El Urbanismo sigue siendo la gran asignatura pendiente de los gobiernos municipales y autonómicos. La alcaldesa 'popular' de Albacete, C.Bayod, mantiene en su puesto a la jefa de la Gerencia de Urbanismo, CE.Fernández, a pesar de estar imputada en la 'Operación Guateque', la red de corrupción urbanística del Ayuntamiento de Madrid, ya que en su día formó parte de Urbanismo en el gobierno de Gallardón de la capital. Además, las acusaciones contra Fernández en esta trama delictiva son graves ya que el fiscal pide para ella 9 años y medio de cárcel. Aquí hay que hacer notar, de nuevo, la lentitud judicial en el 'caso Guateque', ya que el exalcalde ha pasado después por varios cargos políticos y nada; pero también la caradura de la alcaldesa de Albacete que mantiene en su puesto a semejante personaje público.
"ELDIARIO* : Durante casi 3 semanas la Jefa de Servicio de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Albacete está trabajando en el puesto cuando es ilegal que lo haga. El 1 de marzo la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, nombraba a Carmen Eulalia Fernández como nueva Jefa de Servicio de dicho departamento, una contratación que desde la oposición fue calificada como "un chiste". Esta persona está imputada dentro de la 'Operación Guateque' por el que se desmanteló una red de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Madrid, y la fiscalía del caso pide para ella 9 años y medio de cárcel por delitos de cohecho, prevaricación y falsedad documental. En la trama hay más de 30 imputados y se pide en total para ellos más de 300 años de prisión.
Para efectuar la contratación de Carmen Eulalia Fernández, ante las críticas y la alarma creadas, el Ayuntamiento de Bayod recurrió a la fórmula de crear una comisión de servicio para que entrara en el Ayuntamiento (una especie de "interinidad" mientras sale a concurso el puesto de trabajo fijo al que pueden acudir los interesados). Este sistema permite que un Ayuntamiento pueda contratar a quien estime conveniente pero sólo durante 6 meses, mientras sale a concurso el puesto fijo de trabajo sin límite de duración. De hecho la ley dice textualmente "este cargo tendrá una duración de 6 meses e improrrogables". El pasado 1 de septiembre se cumplieron estos 180 días, pero aún así Fernández sigue en su cargo en el Ayuntamiento a día de hoy.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Martínez, ha comentado que "este caso demuestra la facilidad con la que Bayod y su equipo de gobierno vulneran la ley, usándola en virtud de sus intereses o los de su partido. Desde el 1 de septiembre esta funcionaria está en situación ilegal, pero sigue en su puesto con el beneplácito del PP y de Bayod", indicaba Martínez a pesar de que en ningún caso se puede prorrogar dicho puesto de trabajo como está sucediendo.
De hecho el partido socialista ha preguntado, como ya hizo con su contratación, si se tiene intención de sacar a concurso el puesto de trabajo que cubre ahora Fernández como debe hacerse según la ley. En su día la respuesta de los concejales de Urbanismo y del de Personal fue que simplemente iban a cumplir la ley, algo que no están haciendo.
El mismo Martínez no se ha sorprendido de las maniobras del Ayuntamiento criticando por ejemplo al propio concejal de Personal, José Luis Serrallé, que se salta la normativa municipal. Este concejal ejerce como abogado privado pero no ha solicitado la compatibilidad de funciones entre el trabajo público con su trabajo privado, negándose a hacerlo y percibiendo su sueldo público y el sueldo de su empresa privada a la vez.
Cargo de confianza en el Gobierno de Gallardón
Dentro de la concejalía de Medio Ambiente, trabajando bajo la supervisión de Ana Botella, Carmen Eulalia Fernández fue parte de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid con la alcaldía de Ruiz Gallardón. Ella, junto a otros 18 funcionarios del Ayuntamiento, está acusada por la Fiscalía de Madrid de numerosos delitos dentro de una red de funcionarios que aprovechaban su puesto de trabajo para recibir sobornos.
La 'Operación Guateque' comprende siete ramas distintas apareciendo Fernández en la quinta, la rama de medio ambiente y evaluación medioambiental. Presuntamente efectuaba evaluaciones ambientales positivas ignorando los requisitos y procedimientos legales y en contra de las opiniones de los informes de los técnicos a cambio de sobornos. En el espectro de la prevaricación del caso se encuentran licencias de apertura o de obra para farmacias, bares, guarderías, tiendas de alimentación, ludotecas o clínicas dentales.
* El Diario de CLM - Javier Robla - 22.9.14
Foto: Albacete, ayuntamiento - picasaweb
La alcaldesa de Albacete incumple la ley manteniendo a una imputada al frente de Urbanismo
El alcalde de San Antonio de Benagéber y un exedil, imputados por prevaricación
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El regidor del PP y un exconcejal de la localidad valenciana de S.Antonio de Benagéber han sido citados a declarar el próximo 16 de octubre, imputados por prevaricación al declarar unas obras y pagos inexistentes, según se ha comprobado. Otra prueba más de la falta de rigor y la especulación existente en multitud de municipios de todo el país, donde el alcalde de turno, solo o en compañía de otros, actúa caciquilmente manejando el municipio a su antojo, sin dar cuentas a nadie. En algunos casos son pillados 'manos en la masa', pero la lenta acción judicial y sus penas ridículas llegan tarde y el daño urbanístico ya se efectuó tiempo atrás, con lo que de poco sirve la lucha de los que persiguen la corrupción año tras año. Esa es la triste realidad de la Ordenación Territorial.
"ELPAÍS* : El juzgado de Instrucción número 6 de Paterna (Valencia) ha imputado al alcalde de la localidad valenciana de San Antonio de Benagéber, Eugenio Cañizares (PP) y al exconcejal Felipe del Baño por supuesta prevaricación administrativa. El juzgado ha acordado llamarles a declarar como imputados el próximo 16 de octubre, a las 10, según consta en una resolución facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El concejal Felipe del Baño anunció este pasado fin de semana que dejaba la concejalía y atribuyó su dimisión a motivos "estrictamente personales". El auto de imputación, fechado a ocho de septiembre, indica que en el momento de su dimisión, el exedil ya estaba imputado.
La Fiscalía abrió este año diligencias de investigación sobre Cañizares y Del Baño en relación con la denuncia presentada por la Plataforma SAB por el pago, en el primer caso, de 50.000 euros a una empresa por 5.000 libros inexistentes, y en el segundo, además, por la contratación verbal de unos supuestos trabajos de jardinería. El ministerio público remitió el asunto al juzgado y solicitó la imputación del primer edil como "directo interviniente" en el "encargo cuyo procedimiento de adjudicación deberá aclararse, de 5.000 libros, facturados indiciariamente a instancias suyas y/o del señor del Baño como responsables del Ayuntamiento, sabiendo que no se habían editado esos libros, y se pagaron íntegramente y que, a fecha actual, aún no se han editado". Sobre Felipe del Baño, afirmaba que "al parecer, tuvo intervención relevante con relación del Ayuntamiento" con ambas mercantiles.
La Plataforma SAB denunció originariamente los hechos en relación con los 5.000 libros conmemorativos de San Antonio de Benagéber supuestamente encargados en 2007 a una empresa por los que el Ayuntamiento pagó en 2012 un total de 49.880 euros. De acuerdo con esta denuncia, además, el consistorio "recibió una subvención equivalente de la Consejería por esos libros, a pesar de que nunca han existido". Sobre Felipe del Baño, la solicitud de imputación de la plataforma se produjo en relación a esta cuestión y por la contratación verbal a una empresa de supuestos trabajos de jardinería de desbroce, tala y mantenimiento entre marzo y noviembre de 2010, cuando se ocupaba de este área.
* El País - EP - 22.9.14
Foto: San Antonio de Benagéber (Valencia), ayuntamiento - redcomarcal
Extranjeros a la caza del pueblo ganga
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La dejadez y el abandono de las administraciones públicas son la causa principal de que numerosas aldeas por toda la geografía del país se hayan ido abandonando a su suerte cuando los vecinos se trasladaban o fallecían. En vez de realizar un programa de recuperación de esas aldeas que, en algunos casos, ofrecían condiciones de vida muy superiores a las de los masificados barrios de las afueras de las ciudades, desde los municipios o Comunidades se optó por no invertir en el futuro territorial. Normal que ahora vengan foráneos, más cultos, para hacerse cargo de esos lugares abandonados con un emplazamiento privilegiado. Otra lección que nos llega desde fuera, una vez más.
"ANA CARBAJOSA* : Pavel clava el trípode de su cámara entre la maraña de matorrales y ruinas que un día fue Esblada, un pueblo de la provincia de Tarragona, en el que hoy cuelga el cartel de “se vende”. Pavel y un reportero de la televisión rusa han viajado hasta aquí para documentar un fenómeno que causa fascinación más allá de nuestras fronteras: la venta de pueblos abandonados a precio de saldo, en un país en crisis, con un campo crecientemente despoblado. Fuera, en la mayoría de los países los pueblos no se abandonan. Por eso, los cerca de 3.000 que hay en España y que un día tuvieron vida, representan para algunos extranjeros una oportunidad de inversión única; para otros, una exótica pieza de museo al alcance de sus bolsillos; casi un sueño.
Los reportajes emitidos en las televisiones de toda Europa, del mundo árabe y hasta de Australia sobre los pueblos fantasmas españoles han provocado una avalancha de potenciales compradores. Las noticias de que por la mitad de precio de una plaza de garaje en Londres –titular del Daily Mail de mayo- es posible comprarse un pueblo en España han permitido soñar a un ejército de urbanitas desencantados e inversores a la caza del chollo. Por el camino, han descubierto la España interior, en la que no se bebe sangría ni hay 365 días de sol al año; en la que se respiran siglos de historia y una belleza que cautiva. El ruidazo mediático ha reportado sin embargo escasas nueces por el momento y no paraece que vaya a resultar una solución a al despoblación del campo español. Mientras el campo español –y los herederos empobrecidos- esperan con los brazos abiertos el maná, los Mr. Marshall de este mundo no acaban de llegar. Excesiva burocracia, rehabilitaciones muy costosas e impedimentos para acceder al crédito es parte de la tozuda realidad con la que se topan soñadores e inversores.
“Recibimos una media de 150 correos electrónicos al día; la mayoría se interesan por la venta de pueblos”, informa Elvira Fafián, gerente de aldeasbandonadas.com, el portal de venta de pueblos que casi monopoliza este mercado. En torno al 70% de las consultas proceden de extranjeros. “En 2014 hemos notado una demanda muy fuerte. No damos abasto. Esto ha sido un boom”. Los principales interesados que les contactan son suizos, alemanes, mexicanos, rusos, chinos y estadounidenses. Dice Fafián que los extranjeros sienten que la crisis ha desplomado los precios y que si compran ahora poco menos que serán millonarios dentro de diez años. El cerca de un centenar de pueblos que se anuncian en el portal de Fafián oscilan entre los 60.000 euros y los dos millones.
Las 14 casas de Esblada, el pueblo donde graba Pavel, se venden por 280.000 euros. En su día, debió ser una preciosa aldea agrícola incrustada en la sierra de Ancosa, pero hoy es un conjunto de restos de muros de piedra recubiertos de jara, entre los que apenas se adivinan los senderos que fueron calles y los espacios que hace décadas fueron plazas. Esblada lleva medio siglo deshabitada, desde que cerró la fábrica de insecticidas y la producción de carbón vegetal se industrializó.
El caso de Esblada ilustra bien una de las grandes dificultades a la hora de vender estos pueblos. Puede que tengan precios de risa, pero el coste de las reconstrucciones es varias veces superior al de la venta. Cuando los extranjeros que aterrizan en España cargados de ilusión sacan la calculadora y el pragmatismo se impone. El desfile de potenciales es continuo, certifica Ramón Martín, un vinatero afincado al otro lado de la carretera, junto a la iglesia. Un grupo de jóvenes catalanes y un chino son los que de momento han mostrado un mayor interés. El vendedor es un banco que se lo embargó al anterior propietario que quiso montar un negocio rural y fracasó.
Hay pocas cifras disponibles en un mercado en el que reina la opacidad, pero parece claro que, mientras la compraventa de todo tipo de viviendas por extranjeros ha registrado un máximo histórico este segudno trimestre, según los datos más recientes del colegio de registradores, en el caso de los pueblos, la fiebre inversora no acaba de prender. En aldeasabandonadas.com cifran en “uno o dos pueblos” las ventas anuales, pero se niegan a ofrecer más detalles para preservar la privacidad de sus clientes. Para Mark Adkinson, un inglés afincado en Galicia desde hace 40 años, que tiene cinco aldeas a la venta, el principal obstáculo es la falta de acceso al crédito para este tipo de propiedades. Cuenta que en varias ocasiones él cerró tratos, que al final quedaron en papel mojado porque los bancos sólo dan créditos si hay escritura y muchos de estos pueblos no tienen las escrituras en regla. Confirma que hay un creciente interés por las aldeas fantasma, pero también que de momento no ha vendido ni un solo pueblo. Estos días espera la respuesta de un posible cliente checo y de otro inglés. Aún así, Adkinson es de los que tiene la sensación de estar sentado encima de una mina de oro. Piensa que el futuro de este mercado es muy prometedor y que “Esto solo puede ir a más. Hay mucha gente con dinero en el mundo. En cuanto se les pase el miedo de la crisis financiera, vendrán. La gente esta harta de la ansiedad de las grandes ciudades. Quiere ser dueña de su tiempo y elegir a sus vecinos. Eso en España es posible”.
Javier Vázquez Renedo, un joven arquitecto, recién aterrizado en el mundillo de la venta de pueblos abandonados confía como Adkinson en el futuro del negocio. Lleva meses buscando una población abandonada, con la idea de poner en pie una aldea geriátrica para jubilados extranjeros después de recibir asesoría de varios inversores de otros países. “Esto es solo el inicio. Es ahora cuando el mercado empieza ahora a moverse. Por un lado han bajado los precios, por otro, la gente vende más ahora porque tienen necesidades económicas”. Como otros de los personajes que pululan por el mundillo de los pueblos fantasmas, está convencido que hay infinidad de pueblos abandonados en los que sus vendedores aún no han asomado la cabeza. Esos pueblos por descubrir son los que Vázquez, Adkinson y el resto buscan a golpe de kilómetros con el coche por toda España.
A unos mil kilómetros al oeste de Esblada, en la Ribeira Sacra gallega, José Ramón Castro (62) y su madre Alicia López (88) no comparten el optimismo de los vendedores. Son los únicos pobladores de una preciosa aldea que lleva años deshabitada y que ahora se vende. La vida es tan dura en medio de este monte, que uno de los últimos vecinos vendió su casa a cambio de un traje y se fue. Madre e hijo resisten a duras penas y a la fuerza. “No hemos tenido suerte en la vida, por eso estamos aquí”, informa la octogenaria. Viven de lo que da la huerta, de los frutales y de la pensión. Viven resignados a no tener vecinos que les ayuden a matar un cerdo y luego celebrarlo, sin nadie con quién echar el rato al pie del río o con quien reducir al jabalí que se hizo fuerte en el pueblo durante un mes sin que nadie viniera a socorrerles.
“Hace años a este pueblo daba gusto verlo. Si viera lo felices que fuimos aquí de niños… Ahora esto es una selva. Como no lo compren, esto se viene abajo”, vaticina Castro, con un jersey roído, barba crecida y unos pantalones empercudidos que se le caen. La pareja trata de no entusiasmarse cada vez que un extranjero se deja caer por la escondida aldea en la que viven solo ellos desde hace años. Muchos son lo que han pasado por aquí y han quedado obnubilados ante la belleza de este paraíso frondoso, cuajado de melocotones, de castañas y de cerezas. Les enamora, pero al final, no pican. Los forasteros se van para no volver.
Cerco al cementerio
Faustino Calderón dedica buena parte de su vida a patear pueblos abandonados y a intentar averiguar por qué se extinguió la vida en cada uno de ellos. Plasma sus andanzas en su blog “Pueblos deshabitados”, que recibe cientos de miles de visitantes. Calderón desconfía del supuesto boom de la venta de pueblos y no la considera una solución deseable para mitigar la despoblación del campo español. “Se rompe la memoria, se pierde la identidad de los pueblos”.
A Calderón le preocupa además que los pueblos acaben en manos de una sola persona. Habla de lugares que hace años se vendieron y ahora son recintos vallados a los que no se puede acceder. Un caso notorio es el de Villaescusa de Palositos, en la Alcarria, donde los vecinos pelean desde hace años para poder acceder al cementerio en procesión en el día de todos los santos.
Sí le despierta sin embargo cierto optimismo el creciente fenómeno de los llamados “pueblos de verano”, esos en los que en invierno hay cuatro personas y en verano pandillas de niños gritones llenan las calles. Son pueblos en los que los hijos han ido acondicionando las casas que heredaron de sus padres y pasan allí los veranos o incluso los fines de semana. “Es una manera de revitalizar esos lugares, de frenar la despoblación, aunque la gente no viva allí de forma permanente”.
* El País - Ana Carbajosa - 19.9.14
Foto: Un equipo de la television rusa graba un reportaje en Esblada, un pueblo de Tarragona que se vende. / JUAN BARBOSA (EL PAÍS)
Valencia.- El fiscal pide cárcel para los cabecillas de Gürtel y solo inhabilitación para los políticos
"LEVANTE* : La Fiscalía reclama sendas condenas de diez años de cárcel para los tres cabecillas de la trama Gürtel y penas de inhabilitación para los políticos procesados por los contratos adjudicados al grupo de Correa en las consellerias de Presidencia, Sanidad, Bienestar Social y Cultura y Deporte durante la etapa de Francisco Camps al frente del Consell. Anticorrupción exime de entrar en prisión a los políticos con mayores responsabilidades, como exconsellers o exsecretarios autonómicos o ex directores generales.
Reclama, por contra, condenas de hasta siete años de cárcel paras siete técnicos y cargos de menor perfil. Entre los gestores públicos que se enfrentan a penas de cárcel está la gerente de la Fundación la Luz de las Imágenes, Carmen Díaz Quintero, para la que el fiscal pide cinco años y medio de prisión.
El fiscal Anticorrupción presentó ayer en el TSJ de Valencia su escrito de acusación contra los 27 procesados en la pieza quinta del caso Gürtel, que se centra en los contratos de la Generalitat con el grupo Correa a través de las empresas públicas Vaersa, Sepiva, la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Sociedad Valenciana SAU, la Fundación la Luz de las Imágenes, la Sociedad Proyecto Cultural de Castelló o el Consell Valencià de l'Esport.
Según la Fiscalía, las adjudicaciones bajo sospecha pueden constituir los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsificación en documento mercantil, falsificación de documento oficial y malversación de caudales públicos. Anticorrupción acusa a 6 miembros del grupo Correa y a 21 personas vinculadas con la Generalitat entre diputados, exconseller ex altos cargos y funcionarios. El fiscal pide las penas de prisión más altas para el líder de la trama, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; y su delegado comercial en Valencia, Álvaro Pérez «El Bigotes». Los tres están acusados de tráfico de influencias, prevaricación y malversación, y podrían ser condenados a diez años de cárcel. Correa, Crespo y Pérez también están acusados en la pieza de los contratos de Fitur. El fiscal reclama por los contratos del certamen turístico diez años a Correa y El Bigotes y once para Crespo. Los otros tres integrantes de la red de Correa Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños podrían ser condenados a sendas penas de 7 años y 11 meses de prisión. Para el empleado de Orange Market José Manuel Vidal se piden 6 meses de cárcel.
Los principales políticos procesados se han librado de las peticiones de cárcel ya que no firmaron las resoluciones y solo están acusados de delitos de prevaricación administrativa. El fiscal pide nueve años de inhabilitación para la exconsellera de Bienestar Social Alicia de Miguel, ocho años de inhabilitación para el exconseller de Sanidad Manuel Cervera y siete años de inhabilitación para su sucesor en el cargo, Luis Rosado. Anticorrupción reclama para el ex secretario autonómico de Deporte y exdiputado David Serra nueve años de inhabilitación por varias contrataciones del Open de Tenis.
El fiscal reclama dieciséis años de inhabilitación para la que fue directora de Promoción Institucional Dora Ibars por el montaje del pabellón de Grandes Eventos de Fitur 2009 y la contratación de la Guía de la Comunicación y Memorias USB en 2004. Anticorrupción solicita prisión para siete técnicos y cargos medios. Se trata del ex director de Vaersa Miguel Bellver (siete años); el responsable de comunicación de Vaersa, Antonio Sanjuán (siete años); la jefa de sección de Territorio, Patricia Callaghan (tres años); el exasesor de Vaersa Fernando Tomás Font de Mora (tres años); el exdirector de Castelló Cultural Vicente Farnós (cuatro años y siete meses); la directora de la Luz de las Imágenes (cinco años y seis meses); y el exjefe de gabinete del Sepiva Enrique José Bort (cuatro años).
* Levante - R. FERRANDO/F. ARABÍ - 27.9.14
Foto: Valencia, trama Gürtel con Camps - elpais
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La PAH le ocupa al banco malo un nuevo bloque para realojos sociales
La actuación de la PAH en estos últimos años está siendo ejemplar en el sentido de de llenar el hueco que las administraciones se niegan a ocupar por su delito en la crisis-estafa inmobiliaria. El llamado 'banco malo' (Sareb) ha sido una chapuza financiera para sanear las cuentas bancarias a costa del estado, como se sabe, y ese despropósito se está viendo meses más tarde de su creación por el gobierno. Hasta ahora la PAH lleva ocupados para gente necesitada 29 inmuebles del Sareb en todo el país, que estaban vacíos y en desuso. La última ocupación se ha efectuado en la localidad tarraconense de El Vendrell en un edificio de 36 viviendas. Poco a poco, esta actividad meritoria de la PAH está siendo reconocida y aplaudida por todos. No es para menos.
"DIAGONAL* : La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha anunciado la mañana del miércoles la recuperación de un edificio vacío en la localidad tarraconense de El Vendrell para alojar a personas sin acceso a una vivienda digna. El inmueble, según ha declarado PAH el Vendrell, es propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como 'banco malo'.
El objetivo de PAH el Vendrell es luchar por un alquiler social para las personas que van a vivir en el bloque, en la línea de lo defendido por la campaña Obra Social de la PAH, que ha recuperado 29 inmuebles en todo el Estado español con este objetivo.
Según ha declarado a DIAGONAL Luis Miralles, de PAH el Vendrell, de momento sólo han podido alojarse 9 familias en el inmueble, pese a que éste tiene 36 pisos. “El vandalismo y el saqueo han hecho mella en este edificio, llevaba tres años vacío”, se lamenta. La plataforma, indica, está trabajando con los medios a su disposición para rehabilitar más pisos del bloque, dado que hay más personas en espera para formar parte de la campaña Obra Social. “En los tres años que ha estado vacío el bloque, ¿a cuántas familias se ha desahuciado?”, declara.
La PAH ha informado de la ocupación al Ayuntamiento, los juzgados, la guardia urbana y los mossos. Dos miembros de PAH el Vendrell han registrado esta mañana una solicitud para que el ayuntamiento colabore en la regularización del agua y de la luz del bloque, que actualmente se encuentran pinchados. “No queremos vivir de gratis”, aclara Miralles, “sino pagar un alquiler en razón de lo que tenemos actualmente. Hay familias que no tienen ningún ingreso, y otras que tienen que tirar entre 6 con 426 euros”.
Recientemente un bloque recuperado por la PAH en Sabadell ha conseguido que la Generalitat le ceda el inmueble entero, después de que Sareb -la entidad propietaria- lo incluyese en la bolsa de 600 pisos cuya gestión a puesto en manos del Gobierno catalán para su uso como parque de vivienda en alquiler social. La PAH pelea ahora para que la decisión siente un precedente, algo complicado porque el banco malo no negocia directamente con los grupos stopdesahucios y la Generalitat es la que debe dar el visto bueno. La PAH mantiene ocupados actualmente un total de cinco bloques de Sareb en Cataluña, a los que se suman cuatro en el resto del Estado.
* Diagonal - 24.9.14
Foto: Decenas de miembros de la PAH, durante el anuncio del nuevo bloque recuperado a la Sareb. / PAH EL VENDRELL
Fiscalía pide el derribo de 98 viviendas de británicos construidas sin licencia en Albox
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Sigue coleando, y lo hará por bastante tiempo, el tema de las decenas de miles de viviendas ilegales en Andalucía. Tras la declaración de la presidenta de la Junta de que iba a autorizar más legalizaciones irregulares y el Decreto de hace 2 años que ya lo permitió a muchísimas, han saltado asociaciones, plataformas ciudadanas, partidos políticos y hasta la propia justicia, diciendo que eso era imposible de cumplir y que la Ley está para acatarla. Sin duda, la Junta actúa por razones meramente electoralistas, aunque haya casos como el del hotel almeriense de EL Algarrobico que le esté dando un resultado más negativo que positivo. Otra cosa es que los ciudadanos británicos (como los demás) pidan responsabilidades económicas si realmente no sabían las condiciones de ilegalidad, pero eso deberían demostrarlo y actuar entonces contra las empresas constructoras que les engañaron. Es así de sencillo.
"LAINFORMACIÓN* : La Fiscalía tiene previsto solicitar la demolición de 98 viviendas propiedad de ciudadanos británicos residentes en Albox (Almería) en el marco de la causa penal contra los dos promotores del residencial, que se levantó presuntamente sobre suelo no urbanizable y sin la preceptiva licencia municipal de obras. El Ministerio Público interesa que los acusados, hermanos y responsables de las empresas que promovieron y construyeron el residencial, indemnicen a los adquirientes de los inmuebles en la "cuantía pagada y gastos ocasionados por la compra" y que se hagan cargo del coste del derribo, que cuantifica en 688.666,95 euros.
Las 98 viviendas, ubicadas en el paraje 'El Romeral-La Aljambra', se levantaron entre los años 2004 y 2006 y, según indica el fiscal en su escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, "no son autorizables al no ajustarse a la normativa urbanística vigente en el municipio de Albox".
El relato de hechos recoge que J.F.A.H., gerente de la promotora Proyecto y Construcciones Almanzora SL y de las constructoras Procoal Villas SL y Empire Villas SL, y su hermano D.L.A.H., arquitecto de profesión y técnico director, llevaron a cabo la edificación de 98 viviendas en "terreno clasificado como suelo no urbanizable" y sin licencia municipal.
Señala que el primero de ellos, a través de las anteriores mercantiles, celebró, asimismo, contratos de compraventa de las referidas viviendas no autorizables con terceras personas, en su mayoría ciudadanos británicos residentes en la Comarca del Almanzora almeriense.
La Fiscalía, en su escrito de fecha 1 de septiembre, reprocha también a J.F.A.H. que, pese a que tenía "conocimiento" de que pesaban sobre el residencial órdenes de paralización acordadas como medida cautelar por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Albox en abril y en septiembre de 2004, hiciese presuntamente "caso omiso" y no sólo continuase la obra "ya iniciada, sino que además construyó nuevas en las mismas parcelas".
SUPUESTO FALSEO DEL PRECIO DE VENTA
El principal acusado se enfrenta también a dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública ya que, con el objetivo supuesto de "evadir el pago de los correspondientes impuestos", hacía constar en las escrituras de venta "un precio muy inferior al realmente abonado por los compradores".
De esta manera, según apunta el Ministerio Público, en la anualidad 2005 del IRPF "dejó indebidamente de ingresar al erario público 194.108,41 euros" mientras que la cuantía en 2004 por este mismo concepto fue de "156.554,17 euros".
En la vista oral, el fiscal va a interesar para J.F.A.H. penas que suman seis años y nueve meses de cárcel como presunto autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio, un delito de desobediencia, y dos contra la Hacienda Pública mientras que para D.L.A.H. va a pedir dos años de cárcel por el primero de los delitos.
Al margen de las penas de prisión, para ambos solicita el pago de una multa de 24 meses a razón de 50 euros al día e inhabilitación especial por periodo de dos años.
El promotor y constructor del residencia se enfrenta, asimismo, por los delitos fiscales a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por un periodo de 4 años, tal y como interesa el Ministerio Público.
* La Información - Europa Press - 23.9.14
Foto: Albox (Almería), derribo viviendas ilegales - teleprensa
Barberá debe 50 millones a Fabra por el circuito de la F-1 que salía gratis
Los grandes fastos de la faraona R.Barberá, alcaldesa 'popular' de Valencia, siguen pasando factura al gobierno municipal y, por tanto, a todos los ciudadanos de la ciudad. El controvertido proyecto para la Fórmula 1, en los alrededores del puerto, nunca tuvo ningún sentido, salvo el de la propaganda oficialista. Hoy se encuentra abandonado y sin ninguna posibilidad de volver a utilizarse; sin embargo en 2007, cuando se firmó el convenio de colaboración, el ayuntamiento se comprometió con la Generalitat a pagar el importe de las obras: unos 50 millones de euros. Las mentiras del expresidente Camps y de la propia DªRita llegaron a ocultar este hecho, pero la realidad es que la deuda municipal existe y se deberá abonar a pesar de las palabras huecas.
"ELPAÍS* : El expresidente de la Generalitat Francisco Camps prometió que la Fórmula 1 no iba a costar un euro a las arcas públicas. Su brazo derecho, Ricardo Costa, añadió que el Gran Premio, que comenzó a disputarse en Valencia en 2008, era bueno para los valencianos, para la Comunidad Valenciana y para España. Seis años después de aquellas aseveraciones, el grupo municipal de Compromís desveló ayer que la Fórmula 1 ha generado una deuda al Consistorio de 49,9 millones de euros, según se desprende del protocolo suscrito en 2007 por la Generalitat y la corporación municipal que dirige Rita Barberá.
“El asunto de la F-1 no es una cuestión solo del señor [Alberto] Fabra”, subrayó el portavoz municipal, Joan Ribó.
El convenio era con GTP [Gestor de Transportes y Puertos de la Generalitat —reconvertido en 2012 en Ente de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)— y en él se establecía que los costes de la construcción del circuito y otras infraestructuras añadidas, entre ellas, una pasarela peatonal sobre el río Turia conocida como Cuc de Llum, las asumía el Ayuntamiento hasta que éste pudiera repercutirlas en el plan urbanístico del Grau, que promueve por gestión directa una sociedad municipal y que está estancado por falta de presupuesto e inversores.
Según explicó Ribó, el protocolo, firmado en 2007, cuatro días después de la firma del contrato para celebrar la prueba hasta 2014, establece que la Consejería de Infraestructuras financiaría las obras y el Ayuntamiento debía reponer “al cien por cien” el coste, que en 2009 ascendía a 38 millones de euros, una cantidad que, según Compromís, se incrementó hasta los 45 millones por una serie de modificados en la obra. El antiguo GTP de la Generalitat ha añadido año tras año intereses por la deuda y en 2013 la cifra total que recoge el EIGE en su memoria económica roza los 50 millones de euros.
Según Ribó, esa deuda se genera desde el momento en que el Consistorio recibe las obras, en diciembre de 2009, una deuda que “no aparece en la contabilidad del Ayuntamiento”. El edil insistió en que el Ayuntamiento reconoce la deuda “si bien considera que la obligación de pago de la misma no ha vencido porque está supeditada a la urbanización del PAI del Grao”.
La Fórmula 1, dos años después de suspenderse el gran premio de Valencia, “nos supone una deuda de 49,9 millones”, dijo a la vez que calificó la situación de grave porque “se ha escondido y no figura en la contabilidad del Ayuntamiento”.
Consol Castillo, edil también de Compromís, añadió que a este dinero hay que añadir los costes por los servicios extra de seguridad y limpieza generados por la prueba y que sólo en 2011 le costaron a la ciudad más de 150.000 euros —hubo cinco ediciones—. Ribó calificó la carga de la F-1 de otra “herencia más de Barberá”, junto con la deuda del Consorcio de la Copa del América y la de las obras de entrada del AVE a Valencia.
El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, negó que el Ayuntamiento asumiera el coste del circuito. “No son ni más ni menos que cargas urbanísticas a repercutir en el proyecto del Grau y el Consistorio lo único a lo que se comprometió es a cogerlas con una mano y pasárselas a la Generalitat con la otra”, aclaró. Grau negó además que los intereses generados por la deuda que ha cargado la Generalitat sean también una obligación para el Consistorio. “Si el ente gestor se ha financiado de una forma u otra, es de su exclusiva responsabilidad y sus cargas financieras no las puede repercutir en nadie”, subrayó el número dos de Barberá en el Ayuntamiento.
La última noticia relacionada con el PAI del Grau fue en julio, cuando el concurso convocado por el Consistorio para buscar un socio financiero para acelerar el plan urbanístico, quedó desierto.
* El País - Cristina Vázquez - 23.9.14
Foto: Rita Barberá y Francisco Camps en la inauguración de la obra del circuito urbano de Valencia en octubre de 2007. / CARLES FRANCESC
Fomento paga una factura millonaria pendiente con las concesionarias antes de rescatar las autopistas
El fracaso de las últimas autopistas de peaje es algo que ya se advirtió desde este blog en su día, pero el empecinamiento 'interesado' del exministro de Fomento, Álvarez Cascos, y del gobierno de Aznar permitieron seguir adelante unas obras con graves errores técnicos y, sobre todo, de financiación. Las empresas constructoras, y también concesionarias de su uso, fueron las grandes beneficiadas, sin duda debido a la práctica corrupta de aquel gobierno 'popular'. Hablamos de las radiales en Madrid y de alguna más en Alicante o Murcia. Hoy, otra ministra 'popular', A.Pastor, va a redondear la faena de sus antecesores con más especulación financiera. Así, antes de la creación del 'banco malo' de autopistas, va a pagar a las concesionarias 540 millones. Es decir, Fomento va a pagar dos veces a las constructoras amigas (luego a los bancos, claro). Un escándalo de proporciones mayúsculas que en cualquier país civilizado llevaría a la cárcel a todos los implicados. Pero aquí, como siempre, no pasa nada."ELDIARIO* : Fomento recibe un crédito extraordinario de Hacienda por 540 millones, de los que 531 se dedicarán a pagos previos a la creación del ‘banco malo’ de la autopistas en quiebra. Había expectativas de que el Consejo de Ministros del viernes 12 de septiembre aprobara la nacionalización de nueve autopistas de peaje en quiebra, con la creación del llamado ‘banco malo de las radiales’. No fue así.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, no obstante, anunció de pasada, que el Gobierno había acordado conceder créditos extraordinarios a los Ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por un importe total de 725 millones de euros, con el fin de “atender al pago de obligaciones de ejercicios anteriores”. La vicepresidenta apostilló que esta decisión se tomaba porque “unos gobiernos solo se dedican a gastar y otros, como el nuestro, son de los que pagan, incluso las deudas atrasadas de otros”.
La reseña posterior del Consejo Ministros daba algún detalle adicional sobre el destino del crédito de los 725 millones de Hacienda. La mayor parte, 540 millones, estaban destinados al Ministerio de Fomento y su objetivo consistía en atender al pago “mayoritariamente, de expropiaciones, revisiones de precios, certificaciones finales, intereses y liquidaciones de obras”.
Puesta en marcha del ‘banco malo’
Fuentes conocedoras del proceso por el que se procederá al rescate de nueve autopistas en quiebra advirtieron a eldiario.es que lo sustancial del crédito otorgado a Fomento está destinado a “pagar los atrasos que el Gobierno ha reconocido que adeuda a las concesionarias en dificultades”. Durante las negociaciones que desembocarán en la inminente nacionalización de estas infraestructuras, el Ejecutivo ha aceptado saldar dichas deudas como “condición indispensable” antes de que se produzca la “reversión al Estado de las concesiones”.
Este periódico se ha puesto en contacto con Fomento a fin de recabar un listado detallado del destino final de los 540 millones de crédito recibidos de Hacienda. Fuentes oficiales del departamento que encabeza Ana Pastor han asegurado que la parte sustancial, 531 millones, están destinados a “pagar deudas atrasadas en el sector de las autopistas, que son anteriores a 2012”. Existen otras dos partidas muy inferiores que se dedicarán a liquidar atrasos en vivienda, con un importe de 1,5 millones, y en ferrocarril, de 7,5 millones.
Fomento ha desglosado en otras dos partidas diferentes el destino de los 531 millones destinados al pago de atrasos en autopistas. Un paquete de 270 millones está asignada a asumir el montante de “certificaciones finales” que todavía no habían sido pagadas a las concesionarias de las radiales. Una segunda cantidad de 261 millones se entregarán para saldar deuda en concepto de “expropiaciones” por los terrenos sobre los que se construyeron las autopistas.
Medidas previas
Las fuentes del sector aseguran que la concesión del crédito para pagar “los atrasos” que se mantienen con las empresas que en su día construyeron las autopistas hoy en quiebra es la primera medida que se implementa antes de que se haga oficial la operación de rescate, con la reversión de las concesiones y la creación de la segunda edición de la Empresa Nacional de Autopistas, lo que obliga al Estado a asumir un pasivo de unos 2.300 millones.
Otra iniciativa que se producirá en breve consiste en reclamar la unificación en un solo proceso y en un único juzgado de todos los concursos de acreedores en que están inmersas las nueve autopistas de peaje en quiebra. Fomento podrá a esta unificación en virtud de la última reforma de la Ley Concursal, la aprobada por el Consejo de Ministros el 5 de septiembre último. Una disposición adicional establece que en “situaciones de insolvencia de las empresas concesionarias de obra y servicios públicos contratistas de las administraciones públicas” “se acordará la acumulación de los procesos concursales ya iniciados cuando se formulen propuestas de convenio de acreedores que afecten a todos ellos”.
Diseño del rescate
Las nueve autopistas que se pretende nacionalizar son las radiales 2, 3, 4 y 5 de Madrid, la M-12 Eje Aeropuerto de Barajas, la AP-41 (Madrid-Toledo), la citada AP-36, la circunvalación de Alicante (Ciralsa), y la Cartagena-Vera (Aucosta). Suman 682 kilómetros y en más de una década en servicio apenas han cubierto el 20% de las expectativas de tráfico con las que se justificó su nacimiento. Los pasivos acumulados oscilan, según las versiones entre 3.700 y 4.600. Entre las empresas constructoras y concesionarias se encuentran Acciona, ACS, Abertis, Cintra, Sacyr, FCC, Ferrovial, OHL o Globalvía.
El pacto alcanzado entre el Gobierno, las concesionarias y la banca para la creación de la nueva Empresa Nacional de Autopistas se ha concretado en tres medidas. En primer lugar y a cambio de “revertir” al Estado las concesiones de las vías, Fomento propone a las empresas que tomen el 20% del capital de la nueva versión del ‘banco malo’ cuya valoración del 100% se ha fijado en 608 millones. El pasado mes de abril, el Ministerio se mostró favorable a elevar de 350 a 480 millones la cuantía de la deuda con las concesionarias en concepto de las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron las radiales.
La segunda medida se basa en el acuerdo de la Administración con la banca acreedora para ejecutar una quita del 50% sobre los entre 3.700 a 4.600 millones de créditos que las concesionarias tomaron para construir las carreteras hoy quebradas. A los entre 1.850 y 2.300 millones resultantes (descontada la quita de la mitad), hay que sumar otros 235 millones que Fomento ha reconocido que se encuentran pendientes de pago con las concesionarias. En último lugar se ha pactado que ambas partidas serán financiadas con un bono a 30 años emitido por el ‘banco malo’ cuya rentabilidad será superior al 1%.
* El País - Antonio Ruiz del Árbol - 18.8.14
Foto: Autopista vacía Cartagena-Vera - mineralespania .................................... Leer más...
Ronda intenta sortear otro varapalo del TSJA a su desarrollo urbanístico
Otro municipio que lleva bastantes años en el ojo del huracán urbanístico es el de Ronda (Málaga), allí se han sucedido varios casos de corrupción, siendo el más conocido el de la macrourbanización Los Merinos, cuyo Plan fue anulado por la justicia hace dos años. Pero ahora sale a la luz otro asunto más grave, si cabe, con la anulación del pleno municipal de 2004, que autorizaba el Plan general de Urbanismo de la ciudad, por problemas con su adjudicación contractual. El actual gobierno del PP-PA se muestra desconcertado ya que 'dicen' desconocer este asunto, por lo que no saben exactamente cómo actuar. Situación complicada pues a la exagerada demora judicial (tantas veces criticada), hay que unir el injustificable desconocimiento de la causa urbanística recién sentenciada. Como se ve una vez más, el Urbanismo sigue descontrolado a causa de unos actores incapaces de resolver nada y que, la mayoría de las veces, solo buscan el interés personal y/o partidista.
ELPAÍS* : La relación de Ronda (36.665 habitantes) con el urbanismo ha sido tradicionalmente complicada. Y, en alguna ocasión, escandalosa. La ordenación del suelo es una de las patas de la macrocausa por supuesta corrupción municipal (caso Acinipo) que derivó en la detención del camaleónico Antonio María Marín Lara, desbancado del sillón municipal en las elecciones de ese año tras siete en el cargo. Asimismo, este proceso ha vivido su punto más desmedido con el proyecto de Los Merinos, un complejo de lujo con 783 viviendas, un hotel y dos campos de golf cuyo plan parcial fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2012.
El Ayuntamiento, gobernado por PP y PA, anunció hace unos meses negociaciones con la promotora de esta urbanización (Copisa) para intentar sacar adelante el proyecto, aunque bastante más reducido —un solo campo de golf y la mitad de las viviendas proyectadas—. Se intenta sortear así la situación de atasco creada por la resolución del alto tribunal andaluz, que ahora ha dado otro susto al equipo de gobierno de Ronda. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Málaga del TSJA ha anulado el acuerdo de pleno que el 30 de diciembre de 2004 adjudicó a la empresa Territorio y Ciudad (del urbanista Manuel González Fustegueras) los trabajos de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La cuantía es de 659.000 euros y en ese momento, el alcalde era Marín Lara.
La primera consecuencia de la sentencia, que llega prácticamente una década después del recurso presentado por dos ediles de PSOE e IU (el cargo socialista rehusó continuar la causa en 2010) por supuestas irregularidades en el procedimiento, es el desconcierto total del equipo de la alcaldesa, Mari Paz Fernández (PP). El Ayuntamiento afirma que desconocía el pleito, pero el fallo relata varias veces cómo se dio audiencia al Ayuntamiento en el trámite oportuno y este no contestó.
Al margen de la búsqueda de los responsables de ese silencio, la cuestión es si puede aprovecharse el trabajo realizado, opción por la que se decanta el gobierno local. La revisión del PGOU fue aprobada inicialmente en 2012 y ya ha recibido los últimos informes medioambientales para adentrarse en la fase final de su tramitación y recibir luz verde de forma definitiva, algo que corresponde a la Junta. De momento, los trabajos están paralizados.
Tras días de análisis de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, la decisión ha sido no recurrir la sentencia y este lunes hay convocado un pleno extraordinario para declarar la “anulabilidad” de la adjudicación. Pero independientemente de esto, se busca la fórmula adecuada para retener el trabajo desarrollado. Varias fuentes jurídicas consultadas explican que la resolución judicial no afecta al contenido de la revisión ni a su tramitación, y que la solución pasaría por regularizar y ajustar a la ley los pagos efectuados al estudio de Fustegueras.
El fallo que declara nula la adjudicación relata que no se ha acreditado que los pliegos de condiciones incluidos en el expediente fueran los que aprobó el pleno. Tampoco consta el certificado obligatorio del interventor que justifique esa contratación, un “paso indispensable” para cumplir el objetivo de “eficiente utilización de los fondos públicos”.
Otra carencia es la “delegación expresa” del alcalde en los tenientes de alcalde para encabezar las sesiones de la mesa de contratación. Según la denuncia de la entonces edil de IU Remedios Ramos, la celebrada en febrero de 2004 estuvo presidida por Marín Lara, que en esa fecha estaba en el equipo de gobierno, pero no era alcalde. Hubo varias más. También se denunció que el expediente no incluía las solicitudes de los licitadores para participar en el concurso debidamente inscritas en el Registro General.
"Un corta y pega"
El recurso contra el acuerdo de pleno que adjudicó la revisión del PGOU de Ronda al estudio Territorio y Ciudad se sostuvo gracias a la entonces edil de IU Remedios Ramos. Este grupo se reafirma en su demanda y pide que se aproveche la sentencia que anula el contrato para la retirada completa del documento. “Es un desastre […] Hay que elaborar un plan con más participación social y un diagnóstico más realista”, apunta el edil de IU Álvaro Carreño.
El concejal explica que se fija un crecimiento de población estimado de 15.000 personas, cerca de 3.000 nuevas viviendas, algo que tacha de “desmesurado”. Fuentes municipales defienden que el número de casas proyectadas es prudente y que el objetivo principal es ordenar suelo para desarrollo industrial.
Carreño va más allá y critica que el documento del estudio de Manuel González Fustegueras es “un corta y pega” de otros. Según el edil, en la revisión de Ronda aprobada inicialmente en 2012, cuyos trabajos están ahora paralizados, se han colado gazapos que aluden a Chiclana y a El Puerto (sus planes fueron encargados a González Fustegueras) y se habla de la salida al mar en Ronda.
* El País - Esperanza Codina - 20.9.14
Foto: Entrada a la urbanización Los Merinos, a 12 kilómetros de Ronda. / JULIÁN ROJAS
El anterior gobierno de Ourense, de nuevo ante el juez por un caso urbanístico
El urbanismo en Ourense continúa siendo investigado, aunque sea años más tarde. En esta ocasión se trata del gobierno bipartito de la pasada legislatura, que legalizó una gran urbanización con orden judicial de derribo. Ya pasaron ante el juez varios imputados, menos el exalcalde, que comunicaron al juez que ellos habían firmado 'por el proceder habitual' de no leer nada. Reir por no llorar ante estos políticos 'interesados' que siempre dicen no saber nada, mientras con su firma están avalando lo contrario. Da lo mismo que sean municipales, provinciales, autonómicos o, incluso, estatales. Al final, en multitud de casos urbanísticos, todos se quitan de en medio porque parece que dependen de una casta especial donde reina la famosa ley de la 'Omertá' mafiosa. Así se escribe la historia de la corrupción urbanística que ha asolado en los últimos años gran parte de las ciudades y costas de este país. Vergonzoso, una vez más.
"ELPAÍS* : Legalizar una gran urbanización con orden de derribo y pagar una indemnización de 358.000 euros a una vecina de la zona que había denunciado irregularidades en la obra, ha llevado ante el juez a todo el gobierno bipartito de Ourense de la pasada legislatura. El juez de instrucción número 1 investiga presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos cometidos por dos Juntas de Gobierno de los años 2007 y 2009, en las que los ediles ourensanos legalización una operación urbanística urdida en los años noventa que derribó un antiguo convento de monjas del centro de la ciudad para levantar en su lugar viviendas, oficinas, una plaza y un aparcamiento subterráneo.
El exalcalde socialista, Francisco Rodríguez, no quiso prestar declaración ante el juez. Sí testificaron el actual regidor Agustín Fernández, la edil Ana Garrido, el exconcejal Demetrio Espinosa –todos del PSdeG– así como el exteniente de alcalde nacionalista Alexandre Sanchez Vidal. Todos aseguraron al instructor que firmaron los acuerdos sin leer nada “porque es el proceder habitual” ya que “confían” en las gestiones e informes realizados por Urbanismo. Justo antes de acceder al Palacio de Justicia, el actual regidor declaró sentirse “especialmente satisfecho y orgulloso” por haber evitado el derribo y el pago de indemnizaciones mediante un proceder “ajustado a la legalidad” que ahora investiga la justicia. El exconcejal del BNG, Sánchez Vidal, aprovechó la presencia de los medios de comunicación para deslizar críticas hacia la justicia porque, en su opinión, “algo falla si los imputados son los que intentan arreglar los desastres que dejó el PP” mientras los gobernantes que provocaron la “desfeita” permanecen “por ahí felices como perdices”. “No hicimos nada ilegal”, insistió.
La promoción urbanística que ha imputado a los políticos ourensanos fue ilegalizada, entre otras razones, porque los tribunales consideraron público el subsuelo ocupado por el aparcamiento que hay bajo la plaza y que gestiona una empresa privada sin concurso alguno. Para evitar el derribo y el pago de indemnizaciones millonarias, la edil de Urbanismo, Áurea Soto, y un abogado externo contratado como asistencia técnica, acordaron legalizar toda la obra en base a un informe elaborado por este letrado coruñés que también está imputado en la causa. Y es que ningún técnico municipal quiso avalar la operación con su firma.
Tras aquella legalización, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró la inejutabilidad del derribo. Paralelamente a este proceder, los políticos ourensanos también acordaron el pago de una indemnización de 358.000 euros a una vecina de la zona que había denunciado por la vía de lo contencioso-administrativo un perjuicio de luces en su vivienda. Tras el pago con fondos públicos, la vecina retiró la demanda que había interpuesto contra el Ayuntamiento. Este caso, iniciado tras una denuncia del grupo político de la oposición Democracia Ourensana a la que posteriormente se sumó un empresario, es una de las diez instrucciones judiciales que ha imputado al gobierno de Ourense. La instrucción de uno de ellos –el que indaga la adjudicación supuestamente irregular de la reforma de la calle Bedoya– concluirá en pocas semanas y según fuentes de la investigación, su cierre podría suponer la apertura de juicio oral a todo el gobierno de coalición entre nacionalistas y socialistas.
* El País - PABLO TABOADA - 17.9.14
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
Un juez imputa a la alcaldesa de Alicante por trato de favor
"INFOLIBRE* : Un juez ha imputado a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortiz en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación del Plan Rabassa, según informó este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a través de su cuenta de Twitter.
De acuerdo con la información, la alcaldesa de Alicante declarará como imputada por presunta prevaricación y tráfico influencias el 27 de noviembre a las 10:00 horas. Asimismo, el juez ha imputado a cuatro técnicos –dos del ayuntamiento y dos del Ministerio de Fomento– por favorecer al constructor, igualmente imputado.
El juez ha preguntado además al fiscal si procede la declaración como imputados del exalcalde de Alicante y predecesor de Castedo, Luis Díaz Alperi, y de la exsecretaria autonómica de Territorio.
La causa surge a raíz de una denuncia de EUPV que amplió la querella por la que se personó en su día en la pieza separada del caso Brugal que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, para que se indagara también sobre el Plan Rabassa, una macrourbanización en la que estaba prevista la construcción de 13.500 viviendas. Tanto Castedo como Ortiz están también imputados en esa pieza.
* InfoLibre - 17.9.14
Foto: Alicante, empresario E.Ortiz y alcaldesa S.Castedo - elpais
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Galicia.- La justicia pone en entredicho los grandes sumarios por corrupción
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La noticia más esperada por los grandes capos de la especulación urbanística y sus tramas mafiosas en Galicia. Como si la justicia fuera hoy día ejemplar en cualquier actividad relacionada con el urbanismo, se permite ahora el lujo de poner en entredicho todos los grandes procesos de corrupción, por defectos de forma. Es maravillosa esta justicia tan dócil con la delincuencia de los poderosos y tan rígida con los débiles. Los gravísimos casos en los que están implicados numerosos políticos y empresarios corruptos, como Pokémon u Orquesta, pueden terminar anulados por una justicia injusta que, sin duda, está más pendiente de salvar a los suyos de clase que a impartir sentencias ejemplares para que estas mafias urbanísticas no vuelvan a actuar en la zona. Lamentable decisión, por no decir palabras más fuertes, que hace dudar mucho de la imparcialidad judicial. Y no es la 1ª vez que sucede esto en Galicia.
"ELPAÍS* : Los años de investigaciones judiciales en los grandes sumarios abiertos por corrupción en Galicia, como las conocidas operaciones Orquesta y Pokémon, corren el peligro de irse al traste tras distintos fallos de las audiencias provinciales de Lugo y A Coruña que ponen en entredicho, por cuestiones de defectos formales, no de fondo, cómo se llevan a cabo estos sumarios de abultadas dimensiones.
Está planteada, pendiente de resolución, la posibilidad de que se anulen de un plumazo ambas instrucciones, una terminada con 26 políticos, funcionarios y constructores de la Costa da Morte imputados por diversos delitos como cohecho y prevaricación, y la otra aún en curso, con ya más de centenar de implicados en múltiples ayuntamientos de ciudades gallegas —y un par de otras autonomías— por una supuesta trama alrededor del grupo empresarial Vendex que supuestamente se hacía con contratas de servicios públicos a cambio de sobornos y favores.
Las defensas de varios de políticos imputados por corrupción tanto en la Orquesta como en la Pokémon ya han pedido la nulidad siguiendo los mismos pasos que llevaron a la Audiencia provincial de Lugo a absolver, hace unas semanas, a la veintena de personas, entre ellos altos cargos del Gobierno y ediles, acusadas de retirar ilegalmente multas de tráfico. El tribunal provincial decidió anular todas las pruebas de este caso, incluidas los cientos de horas de escuchas policiales que configuraban el meollo del sumario, por considerar que se había incumplido el “derecho fundamental al juez pretedeterminado por la ley”. Esto es, que al abrirse diligencias cuando se descubre por casualidad indicios de otro posible delito distinto al que se estaba investigando, hay que enviar el caso obligatoriamente “a reparto” para que el juez decano atribuya su investigación al juzgado que, por turno, le toque ese día.
Pero en los tres casos, el de las multas, la Orquesta y la Pokémon, los magistrados que los destaparon de forma fortuita, al surgir indicios en una conversación pinchada mientras estaban investigando otros hechos, se quedaron con esos sumarios. Fue la razón que llevó a la Audiencia de Lugo a anular de un plumazo, por vicio de nulidad, toda la instrucción que llevó a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital lucense, Estela San José, a procesar, entre otros, al exsubdelegado del Gobierno, el exjefe provincial de Tráfico o el alcalde de Muras. Todos, al igual que otra veintena de personas, fueron absueltos por la “anomalía procesal” de no haber enviado el caso, cuando se descubrió, “a reparto”. La decisión de San José de seguir tanto con el sumario inicialmente investigado, un caso de tráfico de drogas, y el destapado por casualidad al hilo de un pinchazo telefónico, el de tráfico de influencias y prevaricación por la retirada ilegal de multas, desembocó, según la Audiencia de Lugo, en la “llamada teoría del fruto del árbol envenenado”, es decir, que al ser ilegal el modo de iniciar la investigación, obliga a declarar nulas todas las pruebas que se recaben en ese proceso.
El extitular del Juzgado de Corcubión Andrés Lago Louro que instruyó el sumario del caso Orquesta —lo cerró en abril de 2013, justo antes de marcharse a su siguiente destino en Santiago— también estaba investigando un posible tráfico de drogas cuando destapó, por casualidad, la supuesta trama de sobornos y favores a cambio de obras públicas que le llevó a imputar a 26 políticos de cuatro ayuntamientos, funcionarios y constructores, entre ellos a los alcaldes de Fisterra, Mazaricos y Corcubión, los dos primeros del PP y el último del PSOE. Lago tampoco, al igual que San José, envió el caso a reparto. Varios de los implicados ya han pedido la nulidad de toda la instrucción por las mismas razones que llevaron a absolver a los acusados de las multas de Tráfico.
En el caso Pokémon son también varios los imputados, entre ellos el letrado del teniente de alcalde de A Coruña, Julio Flores, que espera que la Audiencia lucense vuelva a aplicar el mismo criterio y anule toda la gigantesca instrucción de la juez Pilar de Lara, ya que tampoco, al igual que sus colegas San José y Lago, envió a reparto el caso del que se enteró por casualidad cuando investigaba una trama de explotación de mujeres en la llamada Operación Carioca.
Cuatro juicios para un solo caso
La resolución, con el juicio oral, de la Operación Orquesta va para largo. La decisión de la Audiencia de A Coruña de obligar a trocear por cada ayuntamiento este sumario, en el que están imputados 26 políticos, funcionarios y constructores, entre ellos los alcaldes y ediles de Fisterra, Mazaricos, Corcubión y Cee, obligará a dilatar un caso cuya instrucción, tras cuatro años y medio, suma cientos de miles de folios e innumerables horas de conversaciones intervenidas. Además del trabajo que supone repartir en cuatro procesos distintos —uno por ayuntamiento— ese abultado sumario va a recaer en la nueva titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión, que tomará posesión en octubre. Será la tercera juez por la que pasará este asunto.
Evitar una innecesaria dilación es, sin embargo, una de las razones que esgrime la Audiencia coruñesa para imponer que se hagan piezas separadas del voluminoso sumario. Considera que no hay suficiente “conexidad”, esto es, nexo entre los hechos, para justificar que los 26 implicados sean juzgados todos a la vez. Por mucho que el nexo de este supuesta trama de sobornos y favores a cambio de obras públicas sean dos constructores, los Ogando, padre e hijos.
Son muchos los implicados en la Pokémon que esperan que, siguiendo ese criterio, la juez De Lara, cuando termine su gigantesca investigación que afecta a múltiples ayuntamientos donde cargos municipales habrían supuestamente cometido cohecho y tráfico de influencias, también desgaje el sumario para que se celebren varios juicios. Pero hasta ahora fueron vanos todos los intentos para que se obligase a la magistrada a trocear, antes de rematarla, su instrucción. La Audiencia de Lugo ya rechazó varios recursos en ese sentido.
* El País - PAOLA OBELLEIRO - 23.9.14
Foto: El alcalde de Fisterra (derecha) tras ser detenido por el 'caso Orquesta' / ÓSCAR CORRAL
La fiscalía pide la imputación del alcalde de El Puerto de Sta María por adjudicar sin concurso
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El Puerto de Sta María (Cádiz) es uno de los municipios del país que acumula mayor número de delitos urbanísticos en loa últimos años. Su urbanismo caótico y permisivo con las viviendas ilegales en ciertas zonas del mismo ha llevado a sentencias condenatorias contra el exalcalde independiente H.Díaz y varios exconcejales. Pero, lejos de aprender de errores pasados, el nuevo alcalde del PP, A.Candón, continúa con la misma actividad especulativa y partidista, contraria al indispensable bien común urbanístico. Ahora se trata de la concesión del servicio de aguas, por la empresa Aqualia, cuya adjudicación para nuevas obras ha sido realizada a dedo, sin el necesario concurso público. Un delito grave que hará pasar a otro alcalde de la localidad, próximamente, por los juzgados.
"ELPAÍS* : La Fiscalía ha solicitado la imputación del alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Alfonso Candón (PP), por su participación en supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al haber votado en el consejo de administración de Aguas del Puerto Empresa Municipal (Apemsa) la prórroga, durante seis años y sin concurso, de concesiones de obras a la firma Aqualia, del grupo FCC.
La concesionaria recibió contratos para la obra de ampliación del tanque de tormentas (el depósito que recoge las aguas pluviales) y el mantenimiento de la estación de bombeo de la ciudad. Apemsa justificó entonces la renovación automática en la necesidad de compensar a la empresa ante la necesidad de realizar obras de mejoras, a pesar de la falta de liquidez del Ayuntamiento para ejecutarlas.
El decreto de la fiscalía detalla en un escrito de 22 folios que la relación de Apemsa con la empresa “no puede tener carácter perpetuo o indefinido”, por lo que entiende que se habría hecho necesaria la apertura de concursos públicos en defensa de los intereses de la ciudad.
El fiscal denuncia estos hechos ante el juzgado Decano de El Puerto y pide la apertura de diligencias para la toma de declaración “en calidad de imputados” a los responsables de la empresa de aguas de El Puerto y los seis miembros del consejo de administración que apoyaron las prórrogas, en las reuniones celebradas en agosto y diciembre de 2010, momento en que el PP ya gobernaba en la ciudad.
Entre los representantes del PP que dieron su voto favorable figuraba el hoy alcalde y diputado en el Congreso, Alfonso Candón, que entonces era consejero, y el exalcalde portuense y, en aquel momento presidente además de Apemsa, Enrique Moresco, hoy retirado de la actividad municipal.
El fiscal excluye a los miembros de la oposición, que rechazaron las prórrogas y advirtieron de la posible ilegalidad de la acción. También pide que declaren en calidad de testigos los técnicos que justificaron la necesidad de realizar las obras.
La fiscalía responde a una denuncia presentada por la plataforma local contra la privatización de Apemsa, que precisó que, como resultado de las renovaciones, Aqualia se habría embolsado 30,2 millones de euros.
Además de la prórroga de concesiones, el Ayuntamiento aprobó en julio de 2013 la venta del 49% de Apemsa a Aqualia, que tendrá consideración de “socio tecnológico” durante los próximos 25 años a cambio de 20 millones de euros.
El alcalde portuense aseguró ayer, una vez difundida la petición del fiscal, que su voto y el de sus compañeros estuvieron basados en “informes técnicos que no apreciaron irregularidad alguna”. Candón dijo sentirse “tranquilo” y a la espera de poder conocer más detalles del decreto de la fiscalía que, según su versión, no había llegado ayer al Ayuntamiento.
Candón recordó que, en el supuesto de que el juez estime la petición del fiscal, abriendo diligencias, el asunto deberá ser visto en su caso por el Tribunal Supremo, dada su condición de aforado al ser miembro de la Cámara baja.
La petición de imputación se conoció ayer, al mismo tiempo que la nominación de Candón como cabecera de lista del PP a la alcaldía de la ciudad en 2015.
Las concesiones cuestionadas se refieren a un tanque de tormentas y otras actuaciones en la estación de bombeo Aurora encargadas directamente a Aqualia, filial de FCC, actual concesionaria de otros servicios en la ciudad. El consejo de administración de Apemsa ofreció a la empresa agrupar y renovar a la vez los contratos de depuración, alcantarillado y tratamiento de la prisiones mediante una prórroga, sin concurso y por espacio de seis años.
* El País - FRANCISCO JOSÉ ROMÁN - 19.9.14
Foto: Puerto de Santa María (Cádiz), zona portuaria - puertocadiz
La juez anula la licencia del hotel Kaype al permitir Llanes más edificabilidad de la máxima legal
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Continúa la polémica con el hotel almeriense de El Algarrobico y la de su semejante el hotel Talaso en Pontevedra, pero lo mismo puede decirse de este hotel en la costa de Llanes (Asturias). Situado en primera línea de la playa de Barro ha construido por encima de lo permitido en la normativa urbanística, por lo que, ahora, deberá ser derribado el exceso de edificabilidad. La justicia, como siempre, ha llegado tarde y ya se han realizado las obras ilegalmente, además de que queda pendiente otro juicio sobre los terrenos base del hotel. Es decir, demasiadas irregularidades para este hotel por parte del ayuntamiento socialista de Llanes y que, visto lo visto en los otros dos casos antes citados, lleva el mismo camino de perpetuarse con la lenta administración judicial. Lamentable ejemplo, ahora en el Cantábrico.
"LNE* : El Ayuntamiento de Llanes suma una nueva derrota en los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Oviedo ha anulado la licencia concedida por las autoridades municipales para ampliar el hotel Kaype, situado en primera línea de la playa de Barru. La sentencia fue emitida el pasado día 12 por la juez P.Martínez Cenayes y no es firme, dado que contra ella cabe interponer, antes de 15 días, un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
La juez estimó parcialmente el recurso presentado contra la licencia de obras para ampliar el Kaype por un vecino de Barru, Ignacio Fernández, representado por el abogado Gerardo de la Iglesia, al concluir que el equipo de gobierno de Llanes, del PSOE, concedió a la empresa propietaria del hotel, Carrera y Pérez S. L. más edificabilidad de la máxima legal permitida. En concreto, el Ayuntamiento de Llanes concedió a los propietarios del Kaype una edificabilidad de 0,90 metros cuadrados por cada metro cuadrado de suelo. No obstante, la edificabilidad "real" que se está ejecutando en el Kaype es superior (aproximadamente de 0,95), porque no se restaron para hallar el cómputo los más de 400 metros cuadrados que se incluyeron, "por error", en un primer momento en el proyecto y que eran propiedad de la Demarcación de Costas.
Aunque la sentencia no entra en cifras concretas, un simple cálculo sirve para concluir que en el Kaype se están construyendo (la obra aún no ha acabado) unos 1.200 metros cuadrados más del máximo legal permitido (casi dos plantas de más), pues la parcela del Kaype suma 8.214,36 metros cuadrados y se están construyendo 7.813,19 metros cuadrados, cuando la edificabilidad máxima, de 0,80, permitiría construir únicamente 6.571,48 metros cuadrados. La juez anula la licencia de ampliación del Kaype únicamente en lo referido a la edificabilidad concedida, "que habrá de limitarse a 0,80 metros cuadrados por metro cuadrado", según se indica en el fallo.
Pese al "elevado grado de complejidad" que ha alcanzado el conflicto judicial y a los "sucesivos y contradictorios informes emitidos" tanto por el Ayuntamiento como por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en torno al Kaype, la juez Martínez Cenayes entra a conocer el fondo del asunto.
Por un lado, la juez atiende las conclusiones de la CUOTA sobre que el suelo afectado por la ampliación del Kaype es urbano, así como los informes municipales que aseguran que las parcelas afectadas pueden ser consideradas un solar. Esta conclusión ha sido posible porque el perito judicial (a quien la juez da la máxima credibilidad cuando sus conclusiones chocan con los peritos de las dos partes en litigio y con los técnicos municipales y regionales) sólo pudo constatar que en la actualidad las parcelas son "innegablemente" un solar (el edificio ya está casi terminado), aunque matiza que ignora cuál sería su condición en el momento en que se solicitó la licencia, el 18 de diciembre de 2012.
Hay una segunda cuestión de importancia sobre la que se manifiesta la juez Martínez Cenayes: el rechazo por extemporáneo de un recurso de reposición presentado en mayo de 2013 por Ignacio Fernández contra la concesión de la licencia para ampliar el Kaype. El Ayuntamiento de Llanes rechazó el recurso al considerar que se presentó fuera de plazo. La juez rechaza punto por punto todos los argumentos municipales y subraya los múltiples "errores" cometidos por los servicios técnicos jurídicos municipales al desestimarlo.
* LNE - Ramón Díaz - 18.9.14
Foto: Hotel Kaype en Llanes - lne
El marido de Cospedal, ‘salpicado’ en la presunta trama de comisiones ilegales de Pujol Ferrusola
Parece que 'Dios los cría y ellos se juntan', el caso de corrupción de la familia del expresident Pujol tiene más ramificaciones de las que se creía. Y, cómo no, siempre aparece uno de los mayores especuladores del reino, López Hierro, marido de la secretaria general del PP, Dolores Cospedal. Este corrupto conocido hizo operaciones empresariales en África, en nombre de la Generalitat catalana, con J.Pujol Ferrusola, de las que, lógicamente, no hay constancia oficial de lo cobrado en comisiones ilegales. En concreto, ha sido el propio Pujol el que ha declarado judicialmente que hizo con él un proyecto de construcción en 2001 de un sistema de red eléctrica en Gabón. Pero los negocios del marido de Cospedal se extienden por más sectores económicos, con mayor presencia en la construcción y la promoción inmobiliaria, por lo que no sería de extrañar que siguieran apareciendo próximamente más actos delictivos semejantes. Y todo ello con la justicia de su parte, claro.
"CECILIA GUZMÁN* : Jordi Pujol Ferrusola hizo negocios con el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, según lo declaró el hijo del expresidente catalán ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, el lunes pasado. Pujol Ferrusola tuvo que explicar al magistrado por qué no existe soporte documental sobre su intermediación en operaciones empresariales como éstas. La investigación apunta a un cobro de comisiones irregulares a empresas adjudicatarias de la Generalitat.
Una operación en África
Pujol Ferrusola mencionó el nombre de Ignacio López del Hierro como prueba de que él ha hecho negocios con personas de diferentes ámbitos, según fuentes presentes en la declaración, citadas por La Vanguardia. El hijo del expresidente catalán participó con el marido de Cospedal, en 2001, en un proyecto de construcción de un sistema de red eléctrica en Gabón.
López del Hierro controlaba la firma junto al hermano de un conceller
Según declaró Pujol Ferrusola, él actuó en esa operación como director general de la empresa IbadesaCat, dependiente de Ibadesa, en Madrid, constituida por López del Hierro, junto con Jorge Puig Godes (hermano del conceller de Empresa, Felip Puig), en 1996. En 1998, el marido de Cospedal vendió sus acciones, un 15%, a Puig, pero continuó siendo consejero de la compañía hasta marzo de 2004, según datos de la investigación, desvelados por El Mundo. A pesar de lo afirmado por Pujol Ferrusola, su nombre no figura en el Registro Mercantil como socio o consejero de esta entidad, figurando formalmente sólo los mencionados Puig y López del Hierro.
El papel jugado por López del Hierro, una incógnita
El primogénito del expresident señaló a “Ignacio López del Hierro, marido de la señora Cospedal” como partícipe en aquel negocio en 2001, que se llevó la empresa Isolux, contratista de la Generalitat y sospechosa de pagar comisiones al clan Pujol.
En aquella operación en Gabón la firma Ibadesa tuvo “alguna participación”, según la UDEF, pero se está investigando el papel en la misma de López del Hierro. La Policía considera que Ibadesa Cat se encuentra bajo el control directo de Pujol Ferrusola, que utiliza a Puig Godés como testaferro, y que ha cobrado importantes cantidades de Isolux.
No existen contratos para justificar los pagos a Pujol Ferrusola
El hijo de Pujol tuvo que explicar por qué no hay soporte documental sobre su labor en esta operación empresarial en la que participó el marido de Cospedal, ni en otras. Su explicación fue que su intermediación en operaciones era una cuestión de confianza y que, normalmente, no se formalizaban, tan sólo se facturaban. Ferrusola argumentó que no quería tener firmas en contratos ni intermediar públicamente por la resonancia de su apellido y que con los empresarios con los que trabajó tenía plena confianza.
López del Hierro, un empresario de actualidad
El nombre del marido de Cospedal no ha dejado de estar de actualidad desde que el PP llegó al Gobierno, y el empresario ha ido ampliando su presencia en múltiples empresas a buen ritmo, después de que en octubre de 2013 se convirtiera en consejero de administración de Iberdrola Inmobiliaria, filial de la eléctrica. En 2012 se había incorporado a su filial de ingeniería, Iberinco.
Los cobros de Liberbank
Ha sido investigado por la Fiscalía por apropiación indebida y falsedad documental por los pagos presuntamente irregulares que le pagó Liberbank (la entidad que agrupa a Grupo Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria), 7.000 euros mensuales. El caso fue archivado.
El escándalo de Red Eléctrica de España
En marzo de 2012, su nombre se fijó en todas las portadas por su fichaje por Red Eléctrica de España (REE), una empresa privada controlada por la participación pública, con un sueldo de 180.000 euros al año. El escándalo fue mayúsculo, al tratarse del marido de la secretaria general del PP. Según algunas publicaciones, Mariano Rajoy tuvo que intervenir para forzar su renuncia. Desde la llegada de María Dolores Cospedal a la secretaria general del PP,López del Hierro ha participado en, al menos, 14 consejos de administración, según informaciones anterioes de ELPLURAL.COM.
Consejero de varias empresas
El entramado empresarial en el que López del Hierro tiene representación es complejo. Según un informe de la Policía Económica (Udef), al que tuvo acceso ELPLURAL.COM, es presidente y consejero de Equipos Técnicos Unidos S.A. y fue consejero desde 2011 de la empresa Amper S.A. (empresa centrada en los sistemas y equipos de telecomunicación y electrónica). Este último puesto lo abandonó, según se supo en enero pasado. Mantiene, sin embargo, su asiento en los consejos de Renta Corporación e Itínere.
Negocios en el ladrillo, la sanidad, la restauración y la asesoría
Los negocios del marido de Cospedal se extienden por siete sectores económicos, con mayor presencia en la construcción y la promoción inmobiliaria. Según el citado informe, es apoderado desde 1991 de la empresa Constructora Continental S.A., vicepresidente y apoderado mancomunado de Interra Sociedad Anónima, y consejero de Renta Corporación Real Estate (hasta junio de 2013). Antes, fue consejero ejecutivo de Metrovacesa, y consejero de Bami Newco Sociedad Anónima, Asturcontinenta de Edificaciones y Promociones Coto de los Ferranes. También habría tenido intereses en el ámbito sanitario como consejero de Planiger S.A., y en el de la restauración, como consejero delegado de la empresa Serrano 50. También en el de la asesoría, como consejero de Lincoln International Spain o Star Inmogestión S.A.
* El Plural - CG - 18.9.14
Foto: Cospedal y su marido empresario - confidencial
Andalucía.- Reino Unido presiona para salvar más viviendas ilegales de británicos
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Lo que faltaba, además de las irregularidades de la Junta de Andalucía en cuestión de amnistía de viviendas ilegales, vienen ahora los británicos (mayoría en la costa) a exigir más legalizaciones para las suyas, que también se saltaron las normas urbanísticas municipales y/o autonómicas. La embajada aplaude la regularización anunciada por la Junta, pero reclama una salida para las casas con órdenes de derribo o inmersas en procesos judiciales. Por supuesto que la inútil en esta cuestión, Junta, terminará dándoles la razón ya que 'dinero es dinero' y el turismo británico en la costa tiene una gran importancia. Es decir que aquí se hacen las leyes en función de quién paga, si es un pobrecito labrador que se hace un chamizo, rápidamente lo derriban, pero si es una colonia de tanto peso económico como la británica, hacen todo lo posible por agradarla. Lamentable discriminación de la Junta del PSOE+IU que en esto se parece a otras Comunidades 'populares' que practican las mismas ilegalidades. Todo ello, además, bendecido por la 'sacrosanta' justicia urbanística que sigue ejerciendo su eterno papel de D.Tancredo.
"ELPAÍS* : El Gobierno de la socialista Susana Díaz apenas había echado a andar cuando hace casi un año —a finales de octubre de 2013— surgieron los primeros problemas por el flanco del descontrol urbanístico. En Cantoria, un municipio almeriense, las piquetas acabaron con dos casas propiedad de ciudadanos británicos. El derribo de estas construcciones ilegales levantó el interés de la prensa británica. Y la embajada del Reino Unido solicitó a la Junta una reunión para abordar este conflicto. "El embajador [Simon Manley] ha planteado este asunto en conversaciones con diferentes autoridades, tanto nacionales como autonómicas", reconoce el Gobierno británico.
En febrero de este año se produjo el primer encuentro con la Consejería de Medio Ambiente. El 27 de agosto se reunieron la presidenta andaluza y el embajador. Fuentes presentes en ese encuentro sostienen que el representante del Ejecutivo británico destacó el "problema" de sus compatriotas que son dueños de edificaciones ilegales en la costa andaluza. La presidenta de la Junta respondió que la consejería ya estaba trabajando en buscar una salida, apuntan las mismas fuentes.
Díaz ha anunciado esta semana en el Parlamento una modificación de la ley urbanística andaluza, la LOUA, que permitirá regularizar entre 20.000 y 25.000 casas ilegales. Se trata, principalmente, de construcciones aisladas ubicadas en municipios de Almería y Málaga, donde se concentra el problema con los ciudadanos británicos, que suelen argumentar que desconocían el origen ilegal de los terrenos y las casas cuando las compraron.
El cambio anunciado no supondrá la legalización de las edificaciones levantadas en suelos no urbanizables, pero la regularización permitirá un reconocimiento de la Administración. Es decir, "tendrán la seguridad de que las casas no se van a demoler", apunta Nieves Masegosa, secretaria general de Ordenación del Territorio de la Junta. Además, las casas podrán acceder con garantías al suministro de agua y luz, algo que deberán costear los propietarios. Podrán también inscribirlas en el registro, con lo que se admitirá legalmente la venta o donación.
El cambio normativo —que aún no se ha aprobado— ha despertado las críticas feroces de la organización Ecologistas en Acción, que acusa a la Administración andaluza de apostar "por el urbanismo ilegal". IU, socio de gobierno del PSOE en la Junta, se negó a apoyar el jueves esta modificación en el Parlamento. Pero no se descarta que la coalición de izquierdas acabe respaldando el cambio. "No pretendemos tirar todas las casas ilegales de Andalucía, no se puede hacer", reconoce José Antonio Castro, portavoz de IU en el Parlamento autónomo.
La embajada del Reino Unido, que ya conocía que iba a haber cambios, acoge con cautela el anuncio. "Esperamos que eso permita a muchos más propietarios beneficiarse del decreto de regularización [aprobado por la Junta en 2012], además de potencialmente abrir el camino para que puedan obtener la propiedad legal sobre sus inmuebles", sostiene una portavoz. "Sería un primer paso muy sensato", añade.
Pero el Gobierno británico pide más: quiere que la Junta "aborde la grave situación en que se encuentran algunos propietarios de nacionalidad británica, cuyos inmuebles están inmersos en actuaciones judiciales en los tribunales o que ya se enfrentan a órdenes de derribo". Esta petición no va a encontrar respuesta en la Junta, entre otras cosas, porque supondría invadir competencias de los jueces, apuntan fuentes de la Administración regional.
En verdad, lo anunciado ahora por la Junta no es más que una ampliación del decreto aprobado por el Gobierno andaluz a principios de 2012. Esa norma suponía el indulto de unas 250.000 viviendas levantadas sin permisos. El decreto, que aún tiene una aplicación muy baja, afectaba, principalmente, a las grandes urbanizaciones ilegales repartidas por toda la comunidad. Pero dejaba fuera a las construcciones aisladas en terrenos parcelados, que seguían en un "limbo jurídico", como lo ha calificado la Junta. Lo que se hará ahora es que la parcelación de un terreno en zona no urbanizable —es decir, su división para la venta o construcción de varias casas— también prescriba y así puedan regularizarse las edificaciones. Pero esta modificación, recalca la Consejería de Medio Ambiente, sólo afectará a las casas aisladas que se quedaron fuera del decreto de hace algo más de dos años y medio. "No es una amnistía ni una legalización", recalca Nieves Masegosa.
Díaz no ve en peligro el pacto con IU
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha negado este viernes que su pacto con IU en Andalucía esté en peligro por la discrepancia surgida sobre la modificación de la ley urbanística de la comunidad. Díaz ha reiterado que los cambios previstos para regularizar unas 25.000 viviendas se van a acometer “dentro de la legalidad” para dar una solución a “miles de familias que viven en el limbo”.
La presidenta ha asegurado que los servicios jurídicos de la Junta “están trabajando de manera acelerada para dar seguridad” a esta situación. Por su parte, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, ha afirmado que la regularización no será “un café para todos” y que no se cambiará la situación de las casas que estén levantadas en suelos protegidos.
IU se negó el jueves a aprobar en el Parlamento la modificación propuesta por Díaz, aunque más por un problema de formas que de fondo.
El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, ha advertido este viernes de la “constante inestabilidad” en la que vive la Junta. “Todos los días llega un rumor de posible adelanto electoral o una posible ruptura de la coalición”, ha sostenido. “Todos los días hay inestabilidad”, ha reiterado.
En su opinión, esta situación no es positiva, porque no se puede vivir “en una permanente incertidumbre”. Moreno ha pedido a Díaz que “controle a su Gobierno”, puesto que “ha perdido el control y no lo controla, ni a IU”. Ha añadido, además, que el andaluz es un “Gobierno de perfil muy bajo, sin músculo, sin iniciativas, sin ambiciones”. Por ello, reitera que es necesario que la presidenta cambie a “consejeros que están muy quemados”.
* El País - MANUEL PLANELLES - 19.9.14
Foto: Viviendas ilegales en Alcaucín, en Málaga. / GARCÍA-SANTOS
