido, destacó que en Cantabria existen 23 sentencias de derribo contra "más de mil viviendas" que afectan a "más de 4.000 personas", y su ejecución supondría un "coste económico grandísimo" para las "arcas de la comunidad autónoma" y, por tanto, para "todas las familias cántabras".
* Cantabria Confidencial - 21 de julio de 2007
Foto: Piélagos - Alto del Cuco /Terra
La Fiscalía investiga 15 supuestos delitos urbanísticos en Benamocarra
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M.Martín/SUR* : "La Fiscalía de Málaga investiga un nuevo caso de irregularidad urbanística. En esta ocasión se localiza en la comarca de la Axarquía, concretamente en el término municipal de Benamocarra, donde el Ministerio Público trata de averiguar ahora si el Ayuntamiento concedió licencias para construir viviendas unifamiliares en suelo rústico no urbanizable. La denuncia partió del Grupo de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA)-Ecologistas en Acción quien hace unos meses puso en conocimiento de la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente, «la importante actividad urbanística en suelo rústico no urbanizable» detectada en el término municipal de Benamocarra.
Los ecologistas advirtieron, además, de «la importante densidad de viviendas unifamiliares sin aparente justificación» y aportaron imágenes de al menos 14 edificaciones tipo chalé, ya terminadas y en construcción en el periodo comprendido entre 2003 y 2005.
Tras la denuncia, la Fiscalía abrió diligencias informativas y requirió información a la Junta de Andalucía que remitió un informe sobre la situación de las edificaciones en el municipio. Fuentes del Ministerio Público manifestaron que el actual alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena, ha proporcionado también información al respecto.
Las mismas fuentes informaron de que se están investigando un total de 15 edificaciones -aunque no se descarta que hayan más-, que cuentan con licencia municipal, aunque se han levantado en suelo calificado como rústico no urbanizable. Los permisos municipales se habrían concedido a pesar de los informes jurídicos y técnicos en contra.
Las 15 casas, tipo vivienda unifamiliar, fueron promovidas tanto por particulares como por una empresa promotora. Algunas de las casas llegan a alcanzar tres plantas de altura, y en un caso concreto se ha edificado sobre un depósito de agua.
Delito urbanístico
La Fiscalía de Medio Ambiente considera que existen indicios de comisión de un delito urbanístico por parte de quienes autorizaron las obras, por lo que es muy probable que cuando concluya su investigación que ha iniciado de oficio remita el caso al juzgado para que abra diligencias penales.
* Diario Sur - 27 Julio
Foto: Benamocarra (Málaga) /juntadeandalucia.es
