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Viñeta de Ramón - El País, 14 de marzo de 2007
¿Ciudad del medio ambiente?
Querella contra dos directores generales por las obras de Puerto Mayor
M.BUITRAGO/R.FERNÁNDEZ/Murcia* : "Los directores generales de Calidad Ambiental y de Transportes y Puertos, Antonio Alvarado y Marcos Ortuño, deberán dar explicaciones por su participación en los expedientes administrativos que permitieron la reanudación de las obras de Puerto Mayor, en octubre del año 2003. Como se sabe, estas obras, situadas en el Canal del Estacio de La Manga, se encuentran paralizadas cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia desde septiembre del 2005.
El magistrado Francisco José Albaladejo Caravaca, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, ha admitido a trámite la querella presentada por el PSOE murciano por un presunto delito de prevaricación administrativa, según se ha conocido ahora. La iniciativa judicial fue presentada por José Ramón Jara, número dos de los socialistas murcianos.
Ahora, el juez de Instrucción número 5 considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito y ha decidido incoar diligencias previas e iniciar «las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias». Las notificaciones se cursaron el pasado mes de enero. El magistrado ha dado asimismo parte al Ministerio Fiscal; al igual que las consejerías de Obras Públicas y de Medio Ambiente. Ambos departamentos deberán remitir al juzgado los expedientes administrativos incoados con relación a las obras de Puerto Mayor.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, manifestó ayer que la querella está dirigida contra ambos directores generales «porque fueron ellos quienes levantaron la paralización del proyecto en octubre del 2003, lo que permitió que las obras se reanudaran en el año 2004. A partir de ahí intervino el Seprona para advertir que la empresa estaba actuando de forma irregular». Después llegó el contencioso presentado por la ministra de Medio Ambiente instando al Gobierno de Ramón Luis Valcárcel a paralizar las obras, entre otros motivos porque causaba daños medioambientales al entorno. A juicio de Rosique, los dos directores generales «no debieron autorizar el levantamiento de la paralización que pesaba sobre el proyecto debido a que había caducado la concesión». Esta Redacción intentó ayer ponerse en contacto con el director de Calidad Ambiental.
*laverdad.es, Miércoles, 14 de marzo de 2007
Foto: Las obras de Puerto Mayor junto al Canal del Estacio, en junio del 2005, cuando fueron suspendidas por el TSJ. / JOSÉ M. RODRÍGUEZ /AGM
El fiscal Vercher arremete contra las críticas a las actuaciones en corrupción
DanielMILLET/LaOrotava* : "El fiscal jefe nacional de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, Antonio Vercher, aseguró al preguntársele por los ataques políticos a la Fiscalía Anticorrupción de Tenerife y otros órganos judiciales canarios con los que determinados grupos políticos y empresariales han respondido a la apertura de varias investigaciones, que "al que le pica, se rasca".
Vercher aclaró durante una conferencia en La Orotava sobre Justicia y Urbanismo, que "habría que recordar que se han abierto procesos que afectan a un amplio arco político, desde independientes hasta representantes de la izquierda y la derecha", y añadió que "sabía en lo que me metía cuando inicié mi carrera hace más de 25 años. La presión siempre está ahí".
Vercher explicó los grandes avances jurídicos y sociales que se han conseguido en materia de medio ambiente y urbanismo, desde la misma creación reciente de la Fiscalía que dirige a raíz de la nueva Ley de Montes de 2006, pero matizó que siguen faltando muchos medios, concienciación y siguen sobrando problemas a la hora de aplicar las medidas legales.
"Se han ido creando fiscalías especiales y nuevos cuerpos policiales, mientras las encuestas indican que cerca de un 90 por ciento de la población española está concienciada en temas medioambientales. Pero, muchos fiscales carecen de herramientas, hay una necesidad de coordinación entre los cuerpos de seguridad y de ese 90 por ciento, sólo alrededor de un 20 por ciento recicla la basura o demuestra con algún otro hecho su verdadera preocupación", lamentó Vercher.
Tanto él como José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, expusieron que el problema de la corrupción y las actuaciones que degradan el entorno natural han llegado a tal extremo que la Justicia ha tenido que empezar a aplicar con severidad el Código Penal, pues el Derecho Administrativo no ha sido suficiente.
"Esto es un cáncer que se ha propagado y que precisa de cirugía urgente. Es que si seguimos así vamos a tener que empezar a construir juzgados en territorio protegido. O lo paramos o esto puede convertirse en una verdadera catástrofe", señaló Martín Pallín, quien utilizó entre otros ejemplos el de Canarias como muestra de los graves daños que puede ocasionar un desarrollo irresponsable sobre el territorio.
Vercher partió de la base de que el derecho al medio ambiente es constitucional y de que la misma Constitución sólo pide expresamente la aplicación del Código Penal en la defensa de la naturaleza y el patrimonio histórico. "No ha habido ningún asunto, como el medio ambiente, que haya pasado de no tener ni un artículo hasta hace muy poco, el año 1995, a pasar ahora a tener más de 40". Precisó que de cualquier modo se están produciendo muchas dificultades para aplicarlos, desde la misma concienciación ciudadana: "Nos llegaron a llamar despectivamente los fiscales de los pajaritos. Decían que qué hacíamos defendiendo a esos animalitos. Luego, tenemos que partir de que para aplicar las normas ambientales debemos tener en cuenta más de 30.000 reglamentaciones nacionales e internacionales".
El fiscal jefe del Supremo recordó las innumerables advertencias de la Unión Europea a España de que no está cumpliendo con los objetivos comunitarios y la complejidad que se está encontrando la Justicia a la hora de aplicar por ejemplo medidas como las demoliciones de las viviendas ilegales.
Entonces, leyó un artículo obtenido de internet en el que se detallan todo tipo de trucos para legalizar una construcción en suelo rústico, ante la sorpresa del nutrido aforo del Liceo orotavense. En este punto, el magistrado emérito abogó por el endurecimiento de las penas: "Lo que no puede suceder es que a una persona que entre a robar en un adosado le puedan caer cinco años y a quien construye ilegalmente una urbanización, deteriorando irreversiblemente todo un espacio de gran valor natural, sólo le castiguen con no más de tres años".
*laopiniondetenerife.es, Miércoles, 14 de marzo de 2007
Foto: urbanización "El pelotazo" en la Orotava /ecoboletin.com
El plan para construir 450 viviendas junto a Valorio desata las protestas vecinales
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M.J.PASCUAL/Zamora* : "El acuerdo del equipo de Gobierno que autoriza la construcción de un residencial de, al menos, 450 viviendas en el Camino de la Lobata, un alto desde donde se domina todo el bosque de Valorio, ha desatado las primeras protestas vecinales. El Foro Ciudadano se ha apresurado a expresar su oposición a esta decisión de la Junta de Gobierno local del lunes, y anuncia que «combatirá este plan con todas sus fuerzas», tanto por la vía de las alegaciones como, si es necesario, presentando un recurso contencioso administrativo en los tribunales contra el acuerdo municipal.
Para este colectivo, la aprobación de este plan es un «despropósito que solo se entiende para favorecer intereses o pagos ocultos antes de la marcha del actual alcalde o ante un cambio en el Gobierno de la ciudad». El Foro ha presentado una nueva alegación múltiple contra la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, en la que se exige de manera expresa la protección integral del entorno del bosque de Valorio y también de las márgenes del Duero.
PROTECCIÓN
Tramitación avanzada
Impactos
Esta impugnación al documento urbanístico como consecuencia de las importantes recalificaciones de suelo que permitirán el crecimiento de residenciales alrededor del bosque se suma a las ya planteadas en el mismo sentido de protección natural y paisajística por los grupos municipales de la oposición. Tanto el PSOE como IU reclaman al equipo de Gobierno desde hace meses que de marcha atrás en las promociones urbanísticas en este entorno, alguna de las cuales, como el plan parcial Camino de la Lobata, están en una fase muy avanzada de tramitación. En este caso, el expediente se remonta al PGOU del 2001.
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zamora aseguró ayer que llegará hasta los tribunales si el equipo de Gobierno no da marcha atrás en la autorización y sigue adelante con el desarrollo urbanístico de este plan parcial. Argumenta. además, que en el expediente de la sociedad limitada Promociones Manso 2003, al que los grupos han tenido acceso, se contempla la construcción, no de 450 viviendas, sino la de 760, «lo que es una completa barbaridad».
CONTRA LA ESPECULACIÓN
La sentencia del TSJ
Revisión total
El portavoz del PSOE, Antonio Plaza, señaló que la decisión del equipo de Gobierno del PP es el primer paso «para que la especulación urbanística sea un hecho en el entorno de Valorio». Plaza reconoció que la tramitación de este plan se remonta al PGOU ahora en proceso de revisión y que no se plantearon alegaciones en su día, si bien recordó que el documento del 2001 ha sido anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, «de manera que sería coherente que en la revisión actual se tengan en cuenta todas las consecuencias de los planes parciales aprobados entonces».
En este caso, subrayó, no solamente se acabará con el perfil paisajístico tradicional que este espacio verde tiene para los zamoranos, sino que acabará por afectar al bosque negativamente, porque hay que llevar los servicios que necesitan esos residenciales (agua, electricidad, alcantarillado, viales). «Y al final, Valorio sería disfrutado solo por los pocos que puedan comprar esas viviendas».
La abogada y concejala Mar Rominguera insistió en que su grupo «agotará todas las armas legales para evitar que desaparezca el bosque tal y como lo conocemos». Por el momento, indicó la letrada, se presentará en el Ayuntamiento un recurso de reposición contra el acuerdo y, si no prospera, se acudirá a la vía de lo contencioso administrativo.
MÁS PLAZO PARA ALEGAR
Exposición pública
En el Registro
Los socialistas justifican la iniciativa en la preocupación de la ciudadanía, «que está alarmada por el giro urbanístico que se está produciendo en el entorno de Valorio». Este grupo ya ha planteado una alegación al PGOU para que en los planos se contemple un amplio cinturón de protección de este entorno.
El PSOE presentó ayer en el Registro municipal y por tercera vez una solicitud para que se amplíe el plazo de exposición pública del Plan General de Ordenación Urbana, que concluye el 23 de marzo. En concreto, solicita que se firme el convenio propuesto por el Colegio de Arquitectos de Zamora para que se dote de medios técnicos, dependencias y personal especializado para el estudio y el examen de la documentación y los planos del PGOU. El grupo socialista reivindica que se habilite una oficina donde físicamente los ciudadanos tengan acceso a esta información y que, una vez abierta, se amplíe el plazo de alegaciones otros cuarenta días. Además considera indispensable que se cuente con el asesoramiento del Colegio de Arquitectos, que hasta el momento no han sido consultados por el equipo de Gobierno, según Plaza.
De cualquier forma, tanto el PSOE como el resto de los grupos de oposición, así como diversos colectivos ciudadanos, entienden que «por sentido común», el PP debería dejar el PGOU a la próxima Corporación municipal.
En este sentido, IU, el Foro Ciudadano, la Asociación para la Defensa del Paisaje, Amigos de la Bici y la Coordinadora Stop al Plan de Urbanismo dan mañana en la plaza de Castilla y León modelos de alegaciones para que los ciudadanos «paren el plan».
*El Norte de Castilla, Miércoles, 14 de marzo de 2007
Foto: Vista de los campos deportivos del bosque de Valorio. Al fondo, los terrenos del plan parcial Camino de la Lobata. / LUIS CALLEJA
La Guardia Civil investiga al Consell por las obras que lleva a cabo en Sa Dragonera
LluisF.Oliver* : "Las obras realizadas por el Consell de Mallorca en el parque natural de la isla de la Dragonera están siendo investigadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Agentes del Instituto Armado han recopilado en los últimos días todos los documentos incorporados al expediente que por presunta infracción urbanística inició el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma después de que los técnicos municipales detectaran que las obras que el Consell realizaba en la isla no se ajustaban a las contempladas en el proyecto que obtuvo licencia y otras incluso no tienen ni permiso municipal.
SE CONSTRUYEN PORCHES Y SE AMPLÍAN EDIFICIOS
La actuación policial está enmarcada en la denuncia instada contra el Consell y que el fiscal que investiga atentados contra el Medio Ambiente y contra la Ordenación del Territorio está corroborando con el objeto de solicitar al juez, en el caso de que lo considerase oportuno, la apertura de diligencias penales.
Los celadores de Urbanismo del Ayuntamiento pudieron comprobar el pasado mes de septiembre cómo se habían realizado construcciones en la Dragonera sin licencia municipal y otras que, amparadas por licencias de obra menor, habían sido erigidas a modo de porches y ampliaciones de edificios ya existentes.
MD.COM ADELANTÓ LA INVESTIGACIÓN
Como adelantó mallorcadiario.com el 22 de septiembre de 2006, los celadores de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx detectaron obras en la isla que no se ajustaban al planeamiento ni a los permisos concedidos.
Además, el pasado 18 de octubre el Ayuntamiento envió al director conservador del Parc Natural de sa Dragonera un escrito firmado por su representante en la Junta Rectora, el regidor Sebastián Reus, en el que se solicitaba información de las obras que el Consell venía realizando en esta isla perteneciente al municipio de Andratx.
LA JUNTA RECTORA DEL PARC NO SE HA REUNIDO DESDE QUE SE CREÓ
El grupo de consellers de EU-Els Verds en el Consell de Mallorca llegó a presentar denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, la Conselleria de Medio Ambiente y la Comisión Insular de Urbanismo del Consell de Mallorca después de que este digital hiciese pública la investigación. En dicha denuncia, EU-Els Verdes aseguraban que se habían ejecutado obras presuntamente ilegales en Dragonera.
El propio regidor municipal solicitó al director del Parc toda la información de que dispusiera: presupuesto de las mismas y licencias y permisos solicitados para su ejecución. A sumar a este interés, el propio departamento de Urbanismo incoó un expediente por presunta infracción urbanística al constatar que las obras allí realizadas no contaban con ningún tipo de licencia ni permiso municipal y, por tanto, eran ilegales.
Además, ninguno de los miembros de la Junta Rectora fue informado de las mismas y no recuerdan que constaran en el plan de actuaciones previsto para 2006 en la isla. De hecho, la Junta Rectora nunca ha sido convocada desde su constitución.
*mallorcadiario.com, miércoles, 14 de marzo de 2007
Denuncian cinco convenios urbanísticos en Lozoyuela (Madrid)
*Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha denunciado, ante la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, cinco convenios urbanísticos suscritos por el alcalde de Lozoyuela y diversas empresas. Mediante estos convenios las empresas se quedan con el aprovechamiento que corresponde al Ayuntamiento a cambio de sumas de dinero que no están avaladas por ningún informe técnico. Hasta la fecha, la Comunidad de Madrid no ha tomado ninguna medida.
Ecologistas en Acción considera inquietante que la Dirección General de Urbanismo, conocedora de las irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Lozoyuela en la tramitación y firma de los convenios, no haya tomado ninguna medida.
El alcalde de Lozoyuela ha aprovechado la redacción del nuevo Plan General para firmar, paralelamente, cinco convenios urbanísticos mediante los que se desarrollarían 483.872 metros cuadrado de suelo que ahora está clasificados como suelo no urbanizable. Sobre estos terrenos se pretenden construir 698 viviendas, además de desarrollar un sector terciario, y dos sectores industriales. No se aporta ninguna información sobre el tipo de actividad que se desarrollaría en estos últimos.
Las empresas firmantes de los convenios son Sierra Norte, Sociedad Patrimonial, SL que gestionaría un polígono de actividad terciaria. STU (Servicios Técnicos para desarrollo Progreso Urbano) SA, esta gestionaría varios sectores residenciales. Deporiber, SL, gestionaría un sector industrial. Urbazo, SA que gestionaría un sector residencial y Talleres Leandro, SA que gestionaría un sector industrial.
La Ley del Suelo establece que de la totalidad de los sectores urbanizables, los propietarios deben ceder al Ayuntamiento el 10% del suelo edificable perfectamente urbanizado (calles, redes de abastecimiento, depuración, luz, etc). De esta forma el Ayuntamiento puede construir sobre ese suelo y beneficiarse de las plusvalías generadas. Es lo que se conoce como aprovechamientos. En determinados casos justificados, estos aprovechamientos pueden sustituirse por su equivalente económico. Para ello, los servicios técnicos municipales deben hacer una valoración adecuada teniendo en cuenta el número de viviendas que pueden construirse y el precio del metro cuadrado una vez construido. De esta forma se intentan evitar fraudes por parte de propietarios y promotores.
Sin embargo, en ninguno de los cinco convenios se aportan las razones por las cuales hay que monetizar los aprovechamientos. Tampoco aparece entre la documentación la correspondiente valoración de los servicios técnicos. De esta forma las cinco empresas se comprometen a ceder cantidades de dinero que no están respaldadas de ninguna manera y que podrían ser inferiores a las expectativas previstas por las empresas promotoras.
Ecologistas en Acción ha solicitado, al Ayuntamiento y a la Dirección general de Urbanismo, la nulidad de los cinco convenios hasta que se presente la documentación que acredite la legalidad de los mismos. La organización considera que si se demostrara que el alcalde está favoreciendo intereses de las empresas en detrimento de los intereses públicos municipales podrían derivarse responsabilidades penales.
Otra irregularidad denunciada es que ninguno de los convenios se ha incorporado como documentación anexa al Avance del Plan General durante el periodo de información pública, algo que la Ley del Suelo establece como obligación. Por otra parte, las empresas firmantes tampoco acreditan la titularidad de los terrenos.
Ecologistas en Acción considera inquietante que la Dirección General de Urbanismo, conocedora de las irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Lozoyuela en la tramitación y firma de los convenios, no haya tomado ninguna medida. Es la segunda vez que la organización denuncia irregularidades en la firma de convenios sin que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio haya obligado a cumplir con la legalidad vigente. En diciembre de 2005 y mayo de 2006 se denunciaron tres convenios urbanísticos suscritos por la alcaldesa de Valdemorillo.
*Ecologistas en Acción, 12 de Marzo de 2007
Foto: Lozoyuela /toprural
El Ayuntamiento de Ourense aumentó a un socio del alcalde la edificabilidad de una parcela
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F.VARELA/C.HUETE* : "El Ayuntamiento de Ourense aumentó la edificabilidad de una parcela de un socio del alcalde, el popular Enrique Nóvoa López, que pasó de 6.870 a 10.490 metros cuadrados. La corporación, entonces presidida por Manuel Cabezas, tomó la decisión en el marco del último Plan General de Ordenación, en el año 2003, siendo Nóvoa concejal de Medio Ambiente y miembro de la comisión de Urbanismo.
El regidor orensano, que será cabeza de cartel de la lista del PP en las municipales, comparte desde 1999 la propiedad de dos promotoras urbanísticas con el beneficiario de la recalificación.
La parcela en cuestión, que vio incrementada su edificabilidad en un 52%, es propiedad de Enrique Do Río Pérez, dueño de Promociones Ourenmex, SL, y socio del actual alcalde en Promociones Galmex, SL, y Poensa, SL, ambas dedicadas al sector inmobiliario. El terreno está situado en el barrio de O Vinteún, en la salida de Ourense en dirección a Santiago. Además de ser una de las áreas de crecimiento de la ciudad, está muy cerca de Cudeiro, la zona de la que el alcalde es originario. Gracias a esta modificación, el socio de Nóvoa podrá construir en torno a 33 viviendas más de las previstas originalmente, un incremento que, según fuentes conocedoras de la situación inmobiliaria de Ourense, puede generar un beneficio de 3 millones de euros.
Expertos en urbanismo consultados por EL PAÍS confirmaron que cuando un ayuntamiento cambia un plan general (en el caso de Ourense el anterior era del año 1986) el incremento de edificabilidad siempre es una medida "excepcional", porque no tiene sentido aumentar la capacidad de construir viviendas a menos que obedezca a un motivo de interés público, como contar con equipamientos no previstos originalmente. En este caso el propietario no ofreció ninguna compensación adicional al 10% exigido por la legislación.
Las empresas de las que son copropietarios el beneficiario de la decisión municipal y el actual alcalde fueron constituidas en los años 1988 y 1999. La más antigua, Poensa, tiene un capital social de 189.318 euros y declaró en el último año unas ventas de 1.825.861,78 euros y un resultado de 338.318,36.
Galmex, con un capital social 120.202 euros, registró en el último año unas ventas de apenas 90.000 euros, aunque en 2002 alcanzó 2.336.148,97 y en 2002, 2.080.072,84.
En ambos casos Nóvoa y Do Río comparten la propiedad con Secundino Corbillón, y en Galmex, SL, también participa la sociedad limitada Company Olimpo Trust, una empresa dedicada desde el año 2000 a la adquisición y enajenación de acciones y participaciones representativas de capital social.
La actividad empresarial en el mundo de las promociones urbanísticas del sustituto de Manuel Cabezas y cabeza de lista del PP en las próximas elecciones no le impidió ejercer como titular de la concejalía de Medio Ambiente y formar parte de la comisión de Urbanismo entre 1999 y 2003 sin ausentarse de las reuniones ni abstenerse en las votaciones que afectaban a su socio, ni siquiera en la sesión plenaria en que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana en el que figura la recalificación de la parcela. Sí abandonó, en cambio, la participación que tenía en otras sociedades relacionadas con su antigua profesión de electricista.
El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Ourense fue aprobado con el apoyo exclusivamente de los concejales del PP y el voto en contra de los ediles del PSdeG y del BNG. Los socialistas, además, presentaron un recurso judicial sobre el que los tribunales todavía no se han pronunciado.
El objeto social de Galmex, SL, la empresa que Nóvoa comparte con Do Río, es, según los datos del registro, la construcción y realización de toda clase de obras y la adquisición de inmuebles para su edificación y venta. Ourenmex, SL, la sociedad de Do Río de la que depende la parcela que vio aumentada su edificabilidad, fue creada en 2000. Su objeto social es la adquisición de terrenos, la urbanización, promoción y construcción de todo tipo de edificaciones para su venta y arrendamiento y la adquisición y promoción de viviendas, pisos y locales comerciales. Tiene un capital social de 30.052 euros y en ella participa al 50% Company Olimpo Trust, que también comparte negocio inmobiliario con el alcalde a través de Galmex, SL.
La tramitación del área de reparto que corresponde a la parcela del socio del alcalde va, según fuentes municipales, más adelantada que las restantes y en ella ya han comenzado las obras de desmonte que preceden a la urbanización de los terrenos.
*ELPAIS.com - Santiago / Ourense - 13/03/2007
Foto: Parcela del socio del alcalde de Ourense- MARA
Castilla y León tramita como ley urgente una gran urbanización en suelo protegido
R.MÉNDEZ/M.R.SAHUQUILLO* : "Por la vía de urgencia, en lectura única y gracias a una modificación legal aprobada en diciembre, la Junta de Castilla y León, del PP, tramita una ley para construir la Ciudad del Medio Ambiente en Soria. Se trata de un complejo con 800 chalés y un parque empresarial en terreno protegido. Al tramitarlo como ley, la Junta evita un posible parón judicial como el que sufrió en las Navas del Marqués (Ávila), ya que sólo el Tribunal Constitucional podrá revocarla.
La urbanización se aprobará en el pleno regional del miércoles, el último de la legislatura, gracias a la mayoría absoluta del PP. Otros polémicos planes urbanísticos, como la estación de esquí de San Glorio, seguirán el mismo camino.
Las cigüeñas sobrevuelan el Soto de Garray. Sobre una antigua casa de la Guerra Civil han construido sus nidos. Un poco más allá, los antiguos meandros del Duero aparecen cubiertos por abedules y sauces. Los únicos habitantes de este soto fluvial son las vacas que pastan a su antojo. No se ven pero también hay tejones, nutrias, garduñas y gatos monteses. En los árboles anidan garcillas, águilas pescadoras, águilas perdiceras, milanos reales, milanos negros... Es, según la Sociedad Española de Ornitología, el lugar de Soria donde se pueden observar más cantidad y variedad de pájaros.
La Junta de Castilla y León, del PP, tiene planes para este enclave, clasificado suelo de especial protección natural: quiere construir 800 chalés, un parque industrial, dos torres de oficinas y un centro hípico en 562 hectáreas junto al Duero que pretende "ejemplificar una nueva manera de asentamiento habitacional en armonía con el medio ambiente". Allí vivirán más de 3.000 personas. La Junta, en una ley que ha enviado al Parlamento regional, la define como "un espacio singular" para "conservar y poner en valor un paisaje natural tan relevante". Se llamará Ciudad del Medio Ambiente.
El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, defendió ayer el proyecto: "Va a hacer que la gente se quede en Soria porque gracias a él se ubicarán empresas en la zona vinculadas a este futuro, el medio ambiente".
Pelotazo con buenas formas
La oposición y los ecologistas no lo ven igual. El PSOE denuncia que se trata de un pelotazo con buenas formas, envuelto en la defensa del medio ambiente. "Es la Junta contra todo el mundo. Nadie apoya esta urbanización salvo el PP", afirma el secretario provincial del PSOE y diputado regional, Carlos Martínez. El Colegio de Arquitectos, entre otros, ha criticado el lugar elegido.
Más allá de la polémica, lo excepcional es el procedimiento elegido: en vez de tramitarlo como cualquier plan urbanístico, la Junta ha elegido convertir el proyecto en ley, en una operación que lleva meses fraguando. El 18 de diciembre pasado, el Boletín Oficial de Castilla y León publicaba una aparentemente nimia modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León. La Junta cambió un artículo de la norma para tramitar como ley "los planes o proyectos regionales de excepcional relevancia para el desarrollo social o económico".
Menos de un mes después, el Consejo de Gobierno aprobaba la ley de la Ciudad del Medio Ambiente. Las Cortes le darán el visto bueno definitivo el miércoles, por la vía de urgencia, sin enmiendas, en el último punto del último pleno de la legislatura. La mayoría absoluta del PP (48 procuradores frente a 32 del PSOE) le concederá en ese trámite todas las licencias ambientales y urbanísticas, por lo que el proyecto ya no necesitará el visto bueno de los municipios afectados, Garray y Soria, donde el pleno municipal se opone. Los vecinos se encuentran divididos. Como denuncia Ecologistas en Acción, con la ley, ningún ciudadano, colectivo ecologista o propietario afectado podrá recurrir la urbanización. Las leyes pueden ser recurridas ante el Tribunal Constitucional por los grupos parlamentarios (con firmas de al menos 50 diputados), el Defensor del Pueblo o el Gobierno.
La Junta de Castilla y León evita así un posible revés judicial como el de Las Navas del Marques (Ávila). Allí impulsó una urbanización similar en terreno especialmente protegido y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la anuló en octubre pasado. Ahora el fiscal pide imputar, entre otros, al director de Medio Natural de la Junta por permitir la recalificación. La Ciudad del Medio Ambiente será inalcanzable para los jueces.
Fernández Carriedo afirma que la tramitación en las Cortes da más transparencia: "Es una garantía adicional. Añade un paso más que hace que haya más participación y que los grupos parlamentarios puedan opinar". Además, admite que a la Ciudad del Medio Ambiente le pueden seguir proyectos como la polémica estación de esquí de San Glorio, proyectada en un Parque Natural.
El PSOE asegura que recurrirá al Tribunal Constitucional la Ciudad del Medio Ambiente, pero para cuando haya sentencia, en unos años, puede que las cigüeñas de Garray convivan ya con los edificios.
LA NORMA SORTEA A LOS JUECES
El Gobierno regional defiende que la "Ciudad del Medio Ambiente conserva y pone en valor un paisaje natural tan relevante" como es la ribera del Duero. Los ecologistas denuncian que la Junta de Castilla y León pretende evitar con la ley un revés judicial como el que sufrió en Las Navas del Marqués. Sólo el Constitucional, tras recurso de 50 senadores o diputados, podrá paralizar la construcción de 800 chalés y hoteles en terreno protegido de Soria. La mayoría absoluta del PP aprobará el miércoles en las Cortes autonómicas todas las licencias urbanísticas y ambientales necesarias para el complejo.
*ELPAIS.com - Madrid - 13/03/2007
Foto: plano ciudad del medio ambiente
Enlace información (Consumer): Ciudad del Medio Ambiente, Soria
El juez Torres alerta de la corrupción «de baja intensidad» en el sector inmobiliario
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J.MUÑOZ* : «Todavía existe la bolsa de dinero para entregar al responsable político, eso no lo voy a negar, pero los métodos tienden a ser más sutiles. Primero recibe una felicitación navideña de un empresario; luego le envían botellas de un gran vino, un jamón... Poco a poco le introducen en un ambiente de lujo, de ágapes, un ambiente en el que pueden verse involucradas otras fuerzas vivas, como notarios, jueces, fiscales y periodistas. Le invitan al palco del fútbol, a los toros, a hoteles en los que un empresario tiene intereses. El siguiente paso es que el responsable político vea la posibilidad participar en el negocio. Es una oportunidad, pues dentro de cuatro años quizá no esté en el poder. Y, de todos modos, si hace muchas viviendas, puede ganar las elecciones».
Así se expresó ayer en Bilbao el juez Miguel Ángel Torres, el instructor que destapó el escándalo de la corrupción de Marbella, conocido como 'caso Malaya', y que activó la operación 'Ballena Blanca' contra el blanqueo de dinero del crimen organizado. Torres llamó la atención sobre este tipo de corrupción que denominó «de baja intensidad», consistente en diferentes modalidades de pequeños «agasajos» en el sector inmobiliario.
Los delitos urbanísticos, así como las andanzas de Julián Muñoz y Roca, ocupan las portadas de los periódicos gracias a este juez de Marbella, que fue invitado por el Tribunal Superior del País Vasco a las segundas jornadas sobre 'Informar en Justicia'.
«Ya no se trata de que el político reciba dinero -explicó Miguel Ángel Torres. Una empresa de su familia puede participar en la promoción inmobiliaria. Puede ser una consultora que cobra por servicios. Aunque, a veces, el responsable del negocio se mete en política para no compartir el pastel con nadie. Se presenta como un buen gestor. O quiere ser famoso y se introduce en el mundo del deporte».
La franqueza del joven instructor hizo sonreír a las autoridades, periodistas y universitarios que le escuchaban sin dejar de tomar notas. «Existe una escasa conciencia social sobre estos fenómenos -se lamentó Torres. Cuando un político recibe dinero de un promotor, la sociedad sufre un perjuicio. Se pierde una zona verde. Y luego el promotor repercute ese dinero sobre los costes. Así aparecen los problemas de calidad de las viviendas, sube el precio del suelo».
Del juez que hizo estas reflexiones depende el destino de Roca, de Julián Muñoz, de Marisol Yagüe, de Maite Zaldívar Torres no los mencionó, aunque dijo que los escándalos urbanísticos son socialmente perniciosos porque «transmiten a la gente joven la idea de que se puede ganar mucho dinero sin tener que trabajar». Tan sólo aludió a una denuncia de malos tratos que llegó a su juzgado, una denuncia que implica a dos personas también involucradas en las tramas de Marbella. No concretó de quiénes se trataba (probablemente, Maite Zaldívar y Julián Muñoz), pero ambos le sirvieron de ejemplo para defender que los jueces que persiguen la corrupción deberían especializarse sólo en esos asuntos. «De otro modo, sabes un poco de mucho y mucho de nada».
La pista del cohecho
El juez del 'caso Malaya' también se lamentó de que las indagaciones sobre los cargos públicos corruptos se concentren en el delito de prevaricación (dictar una resolución injusta), pero no profundicen en el cohecho (soborno), cuando «el 99% de las prevaricaciones tiene motivación económica». Atribuyó esa circunstancia a que la prevaricación acarrea un castigo menor -«se van a casa inhabilitados»-, mientras que seguir la pista del cohecho es lo que puede conducir al centro de la red.
A una conclusión parecida llegó el juez cuando habló del dinero de los narcotraficantes y mafiosos. «Nos quedamos en lo que 'vende', en la incautación del alijo de droga. Pero las pérdidas del hachís se recuperan, pues se pagan a medias con el proveedor. En cambio, si desarticulas la trama global de blanqueo, desarticulas la organización. La cuestión es que el tráfico de droga absorbe la investigación, pero no se analizan los patrimonios de las personas a los efectos del decomiso», señaló.
*diariosur.es, 13 de marzo de 2007
Foto: el juez Torres asistió a unas jornadas en Bilbao. / TELEPRESS
Plan territorial o urbanismo electoral / Ciudad Astur
F.DÍAZ-MIRANDA Y MACÍAS* : "Una necesidad urbanística evidente, la articulación de los espacios propuestos en el plan territorial especial de Oviedo-Siero-Llanera, se puede frustrar por la torpeza política de su puesta en escena trasladando su necesario y natural debate del ámbito de técnicos y ciudadanos al político electoralista. Presentación del plan a dos meses de unas elecciones autonómicas y municipales, difícilmente alguien se puede sustraer de su utilización propagandística.
Presentación del plan como «elemento vital de planificación democrática» (señor Areces). Acaso los restantes instrumentos de planeamiento vigentes no son democráticos. Anuncio unilateral de aprobación inicial para el próximo mes, los municipios afectados se han enterado del plan a través de los medios de comunicación en esta misma semana. En una sociedad plural y democrática como la actual no hay ideas y proyectos sin debate; siendo una provocación la afirmación de la señora Belén Fernández: «Es cuestión de dedicación».
El plan se pone como ejemplo de «entendimiento entre las distintas administraciones públicas» (señora Belén Fernández) y se dice «oportunidad de superar localismos estériles» (señor Areces). Tres ejemplos. Uno, existencia en el ámbito del plan de recientes planeamientos municipales adaptados y revisados al amparo y beneplácito de la Administración regional, sin la debida previsión y coordinación con la propuesta presentada, suponiendo graves alteraciones para su desarrollo urbanístico al verse estos condicionados, mermados o alterados en sus decisiones, pudiendo incluso suponer una interferencia en su autonomía municipal. Dos, ausencia en la presentación del plan de representantes políticos de dos de los tres municipios afectados, y en el caso del único asistente, Siero, duras críticas de su concejala de Urbanismo, con lo cual pensar en su éxito es más que difícil. Tres, se tiran por el suelo los mínimos consensos municipales conseguidos en torno al concepto de ciudad-región y ciudad astur.
Se nos vende la actuación prevista como un «freno al urbanismo salvaje y especulador». Ver para creer. Se actúa sin prever sus repercusiones sobre espacios de titularidad pública, algunos concebidos como reservas regionales de suelo, alterando irreversiblemente el triángulo empresarial e industrial con mayor futuro de la región; en terrenos de dudosa viabilidad para el fin residencial previsto, condicionando el propio plan a un futuro incierto.
Se anuncia la construcción de 9.000 nuevas viviendas bajo la iniciativa pública, contando con Sogepsa y Sedes, sin garantizar que éstas sean en su totalidad con algún tipo de protección pública, afirmando sin rubor alguno que con las plusvalías que genere la vivienda de promoción privada y algún que otro equipamiento que se cree se acometerán gran parte de las infraestructuras necesarias. Nadie ha pensado que las necesidades de vivienda y de equipamientos ya se encuentran debatidas y colmatadas con las previsiones existentes en los recientes planes generales de los tres municipios afectados. Dejémonos de la falacia de planes de viviendas para jóvenes, para personas con mínimos o escasos recursos... con propuestas como la del plan territorial presentado se vienen todas abajo. Piénsese que en el municipio de Oviedo, por poner un ejemplo eficaz y real, existe bajo iniciativa exclusivamente municipal un innovador plan de vivienda en suelos prioritarios para paliar estas necesidades que abarca más de 8.500 viviendas, todas ellas con algún tipo de protección pública. Son necesarias estas miles de viviendas, todas ellas en los municipios de Siero y Llanera; por cierto, Oviedo se destina a zonas verdes, recuperación de la actividad agrícola y de ocio, o responden realmente a ocultos intereses urbanísticos especuladores o es un intento por frenar el crecimiento poblacional de Oviedo y su peso regional. A todas luces el plan territorial es desestabilizador tanto a nivel municipal como regional, dando pie a todo tipo de especulaciones poco deseables y no digamos nada acerca de sus consecuencias negativas en el ámbito de la nueva ciudad astur.
Escuchar que «el urbanismo nace de la mano de los ingenieros de caminos», y en este caso de la mano de un medio de transporte como argumento vital para recuperar la ciudad es más que dudoso (el tren-tran del cual ya hablaremos); aún resultando metodológicamente correcto el trabajo efectuado, así como su grado propositivo con proyectos jerarquizados, el redactor del plan no es culpable del desacierto del encargo recibido.
La ciudad es un organismo complejo que solamente se debe gestionar desde la multidisciplinaridad, se deben resolver necesidades energéticas y de infraestructuras, problemas sociales de sus usuarios, de interrelación con el medio natural, problemas de escalas del hábitat y de la multiplicidad de sus entornos; siendo su gestión y no la forma la que debe ocupar el lugar central al hablar de futuro y de ciudad. En el caso que nos ocupa, la forma es el único tema de debate, y la gestión brilla por su ausencia. No existe planificación alguna con fechas para la iniciación de ningún tipo de obras; se carece de la más mínima coordinación administrativa a nivel estatal, autonómico y local; y por supuesto, no existe previsión económica alguna en ningún presupuesto ni estatal, autonómico o local para su financiación.
Como estrella principal de este plan territorial se presenta el tren-tran, principal e innovadora alternativa de transporte urbano para estos municipios. No se ha consultado, ni informado, ni mucho menos debatido si este medio de transporte que altera profundamente la imagen y percepción de la ciudad es admitido por la ciudadanía, falta total de respeto y talante democrático. Pero aún más, ni incluso la viabilidad del propio tren-tran es creíble. Para empezar, este medio de transporte está pensado para ciudades con núcleos de mayor densidad de población, y por supuesto, discurriendo por áreas urbanas ya consolidadas y no de futura creación. Se atenta a la razón y a la lógica, se nos dice: el área central (300.000 habitantes) genera 2.000 viajeros/hora (no todos usarán el tren-tran), el nuevo transporte previsto será de máxima accesibilidad con frecuencias de paso de 2 a 3 minutos (no existe ciudad alguna con esos intervalos) con unidades móviles con una capacidad de al menos tres autobuses urbanos actuales, el trazado abarcará unos 28 km y los tiempos de viaje serán de 25 a 35 minutos; y con estas premisas se presenta el tren-tran como la solución más óptima. Con los datos facilitados con anterioridad les aseguro que es imposible gestionar este transporte urbano, tren-tran, sin que ello suponga su inmediata ruina y quiebra económica, echen números y vean el número de viajeros que tocan a cada unidad móvil en acción.
No les parece que es muy difícil entender este tipo de planes territoriales guardándose en el cajón electoralista las directrices regionales de ordenación territorial. Exijo retomar el camino de búsqueda de consensos a la hora de desarrollar una estrategia de desarrollo territorial integral para la denominada Ciudad Astur, empezando por los propios municipios afectados, algo más que la propia área central de Asturias está en juego, es el futuro de los asturianos. Pido ideas y proyectos con debate y gestión, gestión y gestión. Aconsejo que se concentren las máximas energías en resolver los grandes problemas y carencias estructurales de nuestra autonomía, tanto a nivel social como económico; les recuerdo que sin infraestructuras el desarrollo regional es imposible y al día de hoy Asturias aún carece de muchas de las más imprescindibles, siendo una de las regiones, por ejemplo, peor comunicada de España: No empleen, ni nos metan en estériles debates utópicos de planes territoriales sectoriales para distraer nuestras prioridades esenciales.
*Felipe Díaz-Miranda y Macías es arquitecto.
*La Nueva España, 13/03/07
Greenpeace presenta un decálogo de medidas para un urbanismo sostenible
*Greenpeace ha presentado hoy diez medidas para conseguir un urbanismo sostenible concebido para aumentar la calidad de vida de la población y el respeto al territorio donde se desarrolla. La acumulación de escándalos, investigaciones y procesos judiciales relacionados con el urbanismo ponen de manifiesto que en España el funcionamiento efectivo del control de la edificación (disciplina urbanística) es la gran asignatura pendiente.
La organización ecologista considera que la situación actual del urbanismo en España se ha venido gestando desde hace mucho tiempo, por lo que resulta incomprensible que todavía no se hayan planteado fórmulas para poner freno a la destrucción del territorio en la que nos hayamos inmersos. A pesar de que existe suficiente legislación para actuar de forma contundente contra la ilegalidad, una gran parte de las infracciones urbanísticas se acaban consolidando, en gran parte debido a la prescripción de las mismas por el transcurso del tiempo sin actuación por parte de la Administración.
Los problemas derivados del urbanismo actual se acrecientan en la franja litoral debido a los movimientos de asentamiento, temporal o definitivo, de habitantes de las zonas del interior de la península y de ciudadanos del Norte de Europa, especialmente hacia la costa mediterránea. Estos desplazamiento, que se iniciaron hacia mediados de los años 60 del pasado siglo, se han incrementado desde entonces favorecidos por la mejora de las infraestructuras de comunicación, por la entrada de España en la Unión Europea y, posteriormente, por la unificación de la moneda europea y la bajada de los tipos de interés.
“Desde Greenpeace consideramos que sólo será posible un cambio de tendencia de la situación urbanística actual mediante un pacto real entre todos los partidos políticos y, sobre todo, mediante una mayor implicación de la ciudadanía en la concienciación de los graves perjuicios que se derivan de esta situación y la actuación más efectiva de quienes pueden contribuir a la erradicación del problema” ha declarado María José Caballero, portavoz de Greenpeace.
Propuesta para una mejora del planeamiento urbanístico
Greenpeace considera que no existen fórmulas mágicas para solventar el grave problema de crecimiento descontrolado en el que está inmerso el territorio español. Sin una concienciación colectiva y sin una erradicación inmediata del modelo de crecimiento pronto la situación será irreversible. Por tanto, es necesaria una voluntad colectiva de cambio, especialmente en dos aspectos: la redacción de los planeamientos urbanísticos (territoriales, generales o municipales), así como la disciplina urbanística.
1. Deben modificarse los criterios de planificación urbanística, partiendo de la protección de todo el suelo no urbanizable y de la obligación de demostrar la necesidad y racionalidad de modificación de esa protección por necesidades de crecimiento de los núcleos de población.
2. Los modelos territoriales del planeamiento deben tener un marco de referencia supramunicipal que dé una coherencia territorial y de funcionamiento de los servicios, del abastecimiento y de los equipamientos.
3. El crecimiento urbanístico debe limitarse al 10% de incremento en cada planeamiento. Al mismo tiempo debe impedirse la recalificación de suelo hasta que no se haya ejecutado, al menos, el 90% del suelo clasificado en el planeamiento general en vigor. Es imprescindible acabar con el urbanismo concertado a través de los convenios urbanísticos, contratos privados entre los constructores y el ayuntamiento para hacer modificaciones a los planes de ordenación urbana.
4. En los municipios litorales, tanto las comunidades autónomas como los municipios deben decretar la prohibición de construcción en la franja no ocupada de los primeros 500 metros de costa.
5. Los planeamientos territoriales y generales o municipales nunca deben responder a intereses privados de promotores, grupos de presión o de personas próximas a quienes ostentan la facultad de decisión en el proceso de tramitación y aprobación del planeamiento urbanístico o su ejecución.
6. Deben articularse los mecanismos necesarios para establecer procesos efectivos de participación ciudadana y control del urbanismo, tanto en la fase de redacción de los planes territoriales, como para los planes generales o municipales, así como en el proceso de desarrollo y ejecución de éstos.
7. Deben reducirse las posibilidades de cambios de clasificación de suelos no urbanizables a urbanos o urbanizables, así como de los cambios de uso e incremento de edificabilidad y densidad, circunscribiendo dichos cambios exclusivamente a las revisiones o adaptaciones de los planes generales o municipales. Deben prohibirse expresamente cambios a través de modificaciones puntuales de los planes urbanísticos.
8. La planificación urbanística debe priorizar el mantenimiento del paisaje, así como de la estructura y tipología de los núcleos urbanos. Asimismo debe priorizarse la concentración urbana mediante la rehabilitación de los núcleos urbanos existentes y la remodelación de los degradados, evitando ocupar nuevas superficies de suelo en el exterior de los cascos urbanos.
9. La planificación urbanística debe identificar las necesidades de los recursos básicos: energía, agua, etc. y establecer para ellos fórmulas de gestión sostenible. Los informes de la Administración en materia de agua (garantía de abastecimiento) y de energía deben ser obligatorios y vinculantes antes de la aprobación de un plan urbanístico o de realizar una modificación del mismo. Además, los planes urbanísticos deben contemplar obligatoriamente la demanda de servicios que generará (depuración de aguas residuales, recogida y reciclaje de residuos…).
10. Deben prohibirse los proyectos edificatorios de tipo residencial ligados a instalaciones insostenibles tales como los campos de golf, canales fluviales o marinos y nuevos puertos deportivos.
*Greenpeace, 12 marzo 2007
Foto (Greenpeace): Hotel construido en dominio público en el litoral malagueño
Casi 200 guardias civiles combaten desde hoy la "delincuencia urbanística" a tiempo completo
diarioDirecto* : "Un total de 194 agentes integran las Unidades de la Guardia Civil para la lucha contra la Delincuencia Urbanística que comienzan a trabajar hoy en todas las provincias españolas, según anunció el director de la Policía y del Instituto Armado, Joan Mesquida. Cualquier actividad delictiva que tenga relación con la construcción en alguno de sus tramos será objeto de investigación por parte de estas nuevas unidades, ya se trate de corrupción, atentados contra el medio ambiente o blanqueo de capitales.
De estos casi 200 guardias civiles, 25 estarán integrados en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, la estructura especial de actuación en el ámbito de policía judicial, y el resto se repartirán por las 54 comandancias que hay en España, a razón de tres agentes por cada una de ellas. Los primeros auxiliarán a los segundos cuando éstos lo requieran y en las investigaciones de mayor trascendencia.
Además, de esta nueva plantilla, siete especialistas han sido derivados al Equipo de Inspección Central Medioambiental del SEPRONA, centrados en las infracciones al medio ambiente derivadas de la ordenación del territorio. En palabras de Mesquida, estas Unidades "suponen un refuerzo en la lucha contra este tipo de delitos que, por una parte, generan un descrédito para los representantes de los ciudadanos, causan una importante alarma social y tienen una consecuencia directa con la especulación y con el encarecimiento de la vivienda".
Todos los agentes seleccionados han recibido un curso en materia de Urbanismo, así como la formación que requiere la investigación en el trabajo de policía judicial, su especialidad a partir de ahora. Actuarán por iniciativa propia, en colaboración con otras unidades, investigando denuncias presentadas previamente o por requerimiento judicial o fiscal.
Por ello, y según destacó Mesquida hoy en la presentación de las nuevas Unidades, mantendrán una estrecha colaboración con la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente, así como con la Fiscalía Anticorrupción, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con el Ministerio de Vivienda.
Mesquida: "No son políticos, son delincuentes"
Consultado Mesquida por la colaboración que puedan presentar los Ayuntamientos a estas Unidades, el director de Policía y Guardia Civil dijo estar "convencido" de que se les prestará desde los Consistorios una "buena" cooperación porque, a pesar de los casos de corrupción conocidos, "un grano no hace granero". Además, recalcó, la corrupción no tiene "un signo político u otro", ya que sus protagonistas son simplemente "delincuentes".
Mesquida también fue interrogado por el hecho de que el jefe de la UCO, el coronel Félix Hernando, sea sometido a juicio desde hoy en la Audiencia Provincial en un caso vinculado a los fondos reservados. El director del Cuerpo rechazó hacer valoración alguna sobre un proceso judicial, pero destacó que desde que él llegó a la Guardia Civil tiene "plena satisfacción" con el trabajo de Hernando al frente de "una Unidad muy importante".
*diarioDirecto 12/03/07
Urbanizar, no recalificar
JuanVILLACORTA* : "Los políticos -no los técnicos, que se limitan a la parte verdaderamente profesional- hablan públicamente y diseñan el urbanismo como si urbanizar las ciudades fuera exclusivamente reclasificar espacios urbanos, calificaciones como 'urbanizable delimitado' o 'no delimitado', 'rústico' y otros tecnicismos, que convierten los propios planes de urbanismo en una bonoloto de la especulación o, cuando menos, en un galimatías de espacios y fronteras harto nebulosas.
Esos mismos políticos definen modelos de ciudad con un florido abanico de adjetivos que van desde el 'desarrollo sostenido y sostenible' al 'equilibrio urbano de áreas metropolitanas', 'barrios periféricos' y 'crecimiento cohesionado, armónico' y orientado a los cuatro puntos cardinales; ora este-oeste, ora norte sur. Cosas de este estilo entretienen a los políticos del urbanismo, que nunca olvidan la acechadora sombra alargada de promotores, constructores y especuladores sin cuento. El problema es que lo que dicen los políticos urbanistas -y más en épocas electorales- no afecta lo más mínimo a los intereses de los ciudadanos, que asisten, entre perplejos y somnolientos, a la ceremonia de la confusión urbanística.
¿Han pensado los políticos que la calle ayuda a que las poblaciones y los individuos se mezclen? ¿Han meditado que en la ciudad tradicional en muchas áreas el espacio no tiene ya significado? ¿Han cavilado que las ciudades históricas son museos cada vez menos adaptados al mundo actual? ¿Han comprendido que, pese a todo, el espacio es aún la característica esencial de la ciudad y que hemos de conservar nuestras relaciones emocionales con los lugares que hay en ella, porque en la ciudad habita toda la complejidad del ser humano?
Urbanismo es so-lucionar las dificultades en el suministro de energía o de agua potable, en la congestión del tráfico, en la mala calidad del aire, evitar la desaparición bajo el asfalto de espacios naturales y de fértiles tierras agrícolas, paliar la saturación de los sistemas de gestión de residuos. La sostenibilidad local consiste en mejorar esos problemas sin deteriorar las áreas no urbanas ni estrangular la viabilidad económica, cultural y social, es decir, instaurar al hombre como eje del urbanismo.
Urbanismo es diseñar un modelo de ciudad compacta y limitada en su expansión, más que alimentar la dispersión suburbana; es la conservación de los espacios ecológica o agrícolamente productivos existentes dentro de los límites urbanos o en su entorno inmediato; es la rehabilitación del espacio deteriorado (centros históricos y regeneración de barrios envejecidos); la pacificación de las calles y el fomento de la proximidad y la convivencia social; las facilidades para el transporte público y la bicicleta como alternativa viable a la congestión, la contaminación y el ruido; la no segregación funcional de los espacios; la lucha contra la dispersión suburbana con un medio urbano vital, diverso y activo, con abundancia de servicios y oferta cultural.
El concepto de urbanismo trasciende a la visión arquitectónica y se enraíza con el llamado 'modelo de ciudad', no es posible diseñar un plan de ordenación urbana sin tener en cuenta factores estructurales como la pobreza y su distribución; las desigualdades urbanas económicas y sociales; el crecimiento sin control del consumo entre los ciudadanos; el déficit educacional entre capas sociales, barrios, familias y personas; la minimización del tiempo libre; la ausencia de tranquilidad y seguridad y, en definitiva, la convivencia humana en el respeto a la diversidad la diversidad por diferente que sea. El urbanismo será el espacio creativo y evolutivo de la vida humana en toda su integridad o no servirá para nada. Los políticos siguen sin comprender.
*JUAN VILLACORTA/PERIODISTA Y ESCRITOR
*El Norte de Castilla, Lunes, 12 de marzo de 2007
La gestora de Marbella ha enviado 12 causas al fiscal Anticorrupción
JuanaVIÚDEZ* : "Desde que comenzó su mandado, la Comisión gestora de Marbella ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga al menos una docena de casos, entre los que hay pagos por obras que finalmente no se realizaron y facturas sospechosamente abultadas o que podrían haberse cobrado dos veces.
En este tiempo, también se han detectado ingresos realizados por promotoras en concepto de aprovechamientos que podrían rondar los 65 millones de euros, según el presidente de la gestora Diego Martín Reyes.
Ese dinero fue recibido por el Ayuntamiento en virtud de convenios urbanísticos que fueron retirados y no se han llevado a cabo, por lo que es muy probable que ese dinero sea reclamado por las empresas, ya que no los han podido ejecutar.
Según Martín Reyes, se está tratando de acomodar en el nuevo Plan General a 27.000 de las 30.000 viviendas ilegales construidas durante los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL). El futuro del resto, será estudiado caso por caso, ya que la población cuenta con una gran necesidad de equipamientos públicos.
A comienzos de año, la comisión gestora rechazó las primeras demoliciones ordenadas por los tribunales, que afectan a 70 viviendas ocupadas, y envió un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que abogaba por "soluciones más mesuradas".
La semana pasada también se pidió el aplazamiento del derribo de una nave de materiales de construcción, también ilegal, "hasta que se aclaren las operaciones y acuerdos municipales que beneficiaron a la empresa propietaria".
*ELPAIS.com - Marbella - 12/03/2007
Foto: Marbella - Costasur
Castilla y León: Concentración contra la especulación urbanística
E.A.*: "El próximo miercoles 14 de marzo, Ecologistas en Acción de Castilla y León, ha convocado una concentración frente a las Cortes de Castilla y León, en Fuensaldaña (Valladolid), con el lema "Contra la corrupción y la especulación urbanísticas" en protesta por la aprobación del Proyecto de Ley de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria.
CONCENTRACIÓN FRENTE A LA CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
¡ESPECULACIÓN POR LEY, NO!
CONTRA LA APROBACIÓN POR LEY DE LA CIUDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y OTROS PROYECTOS INMOBILIARIOS
MIERCOLES 14 DE MARZO, 11:00 HORAS
CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
(CASTILLO DE FUENSALDAÑA)
Tras la reciente modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León, publicada en el BOCyL del pasado 18 de diciembre, que permite la aprobación por Ley de proyectos inmobiliarios “de excepcional relevancia para el desarrollo social o económico de Castilla y León” en toda la Comunidad, la Junta de Castilla y León y el Grupo Popular en las Cortes sacan a la palestra la primera de las urbanizaciones a “blindar”: la Ciudad del Medio Ambiente de Soria.
Este ha sido el primero de los proyectos, pero detras pueden venir más, La Covatilla, San Glorio, La cidad del golf en las Navas del maruqes..., ya que esta modificación deja las puertas totalmente abiertas a la aprobación por Ley de la especulación.
Tu asistencia es muy importante para parar esta barbaridad.
Desde Salamanca va a salir gente, si quieres unirte al grupo ponte en contacto con nosotras a través de este correo.
¡¡¡Te esperamos!!!
*Ecologistas en Acción, Castilla y León 14/02/2007
¿Cultura medioambiental?
JOSÉ ALBELDA* : "Cada vez se habla más de desarrollo sostenible, gestión y educación medioambiental, energías renovables. Aspectos todos ellos que serían partícipes de lo que podríamos llamar una nueva cultura medioambiental, tan urgente como difícil de llevarla a cabo. Pero, como siempre, lo urgente que no interesa se oculta lo más posible, como ha ocurrido y sigue ocurriendo con la crisis ecológica mundial. Cuando ya resulta imposible ignorarla, entonces se intenta minimizar su envergadura. Se trivializa el desastre medioambiental con vacíos gestos institucionales y maquillaje verde de poderosas empresas y grandes bancos; y, por supuesto, se potencia el voluntarismo ciudadano, a la vez que los verdaderos artífices del problema evitan asumir sus responsabilidades.
Pongamos un ejemplo cercano en el tiempo: la presentación en París del resumen previo del 4º Informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático generó la previsible respuesta de los políticos, con ambiciosas propuestas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras tanto, el señor Al Gore era recibido con honores de Estado allá por donde recalara con su oportuna película Una verdad incómoda.
Recordemos también que, al hilo de dicha presentación, un conjunto de organizaciones ecologistas lanzó una interesante iniciativa: cinco minutos de apagón global para reivindicar medidas efectivas contra el derroche energético. Apagón seguido solamente por el 3% de la población española; pero eso sí, las principales empresas e instituciones se apresuraron en apagar sedes y monumentos. En Valencia incluso el buque insignia de nuestra ciudad, el Palau de les Arts, vivió la oscuridad nocturna durante esos breves instantes. Tras unos cuantos días de presencia mediática -sobre todo en el medio educativo por excelencia, la televisión- mostrándonos datos científicos sobre futuros escenarios ambientales verdaderamente espeluznantes, todo volvió a la normalidad. Los medios de comunicación siguieron con sus temas cotidianos, persistentes, mientras iba perdiendo interés el 4º informe del IPCC y su oportuno acompañamiento político de firmes compromisos, que luego se difuminan con la misma rapidez con la que fueron proclamados.
Retorno, pues, a la rutina del engaño y el autoengaño, fácilmente asumidos por las sociedades opulentas que en el fondo se resisten a cambios profundos en su forma de vida, fieles al supuesto bienestar de consumo en el que se han asentado.
Pero esta actitud tiene su lógica. Como sociedad, actuamos según los patrones de comportamiento que la educación, el entorno y los modelos de éxito nos ofrecen. Por lo tanto, resulta verdaderamente difícil la transición de un modelo dedicado a estimular la producción y el consumo, a otro basado en el comedimiento en el uso de materiales y energía, característico de una economía que tienda a la sustentabilidad.
No pensemos, pues, que una nueva cultura medioambiental puede desarrollarse tan sólo a través de la encomiable labor de grupos ecologistas, certificaciones medioambientales de empresas, iniciativas municipales sobre el reciclaje de residuos, o estudios universitarios especializados en el tema que nos ocupa. Ni, por supuesto, gracias a las múltiples conferencias, jornadas y congresos sobre sostenibilidad subvencionados, en muchos casos, por instituciones o empresas que habitualmente tienen una actitud devastadora con el medio ambiente. Todo esto no basta. El cambio que se precisa implica priorizar el conocimiento y las respuestas eficaces ante la crisis ecológica en todos los ámbitos de nuestra realidad social. Y por supuesto en la educación. ¿Cuándo comprenderán los responsables de nuestro sistema educativo que para adaptarse a los tiempos que corren lo más urgente es potenciar la cultura medioambiental? Más necesaria, por cierto, que el incuestionable universo digital, con sus omnipresentes ordenadores como inequívoco signo de progreso.
¿Y las instituciones políticas? Por estos pagos, el conseller de Territori i Habitatge -que, como indica el nombre de su consellería, sigue dedicándose a potenciar la construcción de viviendas en el territorio- no cesa de ofrecernos sus espectaculares gestos mediáticos, en lugar de propuestas más comprometidas -y probablemente más impopulares-ante el desastre ecológico. Fotos junto a tortuguitas marinas, cuya madre se arriesgó sobremanera al desovar en la costa valenciana; promesas de biocombustibles a partir de los excedentes de cítricos; ecosistemas de ribera que se protegen con todos los fastos necesarios, a la vez que se siguen permitiendo PAIs que destruyen cientos de veces más territorio que el que se ha decidido preservar de nosotros mismos? Todo ello fiel reflejo del lavado verde de nuestros gobiernos autonómico y municipal. Es evidente que los que mandan en la Comunitat Valenciana desde hace doce años se oponen con firmeza a la apuesta por una verdadera cultura medioambiental; a la vez que repiten sin descanso la cantinela de la sostenibilidad, sin conocer en absoluto el hondo calado de dicho término.
Según vamos viendo, no parece fácil un cambio sustancial en las destructivas inercias que mueven el mundo a todos los niveles: neoliberalismo, poderosas empresas transnacionales, gobiernos débiles o corruptos, sociedades sumisas, individuos desinformados. Sin embargo, sólo un cambio estructural y sistémico, no epidérmico o simbólico, podría disminuir los efectos de la crisis de nuestra civilización, que no ha hecho más que comenzar. Y no se trata de catastrofismo, sino de realismo fundamentado en incuestionables datos científicos.
Ante el escenario que se nos presenta, no nos deben mover las expectativas de grandes éxitos, sino la necesaria denuncia de la desinformación y el cinismo que nos rodea. Frente a la obediencia acrítica y la ceguera impuesta, sólo nos queda la firme defensa de una nueva cultura medioambiental, prácticamente inexistente ahora.
Se trata de una cuestión de dignidad y de responsabilidad moral. No hacer como si no pasara nada ante la demolición de un mundo que aceptaba nuestra existencia.
*Profesor Universidad Politécnica de Valencia.
www.terracritica.org
*Levante, Domingo, 11 de marzo de 2007
Decenas de personas se manifiestan en Granada contra la «violencia urbanística»
R.I.* : "Unas quinientas personas, según la Policía Nacional, se manifestaron ayer en Granada contra la «violencia urbanística», convocados por la plataforma 'Hart@s de la dictadura del cemento'. Presidida por una pancarta con el lema «Paremos la violencia urbanística», la manifestación partió de la Plaza del Carmen y continuó por la Gran Vía, donde los participantes secundaron una breve sentada, en dirección a la Delegación municipal de Urbanismo.
En un comunicado, la plataforma cívica responsabiliza al Ayuntamiento, la Junta y otras administraciones de crear un espacio metropolitano caracterizado por el «crecimiento de los complejos residenciales, la multiplicación de grandes infraestructuras, la destrucción de espacios verdes y la especulación inmobiliaria».
«Impersonal y agresivo»
Sostienen que el centro de Granada se está convirtiendo en un «parque temático impersonal y agresivo» y que este modelo de «urbanismo descontrolado y destructor» se está extendiendo a todos los barrios.
Los manifestantes califican de «desolador» el panorama metropolitano, y citan la «destrucción» de la Vega, la proliferación de grandes complejos comerciales, el deterioro de entornos naturales de municipios como Gójar y Dílar y la agresividad de proyectos como el del teleférico de Monachil, entre otros. En su recorrido por el centro, además de la sentada y los lemas contra el urbanismo, fueron 'empapelando' distintas paredes, de bancos a organismos oficiales, con lemas en contra de la especulación y la destrucción de los espacios verdes.
Los manifestantes mantuvieron el recorrido acordado inicialmente, pese a que el Ayuntamiento les instó días atrás a que lo modificaran, a lo que se negó finalmente la organización. La Policía Nacional fue cortando el tráfico a su paso.
*Ideal.es, Domingo, 11 de marzo de 2007
Foto: PROTESTA. Los manifestantes, durante la sentada dirigida a la sede municipal de Urbanismo. / EFE
Nueva okupación en Madrid: CSO Milano
*El 8 de marzo, un grupo de activistas anticapitalistas anunciamos la okupación del antiguo Salón de bodas Milano, situado en la calle Huerta de Casteñeda (junto al metro Alto de Extremadura). Un lugar que llevaba años abandonado y que pretendemos convertir en un espacio político y social al servicio de los vecinos tanto del barrio como del resto de Madrid. Anunciamos esta okupación el 8 de marzo, en homenaje a los que luchan contra la especulación inmobiliaria que día a día devora Madrid, y cómo no, en homenaje a las mujeres feministas, trabajadoras y revolucionarias.
¿Qué entendemos por okupación?
Vivimos en un sistema que ha privatizado el suelo que pisamos convirtiéndolo en una mercancía más, y ha implantado un modelo desarrollista salvaje que se manifiesta en la masiva proliferación de urbanizaciones, campos de golf, autopistas, puertos deportivos... y una serie de infraestructuras, en su inmensa mayoría innecesarias, generando graves problemas ambientales y sociales. Los gobiernos de turno implementan estas políticas en beneficio de los intereses empresariales, provocando, entre otras cosas, que las desigualdades entre la clase político-empresarial y la clase trabajadora sean cada vez mayores.
En el desarrollo y consolidación de esta política, el sistema necesita paralelamente apagar toda expresión de resistencia popular. Mientras cientos de edificios se encuentran en una situación de abandono esperando su recalificación (y por lo tanto el aumento de su valor especulativo), los locales públicos donde poder reunirse, organizarse y tomar parte en las cuestiones que afectan a nuestras vidas, están mayormente controlados por la burocracia del orden institucional en sus distintos entes, estatal, autonómico y local.
Por eso okupamos. Porque creemos necesario denunciar y luchar contra la especulación urbanística con hechos además de con palabras. Porque necesitamos espacios donde aglutinar e impulsar las protestas existentes, crear puntos de encuentro para la transformación revolucionaria de la sociedad. Porque a pesar de que en los medios privados y públicos de desinformación dicen que este sistema es democrático, creemos que es hora de conquistar la democracia real con la participación popular en la política anticapitalista, activando la lucha en los barrios y construyendo así la verdadera democracia directa.
Porque creemos que okupar es recuperar lo que nos pertenece, lo que pertenece a la mayoría de la población, la que trabaja por un miserable salario construyendo los edificios donde vivimos y amasando el pan que comemos, y que sin embargo luego no es dueña de lo que produce (más bien cada día nos cobran más por todo). A penas somos dueños de nuestros propios cuerpos, que nos obligan a poner a disposición de empresarios y banqueros que se llenan los bolsillos a nuestra costa. Okupar es, sencillamente, recuperar lo que nos han quitado.
Okupamos porque queremos atacar el pilar principal del sistema capitalista: la propiedad privada (que por encima de los cuentos de hadas es la excusa para enriquecer más a quienes más tienen y ahogar a quienes menos tienen).
¿Que luchas queremos impulsar?
En la sociedad hay multitud de conflictos abiertos, así como colectivos que luchan por una sociedad mejor. Queremos servir de soporte a campañas unitarias anticapitalistas en la medida de nuestras posibilidades, poniendo el eje en las siguientes áreas:
Anticapitalismo y oposición al estado burgués: Entendemos que el capitalismo es un sistema basado en el acrecentamiento constante de riquezas sin tener en cuenta las necesidades humanas, es decir, pone nuestras vidas y los recursos naturales al servicio de las empresas y no de las personas. El estado no es otra cosa que un conjunto de leyes e instituciones que pretenden garantizar la perpetuación de este modelo, ya sea con instrumentos ideológicos (control de la educación, la cultura, los medios de comunicación...) o represivos (leyes, despidos, policía, jueces, cárceles, ausencia de derechos, etc.). Abrimos las puertas a todxs aquellxs que, lejos de cualquier dogmatismo, día a día intentan hacer frente a este orden social, ya sean marxistas, autónomxs, libertarixs, antiglobalización, etc.
Movimiento de los trabajadorxs: Entendemos que la riqueza se crea única y exclusivamente desde los centros de trabajo, con el esfuerzo tanto de nativos como de inmigrantes (entendiendo que ambos constituyen una única clase trabajadora), y por tanto debemos ser conscientes de que tomando bajo nuestro control democrático estos centros de creación de riqueza podemos poner en jaque el sistema, cuestionando la relación injusta existente entre los empresarios capitalistas y trabajadorxs. Deseamos aportar un granito de arena a debatir y organizarnos junto al resto de trabajadorxs para emprender este camino, que históricamente ha sido y nos sigue pareciendo vital.
Antipatriarcado: El sistema capitalista y el patriarcal van de la mano. El primero diseña los puestos de trabajo, y el segundo los distribuye basándose en la concepción de género impuesta: normalmente las mujeres desarrollan sobre todo trabajos de cuidados y los hombres de gestión (tanto dentro como fuera de casa). Esta lógica se mantiene a través de la presión mediática, la violencia física o psicológica (esta última la más peligrosa), que coloca a la mujer en una situación de desigualdad y explotación, con menos derechos, menos autonomía y menos reconocimiento social. Damos la bienvenida a colectivos que proponen herramientas de lucha feminista, la autoorganización de las mujeres y la autodefensa física y mental.
Antimonarquía: Vivimos en un régimen cuyo jefe de estado, el rey Juan Carlos I, fue educado en las fuerzas armadas franquistas y nombrado directamente por Franco en 1969 como su sucesor. La monarquía es una institución medieval y totalmente antidemocrática, que pretende simbolizar la armonía de un sistema heredero de la dictadura y remendado en la llamada Transición (que fue un pacto entre la oligarquía y las fuerzas que se llamaban de la izquierda para dar continuidad al capitalismo e impedir un proceso de lucha revolucionaria). Queremos, por tanto, dar apoyo a movimientos que denuncian esta imposición, ya sean antifascistas, republicanos anticapitalistas, de recuperación de la memoria histórica, etc…
Antiimperialismo: No podemos quedarnos impasibles cuando las grandes potencias, entre ellas España, controlan -por la vía de la fuerza y la imposición- las economías de los países empobrecidos y saqueados. Creemos que la OTAN (incluídas sus bases destacadas en territorio español) es un instrumento militar que garantiza el dominio del Norte sobre el Sur por la vía de la violencia extrema. Queremos apoyar a los movimientos que denuncian el papel imperialista del estado español y se solidarizan con los pueblos en lucha por su independencia y su autodeterminación.
Ecologismo: El capitalismo no es sostenible a nivel ambiental. Cientos de especies animales y vegetales se encuentran en peligro de extinción por la sobreexplotación abusiva, innecesaria e irracional de los recursos naturales. El capital no entiende de sostenibilidad sino de productividad, de sacar el maximo rendimiento al mínimo coste. Es nuestro deber impulsar iniciativas que acaben con esta dinámica depredadora y empezar a denunciar el terrorismo ecológico de las empresas, entidades e instituciones que contaminan los ríos, queman los bosques, dejan el suelo estéril para siempre y torturan animales, a la vez que fomentan un modo de vida insostenible con el ecosistema.
¿Cuáles son nuestras herramientas de trabajo?
Acción directa: No podemos seguir esperando lo imposible, que las instituciones resuelvan un problema que ellas mismas generan y defienden, por lo tanto hemos decidido actuar directamente sin su mediación y control. Nos organizamos y demostramos que es posible tomar las riendas de nuestras vidas directa y colectivamente.
Asamblearismo: Somos asamblearixs porque las decisiones políticas las tomamos horizontalmente entre todxs y no hay más efectivo y democrático órgano de decisión colectiva que la asamblea.
Apoyo mutuo: Queremos recuperar la cultura de la solidaridad y el compañerismo, como forma de hacer frente al individualismo salvaje que opera en esta sociedad y porque creemos que debemos apoyarnos unxs a otrxs en el largo camino de construir un movimiento anticapitalista amplio y plural.
Coordinación política: Para salir del aislamiento al que el poder capitalista pretende someter a las luchas locales, creemos que es fundamental unir fuerzas a través de la creación de espacios de confluencia con otros colectivos u organizaciones en pos de sacar adelante campañas de lucha tanto defensivas (de resistencia) como ofensivas (de avance). Deseamos, en definitiva, participar e impulsar activamente espacios de coordinación anticapitalistas.
Difusión de nuestro trabajo e ideas: A través de charlas, fancines, webs, videofórums, carteles, murales, teatro, videos, música, etc... pretendemos dar a conocer aquello que a los medios oficiales intenta tapar (injusticias y resistencias), para mantener el orden asesino y explotador.
Debate, reflexión y autoformación: Nos mantenemos alerta contra el dogmatismo. Revisar nuestros conceptos, conocer y aprender de otrxs compañerxs y de otras luchas ya sean actuales o pasadas, así como de lxs muchxs teóricxs y prácticxs revolucionarixs que han existido, es también una forma de acción anticapitalista. Conocer nuestra historia para no estar condenados a repetir los mismos errores, adquirir habilidades técnicas para mejorar nuestra actividad cada día, mantenernos siempre en movimiento...
* El Colectivo 8 de marzo (antes Quilombo) se define como un espacio de encuentro entre activistas anticapitalistas (mujeres y hombres) de varios colectivos y organizaciones, que pretenden contribuir a la activación de la resistencia social en los barrios de Madrid.
Kaosenlared.net
Rebelión.org, 11-03-2007
Foto: Primeras okupaciones.en.madrid 13.Abril.1987 Ronda.de.atocha.(PACISA).1.de.Mayo.1987.Argumosa www.rebeldemule.org.avi
El urbanismo arrasa parques naturales
Ambientum*: "Parques naturales y regiones protegidas de toda España están viéndose atacados por los planes de urbanismo que amenazan con irrumpir en estos parajes y llenarlos de hoteles, viviendas y campos de golf. Organizaciones ecologistas denuncian el fuerte impacto de estos proyectos de urbanismo, mientras que las Administraciones y empresas constructoras aseguran que de esta manera se acaba con la despoblación de muchas zonas rurales del país.
Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla León, Madrid, Beleares, Canarias, Cantabria, Andalucía… todas ellas tienen parques naturales amenazados por planes de urbanismo feroces que ponen en peligro la flora y la fauna de estos parajes, o aumentan la población de zonas rurales con turismo de alto nivel. Según denunció el diario El País, al menos diez de esos parques naturales están en peligro debido a la especulación urbanística.
Una de las comunidades más afectadas por el urbanismo es la valenciana. La provincia de Alicante, bastante conflictiva en cuanto a especulación, está viendo peligrar su zona de humedales en los parques del Hondo d’Elx y las lagunas de La Mata y Torrevieja, alrededor de cuyo perímetro proliferan las urbanizaciones, y está prevista la construcción de 10.000 nuevas viviendas. También en los alrededores del parque del Hondo, se proyecta la macro urbanización Dolores Golf, que cuenta con el visto bueno del ayuntamiento del PP de la localidad desde 2005.
Algo similar ocurre en Murcia, donde el Gobierno regional, del PP permitió, con una modificación a la ley socialista, la desprotección de 15.000 hectáreas anteriormente declaradas zona verde, para construir el complejo Marina de COPE, una nueva ciudad de vacaciones. También en Andalucía, especialmente en Almería, en los términos del Parque natural del Cabo de Gata se ha convertido en un símbolo de la especulación urbanística por las construcciones de hoteles a punto de ser expropiados.
Las islas también están en el punto de mira: en Baleares, el presidente popular Jaume Matas consideró ‘confiscaciones’ el Parque natural de Cala d’Hort en Ibiza y el de Llevant Mallorca. En La Gomera (Canarias) grupos ecologistas han denunciado la construcción de apartahoteles en el Parque natural de Majona, así como la extracción de materiales en una montaña del parque rural Valle Gran Rey.
Pero también en las zonas del interior crece la especulación sobre espacios protegidos. En Castilla La Mancha, la antigua pedanía de Los Heros en el Parque natural Barranco del río Dulce está a punto de alojar un complejo hotelero con servicios de spa y hostelería. También en Madrid, el encinar del Parque regional de la Cuenca alta del Manzanares, que formará parte de futuro Parque Nacional de Guadarrama, tiene previsto albergar 400 viviendas y un campo de golf impulsado por el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Castilla León y Cantabria completan la lista de autonomías cuyas reservas naturales están amenazadas por la especulación urbanística. El parque palentino de Fuentes Carrionas albergará próximamente una estación de esquí a pesar de que, como denuncian los grupos ecologistas, la zona está habitada por osos pardos, una especie en peligro de extinción. En Cantabria, los ecologistas han ganado la batalla, y 400 chalets construidos en las inmediaciones del Alto del Cuco de Piélagos tendrán que ser derribadas.
Fuente: elplural.com
*Ambientum, 6 de marzo de 2007
Foto EA: Marina de Cope (Águilas-Lorca). El Gobierno Murciano del Sr. Valcárcel ha desprotegido 15.000 has. de espacios protegidos para que puedan ser urbanizados.
El Ayuntamiento de BCN expropiará pisos vacíos y con inquilinos para hacer VPO
J.SALIDO COBO* : "En pleno debate sobre el futuro proyecto de ley del derecho a la vivienda de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona llevará a cabo, antes de su aprobación, uno de sus puntos más polémicos: la expropiación de los pisos vacíos e incluso algunos con inquilinos. En total, el Consistorio embargará tres solares y siete edificios en el barrio Ciutat Vella para dedicarlos a la construcción de viviendas sociales.
La Comisión de Gobierno barcelonés dio luz verde a la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) para impulsar más de 350 pisos públicos en Ciutat Vella. Este proyecto urbanístico prevé el levantamiento de las casas en fincas de propiedad municipal, fincas traspasadas a cooperativas u otros promotores públicos y fincas privadas que han sido necesario expropiar. Punto este último donde hay un resquicio a la polémica.
"Se ha cambiado la calificación de estas superficies y bloques de tal modo que el Ayuntamiento puede ampararse en la ley", indican fuentes oficiales desde donde también se apunta que aún hay algunos inquilinos viviendo en estos pisos. "Se les realojará en viviendas de mejores condiciones y siempre respetándoles sus contratos de alquiler". Cabe hasta la posibilidad de que en un futuro a largo plaza regresen a las nuevas construcciones que ocuparán, aún no se sabe cuándo, sus actuales hogares.
Desde el distrito afectado por el embargo de las fincas y edificios se afirma que el Consistorio se escuda para efectuar la acción en una "normativa que está en vigor desde hace años y por la que tiene derecho a ejecutar la expropiación". En concreto, se ha tratado de tres solares que están abandonados desde hace años y siete construcciones degradadas. Cuatro de ellas con serios problemas de conservación. Además, de los siete bloques abandonados dos están catalogados como 'Bien cultural de interés local', por lo que deberán conservar la fachada original tras su rehabilitación.
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Sus propietarios no han dado señales de vida en más dos años, justo desde que se les aconsejó adecuar las superficies requisadas. "Estos espacios crean situaciones de inseguridad y actividades marginales", se afirma desde el Ayuntamiento. Su portavoz, Juan Ignacio Cuervo advierte que esta situación jurídica, sin precedentes, tiene que "servir de ejemplo a otros distritos".
Desde CiU, su portavoz municipal en materia de vivienda, Eduardo García, cree que esta acción no es nada más que otro "acto para colgarse medallas" de cara a las próximas elecciones locales. "Además, lo han hecho muy bien porque los propietarios del edificio que se encuentra en el número 1 de la calle Caputxins, uno las construcciones emblemáticas afectadas y que está situado junto a la Iglesia Santa María del Mar, llevan solicitando permiso para su rehabilitación desde 2005 y el Consistorio no se lo ha concedido", declara García, que no entiende muy bien que se vayan a levantar pisos públicos en esa zona de la ciudad.
Eduardo García, de CiU, califica la acción como un simple acto para 'ponerse medallas'
En fin último de esta actuación no es otro que levantar 74 hogares protegidos en las mencionadas ubicaciones que los dueños tenían abandonadas en su inmensa mayoría. Según Cuervo, "se trata de herencias intestadas, de propietarios que viven fuera de Cataluña que no son conscientes de su posesión". Esto es sólo una parte de las intervenciones que se van a realizar en Ciutat Vella hasta la obtención de 350 pisos sociales. Una decisión que llega en pleno debate de la nueva ley de la vivienda y que prevé la expropiación de los pisos que lleven vacíos dos años.
*elmundo.es, viernes 09/03/2007
Foto: Vanessa Graell
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