Es conocido el poco interés de la Junta 'popular' de Castilla y León, presidida por J.Herrera, por todo lo que signifique Medio Ambiente y Ordenación Territorial; por eso llamó la atención que en 2005/2007 aprobaran un proyecto como la Ciudad del Medio Ambiente en medio de la meseta soriana que, según se vio más tarde, solo tenía el nombre como reclamo fraudulento. En 2013 el Tribunal Constitucional la anuló definitivamente por sus manifiestas irregularidades legales. Demasiado tarde, como siempre le ocurre a la justicia con estos asuntos urbanísticos, pues ya se había construido una parte de la conflictiva Ciudad. El problema era su edificación en terrenos protegidos, saltándose, además, todos los controles exigidos para ese tipo de proyectos. Hoy en día quedan los restos monumentales de tamaño desastre y pelotazo urbanístico, con 52 millones tirados a la basura, sin que los responsables del PP autonómico, una vez más, hayan pagado por ello.
"PEDRO SIMÓN* : Si no fuera porque hay un pastor que deja comer tranquilamente a las ovejas en este soto, si no fuera porque los milanos que se cruzan tienen dos alas y no tres, y un solo pico, uno creería que a ocho kilómetros de Soria se trató de levantar un Chernobyl. Que un día estalló algo inesperado y todo el mundo se fue dejando a medias una ciudad que iba a tener más de 500 hectáreas. Los garajes subterráneos vacíos. Las pistas de acceso sin rematar. La ferralla señalando al cielo como dedos oxidados y acusadores. Las cúpulas de la energía que ven en la fotografía, como mordidas por un monstruo.
Un Chernobyl inocuo. Un Chernobyl sin explosión nuclear. Un Chernobyl sin muertos.
O con muchos. Eso depende de cómo se mire y del significado de la palabra muerto.
-¿Y viene mucha gente al pueblo?
-Hace cinco años apostamos por la mierda ésta. Y montamos este negocio en Garray -cuenta Ana Modrego, dueña de La Posada de Numancia, aspiradora en la mano-. Ahora debo 100.000 euros. Pierdo dinero cada mes. Estoy muerta.
El fantasma de hormigón blanco se yergue a ocho kilómetros de Soria, en el término municipal de Garray (400 habitantes), en medio de un monte calificado de especial interés paisajístico a sólo 300 metros del río Duero y en un enclave con sello propio: por ejemplo, la explanada desde donde salieron los aviones que bombardearon Guernica; por ejemplo, la mayor concentración de cigüeñas de la provincia; por ejemplo, el mayor de los escarnios perpetrado con dinero público que se recuerda en la comarca: 52 millones de euros pulidos en este pelotazo de dimensiones atómicas.
La paradoja es que la hoy espectral Ciudad del Medio Ambiente de Soria -que iba a ser un Silicon Valley mesetario y audaz, blasón en defensa de la naturaleza- terminó enclavada en un espacio protegido donde no se había puesto ni un solo ladrillo. Entre garduñas y flora silvestre, en 2010 se colocó la primera piedra. Comenzaron luego las termitas de las retroexcavadoras. El resto ya lo ven.
Aquí -en las 500 hectáreas de terreno que equivalen a 500 campos de fútbol- iba a haber instalaciones de tecnología punta. Aquí habría viviendas de lujo con su vitola de renovables. Aquí estaría obligado el uso del coche eléctrico. Aquí edificarían unos centros deportivos la mar de integrados. Y cómo no, una escuela nacional de equitación. Y por qué no, un parque fluvial y lacustre. Por haber habría hasta un polígono industrial... Todo bajo la mirada de ese ojo de Sauron que eran las cúpulas de la energía. Hoy tuertas, qué se le va a hacer.
"En este lugar hay fresnos que ni cinco personas juntas abarcarían, bosques de abedules increíbles, cerca de 200 aves distintas catalogadas...", enumera Carlos González, de la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza, que se llena las botas de barro y abre un plano encima de un promontorio.
("Aquí iban a ir casas", dice apuntando con el índice).
("Y aquí, aparcamientos").
"Pero el daño que le han hecho al soto es irreparable", prosigue. "Han desviado el Arroyo de la Vega con lo construido, los canales naturales de desbordamiento del Duero se están desecando, dado que cortaron el paso de forma artificial. El colmo es que hicieron todo esto en una zona inundable. Y en 2013 el agua del Duero llegó a medio metro de las cúpulas".
Todas las ambiciones sofisticadas de futuro han apisonado el presente. Como hace el rodillo con la masa del pan.
Paseamos por una pista asfaltada de varios kilómetros en mitad de la nada. Nos metemos a uno de los tres garajes abandonados de la ciudad, a modo de gigantescas naves de cemento pulido -con sus ventanales de lamas giratorias, con sus interruptores de la luz esperando ser pulsados, con su inexorable vacío-. Y uno imagina que acabará topándose con aquella escena de El planeta de los simios: la imagen de la Estatua de la Libertad semienterrada en cualquier parte. Como si esto no fuera real ni posible.
El proyecto que la Junta de Castilla y León acometió con dinero público es hoy un inmenso osario paralizado por el Constitucional. En la foto fija -atrapados en ella- queda gente como Ana Modrego. Que sigue con la aspiradora en la mano e insiste: "Los políticos nos han llevado a esta ruina. Éramos cuatro empleados y ahora estamos sólo mi marido y yo. Tengo 45 años y me gustaría tener hijos. Pero quién se atreve".
No se ve ni rastro de las 3.000 o 4.000 personas que iba a albergar el proyecto, pero en la puerta del restaurante Casa Abel de Garray hablamos con un vecino de Canredondo, a cuyo pueblo le expropiaron 90 hectáreas para mayor gloria del ogro que ya no tiene dientes.
-¿Y qué hacemos con eso ahora, jefe?
-No las tiremos abajo, no las derribemos -sostiene Juan Antonio, que apunta con la barbilla hacia donde debe de caer la Ciudad del Medio Ambiente-. No nos jodamos más. Vamos a darle una utilidad. ¿Vale para un palomar? Pues hagamos un palomar. ¿Vale para un caseto? Pues hagamos un caseto. ¿Que hay que meter a 10 a la cárcel? Pues metámoslos.
CIUDAD DEL MEDIO AMBIENTE DE SORIA
COSTE: 52 millones de euros. ORIGEN: Las Cortes de Castilla y León aprobaron el proyecto en 2005. La primera piedra se colocó en 2010. DESARROLLO: La Junta de Castilla y León (PP) compró más de 300 hectáreas por seis millones de euros y algo más de 200 hectáreas a Caja Duero por 3,8. SITUACIÓN ACTUAL: Paralizado por el Constitucional en 2013 después de un recurso de diputados del PSOE. El órgano considera que la norma creada ad hoc para sacar adelante el proyecto es ilegal. Del plan inicial sólo quedan una estructura a medio construir, una estación depuradora de aguas residuales y una planta térmica de biomasa.
* El Mundo - Pedro Simón - 31.8.14
Foto: Las cúpulas de la energía de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, en el Soto de Garray, fotografiadas en julio. ALBERTO DI LOLLI
Una burbuja de hormigón de 52 millones en plena Soria
El rescate de autopistas: un "cúmulo de errores" que costará 2.400 millones más de dinero público
El despilfarro público en ciertas autopistas, que no eran necesarias, ha sido claramente delictivo. Las radiales de Madrid, y alguna más periférica, han sido ya suficientemente criticadas en este blog. La deuda total de semejante desastre político-financiero se cifra en 4.600 millones de euros, de los cuales ya se han abonado en el rescate bancario (otro delito económico de envergadura) casi la mitad. Cantidades mareantes para la situación de un país al borde de la catástrofe social. Sin embargo, los culpables de tal fechoría siguen sentados en sus poltronas sin que la justicia se haya atrevido a ponerlos en su sitio, que no debería ser otro que tras las rejas de la cárcel. Los responsables del ministerio de Fomento, de varios gobiernos, y de las empresas adjudicatarias no han sido siquiera citados a declarar por esta trágica deuda pública. Así continúa la triste historia de un país depauperado por culpa de unos pocos 'elegidos'.
"NICOLAS M.SARRIES* : El Gobierno anunció esta semana su intención de rescatar una decena de autopistas de peaje —que han declarado o están próximas a declarar el concurso de acreedores— tras asumir alrededor de la mitad de la deuda contraída por las mismas con la banca (BBVA, Santander, Bankia Caixabank y Sabadell, entre otras). En su conjunto, la operación supondría un importe público de unos 2.400 millones de euros, respecto de un endeudamiento total de más de 4.600 millones de euros. Con este desembolso, según la ONG Cáritas, se podrían haber rescatado a 700.000 familias sin recursos.
El plan de rescate, que aún está en proceso de negociación con bancos, constructoras y empresas concesionarias, contemplaría además la creación de un fondo de titulización que emitiría bonos a 30 años y con una rentabilidad mínima del 1%, en función del tráfico de estas vías. El motivo: Posibilitar el rescate de estas vías sin que el desembolso pase a aumentar el déficit público español.
Los altos precios y la euforia en las previsiones a futuro provocadas por la burbuja del ladrillo, entre otros factores, están en el origen del descalabro de las nuevas vías de pago españolas, que se "diseñaron con los pies" en palabras de una fuente del sector financiero consultada por 20minutos.
¿De quién son las autopistas de peaje?
Tal como señala el propio Ministero de Fomento en su último informe, su accionariado está integrado por constructoras (48,5%), otras sociedades concesionarias (16%), administraciones públicas (13,9%), cajas de ahorros (6,4%), bancos, entidades financieras, otras empresas y accionistas a título individual.
¿Cómo se financiaban estas obras?
Con el fin de liberar recursos públicos, las administraciones idearon modelos de financiación alternativos con las autopistas de peaje. La idea, que las obras se llevaran a cabo con capital privado, que se compensaría con la concesión, por un periodo de años determinado, de la explotación de los peajes. Durante ese tiempo, serían las propias concesionarias las encargadas del mantenimiento y de los medios técnicos y humanos para tal responsabilidad. El sistema tiene otras ventajas, tal como señalan desde la patronal de las autopistas Aseta: "Permite adelantar en varios años la ejecución de las obras al no tener que depender de la disponibilidad de fondos públicos", aseguran, al tiempo que defienden que los peajes son una sólida fuente de ingresos públicos gracias al IVA que recauda.
Sin embargo, el sistema también tiene riesgos, ya que a menudo los dueños de las concesionarias eran las propias empresas constructoras encargadas de llevar a cabo la obra. Así, es evidente un cierto incentivo perverso en cargar un coste mayor de la obra para dar un beneficio a corto plazo a la constructora a costa de la concesionaria, que sin embargo tiene un plazo de 20, 25 o 30 años para enjuagar la posible deuda. Además, el modelo de financiación elegido (conocido como project finance) suponía que la garantía para el prestamista era la propia obra, lo que a su vez incentiva una mayor asunción de riesgos por parte de la concesionaria.
¿Por qué han quebrado estas autopistas de peaje?
Son varias las razones y "un cúmulo de errores", tal como señala Miguel de la Fuente, director general del Foro PPP, organización sin ánimo de lucro que estudia la colaboración público-privada en infraestructuras. En opinión de este experto, hubo un mal enfoque en la planificación y descoordinación por parte de las administraciones, y se sacaron a concurso obras cuyo objetivo era posibilitar que otra infraestructura "no contabilizase en el presupuesto público". Así, por ejemplo, se planificaron las radiales madrileñas "como una forma de pagar, sin coste para el Erario Público, la construcción de la M-50. Éstas son cosas que distorsionaron la planificación de las radiales", asegura.
Más allá de esos errores de enfoque, el tiempo ha demostrado también que las previsiones de tráfico pecaron de optimismo. Preveían unos aumentos continuados en el número de vehículos y conductores que se han venido abajo con la crisis, "lo cual es culpa de la Administración y de las empresas privadas", indica De la Fuente. Solo en este año ya han perdido un 8% de viajeros, y acumulan un desplome del 42% desde 2007, según la patronal Seopan. Especialmente fuerte es la falta de tráfico en las radiales madrileñas, que han visto caer el número de vehículos en un 48%.
Otra de las claves que hizo de las autopistas un mal negocio fueron, en su opinión, "la mala conectividad y la mala penetrabilidad de estas infraestructuras". Buena parte de estas vías de pago pecan de unas malas conexiones, así como de una deficiente penetración en el centro de la ciudad, al tiempo que han demostrado, según Miguel de la Fuente, tener "un problema al no distinguir entre usuarios y clientes. Un conductor no puede llegar a una autopista de peaje y no tener buena información, accesible, de las ventajas de utilizarla". Mención aparte merece el problema de las expropiaciones, que multiplicó el coste de las obras.
¿Por qué las expropiaciones fueron un problema?
"Cuando se planificaron las autopistas, las administraciones previeron que las expropiaciones de las trazas (los terrenos donde discurre la autopista) tendrían un coste X, pero al final han tenido un coste de 10 veces más. Se pagaron precios propios del centro de Madrid por terrenos rurales en Toledo", explica Miguel de la Fuente, para quien el problema residió en parte en el hecho mismo de adjudicar a las empresas privadas la labor de expropiar, "algo que hace mejor la administración, pero que no quiso hacer para que no figurara como un gasto público", opina.
En medio de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia de España, la expropiación de los terrenos para las nuevas autopistas "se convirtió en un gran negocio". Tanto que el incremento de costes de las mismas superó los 1.830 millones de euros, según los cálculos de la patronal constructora Seopan: La previsión era pagar unos 387 millones, pero el monto total que pagaron las concesionarias superó los 2.217 millones.
El origen de estos sobrecostes está en parte en la Ley del Suelo del Gobierno de José María Aznar, que vino a proclamar que todo el suelo era potencialmente urbanizable. Así, se dispararon los precios, al tiempo que los tribunales de expropiación fueron favorables a valorarlo como terrenos urbanos (lo que incrementó su precio).
¿Por qué ha salido el Gobierno al rescate de las autopistas?
Desde su puesta en marcha, las nuevas autopistas de peaje han sido "absolutamente inviables", tal como señalan fuentes financieras a este diario. Así, los diferentes Gobiernos han tratado de salvar su situación de distintas formas: "Emitiendo créditos participativos, ampliándoles los periodos de concesión, haciéndoles cuentas de compensación [el Estado pagaba cierta cantidad si el negocio caía]...". En ningún caso estas soluciones temporales sirvieron para llevar a las concesionarias a beneficios, por lo que la situación de quiebra era cuestión de tiempo.
En la situación actual la quiebra de las autopistas y su liquidación era inevitable. En este contexto, el Estado ha decidido hacerse cargo de estas vías pagando a sus acreedores —bancos y constructoras— alrededor de 2.400 millones de euros, y aplicándoles quitas del entorno del 50%. "La Administración se queda con todo a un coste menor que todo el dinero invertido, ya que si el Gobierno no hubiera hecho nada los bancos hubieran ejecutado la RPA (Responsabilidad Patrimonial de la Administración), lo que hubiera supuesto un coste de casi 5.000 millones", advierten estas mismas fuentes.
¿Qué es la RPA? ¿Por qué existen?
Se tratan de unos instrumentos "que prevén una responsabilidad del Estado respecto de una infraestructura, e impide que las Administraciones Públicas puedan hacerse con una infraestructura sin coste alguno en el caso de que a la concesionaria le vaya mal", explica Miguel de la Fuente, que añade que las distintas RPA han servido "para que los bancos financiaran estas mismas obras, ya que éstas se pignoraban y servían como garantía última del propio proyecto", señala. Es decir, que las RPA eran un seguro público para la banca.
El pasado 24 de enero, el Gobierno aprobó una modificación de la legislación en materia de RPA, ya que las sentencias judiciales estaban obligando al Estado a hacerse responsable de unas deudas que en puridad correspondían a las concesionarias. Por ello, y "para evitar que el Estado acabe asumiendo dos veces el pago de la expropiación en beneficio del concesionario se reconoce al Estado, como resultado del pago por cuenta de otro, el derecho a subrogarse en el crédito del expropiado frente al concesionario". Es decir, que se reducía el nivel de responsabilidad a pagar por los contribuyentes. Todo un golpe a la banca, que tendría entonces que provisionar esa parte de la deuda que no vaya a cobrar.
¿Qué planea hacer el Gobierno?
El plan del Gobierno pasa porque "todo el mundo tenga que dejar pelos en la gatera", señalan fuentes conocedoras de la situación, pero evitando frentes judiciales con los afectados y sin que los mercados internacionales boicoteen a España por otra muestra más de inseguridad jurídica. Se creará una sociedad pública en la que se agrupen todas las autopistas rescatadas. Esta es una opción que ya se llevó a cabo en 1984, con la Empresa Nacional de Autopistas, que luego se privatizó en 2003. A la vez, se crearía un fondo de titulización mediante el que se emitirían bonos a 30 años con los que se pagarían las deudas pendientes, a los que se restarían las quitas correspondientes. De llevarse a cabo definitivamente, los bancos renunciarían a cerca de la mitad de sus cobros, así como las constructoras. Por su parte, las concesionarias lo perderían todo (más de 1.799 millones de capital).
Por su parte, la administración se quedaría con el derecho de uso de unas infraestructuras "que costaron bastante más". Esto lo haría de una forma que el desembolso no pasaría a contabilizar como déficit público (ya que los bonos emitidos no tendrían garantía del Estado). Esta solución plantea un problema en los bancos, que tendrían que provisionar más de 2.000 millones de euros en pérdidas. Sin embargo, fuentes financieras han explicado a 20minutos que se está estudiando un sistema alternativo de valoración de los bonos: "Su rentabilidad podría variar en función del tráfico, lo que abriría la puerta a que la banca no tuviera que provisionar dichas pérdidas", explican.
¿Había alternativas?
Como se señaló antes, la alternativa de no hacer nada suponía afrontar la ejecución de unos RPA que hubieran supuesto un coste de aproximadamente del doble de lo ahora propuesto. Sin embargo, organizaciones como la patronal de las autopistas han propuesto otras medidas, como cobrar peajes en las autovías. Con esta propuesta se recaudarían más de 10.000 millones a costa de los usuarios (y no del contribuyente), tal como reflejan sus cálculos.
¿Cuáles son y dónde están las autopistas de peaje afectadas?
Autopista AP-41 (Madrid-Toledo). Esta autopista, que se abrió en diciembre de 2006, fue la primera en declararse en quiebra en mayo de 2012 tras arrastrar una deuda de 530 millones de euros (380 millones a los bancos y 150 a los expropiados). Entre sus propietarios figuran empresas como Isolux, Comsa y Sando.
Radial 4 (Madrid-Ocaña). La autopista radial R-4 se declaró en concurso de acreedores en octubre de 2012, ya que las sociedades concesionarias no pudieron hacer frente a la deuda de 575 millones de euros. Las constructoras Cintra-Ferrovial y Sacyr y la antigua Caja Castilla-La Mancha están detrás de esta inversión. Su tráfico cayó un 16,4% (hasta 4.949 vehículos diarios) entre enero y septiembre de 2013.
Radial 3 (Madrid-Arganda) y Radial 5 (Madrid-Navalcarnero). La compañía Accesos de Madrid, que logró las concesiones de la R-3 y R-5 (participada por Abertis, Sacyr y ACS), declaró concurso voluntario de acreedores días después de hacerlo la R-4 para refinanciar la deuda de 666 millones contraída con los bancos.
Radial 2 (Madrid-Guadalajara). Henarsa, sociedad que ostenta la concesión de la R-2 madrileña, fue declarada en concurso voluntario de acreedores en septiembre de 2013 tras acumular una deuda financiera de al menos 450 millones de euros. Está participada por Abertis, ACS, Acciona y Globalvía. Es la autopista que más tráfico perdió en 2013, un 22,5%.
Autopista AP-36 Ocaña-La Roda. La empresa concesionaria —gestionada por Ferrovial, Sacyr y Kutxa— entró el concurso voluntario de acreedores en diciembre de 2012 —tras solicitarlo en octubre— al no poder hacer frente a un endeudamiento de 522 millones de euros que vencía a finales de ese año. En su momento se justificó su construcción por ser la alternativa de pago para llegar al Mediterráneo.
Circunvalación de Alicante. Se declaró en concurso de acreedores en el verano de 2013. La concesionaria Ciralsa reconocía así su situación de insolvencia al declarar un pasivo superior a los 400 millones de euros. Su tráfico en 2013 había disminuído un 7,3% (hasta los 5.293 tránsitos al día).
Autopista AP-7 Cartagena-Vera. La falta de tráfico —cayó un 3% solo en 2013— y la imposibilidad de atender el pago de intereses y los sobrecostes por obras y expropiaciones llevaron a Aucosta, la sociedad concesionaria —participada por Ploder, Globalvía (FCC y Bankia), Unicaja, BMN y CAM— a declararse en concurso de acreedores en febrero de 2013 con un endeudamiento total de unos 550 millones de euros.
Autopista AP-7 Alicante-Cartagena. Ausur, la sociedad que explota la infraestructura, aún no se ha declarado en concurso de acreedores pese a la importante deuda que mantiene con el consorcio bancario—Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Popular— que le concedió un crédito de 210 millones de euros. Los bancos creen que la única solución pasa por la nacionalización, pero los accionistas de Ausur están intentando renegociar la deuda. La autopista alcanzó su tráfico máximo en 2007, con 20.410 vehículos, y ha ido perdiendo usuarios hasta rozar los 17.000.
Autopista Eje Aeropuerto M-12. Esta vía, de la que la constructora OHL (propiedad de la familia Villar Mir) es titular al 100%, ha sido declarada en concurso de acreedores en enero de este año, con una deuda de unos 550 millones de euros.
¿Se podía evitar lo que ocurrió?
Todas las fuentes consultadas por este diario coinciden en que, restrospectivamente, las cosas se hicieron muy mal, si bien el optimismo y la euforia provocados por la burbuja inmobiliaria minimizaron las precauciones. Sin embargo, no faltan los estudios (como éste de la Asociación Libre de Economía) que inciden en la relación directa entre la actividad económica y el tráfico de las autopistas de peaje. Los autores concluyen así que "en etapas expansivas el crecimiento [del tráfico] supera el crecimiento del PIB y lo contrario ocurre en etapas recesivas".
Este otro estudio publicado por la Universidad Politécnica de Madrid concluyó que la metodología utilizada por las administraciones para prever los flujos de tráfico de autopistas radiales madrileñas se basó en un enfoque "muy simplificado y básico" y se utilizó un modelo de evaluación que "parece carecer de la profundidad que proyectos de estas características exigirían".
Más duras aún son las conclusiones de otro estudio universitario publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), que apunta directamente a un sistema concesional "viciado" y que peca de optimismo. Los autores del informe resaltan que "a la Administración le faltó prudencia a la hora de valorar objetivamente las ofertas presentadas debido a la fuerte presión política por adjudicar las infraestructuras cuanto antes, y al menor coste inicial posible —que no coste total en el ciclo de proyecto".
* 20 Minutos - NICOLAS M.SARRIES - 28.3.14
Foto: La autopista Madrid-Toledo, la primera del sector que ha presentado concurso de acreedores. (ARCHIVO)
Madrid.- La directora general del IVIMA comparece ante los tribunales por prevaricación y malversación
Un tema del que ya hemos venido hablando bastante en este blog y que, por fin, parece que los tribunales se han puesto manos a la obra, dejando por un momento su habitual dejadez en estos importantes asuntos urbanísticos. El IVIMA, dependiente de la Comunidad 'popular' de Madrid, vendió ilegalmente 3.000 viviendas públicas al fondo buitre Goldman Sachs-Azora y, encima, a unos precios ridículos. Es decir, un delito de libro el cometido por la dirigente del PP, A.Gomendio, que, lógicamente, causó una enorme protesta entre los destinatarios de esas viviendas públicas, que de golpe pasaron a manos privadas, y que ha terminado en los tribunales. Hasta la misma Defensora del Pueblo, tan poco dada a estos asuntos sociales, denunció la gravedad de los hechos cometidos por la Comunidad de Madrid de I.González, a través del IVIMA.
"DIAGONAL* : Prevaricación y malversación de caudales públicos. Son los presuntos delitos que han llevado a declarar ante los tribunales esta mañana, en calidad de imputada, a Ana Gomendio, directora general del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), tras haber vendido 3.000 viviendas públicas a un fondo buitre y, además, a precios irrisorios. Gomendio fue imputada el pasado 25 de abril tras una querella interpuesta por el Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid contra la Comunidad de Madrid, y en ella se ha personado como acusación popular la recién creada Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima (AVVI).
El acto que provocó la imputación de Gomendio fue la firma, el 6 de junio de 2013, por la que se dispuso la publicación de la convocatoria de “enajenación de 32 promociones” con un presupuesto base de licitación de 168 millones de euros. Las 32 promociones, formadas por 2.935 viviendas, 2.849 plazas de garaje y 1.865 trasteros, fueron adjudicadas a la sociedad Azora, en la que participa el fondo buitre Goldman Sachs, por 201 millones de euros en total.
Según denunciaba la AVVI en un comunicado, “una de las principales consecuencias que el traspaso de la propiedad de estas viviendas públicas a una empresa privada está teniendo es que familias que recibían una ayuda pública para pagar el alquiler de estas viviendas la han perdido al privatizarse la propiedad de las mismas. En los próximos días y meses, veremos como familias de escasos recursos se verán desahuciadas de sus hogares por no poder afrontar el alquiler tras perder las ayudas”.
Por otro lado, la asociación denuncia que a los inquilinos con derecho a compra se les ha negado su derecho de retracto para adquirir las viviendas al mismo precio al que han sido adjudicadas al fondo de inversión, por lo que “cuando finalicen su contrato de alquiler y tengan que ejercer su derecho a comprar, el precio de venta llegará a triplicar de media el precio pagado por Goldman Sachs-Azora a la Comunidad de Madrid”.
Ante este caso, el pasado mes de julio, la oficina de la Defensora del Pueblo presentó un escrito en el que denunciaba que “se ha producido así una privatización total de la situación jurídica de los arrendatarios, que les perjudica pues antes estaban más protegidos que ahora", ya que “una vez que las viviendas están en manos privadas ya no cabe la aplicación de las normas de servicio público”. La Defensora del Pueblo también instaba al Ivima a que, "ante situaciones coyunturales de necesidad de los ciudadanos, la respuesta de la Administración no puede ser el dejar a los ciudadanos en desamparo, sino adoptar una posición activa para atender esas situaciones".
Ante la comparecencia de Gomendio en el juzgado de instrucción número 48 de Madrid, varias decenas de afectados se han concentrado convocados tanto por la AVVI como por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social.
* Diagonal - 3.9.14
Foto: A.Gomendio, directora del IVIMA en los juzgados - lainformación
Imputan a la alcaldesa de Viveiro por presunta prevaricación urbanística
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En este grave asunto está implicada la actual alcaldesa socialista M.Loureiro, su teniente alcalde y dos exediles más, así como un exteniente alcalde del BNG durante el gobierno bipartito. Esta decisión judicial guarda relación con las licencias urbanísticas otorgadas por silencio administrativo entre los años 2006 y 2008 por el gobierno municipal de entonces. Además estas licencias carecían de los informes técnicos o jurídicos necesarios. Es decir, que se concedieron a dedo prácticamente sin cumplir ninguna de las normas urbanísticas imprescindibles para su adecuada ordenación. Otra posible trama delictiva político-empresarial descubierta en un municipio importante del norte de Lugo, que se ha caracterizado por sus continuos problemas con el urbanismo, sean de un signo o de otro.
"LAVOZDEGALICIA* : El Juzgado de Instrucción nº2 de Viveiro ha decidido imputar por presunta prevaricación urbanística a la actual alcaldesa de este municipio, María Loureiro, y a la teniente de alcalde, Isabel Rodríguez, ambas del PSOE, así como a los ex ediles socialistas José Luis Docampo Fortes y Rafael Fernández Amor, en relación al caso de las licencias adquiridas por silencio administrativo entre los años 2006 y 2008. El auto judicial mantiene también la imputación del ex teniente de alcalde durante el gobierno bipartito de Viveiro, Francisco L. Rodríguez Guerreiro (BNG).
El PP denunció trece expedientes urbanísticos que pasaron por las juntas de gobierno entre el 26 de septiembre del 2006 y el 9 de abril del 2008, y que quedaron pendientes tras suspender la Xunta la normativa urbanística de Viveiro en el año 2006, a petición del propio gobierno local, encabezado entonces por el socialista Melchor Roel. La imputación que pesaba sobre Roel quedó extinguida en marzo del 2014 tras su fallecimiento en diciembre del pasado año.
El auto considera también que puede haber un presunto delito de prevaricación urbanística y falsedad documental por parte de Manuel Cortón, el técnico externo que asesoró al gobierno local de Viveiro durante el proceso que siguió a la suspensión de la normativa urbanística de entonces. Para la jueza, las diligencias practicadas, entre las que además de las declaraciones de los imputados se incluyen informes elaborados por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), existen indicios de actuación que puede ser punible al autorizar la concesión de licencias de obra careciendo los expedientes de informes técnicos o jurídicos, o de las autorizaciones sectoriales correspondientes.
La jueza pide al fiscal y a la acusación particular, ejercida por el que entonces era presidente y concejal del PP de Viveiro, César Aja, que en el plazo de 10 días soliciten apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. La resolución no es firme, por lo que los imputados disponen de entre 3 y 5 días para presentar recurso de reforma o de apelación, juntos o por separado.
La disposición de la titular del juzgado viveirense recoge también el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra la ex concejala del PSOE Olga Méndez y el actual teniente de alcalde, Jesús Fernández Cal; el nacionalista José Antonio Goás y el que fue concejal de EU, Orlando Expósito. El auto concluye en este caso que «no tenían, cuando menos, la intención de dictar una resolución administrativa contraria a la normativa urbanística», y que actuaban, creyendo que se respetaban los trámites procedimentales y que existían los informes preceptivos. También deja fuera del caso a la entonces secretaria de Viveiro.
«Estoy tranquila»
La alcaldesa de Viveiro ya anunció que recurrirán la imputación. «Estoy tranquila. Respetamos la decisión de la jueza, pero seguimos manteniendo que no cometimos ninguna irregularidad», señaló Loureiro.
Por su parte, José Manuel Balseiro, secretario del PP de Lugo, instó a los socialistas lucenses a «actuar con coherencia» y a pedir la dimisión de la alcaldesa de Viveiro, «a piques de ser procesados por presunta prevaricación».
* La Voz de Galicia - M. G. BALSEIRO - 6.9.14
Foto: Viveiro (Lugo) - elcorreogallego.es
Un exedil de Urbanismo declara que la sede en Palma del PP la pagó un empresario
El periodo de J.Matas al frente de la Comunidad Balear va a pasar a la historia como el más corrupto habido nunca en las islas. El exedil de Urbanismo de Palma, Rodrigo de Santos, ha confesado ahora que un empresario constructor pagó la sede del PP en la capital balear. La fiscalía anticorrupción ha tomado cartas en el asunto y lo está investigando, lentamente, como es su costumbre. Como era de esperar el empresario A.Pinal, de la Constructora Bruesa, figura entre los mas favorecidos por la concesión pública de obras en las islas. Es decir que correspondía a su rápido enriquecimiento con obras y comisiones para el PP, entonces en el poder. Pura y dura corrupción urbanística una vez más. Lo más grave del asunto es que para llegar a estas conclusiones haya tenido que ser un exedil del propio partido, y no la justicia, el que haya descubierto el pastel podrido.
ELMUNDO* : La Fiscalía Anticorrupción investiga si la sede del PP de Baleares fue pagada ilegalmente por la Constructora Bruesa. El ex edil de Urbanismo de Palma Rodrigo de Santos ha confesado que su dueño, Antonio Pinal, se lo desveló. El fiscal Pedro Horrach ha requisado al PP las facturas de la obra. Rodrigo de Santos, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma de 2003 a 2007 y persona de la máxima confianza de Jaume Matas en el partido, ha confesado a la Fiscalía Anticorrupción que la reforma de la sede del Partido Popular de las Islas Baleares "la pagó el constructor y promotor Antonio Pinal".
¿Y quién es Antonio Pinal?
Este empresario de origen gallego -nació en la parroquia de Brués, en el municipio orensano de Bobarás- que emigró a Éibar en busca de un futuro mejor es el propietario de Bruesa, un imperio de la construcción, promoción y servicios que disparó su cuenta de resultados gracias a la espiral inmobiliaria que vivió España a caballo de los 90 y el nuevo siglo.
Rodrigo de Santos, que pasó cuatro años en prisión por un caso de abuso de menores del que fue parcialmente exonerado por el Supremo, ha relatado con todo lujo de detalles al fiscal Pedro Horrach cómo se pagaron las obras de reforma del cuartel general de los populares en la calle Palau Reial de Palma, a tiro de piedra de la catedral.
"Eres el único político balear que nunca me ha pedido comisiones y te tengo que felicitar por ello", le espetó Pinal a Rodrigo de Santos en el transcurso de una cena celebrada en el Hotel Son Vida, en el final del mandato del segundo como teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de la capital mallorquina.
Pinal, y más concretamente su holding, Bruesa, ha llevado a cabo numerosas promociones en Baleares y fue adjudicatario de obras y servicios durante los cuatro años que duró la segunda etapa de Matas al frente del Ejecutivo autonómico.
Rodrigo de Santos ha soltado este bombazo al hilo de la declaración que prestó ante Pedro Horrach sobre el amaño del superhospital de Son Espases, una megaobra que los técnicos de la Consejería de Sanidad querían adjudicar a una UTE que se comprometía a realizarla por 635 millones de euros, frente a los 750 que costaba la que pretendía imponer Jaume Matas por razones espurias.
'Caso Son Espases'
Al final, la denuncia periodística de EL MUNDO impidió el tejemaneje y obligó a Matas a dar marcha atrás y a aceptar el criterio de los técnicos. La propia consejera de Sanidad de la época, Aina Castillo, ha reconocido ante Anticorrupción que su entonces jefe y presidente del Govern le obligó a conceder la obra y posterior explotación del hospital a la propuesta más cara.
La Fiscalía Anticorrupción se presentó hace varias semanas en las oficinas del PP balear para requisar todas las facturas relativas a la obra. Sospecha que la modernización de la sede se materializó con dinero negro. Horrach sopesa en estos momentos llamar a declarar a Pinal.
La polémica por las reformas de las sedes del PP suma y sigue con esta denuncia del antiguo hombre fuerte del partido en Palma. Hay que recordar que, según las pesquisas del juez Ruz, al menos 900.000 euros del coste de la remodelación del cuartel general del PP en la madrileña calle de Génova se abonó en negro. Este dinero acabó, concretamente, en el bolsillo del arquitecto que diseñó el lavado de cara del inmueble de siete plantas: Gonzalo Urquijo.
Luis Bárcenas declaró hace un año que la adquisición de la delegación popular en la Gran Vía bilbaína se satisfizo con dinero B. Lo mismo habría ocurrido con la de La Rioja y seguramente con otras. El titular del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional tiene indicios de que el mismo modus operandi podría haberse llevado a cabo en las de Galicia, Cantabria, Cataluña, Málaga y Sevilla.
* El Mundo - EDUARDO INDA/ ESTEBAN URREIZTIETA - 2.9.14
Foto: El ex presidente balear Jaume Matas junto a Rodrigo de Santos. JORDI AVELLÀ
Oviedo.- Urbanismo suspende ahora la licencia de derribo de La Madreña
El Centro social okupado y autogestionado 'La Madreña' en Oviedo llevaba en funcionamiento más de 2 años y medio en un edificio abandonado que, parece ser, no iba a ser derribado a corto plazo. Pero la empresa propietaria aceleró los trámites, con la complicidad municipal 'popular', y de repente se concedió el desalojo por derribo. Lógicamente el colectivo social ha protestado fuertemente en la calle, logrando que el ayuntamiento haya paralizado momentáneamente la operación especulativa. Se descubrió el pastel municipal que había concedido una licencia de derribo irregular, con informes técnicos contrarios, y el alcalde se ha visto obligado a recular, sin que la justicia, nuevamente, haya actuado hasta el momento contra los culpables de las ilegalidades del ayuntamiento 'popular'.
"ELCOMERCIO* : Apenas veinte días le ha durado a la empresa Sedes el permiso para iniciar los trabajos de derribo del edificio que posee en el número 32 de la calle General Elorza, el inmueble que durante los dos últimos años y medio vio nacer y crecer entre sus paredes al centro social okupado y autogestionado La Madreña. Tras conceder el pasado 6 de agosto la licencia para la demolición, la sección de Licencias acordó ayer la suspensión de su propia orden.
Al menos hasta que se resuelva el recurso de reposición presentado por Izquierda Unida.
La reactivación de la licencia de derribo, pedida por primera vez en 2011, a la empresa Sedes, con un 60% de capital público, llegó en circunstancias extrañas. El colectivo de La Madreña, que sigue denunciando la especulación urbanística de la operación que dejó ese inmueble vacío, tuvo conocimiento de que los propietarios tenían la intención de destruir el edificio. Sabían que existía una solicitud de licencia, pero creían, y así tuvieron conocimiento por parte de fuentes del Ayuntamiento, que no iba a concederse. Llegaron a convocar una rueda de prensa aplaudiendo la decisión municipal y pidiendo firmeza en la misma. A las pocas horas conocieron la realidad: Sedes ya tenía en sus manos el permiso para derruir el edificio.
El concejal del área, José Ramón Pando, había firmado la concesión pues así lo indicaban los técnicos municipales. Explicó que el Consistorio puede rehabilitar una licencia caducada, como es el caso, siempre que no hayan variado «las normas vigentes en el momento del primer otorgamiento ni las circunstancias que lo motivaron». Además, indicó que no era necesario el proyecto de nueva edificación en tres casos excepcionales: causa urgente de seguridad, por ruina o por inadecuación al planeamiento. Es esta última, la singularidad que apreciaron los técnicos municipales.
Desde Izquierda Unida indicaron que el concejal no podía hacer otra cosa, que debía acatar las decisiones de los técnicos, y también que recurrirían la resolución. Tuvieron dificultades para acceder al expediente, pero una vez en sus manos y analizado al detalle, llegaron a la conclusión de que la concesión de la licencia contenía «errores bestiales». El portavoz de IU, Roberto Sánchez Ramos, aseguró que «la resolución no se ajusta a derecho y contradice las normas del PGOU». Principalmente porque esa licencia de derribo no va acompañada de un proyecto de nueva edificación. «Sedes dice claramente que no va construir porque no es aconsejable por la crisis del sector», resaltó el pasado miércoles el edil.
Sánchez Ramos explicó entonces que en el expediente había contradicciones y que un arquitecto municipal informó desfavorablemente a la concesión de la licencia. A su juicio, el concejal de Urbanismo, José Ramón Pando, queda ahora «desacreditado». «Esperamos que el alcalde retome la situación y retire esa licencia erróneamente concedida».
Tan solo un día después de la entrega del recurso de reposición, la sección de Licencias emitió un informe en el que admite la alegación y ordena la suspensión del permiso de derribo. Esta vez, es Gerardo Antuña, concejal que tiene delegadas las competencias estos días, quien firma el informe. La resolución «estima la solicitud de suspensión formulada y suspende su eficacia, en consecuencia, al amparo de la licencia rehabilitada no podrán desarrollarse las obras autorizadas en virtud de la misma hasta tanto se levante esa suspensión», expresa la nueva resolución.
No obstante, el texto no admite la tesis de IU de que no se dan las circunstancias legalmente establecidas para la rehabilitación. La suspensión se concede cuando la impugnación se fundamenta en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho o también cuando de ejecutar la licencia pudieran causarse perjuicios de imposible o difícil reparación. Es este segundo argumento el que tiene en cuenta el Consistorio y no la falta de un ajuste a derecho como pretende IU. «Se considera la posible concurrencia de perjuicios de imposible o difícil reparación si se ejecuta», señala el informe. Además consideran que no existe un interés público, que de modo inmediato exija la ejecución, «pues la demolición se limita a avanzar en el proceso edificatorio que, en este caso, no concurre». Sedes puede recurrir la suspensión del permiso en el plazo de diez días.
* El Comercio - IDOYA REY - 29.8.14
Foto: Una manifestación en contra del desalojo del centro social okupado de La Madreña. / M . ROJAS
Madrid.- El Gobierno abandona el proyecto del Campus de la Justicia en Valdebebas
Siguen los despilfarros públicos en infraestructuras de todo tipo en el Madrid 'post-olímpico'. El que iba ser magno Campus de la Justicia, una obra proyectada por la Comunidad en tiempos de E.Aguirre, está viviendo sus últimas horas, ya que el nuevo presidente 'popular' I.González ha decidido disolver la empresa pública encargada de su culminación. El faraónico proyecto de Aguirre de 2004 se situaba sobre 200.000 m/2 en Valdebebas e iba a contar con numerosas infraestructuras de transporte y edificios proyectados por firmas de prestigio internacional. Un auténtico disparate urbanístico para una ciudad ya super-endeudada que, sin embargo, siguió inicialmente su curso, como demuestran algunas obras ya a medio realizar. Ahora son los restos de otro barco 'popular' naufragado en medio de la nada y que pagarán todos los madrileños, obviamente.
"ELPAÍS* : El Campus de la Justicia, un proyecto ampuloso que iba a contar con 15 edificios con el sello de los arquitectos más vanguardistas y que costaría unos 500 millones de euros, seguirá siendo una tierra yerma al norte de Madrid, en la zona de Valdebebas. El Ejecutivo de Ignacio González (PP) acordó el pasado 31 de julio, en su última reunión antes del parón de agosto, la disolución de la empresa pública que lo iba a promover. La Consejería de Economía y Hacienda así se lo notificó a la Asamblea de Madrid este lunes, según consta en el registro del Parlamento.
La expresidenta regional, Esperanza Aguirre planteó en 2004, en la primera legislatura de su mandato (2003-2012), agrupar los órganos judiciales de la región en una superficie de más de 200.000 metros cuadrados con buenas comunicaciones, ya que estaría próxima al aeropuerto madrileño de Barajas y a apenas 10 minutos de la plaza de Castilla. Eran los tiempos de la bonanza económica y el plan consistía, ni más ni menos, en concentrar las 19 sedes judiciales existentes en la comunidad autónoma —contribuyendo así a la rapidez del sistema, ya que todos los estamentos jurídicos estarían juntos y no diseminados— en el que sería el mayor complejo de Europa. Diez años después, el Instituto de Medicina Legal, cuyo coste fue de 19,3 millones y es conocido popularmente como el Donut por su figura peculiar, es el único edificio futurista que campa en el lugar, que tiene más de secarral que de campus. Está cerrado.
Los presupuestos autonómicos para este ejercicio preveían unas pérdidas de 98.500 euros de esta sociedad mercantil, ligeramente por debajo de los del año anterior (144.505 euros). Los números rojos también marcaron el resultado de explotación, con unas pérdidas de 100.000 euros según las proyecciones del Gobierno madrileño este curso, frente al saldo negativo de 156.155 euros en 2013. El apartado de personal no ha supuesto ningún coste en 2014, por los 26.155 euros del año precedente (20.119 euros en sueldos y salarios; el resto corresponde al pago de la Seguridad Social a cargo de la empresa).
Frente a las grandilocuentes predicciones que finalmente no se concretaron, el Campus de la Justicia contó con un presupuesto de 100.200 euros para 2014 (158.505 en 2013). Al tratarse de una sociedad mercantil participada al 100% por la Comunidad, y por tanto ser el único socio de la misma, la Junta General del Campus de la Justicia está constituida exclusivamente por el Gobierno regional.
Tras años olvidado, el Gobierno madrileño recuperó el proyecto en febrero de 2012. La intención de la Consejería de Presidencia y Justicia, entonces dirigida por Regina Plañiol (Salvador Victoria la sustituyó en septiembre de ese año, tras el relevo de Aguirre por González) era adaptar la idea original con una versión de la Ciudad de la Justicia low cost. Todo marcado por la austeridad y sin la firma de los arquitectos más prestigiosos del momento. Esto es, adiós a los edificios singulares de reconocimiento internacional. Algo más modesto.
La revisión del Campus de la Justicia pasaba por sacar a concurso la construcción de las instalaciones pendientes y gestionar el complejo privatizando por ejemplo su mantenimiento, la limpieza o la seguridad. Para ello, el todavía Ejecutivo de Aguirre decidió sacar a concurso tanto la construcción como la gestión del futuro campus. Lo haría por unos 33 millones. La cifra no era casual: coincidía con la cantidad que el Gobierno regional abonaba cada año por la mitad de las sedes judiciales bajo su círculo de influencia en la capital. Aguirre precisó que varios fondos de inversión habían propuesto construir los edificios y alquilarlos después a la Comunidad.
Los trámites para resucitar el proyecto debían comenzar una vez liquidada la sociedad del Campus de la Justicia. Las expectativas del Gobierno autonómico eran que el concurso estuviese listo en 2013, después de los estudios de viabilidad económica. Sin embargo, en noviembre de 2012, nueve meses después de animarse a acabar la Ciudad de la Justicia, el Ejecutivo regional concluyó que no contaba con los fondos suficientes para seguir adelante con el macroproyecto. González se acababa de estrenar al frente de la Comunidad con unos recortes de 2.700 millones. “Creemos que hay que seguir con la reagrupación de las sedes judiciales, pero no hay dinero para inversiones en nueva construcción”, explicó entonces Victoria, reconociendo que su departamento no podía afrontar una inversión como la del Campus de la Justicia, en el peor momento de la crisis para Madrid. La disolución de la empresa pública es el último capítulo de un sueño que se quedó en espejismo.
* El País - José Marcos - 3.9.12
Foto: El Instituto de Medicina Legal, único edificio construido del Campus de la Justicia. / CLAUDIO ÁLVAREZ
Granada.- Destruyen una villa romana del Siglo I para construir un aparcamiento
El importante Patrimonio arqueológico de este país sigue abandonado a su suerte, debido a la desidia de las autoridades encargadas de preservarlo que, más bien, se mueven por otros intereses de índole económica, haciendo caso omiso a las continuas alarmas que surgen en todo el Territorio. En Granada han aparecido un restos romanos de enorme trascendencia, ya que se tratan de un periodo poco estudiado y únicos en la península. Un molino de aceite y un templo tardío corroboran esta notoriedad. Pero aún así ni el Ayuntamiento del PP ni la Junta de Andalucía del PSOE-IU, han creído conveniente conservar estas ruinas romanas y continúa adelante la construcción de un aparcamiento, con lo que ya han desaparecido gran parte de estos restos, lamentablemente. Una vez más, recordar aquí la imprescindible necesidad de compatibilizar lo antiguo con lo nuevo (existen técnicas solventes), aunque eso suponga un mayor esfuerzo para todos.
"ELOCCIDENTAL* : La villa romana de Los Mondragones de Granada es un hallazgo único en la historia de la ciudad, unos restos de los que se encontraron hace más de un año 4.000 metros cuadrados entre la zona residencial, un templo y un molino de aceite, que prueban un asentamiento que se prolongó de los siglos I al VI en lo que debieron ser las afueras de la antigua ciudad romana. Pese a tratarse de unos restos únicos, las administraciones han decidido continuar adelante con la construcción del aparcamiento durante cuyas obras aparecieron los restos.
La Junta de Andalucía intenta atajar estos días la lluvia de críticas de los últimos meses a cuenta de los presuntos destrozos en este yacimiento único en la historia de la ciudad. La Academia de Bellas Artes de Granada emitió un duro comunicado hace pocas semanas pidiendo la declaración del yacimiento como Bien de Interés Cultural (BIC), asumido entre otros por el Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón.
El arqueólogo encargado de la investigación, Ángel Rodríguez, ha explicado a los medios que el hallazgo más relevante, además del molino de aceite -"único en la Península Ibérica por lo bien conservado que está"- ha sido un "edificio de culto", que se resiste a identificar como 'basílica' o 'templo', del siglo VI, que incluye una zona de enterramientos. Por las fechas, los expertos han determinado que se trata de un templo cristiano.
La importancia de este hallazgo radica en que en el siglo IV la antigua Iliberis acogió el llamado Concilio de Elvira, que marcó la posterior evolución de la Iglesia en España. Ello hacía suponer una importante comunidad cristiana en la ciudad, pero hasta ahora no se habían encontrado restos de un templo de la época o cercano que mostrase el culto de aquella comunidad 'protocristiana'. El edificio hallado en la villa es lo más parecido.
Sin embargo, en estos momentos los restos del templo, retirados del lugar en el que fueron hallados para permitir la continuación de la obra del aparcamiento, se encuentran almacenados en unos contenedores y cubiertos con plástico frente a la zona de trabajo del molino de aceite. Los arqueólogos calculan que hay 4.000 metros cuadrados más de villa por descubrir, en los terrenos anejos propiedad de la Junta. Las catas comenzarán en este 2014, aunque el proceso para iniciar los trabajos, pese a desconocer lo que allí se encuentra o su importancia, será "mucho más complejo".
Los mosaicos, que según la delegada de Cultura en Granada, Ana Gámez, "no estaban bien conservados", han sido trasladados al Museo Arqueológico de Granada para ser procesados. Dicho museo lleva cerrado desde 2010 por las humedades que ponen en peligro la estabilidad del edificio, la histórica Casa Castril, y sin consignación presupuestaria para su reforma, ya planteada.
Frai Desarrollos Inmobilarios está relacionada con el 'caso Marchelo', pendiente de juicio, por una urbanización ilegal en Alhendín, municipio gobernado por el PP, y con varias reparcelaciones anuladas en los tribunales al Ayuntamiento de Maracena, gobernado por el PSOE, y por saltarse las cuáles está acusado de prevaricación el todavía alcalde, Noel López.
* El Occidental - Juan Antonio - 5.7.14
Foto: Villa romana de Los Mondragones en Granada - occidental
La Comunidad de Madrid 'legaliza’ la M-501 con un informe ambiental posterior
La Comunidad 'popular' de Madrid es experta desde hace años en burlar la ley, con Gallardón y Aguirre de presidentes, actuando impunemente de forma que, cuando la justicia quiere darse cuenta, el delito urbanístico ha sido ya cometido. Luego vienen los apaños y las malas formas, naturalmente, pero siempre se llega a un acuerdo y la propia justicia es incapaz de castigar a los culpables de la tropelía urbanística. Eso ha ocurrido con la M-501, la llamada carretera de los pantanos, que se desdobló sin contar con la necesaria Declaración de Impacto Ambiental. Llegó hasta el Tribunal Europeo y éste lo consideró inadmisible. Pero para la corrupción no hay problema y ahora se 'coloca' de rondón una nueva como si nada hubiera pasado. Y a la justicia le parece bien, ya que no ha dicho nada al respecto. Menuda manga ancha tienen que tener las jueces para permitir este grave atentado medioambiental, sin culpables, en el que se talaron cientos de especies autóctonas.
"ELPAÍS* : Antes de construir una autovía o desdoblar una carretera por zona protegida se redacta un proyecto técnico, luego un estudio de impacto ambiental, posteriormente se revisan las alegaciones de los afectados (vecinos, ecologistas, municipios...) y, finalmente, se redacta una declaración de impacto ambiental (DIA) con las medidas correctoras. Si la declaración es positiva, se aprueba el proyecto y se construye la infraestructura. Se evitan o minimizan así los daños ambientales.
Eso, en la teoría. Porque en el caso de la M-501 (entre Quijorna y Navas del Rey, 18 kilómetros) se ha hecho justo al revés. En 2006, la Comunidad aprobó construir la carretera por “interés general”, luego fue condenada por los tribunales europeos y españoles y ahora redacta la DIA a petición de un juez. La autovía, que obligó a talar centenares de encinas, lleva abierta años. Ayer, el Boletín Oficial de la Comunidad daba cuenta de que la declaración de impacto había sido aprobada: ocho años después que el proyecto técnico. Los ecologistas se echan las manos a la cabeza.
El Tribunal de Justicia Europea consideró ilegal en 2011 la infraestructura por contravenir las directivas sobre conservación de hábitats naturales y de impacto ambiental. Dieciséis años antes, el entonces presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, ya había intentado construirla, pero la declaración de impacto y un informe del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) lo desaconsejaron. Gallardón se guardó el proyecto. Pero fue sustituido por Esperanza Aguirre, que lo desempolvó ante las quejas de los alcaldes de la zona, que consideraban muy peligrosa la carretera que había entonces y reclamaban el desdoblamiento. Además, tenían planes urbanísticos muy amplios y necesitaban buenos accesos. Aguirre declaró así el proyecto de “interés general” y empezó las obras. La documentación fue solicitada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2012 ante la petición de Ecologistas en Acción de eliminar la carretera.
“No tiene sentido hacer una evaluación ambiental de un proyecto ya ejecutado. La idea del estudio es evitar el daño con anterioridad”, sostiene la coordinadora de Ecologistas en Acción para Madrid, Ángeles Nieto. El Supremo ya había declarado también ilegal la autovía unos meses antes de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, respaldando una interpretación anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2008. La carretera recorre el Parque Regional del Guadarrama y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los ríos Cofio y Alberche.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dejó entonces en el aire el desmantelamiento de la carretera con su auto de abril de 2012 al solicitar una Declaración de Impacto Ambiental antes de tomar una decisión final. “Resulta indispensable, con carácter previo a plantear una ejecución material del fallo para reposición de la zona afectada a su anterior estado[…], que la demandada [la Comunidad] proceda a dar cumplimiento a los trámites procedimentales que se declararon omitidos[…]”, reza el auto. Una vez presentada la documentación al tribunal, la Comunidad debe comunicárselo a la Comisión Europea.
“Cuando la Comunidad comunique que ya ha realizado los trámites omitidos, el tribunal va a decir que no hay incumplimiento del Derecho y no desmantelará la carretera”, avanza Nieto.
Ecologistas en Acción critica que los magistrados hayan “hecho suya” la interpretación que el Gobierno regional realizó de la sentencia: “Establecía que, en todo caso, los terrenos se restituirán a su estado inicial. El Gobierno entiende que los jueces dicen que se cumpla el procedimiento ambiental [la DIA], pero lo que dice es que la carretera debía desmantelarse”. La organización recurrirá al Supremo.
La nueva declaración de impacto del Gobierno no ve obstáculos en el proyecto de duplicación. “La valoración de la mayoría de las afecciones ha sido de carácter compatible, siendo asumibles por el medio”, reza el informe, que entiende limitado el impacto por ser un desdoblamiento: “No se trata de una nueva infraestructura sobre el territorio, sino que se valora la duplicación de una vía ya existente y un territorio ya fragmentado”. Un parque regional y una ZEPA.
“Había una discrepancia y se solventó”
El director general de Evolución Ambiental, Mariano González, asegura que la Declaración de Impacto Ambiental dibuja un panorama más halagüeño del previsto por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 2000 y por la propia Consejería de Medio Ambiente en 1998: “Con el paso de los años, se ha demostrado que las previsiones sobre los daños que causaría la M-501 eran demasiado pesimistas”.
González sostiene que es un argumento “objetivo” no sujeto a interpretaciones: “Ahora hay más parejas de águila imperial, menos mortandad en la fauna, y no ha habido una evolución exponencial de la población”. El director general califica los impactos de la infraestructura como “compatibles y corregibles mediante medidas correctoras”.
El Gobierno regional resolvió en 2006 la polémica entre las consejerías de Transporte y Medio Ambiente que llevo al Gobierno regional a solicitar la intervención del CSIC. “Había una discrepancia y se solventó de acuerdo a la ley”, sostiene González, que subraya el apoyo de los municipios de la zona para la construcción de la carretera: “Lo pidieron los Ayuntamientos, del PP como del PSOE”.
Medio Ambiente no considera imprescindible haber elaborado un plan previo entonces y resalta la reciente evaluación ambiental como un estudio sin precedentes: “Es muy interesante analizar un proyecto a posteriori, desde que se hace hasta que se ejecuta pueden pasar años”. Pese a los reveses judiciales del Supremo y el Tribunal de Justicia Europeo, González entiende que las sentencias no suponen el desmantelamiento del proyecto sino su modificación: “El Supremo ha dicho que lo hicimos mal, pero nos ha dado la oportunidad de corregirlo. El Tribunal Superior de Justicia nos exige que hagamos los trámites que no hicimos, y lo que hemos hecho es adecuar el procedimiento a la norma”.
Ecologistas en Acción considera que la evaluación de Medio Ambiente se limita a plasmar los argumentos de Transportes. “Deberían mediar entre el informe del promotor y las alegaciones, pero en la Declaración no hay ninguna valoración independiente”. González defiende la independencia del estudio: “Lo han hecho funcionarios. En todo caso es problema del modelo de evaluación y habría que buscar un órgano independiente como la Comisión Nacional de Competencia”.
* El País - LUIS JAVIER GONZÁLEZ - 28.8.14
Foto: Carretera de los pantanos, la M-501 (Madrid). / CRISTOBAL MANUEL
Roquetas.- El TSJA anula de forma definitiva el proyecto de los acantilados de Aguadulce
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La palabra 'definitiva' en el terreno urbanístico no se debiera pronunciar jamás. Lo que hoy parece 'definitivo' mañana llega otro juez y lo anula sin más, o bien los mismos políticos hacen lo que les viene en gana sin ninguna cortapisa legal. Es la ley del más fuerte y la justicia ha demostrado sobradamente su debilidad en este campo de la Ordenación Territorial. En la misma provincia de Almería existe el precedente del hotel ilegal de El Algarrobico sobre el que ha actuado nefastamente la justicia y la propia casta política. Así que esta barbaridad urbanística del Ayuntamiento 'popular' de Roquetas de Mar diríamos que, provisionalmente, ha sido anulada por la justicia. Los acantilados de Aguadulce, de momento, están a salvo. Nunca se sabe hasta cuando.
"IDEAL* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA, ha confirmado la firmeza de la sentencia que daba la razón a la Junta de Andalucía en el contencioso del desarrollo de la polémica urbanización de casi 500 viviendas en los acantilados de Aguadulce, por lo que ese proyecto ha quedado anulado definitivamente teniendo en cuenta que no cabe recurso contra esta última decisión del TSJA. Así lo reconoce el propio Ayuntamiento en un informe técnico tratado en la Junta de Gobierno de esta semana, en el que los letrados del Consistorio afirman que «la sentencia es desfavorable para los intereses municipales y frente a la misma no cabe recurso alguno».
Por ello, la Junta de Gobierno ha acordado dar traslado de la firmeza de la sentencia a la responsable del Servicio de Planeamiento y Gestión con el fin de que lo tenga en cuenta a partir de ahora.
La sentencia, con fecha de 15 de febrero de este año, hace firme a su vez la dictada por la sala de lo Contencioso Administrativo estimando el recurso de apelación de la Junta de Andalucía contra la sentencia de un juzgado contencioso de Almería que desestimó las alegaciones de la Administración autonómica, dejando esta última sin efecto.
De esta manera, el TSJA declara «la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Roquetas de 10 de abril de 2006 por el que se otorga licencia de obras a Almeragua S.L.». Aquella licencia del Consistorio, otorgaba a la empresa mercantil los permisos para la construcción de un edificio de 440 viviendas, sótano, garaje y locales comerciales en la parcela comprendida entre la avenida Carlos III y la calle Candanchú.
El proyecto despertó en su día un gran rechazo social, hasta el punto de haber protagonizado algunas de las pocas manifestaciones ciudadanas celebradas en los últimos años en el municipio.
De hecho, se llegaron a presentar más de 500 alegaciones al proyecto, y todos los partidos de la oposición así como diferentes colectivos, se han mostrado en estos años totalmente en contra de un proyecto que ya ha dejado su huella en la carretera del Cañarete a la entrada de Aguadulce, donde en su día se realizaron los trabajos de desmonte previos a la construcción de las viviendas.
Las obras fueron paralizadas de forma cautelar y los desmontes llevan años hechos, lo que también ha provocado diferentes iniciativas por parte de grupos de la oposición municipal, que han solicitado en varias ocasiones que se repongan los acantilados a la situación anterior.
Uno de los últimos debates sobre este asunto se produjo hace poco más de un año, cuando una moción del PSOE consideró necesario proceder a su restauración para dejar la zona en un mejor estado, aunque reconoció que devolverla a su estado original será prácticamente imposible. La propuesta propició también enmiendas de Izquierda Unida e Indapa. Los primeros reclamaron al Consistorio la anulación de las licencias por el incumplimiento de los plazos establecidos en la normativa urbanística, dado que la licencia fue otorgada en 2006 y se han incumplido los plazos para su ejecución. En cuanto a Indapa, solicitó que se revisara el ordenamiento y las licencias aprobadas por «grave fraude de ley» al entender que las parcelas de equipamiento y zonas verdes de este Plan Parcial se ubicaron en lugares de «imposible ejecución» en lo alto de los acantilados.
El PP rechazó todas las peticiones por entender que había que esperar a la sentencia del TSJA conocida ahora, aunque defendió la aprobación del Plan Parcial que según los populares tenía el visto bueno de la Junta.
* Ideal - Agosto 2014
Foto: Proyecto acantilados Aguadulce - ideal
Los constructores catalanes del caso Pujol: un negocio de 875 millones en cinco años
Las ramificaciones del grave caso delictivo Pujol en Cataluña (y en varios paraísos fiscales) están todavía sin concluir. Además los familiares directos del jefe del clan, el president de la Generalitat durante 24 años, siguen dando nuevas noticias complementarias. Así, el hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, recibió numerosas comisiones de empresas constructoras amigas a cambio de concesiones y favores políticos. Según datos de la propia Generalitat estos pagos podrían haber llegado en solo 5 años a 875 millones de euros para la construcción de infraestructuras. Copisa y Comsa están entre las más beneficiadas por las concesiones y ambas están relacionadas con CiU y la alta burguesía catalana. Pero evidentemente hay otras empresas constructoras de ámbito nacional también beneficiadas, como ACS, Ferrovial, FCC, etc. El asunto es de una importancia política enorme si se tiene en cuenta que CiU, y su expresidente, han sido durante decenios los adalides de la lucha contra la corrupción en Cataluña. Pura hipocresía, como estamos viendo.
"ELCONFIDENCIAL* : La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ya ha enviado al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, un exhaustivo informe que detalla el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley. Los expertos en delitos económicos de la Policía describen al instructor del caso cómo el primogénito del clan utilizó tres sociedades instrumentales para emitir facturas falsas por servicios inexistentes que habrían ascendido a 12,2 millones de euros. La investigación judicial se centra por ahora en la actividad de Jordi Pujol Jr. y su esposa Mercé Gironés, pero las pesquisas policiales también señalan a las empresas que alimentaron durante años la trama tejida por el clan a cambios de presuntos favores políticos.
Los focos se centran en dos grandes grupos constructores controlados por familias de la burguesía catalana que crecieron a la sombra de los diferentes Gobiernos de Jordi Pujol y que han logrado consolidar su hegemonía en la comunidad pese a la presión de otros gigantes de ámbito nacional. Según cálculos de El Confidencial basados en datos oficiales de la propia Generalitat, tras el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de estas dos corporaciones familiares se esconde un negocio que ascendió en sólo cinco años (2008-2012) a un total de 875 millones de euros en contratos públicos para la construcción de infraestructuras. Con todo, la investigación de la UDEF se remonta hasta el año 2000 y afecta también a muchas otras compañías familiares de menor tamaño. Los pagos habría servido para amañar un volumen aún mayor de contratos.
Grupo Comsa-Emte
La UDEF concluye que este grupo constructor, propiedad de la familia Sumarroca, pagó entre 2008 y 2009 a Project Marketing Cat, una de las sociedades instrumentales controladas por Jordi Pujol Ferrusola, 154.048 euros por falsos servicios de consultoría. Los agentes recuerdan que la corporación está controlada por “Carles Sumarroca Coixet, que desde antaño ha tenido vínculos con el expresidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol Soley, pudiendo acreditar que las sociedades que gravitan en torno a Carles Sumarroca tienen fuertes ingresos provenientes de negocios de ámbito público”.
Los vínculos de Comsa-Emte se han prolongado en el tiempo con los actuales dirigentes de CiU. El hijo de Carlos Sumarroca Coixet, Carlos Sumarroca Coixet, se encuentra, por ejemplo, entre los 13 miembros del Consejo Asesor de Endesa en Cataluña gracias al apoyo de Convergencia. La UDEF mantiene que los pagos podrían ser mayores porque sus agentes no han podido localizar toda la información que buscaban. Emte no facilitó las facturas emitidas a otras dos empresas vinculadas con la trama de Jordi Pujol Jr. alegando que “dado el tiempo transcurrido no las guardaban”.
Estos negocios ocultos hasta la fecha permitírían quizá explicar la facilidad de Comsa-Emte para lograr contratos de las diferentes administraciones catalanas. Entre 2008 y 2012, el grupo de la familia Sumarroca fue en dos ejercicios el que acaparó la mayor cantidad de gasto en infraestructuras de la Generalitat, según las estadísticas oficiales. En esos cinco años, el clan cercano a la familia Pujol acumuló una cifra de negocios en contratos públicos por un valor total de 500,18 millones de euros.
Grupo Copisa
El segundo gran grupo señalado por la investigación de la Policía sobre las presuntas actividades ilícitas del mayor de los siete hijos del expresidente Pujol es el Grupo Copisa, controlado por la familia Cornadó, también fuertemente vinculada con CiU. Los investigadores concluyen que dos de las sociedades instrumentales de Jordi Pujol Jr., Project Marketing Cat e Inicitiatives Marketing e Inversions, facturaron igualmente a una decena de sociedades de este grupo de construcción por servicios fantasma.
La UDEF concluye que esos documentos solo pretendían blanquear el pago de comisiones ilegales por gestiones de Jordi Pujol Jr. ante la administración catalana y se apoya en el hecho de que Copisa no pudo aportar documentos “en los que de forma fehaciente se dejara constancia de trabajo alguno real como pudieran ser correos electrónicos, justificaciones de la experiencia de Jordi Pujol Ferrusola en cada una de las materias, gastos, informes de avance…”.
Los investigadores subrayan que la relación del hijo del expresidente con el grupo Copisa era tan fluida que había un alto directivo de la corporación que actuaba de enlace. Se trata de Xavier Tauler Ferre, consejero delegado del Grupo. Jordi Pujol Ferrusola se ponía en contacto con él y éste a su vez redirigía “oportunamente la llamada al representante de la sociedad [de su propio grupo] que correspondiera”.
Esos fluidos contactos habrían dado como resultado una suculenta recompensa para el grupo de la familia Cornadó. Según los datos de la propia Generalitat, el Grupo Copisa logró sólo en el periodo 2008-2012 adjudicaciones de la administración autonómica por valor de 375,03 millones de euros, convirtiéndose en uno de los principales contratistas de Cataluña. En 2012, un ejercicio de fuertes recortes de gasto público, Copisa se alzó como el primer proveedor de obra pública de Cataluña.
Las otras familias del caso Pujol
La UDEF también apunta a otras empresas catalanas como colaboradoras necesarias de los cobros ilegales que habrían nutrido durante décadas las cuentas bancarias en paraísos fiscales de Jordi Pujol Ferrusola. De hecho, el juez Ruz ha pedido información sobre 17 supuestos clientes del primogénito del clan, pero los investigadores sólo han rastreado una parte.
Entre los que ya han sido analizados se encuentran, además de Comsa-Emte y Copisa, otras firmas de menor tamaño como la compañía Aglomerats Girona S.A., propiedad del empresario Esteban Ayats Domenech. La Policía implica a esta empresa, que ya fue investigada en 2011 por el amaño de contratos en la provincia de Gerona, en un pelotazo urbanístico que reportó a la mujer de Jordi Pujol Jr., Mercé Gironés, unas ganancias de 4,8 millones de euros. Los agentes sospechan que la operación sirvió para encubrir el blanqueo de fondos procedentes de comisiones.
Las firmas Famguega y Life Mataró, ambas vinculadas con la familia Guerrero Kandler, también son señaladas como responsables de pagos fraudulentos a la trama de Pujol Ferrusola. Ambas se dedican al negocio inmobiliario. Aunque no captaron contratos de obra pública, sí se habrían beneficiado de decisiones administrativas de la Generalitat. Los investigadores detallan en concreto el abono de una factura con fecha de 19/11/2007 por importe de 479.984,09 euros que supuestamente habría servido para remunerar servicios de consultoría prestados por el mayor del clan Pujol. Sin embargo, en la documentación aportada por los propietarios del grupo "no queda clara la realidad del trabajo efectivo que prestó Jordi Pujol Ferrusola". Eso no impidió el pago de esa factura y de otras tres por importes de 759.800 euros, 379.900 euros y 379.900 euros en el plazo de un solo mes. Igual que en los otros casos, la UDEF considera que esas facturas se utilizaron para tapar el pago de comisiones.
La otra familia que asoma en la investigación judicial es la propietaria de los únicos tres casinos que durante décadas han tenido licencia para operar en Cataluña. Se trata de la familia Suqué. El juez Ruz ha pedido a la UDEF que investiguen los presuntos pagos que habría realizado este otro clan fuertemente vinculado también con los Pujol a las sociedades instrumentales que manejaba el primogénito del expresidente catalán. Los Suqué habrían realizado esas contribuciones a través de la firma Inverama SL. Los expertos en delitos económicos de la Policía aún no han diseccionado esta otra relación.
* El Confidencia - José Mª Olmo - 30.8.14
Foto: Total adjudicaciones obras Generalitat en 2008 - elconfidencial
Baleares.- El jefe que hizo su ley de Costas
"ANDREU MANRESA* : El ingeniero Antonio Garau Mulet ha estado en la sala de máquinas del sistema familiar de Baleares SA. Ha sido un tapado aunque goza del privilegio de tener (en vida) calles en homenaje, a su nombre. Garau (Inca, 1928) organizó su régimen; controló absolutamente, durante décadas, los deslindes, obras, concesiones y negocios en la costa de las Baleares. A él se debe casi todo lo que se ve junto al mar, lo que se ha alzado.
Su poder nació en la dictadura de Franco y la transición con Suárez, y siguió con el socialista González. Se atribuye la armadura de la ley de Costas. Es prepotente, hábil pero desorganizado y de verbo atrabiliario, para tres personas que le tratan. Informó y otorgó la explotación de los yacimientos de oro sobre la arena y primera línea. Hizo paseos y decidió sobre la explotación de playas. Pautó 1.000 kilómetros de Baleares con mojones. Fijó lo privado y el dominio público, zonas marítimo-terrestres, de protección y servidumbres.
El mar acaba tierra adentro, donde alcanzaron las olas en los mayores temporales. La tierra queda recortada y una franja desierta guarda la memoria de la sal de marejadas equinocciales. Una muralla del horror, consentida, de miles de obras, besa el agua, corta el paso, impide vistas y se apropia del común.
Garau fue jefe de Costas de 1964 a 1991. Lo removió el exalcalde de Palma del PSOE, Ramon Aguiló, al ser delegado provincial de Obras Públicas. Aguiló en Diario de Mallorca lamenta hoy la “decidida, consentida e impulsada” gran destrucción de la costa por el Estado con sus “singulares virreyes coléricos”.
Nada se movió en calas, muelles, piscinas, embarcaderos, terrazas, chiringuitos, casetas y boyas que le fuera ajeno al ingeniero. Los deslindes en la playa de Muro facilitaron los últimos hoteles en un sistema dunar, un arenal virgen, en la Albufera. Un lacónico atentado. Sin cargo, se hizo director de Servicios Técnicos Jurídicos Europeos, el “mejor consulting” de costas y cooperó con Josep Melià I. Se asoció, en minoría, con el político Juan Verger, en la marina del puerto de Palma con el concesionario Juan Antonio Riutord, una amistad y negocios rotos, a la brava.
Es un litigante al frente de una saga. Polemista en Última Hora, pleiteó y ganó por una carta al director de otro diario donde se le acusó de actos fuera de ley. Debutó en la historia penal al reclamar ante un juez el pago de un soborno a un empresario, una dádiva vitalicia anual de 30.000 euros. El exhotelero y excontrabandista Jaime Moll le retribuyó por asesorías. Moll logró explotaciones playeras y mostró registros con la participación en su compañía de la esposa de Garau, un 2,5%. Durante 23 años, el negociante pagó una mordida al ingeniero. La fiscalía reclamó (en vano) cinco años de cárcel por cohecho, pero el delito caducó. Garau no cobrará más y debe retornar la dádiva.
Se estrenó en el Instituto Nacional de Industria, pasó por Gesa, Butano, una promotora y proyectó embalses. Organizó el paseo y el comercio en la arena de la playa de Palma, una concesión de 15 balnearios hasta 2023 que casi fue eterna. Coleccionó arte y lo puso en el mercado con amistades. Obsequió dibujos de Rivera Bagur como presidente del Fomento de Turismo (1972-79) y lanzó el Musical Mallorca. Logró, con su amigo editor Pedro Serra, que Joan Miró hiciera el cartel El sol de Mallorca. En 2011 se subastó en Londres, por 475.101, euros un miró de 1976, regalo del artista a la hija de Garau, Catalina.
El todopoderoso reformó y habitó la vivienda del faro de l’Avançada, en la Fortalesa de Pollença. Anfitrión de altos cargos, el director general de Costas Fernando Palao (1982-91) fue su protector. El aparato del PSOE tardó una década en derribar a Garau, quien para cobrar el cohecho a Moll fichó de abogado al diputado socialista Antonio Diéguez.
Presidente del Círculo de Bellas Artes —que pugnó con el Ayuntamiento Palma—, lideró la ONG de marginados Es Refugi de Jaume Santandreu y su presencia provocó la fractura de la cúpula. Investigado y desimputado en el caso Andratx, por sus solares de cala Llamp, Antonio Garau, ante el mar de Illetes, es del clan de amistades de la corrupta presa Maria Antònia Munar. Las calles a mayor gloria del jefe de Costas están en cala Bona, s’Estanyol y can Picafort, territorios de poder y negocio a la mallorquina.
* El País - Crónica - 24.8.14
Foto: Baleares, construcciones costa - Ecologistas en Acción
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Madrid.- Descontrol y falta de mantenimiento en los pisos protegidos vendidos a 'fondos buitre'
"ELDIARIO* : La gestión de antiguas viviendas sociales por parte del fondo de inversiones Goldman-Sachs al que la Comunidad de Madrid vendió sus promociones de pisos coincide con el aumento de tensión entre vecinos de pisos adjudicados y un creciente volumen de personas que han entrado sin permiso a vivir en las casas vacías. Vecinos del Ensanche de Vallecas (Madrid) se quejan de que, desde que Encasa Cibeles –la empresa colocada por Goldman-Sachs– es la propietaria se han multiplicado la ocupación de casas, los conflictos y los desperfectos en la colonia.
Estos inquilinos se enteraron en octubre de 2013 de que el Instituto de la Vivienda madrileño (IVIMA) había vendido sus hogares al fondo sin aviso previo. A partir de entonces, muchos salieron de sus casas al cambiarles el casero de público a privado (y abrirse la posibilidad de modificar las condiciones de su alquiler de social a propio del mercado libre). En su lugar, han entrado de manera ilegal más de cien familias. Los que se quedaron mantienen su lucha para que el IVIMA recupere sus contratos. La tensión entre los dos grupos ha ido aumentando sin que el fondo ponga solución.
La crisis de la vivienda resume el día a día de esta comunidad de vecinos situada entre las calles de Eduardo Chillida y la Gran Vía del Sureste. La promoción fue entregada como vivienda protegida, foto mediante, por la entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre (PP).
El patio interior, por el que corren decenas de niños sin obligaciones escolares, une los bloques blancos y grises que forman el complejo. Los primeros pertenecen a la promoción de pisos de alquiler con derecho a compra que el IVIMA ofertó para jóvenes, los que más se han despoblado tras la adquisición de Goldman Sachs-Azora, poseedores de la empresa propietaria Encasa Cibeles.
Ahora, las viviendas de la fachada blanca albergan a la mayor parte de las familias que viven irregularmente en los pisos. " Unas 150 casas", calcula José Luis de Roa, presidente de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), que agrupa a los vecinos de esta y otras 31 promociones de pisos protegidos vendidos a la empresa privada.
Jonathan es uno de los que han entrado sin permiso. Conversando con eldiario.es, señala la ventana de la casa donde vive con su mujer y sus dos niños, desde hace cinco meses. Entró cuando le contaron que había varios viviendas sin dueño en la zona. "Porque no tenía otro sitio en el que vivir", cuenta. Echó varias veces la solicitud para acceder a una vivienda protegida, pero no le tocó nunca, y decidió instalarse sin permiso. "Dicen que somos delincuentes pero, para mí, dar un techo a mis hijos no es delinquir. Somos pobres", afirma.
"Aquí hay muchos casos: los que están pagando y apenas llegan a fin de mes, los que pagan de momento pero que no podrán hacerlo cuando les suban los precios en Encasa Cibeles y los que han visto la oportunidad de una vivienda, y están sin pagar", resume José Luis de Roa.
Antes y después de Encasa Cibeles
Khadija vive con su marido y sus tres hijos en uno de los bloques gris oscuro. Al principio, pagaban un alquiler de 363 euros, más los gastos de la comunidad y del seguro. Su situación económica empeoró y con una renta de unos 500 euros al mes no podían hacer frente a los gastos diarios. "Me rebajaron el alquiler hasta los 52 euros, gracias a que aún tengo vigente el contrato con el IVIMA hasta julio del próximo año", cuenta.
Las ayudas y las condiciones especiales de los inquilinos con más necesidad quedan en el aire cuando concluyen los contratos con el IVIMA. "Hay vecinos a los que les han vencido sus contratos y en Encasa Cibeles les han dicho que ellos no son una ONG", apunta José Luis de Roa. La asociación AVVI llevó su caso ante la Defensora del Pueblo, que concluyó que la venta del Instituto de Vivienda "resulta perjudicial" para los inquilinos. "Una vez que las viviendas están en manos privadas, ya no cabe la aplicación de las normas de servicio público", sostiene la institución en una carta remitida a los afectados.
Un portavoz de Encasa Cibeles asegura que estudian "caso por caso". "Hay que distinguir entre aquellas situaciones de especial vulnerabilidad social, que estudiamos con nuestro equipo de mediación social para buscar soluciones, de otros casos que son simples actos de delincuencia", afirma el portavoz. La empresa argumenta que ha instalado puertas especiales para evitar más entradas ilegales y asegura que enviará en los próximos días un servicio de vigilancia, que aún no está operativo.
Las diferencias también se dejan sentir en el discurso de los vecinos que abonan con dificultad sus mensualidades. "Es más fácil que llegue una orden de desahucio a una familia que deja de pagar que ver salir a otra que ha entrado de manera ilegal", dice Khadija. Según Encasa Cibeles, los procedimientos para vaciar los pisos ocupados ya se han iniciado, pero son "procesos lentos".
Jonathan y Abraham, otro vecino que ocupó una vivienda con su mujer y sus dos hijos, coinciden en que de momento nadie ha acudido a echarles. "Pero es algo que sabemos que pasará", se resigna Abraham, que sobrevive con lo que saca "de la venta de fruta ambulante". "Nosotros lo que queremos es que vuelva el IVIMA y que nos ponga un precio que podamos pagar. Pero no los 600 euros que piden aquí, porque con eso no tendríamos para comer", continúa. Abraham, que ya lleva un año en la que considera su casa, quiere seguir en la comunidad, en la que "no hay problemas entre vecinos más allá de roces por ruido y otras discusiones normales", dice.
Septiembre, un mes clave
Al mismo tiempo que el número de ocupaciones aumentó, también lo hicieron los deperfectos en las zonas comunes, que ahogan a los vecinos. "Hay critales de los portales rotos, robaron las cámaras del garaje y se rompieron las cerraduras de entrada, entre otras cosas", enumera Marcelino Calvo, otro vecino de los bloques de alquiler que dejará su casa este septiembre porque ha encontrado "una alternativa mejor". Las continuas reparaciones han provocado un aumento en el precio de los seguros que contratan los vecinos. "Cuando no llegas ni para comer, estos imprevistos agobian mucho", dice Khadija.
Fruto del contrato con el IVIMA, se crearon las juntas vecinales que deben afrontar los gastos de mantenimiento de los edificios. Sin embargo, con la entrada de Encasa Cibeles los vecinos consideran que estos gastos los debe pagar el propietario. "Eso eran condiciones especiales con el IVIMA, por tratarse de viviendas protegidas. Aquí pagamos la comunidad, por ejemplo, y yo nunca la he pagado en otros alquileres", indica José Luis de Roa.
Sin embargo, se resisten a desmantelar las juntas vecinales. "No queremos perder el control", apunta De Roa, con la vista puesta en el 3 de septiembre, fecha en la que declarará Ana Gomendio, directora gerente del IVIMA, imputada por un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada. La querella partió de un grupo de diputados regionales socialistas, a la que se unió más tarde la asociación AVVI.
La declaración de Gomendio también la seguirán con atención los vecinos que viven sin contrato, porque septiembre es una de las fechas que se barajan para el desmantelamiento de las ocupaciones. "Puede que en enero, también. No lo sabemos", dice Jonathan. Y cuestiona si son solo ellos los que han actuado fuera de la ley: "El IVIMA vende estas casas por menos millones de lo que valen a un banco, que ahora echa a la gente que no puede pagar".
Khadija confía en que se reconozca el derecho de las familias a mantener las viviendas protegidas, como quien se resiste a la traición de una promesa incumplida. "Si no es así, espero que Esperanza Aguirre venga a hacerse una foto conmigo cuando me quiten las llaves que me dio", concluye.
* El Diario - Laura Olías - 24.8.14
Foto: Las zonas comunes presentan varios desperfectos, denunciados por los vecinos. / Olmo Calvo.
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El suelo urbano sin agua y luz debe tributar como rústico
Continúan las consecuencias nefastas de la llamada burbuja inmobiliaria de los últimos 16 años en este país. Actualmente hay un grave problema en la calificación del suelo y su tributación, que afecta negativamente a las economías familiares, aunque también, todo hay que decirlo, a los especuladores inmobiliarios que son los verdaderos culpables de la situación. Innumerables terrenos que han sido calificados como urbanizables, según consta en el Plan General municipal, no han desarrollado sus infraestructuras y dotaciones para llegar a ser urbanos, debido en gran parte a la crisis/estafa de estos años. No obstante, estos suelos tributan en el Catastro como urbanos (mayor cotización), algo a lo que los Tribunales de justicia han puesto coto, resolviendo que no debe ser así y que deben tributar como rústicos (menor cotización). El Supremo ha ratificado la sentencia, luego es de esperar que las valoraciones catastrales se modifiquen inmediatamente ya que son injustas e ilegales. Veremos si es verdad que así sucede.
"ELECONOMISTA* : La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha preguntado a la Secretaría de Estado de Hacienda cómo va a adaptar los datos y valores catastrales del suelo calificado como urbano no desarrollado al contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014. En una nota publicada ayer, destaca Becerril que la legislación obliga a tributar por una finca como urbana desde que el Catastro recibe la comunicación del nuevo planeamiento, pero que existen municipios que aprobaron un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en una etapa de expansión y crecimiento inmobiliario, que nunca se ha desarrollado por el cambio en la situación económica.
No existe solar urbano
La sentencia, de la que es ponente el magistrado Frías Ponce, concluye que si un suelo se ha calificado como urbanizado pero no tiene las características de solar urbano (acceso a agua, luz, aceras...), deberá tributar como suelo rústico.
El Supremo ratifica el fallo establecido por el juzgado de instancia sobre la consideración de un inmueble, clasificado en el PGOU de Badajoz como suelo urbanizable con condiciones como suelo de naturaleza urbana a efectos catastrales.
Dice Frías Ponce que es nula la valoración por cuanto la finca que es causa del litigio, pese a estar dentro del perímetro que delimita el suelo urbano de Badajoz, es de naturaleza rústica por tratarse de un suelo urbanizable, sin haberse iniciado el correspondiente proceso de urbanización, al no estar aprobado el instrumento de desarrollo.
Así, añade el magistrado que si fuera suficiente con la simple inclusión en el perímetro geométrico de sectores de desarrollo en el suelo urbanizable, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento (como defendía la Abogacía del Estado), sería innecesaria la mención a "los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo", tal y como se regula en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
De ser así, considera que se entenderían por suelo de naturaleza urbana todos los inmuebles clasificados como urbanizables a efectos catastrales por considerarse así en el Plan General, incluso los urbanizables sin condiciones que precisan para su ejecución la modificación del Plan General, "lo que no tiene sentido alguno".
Por ello, el razonamiento del ponente concluye argumentando que debe calificarse como suelo urbano en el PGOU de Badajoz exclusivamente "el suelo comprendido en los dos Sectores en que el PGOU de Badajoz establece su ordenación detallada sin necesidad de Plan Parcial, así como el suelo urbanizable en ejecución".
Por el contrario, considera que no es urbano el resto del suelo urbanizable, por exigir para su desarrollo un Plan Parcial o un Programa de Ejecución y, "por tanto, no puede considerarse sectorizado o delimitado". Así, la sentencia coincide con el informe La Realidad Catastral en España, publicado por la Defensora del Pueblo en 2012.
* El Economista - Xavier Gil Pecharromán - 19.8.14
Foto: Suelo urbanizado - noticiasconstruccion
