Andalucía.- Reino Unido presiona para salvar más viviendas ilegales de británicos

Lo que faltaba, además de las irregularidades de la Junta de Andalucía en cuestión de amnistía de viviendas ilegales, vienen ahora los británicos (mayoría en la costa) a exigir más legalizaciones para las suyas, que también se saltaron las normas urbanísticas municipales y/o autonómicas. La embajada aplaude la regularización anunciada por la Junta, pero reclama una salida para las casas con órdenes de derribo o inmersas en procesos judiciales. Por supuesto que la inútil en esta cuestión, Junta, terminará dándoles la razón ya que 'dinero es dinero' y el turismo británico en la costa tiene una gran importancia. Es decir que aquí se hacen las leyes en función de quién paga, si es un pobrecito labrador que se hace un chamizo, rápidamente lo derriban, pero si es una colonia de tanto peso económico como la británica, hacen todo lo posible por agradarla. Lamentable discriminación de la Junta del PSOE+IU que en esto se parece a otras Comunidades 'populares' que practican las mismas ilegalidades. Todo ello, además, bendecido por la 'sacrosanta' justicia urbanística que sigue ejerciendo su eterno papel de D.Tancredo.
"ELPAÍS* : El Gobierno de la socialista Susana Díaz apenas había echado a andar cuando hace casi un año —a finales de octubre de 2013— surgieron los primeros problemas por el flanco del descontrol urbanístico. En Cantoria, un municipio almeriense, las piquetas acabaron con dos casas propiedad de ciudadanos británicos. El derribo de estas construcciones ilegales levantó el interés de la prensa británica. Y la embajada del Reino Unido solicitó a la Junta una reunión para abordar este conflicto. "El embajador [Simon Manley] ha planteado este asunto en conversaciones con diferentes autoridades, tanto nacionales como autonómicas", reconoce el Gobierno británico.

En febrero de este año se produjo el primer encuentro con la Consejería de Medio Ambiente. El 27 de agosto se reunieron la presidenta andaluza y el embajador. Fuentes presentes en ese encuentro sostienen que el representante del Ejecutivo británico destacó el "problema" de sus compatriotas que son dueños de edificaciones ilegales en la costa andaluza. La presidenta de la Junta respondió que la consejería ya estaba trabajando en buscar una salida, apuntan las mismas fuentes.

Díaz ha anunciado esta semana en el Parlamento una modificación de la ley urbanística andaluza, la LOUA, que permitirá regularizar entre 20.000 y 25.000 casas ilegales. Se trata, principalmente, de construcciones aisladas ubicadas en municipios de Almería y Málaga, donde se concentra el problema con los ciudadanos británicos, que suelen argumentar que desconocían el origen ilegal de los terrenos y las casas cuando las compraron.

El cambio anunciado no supondrá la legalización de las edificaciones levantadas en suelos no urbanizables, pero la regularización permitirá un reconocimiento de la Administración. Es decir, "tendrán la seguridad de que las casas no se van a demoler", apunta Nieves Masegosa, secretaria general de Ordenación del Territorio de la Junta. Además, las casas podrán acceder con garantías al suministro de agua y luz, algo que deberán costear los propietarios. Podrán también inscribirlas en el registro, con lo que se admitirá legalmente la venta o donación.

El cambio normativo —que aún no se ha aprobado— ha despertado las críticas feroces de la organización Ecologistas en Acción, que acusa a la Administración andaluza de apostar "por el urbanismo ilegal". IU, socio de gobierno del PSOE en la Junta, se negó a apoyar el jueves esta modificación en el Parlamento. Pero no se descarta que la coalición de izquierdas acabe respaldando el cambio. "No pretendemos tirar todas las casas ilegales de Andalucía, no se puede hacer", reconoce José Antonio Castro, portavoz de IU en el Parlamento autónomo.

La embajada del Reino Unido, que ya conocía que iba a haber cambios, acoge con cautela el anuncio. "Esperamos que eso permita a muchos más propietarios beneficiarse del decreto de regularización [aprobado por la Junta en 2012], además de potencialmente abrir el camino para que puedan obtener la propiedad legal sobre sus inmuebles", sostiene una portavoz. "Sería un primer paso muy sensato", añade.

Pero el Gobierno británico pide más: quiere que la Junta "aborde la grave situación en que se encuentran algunos propietarios de nacionalidad británica, cuyos inmuebles están inmersos en actuaciones judiciales en los tribunales o que ya se enfrentan a órdenes de derribo". Esta petición no va a encontrar respuesta en la Junta, entre otras cosas, porque supondría invadir competencias de los jueces, apuntan fuentes de la Administración regional.

En verdad, lo anunciado ahora por la Junta no es más que una ampliación del decreto aprobado por el Gobierno andaluz a principios de 2012. Esa norma suponía el indulto de unas 250.000 viviendas levantadas sin permisos. El decreto, que aún tiene una aplicación muy baja, afectaba, principalmente, a las grandes urbanizaciones ilegales repartidas por toda la comunidad. Pero dejaba fuera a las construcciones aisladas en terrenos parcelados, que seguían en un "limbo jurídico", como lo ha calificado la Junta. Lo que se hará ahora es que la parcelación de un terreno en zona no urbanizable —es decir, su división para la venta o construcción de varias casas— también prescriba y así puedan regularizarse las edificaciones. Pero esta modificación, recalca la Consejería de Medio Ambiente, sólo afectará a las casas aisladas que se quedaron fuera del decreto de hace algo más de dos años y medio. "No es una amnistía ni una legalización", recalca Nieves Masegosa.

Díaz no ve en peligro el pacto con IU

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha negado este viernes que su pacto con IU en Andalucía esté en peligro por la discrepancia surgida sobre la modificación de la ley urbanística de la comunidad. Díaz ha reiterado que los cambios previstos para regularizar unas 25.000 viviendas se van a acometer “dentro de la legalidad” para dar una solución a “miles de familias que viven en el limbo”.
La presidenta ha asegurado que los servicios jurídicos de la Junta “están trabajando de manera acelerada para dar seguridad” a esta situación. Por su parte, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, ha afirmado que la regularización no será “un café para todos” y que no se cambiará la situación de las casas que estén levantadas en suelos protegidos.
IU se negó el jueves a aprobar en el Parlamento la modificación propuesta por Díaz, aunque más por un problema de formas que de fondo.
El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, ha advertido este viernes de la “constante inestabilidad” en la que vive la Junta. “Todos los días llega un rumor de posible adelanto electoral o una posible ruptura de la coalición”, ha sostenido. “Todos los días hay inestabilidad”, ha reiterado.
En su opinión, esta situación no es positiva, porque no se puede vivir “en una permanente incertidumbre”. Moreno ha pedido a Díaz que “controle a su Gobierno”, puesto que “ha perdido el control y no lo controla, ni a IU”. Ha añadido, además, que el andaluz es un “Gobierno de perfil muy bajo, sin músculo, sin iniciativas, sin ambiciones”. Por ello, reitera que es necesario que la presidenta cambie a “consejeros que están muy quemados”.


* El País - MANUEL PLANELLES - 19.9.14
Foto: Viviendas ilegales en Alcaucín, en Málaga. / GARCÍA-SANTOS