El juez Torres alerta de la corrupción «de baja intensidad» en el sector inmobiliario

J.MUÑOZ* : «Todavía existe la bolsa de dinero para entregar al responsable político, eso no lo voy a negar, pero los métodos tienden a ser más sutiles. Primero recibe una felicitación navideña de un empresario; luego le envían botellas de un gran vino, un jamón... Poco a poco le introducen en un ambiente de lujo, de ágapes, un ambiente en el que pueden verse involucradas otras fuerzas vivas, como notarios, jueces, fiscales y periodistas. Le invitan al palco del fútbol, a los toros, a hoteles en los que un empresario tiene intereses. El siguiente paso es que el responsable político vea la posibilidad participar en el negocio. Es una oportunidad, pues dentro de cuatro años quizá no esté en el poder. Y, de todos modos, si hace muchas viviendas, puede ganar las elecciones».


Así se expresó ayer en Bilbao el juez Miguel Ángel Torres, el instructor que destapó el escándalo de la corrupción de Marbella, conocido como 'caso Malaya', y que activó la operación 'Ballena Blanca' contra el blanqueo de dinero del crimen organizado. Torres llamó la atención sobre este tipo de corrupción que denominó «de baja intensidad», consistente en diferentes modalidades de pequeños «agasajos» en el sector inmobiliario.

Los delitos urbanísticos, así como las andanzas de Julián Muñoz y Roca, ocupan las portadas de los periódicos gracias a este juez de Marbella, que fue invitado por el Tribunal Superior del País Vasco a las segundas jornadas sobre 'Informar en Justicia'.

«Ya no se trata de que el político reciba dinero -explicó Miguel Ángel Torres. Una empresa de su familia puede participar en la promoción inmobiliaria. Puede ser una consultora que cobra por servicios. Aunque, a veces, el responsable del negocio se mete en política para no compartir el pastel con nadie. Se presenta como un buen gestor. O quiere ser famoso y se introduce en el mundo del deporte».

La franqueza del joven instructor hizo sonreír a las autoridades, periodistas y universitarios que le escuchaban sin dejar de tomar notas. «Existe una escasa conciencia social sobre estos fenómenos -se lamentó Torres. Cuando un político recibe dinero de un promotor, la sociedad sufre un perjuicio. Se pierde una zona verde. Y luego el promotor repercute ese dinero sobre los costes. Así aparecen los problemas de calidad de las viviendas, sube el precio del suelo».

Del juez que hizo estas reflexiones depende el destino de Roca, de Julián Muñoz, de Marisol Yagüe, de Maite Zaldívar Torres no los mencionó, aunque dijo que los escándalos urbanísticos son socialmente perniciosos porque «transmiten a la gente joven la idea de que se puede ganar mucho dinero sin tener que trabajar». Tan sólo aludió a una denuncia de malos tratos que llegó a su juzgado, una denuncia que implica a dos personas también involucradas en las tramas de Marbella. No concretó de quiénes se trataba (probablemente, Maite Zaldívar y Julián Muñoz), pero ambos le sirvieron de ejemplo para defender que los jueces que persiguen la corrupción deberían especializarse sólo en esos asuntos. «De otro modo, sabes un poco de mucho y mucho de nada».

La pista del cohecho

El juez del 'caso Malaya' también se lamentó de que las indagaciones sobre los cargos públicos corruptos se concentren en el delito de prevaricación (dictar una resolución injusta), pero no profundicen en el cohecho (soborno), cuando «el 99% de las prevaricaciones tiene motivación económica». Atribuyó esa circunstancia a que la prevaricación acarrea un castigo menor -«se van a casa inhabilitados»-, mientras que seguir la pista del cohecho es lo que puede conducir al centro de la red.

A una conclusión parecida llegó el juez cuando habló del dinero de los narcotraficantes y mafiosos. «Nos quedamos en lo que 'vende', en la incautación del alijo de droga. Pero las pérdidas del hachís se recuperan, pues se pagan a medias con el proveedor. En cambio, si desarticulas la trama global de blanqueo, desarticulas la organización. La cuestión es que el tráfico de droga absorbe la investigación, pero no se analizan los patrimonios de las personas a los efectos del decomiso», señaló.


*diariosur.es, 13 de marzo de 2007
Foto: el juez Torres asistió a unas jornadas en Bilbao. / TELEPRESS