Madrid.- La directora general del IVIMA comparece ante los tribunales por prevaricación y malversación

Un tema del que ya hemos venido hablando bastante en este blog y que, por fin, parece que los tribunales se han puesto manos a la obra, dejando por un momento su habitual dejadez en estos importantes asuntos urbanísticos. El IVIMA, dependiente de la Comunidad 'popular' de Madrid, vendió ilegalmente 3.000 viviendas públicas al fondo buitre Goldman Sachs-Azora y, encima, a unos precios ridículos. Es decir, un delito de libro el cometido por la dirigente del PP, A.Gomendio, que, lógicamente, causó una enorme protesta entre los destinatarios de esas viviendas públicas, que de golpe pasaron a manos privadas, y que ha terminado en los tribunales. Hasta la misma Defensora del Pueblo, tan poco dada a estos asuntos sociales, denunció la gravedad de los hechos cometidos por la Comunidad de Madrid de I.González, a través del IVIMA.
"DIAGONAL* : Prevaricación y malversación de caudales públicos. Son los presuntos delitos que han llevado a declarar ante los tribunales esta mañana, en calidad de imputada, a Ana Gomendio, directora general del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), tras haber vendido 3.000 viviendas públicas a un fondo buitre y, además, a precios irrisorios. Gomendio fue imputada el pasado 25 de abril tras una querella interpuesta por el Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid contra la Comunidad de Madrid, y en ella se ha personado como acusación popular la recién creada Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima (AVVI).

El acto que provocó la imputación de Gomendio fue la firma, el 6 de junio de 2013, por la que se dispuso la publicación de la convocatoria de “enajenación de 32 promociones” con un presupuesto base de licitación de 168 millones de euros. Las 32 promociones, formadas por 2.935 viviendas, 2.849 plazas de garaje y 1.865 trasteros, fueron adjudicadas a la sociedad Azora, en la que participa el fondo buitre Goldman Sachs, por 201 millones de euros en total.

Según denunciaba la AVVI en un comunicado, “una de las principales consecuencias que el traspaso de la propiedad de estas viviendas públicas a una empresa privada está teniendo es que familias que recibían una ayuda pública para pagar el alquiler de estas viviendas la han perdido al privatizarse la propiedad de las mismas. En los próximos días y meses, veremos como familias de escasos recursos se verán desahuciadas de sus hogares por no poder afrontar el alquiler tras perder las ayudas”.

Por otro lado, la asociación denuncia que a los inquilinos con derecho a compra se les ha negado su derecho de retracto para adquirir las viviendas al mismo precio al que han sido adjudicadas al fondo de inversión, por lo que “cuando finalicen su contrato de alquiler y tengan que ejercer su derecho a comprar, el precio de venta llegará a triplicar de media el precio pagado por Goldman Sachs-Azora a la Comunidad de Madrid”.

Ante este caso, el pasado mes de julio, la oficina de la Defensora del Pueblo presentó un escrito en el que denunciaba que “se ha producido así una privatización total de la situación jurídica de los arrendatarios, que les perjudica pues antes estaban más protegidos que ahora", ya que “una vez que las viviendas están en manos privadas ya no cabe la aplicación de las normas de servicio público”. La Defensora del Pueblo también instaba al Ivima a que, "ante situaciones coyunturales de necesidad de los ciudadanos, la respuesta de la Administración no puede ser el dejar a los ciudadanos en desamparo, sino adoptar una posición activa para atender esas situaciones".

Ante la comparecencia de Gomendio en el juzgado de instrucción número 48 de Madrid, varias decenas de afectados se han concentrado convocados tanto por la AVVI como por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social.


* Diagonal - 3.9.14
Foto: A.Gomendio, directora del IVIMA en los juzgados - lainformación