ELPAÍS/Madrid* : Un barrio de esqueletos urbanos. Miles de casas vacías y en venta. Atraído por la desolación del PAU de Vallecas, el artista Hans Haacke pincha la herida de la burbuja inmobiliaria con una obra de arte.
En el mundo hay muchos fines del mundo y uno está en Vallecas. Curiosamente le han puesto el nombre de “ensanche”: el Ensanche de Vallecas. Y después de ahí, la nada. Está al final de la Avenida de las Suertes y marcado con una señal de stop, acompañada de otra de "gire a la derecha". En metro, es la última parada de la línea 1: Valdecarros.
Siempre se ha imaginado el fin del mundo como algo sublime, algo capaz de provocar esa extraña sensación de vaivén entre el vértigo y el estremecimiento ante lo que se presenta como una contradicción abismal, como algo raro, inasible, capaz de escapar a los gruesos límites de la razón y de la lógica pero que, sin embargo, se impone, existe, está ahí, se puede tocar, ver... Y sí, en Vallecas hay un sitio así, un fin del mundo cualquiera.
Atraído por esa imagen desoladora llegó Hans Haacke, una artista nacido en Colonia (Alemania) en 1936 y afincado en Nueva York desde hace más de 40 años. Había llegado a Madrid en avión para ver a su amigo Manuel Borja Villel, director del Museo de Arte Reina Sofía. Hacía tiempo que querían trabajar juntos y estaban empezando a perfilar una idea. Corría el año 2010.
Mientras llegaba al centro de la ciudad en el taxi pudo ver, a su paso, enormes extensiones de terreno, con calles pavimentadas y farolas a lado y lado en medio de un espacio completamente vacío: “In the middle of nowhere” (en medio de ninguna parte), dice. “Al llegar pregunté qué era aquello y me respondieron que había muchos sitios así en la periferia de Madrid, tierras prometidas, donde estaban previstos grandes planes urbanísticos que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, se habían abandonado”, cuenta.
Pidió hacer un tour por la periferia. Y fue en ese recorrido cuando descubrió la calle del Arte Conceptual, la del Arte Abstracto, la del Arte Figurativo, la de Eduardo Chillida… Y tantas otras vías del Ensanche: unas con edificios a medio terminar, otras delimitadas por esqueletos urbanos, otras con sólo los cimientos de las construcciones, otras con solares yermos, otras con edificaciones de cinco y seis plantas terminadas y plagadas de carteles de “se vende”, “se alquila”, “rebajas”, o “última oportunidad”… Alegorías de un sistema roto a ladrillazos y que ahora encuentran su representación artística en la tercera planta del Edificio Sabatini del museo madrileño, en una gran muestra con el nombre de Castillos en Aire.
Era abril de 2008 cuando se anunciaba el Ensanche a bombo y platillo como “una ciudad que albergará más de 28.000 viviendas (la mitad de protección pública) con sus correspondientes equipamientos, ocupando más de siete millones de metros cuadrados, una extensión similar a la de la ciudad de Cáceres”.
La ejecución del proyecto, que tenía que haberse finalizado en el año 2006, sufrió grandes retrasos, por lo que los vecinos afectados se organizaron en torno a la Asociación PAU Ensanche de Vallecas.
Gorka Lejarcegi
Ambas administraciones han visto en los nuevos desarrollos la manera de recaudar dinero por la vía de la venta de suelo
“El barrio se ha quedado, al menos de momento, en una acumulación de viviendas con pocos servicios públicos y altos impuestos. Se ha construido algo más del 70 % de las viviendas previstas pero menos del 25% de los recursos dotacionales planeados. De los grandes proyectos previstos, tan solo el centro comercial se ha llevado a cabo”, cuenta Rosa María Pérez Mateo, presidenta de la Asociación de Vecino del Ensanche de Vallecas, que se creó en 2006, año en que debía haber estado finalizado el proyecto.
“El Ayuntamiento firmó con nosotros un plan especial, que debía desarrollarse entre 2008 y 2012, en el que se comprometía a dotar al barrio con distintos recursos de los que tan sólo una pequeña parte se construyeron. Quedan pendientes aún un equipamiento cultural, un polideportivo cubierto, dos pistas polideportivas, un centro de día para mayores, el desarrollo del Parque de la Gavia, aparte de la urgente necesidad de terminar con los malos olores de Valdemingómez y la construcción de un instituto público, un centro médico de especialidades, otro centro de salud y la terminación de las zonas verdes del barrio”, enumera de memoria Pérez Mateo.
Las instituciones, contra las que Haacke tiene la costumbre de arremeter artísticamente y sin paliativos, están diluidas en la llamada Junta de Compensación, que ejerce de promotora del proyecto y que congrega a los organismos públicos (Comunidad y Ayuntamiento) y a las empresas privadas.
Pese a que el Ayuntamiento calculó en su día su inversión en 17 millones de euros, la amalgama burocrática que delimita las competencias de las partes (terreno vendidos a la empresa privada, dotaciones correspondientes a la Comunidad —de sanidad y educación— y las que se corresponden con distintas concejalías del consistorio —centros culturales, deportivos, sociales —) hace de cristal opaco que impide ver con claridad qué se ha hecho, qué queda por hacer y qué cabe esperar: “Habría que ir área por área”, dicen desde Urbanismo, donde se limitan a aprobar los planeamientos que la Junta va presentando.
El Parque de la Gavia fue presentado como uno de los puntos fuertes en la candidatura a las Juegos Olímpicos de Madrid 2012. Se asentará sobre el Arroyo de la Gavia y ha sido diseñado por el arquitecto japonés Toyo Ito. Pero está aún en construcción, así que, el resultado de este gran proyecto urbanístico es un lugar desangelado, con grandes avenidas solitarias, 21.000 casas construidas, más de una veintena de proyectos inacabados, miles de viviendas deshabitadas (se calcula que viven unas 35.000 personas en total, la mitad de las que preveía el Ayuntamiento) y una clamorosa falta de equipamientos urbanos. Allá, en los confines de Madrid.
“Ambas administraciones han visto en los nuevos desarrollos la manera de recaudar dinero por la vía de la venta de suelo, para luego olvidarse de que las personas que viven en esos barrios”, comenta Pérez Mateo.
En nuestra ruta artística por el Ensanche, Haacke señala: “Este es el único bar en estas tres manzanas”. Conoce ya estas tierras como la palma de su mano. “Y un poco más adelante, a mano derecha, está Ibercaja, el único banco”, apunta. “Está casi igual que hace dos años”, asegura, mientras sigue haciendo fotos compulsivamente.
Después de más de una hora y media hemos vislumbrado a lo lejos varias figuras humanas: un trabajador del servicio de la limpieza municipal que dormita en su coche aparcado bajo ese silencio sepulcral que sólo reina en esta clase de confines del mundo; un corredor y un ciclista, que pasan como una exhalación; una señora paseando a su perro, un adolescente con mochila y dos vecinos (de unos cuarenta años cada uno) que se cruzan a la entrada del portal de su edificio:
— ¡Hola!, cuánto tiempo.
— Si, nos vemos poco.
— Bueno pues Feliz Año Nuevo, me alegro de volver a verte.
— Lo mismo te digo.
Una conversación perfectamente normal si no fuera porque es 15 de febrero y hace mes y medio que comenzó el nuevo año y ambos vecinos comparten portal.
La gran idea del PAU de Vallecas, con siete millones de metros cuadrados, era “completar la trama urbana en el Suroeste para favorecer a los casi 70.000 vecinos que acogerá y a los 65.000 que residen en Villa de Vallecas”. De momento, son menos de la mitad porque son pocos los que quieren vivir allí y, y de lo único que parecen beneficiarse es del centro comercial de la Gavia, de la sucursal de Ikea ubicada al lado y de una estación de servicio que se anuncia con el cartel de “gasolina más barata”. Poco más.
La ciudad de la utopía ha fracasado. El Ensanche es la gran metáfora de un modelo de crecimiento basado en el ladrillo que ha muerto dejando toda una estela de desolación a su paso.
* El País - PATRICIA ORTEGA DOLZ Madrid 17 FEB 2012
Foto: Vista del Ensanche de Villa de Vallecas desde una de las muchas parcelas en venta. / Gorka Lejarcegi
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IDEAL/Almería* : El Ayuntamiento de Vera ha dado a conocer el informe derivado del estudio de la evaluación del cumplimiento de la legalidad en las operaciones, actuaciones y procedimientos de gestión del periodo comprendido entre 2007-2010, el cual refleja en sus conclusiones una deuda que asciende a los 19 millones de euros, así como una "mala gestión" en las áreas de Urbanismo y Economía e "indicios de ilícito penal" en algunas de las actuaciones practicadas.
La auditoría, realizada por la empresa Auloce y centrada en las áreas jurídica, económica y de sociedades, ha sido presentado por el alcalde de Vera, José Carmelo Jorge (PP), quien ha tildado de "preocupantes" del datos que de él se desprenden, ya que el Consistorio tendrá que "generar muchos recursos" para poder afrontar la deuda, según ha manifestado en una nota.
El Consistorio debe once millones de euros a proveedores, a los que se dejó de pagar en enero de 2009, más cinco millones de euros de deuda en bancos y la reclamación también de proveedores de dos millones de euros que no están presupuestados ni contabilizados. Esto supone que la deuda municipal se sitúa actualmente en los 19 millones de euros, si bien el Ayuntamiento dispone solo de tres millones de euros.
Entre los aspectos destacados, señala que los expedientes de contratación del Ayuntamiento a empresas, "están incompletos" por lo que "incumplen" los criterios de publicidad y transparencia, de forma que algunos son "nulos de pleno derecho" por haberse tramitado a través de procedimiento de urgencia y, en muchos casos, "prorrogándose".
Asimismo, se observa "el fraccionamiento de los contratos", lo que supone una "irregularidad". La mayor parte de las contrataciones se adjudican a la empresa mixta Codeur "con opacidad y sin justificación de su oferta, lo que priva a otros posibles licitadores de acceder a esas contrataciones". Destacan, en este sentido, la facturación de dicha empresa, que asciende a "seis millones de euros en este periodo".
En cuanto a temas urbanísticos, existen algunos convenios en los hay "cláusulas contrarias al ordenamiento jurídico, y no se justifica el interés general". Se observa incumplimiento por parte del Ayuntamiento y de los promotores firmantes de los convenios "primando más los aspectos económicos que la racionalidad urbanística e interés general".
Licencias de obra en suelo no urbanizable
Por otra parte, aseguran que "no existe un registro de convenios ni de instrumentos de planeamiento", al igual que tampoco existe "un registro de patrimonio municipal del suelo" y el inventario de bienes "no está actualizado desde 2004". Se reflejan también licencias de obras "en suelos no urbanizables, con lo que eso puede conllevar en futuros problemas para la administración municipal". Como caso concreto, se observan "indicios de ilícito penal al haber otorgado licencia con informes desfavorables" relativas a la construcción de unas naves industriales.
En cuanto al área económica, cabe destacar, según explica el estudio de la consultora Auloce, que "se ha realizado el diagnóstico, con arreglo a los documentos contables facilitados por la intervención municipal y sin que se le hayan marcado directrices al respecto". "El Ayuntamiento ha tenido una oscilación muy grande entre 2007 y 2010. Llama la atención, el año 2009 en el que se encuentra el máximo de ingresos, debido principalmente a la subida ese año del IBI en un 280 por ciento. Además, el Consistorio tiene pendientes de cobro, aunque de dudoso cobro, 12,5 millones de euros", señala el informe.
En cuanto a las sociedades en las que está el Ayuntamiento, se contemplan cuatro, dos unipersonales que son Vera Comunicación, S.L, y Ferial Vera, S.L; y dos anónimas en las que el Consistorio tiene la mayor parte de la empresa: la Empresa Municipal de Fomento de Empleo, S.A; y Codeur S.A. Excepto ésta última, sobre la que se aconseja estudiar su viabilidad, el resto está casi "sin actividad".
Con todos los datos expuestos, el alcalde de Vera ha explicado que "todo este estudio se va a pasar a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que elabore un informe sobre el mismo y asesore de qué debemos hacer a partir de ahora".
* Ideal - 17.02.12 - EUROPA PRESS
Foto: Vera (Almería), vista - andaluciatour
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ELPAÍS/Alicante* : El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante publicó este jueves una resolución de la Consejería de Territorio del 31 de octubre de 2011 por la que aprueba la modificación puntual nº45 del Plan General de Torrevieja para recalificar 13.203 metros de suelo no urbanizable común, que conforman tres parcelas con otros tantos chalés de lujo construidos antes de la aprobación del lan general de la ciudad, y que tras la modificación se convierten en suelo urbano con el nombre de Enclave 15. Además, ese cambio le otorga al suelo la ordenanza correspondiente a una de las urbanizaciones cercanas, llamada Las Barcas, junto a Orihuela Costa, para dejar finalmente la parcela mínima en 800 metros.
El Ayuntamiento de Torrevieja llevaba más de 14 años intentando sacar adelante esta modificación del plan general.
En julio de 1997 la aprobó provisionalmente, aunque estuvo casi 10 años en tramitación porque la comisión territorial de Urbanismo exigió, de acuerdo con la LRAU, medidas compensatorias y cumplir las observaciones del ministerio de Fomento, ya que el suelo está al borde de la carretera N-332.
Finalmente, los propietarios tendrán que ceder 1.000 metros para zona verde y otros 2.061 destinados a red primaria viaria, para lo que tendrán que retranquear las parcelas a la línea límite de edificación, señalada a 25 metros de la carretera. El resultado final es que 10.142 metros de suelo no urbanizable pasan a ser directamente suelo urbano y los tres lujosos chalés quedan definitivamente legalizados.
Las tres parcelas fueron edificadas antes de 1986 y conforme a la resolución de la consejería contaban “con la correspondiente licencia, según justifica el Ayuntamiento”, si bien en toda la superficie solo se habría podido construir una vivienda al tratarse de suelo no urbanizable, lo que obligaba a disponer de al menos 10.000 metros cuadrados para poder obtenerla. El rectángulo de suelo que conforman limita por dos de sus lados con el sector 7 Las Barcas, un plan parcial de suelo urbanizable “desarrollado y prácticamente colmatado hasta el 90%”, pero los otros dos lindes son la N-332 y por el norte el resto del suelo no urbanizable.
* El País - 16.2.12
Foto: Zona donde se han construido los chalés autorizados por el Consell - elpais
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ELPAÍS* : Bancaja ha invertido 200 millones de euros en dos proyectos urbanísticos en el estado mexicano de Baja California que se hallan paralizados. La entidad, integrada ahora en Bankia, figura como promotora y entidad financiera de los proyectos denominados El Zacatón y Piedra Bolas, que se engloban dentro del denominado Plan Maestro Grand Coral Los Cabos, según desveló ayer la Cadena SER.
Una participación que Bancaja anunciaba en la página web del grupo mexicano Grand Coral Los Cabos y que ahora ha sido retirada. El proyecto de Bancaja incluyó la compra de más 1.200 hectáreas para construir una zona turística de lujo en el litoral mexicano.
Según explicó la Cadena SER, el Ayuntamiento de los Cabos autorizó en diciembre de 2010 a Plan Maestro Grand Coral los usos de suelo para el desarrollo terciario de la zona. Aunque a día de hoy los comerciales mexicanos del proyecto admiten que no se ha empezado a construir.
En el caso de la urbanización denominada El Zacatón se ha presentado la declaración de impacto ambiental requerida por el Ministerio de Medio Ambiente de México previa a la autorización de construcción.
El proyecto de Bancaja en El Zacatón incluye la edificación de 36.000 apartamentos turísticos, un campo de golf de 18 hoyos y las infraestructuras comunes. Esta urbanización, en la que ya se han invertido más de 200 millones de euros, está proyectada sobre una superficie de 400 hectáreas, de las cuales 108 serían zonas verdes.
Según contó a la SER Agustín Bravo, coordinador general del Centro Mexicano de Derecho Medioambiental, “se puede presuponer que es un proyecto especulativo, porque en Baja California Sur, no hay tanta demanda para esta oferta delirante”.
Bravo argumentó que “se desconoce si [los promotores] tienen dinero para estas macroinversiones, pero todo apunta a que no es así: están buscando una ganancia de corto plazo al vender los usos del suelo y después dejarle a la población local los problemas que eso generaría”. Bancaja no quiso explicar cuál es la situación de sus proyectos en México.
En la misma zona del litoral mexicano la CAM invirtió 230 millones de dólares, a través de Hansa Urbana, en un proyecto denominado Cabo Cortés también estancado después de seis años.
* El País - Valencia 18 FEB 2012
Foto: México, Riviera Maya, masterplan Gran Coral - gcoral
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LAOPINIÓN* : La Fiscalía Provincial de A Coruña ha denunciado ante los juzgados de instrucción la construcción de dos edificios sin licencia, "ilegales e ilegalizables", a su juicio, en los campus de Elviña y de A Zapateira. La demanda no se dirige contra ninguna persona en concreto, sino contra quienes, desde la Universidade da Coruña, promovieron y decidieron la ejecución de estas obras, y contra los técnicos que proyectaron y ejecutaron los edificios. Entre ellos, el Ministerio público nombra al vicerrector de Infraestruturas y Gestión Ambiental en el momento de la construcción de los inmuebles, Xosé Lois Martínez, y a los directores de las obras, César Portela Fernández Jardón, César Padrón Conde y Pablo Reboredo Canosa. La Fiscalía solicita al juzgado que cite a declarar "en calidad de imputados" a todos ellos.
La denuncia de la Fiscalía, fruto de las diligencias abiertas a raíz de las informaciones publicadas por LA OPINIÓN sobre la construcción de edificios sin licencia en la Universidad, se extiende a dos construcciones. Una, ya terminada, es el primer módulo del área científica del parque tecnológico, en el campus de Elviña, que, denuncia la Fiscalía, está "erigido en un espacio libre destinado para aparcamiento". La otra, un edificio de apartamentos sin concluir en el aparcamiento situado detrás de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, en el campus de A Zapateira, "ejecutado sin licencia" en "suelo calificado en parte como viario y en parte como zona verde". A juicio de la Fiscalía, ambas obras son "ilegales e ilegalizables".
El Ministerio público, en la fase de diligencias, solicitó los expedientes administrativos sancionadores y de reposición de la legalidad instruidos por el Ayuntamiento, que se dirigen, según consta en la denuncia, contra el exvicerrector de Infraestruturas, los tres directores de las obras y la empresa constructora, Dragados. Tras analizarlos, la Fiscalía concluye que los hechos son, "por sí mismos, suficientemente indiciarios" de la existencia de "supuestos delitos urbanísticos" según "los artículos 319 y siguientes del Código Penal". Este artículo determina que "se impondrán penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, e inhabilitación especial para profesión de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o considerados de especial protección". Ante estos delitos, el Código Penal establece, además, una multa de doce a 24 meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito cometido superase el importe de la sanción, en cuyo caso la multa será igual a ese beneficio o hasta tres veces más.
La Fiscalía solicita al juzgado que requiera a la Universidad "la totalidad de los expedientes" de que disponga sobre ambas construcciones, entre los que cita las resoluciones para la ejecución de los edificios, la identidad de quienes "resolvieron realizar la construcción", los contratos con la constructora, e informes sobre "la existencia de solicitud de licencia" y sobre la concesión de los permisos.
La Universidad rehusó ayer hacer declaraciones sobre la denuncia de la Fiscalía y esta redacción intentó, sin éxito, contactar con Xosé Lois Martínez y César Portela. En sus últimas declaraciones públicas sobre este caso, después de que LA OPINIÓN informara de la remisión del proceso del Ministerio público al juzgado, el rector, Xosé Luis Armesto, se declaró confiado de que la "colaboración máxima" con el Ayuntamiento a raíz de que se destapara la construcción de edificios sin licencia permita encontrar "una solución razonable". "La aprobación del nuevo Plan General (de Ordenación Municipal) facilitará la resolución del problema", afirmó.
Xosé Lois Martínez, al que el anterior rector, José María Barja, destituyó como vicerrector por estas obras sin permiso, fue quien admitió estas irregularidades, que justificó por ser, dijo, la única opción de acometerlas. Martínez reconoció que la Universidad no había solicitado las licencias al Ayuntamiento "porque no las iba a conceder" y alegó que la institución académica había pactado con la Administración municipal una revisión del plan general para permitir estas construcciones. Ese cambio no ha llegado a entrar en vigor.
En las diligencias abiertas de oficio por la Fiscalía a raíz de las informaciones de LA OPINIÓN, el Ministerio público requirió al Ayuntamiento que acreditara si existían "construcciones realizadas sin licencia urbanística municipal" en los campus de Elviña y de A Zapateira, y, de ser así, que informara de las "fechas de realización" y de "la clasificación urbanística del suelo". Además, la Fiscalía demandaba al Ayuntamiento que concretara "la existencia de expedientes de reposición de la legalidad urbanística quebrantada". El Ayuntamiento incoó "expedientes administrativos sancionadores y de reposición de la legalidad" por las construcciones acometidas por la Universidad.
La Administración local ha remitido esos expedientes, seis según el concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado, a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, entre cuyas competencias figura ordenar la reposición de la legalidad urbanística ante obras sin licencia en zonas verdes, espacios libres, dotaciones o equipamientos públicos. La Fiscalía solicita al juzgado que recabe de la Axencia "todos los datos técnicos" de las dos construcciones objeto de denuncia y un exhaustivo informe en el que consten la superficie ocupada en suelo destinado a viales o zonas verdes, el importe de la obra realizada en esas superficies, el valor de la demolición, y la fecha de inicio y conclusión de la edificación.
* El País - MARCOS MOSQUERA - 19.2.12
Foto: Xosé Lois Martínez (izquierda) y César Portela, ante uno de los edificios que el fiscal cree ilegales. / víctor echave
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SUR/Málaga* : El próximo 27 de febrero se cumplen tres años desde que se destapara la presunta trama de corrupción urbanística en Alcaucín, bautizada como 'Caso Arcos'. La operación, que se inició con la detención de trece personas, entre ellas el exalcalde, José Manuel Martín Alba, que llegó a permanecer tres meses en prisión, suma ya un total de 55 imputados, cinco más que hace un año, dado que todavía continúan las investigaciones por parte de la titular del Juzgado nº3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón, encargada de instruir el caso. Entre los imputados figuran técnicos, promotores y particulares.
De hecho, 36 meses después la jueza todavía mantiene el secreto de una de las nueve piezas separadas abiertas y que están relacionadas con el tronco principal de la investigación, ante el riesgo de destrucción o manipulación de pruebas. No obstante, la mayor parte del sumario, que supera los 15.000 folios, hace tiempo que no está bajo secreto.
El pasado mes de septiembre la titular del juzgado dictaba un auto dejando sin efecto la prohibición de poder salir fuera del territorio nacional que pesaba sobre los imputados.
La medida se producía dos años y medio después de que se comenzara a investigar la presunta trama de corrupción en el municipio. El auto se produjo en respuesta a una petición de la representación procesal de uno de los imputados solicitando la anulación de la medida cautelar de prohibición para salir del territorio nacional.
Las investigaciones se centran no sólo en las actividades del que fuera alcalde de la localidad, José Manuel Martín Alba, conocido también como Pepe Calayo, y su presunta relación con las operaciones urbanísticas desarrolladas en la localidad, sino también en todos los convenios urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento, fundamentalmente a partir del año 2000 e incluso anteriores, así como en las reparcelaciones de terrenos realizadas en el municipio.
Martín Alba permaneció en prisión provisional durante tres meses, entre el 3 de marzo y el 6 de junio. La salida de la cárcel del exregidor se produjo tras hacer efectiva una fianza de 120.000 euros.
El exalcalde, que dimitió del cargo tras ser detenido -llevaba a frente del Consistorio como regidor desde 1991-, ha conseguido volver a estar en la corporación después de presentarse en las pasadas elecciones municipales como cabeza de lista del Partido Independiente Sierra Tejeda de Alcaucín (PITA), formación que obtuvo dos concejales. Martín justificó su decisión de concurrir a las municipales y volver a estar en el Ayuntamiento por entender que con su experiencia, capacidad y ganas de trabajar podía ayudar a sacar a Alcaucín «del hoyo en el que está metido».
Imputados
Entre los 55 imputados figuran el exjefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación, José Francisco Mora; las dos hijas del exalcalde, Sonia y Mónica Martín; el exarquitecto técnico del Ayuntamiento, Francisco Lorca, y la exasesora jurídica durante tres años del exalcalde y exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Torremolinos, María Isabel Llamas, así como diversos constructores, promotores y particulares.
El Consejo General del Poder Judicial nombraba en octubre de 2010 a una jueza sustituta para apoyar a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, Irene Urbón, en el expediente de diligencias previas 3164/08 que corresponde al 'Caso Arcos'.
Gracias a este nombramiento, Urbón ha contado con el apoyo de una jueza durante nueve meses, lo que le ha permitido centrarse en la instrucción del caso de manera casi exclusiva.
* SUR - 19.02.12 - AGUSTÍN PELÁEZ
Foto: Alcaucín (Málaga), policía tomando Ayuntamiento en 2009 - laopinion
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ELPAÍS/Madrid* : Cientos de desahuciados, jóvenes precarios y parados que se quedan sin hogar recurren a esta práctica ilegal para no quedarse en la calle. Los sociólogos estiman que la sociedad empieza a verlos con simpatía.
“La primera vez que dormí en la calle fue el verano pasado, después de haber perdido mi casa. Aun recuerdo la grima que me dio tumbarme en el suelo de los jardines del Paseo del Prado. Me dan mucho asco las cucarachas. Tenía una mochila, un saco de dormir, una esterilla y el uniforme de trabajo. Me aparté de mis amigos por vergüenza. Dejé a mi hijo con su abuelo. Pero no estaba sola. Los indignados me acogieron como a una más. Así me convertí, de la noche a la mañana, en una okupa”. Así relata su historia Cuki, una madrileña desahuciada de 60 años que okupa junto a tres familias una vivienda de la capital, sin calle ni número. Se niega a dar más datos. Tampoco quiere revelar su verdadera identidad. Sabe que está cometiendo un delito de usurpación de bien inmueble, tipificado en el artículo 245 del Código Penal, pero, ella lo justifica con una sentencia: “No me ha quedado otra solución; tengo que seguir luchando”.
En la Comunidad de Madrid hay cientos de familias en la misma situación, según la oficina de Vivienda del 15-M y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Desahuciados, madres solteras, parados o jóvenes con trabajos precarios que se han visto obligados a okupar viviendas vacías porque no pueden hacer frente a los gastos de un alquiler y menos, de una hipoteca. La mayoría de ellos no quiere salir en los medios de comunicación.
“A este nuevo tipo de okupación la denominamos okupación discreta o silenciosa”, explica Ramón, un indignado de la oficina de Vivienda. Los indignados diferencian tres tipos de okupaciones: las mediáticas, como es el caso del Hotel Madrid (antiguo hostal abandonado del centro de la ciudad que fue tomado el pasado mes de octubre por el colectivo del 15-M y la PAH), centros sociales de okupación (CSO), como el centro social vecinal La Salamanquesa, y las ocupaciones discretas, que no se reivindican públicamente.
“Es verdad que esta práctica ha existido desde siempre, pero en el último año el perfil del okupa está cambiando vertiginosamente. Ya no son solamente jóvenes o sectores marginales de la sociedad, sino padres de familia que se han quedado en la calle y se meten en el piso de al lado”, comenta Juan, un diseñador gráfico de 27 años que trabaja voluntariamente en la oficina de okupación del CSO de Casablanca, en el barrio de Antón Martín. “El concepto del okupa siempre ha tenido una connotación negativa pero con la crisis esa visión está cambiando y la sociedad acabará por asumirla”, asegura Julio Alguacil, sociólogo experto en temas de urbanismo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.
Conchi Gil, fue desalojada por impago de una vivienda del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) el pasado mes de octubre, y actualmente malvive con sus dos hijos, de 19 y 17 años, en un almacén de una galería subterránea abandonada en Leganés. “Hay días en los que Adrián falta a clase porque no puede ducharse (no tienen cuarto de baño) y le da vergüenza que sus compañeros lo vean sin asear”, relata Gil.
Chema Ruiz, portavoz de la PAH, lo tiene claro: “Mientras siga aumentando el número de desahucios, las okupaciones discretas se irán expandiendo por la ciudad”, sentencia. Y es que las cifras hablan por sí solas. En los tres primeros trimestres de 2011, el Consejo General del Poder Judicial registró 7.145 desahucios en la Comunidad de Madrid. Si se compara con los 3.878 lanzamientos ejecutados en 2008, el número de personas que se han quedado sin hogar se ha multiplicado en la región.
Es contradictorio el elevado número de desahucios con la ingente cantidad de viviendas vacías. Según publicó este periódico el pasado mes de enero, el Instituto Nacional de Estadística (INE) podría contabilizar en el censo de edificios y viviendas de 2011, aún sin finalizar, entre cinco y seis millones de viviendas vacías en España, frente a los tres millones de 2001.
“Hijo mío, ya estamos dentro”, le dijo E. H., de 25 años, a Abraham, su hijo de 7 años, después de haber logrado abrir la puerta sin romper la cerradura. Suspiró; intentó dar la luz pero no funcionaba. No pasaba nada. Tenía una linterna, una mochila con ropa y un par de bocadillos. Esa primera noche del pasado mes de enero ambos durmieron en un sillón de la casa. “Sabía que estaba vacío porque soy vecina del barrio y hace cuatro años el propietario murió sin haber dejado descendencia”, relataba E. H. el pasado 4 de febrero mientras desayunaba con el pequeño y su pareja en el piso, situado en Pinar de Chamartín. “Estuvimos buscando un apartamento pero no podíamos pagar el alquiler y, encima, nos pedían aval”, lamenta esta joven, sin trabajo y sin prestación por desempleo que sale adelante con el dinero que cobra su pareja, también en el paro. Aunque E. H. es consciente de que cualquier día la policía puede entrar con una orden judicial, al menos le alivia saber que cuenta con el respaldo de los vecinos. “El presidente de la comunidad me ha pedido el número de cuenta para que pague la luz, y esta semana hemos asistido a una junta vecinal en la que nos comprometimos a cumplir las normas de convivencia”.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) asegura no haber recibido ninguna queja de este nuevo tipo de okupación discreta. De hecho, apoyan esta práctica siempre que se trate de familias que ocupen pisos vacíos que pertenezcan a entidades bancarias. Julio Alguacil, experto en urbanismo, también considera la okupación como una acción “absolutamente legítima recogida en el artículo 47 de la Constitución Española (reconocimiento del derecho a una vivienda digna)”. Este sociólogo afirma que se está desarrollando una sociedad desestructurada donde el malestar y la violencia urbana va in crescendo por culpa de la crisis económica. “Para colmo, los servicios sociales están saturados y el Instituto de Vivienda Pública de Madrid (IVIMA) tampoco carece de recursos suficientes”.
“No tenemos una varita mágica”, responde a las críticas Carlos Martínez Serrano, coordinador del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento. En la ciudad hay 35 centros en los que se da una atención social primaria básica de carácter temporal. Martínez Serrano asegura que el Área de Familia ha firmado un convenio con la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) para disponer 200 viviendas sociales para personas que hayan perdido su empleo en los tres próximos años, según ha informado a este periódico. El IVIMA, con un parque actual de 23.000 viviendas protegidas, recuerda, por su parte, que unas 5.000 familias con graves problemas económicos se han beneficiado de la reducción del alquiler a una media de 50 euros al mes. Para Alguacil no es suficiente. “O bien se hacen políticas de vivienda social o las autoridades tendrán que invertir en cuerpos de seguridad para echar a los okupas”.
El hijo de Cuki, de 20 años, vive con su abuelo en otra parte de la ciudad. No sabe que su madre es una okupa. “Le he inculcado una serie de valores y normas. Imagínate si se entera que las incumplo”, explicaba el jueves pasado esta limpiadora del hogar que perdió su casa en alquiler por negarse a renovar un aval bancario que, en su opinión, era “excesivo”. Para María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo en funciones, “la ocupación no es la solución”.
La defensora reconoce a través de una entrevista online que el problema existe pero que la sociedad debe evitar que los afectados resuelvan la situación por su cuenta. Para ello es fundamental que estas personas reciban todo tipo de ayudas públicas. Al preguntarle qué está fallando, si la actitud de los bancos o de las instituciones, Cava de Llano responde rotundamente: “Todo el sistema ha fallado”.
7.145 desahucios
En la Comunidad se han registrado 7.145 desahucios en los tres primeros trimestres de 2011, según el Consejo General del Poder Judicial. En 2008, al estallar la crisis, se ejecutaron 3.878.
En una década (2001-2011) las viviendas vacías en España pueden pasar de los tres a los seis millones.
El Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) ha ejecutado 90 desahucios por impago en 2011. La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), 64.
En el cuarto trimestre de 2011, el INE contabilizaba unos 623.000 parados en Madrid. La tasa de paro de la provincia es del 18,51%.
* El País - 19.2.12
Foto: Indignados, dasalojo en Lavapiés - diagonal
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ELPAÍS/Cuenca* : La oficina de Banesto en Villar de Cañas está a punto de abrir. Después de 15 años de acumular polvo, cerrada por falta de actividad, Alicia Moya, que vive a 10 kilómetros, se hará cargo de la sucursal. “Hay que estar posicionado y ser el primero”, explica su jefe, Andrés Pérez García. Están en el despacho del alcalde, el popular José María Saiz. En la plaza del pueblo aún quedan las pancartas a favor del almacén nuclear con las que los vecinos recibieron a las miles de personas que el fin de semana pasado se manifestaron contra la instalación.
Pero la fiebre del oro que se cierne sobre este pequeño pueblo de Cuenca se enfrenta a un obstáculo: la especulación.
Los dueños de terreno —hasta ahora un secarral de escasa salida— creen tener un potosí. “Estaban vendiendo terrenos a 12.000 pesetas el metro cuadrado (72 euros) y ahora piden 30.000 (180 euros)”, explica Antonio Belda, que desde hace 28 años regenta el bar Mezquita, punto de reunión del pueblo. El valor del terreno aún se mide en pesetas. Belda conoce más ejemplos: “La gasolinera (cerrada desde 2007) pedía 150.000 euros y ahora 300.000. La posada (también cerrada) pedía antes 108.000 euros y ahora 300.000. Todo está al triple”.
El pueblo, de poco más de 300 habitantes, tiene los servicios justos: una carnicería que los jueves sirve pescado —sardinas, bacaladillo y merluza—, dos sucursales de cajas de ahorros, farmacia y dos tiendas de comestibles. La fruta llega en venta ambulante.
Por eso, cuando cientos de obreros levanten el complejo de 700 millones de euros a las afueras del pueblo hará falta de todo: alojamiento, comida... A las tres y media de la tarde, entre semana, uno solo puede comerse un bocadillo. A las cuatro cierra el bar.
David Peña es un promotor que se conoce bien la zona. Ha construido un millar de viviendas de protección oficial en la comarca. Le ha echado el ojo a un terreno en el que el estallido de la burbuja inmobiliaria frustró 20 viviendas protegidas. Pero el acuerdo no es sencillo. “Habrá demanda para comprar y alquilar vivienda, pero no es fácil negociar ahora mismo. Los precios han subido mucho y entre todos debemos evitar que se dispare”.
El Ayuntamiento asiste con preocupación a este fenómeno. La secretaria municipal, Carmen Barco, explica: “En esta euforia inicial nos está cegando la avaricia. Las expectativas de la gente no pueden ser desmesuradas”. La advertencia es clara: “Hay expectativa de negocio, pero nadie puede hacerse rico en dos años”. Que hay muchas esperanzas se ve en la entrada del Ayuntamiento. Un cartel anuncia dónde depositar los currículos. Barco afirma que ya han recibido unos 5.000.
El consistorio teme que, de persistir los altos precios, los negocios se instalen en localidades cercanas. Así que el equipo busca fórmulas legales para impulsar la construcción: “La ley permite la enajenación forzosa si quien tiene aprobado un plan urbanístico no lo desarrolla. Ya se ha utilizado en Toledo”, advierte Barco. Es decir, si alguien tiene suelo listo para urbanizar y se resiste a hacerlo puede llegar a ver cómo el Ayuntamiento interviene. Puede que sea más una amenaza velada que una opción real, pero es un síntoma claro de la situación que vive el pueblo, hasta hace dos años un rincón dormido de Cuenca.
El pasado 30 de diciembre, el Consejo de Ministros lo eligió como sede del almacén nuclear que albergará los residuos radiactivos de todas las nucleares. La elección fue política, ya que Villar de Cañas era el cuarto clasificado en la lista que elaboró el Ministerio de Industria la pasada legislatura. El informe sí dejaba claro que cualquiera de los cuatro primeros (también estaban Zarra, Ascó y Yebra) era apto. Y el sí de la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, a que fuese a Cuenca despejó la selección. La Audiencia Nacional ha rechazado un primer recurso de Greenpeace a la tramitación del almacén aunque faltan más pleitos.
En el entorno no todos los Ayuntamientos están a favor. Es el caso de la socialista Angustias Alcázar, alcaldesa de Belmonte, a 26 kilómetros. Esta recuerda una entrevista el pasado 7 de febrero de miembros de 14 pueblos de la zona con representantes de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos y que construirá el complejo. “Nos dijeron textualmente: ‘Esto no es la panacea ni la solución de los problemas económicos y sociales de una comarca”. Según Alcázar, Enresa “hablaba de 300 empleados durante la construcción, con picos de 500, y luego 150 empleados en la operación, si se incluye el centro tecnológico. Y será empleo cualificado, no del pueblo”.
Otro problema son los plazos: por mucha prisa que se dé el Gobierno, el proyecto lo debe autorizar el Consejo de Seguridad Nuclear y ha de seguir una tramitación ambiental y urbanística, con lo que dos años es fácil que se vayan en papeles. El municipio está preocupado por la llegada de especuladores. “Hay gente que viene para comprar a uno y vender dentro de unos años a 10. Y eso no es lo que queremos”.
Belda, el dueño del bar, tiene su opinión sobre lo que está ocurriendo: “Los dueños del terreno viven en Madrid. No les gusta venir al pueblo y que el tractor arranque a las seis porque hay trabajo”.
* El País - RAFAEL MÉNDEZ - 18 FEB 2012
Foto: Pancartas en el Ayuntamiento de Villar de Cañas a favor de la instalación del almacén nuclear. / PEDRO ARMESTRE (AFP)
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LEVANTE/Alicante* : Tres años después de suspenderse el primer juicio y tras diecisiete de la supuesta ilegalidad urbanística, el exalcalde de la Vall de Laguar, Juan José Puchol, del PSPV, se sentará el lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Alicante. Desde la primera vista frustrada, en marzo de 2009, algunas cosas han cambiado. Entonces Puchol todavía era alcalde. En junio de ese mismo año, una moción de censura, presentada por el PP y un tránsfuga de Esquerra Republicana, lo desalojó del cargo. La acusación a la que se enfrenta el exmunícipe sí que es la misma: la fiscalía pide ocho años de prisión y otros tantos de inhabilitación por un delito de falsedad y otro de falsificación de documento oficial. También reclama otros 12 años de inhabilitación por un tercer delito contra la ordenación del territorio. Puchol fue alcalde de la Vall de Laguar, un pueblo de 961 habitantes, durante 14 años. Siempre ha proclamado su inocencia y ha atribuido la denuncia a motivos políticos.
Tras la primera suspensión, que fue a petición de la acusación particular porque faltaba un documento urbanístico, el juicio se volvió a señalar para mayo de 2010. Pero tampoco se celebró entonces porque ese documento, que era una de las principales pruebas contra el exmunícipe, seguía sin aparecer.
El fiscal, en su escrito de acusación, señalaba que en octubre de 1995, Puchol, que hacía poco que había llegado a la alcaldía (entonces bajo las siglas de EU), envió a la Dirección General de Urbanismo una documentación en la que pedía cambios en el planeamiento urbanístico. Esa petición era en nombre de la corporación, pero las modificaciones urbanísticas no se habían aprobado en pleno. El ministerio público advertía de que se eliminaba un vial que pasaba por un terreno del propio Puchol y se grafiaba otro por encima de la vivienda, garaje y naves de Juan Lorenzo Puchol, "con quien (el entonces alcalde) tiene una enemistad manifiesta". El fiscal precisaba que para justificar esos cambios el munícipe envió un plano de una modificación de las Normas Subsidiarias que no se correspondía con la aprobada provisionalmente por el pleno. También indica la fiscalía que Puchol, "con absoluto desprecio" de la normativa urbanística, dio varias licencias, entre ellas una en la Casota que es una zona declarada BIC. Tambiénse acusa al exalcalde de dar "el visto bueno" a una certificación que redactó en 1998 el secretario municipal (también estaba imputado pero ha fallecido) en el que éste aseguraba no tener constancia de la aprobación definitiva de las normas subsidiarias, pese a que sí lo estaban desde 1992.
* Levante - 18.2.12
Foto: Vall de Laguar (Alicante) - todopueblos.com
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LAOPINIÓN* : Años y años de conflictos que se dirimen en los juzgados atascan la tramitación de los polígonos del parque ofimático y San Pedro de Visma, actuaciones destinadas a acoger miles de viviendas y que se enfrentan a la resolución de los litigios. Pese a que en Eirís han comenzado ya algunas obras de urbanización, está pendiente la solución al problema de los reversionistas, sobre el que acaba de presentarse un nuevo recurso, una situación que se repite en Visma, aunque contra el proyecto de compensación.
La última semana de enero, el Ayuntamiento demolió en Eirís seis viviendas en la zona en la que está prevista la construcción del parque ofimático, pero solo unos días más tarde la Xunta emplazaba a todas las partes interesadas en este proyecto para que compareciesen en el juzgado coruñés en el que se presentó un recurso contra el proceso de reversión de las fincas que componen este polígono a sus antiguos propietarios. Esta iniciativa judicial no es sino una nueva dificultad en la interminable tramitación de esta actuación urbanística, que fue aprobada por el Ayuntamiento en 1993, el mismo año en el que el Gobierno gallego ordenó la ocupación urgente de los terrenos. No es el único proyecto que se halla en esta situación, ya que el de San Pedro de Visma también acumula largos años de espera por el comienzo de sus obras.
El plan que debía permitir la instalación en Eirís de 500 empresas en un entorno marcado por el empleo de tecnologías avanzadas durmió el sueño de los justos durante años, hasta que las administraciones local y autonómica convinieron en transformarlo en un polígono residencial. Fue entonces cuando los expropiados se consideraron perjudicados, al entender que se había variado el objetivo de la expropiación y que por lo tanto tenían derecho a recuperar sus fincas. Tras años de litigios, la Justicia les dio finalmente la razón, precisamente cuando todo parecía listo para que comenzasen las obras.
Los promotores que habían adquirido suelo en la zona y las cooperativas de viviendas constituidas para levantar edificios en el ofimático se vieron afectados por esta resolución judicial. Los expropiados añadieron además que se les habían pagado unas cantidades inferiores a las que cabría recibir teniendo en cuenta el nuevo fin que se iba a dar a sus parcelas. El Diario Oficial de Galicia publicó ayer los justiprecios fijados por el Jurado de Expropiación para fincas que habían sido adquiridas en principio con fines industriales y que la Xunta valoró de nuevo tras la exigencia de su devolución. El organismo mantiene en 204 euros por metro cuadrado el precio medio del suelo en ese lugar, por lo que siete expropiados recibirán casi cuatro millones de euros por sus antiguas propiedades.
Pese a este conflicto, el Ayuntamiento comenzó en diciembre las obras de urbanización y el realojo de algunos de los vecinos que continúan en la zona, en algunos casos casi veinte años después de haber sido expropiados. También la Xunta aprobó ya el plan arqueológico para el polígono, sobre el que persiste la incógnita acerca del momento en que se iniciará la construcción de las ansiadas viviendas.
La ronda de Outeiro y la tercera ronda son las vías que delimitarán en el futuro el polígono de San Pedro de Visma, proyectado en los años noventa para albergar 2.900 viviendas libres y 1.100 protegidas pero que también está inmerso en litigios. El pasado mes de enero, la Junta de Gobierno Local desestimó 16 recursos de reposición interpuestos contra la aprobación definitiva del proyecto de compensación, pero esa decisión no pone fin al proceso, puesto que algunos de los afectados han optado por la vía contencioso administrativa, lo que retrasará aún más esta iniciativa.
Tanto en el ofimático como en Visma, los empresarios inmobiliarios no tienen una excesiva prisa en comenzar las obras de edificación, ya que la parálisis del mercado aconseja posponer esta clase de proyectos. Pero en el primero de estos polígonos, los cooperativistas se consideran gravemente perjudicados por el bloqueo de esta actuación, ya que se ven obligados a abonar los alquileres de sus residencias actuales al tiempo que financian el coste de sus futuras viviendas, cuya fecha de puesta en marcha todavía desconocen.
* La Opinión A Coruña - JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ - 17.2.12
Foto: Terrenos del futuro parque ofimático, junto a la avenida de Alfonso Molina. / eduardo vicente
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MARIO RODRÍGUEZ VARGAS /FRANCISCO SEGURA CASTRO* :
En los últimos días se ha hablado mucho sobre la Ley de Costas. Desde el movimiento ecologista queremos manifestar nuestro apoyo a una ley que, a la vista de la situación actual, debería ser reforzada y no rebajada. La Ley de Costas es la mejor garantía para salir de esta crisis económica sin sacrificar el delgado tramo de nuestro territorio que proporciona innumerables servicios naturales, como por ejemplo la defensa contra los temporales, y que nos proporciona un 10% del PIB.
Sin embargo, desde que comenzó a aplicarse, la ley se ha enfrentado a poderosos detractores: aquellos que solo ven en la franja costera una gran parcela a urbanizar, o aquellos que han sido víctimas de la desidia y arbitrariedad con la que muchos ayuntamientos, comunidades autónomas y las propias demarcaciones de costas han jugado a su antojo.
Con la entrada en vigor de la Ley de Costas, en 1988, se dio un paso muy importante en la conservación de los recursos naturales. La nueva ley establecía claros límites al proceso de desfiguración que desde la década de los 50 se había iniciado en la costa, haciendo patente el uso público de la costa para todos los ciudadanos. El servicio público del litoral aparece ya recogido en el artículo 132 de la Constitución española.
La Ley 22/1988 de Costas establecía un plazo de cinco años tras su entrada en vigor para completar el deslinde –la delimitación cartográfica- del Dominio Público Marítimo Terrestre. Sin embargo, transcurridos más de cuatro lustros, el proceso aún no se ha completado. Este dato es fundamental para entender por qué no se puede ahora poner en duda la ley, ya que supondría tirar por la borda el ingente trabajo de la Administración pública para delimitar más del 90% de los 8.000 kilómetros del litoral. Estos deslindes, además, están ratificados por sentencias firmes del Tribunal Supremo, órgano que ha confirmado la legalidad de la actuación de la Administración a lo largo de sus 24 años.
Además, la Ley de Costas, en sus disposiciones transitorias, salvaguarda los derechos de quienes contaban con derechos legítimos, dando el nada desdeñable plazo de 30 años prorrogables otros 30 para buscar otra ubicación al gran número de industrias altamente contaminantes que se asientan en la costa. No existe, pues, inseguridad jurídica o limitación desproporcionada sino, más bien, garantías y soluciones equilibradas aceptadas por el Constitucional.
La reforma que ahora se anuncia no es el primer intento de descafeinar la protección de la costa. En 2002 el Gobierno de Aznar introdujo varios cambios en la ley -escondidos en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales – que fomentaban la ocupación más completa del litoral, llegando a autorizar construcciones a tan solo 20 metros del mar y favoreciendo los planes urbanísticos de los ayuntamientos. Después, el Gobierno de Zapatero también modificó la norma a través de segundas como la Ley de Economía Sostenible. Y ahora, con el cambio de Gobierno, se anuncia una “profunda reforma”.
En lugar de perseguir a quienes se enriquecieron gracias a la corrupción y los desmanes urbanísticos, se deja entrever un escenario de continuidad que daría por bueno el beneficio privado y la búsqueda de soluciones a medida, dejando en segundo plano el provecho que nos reporta una costa al servicio de todos. El peligro con esta reforma es que se premie a quienes se guían por la especulación. Existen multitud de ejemplos, como el del famoso hotel ilegal de El Algarrobico, construido a menos de 20 metros de la costa.
Desde Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideramos que la aplicación de la Ley de Costas tiene que ser estricta, sin rebajas, eliminando las construcciones ilegales y compensando a aquellos propietarios víctimas de la mala gestión administrativa (estudiando caso por caso). La mejor política que se debe ejecutar es favorecer la conservación del entorno. Un estudio del propio Ministerio de Medio Ambiente considera que la costa española puede producir hasta 7.745 millones de euros anuales si se mantiene un estado de conservación favorable. Para mejorar nuestra competitividad económica, sobre todo la turística, no hace falta modificar la ley, hay que gestionar de forma integral todos los usos en el litoral.
El respeto a los procesos ecológicos no es un freno al progreso, es el camino para salir de la crisis. Además, no se lo pueden permitir ni dunas ni albuferas ni calas. Pero tampoco se lo pueden permitir ni la industria turística ni las pesquerías artesanales, y mucho menos los pueblos costeros y sus paseos marítimos, que ven peligrar la seguridad ciudadana por la previsible subida de nivel del mar y las inundaciones y avenidas debido al cambio climático. En España se han destruido en 20 años el equivalente a ocho campos de fútbol al día en la costa. Y la situación en insostenible. Con la vista puesta en el futuro de este país, la reforma de la Ley de Costas sería el peor de los mensajes porque ya hemos aprendido que el ladrillo no es la solución.
* Mario Rodríguez Vargas es director ejecutivo de Greenpeace. Francisco Segura Castro es coordinador de Ecologistas en Acción. Firman también este artículo las organizaciones Amigos de la Tierra, SEO/BirdLife y WWF.
* El País - Opinión - 18.2.12
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ELPAÍS* : Un juzgado de Barcelona ha condenado a penas de entre 19 meses y dos años de cárcel a tres propietarios de una finca por acoso inmobiliario. Alba Masferrer, María Luisa Luna y Joaquín Luna impidieron a Maria Gloria H. "disfrutar de la vivienda" que tenía alquilada en el número 2 de la calle de Milton, en el barrio de Gràcia. Los condenados eran conscientes de que la inquilina carecía de agua corriente en su domicilio y de luz eléctrica en la escalera de la finca (era la única vecina), y a pesar de ello, "nada hicieron para remediarlo", concluye la sentencia.
El titular del Juzgado de lo Penal número 28 de Barcelona considera que los propietarios no hostigaron a la inquilina, sino que su responsabilidad es por "omisión", ya que incumplieron sus obligaciones como propietarios. Los dueños no abonaron la factura de la luz de la escalera, por lo que la compañía cortó el suministro eléctrico en 2008. Además, pese a las constantes quejas de Maria Gloria H. sobre el agua corriente, ninguno de ellos solventó el problema, por lo que la mujer tuvo que vivir "en situaciones de precariedad extrema y falta de habilitabilidad", según el juez. Los acusados ya habían sido multados por el Ayuntamiento de Barcelona por el estado "ruinoso" de la finca.
Masferrer intentó, sin éxito, echar del piso a Maria Gloria H., cuyo alquiler había sido subrogado al de la madre. El juez no entra en si ese intento de desahucio fue "legítimo o abusivo", pero considera que la propietaria era consciente de los problemas en la vivienda. Los otros dos condenados por un delito de coacciones decidieron cambiar el sistema de pago en 2002: la inquilina ya no podía ingresar el alquiler por domiciliación bancaria, sino que tenía que hacerlo a través de giros postales. Después, ese sistema tampoco sirvió y la víctima tuvo que acreditar el abono mensual ante notario.
* El País - JESÚS GARCÍA Barcelona 16 FEB 2012
Foto: Barcelona, plaza Diamant - destinos
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PATRICIO HERMAN* : El Día de los Enamorados, la prensa nacional informó masivamente que Cencosud ha terminado la obra gruesa del rascacielos Costanera Center que tiene 300 metros de altura, importante noticia que ha producido la felicidad de muchos compatriotas.
Pues bien, conocedores del desarrollo de los hechos, después del comienzo de las faenas -marzo de 2006- de este megaproyecto inmobiliario de 700.000 m2, nos contactamos con el abogado Carlos Estévez, Seremi de Vivienda y Urbanismo, para representarle una serie de ilegalidades cometidas por la municipalidad de Providencia en el otorgamiento del permiso de edificación y la no exigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y del Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), requeridos por ley antes que se iniciaran las obras y antes que se otorgara el permiso de edificación, respectivamente. Estos 2 permisos se obtuvieron extemporáneamente.
A mitad de camino detectamos otras irregularidades, como por ejemplo que el cálculo de la rasante para determinar la altura máxima de la torre en cuestión, estaba erróneo y que considerábamos impropio que las autoridades centrales hubieran clausurado el helipuerto del ex Hospital Militar, hoy Hospital Metropolitano, localizado en la calle Holanda adyacente a las torres no tan altas que enfrentan la calle Vitacura, para que no existiera el cono de seguridad que perturbaría este negocio inmobiliario del empresario Horst Paulmann.
Después de acuciosos análisis técnicos dicho Seremi convalidó nuestras denuncias, las que describió en ORD. Nº 1717 del 4 de mayo de 2009 enviado a Sergio Ventura, Director de Obras de la municipalidad de Providencia, manifestándole que, por mandato del artículo 15 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se veía en la obligación de enviar todos los antecedentes a la Contraloría General de la República, solicitándole la instrucción de un sumario administrativo al interior de la Dirección de Obras.
Por casualidad supimos que el ente fiscalizador había sancionado a los tres funcionarios municipales que habían intervenido en la tramitación de los permisos sólo porque no se habían fusionado los distintos predios que originaron el terreno más grande de 4 hectáreas resultante.
Como no teníamos noticias acerca de las otras ilegalidades cometidas, el 24 de enero de 2012, conforme a la Ley Nº 20.285, de Transparencia, le solicitamos a Marisol Rojas, actual Seremi de Vivienda y Urbanismo, que nos diera a conocer la respuesta formal de la Contraloría a su servicio público sobre este deplorable episodio.
Vía ORD. 563 del 13 de febrero de 2012, doña Marisol nos dice olímpicamente que dicha Seremi no ha tenido respuesta desde el órgano contralor (sic), con lo cual se configura una situación en extremo inconcebible que merece ser tipificada como un nuevo récord Guiness para Chile.
Como estamos ante un nuevo hecho consumado y en razón a que el EISTU, entre otras cosas, contempla la ejecución de un túnel en el subsuelo de la Avenida Andrés Bello, inmediatamente al frente del Costanera Center, obra de infraestructura que facilitará los accesos vehiculares al estacionamiento subterráneo de este mega comercio, nos llama la atención que todavía no se llame a una licitación pública para entregar en concesión ese tramo del bien nacional de uso público aludido.
Recordemos que el DL 1939 de Octubre de 1977, que está en la esfera del ministerio de Bienes Nacionales, establece con suma claridad que este tipo de bienes públicos le pertenecen a la nación toda y como no quisiéramos creer que el Gobierno le regalará a Cencosud el tramo bajo tierra de esa vía troncal, es que le hacemos un llamado a quienes mandan en el aparato del Estado para que, a la brevedad, se llame a una licitación para concesionar ese espacio público a quien, en un proceso competitivo, ofrezca las mejores condiciones.
Estamos seguros que el ganador de la licitación pública será Costanera Center, ello por razones obvias, ya que la rentabilidad de su negocio está íntimamente asociada a las facilidades de accesos vehiculares que se les den a los futuros clientes y visitantes.
Tan pronto se inaugure el mall, dicen que será en abril próximo, y como el EISTU irresponsablemente postergó el túnel para la recepción final de todas las obras del complejo comercial, para evitar los tremendos colapsos viales que vendrán, lo más prudente será alejarse de esa zona denominada Sanhattan por los siúticos nuevos ricos que pululan por esos lados.
* Fuente: Cooperativa
* Piensa Chile - Opinión - 17.2.12
Foto:
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LAVERDAD/Alicante* : Ríos de tinta se han derramado a cuenta de lo sufrido que puede llegar a ser el papel. Esta cuestión queda demostrada en el hecho de que la construcción de una casa de madera sin permiso lo ha tipificado el Área de Urbanismo de Orihuela como constitutivo de una o varias infracciones de carácter «grave», de conformidad con la Ley 16/2005 de 30 de diciembre Urbanística Valenciana (LUV), sobre todo cuando se levantan en terrenos calificados como rústicos o no urbanizables.
Así ha ocurrido al menos durante los últimos cinco años en el municipio con todas las construcciones de madera o prefabricadas, salvo con una casa levantada en una parcela propiedad de la madre del exconcejal de Educación del Partido Popular, Antonio Ortiz, en la pedanía de San Bartolomé.
La infracción que presuntamente protagoniza esta vivienda, y que fue detectada hace ahora casi dos años por la brigada de disciplina urbanística del Consistorio orcelitano, solo fue calificada como «leve», según consta en las notificaciones emitidas desde el área que dirigió durante la pasada legislatura el también edil popular, Antonio Rodríguez Barberá, ahora en la oposición municipal al tripartito, a Ovidia Ruiz Bertomeu, que es la madre de su excompañero de grupo político y exconcejal de Educación, Antonio Ortiz; este hace solo unos meses que dejó la política para dedircarse plenamente a su trabajo como médico, siendo también decano de la Universidad de Murcia en su facultad y de su especialidad, la Odontoestomatología.
La cédula de notificación oficial a la que ha tenido acceso este periódido fue redactada el pasado 26 de mayo, apenas cuatro días después del que el PP no lograra revalidar su mayoría absoluta en las elecciones municipales el pasado 22 de mayo, y en el transcurso de las primeras negociaciones para formar el gobierno del tripartito, lo que no ocurrió hasta el 16 de julio, si bien el ecologista Monserrate Guillén tomó posesión de la Alcaldía oriolana el 11 de junio, o sea dos semanas depués del informe que contiene la hasta entonces inédita calificación de la infracción urbanística de Ruiz Bertomeu, y eso que en el momento de incoar el expediente de sanción urbanística aún no tenía, como ahora, la piscina que ya es visible desde las inmediaciones de la finca sancionada. En todo caso, se trata de una vivienda en planta baja de unos 70 metros cuadrados, levantada sobre un forjado sanitario de unos 100 metros cuadrados.
Los servicios de disciplina redactaron el primer documento oficial referido a la infracción allá por el mes de enero de 2010, si bien el expediente no recibió nuevas aportaciones hasta el mes de mayo de este mismo año. Dicha notificación fechada el último día del mes, admite también que en ese caso concreto «no se aprecia en principio la concurrencia de circunstancias atenuantes ni agravantes, la sanción se impondría en su grado medio», conforme a lo dispuesto en el artículo 241 de la L.U.V. Reconoce, además, este expediente como promotora a la madre del exconcejal, aunque admiten los funcionarios que desconocen «por el momento a la persona del constructor y la del director de las obras (art. 237 de la L.U.V.)».
El documento remitido por el Área de Urbanismo a la infractura especifica que la sanción oscilará entre el 2% y el 6% del valor del importe de la obra ejecutada, y no será inferior a 300 euros. De ahí que el informe, al recoger que no el caso recoge circunstancias antenuantes ni agravantes, la sanción se imponga a medio gas. Hay que aclarar que en el momento de la notificación se ordena la (inmediata) paralización de las obras, sin que estas llegaran a detenerse en nigún momento, dado que las fotos capturadas entonces por los funcionarios municipales nada tienen que ver con las obtenidas por este diario el pasado viernes a mediodía.
Sin embargo, desde el área de Urbanismo, ahora, sostienen que el terreno está calificado como 'No urbanizable, regadíos tradicionales 1.2', que el escalón justo inferior a la máxima protección. Esto significa que la sanción tendría que haber alcanzado entre el 25 y el 50% del valor presupuestado de las obras, o al menos el 37,5, por lo que nadie puede explicar ahora el alcance mínimo de la multa impuesta.
* La Verdad - 14.02.12 - JESÚS FERNÁNDEZ
Foto: Perspectiva del pasado viernes de la casa de madera en San Bartolomé, con la piscina al fondo, de la familia del exedil del PP. :: A. ARAGÓN
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ELCORREOGALLEGO/A Coruña* : Ocurre con todos los gobiernos municipales. Aquí no se libra ni el apuntador. BNG, PP, IF, PSOE, IU, PP... Siglas políticas con todas las letras del abecedario dejan a sus espaldas un reguero de obras interminables. Desde hace diez años, la ciudad naval vive un non-stop-show de las palas y el cemento. Desde que hay vida en este mundo, Urbanismo es el principal quebradero de cabeza de los gobiernos locales. Todo empezó con la plaza de España, sinónimo del faraonismo ferrolano. Y todo continúa con el reguero de baches en la carretera de Catabois.
Para esta ruta ferrolana, recomendamos una moto de crós.
La zona cero ya no se ubica ahora en la plaza de España. Porque ahora la noche y las hormigoneras se mueven en la zona de Catabois. Las obras de reforma de esta carretera y de la de Castilla, antiguas arterias de acceso a la ciudad, se iniciaron en tiempos del socialista Vicente Irisarri. A través de un convenio con la Xunta, en 2009 se acordó una inversión de cinco millones de euros para estos viales. Dos años y medio después, la carretera de Castilla se ha adaptado al siglo XXI. Pero Catabois tiene todas las características de un paisaje lunar. Abundan los baches, desniveles, taladros, obreros al mediodía y señalizaciones.
* El Correo Gallego - PATRICIA HERMIDA - 13.2.12
Foto: Obras - Kiko Delgado
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ELPAÍS/Alicante* : La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) “financió suelo muy por encima del precio de adquisición originario por el grupo promotor”, permitió a sociedades participadas “disposiciones de fondos sin conocer el objeto de la financiación” y apoyó “proyectos especulativos cuya viabilidad dependía de una actuación administrativa incierta”, constatan los técnicos de la Dirección General de Supervisión del Banco de España en el informe que soporta el expediente a una cincuentena de dirigentes de la entidad y miembros del consejo o de la comisión de control.
El texto es una denuncia del saqueo sistemático de la caja alicantina y de la cultura del pelotazo animada por la entidad. El expediente revela la ausencia de control de los riesgos asumidos y cómo una confianza ilimitada en el flujo de crédito fácil derivó en la intervención de la entidad en julio pasado con una inyección de 2.999 millones de euros de parte del Banco de España para evitar su colapso.
El detalle de los casos concretos que revelan ahora los técnicos del Banco de España resulta demoledor, en especial algunas operaciones ejecutadas a través de la sociedad instrumental Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), que gestionó “inversiones directas” de la caja en 65 sociedades no cotizadas “vinculadas al sector inmobiliario y hostelero”.
Los inspectores detallan “las operaciones de financiación más singulares” desarrolladas por TIP, cuyo patrón se define por “permitir la realización del beneficio al socio sin iniciarse el proyecto” a través de la “adquisición del suelo al socio a un precio muy superior al pagado por éste”, en el caso de promotores inmobiliarios o mediante financiación de operaciones en condiciones “claramente beneficiosas para el socio”.
TIP se constituyó en junio de 2002, un año después de la llegada de Roberto López Abad a la dirección general de la caja alicantina, y se embarcó “en una decidida política de toma de participaciones accionariales minoritarias” en proyectos inmobiliarios para captar subrogaciones hipotecarias y “para participar en los potenciales beneficios del proceso de desarrollo urbanístico”. Seis años después, los inspectores advierten cómo “habida cuenta de la situación del sector inmobiliario se autoriza a TIP a elevar su participación en las sociedades hasta el 100% del capital, así como para adquirir activos inmobiliarios”. Y detallan: “El resultado para la caja de los proyectos emprendidos a través de TIP ha sido incurrir en unas pérdidas de 1.011 millones de euros”, más de un tercio de los fondos aportados por el Banco de España.
Los técnicos del Banco de España apuntan directamente a Roberto López Abad y Daniel Gil Mallebrera como máximos responsables de varias “operaciones singulares” desarrolladas por Tenedora de Participaciones e Inversiones (TIP).
El primer caso que detalla el informe se refiere a una sociedad aragonesa, el grupo hotelero e inmobiliario Nyesa, que es propiedad de “los señores Garmendia Goicoechea y Bartibas Herrero”. TIP ya era socia del grupo Nyesa con una participación en la sociedad La Jaquita, propietaria del Hotel Palacio de Isora, en Tenerife. Según los técnicos del Banco de España, Nyesa Gestión compró un terreno en Biescas por 1,7 millones de euros el 7 de mayo de 2004. Cuatro meses después constituyó la sociedad Nyesa Pirineos, a la que vendió el mismo solar por 46,8 millones, 27 veces más, el 31 de diciembre. La venta se acuerda con “pago aplazado de todo el importe”.
La CAM concedió a Nyesa Pirineos un préstamo hipotecario de 32,7 millones de euros en mayo de 2005 y acabóa comprando el terreno en 2009 por 33,5 millones de euros, “el importe de la deuda”, más 5,3 millones de euros en concepto de IVA. Los técnicos explican que el beneficio final del grupo Nyesa fue de 31,4 millones de euros, “30 veces el importe invertido”.
La compra del terreno se cerró como parte de la “regularización completa” de las deudas de Nyesa en 2009, una serie de operaciones en la que el grupo aragonés recibe “2,4 millones de euros de liquidez sin justificación” y TIP compra nuevas participaciones en La Jaquita por 10 millones de euros cuando las acciones de la firma ya estaban “pignoradas por otras entidades y según información verbal del departamento de riesgos, 'no valían nada”.
La entrada de TIP en una sociedad para construir tres torres en Benidorm es la segunda operación singular que detallan los técnicos del Banco de España. La sociedad Emporio de Mediterráneo fue constituida en diciembre de 2004. TIP participa con un 30%; la constructora ECISA tiene un 40%, Edificaciones Calpe, del Grupo Ballester, un 20%; y Valenciana 89, el 10% restante. El origen del proyecto se debe al promotor Enrique Ballester, que compró tres fincas en Benidorm el 22 de enero de 2004 por 23 millones de euros. Ballester vende dos de las fincas por 42 millones a Emporio del Mediterráneo, recién constituida, en diciembre del mismo año. Ballester aporta 3,9 millones al capital de la sociedad.
En junio de 2011, la caja ya había inyectado 68 millones de euros para financiar el proyecto, aportar capital o a través de préstamos participativos. Dos de las torres se han terminado, aunque apenas se han vendido el 5% de las viviendas construidas. Pero Edificaciones Calpe se había retirado del proyecto en octubre de 2009 vendiendo su participación a TIP por un euro. Los inspectores del Banco de España apuntan: “El resultado final para Edificaciones Calpe ha sido un beneficio neto de 15,3 millones de euros. El socio obtiene un importante beneficio por un proyecto no acabado y la caja contabiliza pérdidas por 19 millones de euros”.
Las relaciones de TIP con el grupo Ballester son mucho más extensas. El informe señala que la inspección alertó a la CAM sobre la necesidad de constituir provisiones por 26 millones de euros por la financiación de diversas operaciones concedidas a sociedades participadas con Edificaciones Calpe. En 2011, los técnicos advierten que las pérdidas de las participadas de la caja con Edificaciones Calpe ascienden a “83 millones de euros para un riesgo vivo de 109 millones, sin incluir Emporio del Mediterráneo”. Y constatan: “El socio no ha recapitalizado ninguna sociedad, aún conociéndose que tiene suficiente capacidad financiera”.
Los técnicos señalan sin más detalles toda una serie de sociedades participadas por TIP “en las que cabría deducir la realización de operaciones similares, en la medida en que han sido los socios los que ha aportado o vendido suelo”. El informe menciona las sociedades Hueznar, Costa Marina Mediterráneo, Blauverd Mediterráneo, El Mirador del Delta, La Ermita Resort, Dimehabitat, Ros Casares Espacios, Inmobiliaria Ricam 2005 y Santomera Golf Resort.
Más oscura resulta la descripción de las relaciones de TIP con Mar Conforot, un grupo hotelero “perteneciente, a través de un complejo entramado de sociedades a los señores Ferri Guardiola y Baldo Llorens”. TIP participa en Valfensal con un 30% del capital. Los inspectores detectaron irregularidades en la financiación de Valfensal que solo aclaró parcialmente una auditoría de Deloitte que detalla la compra de un hotel en México. Una filial mexicana de Valfensal recibió un préstamo de 22 millones de dólares en marzo de 2005. La financiación se extendió hasta 59,3 millones de dólares dos meses después. Y se extiende en 2007 hasta 101 millones de dólares con carencia del principal hasta 2014 para acometer reformas, cuando “el soporte que justifica los gastos financiados por la CAM es una única hoja con el importe total desglosado por conceptos”.
Entretanto, Valfensal cedió a Seabreeze, una sociedad de los propietarios de Mar Confort, la gestión de los hoteles en virtud de un contrato que todavía desconocen los técnicos del Banco de España. Lo que sí saben es que “la revisión de los correos electrónicos entre responsables de la caja realizada por Deloitte, ha evidenciado que las operaciones de financiación al grupo Valfensal eran decididas y controladas por Roberto López Abad y Daniel Gil Mallebrera, respecto de las cuales no se realizó control alguno”.
“Una entidad de crédito no debería financiar operaciones cuyo éxito dependa de una incierta actuación administrativa y, mucho menos participar como socio”, indican los técnicos del Banco de España. Pero ese fue precisamente el caso de la sociedad Dreamview, en la que Enrique Ortiz poseía el 51% y TIP el 49% restante. Dremaview, una sociedad creada para gestionar suelo para usos comerciales, compró unos terrenos en Agua Amarga por valor de 8,9 millones de euros. La caja financió el 84% de la compra de 228.000 metros cuadrados de suelo clasificado como no urbanizable.
* El País - MIGUEL OLIVARES / ROSA BIOT Valencia / Alicante 12 FEB 2012
Foto: Los principales directivos de la CAM, en una asamblea de la entidad celebrada en marzo del pasado año en Alicante. / PEPE OLIVARES
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20MINUTOS* : La Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Tres Cantos y Colmenar Viejo se enfrentan al pago de cerca de 60 millones de euros en concepto de una indemnización a propietarios de fincas en la zona tricantina de El Tagarral, a los que se les impidió construir en sus fincas por cambios en el Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar de 1987, que a pesar de ser terrenos urbanizables, fueron calificados como no urbanizables de uso agrícola.
En concreto, el PGOU de Colmenar de 1987 acordó reclasificar unos terrenos, el llamado Plan Bodonal, colindantes con el actual Soto de Viñuelas de Tres Cantos. Dichos terrenos eran urbanizables, ya que de hecho en ellos se contemplaba la segunda y la tercera fase previstas en la zona, y pasaron a ser calificados como Suelo No Urbanizable de protección para usos agrícolas.
Ante ese cambio, los propietarios de estos terrenos se consideraron perjudicados e iniciaron un largo proceso legal que finalizó con la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1992. Esta condenaba a la Comunidad de Madrid y a los dos Ayuntamientos (Colmenar y Tres Cantos) a indemnizar a los propietarios. Dicha cuantía quedó fijada por el Supremo en 2007 en 42,43 millones de euros más los intereses, que ahora se acerca a los 60 millones de euros, según ha confirmado el alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría.
Los dos ayuntamientos son responsables, ya que aunque el PGOU objeto de la polémica es el de Colmenar, los terrenos pertenecen en la actualidad a Tres Cantos, municipio que no existía entonces y cuyos terrenos formaban parte del término municipal colmenareño.
Ejecución forzosa de la sentencia
El TSJM ha comunicado a las administraciones la ejecución forzosa de la sentencia y ha apercibido que, de no ejecutarse voluntariamente, procederá al embargo de bienes patrimoniales del Ayuntamiento y a la imposición de sanciones, incluso con apertura de procesos penales, contra los "funcionarios responsables".
Ante esta situación, los ayuntamientos se enfrentan a tres opciones: pagar la sentencia entre las tres administraciones (descartada por su enorme cuantía); no hacer frente a la sentencia y que el juzgado proceda al embargo y a la apertura de un proceso en los tribunales contra los funcionarios y responsables políticos; o firmar un acuerdo entre las tres administraciones condenadas para satisfacer la demanda de los propietarios.
En definitiva, se trataría de devolver a los terrenos objeto de litigio la calificación que tenían con anterioridad al año 1987 (urbanizable), solución que menos perjudicaría a los ciudadanos y que garantizaría que los proyectos y desarrollos urbanísticos posteriores se realicen a plena satisfacción de los vecinos.
Cuatro años más de retraso
El alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, ha señalado en declaraciones que le gustaría decir que hay una solución, pero que "desgraciadamente no es así". Para Santamaría, "la mejor solución es recalificar ese suelo a urbano, que ahora es rústico". No obstante, ha puntualizado que está trabajando en "otras soluciones por si no se consigue ésta".
Por su parte, el concejal de Urbanismo de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha querido dejar claro que "esta cantidad supone más de 1.000 euros para cada vecino", aunque ha señalado que se han mantenido distintas reuniones entre la Comunidad, los ayuntamientos y los propietarios de los terrenos "para llegar a un acuerdo" que pasa por devolver al suelo la calificación de urbanizable.
No obstante, esto no es fácil. El Ayuntamiento de Tres Cantos aprobará en el pleno "solicitar un estudio para ver las condiciones medioambientales" de la zona. Según Moreno, se tardará cuatro años en saber sus resultados pero decidirá si el suelo puede o no declarase como urbano, algo que pondría punto y final a este asunto. Mientras tanto, el concejal ha asegurado que "las tres administraciones trabajan juntas para buscar un acuerdo que evite tener que desembolsar esa cantidad".
* 20 Minutos - EUROPA PRESS. 16.02.2012
Foto: Carretera del Soto de Viñuelas, que desemboca en el paraje del Bodonal. (GOOGLE MAPS)
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20MINUTOS* : Varias dependencias del Ayuntamiento de Valencia se han quedado sin luz este miércoles al cortarse el suministro de energía eléctrica por impago, según ha denunciado el grupo municipal de Compromís y han confirmado fuentes de Iberdrola.
Las oficinas afectadas por el corte de luz son las de relaciones internacionales, en el primer piso del nº14 de la calle Arzobispo Mayoral, y las del Jurado Tributario, en el quinto piso del mismo inmueble, situado junto al edificio principal del Ayuntamiento.
El portavoz de Compromís, Joan Ribó, ha explicado que esas dependencias están sin suministro eléctrico desde las 14 horas del martes, "cuando el encargado de la empresa suministradora cortó el servicio, dejando sin medios de trabajo ni calefacción a todo el personal".
Ribó ha acudido personalmente esta mañana a las dependencias municipales sin suministro eléctrico y ha comprobado que en el primer piso no había luz y en el quinto piso los trabajadores estaban a oscuras y con abrigo y bufanda.
Iberdrola ha repuesto el servicio
Fuentes de Iberdrola han manifestado a primera hora de esta tarde que se ha llegado a un acuerdo de pago con el Ayuntamiento de Valencia y se ha dado orden de reposición inmediata del servicio, circunstancia que se ha producido pasadas las 13 horas.
El portavoz de Compromís ha anunciado que exigirá explicaciones a la alcaldesa, Rita Barberá, por este corte del suministro y le preguntará si es un caso puntual o es el comienzo de lo que va a suceder con el resto de servicios municipales.
El grupo municipal de Compromís quiere además que se facilite la relación de facturas pendientes de pago de todas las dependencias municipales.
Barberá: "Con ese dinero podría pagarse a los pequeños"
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha manifestado a los periodistas que le "extraña que la izquierda defienda a los poderosos. Yo he dicho que los que pueden esperar a cobrar son las eléctricas porque tienen capacidad de aguantar y con ese dinero podría pagarse a los pequeños y evitar que gente se fuera a la calle. Me extraña mucho que la izquierda tenga tanto interés en defender a los poderosos".
El primer teniente de alcalde, Alfonso Grau (PP), ha manifestado a los periodistas que el Ayuntamiento lleva varios meses negociando con Iberdrola, compañía a la que pagó siete millones de euros en noviembre y a la que ahora se adeudan seis millones de euros. Grau ha explicado que Iberdrola debe al Ayuntamiento desde hace dos años 2,5 millones de euros y que ambas partes estaban en negociaciones.
"Ellos tienen un protocolo de actuación y cuando pasa determinado tiempo cortan, y lo han hecho, pero como la negociación ha continuado, una de las condiciones que he puesto esta mañana ha sido reponer el servicio, y si no, no seguíamos hablando -ha añadido- Me han llamado para decir que se iba a reponer el servicio".
Grau ha asegurado que por parte de Iberdrola "no va a haber ningún problema en ningún otro momento" y que la compañía va a pagar los 2,5 millones de euros pendientes al Ayuntamiento por la tasa de utilización del subsuelo.
El Ayuntamiento devolverá esos 2,5 millones a Iberdrola como pago de la deuda pendiente y ha adquirido el compromiso de liquidar antes del 30 de abril "la diferencia restante", porque la tasa de utilización del subsuelo por Iberdrola supone cada tres meses medio millón de euros, "por lo que la deuda del Ayuntamiento con Iberdrola irá disminuyendo", según Grau.
"Me preocupa más pagar 20.000 -euros- a un autónomo que dos millones a una empresa grande, porque uno puede resistir y al otro lo hundo -ha añadido-. Lamento profundamente que quien dice defender los derechos de los más débiles -Compromís- vaya por ahí diciendo que a los más fuertes y más pueden se les pague antes".
* 20 Minutos - EFE - 15.2.12
Foto: Las alcaldesas de Valencia, Rita Barberá (izq), y de Alicante, Sonia Castedo. (KAI FÖRSTERLING / EFE)
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DIAGONAL* : Los grupos promotores de la Iniciativa Legisltativa Popular para la reforma de la Ley Hipotecaria ultiman los detalles para la recogida de al menos 500.000 firmas en nueve meses.
Esta semana salen de imprenta las 150.000 hojas de firmas que serán distribuidas por todo el territorio para reclamar diversas medidas que resuelvan la situación de los hogares hipotecados y promuevan el derecho a la vivienda . Después de tropezar el año pasado en el Congreso de los Diputados por trabas administrativas, la recogida de firmas a favor de la dación en pago, por una moratoria en los desahucios y por el alquiler social universal arrancará por fin a mediados de marzo, cuando la Junta Electoral Central haya puesto su sello en cada uno de los pliegos.
Adrià Alemany, de la Plataforma de Afectados Por la Hipoteca (PAH) de Barcelona, considera la campaña como un reto organizativo. “El nivel de sensibilización social sobre el problema es ya altísimo, el desafío es poner en marcha la estructura para que las firmas lleguen en condiciones”, resume.
Las seis organizaciones que promueven la campaña -además de la PAH, CC OO y UGT, la confederación catalana de Asociaciones de Vecinos y Vecinas, la Taula del Tercer Sector y el Observatori Desc, todas ellas en Catalunya- no consideran un gran problema recoger el medio millón de signaturas en un plazo de nueve meses, de ahí que se hayan puesto el objetivo todavía más alto de los tres millones de firmas. “Eso de momento”, precisa Alemany. “Aquí el objetivo es además movilizar al país”.
Los engranajes de la campaña
Para ello, las diferentes organizaciones cuentan con su presencia territorial y la puesta en marcha de un sistema que centralice la información. Sólo en la provincia de Barcelona, la PAH cuenta con 20 colectivos. La figura clave en este proceso a contrarreloj será la del fedatario, la persona que con su firma se responsabiliza de la autenticidad de los datos aportados ante la Junta Electoral Central. “Cuantas más personas colaboren como fedatarias, más se extenderá territorialmente la campaña”, recuerdan desde la PAH madrileña. Por este motivo, la plataforma está difundiendo el impreso necesario para poder cumplir este papel, que no es obligatorio para recoger firmas pero sí para validarlas. Tras una primera reunión, 70 personas se han prestado ya voluntarias en Madrid para esta tarea, “aunque quedan barrios sin cubrir, como Villa de Vallecas”, explica la PAH, que se ha marcado el 19 de febrero como fecha límite para enviar la documentación recogida al “cuartel general” barcelonés.
“En Barcelona capital nos hemos puesto el objetivo de 100 fedatarias”, dice Alemany, que define a esta figura como “representantes o personas de confianza dentro de cada barrio”. Aparte de los formalismos legales, el o la fedataria tendrá que supervisar de acuerdo con su grupo local la entrega de la información a su nodo de referencia. Una vez que se haya puesto en marcha la recogida de firmas, éstas se irán entregando de forma escalonada en la oficina del censo de la provincia correspondiente.
La traba de la nacionalidad
Las organizaciones que impulsan la campaña critican la traba de la inscripción en el censo electoral para poder firmar en favor de la ILP. Se trata de un requisito relevante, dada la participación en el movimiento de residentes extranjeros que no cuentan con la nacionalidad española. Para visibilizar este problema, la campaña pondrá en marcha a propuesta de la PAH una recogida de firmas paralela a la oficial donde puedan participar quienes residan en el Estado español y no figuren en el censo electoral.
* Diagonal - MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DE 2012
Foto: La campaña promueve, junto a la dación en pago y el alquiler social universal, un cambio legislativo para que se establezca una moratoria de desahucios. En la imagen, desalojo de un hogar hipotecado en febrero en el barrio madrileño de Lavapiés. Foto: David Fernández.
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