La especulación y corrupción urbanística en Madrid se está preparando para la gran traca final. Los desastres en el urbanismo madrileño bajo el gobierno de I.González en la Comunidad y de A.Botella en el Ayuntamiento van a alcanzar su climax en las próximas fechas, antes de que sea aprobado el nuevo Plan General. Como prácticamente no hay tiempo material para que sean incluidos en el Plan antes de las elecciones, la alcaldesa está separando los casos más conflictivos y especuladores para ejecutarlos ya, con la mayoría que posee en el gobierno municipal. Así se van a acelerar actuaciones urbanas que incluyen aumentos de edificabilidad, expolio de suelos y dotaciones públicas, o de descatalogación y destrucción de edificios históricos protegidos, todo ello con el objetivo de satisfacer el lucro de propietarios, promotores o fantasmales inversores afines a las filas 'populares'.
"ECOLOGISTASENACCIÓN* : La Plataforma No a este plan urbanístico, de la que forma parte Ecologistas en Acción, denuncia que en los últimos meses el Ayuntamiento de Madrid está impulsando una verdadera avalancha de actuaciones urbanísticas que benefician a determinados sectores financieros, inmobiliarios y grupos afines al Partido Popular.
Muchas de estas actuaciones incluyen aumentos desorbitados de edificabilidad, expolio de suelos y dotaciones públicas o la descatalogación y destrucción de edificios históricos protegidos, todo ello con el único objetivo de satisfacer los deseos y maximizar el lucro de los propietarios, promotores o fantasmales “inversores”. Estas operaciones especulativas son social, ambiental y económicamente insostenibles, no dan respuesta a las necesidades reales de la población y tendrán un impacto negativo e irreversible en la calidad de vida de la ciudadanía de Madrid.
La lista de operaciones urbanísticas es muy larga: reforma-demolición del Edificio España y reforma de la Plaza España con centro comercial subterráneo; Operación Mahou-Calderón; Plan Especial de la Quinta Torre Arias; reforma de la Plaza de la Cebada; Operación Canalejas; recalificación especulativa de las Cocheras del Metro de Ventas, Cuatro Caminos y Plaza de Castilla y de las instalaciones de Pacífico; enajenación y recalificación del Parque Móvil de Ministerios en Cea Bermúdez; modificación de la plaza de la Villa de París; venta de las viviendas públicas de la EMVS y del IVIMA a fondos buitres; proyecto para instalación de terrazas acotadas en Sol y en la Plaza Mayor (ambas son BIC); proyecto de conversión en centros comerciales del Palacio de la Música y del Teatro Albéniz; además de actuaciones en Delicias y Legazpi. A ellas hay que sumar las operaciones que vienen de antes, muchas de ellas en el aire por decisiones judiciales adversas: Operación Chamartín; Cornisa-Vistillas-Seminario; ampliaciones de tres centros de El Corte Inglés; PERI del Paseo de la Dirección en Tetuán; o la ampliación del Estadio Bernabéu. Por último, recientemente concluyó el periodo de alegaciones del Plan de Sectorización de la Nueva Centralidad del Este (el extenso terreno entre La Peineta y Coslada en el que se iba a haber construido la Villa Olímpica y ahora se pretende construir 12.000 viviendas y un centro comercial); se ha anunciado que se retomará vía concesión el proyecto de la Ciudad de la Justicia en Valdebebas; y se ha anunciado un megacentro comercial de “escala Eurovegas” del grupo chino Wanda (el mismo que ha comprado el Edificio España), posiblemente en los terrenos de la Operación Campamento.
Las operaciones se están tramitando al margen de la ciudadanía y de las necesidades de los barrios, en ocasiones con un fortísimo rechazo vecinal. Es el caso del Plan Especial de la Quinta de Torre Arias (San Blas), por el que se pretende ceder el palacio de la Quinta a una entidad privada, posiblemente a la Universidad de Navarra, y contra el que se han presentado 1.190 alegaciones que fueron rechazadas. La Operación Mahou-Calderón (Arganzuela), que prevé la construcción de diez torres, dos de ellas de 36 plantas, ha suscitado 60.000 firmas en su contra. El llamado #PelotazoBernabéu (Chamartín) ha sido paralizado cautelarmente por la justicia tras el recurso de Ecologistas en Acción, que contó con los donativos de cientos de personas para sufragar los costes del mismo.
Del análisis del conjunto de estas actuaciones, la Plataforma No a este plan urbanístico concluye que estamos ante un nuevo escenario. Se están sacando adelante y de forma individual todas las operaciones a las que la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) pretendía dar carta legal, pero ante la dificultad de poder aprobar el PGOUM antes de las próximas elecciones municipales de 2015, se pretende blindar preventivamente ciertas operaciones especulativas ante un posible cambio de gobierno. Se evita así el debate ciudadano de las mismas y de lo que suponen, en conjunto, como modelo de ciudad. No se trata de actuaciones aisladas sino de un “plan de hecho”, una estrategia territorial de “pelotazos” para el sector financiero-inmobiliario que significan desposesiones y atentados contra el derecho a la ciudad que tenemos los ciudadanos.
La Plataforma No a este plan urbanístico -que está formada por asociaciones vecinales, ecologistas, de defensa del patrimonio, urbanistas, sindicatos y partidos políticos- a la vez que mantiene su rechazo al Avance de la Revisión del PGOUM, amplía su actividad a la denuncia de este “plan de hecho”, y defiende la apertura de un auténtico proceso de debate y participación pública sobre el urbanismo de la ciudad.
* Ecologistas en Acción - 9.10.14
Foto: Madrid, Quinta de Torres Arias - dinastias
Madrid.- Pelotazos urbanísticos en cadena: ¿la traca final de Botella?
Marbella.- El caso Malaya se atasca en el Supremo
Raro es el día que no hay que hablar de la débil y poco diligente justicia urbanística en este país. Cuando no es un tribunal es otra instancia judicial la culpable del atasco monumental en los casos de delitos contra la Ordenación Territorial y, lamentablemente, así sigue la historia año tras año. La trama mafiosa más famosa de la corrupción urbanística en el país, el 'caso Malaya' de Marbella, lleva camino ya de los 10 años desde que saltó a la información pública. Tras una larga instrucción, hace un año que la débil sentencia fue conocida. Desde entonces se han producido nuevas apelaciones al Supremo y todavía no se ve la luz al final del túnel. La sentencia, se ha repetido mil veces, fue muy benévola con los principales acusados, faltando, además, numerosos implicados en la corrupción masiva marbellí, pero eso es lo que hay hasta el momento.
"LAOPINIÓN* : El caso Malaya no sólo indigestó a la Audiencia Provincial de Málaga, sino que ha provocado la misma acidez estomacal en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que a mediados de julio acogió la vista de los 52 recursos de casación interpuestos por defensas y acusaciones del proceso y que, en un principio, pensaba tener lista la sentencia definitiva antes de que acabase 2014: inicialmente se barajaron dos fechas, mediados de septiembre o diciembre, aunque fuentes jurídicas aseguraron ayer que no habrá un fallo definitivo del asunto hasta 2015.
El magistrado ponente y presidente de la Sala, Juan Saavedra, pensaba tener lista la sentencia a finales de este año. De hecho, el caso llegó al Supremo procedente de la Audiencia Provincial de Málaga –que dictó su sentencia en octubre de 2013– a principios de 2014, por lo que sorprendió a las partes, y mucho, que se fijara la vista de los recursos de casación el 16 de julio pasado y días siguientes. Algunos abogados reflexionaron así a requerimiento de este periódico: «Si tenemos en cuenta que el presidente del tribunal malagueño, José Godino, lideró dos años de juicio –doscientas sesiones– y tardó 15 meses en poner un fallo que atañía a 95 acusados, es imposible que Saavedra, que no conoce el proceso, ponga una sentencia antes de que termine 2014».
Estos juristas entendían que la vista debería haberse celebrado no antes de enero próximo para que el ponente Saavedra y sus compañeros de tribunal –Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Alberto Barreiro (ponente del caso Pantoja) y Andrés Palomo– tuvieran tiempo de analizar al detalle los informes de blanqueo de capitales y de urbanismo. «En un caso de asesinato puedes ir a la vista sin leer antes el sumario, pero en Malaya los delitos son tan sumamente complejos que es difícil enterarte de algo si antes no te sabes la letra pequeña de los informes», precisa un letrado.
Algunos de estos abogados han preguntado que cuándo estará la sentencia, ya que los rumores más optimistas apuntaban a septiembre y los menos, a diciembre. Sin embargo, en la Sala Segunda se le ha contestado a varios de estos juristas así: «Estará en 2015, pero bien entrado el año».
Aunque es el ponente el que hace una propuesta de sentencia y el resto de sus compañeros votan, hay tres magistrados «trabajando en el tema», según estas fuentes jurídicas. «Nos aseguraron que se iban a leer y van a responder a todos los recursos, y esas respuestas hay que argumentarlas», precisaron las fuentes.
De cualquier forma, las fuentes judiciales valoran positivamente este retraso, puesto que ahora la sentencia tendrá «una mayor profundidad teórica, dada la entidad de los delitos».
Sólo hay que hacer un ejercicio para ver el enorme trabajo, tal vez titánico, al que debe hacer frente el tribunal –que, por cierto, tiene sus letrados auxiliares de apoyo para ir elaborando el documento–: cada uno de los 52 recursos de casación tiene una media de cien páginas, salvo casos excepcionales como el de la abogada de Juan Antonio Roca, Rocío Amigo, que ha presentado un escrito de 750. Todo ello suma unas 5.000 páginas. Asimismo, es necesario añadir los escritos de impugnación de las partes al recurso de la Fiscalía, que tienen entre 50 y 70 folios por unidad, es decir, más de 3.600, y el correspondiente de Anticorrupción, que posee 1.500 folios. Es decir, que la Sala ha de hacer frente a la lectura de más de 10.000 folios, así como también habrán de consultar continuamente los informes de blanqueo, de Hacienda o los policiales. Un trabajo lento y laborioso.
En el fondo, se trata, una vez más, del caso de corrupción urbanística más voluminoso de la historia judicial española, y eso que el Supremo cuenta con la mitad de encausados de los que tuvo que hacer frente la Sala malagueña.
El fiscal Anticorrupción Juan Carlos Campo se quedó a gusto en la sesión del pasado julio: calificó la sentencia del caso Malaya como «blanda» y afeó el buenismo de la Audiencia Provincial. En su opinión, la condena de 11 años a Roca está adulterada con muchos atenuantes, que hay que quitar porque su confesión de que untaba con dinero a los concejales fue «parcial, inocua e inveraz». «Hablar de codicia es poco», precisó, al tiempo que reclamó una sentencia «justa, no ejemplar».
Amigo, representante de Roca, atacó duramente al primer instructor del caso, Miguel Ángel Torres, de quien dijo que era «enemigo» de su cliente.
* La Opinión Málaga - Jose A. Sau - 24.9.14
Foto: Marbella, caso Malaya sesión - laopinion
La mancha se extiende en Sanxenxo
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Los delitos urbanísticos en Sanxenxo (Pontevedra) parecen no tener fin. Los gobiernos municipales 'populares' están inmersos en cinco procedimientos judiciales desde 2011 en que se denunció el primer asunto. Actualmente las causas por corrupción urbanística suman ya 19 imputados, lo cual no quiere decir que no debieran ser más, dada la sempiterna laxitud judicial. Hay casos que ocurrieron ya hace 8 años (ocho) y no parece que haya demasiada prisa por concluir las sentencias. Así hay ejemplos sangrantes, como el de Encarnación Rivas, que sigue siendo secretaria general de Urbanismo de la Xunta y que dirigió este área en el Ayuntamiento durante los últimos años del gobierno 'popular' anterior. ¿Cómo se puede permitir esto hoy día? Pues con una caradura y una complicidad evidente de todas las instituciones implicadas.
"ELPAÍS* : Desde que el 1 de marzo de 2011 el Juzgado de Instrucción nº2 de Cambados incoase diligencias por las denuncias de tres vecinos de Sanxenxo a los que el Ayuntamiento les había denegado licencia de construcción, el proceso ha dado un vuelco al aumentar la lista de imputados y dividirse en cinco procedimientos. A la espera de lo que decida el ministerio fiscal —si redacta su escrito de acusación o solicita más medios de prueba— el balance ya es de 19 personas implicadas, entre políticos, técnicos y constructores.
Lo que en principio parecía una simple denuncia administrativa entre los cientos de expedientes urbanísticos para edificar que se tramitaron en Sanxenxo en la pasada década, el caso puso en evidencia los excesos de un urbanismo incontrolado en el epicentro turístico de las Rías Baixas. Sin embargo, el PP local, que se encuentra en la diana de todos los dardos, cree que detrás de las denuncias están antiguos miembros y desertores del partido contrarios a la candidatura de la alcaldesa popular, Catalina González, una de las imputadas en este proceso, y aunque acabó repitiendo mandato tras los anteriores ya anunció que no se presentará a la tercera reelección en 2015.
Con los responsables del urbanismo local desde 2006 tocados por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y contra la ordenación del territorio y de la administración pública , el caso ha pasado el ecuador de unas complejas diligencias que se han ido ampliando de forma exponencial al numeroso elenco de imputados. Ahora, la causa podría iniciar su recta final cuando la Audiencia Provincial de Pontevedra resuelva los recursos presentados por la parte demandada contra el auto del juez por el que acordó instruir por separado las cinco licencias investigadas que ponen en entredicho la actuación de la cúpula de la Xerencia de Urbanismo, ya desaparecida en mayo pasado después de 11 años gestionando la oferta y la demanda de una descomunal burbuja inmobiliaria.
Algunos imputados aparecen implicados en varias causas. Es el caso de Encarnación Rivas, actual secretaria general de Urbanismo de la Xunta, que dirigió esta área en Sanxenxo durante los últimos años del gobierno del anterior regidor, Telmo Martín, también del PP, el creador de la Xerencia de Urbanismo. Uno de los dos asuntos que afectan a Rivas se refiere a la licencia de dos polémicos bloques de viviendas construidos en la calle Progreso por la constructora Balboa y Chan, con nueve imputados. Este es uno de los casos más paradigmáticos porque, mientras se instruían las diligencias contra prácticamente todos los responsables de la antigua Xerencia de Urbanismo, se decretó el derribo del inmueble que ahora acaba de aplazar el tribunal contencioso administrativo de Pontevedra hasta que no se resuelva el incidente de paralización promovido por el Ayuntamiento. La demolición ya ha sido adjudicada por 150.000 euros aunque los constructores, también imputados, y varios propietarios han reclamado la devolución de su patrimonio al Ayuntamiento. El otro asunto que salpica a la actual responsable de Urbanismo de la Xunta es la pieza separada número cinco, abierta por presuntas irregularidades en la legalización de un chalé en la playa de Montalvo y por la que está igualmente imputada María Soledad Leiro, exconcejal de Urbanismo.
Leiro aparece además en otras dos causas. También estám doblemente imputados la alcaldesa; el que fuera gerente de Urbanismo y actual arquitecto municipal, Rafael Vázquez Abal; la asesora de urbanismo, Ana Belén Louro; y el arquitecto técnico municipal Pablo Guío del Amo. Guío, que se apartó una larga temporada del Ayuntamiento por estrés aunque ya se ha reincorporado, está imputado en tres causas, una de ellas junto a su mujer, al ser la promotora de las obras ilegales que hizo en su chalé de Sanxenxo.
Pese a la inesperada repercusión política que ha lastrado el caso, los tres denunciantes que dieron origen a estas investigaciones (los hermanos Valentina y Manuel Afonso Martínez y Francisco Otero Vázquez) no tienen abogado, por lo que no han ejercido por ahora la acusación particular ni parece que vayan a hacerlo, según las fuentes consultadas, por lo que el futuro procesal de los imputados solo depende del criterio del juez y el fiscal con las pruebas que se han recabado.
El representante del PSdeG en la comisión de urbanismo —el órgano que heredó las competencias de la extinta gerencia y en la que tienen voz los tres partidos de la oposición— ha denunciado la licencia “bajo sospecha” que concedió este año el Ayuntamiento y que solicitó el marido una de las denunciantes, Valentina Afonso, después de negársela sistemáticamente, una medida que acabó siendo uno de los detonantes del proceso judicial.
En donde se había denegado la construcción de una vivienda, en el lugar de A Barrosa, el Ayuntamiento concedió licencia para almacén de aperos de labranza. La oposición cree que es una solución “solapada” porque infringe las ordenanzas debido a las características del proyecto. El PSOE ha exigido explicaciones a la alcaldesa para que aclare el expediente y que se haga un seguimiento exhaustivo de las obras. Quiere saber por qué un proyecto que antes era ilegalizable ahora no lo es.
La lista de imputados
Causa inicial. Edificaciones de inmuebles por Ferro-Mesego CB y Promociones Inmobiliarias Lucasor, SL, en la parroquia de San Xoán de Dorrón, lugar de A Torre.
Angel Casal Moldes. Exconcejal de Urbanismo del PP.
María del Carmen Montes Gómez. Particular.
Rubén Campos Ferro. Empresa Ferro Mesego.
Juan Manuel Ferro Aboy. Empresa Ferro Mesego.
José Luis Orge Valladares. Particular.
Jesús María Mesego Fernández. Empresa Ferro Mesego.
Pieza separada 2. Edificación de dos bloques de viviendas en la calle Progreso por la constructora Balboa y Chan, SL.
Catalina González Bea. Alcaldesa de Sanxenxo por el PP.
María Encarnación Rivas Díaz. Secretaria general de Urbanismo de la Xunta de Feijóo.
Rafael Vázquez Abal. Arquitecto municipal de Sanxenxo.
Pablo Guío del Amo. Arquitecto técnico del Ayuntamiento de Sanxenxo.
Angel Luis López Pita. Secretario del Ayuntamiento de Sanxenxo.
Ana Belén Louro Pais. Exasesora de Urbanismo de Sanxenxo.
Juan Manuel Balboa Chan. Constructor y promotor.
José Balboa Chan. Constructor y Promotor.
Carlos Daniel Besada Ferreiro. Arquitecto.
Pieza separada 3. Promoción de chalés que la mercantil Canaleiro Inversión, SL llevó a cabo en el lugar de Bascuas, Montalvo.
María Soledad Leiro López. Exconcejala de Urbanismo del PP.
Pablo Guío del Amo.
Rafael Vázquez Abal.
Catalina González Bea.
Ana Belén Louro Pais. Exasesora de Urbanismo de Sanxenxo.
Elena López Fernández. Arquitecta.
José Balboa Chan.
Juan Manuel Balboa Chan.
Pieza separada 4. Los hechos relacionados con la construcción y reformas llevadas a cabo en la vivienda del arquitecto técnico municipal, Pablo Guío.
Pablo Guío del Amo.
María Jesús Porta Sanz. Propietaria y mujer de Pablo Guío.
Juan Antonio Lorenzo Ramírez. Asesor técnico de Urbanismo.
Rafael Vázquez Abal.
María Soledad Leiro López.
Pieza separada 5. Legalización de la construcción llevada a cabo por Alberta Rosalí Aspres en el lugar de Montalvo, Adina.
Alberta Rosalí Aspres Martínez. Promotora.
María Soledad Leiro López.
María Encarnación Rivas Díaz.
* El País - Eloísa Lois - 4.10.14
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
Las Palmas.- Ni un solo municipio llevó a la fiscalía casos de Urbanismo
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Si ya es difícil que la justicia actúe en los casos de delitos urbanísticos o los saque a la luz pública para su enjuiciamiento, tampoco los municipios ponen las cosas nada fáciles para evitar la especulación y corrupción generalizada. Es más, en la mayoría de ocasiones son los propios ayuntamientos los que propician esta actividad delictiva, ya sea para favorecer a empresarios de la construcción amiguetes o, directamente, para sacar tajada los miembros de una corporación municipal. Es lo que sucede en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, según la memoria de la Fiscalía, que constata este lamentable hecho tras 12 años de advertencias inútiles.
"CANARIAS7* : Ningún ayuntamiento de la provincia de Las Palmas llevó a la Fiscalía una denuncia medioambiental durante el año pasado. La memoria del Ministerio Público denuncia que sigue fallando el primer eslabón de la cadena creada para preservar el territorio.
Doce años después de que, en la memoria de la Fiscalía sobre 2001, el entonces fiscal de medio ambiente de Las Palmas Juan Pablo Lozano advirtiera que «en la gran mayoría de las veces es la propia administración el verdadero delincuente medioambiental», la memoria del Ministerio Público sobre 2013 advierte que de todas las investigaciones llevadas a cabo en la provincia por delitos contra la ordenación del territorio, «ninguna de ellas ha sido originada por un departamento de disciplina urbanística de algún municipio de la isla».
La Fiscalía de Las Palmas advierte en su memoria sobre 2013: «los servicios de inspección de los Ayuntamientos que tiene competencia en materia de disciplina urbanística deberían detectar si realmente una obra está autorizada o no /(...). Si falla este primer eslabón en la cadena, es difícil detectar con celeridad la construcción ilegal, y al no advertir estas infracciones (...) se corre el riesgo de consolidación de urbanizaciones y/o construcciones contrarias a la normativa urbanística».
Apunta el fiscal que el 80% de las diligencias de investigación incoadas en 2013 por delitos urbanísticos partieron de denuncias de particulares, y el resto de la denuncias de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno canario.
* Canarias 7 - Antonio F. de la Gándara - 30.9.2014
Foto: El ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes (de frente), acusado por la Fiscalía de Medio Ambiente.- JL. Carrasco
El Constitucional avala la Ley de Suelo de 2008 recurrida por el PP
La ley de Suelo aprobada en 2007-2008 bajo el Gobierno Zapatero ha sido refrendada casi en su totalidad por el Tribunal Constitucional, desestimando así el recurso presentado por el grupo 'popular' en el Congreso y los gobiernos regionales de Madrid, La Rioja, Valencia y Canarias por la inconstitucionalidad de la norma al considerar que se inmiscuía y vulneraba varias competencias de las propias comunidades autónomas. El asunto no es pequeño ya que se trata de la mayor normativa que existe en el país referente a la Ordenación Territorial, donde se ponen las bases de todo el ordenamiento urbanístico subsiguiente, tanto por el Estado como por las propias Comunidades Autónomas y Municipios.
"SER* : El Tribunal Constitucional avala la Ley del Suelo que aprobó el gobierno de Zapatero en 2007 y que se refundió en una nueva norma en 2008, después de que varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, la región de Canarias y el propio Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, la consideraran inconstitucional e interpusieran varios recursos en ese sentido.
Tanto la Comunidad de Madrid, como La Rioja, Valencia, Canarias y el Partido Popular, consideraron que esta norma no se ajustaba a los preceptos constitucionales al inmiscuirse, extralimitarse e invadir competencias de los propios gobiernos regionales.
El Constitucional considera que no hay invasión de competencias por parte del Estado porque "la competencia autonómica en materia de urbanismo ha de coexistir con aquella que el Estado ostenta" y que el Estado puede "condicionar, lícitamente, la competencia de las Comunidades Autónomas sobre el mencionado sector material", dicta.
Ahora, el tribunal de garantías avala la conformidad con la carta magna tanto de la ley primaria como del propio texto refundido un año después y desestima parcialmente los recursos. Solo considera inconstitucional uno de los apartados del artículo 22 de la Ley. En el, se fija el método de cálculo de las indemnizaciones a los propietarios del suelo en el momento de su expropiación forzosa.
Dice el Constitucional que "se ha de atender no a las circunstancias precisas que en cada supuesto concreto puedan darse, sino a la existencia de una proporcional equilibrio? entre el valor del bien o derecho expropiado y la cuantía de la indemnización ofrecida", por lo que no es justo fijar una cantidad máxima de indemnización, tal como dictaba la norma.
* SER - Jesús Poveda - 25.9.14
Foto: Urbanismo
Un centro deportivo de Alcalá de Henares terminado en 2011 sigue cerrado
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La época del despilfarro urbanístico delictivo continúa dejando ejemplos como esta Ciudad Deportiva en Alcalá de Henares, acabada de construir, tardíamente, en 2011 y que continúa cerrada y abandonada desde entonces. La Comunidad madrileña 'popular' invirtió 25 millones en su inútil realización, que se podían haber dedicado a otros asuntos urbanos de mayor necesidad. Pero ahí queda varada como barco naufragado y los responsables, empezando por la propia presidenta, E.Aguirre, continúan sin haber sido juzgados por tamaño despropósito despilfarrador. Como siempre, la justicia no ha estado a la altura de las circunstancias y ni siquiera ha investigado este grave delito urbanístico.
"ELPAÍS* : La Ciudad Deportiva de Espartales, en Alcalá de Henares (205.000 habitantes), aguarda cerrada pese a que la terminaron de construir en julio de 2011 tras sucesivos aplazamientos y revisiones del proyecto. La mole, al lado de la A-2, resume los excesos de una época en la que el ladrillo y las excesivas expectativas económicas cegaron a la Administración. Y refleja las promesas vacías de quienes abanderaron el proyecto en 2003, en 2007 y en 2011. Todos ellos años electorales.
“Su historia es la historia de un gran despropósito”, resume el portavoz municipal del PSOE, Javier Rodríguez Palacios.
Con un presupuesto inicial de 60 millones de euros, la Comunidad terminó invirtiendo 25 en una parcela de 63.597 metros cuadrados (18.000 edificados) cedida por el Ayuntamiento en julio de 2007. El complejo se ejecutaría en tres fases. El coste de la primera parte de las obras sería de 25 millones y debía estar terminado para la primavera de 2007. Es decir, a tiempo para las elecciones de ese año. Para entonces la Ciudad Deportiva debía haber contar con varias piscinas, espacios deportivos cubiertos, 12 pistas de pádel, dos campos de fútbol 11 con césped artificial y un rocódromo. La segunda fase quedaría ya para el siguiente mandato municipal: un campo de fútbol para 10.000 espectadores, un campo con pista de atletismo, un pabellón cubierto con graderío. También habría bolera, petanca, deporte playa, un palacio de hielo y dos pistas de patinaje.
La directora general del Instituto Madrileño del Deporte, Carmen Castell Díaz, apeló a unas “circunstancias sobrevenidas” para justificar el cierre del complejo el pasado abril en la Asamblea de Madrid. La principal, la modificación de la adjudicación en octubre de 2008 del contrato de obras de la primera fase a la empresa Ortiz, Construcciones y Proyectos por un importe de 18,8 millones: 6,2 menos que los 25 millones del presupuesto base de licitación de mayo de ese año.
Finalmente, el 6 de febrero de 2009 se realizó el acto de colocación de la primera piedra. Entre los asistentes estaba el consejero de Deportes, Alberto López Viejo. Tres días después, abandonó el cargo por el caso Gürtel. Tres meses después de ser destituido, López Viejo resultó imputado. A raíz de la decisión del Ejecutivo autonómico de ampliar en septiembre de 2010 el presupuesto del contrato en siete millones más, dejándolo nuevamente en 25 millones, el Consejo Consultivo advirtió de las “irregularidades” que habían acompañado al proceso de contratación. También avisaba de las “importantes irregularidades observadas en el desarrollo de la obra”, animando a exigir responsabilidades. Castell Díaz justificó la paralización del proyecto en la Asamblea porque la Comunidad permanecía a la espera del resultado final de una auditoría sobre el estado de la obra ejecutada. “El Gobierno regional admite que las obras ni tan siquiera habían sido recepcionadas, que están pendientes de una auditoría de las obras”, lamenta Rodríguez Palacios, el candidato socialista a las elecciones locales de mayo de 2015.
El pleno municipal aprobó en septiembre de 2011, a propuesta del PSOE, exigir al Gobierno regional la apertura de la Ciudad Deportiva. El PP votó en contra, al igual que en un pleno extraordinario en 2012 en el que los socialistas volvieron a solicitar la apertura del complejo. El PP gobierna de forma ininterrumpida la localidad desde 2003 (el alcalde actual es Javier Bello). Esta legislatura cuenta con 12 concejales por nueve del PSOE, tres de IU, dos de UPyD y uno de España 2000, partido de ultraderecha.
Promesa electoral (incumplida) de 2003
La historia de la ciudad deportiva de Espartales se remonta a la campaña de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2003. La legislatura se agotó y la promesa electoral del PP, con Bartolomé González en la alcaldía y Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad, no pasó de las palabras.
“El compromiso de construir la ciudad deportiva es absoluto. Tanto el alcalde como la presidenta regional lo plantearon en sus respectivas campañas electorales y el interés de ambos es total. De hecho, podemos decir que esta tercera ciudad deportiva es un proyecto de la Comunidad puesto que se ha comprometido a financiarlo íntegramente”, afirmó en abril de 2005 el concejal de Deportes Marcelo Isoldi. “La tercera ciudad deportiva empezará a construirse en primavera”, insistió en enero de 2006.
A finales de octubre de 2008, el entonces consejero de Deportes, Alberto López Viejo, asistió con el alcalde a la entrada de las excavadoras y movimiento de tierras que anunciaban el inicio de la construcción del recinto deportivo. López Viejo, imputado por su participación en el caso Gürtel por cobrar supuestamente mordidas de hasta el 10% por cada acto que montó la trama corrupta, señaló que el Ejecutivo autónomo y la constructora habían acordado un plazo de ejecución de 18 meses, de forma que las piscinas y las otras infraestructuras deportivas estuvieran listas para finales de 2010. El nuevo plazo tampoco se cumplió.
* El País - José Marcos - 8.10.14
Foto: La abandonada Ciudad Deportiva de Espartales, en Alcalá de Henares. / ÁLVARO GARCÍA
Andalucía.- PSOE e IU llegan a un acuerdo para la regularización de 25.000 casas ilegales
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Lo que se temía en Andalucía ha llegado finalmente, la coalición política que gobierna en la Junta ha vuelto a permitir nuevas 'regularizaciones' de viviendas ilegales. Si ya hace 2 años sacó un Decreto aprobando la legalización de unas 300.000 viviendas en suelo no urbanizable, ahora abunda en el tema con nuevas legalizaciones, modificando para ello la Ley de Ordenación andaluza. La caradura política no tiene límites, aunque tenga que saltarse toda la normativa urbanística existente, dejando así en papel mojado todo lo que a partir de ahora suceda ya que existe este precedente imperdonable. Demasiadas presiones de los delincuentes urbanísticos y una manga ancha delictiva (tal vez con sobres por medio), han llevado a consumar este grave atentado contra el Territorio que, una vez más, pagarán las generaciones futuras. Esperemos que pronto se renueve esta bazofia política que permite tales desmanes públicos 'interesadamente'.
"ELPAÍS* : PSOE e IU han cerrado un acuerdo para modificar la ley urbanística andaluza. Se trata de permitir la regularización de unas 25.000 casas ilegales que no pudieron acogerse al decreto que la Junta aprobó en 2012 para normalizar la situación de decenas de miles de viviendas levantadas en suelos no urbanizables. La presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, anunció en el debate del estado de la comunidad una modificación de la LOUA para dar una salida a esas 25.000 edificaciones.
Pero sus socios de IU votaron en contra de la propuesta en el Parlamento.
Desde un principio, los dirigentes de la federación de izquierdas dejaron entrever que era un problema más de formas de que fondo, con lo que había recorrido para el acuerdo. Y así ha sido. Finalmente, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobará el próximo martes un anteproyecto de ley para modificar la LOUA. Permitirá la regularización de las casas levantadas en pequeñas parcelaciones —divisiones de suelos no urbanizables— que hasta ahora tenían imposible normalizar su situación debido al artículo 185 de la ley urbanística andaluza, que declara imprescindible la parcelación de un terreno rústico.
En la negociación, IU ha pedido que la modificación de la normativa haga mención expresa a que sólo podrán regularizar su situación las edificaciones de carácter residencial, según informan fuentes de la Consejería de Medio Ambiente. Este departamento y la Consejería de Fomento (en manos de IU) han sido los que han negociado el cambio de la LOUA, que se cerró el viernes pasado.
En el anteproyecto que se aprobará la semana que viene también se obligará a los Ayuntamientos a que en los próximos dos años den los pasos necesarios, que se fijaban en el decreto de 2012, para identificar y regularizar la situación de las urbanizaciones ilegales que existan en su término municipal. El decreto de hace dos años ha tenido una bajísima aplicación, entre otros motivos, por la lentitud de los Consistorios a la hora de aplicar los cambios en su normativa. Para que se iniciara el proceso hacía falta que los Ayuntamientos incluyeran en su planeamiento los asentamientos y hábitats diseminados. De los 772 municipios andaluces, 108 han empezado ese trámite.
Los avances, como se llama ese trámite, están listos sólo en 60 localidades. En el cambio acordado ahora entre PSOE e IU Se fija que si transcurridos dos años los alcaldes no tienen listos los avances, la Junta "podrá asumir esa competencia municipal", detallaron ayer fuentes del Gobierno andaluz.
Fuera de todo ese proceso se quedaron las parcelaciones aisladas, que son las que ahora encontrarán una salida. El problema afecta de forma especial al levante almeriense y a la comarca de la Axarquía malagueña. Y muchas de esas casas estaban en manos de británicos, lo que ha provocado que la embajada del Reino Unido haya mantenido varias reuniones con la Junta para abordar este asunto.
* El País - Manuel Planelles - 4.10.14
Foto: Axarquía (Málaga), vista diseminados - wikimedia.org
El juez levanta la imputación de doce excargos de Adif por el accidente de Santiago
Otra vez la lamentable actuación judicial, teñida de política partidista, sale a la luz en el caso del accidente del AVE (Alvia) Ourense-Santiago donde murieron unas 80 personas en julio de 2013. La justicia ha sentenciado que el único imputado sea el maquinista del tren, mientras salva a 12 imputados de la empresa pública ADIF y, por supuesto, a los responsables políticos del ministerio de Fomento, con la ministra A.Pastor a la cabeza. La gravedad de este accidente queda diluida así en un despiste del maquinista, frente a la evidente responsabilidad técnica de un tramo mal señalizado, en pésimas condiciones y que nunca debería haber entrado en funcionamiento en ese estado. Pero así suele ocurrir siempre en este país y los poderosos políticos se siguen salvando de sus hechos chapuceros, por no decir delictivos, frente a la gran mayoría que lo observa indignada.
"ELDIARIO* : El maquinista del Alvia que descarriló en 2013 en Santiago vuelve a ser el único imputado por esta tragedia ferroviaria, toda vez que la Audiencia Provincial de A Coruña estimó los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra las imputaciones de doce ex cargos de Adif, informaron fuentes judiciales.
Ninguna de estas personas que formaban parte de la cúpula de esta empresa pública en 2011, cuando se puso en servicio la línea entre Santiago y Ourense en la que se accidentó el tren que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol, llegó a prestar declaración ante el magistrado instructor de la causa.
Los argumentos esgrimidos por todos ellos para no declarar fueron que todavía permanecían sin resolver por la Audiencia Provincial los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra sus imputaciones, y que sus letrados no contaron con el tiempo necesario para leer el sumario.
El maquinista, Francisco José Garzón Amo es en este momento, y de nuevo, el único imputado, después de que la Audiencia Provincial de A Coruña, ya en otra ocasión, exonerase a los miembros del consejo de administración del gestor ferroviario Adif y a los cinco técnicos responsables de la seguridad en la circulación.
El auto con el que el órgano de apelación levantó entonces la imputación de estos cargos supuso que la instrucción judicial retornase al punto en el que se encontraba a los cuatro días del suceso, con el conductor, -que no redujo la velocidad del convoy-, acusado de homicidio imprudente.
* El Diario - EFE - 8.10.14
Foto: Santiago de Compostela, tren curva accidente - EFE
Córdoba.- "La apropiación de la Mezquita es un pelotazo urbanístico de los más escandalosos de la Historia de España"
El reconocido teólogo JJ.Tamayo cree que la Mezquita - Catedral de Córdoba debe ser un bien público y propone desacralizarla como Santa Sofía de Estambul. Algo que parece evidente en los tiempos que vivimos, pero que la sacro santa Iglesia Católica aun no está dispuesta a abordar y pretende continuar con todos sus privilegios, heredados del franquismo más rancio y nada respetuosos con el mundo 'democrático' en el que vivimos hoy día. La Mezquita de Córdoba es patrimonio de la Humanidad, reconocida por la Unesco, y junto a la Catedral cristiana, construida en parte de su interior, deben convivir lo más armónicamente posible, aunque a veces sea difícil por parte de las autoridades eclesiásticas intransigentes.
"ELDIARIO* : Juan José Tamayo (Palencia, 1946), doctor en Teología y en Filosofía y Letras, lleva toda una vida dedicada al conocimiento de las religiones y actualmente dirige la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones en la Universidad Carlos III de Madrid. Cofundador y secretario general de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, también es miembro del Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación, además de colaborador en numerosas publicaciones españolas e internacionales sobre filosofía, teología y ciencias de las religiones.
Tamayo, que tiene una amplia trayectoria como escritor y suma ya más de 60 títulos, ha sido reconocido con premios y distinciones como la Medalla de Oro de la Liga Española Pro Derechos Humanos, por su compromiso y trabajo a favor del diálogo entre religiones, así como con el Premio “Islam y Convivencia”, entre otros. En estos días visita Córdoba, en mitad del debate abierto sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral y la apropiación que de ella ha hecho la Iglesia, para dar su visión sobre la situación del monumento cordobés, símbolo internacional de interculturalidad e interreligiosidad.
-Visita Córdoba para participar en un foro de debate sobre la Mezquita y su significado. ¿En qué aspectos quiere centrar la atención del ciudadano?
Me centro en tres aspectos: la Mezquita, el Paradigma de Córdoba, y el diálogo de civilizaciones, intentando hacer una reflexión crítica en torno a cada una de las cuestiones. Sobre la Mezquita es donde soy mucho más crítico pero, al mismo tiempo, tengo una propuesta. Y mi crítica de la situación actual de la Mezquita se centra en tres contradicciones. La primera contradicción en la que se mueve el estado actual de la Mezquita es que se trata de una propiedad privada. Se ha producido, por parte de una institución como es la Iglesia católica, una apropiación –con legitimidad o sin legitimidad, aprovechando sin duda ninguna una ley que la privilegia- y, en todo caso, estamos ante una privatización de lo sagrado. Lo sagrado pasa a ser propiedad privada de una institución religiosa y eso, lógicamente, dificulta el disfrute público de esa obra cultural y la vivencia religiosa de otras religiones que están estrechamente vinculadas a la Mezquita.
La segunda contradicción es la relación entre el mercado y lo sagrado. La Mezquita es objeto de una mercantilización a través de los ingresos que recibe de los visitantes. La tercera contradicción es que tratándose de Córdoba, que es una ciudad emblemática del diálogo intercultural e interreligioso, de uno de los ejemplos más paradigmáticos de la convivencia entre distintas tradiciones culturales, religiosas, étnicas y cosmovisionales, la situación actual es un obstáculo precisamente para seguir manteniendo ese enfoque de convivencia y pluralismo.
-Usted la llama Mezquita. ¿Llama a las cosas por su nombre? Sabe que hay una polémica abierta porque la Iglesia denomina al monumento sólo Catedral.
Sí. He leído un folleto que se titula ' ¿Conoces la verdadera historia de la Catedral de Córdoba?', que aparece en la página web de la Catedral de Córdoba y me parece que es una narración incorrecta de todo punto. Porque, si algo define, si algo caracteriza, si algo identifica tanto en la ciudad como a nivel mundial ese edificio, si por algo están interesados los visitantes y algo es lo que interesa a los estudiosos, es precisamente la Mezquita, porque constituye una de las obras arquitectónicas más importantes, la más importante sin duda del Islam occidental. La situación previa a la Mezquita y la posterior, tanto en el caso de la Iglesia de San Vicente como de la Catedral posterior después de la conquista de Córdoba, son elementos a tener en cuenta ciertamente, pero la centralidad creo que está, tanto desde el punto de vista de relevancia cultural y religioso, como cosmovisional y arquitectónico, en la Mezquita.
-¿Entiende la apropiación que de la Mezquita ha hecho la Iglesia y qué cree que la lleva a hacer eso?
Así de entrada, dicho en román paladino, creo que se trata de uno de los pelotazos urbanísticos más escandalosos de toda la historia de compraventa de cualquier lugar, espacio o inmueble en España. La inmatriculación de la Mezquita a su nombre le costó a la Iglesia católica 30 euros. El que le haya costado a una institución privada como es la Iglesia católica 30 euros una obra de esa categoría, un patrimonio de la humanidad que debería ser patrimonio de todos y no una propiedad privada, me parece que es una de las operaciones urbanísticas más fraudulentas. Porque, siendo un bien público, que se lo apropie una institución privada y por esa cantidad, es una agresión en todos los niveles incalificables.
-No deja de ser un privilegio de la Iglesia. ¿Debe dejar de tenerlos?
Absolutamente. No es un privilegio único, sino un privilegio más junto a los privilegios en materia educativa, cultural, económica, financiera, en materia de impuestos, en materia de todo tipo. No es que la Iglesia tenga que renunciar sólo a este privilegio sino a todos. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que en el mantenimiento de esos privilegios le corresponde una parte importante de responsabilidad a los distintos gobiernos de la democracia. Gobiernos en unos casos de derecha, en otros de centro y en otros de supuesta izquierda. Todos ellos durante la democracia han sido, y siguen siendo, rehenes de la Iglesia católica. No entiendo el por qué, pero así es. Y en el caso de la Mezquita, así se está viendo.
-¿Por qué cree que se quiere borrar ese símbolo intercultural e interreligioso que es la Mezquita?
Porque todavía, dentro de la Iglesia católica y de los sectores políticos, partidos y organizaciones conservadoras, se sigue con la mentalidad nacionalcatólica. Por eso, el nacionalcatolicismo que, en principio y constitucionalmente, puede estar superado, en muchas de las leyes, en muchas de las conciencias, en muchas de las ideologías políticas, religiosas y culturales, sigue todavía vigente. Por otra parte, se quiere borrar toda huella, toda influencia del islam dentro de la identidad española, dentro de la identidad cultural y de la identidad popular. Se cree que todo lo que tiene que ver con el islam es una excepción, un paréntesis o un retroceso en la historia de España, cuando es precisamente todo lo contrario.
El islam y sus grandes obras arquitectónicas, jurídicas, científicas, religiosas…son una parte de nuestra identidad que se ha perdido, se ha olvidado o, peor todavía, se ha negado. En ese sentido, recuerdo la definición del gran politólogo polaco Sygmunt Bauman sobre la identidad. ¿Qué es identidad? Un mosaico al que le falta una tesela. Sin la tesela del islam no se puede entender la identidad cultural española salvo que se falsee, se desdibuje o se empobrezca.
-Desde el nacimiento de la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos que promueve la titularidad pública del monumento, usted y otros muchos cristianos de base la han apoyado. ¿Qué les separa de la jerarquía eclesiástica en este asunto y qué planteamientos propone?
En los planteamientos de la jerarquía católica y los planteamientos que yo hago en este campo, la separación es total. Pero, además, es una separación desde la base de lo que tiene que ser la religión en una sociedad secularizada. Por eso yo hago una propuesta doble sobre la Mezquita. Primero, la Mezquita debe ser un bien público. Entre otras cosas porque es Patrimonio de la Humanidad y no puede ser apropiada por ninguna instancia privada, tampoco por institución religiosa alguna.
En segundo lugar, mi propuesta es que, cuanto antes, se convierta la Mezquita de Córdoba en un museo. ¿Descabellada la idea? ¿Desacertada? ¿Infundada? No. Tenemos un precedente que además es conocido universalmente que es Santa Sofía de Estambul, y puede servir de referencia para resolver conflicto actual sobre el edificio cordobés. Santa Sofía fue durante más de diez siglos un templo bizantino, la gran catedral del cristianismo oriental. Una vez que el islam conquista Constantinopla se convirtió en una mezquita, y lo fue durante casi cinco siglos medio siglo. Poco después de que Attatürk suprimiera el califato y declarase a Turquía república laica, la mezquita se dasacralizó y se convirtió en museo, que puede ser visitado por todo el mundo sin distinción de credo, etnia, cultura, etc. Creo que ese ejemplo que, tiene mucha afinidad con la Mezquita de Córdoba, puede servirnos de referencia para convertir a ésta en museo para uso y disfrute de las ciudadanas y ciudadanos cordobeses, pero también de toda la humanidad ya que es Patrimonio de la Humanidad.
* El Diario - Carmen Reina - 28.9.14
Foto: Córdoba, interior mezquita - EFE
El TSJC aprecia 'indicios de criminalidad' entre exalcalde de Lloret y la mafia rusa
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Sabido es que la mafia rusa actúa con impunidad absoluta por toda la costa mediterránea (y otros lugares), y que se han movido hasta este país, al igual que otras mafias, al calor de la degradación urbanística y la facilidad de corrupción de los dirigentes municipales de numerosas localidades costeras. No se diferencia demasiado de otras mafias, salvo en que posee grandes medios para corromper más fácilmente a las autoridades urbanísticas. El exalcalde de Lloret de Mar (Girona) y diputado autonómico (CiU), X.Crespo, está imputado por un delito de cohecho pasivo continuado por aceptar 'dádivas' del jefe mafioso ruso, al que habría favorecido para construir un complejo inmobiliario y un aparcamiento. Anticorrupción solicita 2 años y medio de cárcel para él y también para el exconcejal de Urbanismo (PP), J.Valls. Ya veremos en qué queda todo al final.
"EFE* : El TSJC aprecia "indicios racionales de criminalidad" en la relación que mantuvieron el exalcalde de Lloret de Mar y diputado autonómico Xavier Crespo (CiU) y el empresario y presunto miembro de la mafia rusa Andrei Borisovich Petrov, por lo que ha rechazado los recursos presentados por ambos contra su imputación por delitos de cohecho y prevaricación.
En un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los magistrados desestiman los recursos presentados por Crespo; por su concejal de Urbanismo, Josep Valls (PP); la arquitecta municipal, Pilar Gimeno, el que era presidente del club de hockey de Lloret, Joan Perarnau, y por Petrov, presunto cerebro de una trama de blanqueo de dinero de la mafia rusa en la Costa Brava.
El auto confirma la imputación una vez finalizada la instrucción de la causa, paso previo para la apertura del juicio oral que sentará en el banquillo a Crespo, Petrov y el resto de acusados.
El TSJC sí estima el recurso presentado por Konstantin Mischanin, ayudante y cuñado de Petrov, porque "no consta que conociera la causa de los patrocinios" que éste pagó a los clubes de fútbol y hockey de Lloret a cambio, presuntamente, de que le fuese concedida una bonificación en los impuestos municipales y trato preferencial para llevar a cabo una obra.
La Fiscalía anticorrupción pide 2 años y 6 meses de cárcel para Xavier Crespo como presunto autor de un delito de cohecho pasivo continuado por aceptar dádivas de Petrov, al que habría favorecido para construir un complejo inmobiliario y un aparcamiento.
Los fiscales anticorrupción también piden inhabilitar a Crespo para cualquier cargo público durante ocho años como presunto autor de un delito continuado de prevaricación, y que pague una multa de 831.600 euros, además del decomiso de los regalos recibidos.
Los fiscales piden igualmente dos años de cárcel para Petrov, otros dos años y tres meses de cárcel para Josep Valls (PP), que era el concejal de Urbanismo de Lloret de Mar, y dos años y un mes para la arquitecta Pilar Gimeno por aceptar presuntamente regalos de Petrov a cambio de favores urbanísticos.
En el auto del TSJC, el tribunal considera que "la existencia de indicios racionales de criminalidad" y "debatir acerca de las pruebas" corresponde hacerlo en el acto de "juicio oral".
Aunque los acusados alegaron que no podía vincularse el pago de patrocinios que hizo Petrov a los clubes de fútbol y hockey de Lloret con el otorgamiento de una bonificación del 50 % del impuesto de la licencia de obras, el TSJC ve indicios de que sí es así porque defiende que fue el alcalde el que "indicó qué clubes debía patrocinar y con qué cantidades, cuando se trataba de clubes con los que él mismo, su esposa, el señor Perarnau y los hijos de éstos se hallaban vinculados".
El TSJC recuerda, entre otras cosas, que los hijos de Perarnau y de Crespo jugaban en el club de hockey y "percibían cantidades por encima de otros jugadores, éstos con fichas más altas", y que además fueron los únicos que no vieron disminuidos sus ingresos.
En cuanto a las dádivas y favores recibidos que los acusados niegan, el TSJC valora el hecho de que Petrov comprara un reloj de lujo, que presuntamente recibió Crespo, un día antes del aniversario del exalcalde y actual diputado de CiU.
También rechaza el argumento de Crespo de que él no participó en el pleno que aprobó la bonificación del impuesto para la empresa de Petrov porque estaba aquejado de una grave patología, y constata "el interés del alcalde en la concesión de la bonificación" pese a que el secretario y el interventor del ayuntamiento le advirtieron que "podía ser conflictiva".
Además, también recuerda que el ayuntamiento no exigió a la empresa de Petrov el aval de 1,9 millones de euros por la obra.
Crespo, Petrov y los demás encausados irán a juicio porque, según los fiscales, se confabularon para dar y obtener "facilidades administrativas" para construir un complejo inmobiliario en la antigua plaza de toros "a cambio de determinados "favores", entre ellos viajes con la familia a Rusia y el patrocinio de los clubes deportivos de la ciudad.Según los fiscales, a Petrov, administrador único de Development Diagnostic Company SL (DDC)" y que ha negado que recibiera trato de favor por parte del alcalde, le sugirieron "tratar bien" a los cargos municipales porque de ellos dependían los permisos y demás cuestiones administrativas y técnicas necesarias para la obra.
Los fiscales consideran acreditado que Petrov regaló a Crespo por su cumpleaños en septiembre de 2010 un reloj de lujo valorado en 2.200 euros y que el ruso pidió, en compensación por los patrocinios deportivos, "un ahorro en el coste de la licencia de obra".
* Intereconomía - EFE - 22.9.14
Foto: Lloret de Mar (Girona), ayuntamiento - lavanguardia
Crónica de la gran burbuja inmobiliaria española
La llamada 'burbuja inmobiliaria' fue una operación especulativa realizada a gran escala en todo el país, que comenzó en los primeros años del gobierno 'popular' de Aznar, gracias a leyes tan permisivas como la Ley de Suelo de 1998. Al calor de esta laxitud político-judicial surgieron de la nada nombres que, de la noche a la mañana, se convirtieron en multimillonarios especulando con terrenos y construcciones inmobiliarias salvajes, impropias de un país europeo con un importante patrimonio urbano y medioambiental. El periodista Lluís Pellicer, relata en su libro el ascenso de los promotores inmobiliarios que alentaron el mayor proceso especulativo de la historia. En este fragmento se explica el caso de Astroc, un ejemplo empresarial paradigmático de lo que fue esta gran estafa urbanística que, lógicamente, arrastró al resto de los sectores a la enorme crisis que todavía padece este país.
"LLUÍS PELLICER* : El imparable ascenso de Astroc encumbró a Enrique Bañuelos hasta el puesto 95 en el ranking de fortunas del planeta y la tercera de España, con un patrimonio estimado de 7.700 millones de dólares —5.770 millones de euros—, solo por detrás de Amancio Ortega y Rafael del Pino y por encima de nombres como los de Esther y Alicia Koplowitz, Isak Andic, Emilio Botín o Florentino Pérez. Bañuelos ya no era un desconocido, sino el alquimista capaz de transformar un campo de patatas en un negocio redondo. Ahora bien, ¿valía Astroc 9.000 millones de euros? En abril de 2007, en una entrevista en El País, Bañuelos daba la razón a un mercado que le sonreía: “Algo tendrá el agua cuando la bendicen”.
El folleto de salida a Bolsa de Astroc es una reliquia de los años del boom. La promotora presentaba una cuenta de resultados de ensueño: las ventas, de 162,9 millones, habían crecido en un año el 632,1%, lo que le permitía lucir el beneficio “más alto de su historia”, de 61,7 millones. Desmenuzando esas cuentas, resulta que el 53,7% del negocio procedía de las compraventas de terrenos, que se incrementaban el 632,9% respecto al año anterior. El peso de esa actividad podría considerarse desequilibrado, dado que se considera la actividad de mayor riesgo de toda la cadena que compone la promoción inmobiliaria.
Sin embargo, a los responsables de Astroc les gustaba definir la empresa como una “gestora de suelo”. Pero, ¿qué terrenos gestionaban? La documentación para el estreno bursátil fijaba que el valor de los activos de la empresa ascendía a 609,1 millones de euros. De esa cantidad, el 70% correspondía a suelo, el 20% a edificios y menos del 10% al alquiler, que la propia firma tacha de “residual”. Dado que Astroc destacaba su perfil de administradora de terrenos, su fortaleza debía estar en la cartera de 6,65 millones de metros cuadrados de suelo que tenía en su poder. Pues bien, el 66,4% estaba protegido por la Administración y, por lo tanto, en él no podía levantarse ni un apartamento. Traducido a euros, además, ese 66,4% de suelo protegido no suponía ni el 12% del valor de la cartera. Un colaborador cercano a Bañuelos reconoce que el modelo de negocio era “una locura”. “Entonces todo nos daba igual. Como norma, el Excel lo aguantaba todo. Siempre”, explica.
La empinadísima diagonal ascendente que dibujaba la cotización Astroc en 2006 solo puede entenderse dentro del contexto de la burbuja inmobiliaria. Las plusvalías que ofrecía la compraventa de viviendas eran mucho más jugosas que las de cualquier otra actividad. Los activos llegaron a revalorizarse un 20% anual en plena euforia. Entre 1997 y 2007, la rentabilidad de la vivienda —la que da el alquiler y la plusvalía— fue del 16% por año, muy por encima de la de cualquier otro sector. El alquiler de casas solo daba en ese periodo el 5%; los fondos de inversión arrojaban una rentabilidad de apenas el 3,55%; los fondos del mercado monetario, el 2,25%, y la Bolsa ofreció un rédito del 11,6%.
Y aun así, un 16%, e incluso un 20%, era una rentabilidad muy modesta en un mercado dominado por los excesos. Tanto era así que muchos clientes que habían dado una señal para reservar un piso sobre plano se encontraban que, cuando tenían que realizar el siguiente pago, la promotora les ofrecía el dinero que habían entregado y una cantidad extra para que renunciaran al piso. Ello se debía a que el mercado había crecido de tal modo que podían incrementar el precio y cubrir esa gratificación al cliente.
En el sector hay consenso de que la clave para superar esa rentabilidad estuvo en el suelo. Gonzalo Bernardos, uno de los analistas que se atrevió a augurar la llegada de la crisis inmobiliaria en pleno boom, pone un ejemplo muy plástico: “A finales de 2002, un promotor adquirió en la ciudad de Tarragona un solar urbano por valor de 950 euros el metro cuadrado de repercusión. Su expectativa era vender las viviendas a un precio de 2.150 euros el metro cuadrado. Estimaba que los costes totales de la promoción serían aproximadamente de 850 euros el metro cuadrado y, por tanto, que el beneficio alcanzaría los 350 euros el metro cuadrado. Es decir, sin recurrir a la financiación ajena, la rentabilidad obtenida sería aproximadamente de un 20%. Sin embargo, mientras planificaba y ejecutaba la promoción se produjo un gran aumento de la demanda de residencias que comportó, en primer lugar, un elevado incremento del precio de la vivienda y, posteriormente, del suelo residencial”. Cuando acabó la promoción en 2006, ese promotor pudo vender a un precio mucho más elevado, de 3.600 euros por metro cuadrado. En lugar de un margen del 20% logró uno del 100%, del cual el 20% procede de la gestión de la promoción —lo previsto— y el 80% del encarecimiento del suelo.
Ese margen seguía sin ser suficiente para muchas empresas. La fórmula que mejor permitía llenar las arcas de las inmobiliarias consistía en comprar suelos rústicos o todavía no urbanizables, cuyo precio en principio debía ser irrisorio, y esperar su recalificación. Era el modelo Astroc. “Bañuelos no había puesto un ladrillo hasta la salida a Bolsa”, ironiza un empresario valenciano del sector. La frase es un tanto exagerada, puesto que hasta entonces el promotor había construido cientos de viviendas en Sagunto, Canet de Berenguer y Oropesa. Pero la promoción no estaba en el corazón del negocio de Astroc. Bañuelos adquiría suelos en fases previas a la urbanización, ideaba un proyecto, lograba la luz verde para construir en ellos y los revendía listos para edificar. A eso se refería cuando definía a Astroc como una “gestora de suelo”.
Allí donde un ciudadano veía solo un campo de naranjos, Bañuelos imaginaba miles de viviendas con jardín y garaje, tiendas y complejos deportivos o puertos de lujo.
* El País - LlP - 21.9.14
Foto: Promoción inmobiliaria en A Coruña / GABRIEL TIZÓN
La alcaldesa de Albacete incumple la ley manteniendo a una imputada al frente de Urbanismo
El Urbanismo sigue siendo la gran asignatura pendiente de los gobiernos municipales y autonómicos. La alcaldesa 'popular' de Albacete, C.Bayod, mantiene en su puesto a la jefa de la Gerencia de Urbanismo, CE.Fernández, a pesar de estar imputada en la 'Operación Guateque', la red de corrupción urbanística del Ayuntamiento de Madrid, ya que en su día formó parte de Urbanismo en el gobierno de Gallardón de la capital. Además, las acusaciones contra Fernández en esta trama delictiva son graves ya que el fiscal pide para ella 9 años y medio de cárcel. Aquí hay que hacer notar, de nuevo, la lentitud judicial en el 'caso Guateque', ya que el exalcalde ha pasado después por varios cargos políticos y nada; pero también la caradura de la alcaldesa de Albacete que mantiene en su puesto a semejante personaje público.
"ELDIARIO* : Durante casi 3 semanas la Jefa de Servicio de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Albacete está trabajando en el puesto cuando es ilegal que lo haga. El 1 de marzo la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, nombraba a Carmen Eulalia Fernández como nueva Jefa de Servicio de dicho departamento, una contratación que desde la oposición fue calificada como "un chiste". Esta persona está imputada dentro de la 'Operación Guateque' por el que se desmanteló una red de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Madrid, y la fiscalía del caso pide para ella 9 años y medio de cárcel por delitos de cohecho, prevaricación y falsedad documental. En la trama hay más de 30 imputados y se pide en total para ellos más de 300 años de prisión.
Para efectuar la contratación de Carmen Eulalia Fernández, ante las críticas y la alarma creadas, el Ayuntamiento de Bayod recurrió a la fórmula de crear una comisión de servicio para que entrara en el Ayuntamiento (una especie de "interinidad" mientras sale a concurso el puesto de trabajo fijo al que pueden acudir los interesados). Este sistema permite que un Ayuntamiento pueda contratar a quien estime conveniente pero sólo durante 6 meses, mientras sale a concurso el puesto fijo de trabajo sin límite de duración. De hecho la ley dice textualmente "este cargo tendrá una duración de 6 meses e improrrogables". El pasado 1 de septiembre se cumplieron estos 180 días, pero aún así Fernández sigue en su cargo en el Ayuntamiento a día de hoy.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Martínez, ha comentado que "este caso demuestra la facilidad con la que Bayod y su equipo de gobierno vulneran la ley, usándola en virtud de sus intereses o los de su partido. Desde el 1 de septiembre esta funcionaria está en situación ilegal, pero sigue en su puesto con el beneplácito del PP y de Bayod", indicaba Martínez a pesar de que en ningún caso se puede prorrogar dicho puesto de trabajo como está sucediendo.
De hecho el partido socialista ha preguntado, como ya hizo con su contratación, si se tiene intención de sacar a concurso el puesto de trabajo que cubre ahora Fernández como debe hacerse según la ley. En su día la respuesta de los concejales de Urbanismo y del de Personal fue que simplemente iban a cumplir la ley, algo que no están haciendo.
El mismo Martínez no se ha sorprendido de las maniobras del Ayuntamiento criticando por ejemplo al propio concejal de Personal, José Luis Serrallé, que se salta la normativa municipal. Este concejal ejerce como abogado privado pero no ha solicitado la compatibilidad de funciones entre el trabajo público con su trabajo privado, negándose a hacerlo y percibiendo su sueldo público y el sueldo de su empresa privada a la vez.
Cargo de confianza en el Gobierno de Gallardón
Dentro de la concejalía de Medio Ambiente, trabajando bajo la supervisión de Ana Botella, Carmen Eulalia Fernández fue parte de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid con la alcaldía de Ruiz Gallardón. Ella, junto a otros 18 funcionarios del Ayuntamiento, está acusada por la Fiscalía de Madrid de numerosos delitos dentro de una red de funcionarios que aprovechaban su puesto de trabajo para recibir sobornos.
La 'Operación Guateque' comprende siete ramas distintas apareciendo Fernández en la quinta, la rama de medio ambiente y evaluación medioambiental. Presuntamente efectuaba evaluaciones ambientales positivas ignorando los requisitos y procedimientos legales y en contra de las opiniones de los informes de los técnicos a cambio de sobornos. En el espectro de la prevaricación del caso se encuentran licencias de apertura o de obra para farmacias, bares, guarderías, tiendas de alimentación, ludotecas o clínicas dentales.
* El Diario de CLM - Javier Robla - 22.9.14
Foto: Albacete, ayuntamiento - picasaweb
El alcalde de San Antonio de Benagéber y un exedil, imputados por prevaricación
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El regidor del PP y un exconcejal de la localidad valenciana de S.Antonio de Benagéber han sido citados a declarar el próximo 16 de octubre, imputados por prevaricación al declarar unas obras y pagos inexistentes, según se ha comprobado. Otra prueba más de la falta de rigor y la especulación existente en multitud de municipios de todo el país, donde el alcalde de turno, solo o en compañía de otros, actúa caciquilmente manejando el municipio a su antojo, sin dar cuentas a nadie. En algunos casos son pillados 'manos en la masa', pero la lenta acción judicial y sus penas ridículas llegan tarde y el daño urbanístico ya se efectuó tiempo atrás, con lo que de poco sirve la lucha de los que persiguen la corrupción año tras año. Esa es la triste realidad de la Ordenación Territorial.
"ELPAÍS* : El juzgado de Instrucción número 6 de Paterna (Valencia) ha imputado al alcalde de la localidad valenciana de San Antonio de Benagéber, Eugenio Cañizares (PP) y al exconcejal Felipe del Baño por supuesta prevaricación administrativa. El juzgado ha acordado llamarles a declarar como imputados el próximo 16 de octubre, a las 10, según consta en una resolución facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El concejal Felipe del Baño anunció este pasado fin de semana que dejaba la concejalía y atribuyó su dimisión a motivos "estrictamente personales". El auto de imputación, fechado a ocho de septiembre, indica que en el momento de su dimisión, el exedil ya estaba imputado.
La Fiscalía abrió este año diligencias de investigación sobre Cañizares y Del Baño en relación con la denuncia presentada por la Plataforma SAB por el pago, en el primer caso, de 50.000 euros a una empresa por 5.000 libros inexistentes, y en el segundo, además, por la contratación verbal de unos supuestos trabajos de jardinería. El ministerio público remitió el asunto al juzgado y solicitó la imputación del primer edil como "directo interviniente" en el "encargo cuyo procedimiento de adjudicación deberá aclararse, de 5.000 libros, facturados indiciariamente a instancias suyas y/o del señor del Baño como responsables del Ayuntamiento, sabiendo que no se habían editado esos libros, y se pagaron íntegramente y que, a fecha actual, aún no se han editado". Sobre Felipe del Baño, afirmaba que "al parecer, tuvo intervención relevante con relación del Ayuntamiento" con ambas mercantiles.
La Plataforma SAB denunció originariamente los hechos en relación con los 5.000 libros conmemorativos de San Antonio de Benagéber supuestamente encargados en 2007 a una empresa por los que el Ayuntamiento pagó en 2012 un total de 49.880 euros. De acuerdo con esta denuncia, además, el consistorio "recibió una subvención equivalente de la Consejería por esos libros, a pesar de que nunca han existido". Sobre Felipe del Baño, la solicitud de imputación de la plataforma se produjo en relación a esta cuestión y por la contratación verbal a una empresa de supuestos trabajos de jardinería de desbroce, tala y mantenimiento entre marzo y noviembre de 2010, cuando se ocupaba de este área.
* El País - EP - 22.9.14
Foto: San Antonio de Benagéber (Valencia), ayuntamiento - redcomarcal
Extranjeros a la caza del pueblo ganga
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La dejadez y el abandono de las administraciones públicas son la causa principal de que numerosas aldeas por toda la geografía del país se hayan ido abandonando a su suerte cuando los vecinos se trasladaban o fallecían. En vez de realizar un programa de recuperación de esas aldeas que, en algunos casos, ofrecían condiciones de vida muy superiores a las de los masificados barrios de las afueras de las ciudades, desde los municipios o Comunidades se optó por no invertir en el futuro territorial. Normal que ahora vengan foráneos, más cultos, para hacerse cargo de esos lugares abandonados con un emplazamiento privilegiado. Otra lección que nos llega desde fuera, una vez más.
"ANA CARBAJOSA* : Pavel clava el trípode de su cámara entre la maraña de matorrales y ruinas que un día fue Esblada, un pueblo de la provincia de Tarragona, en el que hoy cuelga el cartel de “se vende”. Pavel y un reportero de la televisión rusa han viajado hasta aquí para documentar un fenómeno que causa fascinación más allá de nuestras fronteras: la venta de pueblos abandonados a precio de saldo, en un país en crisis, con un campo crecientemente despoblado. Fuera, en la mayoría de los países los pueblos no se abandonan. Por eso, los cerca de 3.000 que hay en España y que un día tuvieron vida, representan para algunos extranjeros una oportunidad de inversión única; para otros, una exótica pieza de museo al alcance de sus bolsillos; casi un sueño.
Los reportajes emitidos en las televisiones de toda Europa, del mundo árabe y hasta de Australia sobre los pueblos fantasmas españoles han provocado una avalancha de potenciales compradores. Las noticias de que por la mitad de precio de una plaza de garaje en Londres –titular del Daily Mail de mayo- es posible comprarse un pueblo en España han permitido soñar a un ejército de urbanitas desencantados e inversores a la caza del chollo. Por el camino, han descubierto la España interior, en la que no se bebe sangría ni hay 365 días de sol al año; en la que se respiran siglos de historia y una belleza que cautiva. El ruidazo mediático ha reportado sin embargo escasas nueces por el momento y no paraece que vaya a resultar una solución a al despoblación del campo español. Mientras el campo español –y los herederos empobrecidos- esperan con los brazos abiertos el maná, los Mr. Marshall de este mundo no acaban de llegar. Excesiva burocracia, rehabilitaciones muy costosas e impedimentos para acceder al crédito es parte de la tozuda realidad con la que se topan soñadores e inversores.
“Recibimos una media de 150 correos electrónicos al día; la mayoría se interesan por la venta de pueblos”, informa Elvira Fafián, gerente de aldeasbandonadas.com, el portal de venta de pueblos que casi monopoliza este mercado. En torno al 70% de las consultas proceden de extranjeros. “En 2014 hemos notado una demanda muy fuerte. No damos abasto. Esto ha sido un boom”. Los principales interesados que les contactan son suizos, alemanes, mexicanos, rusos, chinos y estadounidenses. Dice Fafián que los extranjeros sienten que la crisis ha desplomado los precios y que si compran ahora poco menos que serán millonarios dentro de diez años. El cerca de un centenar de pueblos que se anuncian en el portal de Fafián oscilan entre los 60.000 euros y los dos millones.
Las 14 casas de Esblada, el pueblo donde graba Pavel, se venden por 280.000 euros. En su día, debió ser una preciosa aldea agrícola incrustada en la sierra de Ancosa, pero hoy es un conjunto de restos de muros de piedra recubiertos de jara, entre los que apenas se adivinan los senderos que fueron calles y los espacios que hace décadas fueron plazas. Esblada lleva medio siglo deshabitada, desde que cerró la fábrica de insecticidas y la producción de carbón vegetal se industrializó.
El caso de Esblada ilustra bien una de las grandes dificultades a la hora de vender estos pueblos. Puede que tengan precios de risa, pero el coste de las reconstrucciones es varias veces superior al de la venta. Cuando los extranjeros que aterrizan en España cargados de ilusión sacan la calculadora y el pragmatismo se impone. El desfile de potenciales es continuo, certifica Ramón Martín, un vinatero afincado al otro lado de la carretera, junto a la iglesia. Un grupo de jóvenes catalanes y un chino son los que de momento han mostrado un mayor interés. El vendedor es un banco que se lo embargó al anterior propietario que quiso montar un negocio rural y fracasó.
Hay pocas cifras disponibles en un mercado en el que reina la opacidad, pero parece claro que, mientras la compraventa de todo tipo de viviendas por extranjeros ha registrado un máximo histórico este segudno trimestre, según los datos más recientes del colegio de registradores, en el caso de los pueblos, la fiebre inversora no acaba de prender. En aldeasabandonadas.com cifran en “uno o dos pueblos” las ventas anuales, pero se niegan a ofrecer más detalles para preservar la privacidad de sus clientes. Para Mark Adkinson, un inglés afincado en Galicia desde hace 40 años, que tiene cinco aldeas a la venta, el principal obstáculo es la falta de acceso al crédito para este tipo de propiedades. Cuenta que en varias ocasiones él cerró tratos, que al final quedaron en papel mojado porque los bancos sólo dan créditos si hay escritura y muchos de estos pueblos no tienen las escrituras en regla. Confirma que hay un creciente interés por las aldeas fantasma, pero también que de momento no ha vendido ni un solo pueblo. Estos días espera la respuesta de un posible cliente checo y de otro inglés. Aún así, Adkinson es de los que tiene la sensación de estar sentado encima de una mina de oro. Piensa que el futuro de este mercado es muy prometedor y que “Esto solo puede ir a más. Hay mucha gente con dinero en el mundo. En cuanto se les pase el miedo de la crisis financiera, vendrán. La gente esta harta de la ansiedad de las grandes ciudades. Quiere ser dueña de su tiempo y elegir a sus vecinos. Eso en España es posible”.
Javier Vázquez Renedo, un joven arquitecto, recién aterrizado en el mundillo de la venta de pueblos abandonados confía como Adkinson en el futuro del negocio. Lleva meses buscando una población abandonada, con la idea de poner en pie una aldea geriátrica para jubilados extranjeros después de recibir asesoría de varios inversores de otros países. “Esto es solo el inicio. Es ahora cuando el mercado empieza ahora a moverse. Por un lado han bajado los precios, por otro, la gente vende más ahora porque tienen necesidades económicas”. Como otros de los personajes que pululan por el mundillo de los pueblos fantasmas, está convencido que hay infinidad de pueblos abandonados en los que sus vendedores aún no han asomado la cabeza. Esos pueblos por descubrir son los que Vázquez, Adkinson y el resto buscan a golpe de kilómetros con el coche por toda España.
A unos mil kilómetros al oeste de Esblada, en la Ribeira Sacra gallega, José Ramón Castro (62) y su madre Alicia López (88) no comparten el optimismo de los vendedores. Son los únicos pobladores de una preciosa aldea que lleva años deshabitada y que ahora se vende. La vida es tan dura en medio de este monte, que uno de los últimos vecinos vendió su casa a cambio de un traje y se fue. Madre e hijo resisten a duras penas y a la fuerza. “No hemos tenido suerte en la vida, por eso estamos aquí”, informa la octogenaria. Viven de lo que da la huerta, de los frutales y de la pensión. Viven resignados a no tener vecinos que les ayuden a matar un cerdo y luego celebrarlo, sin nadie con quién echar el rato al pie del río o con quien reducir al jabalí que se hizo fuerte en el pueblo durante un mes sin que nadie viniera a socorrerles.
“Hace años a este pueblo daba gusto verlo. Si viera lo felices que fuimos aquí de niños… Ahora esto es una selva. Como no lo compren, esto se viene abajo”, vaticina Castro, con un jersey roído, barba crecida y unos pantalones empercudidos que se le caen. La pareja trata de no entusiasmarse cada vez que un extranjero se deja caer por la escondida aldea en la que viven solo ellos desde hace años. Muchos son lo que han pasado por aquí y han quedado obnubilados ante la belleza de este paraíso frondoso, cuajado de melocotones, de castañas y de cerezas. Les enamora, pero al final, no pican. Los forasteros se van para no volver.
Cerco al cementerio
Faustino Calderón dedica buena parte de su vida a patear pueblos abandonados y a intentar averiguar por qué se extinguió la vida en cada uno de ellos. Plasma sus andanzas en su blog “Pueblos deshabitados”, que recibe cientos de miles de visitantes. Calderón desconfía del supuesto boom de la venta de pueblos y no la considera una solución deseable para mitigar la despoblación del campo español. “Se rompe la memoria, se pierde la identidad de los pueblos”.
A Calderón le preocupa además que los pueblos acaben en manos de una sola persona. Habla de lugares que hace años se vendieron y ahora son recintos vallados a los que no se puede acceder. Un caso notorio es el de Villaescusa de Palositos, en la Alcarria, donde los vecinos pelean desde hace años para poder acceder al cementerio en procesión en el día de todos los santos.
Sí le despierta sin embargo cierto optimismo el creciente fenómeno de los llamados “pueblos de verano”, esos en los que en invierno hay cuatro personas y en verano pandillas de niños gritones llenan las calles. Son pueblos en los que los hijos han ido acondicionando las casas que heredaron de sus padres y pasan allí los veranos o incluso los fines de semana. “Es una manera de revitalizar esos lugares, de frenar la despoblación, aunque la gente no viva allí de forma permanente”.
* El País - Ana Carbajosa - 19.9.14
Foto: Un equipo de la television rusa graba un reportaje en Esblada, un pueblo de Tarragona que se vende. / JUAN BARBOSA (EL PAÍS)
Valencia.- El fiscal pide cárcel para los cabecillas de Gürtel y solo inhabilitación para los políticos
"LEVANTE* : La Fiscalía reclama sendas condenas de diez años de cárcel para los tres cabecillas de la trama Gürtel y penas de inhabilitación para los políticos procesados por los contratos adjudicados al grupo de Correa en las consellerias de Presidencia, Sanidad, Bienestar Social y Cultura y Deporte durante la etapa de Francisco Camps al frente del Consell. Anticorrupción exime de entrar en prisión a los políticos con mayores responsabilidades, como exconsellers o exsecretarios autonómicos o ex directores generales.
Reclama, por contra, condenas de hasta siete años de cárcel paras siete técnicos y cargos de menor perfil. Entre los gestores públicos que se enfrentan a penas de cárcel está la gerente de la Fundación la Luz de las Imágenes, Carmen Díaz Quintero, para la que el fiscal pide cinco años y medio de prisión.
El fiscal Anticorrupción presentó ayer en el TSJ de Valencia su escrito de acusación contra los 27 procesados en la pieza quinta del caso Gürtel, que se centra en los contratos de la Generalitat con el grupo Correa a través de las empresas públicas Vaersa, Sepiva, la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Sociedad Valenciana SAU, la Fundación la Luz de las Imágenes, la Sociedad Proyecto Cultural de Castelló o el Consell Valencià de l'Esport.
Según la Fiscalía, las adjudicaciones bajo sospecha pueden constituir los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsificación en documento mercantil, falsificación de documento oficial y malversación de caudales públicos. Anticorrupción acusa a 6 miembros del grupo Correa y a 21 personas vinculadas con la Generalitat entre diputados, exconseller ex altos cargos y funcionarios. El fiscal pide las penas de prisión más altas para el líder de la trama, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; y su delegado comercial en Valencia, Álvaro Pérez «El Bigotes». Los tres están acusados de tráfico de influencias, prevaricación y malversación, y podrían ser condenados a diez años de cárcel. Correa, Crespo y Pérez también están acusados en la pieza de los contratos de Fitur. El fiscal reclama por los contratos del certamen turístico diez años a Correa y El Bigotes y once para Crespo. Los otros tres integrantes de la red de Correa Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños podrían ser condenados a sendas penas de 7 años y 11 meses de prisión. Para el empleado de Orange Market José Manuel Vidal se piden 6 meses de cárcel.
Los principales políticos procesados se han librado de las peticiones de cárcel ya que no firmaron las resoluciones y solo están acusados de delitos de prevaricación administrativa. El fiscal pide nueve años de inhabilitación para la exconsellera de Bienestar Social Alicia de Miguel, ocho años de inhabilitación para el exconseller de Sanidad Manuel Cervera y siete años de inhabilitación para su sucesor en el cargo, Luis Rosado. Anticorrupción reclama para el ex secretario autonómico de Deporte y exdiputado David Serra nueve años de inhabilitación por varias contrataciones del Open de Tenis.
El fiscal reclama dieciséis años de inhabilitación para la que fue directora de Promoción Institucional Dora Ibars por el montaje del pabellón de Grandes Eventos de Fitur 2009 y la contratación de la Guía de la Comunicación y Memorias USB en 2004. Anticorrupción solicita prisión para siete técnicos y cargos medios. Se trata del ex director de Vaersa Miguel Bellver (siete años); el responsable de comunicación de Vaersa, Antonio Sanjuán (siete años); la jefa de sección de Territorio, Patricia Callaghan (tres años); el exasesor de Vaersa Fernando Tomás Font de Mora (tres años); el exdirector de Castelló Cultural Vicente Farnós (cuatro años y siete meses); la directora de la Luz de las Imágenes (cinco años y seis meses); y el exjefe de gabinete del Sepiva Enrique José Bort (cuatro años).
* Levante - R. FERRANDO/F. ARABÍ - 27.9.14
Foto: Valencia, trama Gürtel con Camps - elpais
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La PAH le ocupa al banco malo un nuevo bloque para realojos sociales
La actuación de la PAH en estos últimos años está siendo ejemplar en el sentido de de llenar el hueco que las administraciones se niegan a ocupar por su delito en la crisis-estafa inmobiliaria. El llamado 'banco malo' (Sareb) ha sido una chapuza financiera para sanear las cuentas bancarias a costa del estado, como se sabe, y ese despropósito se está viendo meses más tarde de su creación por el gobierno. Hasta ahora la PAH lleva ocupados para gente necesitada 29 inmuebles del Sareb en todo el país, que estaban vacíos y en desuso. La última ocupación se ha efectuado en la localidad tarraconense de El Vendrell en un edificio de 36 viviendas. Poco a poco, esta actividad meritoria de la PAH está siendo reconocida y aplaudida por todos. No es para menos.
"DIAGONAL* : La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha anunciado la mañana del miércoles la recuperación de un edificio vacío en la localidad tarraconense de El Vendrell para alojar a personas sin acceso a una vivienda digna. El inmueble, según ha declarado PAH el Vendrell, es propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como 'banco malo'.
El objetivo de PAH el Vendrell es luchar por un alquiler social para las personas que van a vivir en el bloque, en la línea de lo defendido por la campaña Obra Social de la PAH, que ha recuperado 29 inmuebles en todo el Estado español con este objetivo.
Según ha declarado a DIAGONAL Luis Miralles, de PAH el Vendrell, de momento sólo han podido alojarse 9 familias en el inmueble, pese a que éste tiene 36 pisos. “El vandalismo y el saqueo han hecho mella en este edificio, llevaba tres años vacío”, se lamenta. La plataforma, indica, está trabajando con los medios a su disposición para rehabilitar más pisos del bloque, dado que hay más personas en espera para formar parte de la campaña Obra Social. “En los tres años que ha estado vacío el bloque, ¿a cuántas familias se ha desahuciado?”, declara.
La PAH ha informado de la ocupación al Ayuntamiento, los juzgados, la guardia urbana y los mossos. Dos miembros de PAH el Vendrell han registrado esta mañana una solicitud para que el ayuntamiento colabore en la regularización del agua y de la luz del bloque, que actualmente se encuentran pinchados. “No queremos vivir de gratis”, aclara Miralles, “sino pagar un alquiler en razón de lo que tenemos actualmente. Hay familias que no tienen ningún ingreso, y otras que tienen que tirar entre 6 con 426 euros”.
Recientemente un bloque recuperado por la PAH en Sabadell ha conseguido que la Generalitat le ceda el inmueble entero, después de que Sareb -la entidad propietaria- lo incluyese en la bolsa de 600 pisos cuya gestión a puesto en manos del Gobierno catalán para su uso como parque de vivienda en alquiler social. La PAH pelea ahora para que la decisión siente un precedente, algo complicado porque el banco malo no negocia directamente con los grupos stopdesahucios y la Generalitat es la que debe dar el visto bueno. La PAH mantiene ocupados actualmente un total de cinco bloques de Sareb en Cataluña, a los que se suman cuatro en el resto del Estado.
* Diagonal - 24.9.14
Foto: Decenas de miembros de la PAH, durante el anuncio del nuevo bloque recuperado a la Sareb. / PAH EL VENDRELL
