Oviedo.- Urbanismo suspende ahora la licencia de derribo de La Madreña

El Centro social okupado y autogestionado 'La Madreña' en Oviedo llevaba en funcionamiento más de 2 años y medio en un edificio abandonado que, parece ser, no iba a ser derribado a corto plazo. Pero la empresa propietaria aceleró los trámites, con la complicidad municipal 'popular', y de repente se concedió el desalojo por derribo. Lógicamente el colectivo social ha protestado fuertemente en la calle, logrando que el ayuntamiento haya paralizado momentáneamente la operación especulativa. Se descubrió el pastel municipal que había concedido una licencia de derribo irregular, con informes técnicos contrarios, y el alcalde se ha visto obligado a recular, sin que la justicia, nuevamente, haya actuado hasta el momento contra los culpables de las ilegalidades del ayuntamiento 'popular'.
"ELCOMERCIO* : Apenas veinte días le ha durado a la empresa Sedes el permiso para iniciar los trabajos de derribo del edificio que posee en el número 32 de la calle General Elorza, el inmueble que durante los dos últimos años y medio vio nacer y crecer entre sus paredes al centro social okupado y autogestionado La Madreña. Tras conceder el pasado 6 de agosto la licencia para la demolición, la sección de Licencias acordó ayer la suspensión de su propia orden.

Al menos hasta que se resuelva el recurso de reposición presentado por Izquierda Unida.

La reactivación de la licencia de derribo, pedida por primera vez en 2011, a la empresa Sedes, con un 60% de capital público, llegó en circunstancias extrañas. El colectivo de La Madreña, que sigue denunciando la especulación urbanística de la operación que dejó ese inmueble vacío, tuvo conocimiento de que los propietarios tenían la intención de destruir el edificio. Sabían que existía una solicitud de licencia, pero creían, y así tuvieron conocimiento por parte de fuentes del Ayuntamiento, que no iba a concederse. Llegaron a convocar una rueda de prensa aplaudiendo la decisión municipal y pidiendo firmeza en la misma. A las pocas horas conocieron la realidad: Sedes ya tenía en sus manos el permiso para derruir el edificio.

El concejal del área, José Ramón Pando, había firmado la concesión pues así lo indicaban los técnicos municipales. Explicó que el Consistorio puede rehabilitar una licencia caducada, como es el caso, siempre que no hayan variado «las normas vigentes en el momento del primer otorgamiento ni las circunstancias que lo motivaron». Además, indicó que no era necesario el proyecto de nueva edificación en tres casos excepcionales: causa urgente de seguridad, por ruina o por inadecuación al planeamiento. Es esta última, la singularidad que apreciaron los técnicos municipales.

Desde Izquierda Unida indicaron que el concejal no podía hacer otra cosa, que debía acatar las decisiones de los técnicos, y también que recurrirían la resolución. Tuvieron dificultades para acceder al expediente, pero una vez en sus manos y analizado al detalle, llegaron a la conclusión de que la concesión de la licencia contenía «errores bestiales». El portavoz de IU, Roberto Sánchez Ramos, aseguró que «la resolución no se ajusta a derecho y contradice las normas del PGOU». Principalmente porque esa licencia de derribo no va acompañada de un proyecto de nueva edificación. «Sedes dice claramente que no va construir porque no es aconsejable por la crisis del sector», resaltó el pasado miércoles el edil.

Sánchez Ramos explicó entonces que en el expediente había contradicciones y que un arquitecto municipal informó desfavorablemente a la concesión de la licencia. A su juicio, el concejal de Urbanismo, José Ramón Pando, queda ahora «desacreditado». «Esperamos que el alcalde retome la situación y retire esa licencia erróneamente concedida».

Tan solo un día después de la entrega del recurso de reposición, la sección de Licencias emitió un informe en el que admite la alegación y ordena la suspensión del permiso de derribo. Esta vez, es Gerardo Antuña, concejal que tiene delegadas las competencias estos días, quien firma el informe. La resolución «estima la solicitud de suspensión formulada y suspende su eficacia, en consecuencia, al amparo de la licencia rehabilitada no podrán desarrollarse las obras autorizadas en virtud de la misma hasta tanto se levante esa suspensión», expresa la nueva resolución.

No obstante, el texto no admite la tesis de IU de que no se dan las circunstancias legalmente establecidas para la rehabilitación. La suspensión se concede cuando la impugnación se fundamenta en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho o también cuando de ejecutar la licencia pudieran causarse perjuicios de imposible o difícil reparación. Es este segundo argumento el que tiene en cuenta el Consistorio y no la falta de un ajuste a derecho como pretende IU. «Se considera la posible concurrencia de perjuicios de imposible o difícil reparación si se ejecuta», señala el informe. Además consideran que no existe un interés público, que de modo inmediato exija la ejecución, «pues la demolición se limita a avanzar en el proceso edificatorio que, en este caso, no concurre». Sedes puede recurrir la suspensión del permiso en el plazo de diez días.


* El Comercio - IDOYA REY - 29.8.14
Foto: Una manifestación en contra del desalojo del centro social okupado de La Madreña. / M . ROJAS