Ronda intenta sortear otro varapalo del TSJA a su desarrollo urbanístico

Otro municipio que lleva bastantes años en el ojo del huracán urbanístico es el de Ronda (Málaga), allí se han sucedido varios casos de corrupción, siendo el más conocido el de la macrourbanización Los Merinos, cuyo Plan fue anulado por la justicia hace dos años. Pero ahora sale a la luz otro asunto más grave, si cabe, con la anulación del pleno municipal de 2004, que autorizaba el Plan general de Urbanismo de la ciudad, por problemas con su adjudicación contractual. El actual gobierno del PP-PA se muestra desconcertado ya que 'dicen' desconocer este asunto, por lo que no saben exactamente cómo actuar. Situación complicada pues a la exagerada demora judicial (tantas veces criticada), hay que unir el injustificable desconocimiento de la causa urbanística recién sentenciada. Como se ve una vez más, el Urbanismo sigue descontrolado a causa de unos actores incapaces de resolver nada y que, la mayoría de las veces, solo buscan el interés personal y/o partidista.
ELPAÍS* : La relación de Ronda (36.665 habitantes) con el urbanismo ha sido tradicionalmente complicada. Y, en alguna ocasión, escandalosa. La ordenación del suelo es una de las patas de la macrocausa por supuesta corrupción municipal (caso Acinipo) que derivó en la detención del camaleónico Antonio María Marín Lara, desbancado del sillón municipal en las elecciones de ese año tras siete en el cargo. Asimismo, este proceso ha vivido su punto más desmedido con el proyecto de Los Merinos, un complejo de lujo con 783 viviendas, un hotel y dos campos de golf cuyo plan parcial fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2012.

El Ayuntamiento, gobernado por PP y PA, anunció hace unos meses negociaciones con la promotora de esta urbanización (Copisa) para intentar sacar adelante el proyecto, aunque bastante más reducido —un solo campo de golf y la mitad de las viviendas proyectadas—. Se intenta sortear así la situación de atasco creada por la resolución del alto tribunal andaluz, que ahora ha dado otro susto al equipo de gobierno de Ronda. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Málaga del TSJA ha anulado el acuerdo de pleno que el 30 de diciembre de 2004 adjudicó a la empresa Territorio y Ciudad (del urbanista Manuel González Fustegueras) los trabajos de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La cuantía es de 659.000 euros y en ese momento, el alcalde era Marín Lara.

La primera consecuencia de la sentencia, que llega prácticamente una década después del recurso presentado por dos ediles de PSOE e IU (el cargo socialista rehusó continuar la causa en 2010) por supuestas irregularidades en el procedimiento, es el desconcierto total del equipo de la alcaldesa, Mari Paz Fernández (PP). El Ayuntamiento afirma que desconocía el pleito, pero el fallo relata varias veces cómo se dio audiencia al Ayuntamiento en el trámite oportuno y este no contestó.

Al margen de la búsqueda de los responsables de ese silencio, la cuestión es si puede aprovecharse el trabajo realizado, opción por la que se decanta el gobierno local. La revisión del PGOU fue aprobada inicialmente en 2012 y ya ha recibido los últimos informes medioambientales para adentrarse en la fase final de su tramitación y recibir luz verde de forma definitiva, algo que corresponde a la Junta. De momento, los trabajos están paralizados.

Tras días de análisis de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, la decisión ha sido no recurrir la sentencia y este lunes hay convocado un pleno extraordinario para declarar la “anulabilidad” de la adjudicación. Pero independientemente de esto, se busca la fórmula adecuada para retener el trabajo desarrollado. Varias fuentes jurídicas consultadas explican que la resolución judicial no afecta al contenido de la revisión ni a su tramitación, y que la solución pasaría por regularizar y ajustar a la ley los pagos efectuados al estudio de Fustegueras.

El fallo que declara nula la adjudicación relata que no se ha acreditado que los pliegos de condiciones incluidos en el expediente fueran los que aprobó el pleno. Tampoco consta el certificado obligatorio del interventor que justifique esa contratación, un “paso indispensable” para cumplir el objetivo de “eficiente utilización de los fondos públicos”.

Otra carencia es la “delegación expresa” del alcalde en los tenientes de alcalde para encabezar las sesiones de la mesa de contratación. Según la denuncia de la entonces edil de IU Remedios Ramos, la celebrada en febrero de 2004 estuvo presidida por Marín Lara, que en esa fecha estaba en el equipo de gobierno, pero no era alcalde. Hubo varias más. También se denunció que el expediente no incluía las solicitudes de los licitadores para participar en el concurso debidamente inscritas en el Registro General.

"Un corta y pega"

El recurso contra el acuerdo de pleno que adjudicó la revisión del PGOU de Ronda al estudio Territorio y Ciudad se sostuvo gracias a la entonces edil de IU Remedios Ramos. Este grupo se reafirma en su demanda y pide que se aproveche la sentencia que anula el contrato para la retirada completa del documento. “Es un desastre […] Hay que elaborar un plan con más participación social y un diagnóstico más realista”, apunta el edil de IU Álvaro Carreño.

El concejal explica que se fija un crecimiento de población estimado de 15.000 personas, cerca de 3.000 nuevas viviendas, algo que tacha de “desmesurado”. Fuentes municipales defienden que el número de casas proyectadas es prudente y que el objetivo principal es ordenar suelo para desarrollo industrial.

Carreño va más allá y critica que el documento del estudio de Manuel González Fustegueras es “un corta y pega” de otros. Según el edil, en la revisión de Ronda aprobada inicialmente en 2012, cuyos trabajos están ahora paralizados, se han colado gazapos que aluden a Chiclana y a El Puerto (sus planes fueron encargados a González Fustegueras) y se habla de la salida al mar en Ronda.


* El País - Esperanza Codina - 20.9.14
Foto: Entrada a la urbanización Los Merinos, a 12 kilómetros de Ronda. / JULIÁN ROJAS