Fiscalía pide el derribo de 98 viviendas de británicos construidas sin licencia en Albox

Sigue coleando, y lo hará por bastante tiempo, el tema de las decenas de miles de viviendas ilegales en Andalucía. Tras la declaración de la presidenta de la Junta de que iba a autorizar más legalizaciones irregulares y el Decreto de hace 2 años que ya lo permitió a muchísimas, han saltado asociaciones, plataformas ciudadanas, partidos políticos y hasta la propia justicia, diciendo que eso era imposible de cumplir y que la Ley está para acatarla. Sin duda, la Junta actúa por razones meramente electoralistas, aunque haya casos como el del hotel almeriense de EL Algarrobico que le esté dando un resultado más negativo que positivo. Otra cosa es que los ciudadanos británicos (como los demás) pidan responsabilidades económicas si realmente no sabían las condiciones de ilegalidad, pero eso deberían demostrarlo y actuar entonces contra las empresas constructoras que les engañaron. Es así de sencillo.
"LAINFORMACIÓN* : La Fiscalía tiene previsto solicitar la demolición de 98 viviendas propiedad de ciudadanos británicos residentes en Albox (Almería) en el marco de la causa penal contra los dos promotores del residencial, que se levantó presuntamente sobre suelo no urbanizable y sin la preceptiva licencia municipal de obras. El Ministerio Público interesa que los acusados, hermanos y responsables de las empresas que promovieron y construyeron el residencial, indemnicen a los adquirientes de los inmuebles en la "cuantía pagada y gastos ocasionados por la compra" y que se hagan cargo del coste del derribo, que cuantifica en 688.666,95 euros.

Las 98 viviendas, ubicadas en el paraje 'El Romeral-La Aljambra', se levantaron entre los años 2004 y 2006 y, según indica el fiscal en su escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, "no son autorizables al no ajustarse a la normativa urbanística vigente en el municipio de Albox".

El relato de hechos recoge que J.F.A.H., gerente de la promotora Proyecto y Construcciones Almanzora SL y de las constructoras Procoal Villas SL y Empire Villas SL, y su hermano D.L.A.H., arquitecto de profesión y técnico director, llevaron a cabo la edificación de 98 viviendas en "terreno clasificado como suelo no urbanizable" y sin licencia municipal.

Señala que el primero de ellos, a través de las anteriores mercantiles, celebró, asimismo, contratos de compraventa de las referidas viviendas no autorizables con terceras personas, en su mayoría ciudadanos británicos residentes en la Comarca del Almanzora almeriense.

La Fiscalía, en su escrito de fecha 1 de septiembre, reprocha también a J.F.A.H. que, pese a que tenía "conocimiento" de que pesaban sobre el residencial órdenes de paralización acordadas como medida cautelar por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Albox en abril y en septiembre de 2004, hiciese presuntamente "caso omiso" y no sólo continuase la obra "ya iniciada, sino que además construyó nuevas en las mismas parcelas".

SUPUESTO FALSEO DEL PRECIO DE VENTA

El principal acusado se enfrenta también a dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública ya que, con el objetivo supuesto de "evadir el pago de los correspondientes impuestos", hacía constar en las escrituras de venta "un precio muy inferior al realmente abonado por los compradores".

De esta manera, según apunta el Ministerio Público, en la anualidad 2005 del IRPF "dejó indebidamente de ingresar al erario público 194.108,41 euros" mientras que la cuantía en 2004 por este mismo concepto fue de "156.554,17 euros".

En la vista oral, el fiscal va a interesar para J.F.A.H. penas que suman seis años y nueve meses de cárcel como presunto autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio, un delito de desobediencia, y dos contra la Hacienda Pública mientras que para D.L.A.H. va a pedir dos años de cárcel por el primero de los delitos.

Al margen de las penas de prisión, para ambos solicita el pago de una multa de 24 meses a razón de 50 euros al día e inhabilitación especial por periodo de dos años.

El promotor y constructor del residencia se enfrenta, asimismo, por los delitos fiscales a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por un periodo de 4 años, tal y como interesa el Ministerio Público.


* La Información - Europa Press - 23.9.14
Foto: Albox (Almería), derribo viviendas ilegales - teleprensa